Tipos de profesiones jurídicas

Profesiones jurídicas: introducción

En la actualidad (2023) alrededor de 1 850 jueces y magistrados de carrera trabajan en el ámbito de los «tribunales ordinarios», es decir, en asuntos civiles, penales, laborales y sociales (cifra que representa equivalentes activos a tiempo completo, también en el Tribunal Supremo). Unos setecientos profesionales de la justicia se encargan de una parte sustancial del poder judicial. También hay unos seiscientos jueces de carrera en los tribunales de lo contencioso-administrativo.

Además, para determinados asuntos se nombra a jueces legos que trabajan de forma voluntaria. Actúan como jueces legos o miembros del jurado en asuntos penales y como jueces asociados con conocimientos técnicos especiales en asuntos de Derecho mercantil, laboral y social.

Hay alrededor de cuatrocientos ochenta fiscales (situación en 2023 en equivalentes activos a tiempo completo, también en la Oficina del Fiscal General, aunque no en las autoridades centrales).

El sistema penitenciario emplea a 3 799 personas (situación a 1 de septiembre de 2019, en equivalentes a tiempo completo, incluidos miembros de la Dirección de Prisiones); esta cifra incluye un total de 3 214 guardias de centros penitenciarios (incluidos los del servicio de formación).

1. Jueces y magistrados

Formación y nombramiento

Tras la finalización de los estudios de Derecho, se requieren al menos cuatro años de experiencia jurídica y la superación del examen de acceso a la carrera judicial para ser nombrado juez en los órganos jurisdiccionales ordinarios.

Parte de la experiencia profesional es un período de prácticas de al menos siete meses en un órgano jurisdiccional (prácticas en tribunales, anteriormente denominadas «año en tribunal») al que pueden acceder las mujeres licenciadas y que también es un requisito previo para todas las personas que deseen ser abogados o notarios. El resto de la experiencia profesional obligatoria suele adquirirse mediante una preparación judicial especial como juez en prácticas en el curso de la formación judicial, pero también puede adquirirse en otra actividad jurídica, por ejemplo, como abogado en prácticas.

Cada año se admite en la formación preparatoria a unos cien juristas en prácticas. El período de prácticas judiciales (incluidas las prácticas en tribunales) dura cuatro años y se realiza en tribunales de distrito, tribunales regionales, fiscalías, instituciones penitenciarias, centros de protección o asistencia a víctimas, o con homólogos profesionales (abogados, notarios o fiscales de lo tributario). Parte de la formación se puede realizar también en los tribunales superiores regionales, el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, el Ministerio Federal de Justicia, la Dirección de Prisiones, los centros de libertad condicional, las asociaciones de administradores del patrimonio, las oficinas de menores, la Oficina del Defensor del Pueblo o el sector financiero (por ejemplo, empresas adecuadas). Las prácticas judiciales terminan con el examen de acceso a la carrera judicial. Para aquellas personas que cambian su trayectoria profesional tras adquirir experiencia en otras profesiones jurídicas, el período de formación se reduce en consecuencia. Una persona que ya haya superado el examen de abogado o notario, solo deberá someterse a un examen complementario y no al examen de acceso a la carrera judicial.

Tras la superación del examen de acceso a la carrera judicial, debe solicitarse un puesto vacante como juez o fiscal.

No existe un periodo de prácticas judiciales en los tribunales de lo contencioso-administrativo; no obstante, los jueces de lo contencioso administrativo deben contar con un mínimo de cinco años de experiencia profesional (por ejemplo, haber trabajado en un órgano de la administración) si bien no deben superar un examen.

Los jueces y magistrados del orden jurisdiccional ordinario pueden solicitar traslado al orden contencioso-administrativo. Asimismo, los jueces y magistrados del orden contencioso-administrativo pueden, una vez hayan ejercido cinco años en este orden, solicitar traslado al orden jurisdiccional ordinario.

Normalmente, nombramiento de los jueces y magistrados o de los fiscales corresponde al Ministerio Federal de Justicia. El derecho a efectuar nombramientos está reservado al presidente federal únicamente en el caso de determinadas funciones. El nombramiento de los jueces y magistrados de los tribunales regionales de lo contencioso-administrativo es competencia del Gobierno de cada Estado federado. Solo pueden ser nombrados jueces o fiscales las personas de nacionalidad austríaca.

Estatuto de los jueces y magistrados

Los jueces y magistrados adscritos a los órganos jurisdiccionales federales ordinarios y a los órganos jurisdiccionales federales de lo contencioso-administrativo están vinculados por una relación de función pública con el Gobierno federal. Además de la Constitución Federal austriaca (Bundes-Verfassungsgesetzo B-VG), la principal norma jurídica sobre la formación y el estatuto profesional de los jueces y magistrados es la Ley de funciones de la judicatura y la fiscalía (Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz o RStDG). Dicha Ley establece numerosas disposiciones a las que están sujetos los jueces, magistrados y fiscales y que rigen, por ejemplo, sus funciones y los procedimientos disciplinarios.

Los jueces y magistrados adscritos a los tribunales regionales de lo contencioso-administrativo (Landesverwaltungsgerichte) están vinculados por una relación de función pública con el Gobierno del Estado federado en cuestión. Su estatuto profesional se regula en la Constitución Federal y en las leyes de los Estados federados.

