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Órganos jurisdiccionales especializados
Tribunal Constitucional de la República de Letonia
De conformidad con la Constitución de la República de Letonia (Latvijas Republikas Satversme, en lo sucesivo «la Constitución»), el país cuenta con un Tribunal Constitucional (Satversmes tiesa), que es una institución judicial independiente que examina si, en los casos de su competencia, las leyes y reglamentos son conformes a la Constitución, y también conoce de otros asuntos que le asigna la ley. El Tribunal Constitucional puede anular leyes y normas de rango legislativo o partes de estas.
De conformidad con el artículo 16 de la Ley del Tribunal Constitucional (Satversmes tiesas likums), este examina los asuntos relativos a:
- la constitucionalidad de las leyes;
- la constitucionalidad de los tratados internacionales firmados o celebrados por Letonia [incluso antes de su aprobación por el Parlamento (Saeima)];
- la conformidad de otras leyes y reglamentos o partes de los mismos con las disposiciones legislativas de rango superior;
- la conformidad con la legislación de las disposiciones del Parlamento, el Consejo de Ministros, el presidente de la República, el presidente del Parlamento y el primer ministro (excepto los actos administrativos);
- la conformidad con la legislación de cualquier orden mediante la cual un ministro que actúe por autorización del Consejo de Ministros suspenda una resolución de una autoridad local;
- la conformidad de la legislación nacional con cualquier tratado internacional celebrado por Letonia que no sea contrario a la Constitución.
El Tribunal Constitucional está formado por siete magistrados, que son ratificados en su cargo por mayoría en el Parlamento (por no menos de cincuenta y un votos); de ellos tres son nombrados a propuesta de al menos diez diputados del Parlamento, dos a propuesta del Consejo de Ministros y dos más a propuesta del pleno del Tribunal Supremo. Los candidatos propuestos por el Tribunal Supremo deben elegirse entre los magistrados letones.
El Tribunal Constitucional no puede actuar de oficio; solo resuelve los recursos presentados por las personas facultadas para ello de acuerdo con la legislación.
Las siguientes personas e instituciones tienen derecho a solicitar la apertura de un procedimiento relativo a la constitucionalidad de una ley o un acuerdo internacional firmado o celebrado por Letonia (incluso antes de su ratificación por el Parlamento), a la conformidad de otras leyes y reglamentos o partes de los mismos con las disposiciones legislativas de rango superior; así como a la conformidad de la legislación nacional letona con los acuerdos internacionales celebrados por Letonia que no sean contrarios a la Constitución:
- el Presidente de la República;
- el Parlamento;
- al menos veinte diputados del Parlamento;
- el Consejo de Ministros;
- el Fiscal General;
- el Tribunal de Cuentas del Estado (Valsts kontroles padome);
- un consejo municipal;
- el Defensor del Pueblo (tiesībsargs), cuando la institución o el funcionario que haya adoptado el acto impugnado, no haya subsanado las deficiencias observadas en el plazo fijado por el Defensor del Pueblo;
- un órgano jurisdiccional que se pronuncia sobre un asunto civil, penal o administrativo;
- un juez de registro de la propiedad por el que se registre un bien inmueble o derechos afines en el registro de la propiedad;
- el interesado, en caso de violación de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución;
- el Consejo Nacional del Poder Judicial, en los límites de la competencia establecida por la ley.
Las siguientes personas e instituciones están legitimados para solicitar la apertura de un procedimiento relativo a la conformidad con la ley de otros actos del Parlamento, el Consejo de Ministros, el presidente de la República, el presidente del Parlamento o el primer ministro (excepto los actos administrativos):
- el Presidente de la República;
- el Parlamento;
- al menos veinte diputados del Parlamento;
- el Consejo de Ministros;
- el Consejo Nacional del Poder Judicial, en los límites de la competencia establecida por la ley.
El derecho a solicitar la apertura de un procedimiento relativo a la conformidad de cualquier decreto por el que un ministro, facultado por el Consejo de Ministros, suspenda una decisión adoptada por una autoridad local, se otorga a la autoridad local de que se trate.
Los asuntos relativos a la constitucionalidad de las leyes, los decretos y otros actos del Consejo de ministros, la conformidad de las disposiciones de la legislación nacional letona con los acuerdos internacionales celebrados por Letonia que nos son incompatibles con la Constitución, y la constitucionalidad de los acuerdos internacionales firmados o celebrados por Letonia (incluso antes de que sean aprobados por el Parlamento), así como las leyes o reglamentos o partes de los mismos, se sustancian ante el Tribunal Constitucional en pleno. Los demás casos son examinados por una sala formada por tres magistrados, salvo resolución en contrario del propio Tribunal Constitucional.
