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Los plazos procesales son los períodos de tiempo para la ejecución de los trámites procesales.
Los plazos pueden dividirse en clases dependiendo de quien debe acatarlos:
Los plazos que debe cumplir un tribunal, un juez o un agente judicial son establecidos por la ley, y habitualmente son breves. En los procesos civiles, estos plazos oscilan entre 1 y 30 días (por ejemplo, artículo 102, apartado 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Civilprocesa likums), 15 días; artículo 140, apartado 9, 30 días; artículo 341.6, apartado 2, 15 días). Un juez debe pronunciarse sobre la admisión o no de la demanda en un plazo de 7 días desde la recepción de esta, pero cuando la demanda pida el regreso de un hijo a Letonia y deba ser dirigida a un país extranjero, la resolución debe ser adoptada en una vista judicial en un plazo de 15 días tras el inicio del procedimiento judicial. Las resoluciones sobre medidas para asegurar el cobro de una deuda deben adoptarse como muy tarde el día siguiente al inicio de la acción judicial. Una resolución sobre medidas provisionales de salvaguardia contra la violencia deberá adoptarse no más tarde del siguiente día laborable tras la recepción de la solicitud, si no es necesario solicitar pruebas adicionales o si una demora pudiera afectar significativamente a los derechos del demandante; en otros casos, deberá adoptarse en un plazo de 20 días tras la recepción de la demanda. Para determinadas categorías de asuntos se establece un plazo para iniciar el examen del asunto y para concluirlo con una sentencia. Se enviará una copia de la sentencia o la resolución no más tarde de tres días después de leerse la sentencia o la resolución, o bien, si se sigue un proceso abreviado, en los tres días siguientes a la redacción de la sentencia completa. La legislación contempla otros plazos. En ocasiones, un tribunal o un agente judicial deben llevar a cabo algunos trámites al mismo tiempo. En determinados casos establecidos por ley existen plazos generales que los tribunales o los jueces pueden convertir en específicos, fijando así el plazo en que se debe llevar a cabo un trámite. En asuntos complejos, un tribunal puede redactar una sentencia abreviada que conste únicamente de una parte introductoria y de una parte dispositiva. Seguidamente, redactará una sentencia completa en un plazo de 14 días, y especificará la fecha en que estará preparada. La Ley de Enjuiciamiento Civil no especifica plazos para que un tribunal prepare y dirima un asunto civil. No obstante, el artículo 28 de la Ley del Poder Judicial estipula que, con el fin de garantizar la defensa de los derechos vulnerados de una persona, un tribunal deberá examinar el asunto «puntualmente» (savlaicīgi), lo que significa que el asunto debe ser dirimido lo antes posible. Al mismo tiempo, como excepción al procedimiento judicial ordinario, la Ley de Enjuiciamiento Civil establece unos plazos específicos para el examen de demandas correspondientes a determinadas categorías de asunto civil que están sujetas a procedimientos especiales; por ejemplo, un juez debe adoptar una resolución sobre una solicitud para la ejecución forzosa de obligaciones (saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana) en un máximo de 7 días tras su recepción. Por otra parte, en la legislación especializada existen disposiciones que especifican qué asuntos serán dirimidos por un procedimiento extraordinario (por ejemplo, se debe dar prioridad a las demandas relacionadas con la salvaguardia de los derechos y los intereses de los menores, según se establece en la Ley sobre la protección de los derechos del niño.
La Ley de Enjuiciamiento Civil también especifica plazos para los trámites procesales que deben realizar las partes de los procedimientos: 14 días antes de una vista judicial para la presentación de pruebas, a menos que el juez haya fijado un plazo diferente; 10 días para la presentación de una objeción subsidiaria (blakus sūdzība); 20 días para interponer un recurso (apelācija), etc. No obstante, en la mayoría de los casos los plazos aplicables a las partes de los procesos y a cualquier otra parte interesada son determinados por el tribunal, el juez o el agente judicial, que fijan una fecha específica para un plazo que la legislación establece únicamente en términos generales, o fijan una fecha de manera independiente, teniendo en cuenta el tipo de trámite procesal, la distancia con el lugar de residencia o el paradero de una persona, y otras circunstancias.
Los plazos aplicables a personas que no son partes del asunto únicamente pueden ser fijados por un tribunal o un juez.
Los plazos principales son los siguientes:
Plazo para la suspensión del procedimiento:
Plazo para la presentación de un recurso (apelācija): un recurso contra una resolución de un tribunal de primera instancia puede ser presentado durante los 20 días siguientes a la fecha en que se dictó la sentencia. Cuando se dicta una sentencia abreviada, el plazo para interponer recurso comienza en la fecha fijada por el tribunal para la redacción de la sentencia íntegra. Si la sentencia íntegra es redactada con posterioridad a la fecha fijada, el plazo para interponer un recurso contra dicha sentencia comienza en la fecha en que fue redactada. Un recurso interpuesto una vez vencido el plazo no será admitido y será devuelto a quien lo presentó.
