Tribunales especializados nacionales

Tribunal Constitucional de la República de Letonia (Satversmes tiesa)

De conformidad con la Constitución de la República de Letonia, el país cuenta con un Tribunal Constitucional, que es una institución judicial independiente que examina si, en los casos de su competencia, la ley es conforme a la Constitución, y también conoce de otros asuntos que le asigna la ley. El Tribunal Constitucional puede anular leyes y otros actos jurídicos o partes de actos jurídicos.

De conformidad con el artículo 16 de la Ley del Tribunal Constitucional, este examina los asuntos relativos a:

1. la constitucionalidad de las leyes;
2. la constitucionalidad de los tratados internacionales firmados o adoptados por Letonia (incluso antes de su aprobación por el Saeima o Parlamento);
3. la conformidad de otras normas o partes de normas con las disposiciones legislativas de rango superior;
4. la conformidad con la legislación de las disposiciones (excepto los actos administrativos) del Saeima, el Consejo de Ministros, el presidente de la República, el presidente del Saeima y el primer ministro;
5. la conformidad con la legislación de cualquier orden mediante la cual un ministro que actúe por autorización del Consejo de Ministros suspenda una resolución de una autoridad local;
6. la conformidad de la legislación nacional con cualquier tratado internacional celebrado por Letonia que no sea contrario a la Constitución.

El Tribunal Constitucional está formado por 7 magistrados, que son ratificados en su cargo por mayoría en el Saeima; es decir, por no menos de 51 votos; de ellos 3 son nombrados por recomendación de al menos 10 diputados del Saeima; 2 por recomendación del Consejo de Ministros; y 2 por recomendación del pleno del Tribunal Supremo. Los candidatos a juez del Tribunal Constitucional son elegidos por el pleno del Tribunal Supremo entre los miembros del poder judicial.

El Tribunal Constitucional no puede actuar de oficio; sólo resuelve los recursos presentados por las personas facultadas para ello de acuerdo con la legislación.

El derecho a solicitar la apertura de un procedimiento relativo a la constitucionalidad de una ley o un acuerdo internacional firmado o celebrado por Letonia (incluso antes de su ratificación por el Saeima), la conformidad de otros actos normativos, o partes del mismo, con actos normativos de rango superior, así como la conformidad de las normas nacionales de Letonia con los acuerdos internacionales celebrados por Letonia que no infrinjan la Constitución, se otorgarán a las siguientes personas y órganos:

1. el Presidente de la República;
2. el Saeima;
3. al menos 20 diputados;
4. el Consejo de Ministros;
5. el Fiscal General;
6. el Tribunal de Cuentas del Estado;
7. un consejo municipal (pašvaldības dome);
8. el Defensor del Pueblo, cuando la institución o el funcionario que haya adoptado el acto impugnado, no haya subsanado las deficiencias observadas en el plazo fijado por el Defensor del Pueblo;
9. un órgano jurisdiccional que se pronuncia sobre un asunto civil, penal o administrativo;
10. un juez de registro de la propiedad (zemesgrāmatu nodaļa) por el que se registre un bien inmueble o derechos afines en el registro de la propiedad;
11. el interesado, en caso de violación de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución;
12. el Consejo de Justicia (Tieslietu padome), en los límites de la competencia establecida por la ley.

El derecho a solicitar la incoación de un procedimiento relativo al cumplimiento de la legislación de otros actos, con excepción de los actos administrativos, adoptado por el Saeima, el Consejo de Ministros, el presidente de la República, el presidente del Saeima y el primer ministro se otorgan a las siguientes personas y órganos:

1. el presidente de la República;
2. el Saeima;
3. al menos 20 diputados del Saeima;
4. el Consejo de Ministros;
5. el Consejo de Justicia (Tieslietu padome), en los límites de la competencia establecida por la ley.

El derecho a solicitar la incoación de un procedimiento de conformidad de cualquier decreto por el que un ministro, facultado por el Consejo de Ministros, suspenda una decisión adoptada por una autoridad local, se otorga a la autoridad local de que se trate.

Los recursos de constitucionalidad de las leyes y de los decretos del Consejo de Ministros se sustancian ante el Tribunal Constitucional en pleno. Los demás casos son examinados por una sala formada por 3 magistrados, salvo resolución en contrario del propio Tribunal Constitucional.

Las sentencias del Tribunal Constitucional son firmes. Entran en vigor en el momento de adoptarse y son obligatorias para los órganos de la Administración central y local, los funcionarios, los órganos jurisdiccionales y los particulares, sean éstos personas físicas o jurídicas.

Cuando el Tribunal Constitucional declare una disposición jurídica no conforme con otra disposición de rango superior, aquella se considerará nula a partir del día en el que se publique la sentencia, salvo que ésta disponga lo contrario. Cuando el Tribunal Constitucional declare un tratado internacional firmado o adoptado por Letonia no conforme con la Constitución, el Consejo de Ministros deberá proceder inmediatamente a su modificación, denuncia, suspensión o revocación.

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