Las sentencias del Tribunal Constitucional son firmes y entran en vigor en el momento de adoptarse. Las sentencias del Tribunal Constitucional y las interpretaciones que contienen de una disposición impugnada son vinculantes para los órganos de la Administración central y local (incluidos los órganos jurisdiccionales), los funcionarios y los particulares, sean éstos personas físicas o jurídicas.
Cuando el Tribunal Constitucional declare una disposición jurídica no conforme con otra disposición de rango superior, aquella se considerará nula a partir del día en el que se publique la sentencia, salvo que el Tribunal Constitucional disponga otra cosa. Si el Tribunal Constitucional considera que un acuerdo internacional firmado o celebrado por Letonia es inconstitucional, el Gobierno deberá proceder a modificar o denunciar el acuerdo, o bien a suspender su aplicación o la adhesión al mismo.
Tribunal Económico
Con arreglo a las disposiciones de la Ley del poder Judicial (Likums par tiesu varu), para el examen de los asuntos a los que se refieren el Código Procesal Civil (Civilprocesa likums) y el Código Procesal Penal (Kriminālprocesa likums), se creó el Tribunal Económico (Ekonomisko lietu tiesa). Se encuentra en Riga y tiene jurisdicción sobre todo el territorio de Letonia.
Con arreglo al Derecho civil, el Tribunal Económico es competente para:
- demandas derivadas de contratos de reaseguro;
- demandas derivadas servicios de inversión y contratos de servicios auxiliares de inversión;
- demandas de protección de las inversiones por otros Estados miembros de la Unión Europea contra las autoridades letonas;
- demandas derivadas de las relaciones jurídicas de grupos empresariales;
- demandas derivadas de las relaciones jurídicas entre los accionistas de sociedades anónimas;
- demandas derivadas de acuerdos de garantía financiera;
- demandas derivadas de operaciones de capital con partes vinculadas a los efectos de la Ley de Comercio (Komerclikums) y de la Ley del mercado de instrumentos financieros (Finanšu instrumentu tirgus likums);
- demandas derivadas de la transmisión y la reestructuración de empresas, con excepción de las demandas de los trabajadores;
- demandas derivadas de obligaciones contractuales entre empresas de construcción, incluidos los subcontratistas, con respecto a la construcción de edificios de clase dos o tres para los cuales sea necesario un permiso de construcción, con exclusión de los edificios residenciales de una o dos viviendas y las estructuras funcionales asociadas a ellos;
- demandas derivadas de infracciones de la legislación sobre competencia;
- demandas derivadas de decisiones adoptadas por asambleas de accionistas en estructuras de capital; así como
- solicitudes de liquidación e insolvencia de entidades de crédito.
Al mismo tiempo, con arreglo al Derecho penal el Tribunal Económico es competente para:
- la financiación de la producción, almacenamiento, circulación, uso o distribución de armas de destrucción masiva, cuando la responsabilidad de estos actos se derive del artículo 73.1 (2) del Código Penal (Krimināllikums);
- asuntos de terrorismo, cuando la responsabilidad se derive del artículo 79.2 (2) del Código Penal;
- blanqueo de los productos del delito (artículo 195 del Código Penal);
- percepción no autorizada de prestaciones, cuando la responsabilidad se derive de los apartados 2, 3 o 4 del artículo 198 del Código Penal;
- corrupción en los negocios, cuando la responsabilidad se derive del artículo 199(2) del Código Penal;
- aceptación de sobornos, cuando la responsabilidad se derive de los apartados, tres o cuatro del artículo 320 del Código Penal;
- apropiación de un soborno, cuando la responsabilidad se derive de los apartados dos, tres o cuatro del artículo 321 del Código Penal;
- intermediación en un soborno, cuando la responsabilidad se derive del artículo 322(2) del Código Penal;
- soborno activo, cuando la responsabilidad se derive de los apartados dos o tres del artículo 323 del Código Penal;
- tráfico de influencias, cuando la responsabilidad se derive del artículo 326.1 (2) del Código Penal;
- petición y recepción ilícitas de beneficios, cuando la responsabilidad se derive del artículo 326.2 (2) del Código Penal; y
- concesión ilícita de beneficios, cuando la responsabilidad se derive del artículo 326.3(2) del Código Penal.
El Tribunal Regional de Riga (Rīgas apgabaltiesa) conoce de los recursos contra las sentencias del Tribunal Económico.
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