Plazo para presentar una objeción subsidiaria (blakus sūdzība): una objeción subsidiaria puede ser presentada durante los 10 días que siguen al día en que el tribunal dicta la resolución contestada, a menos que la Ley de Enjuiciamiento Civil disponga lo contrario. Una objeción subsidiaria presentada una vez vencido el plazo no será admitida y será devuelta a quien la presentó.
Plazo para presentar una solicitud que pide la consideración de nuevos hechos: el período para la presentación de dicha solicitud comienza:
Plazos para la presentación de documentos ejecución: un documento de ejecución puede ser presentado para su ejecución durante los 10 años siguientes al día en que surte efecto una resolución de un tribunal o de un juez, a menos que la ley establezca otras limitaciones temporales.
Cuando una sentencia judicial ordena el cobro de una deuda a través de pagos periódicos, el documento de ejecución seguirá vigente durante el período en que se deben realizar los pagos; no obstante, el plazo de 10 años indicado anteriormente da comienzo el último día de cada plazo de pago.
De conformidad con la Ley sobre días festivos, conmemoraciones y celebraciones, son días de fiesta nacional:
Los ortodoxos, los viejos creyentes y las personas de otras confesiones religiosas celebran la Pascua, Pentecostés y Navidad en los días determinados por sus calendarios religiosos.
Si el 4 de mayo, el último día del Festival nacional de música y danza o el 18 de noviembre caen en sábado o domingo, el siguiente día laborable pasa a ser festivo.
Los trámites procesales están sujetos a plazos establecidos por ley. Cuando la ley no fija un plazo, será fijado por el tribunal o por el juez. El plazo fijado por un tribunal o un juez debe ser suficientemente amplio para permitir la realización del trámite procesal.
El plazo puede consistir en una fecha concreta, o en un período que finalice en una determinada fecha, o también un período expresado en años, meses, días u horas. Cuando el trámite procesal no debe llevarse a cabo en una fecha determinada, puede ser realizado en cualquier momento durante el plazo indicado. El plazo puede determinarse teniendo en cuenta la incidencia de un hecho que ha de producirse.
Un plazo procesal computado en años, meses o días da comienzo el día que sigue a la fecha o al hecho que indica su inicio.
Un plazo procesal computado en horas da comienzo en la hora que sigue al hecho que indica su inicio.
Los documentos judiciales son entregados a una persona física en su lugar de residencia declarado, o, de tenerla, en una dirección adicional declarada; o bien en una dirección que haya facilitado para mantener correspondencia con el tribunal. La persona tiene la obligación de estar localizable en la dirección de su lugar de residencia declarado, en la dirección adicional declarada o en la dirección facilitada para mantener correspondencia con el tribunal. Si un demandado no tiene un lugar de residencia declarado y no ha facilitado una dirección para mantener correspondencia con el tribunal, los documentos judiciales serán enviados a la dirección indicada por el demandante para la parte, o conservados por el tribunal como prueba de la dirección real de la parte. Los documentos judiciales también pueden ser entregados en el lugar de trabajo de una persona.
Los documentos judiciales se entregarán por correo electrónico cuando una parte haya notificado al órgano jurisdiccional que está de acuerdo en utilizar el correo electrónico en su correspondencia con el tribunal. En ese caso, los documentos judiciales se enviarán a la dirección de correo electrónico indicada por la parte de que se trate. Si el órgano jurisdiccional encontrara obstáculos para la entrega de los documentos judiciales por correo electrónico, estos se entregarán por otro de los métodos mencionados en el segundo párrafo de esta sección.
Cuando una parte haya notificado al órgano jurisdiccional que está de acuerdo en mantener correspondencia electrónica con el tribunal, así como su registro en el sistema en línea, los documentos judiciales se comunicarán en el sistema en línea. Si el órgano jurisdiccional encontrara obstáculos para la comunicación de los documentos judiciales en el sistema en línea, estos se entregarán por otro de los métodos mencionados en el segundo párrafo de esta sección, pero las citaciones judiciales se enviarán a la dirección de correo electrónico indicada por la parte de que se trate.
Hay que tener asimismo en cuenta que los documentos judiciales no se consideran automáticamente notificados por el hecho de que se hayan entregado en el lugar de residencia declarado de la persona física, en una dirección adicional indicada en la declaración de residencia, en la dirección facilitada por una persona física para mantener correspondencia con el tribunal, o, en el caso de una persona jurídica, en su domicilio social, ni porque se reciba un certificado de correos en el que conste la entrega del envío o la devolución de los documentos. Se presume, en cambio, que los documentos han sido notificados el séptimo día desde la fecha de su envío, si los documentos han sido enviados por correo, o el tercer día desde la fecha de su envío, si los documentos han sido enviados por correo electrónico o mediante notificación en línea: el destinatario puede refutar la presunción indicando las circunstancias objetivas ajenas a su voluntad que le han impedido recibir los documentos en la dirección indicada.
Sin embargo, si los documentos judiciales son entregados al destinatario en persona por parte de un mensajero con acuse de recibo, o si una parte en el asunto los ha entregado personalmente al destinatario con acuse de recibo; o si, al entregar los documentos judiciales en persona, la persona que los entrega no encuentra al destinatario en su lugar de residencia, y entrega los documentos a un miembro adulto de su familia que reside junto al destinatario, se considerará que los documentos judiciales han sido entregados en la fecha en que el destinatario u otra persona los acepta.
Si el destinatario se niega a aceptar los documentos judiciales, se considerará que dichos documentos han sido entregados en la fecha en que el destinatario se negó a aceptarlos.
Si los documentos son enviados por correo, se considerará que han sido entregados el séptimo día después de ser franqueados.
Si los documentos son enviados por correo electrónico, se considerará que han sido entregados el tercer día después de su envío.
No. Si un plazo da comienzo al producirse un hecho concreto, el tiempo empieza a correr el día después del acaecimiento del hecho que determina su inicio.
Si un plazo se expresa en días, el número de días incluirá todos los días naturales.
Los plazos expresados en años, meses o días incluyen los días naturales.
Un plazo expresado en años vence el mes y en la fecha correspondientes al último año del plazo.
Un plazo expresado en meses vence en la fecha pertinente del último mes del plazo. Cuando un plazo expresado en meses finaliza en un mes que no incluye la fecha pertinente, vencerá el último día de ese mes.
Un plazo que es prorrogado hasta una fecha concreta vencerá en esa fecha.
Si el plazo vence un sábado, un domingo o un día de fiesta nacional, el último día del plazo se convertirá en el siguiente día laborable.
Solo los plazos fijados por un tribunal o un juez pueden ser prorrogados a petición de una de las partes en un asunto. Sin embargo, los plazos fijados por ley pueden ser prorrogados por el tribunal a petición de una de las partes. Una solicitud para prorrogar un plazo o para renovar un plazo agotado deberá ser presentada ante el tribunal donde se debía llevar a cabo el trámite retrasado y el tribunal tomará una decisión por procedimiento escrito. Mediante el envío de la solicitud, las partes reciben notificación escrita de que la solicitud está siendo considerada, junto con la solicitud de prórroga del plazo o de renovación del plazo incumplido. La solicitud de renovación de un plazo procesal debe ir acompañada por los documentos requeridos para la ejecución del trámite procesal, así como de los motivos para renovar el plazo.
Un plazo fijado por un juez puede ser prorrogado por un juez que actúe como órgano unipersonal. Es posible presentar una objeción subsidiaria contra la negativa de un tribunal o un juez a prorrogar o renovar un plazo.
Plazo para la presentación de una objeción subsidiaria: debe presentarse en un plazo de 10 días a partir de la fecha en que el tribunal dicte la resolución recurrida.
Si la decisión es adoptada mediante procedimiento escrito, el plazo para la presentación de una objeción subsidiaria da comienzo el día en que se notifica y traslada la decisión.
Si una resolución es dictada en ausencia de una parte (por ejemplo, una resolución que ordene la obtención de pruebas o que ordene una medida provisional de salvaguardia), el plazo para la presentación de la objeción subsidiaria da comienzo el día de la notificación o la expedición de la resolución.
Si el lugar de residencia de una persona, su paradero o su sede social no se encuentran en Letonia pero su dirección es conocida, se le podrá enviar una resolución judicial de conformidad con la legislación de la UE o los acuerdos internacionales vinculantes para Letonia, y esa persona podrá presentar una objeción subsidiaria en los 15 días siguientes a la entrega de la copia de la resolución, o bien, si el tribunal ha dictado una resolución abreviada, desde el día de la entrega de una copia de la resolución íntegra.
Cualquier recurso pleno (apelācija) deberá ser interpuesto en un plazo de 20 días a partir del día de lectura de la sentencia, o, si se ha dictado una sentencia abreviada, desde la fecha fijada por el tribunal para la redacción de una sentencia íntegra. Si la sentencia es redactada con posterioridad a la fecha fijada, el plazo para la interposición de un recurso contra la resolución da comienzo el día en que la sentencia es redactada.
Si el lugar de residencia, el paradero o la sede oficial de una persona no se encuentra en Letonia, pero su dirección es conocida, se le podrá enviar una copia de la sentencia judicial de conformidad con la legislación de la UE o de los acuerdos internacionales vinculantes para Letonia, y esa persona podrá interponer recurso pleno en un plazo de 20 días a partir de la fecha de entrega de la copia de la sentencia.
Un recurso por cuestiones de Derecho (kasācija) debe ser interpuesto en 30 días a partir del día en que se dicte sentencia, pero si se dicta una sentencia abreviada entonces deberá presentarse en los 30 días siguientes al día que el tribunal fijó para la redacción de una sentencia íntegra. Si la sentencia es redactada con posterioridad a la fecha fijada, el plazo para la interposición de un recurso contra la resolución da comienzo el día en que la sentencia es redactada.
Si el lugar de residencia, el paradero o la sede oficial de una persona no se encuentra en Letonia, pero su dirección es conocida, se le podrá enviar una copia de la sentencia judicial de conformidad con la legislación de la UE o de los acuerdos internacionales vinculantes para Letonia, y esa persona podrá interponer recurso por una cuestión de Derecho en un plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición de la copia de la sentencia.
Sea un recurso pleno o un recurso por una cuestión de Derecho, un recurso interpuesto con posterioridad al plazo no será admitido y será devuelto a quien lo presentó. Es posible presentar una objeción subsidiaria contra la decisión de un tribunal de rechazar un recurso de cualquier tipo, en un plazo de 10 días a partir dela fecha en que el tribunal adoptó la decisión.
En el caso de determinadas categorías de litigio, por ejemplo los relativos al reconocimiento de una resolución adoptada por un tribunal extranjero, se pueden establecer plazos específicos para los recursos, fijados caso por caso en el marco de la normativa que rige el enjuiciamiento civil.
Un tribunal deberá aplazar el juicio de un asunto, y fijar otra fecha para la vista judicial, si:
Un tribunal también puede aplazar la consideración de un asunto en otras circunstancias.
Puede aplazar el juicio si
No. En aplicación de las normas de enjuiciamiento civil, la notificación y el traslado de documentos judiciales a una persona cuyo lugar de residencia o cuyo paradero se encuentra fuera de Letonia se llevan a cabo de manera distinta, y los plazos procesales que dan comienzo en el momento de la recepción de los documentos judiciales se calculan de manera diferente.
Por ejemplo, como norma general, un recurso contra una resolución de un tribunal de primera instancia puede ser interpuesto hasta 20 días después de ser dictada la sentencia. Si una sentencia es enviada a una parte cuyo lugar de residencia o cuyo paradero se encuentra fuera de Letonia, esa persona está legitimada a interponer un recurso en un plazo de 20 días desde el día de la entrega de la copia de la sentencia judicial. Cuando se fijen plazos diferentes para la interposición de recursos contra una sentencia de un tribunal de primera instancia para las diferentes partes del asunto, la sentencia surtirá efecto si no se interpone recurso alguno en el plazo permitido para recurrir computado desde el día de la entrega de la última copia de la sentencia.
La legitimidad para llevar a cabo un trámite procesal deja de existir cuando vence el plazo fijado por la ley o por el tribunal. No se admitirán las impugnaciones y los documentos presentados con posterioridad al vencimiento del plazo.
A petición de una de las partes, el tribunal puede renovar un plazo agotado si entiende que había un motivo válido para el retraso.
Un tribunal puede renovar:
Los plazos puramente procesales asociados a períodos de prescripción no son renovables; por ejemplo, no es posible renovar un plazo para la presentación de un documento de ejecución tras el vencimiento de un período de prescripción de 10 años que dio comienzo el día en que surtió efecto la decisión correspondiente de un tribunal o un juez.
Cuando renueva un plazo agotado, el tribunal al mismo tiempo permite llevar a cabo el trámite procesal retrasado.
Los plazos procesales establecidos por un tribunal, un juez o un agente judicial pueden ser prorrogados antes de su vencimiento, a petición de una de las partes. Los plazos establecidos por ley no pueden ser prorrogados. Cuando se ha excedido un plazo establecido por un tribunal, un juez o un agente judicial, la persona que debía acatar el plazo puede solicitar el establecimiento de un nuevo plazo para llevar a cabo el trámite procesal.
La solicitud de prórroga de un plazo agotado o de renovación de un plazo incumplido debe presentarse ante el tribunal donde debería llevarse a cabo el trámite demorado. La resolución sobre la solicitud se adopta en una vista judicial, cuya fecha y lugar de celebración serán notificadas por adelantado a las partes. La incomparecencia de una parte no supone un impedimento para que se adopte una decisión sobre la solicitud.
Una solicitud para renovar un plazo procesal debe ir acompañada por los documentos requeridos para la ejecución del trámite procesal y debe indicar los motivos para renovar el plazo.
Un plazo determinado por un juez puede ser prorrogado por un juez que actúe como órgano unipersonal.
Es posible presentar una objeción subsidiaria contra la negativa de un tribunal o un juez a prorrogar o renovar un plazo.
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