Todos los jueces y magistrados de carrera son nombrados por un período de tiempo indefinido y se jubilan al final del mes en que cumplen 65 años.

Conforme a los artículos 87 y 88 de la Constitución Federal, al proveer y elaborar jurisprudencia, los jueces y magistrados actúan como órganos independientes del Estado. La independencia de los jueces y magistrados se manifiesta, por una parte, en su autonomía funcional (independencia material) y, por otra, en el carácter inamovible e intransferible de su cargo (independencia personal). Los jueces y magistrados solo están obligados por la ley y resuelven según sus propias convicciones jurídicas. Asimismo, no están obligados por resoluciones anteriores de otros órganos jurisdiccionales en cuestiones jurídicas similares (precedentes).

Excepción hecha de su jubilación definitiva una vez alcanzada la edad reglamentaria, los jueces y magistrados solo pueden ser separados de su cargo, trasladados a otro puesto o jubilados contra su voluntad exclusivamente en los casos y formas previstos en la ley y previa resolución judicial formal (artículo 88 de la Constitución Federal).

Los jueces y magistrados gozan de un estatuto constitucional especial únicamente en el ejercicio de sus funciones (al realizar todas las actividades judiciales encomendadas por la ley o según la distribución de los asuntos), no en el ámbito de la administración de los órganos jurisdiccionales, que también realizan jueces y magistrados. Existe una excepción en el caso de las cuestiones de administración judicial que deben resolverse en salas o comisiones (por ejemplo, asignación de asuntos, propuestas de nombramientos). Por lo demás, los jueces y magistrados solo están obligados por las instrucciones que dicte su superior jerárquico. Las reglas de reparto predeterminado de los asuntos garantizan el derecho a un juez predeterminado por la ley, que está consagrado en la Constitución.

Función y obligaciones

Los jueces y magistrados deben pronunciarse en asuntos de Derecho civil y penal. En asuntos de Derecho administrativo y constitucional, se encargan del control de la administración y de la protección de la Constitución.

Responsabilidad jurídica

Tribunal disciplinario: los jueces y magistrados que incumplen de forma culpable sus obligaciones profesionales y éticas deben responder de ello ante el Tribunal disciplinario, compuesto exclusivamente por magistrados pertenecientes a los tribunales superiores regionales o al Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, según corresponda, y que enjuicia casos referidos a jueces y magistrados del orden jurisdiccional ordinario. El Tribunal disciplinario es competente también para conocer de las conductas indebidas de los fiscales en el ejercicio de su cargo. Con contadas excepciones, a los jueces y magistrados de los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos federales se les aplica el mismo régimen disciplinario. En cambio, el régimen disciplinario de los jueces y magistrados de los tribunales regionales de lo contencioso-administrativo se regula en las leyes de los Estados federados correspondientes.

Tribunal penal: si un juez o magistrado (o, en su caso, el fiscal) al contravenir de forma culpable las obligaciones de su cargo comete al mismo tiempo un delito, debe responder ante el Tribunal penal (por ejemplo, por abuso de autoridad).

Tribunal civil: las partes que, debido a una conducta culpable y contraria a Derecho de un juez o magistrado (o, en su caso, de un fiscal), han sufrido algún perjuicio pueden hacer valer su condición de perjudicados ante el Estado. En caso de dolo o imprudencia grave, el Estado puede a su vez ejercer una acción de regreso contra el juez o magistrado (o el fiscal).

2. Fiscales

Estructura organizativa

En líneas generales, la organización jerárquica de la fiscalía se corresponde con la de los órganos jurisdiccionales.

Existe una fiscalía en cada uno de los dieciséis órganos jurisdiccionales de primera instancia que conocen de asuntos penales. Además, hay una Fiscalía de Delitos Económicos y de Corrupción (Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft) competente en toda Austria. En los tribunales superiores regionales existe una fiscalía superior y en el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, la Fiscalía General. Las fiscalías superiores y la Fiscalía General dependen directamente del Ministerio Federal de Justicia.

Formación y nombramiento

La formación de los fiscales se corresponde con la de los jueces y magistrados de carrera del orden jurisdiccional ordinario.

Solo pueden ser nombradas fiscales aquellas personas que reúnan los requisitos para el nombramiento de juez o magistrado.

Las plazas de fiscales que van a cubrirse, al igual que las de jueces y magistrados, deben publicarse. El presidente federal ostenta la facultad de nombrar a los fiscales, pero, al igual que sucede con los jueces y magistrados, suele delegar esta función la mayoría de las veces en el ministro federal de Justicia.

Estatuto de los fiscales

Las fiscalías son órganos autónomos respecto de los órganos jurisdiccionales, pero no independientes. Tienen una estructura jerárquica y deben seguir las instrucciones de la fiscalía superior y, en última instancia, del Ministerio Federal de Justicia.

La facultad de dar instrucciones está regulada pormenorizadamente por ley. Las instrucciones de las fiscalías superiores y del Ministerio Federal de Justicia solo pueden darse por escrito y con la motivación correspondiente. Además, las instrucciones deben incorporarse a los autos. Antes de dar instrucciones, el Ministerio Federal de Justicia debe referir la cuestión al Consejo Consultivo (Weisungsrat). Por otra parte, el ministro federal de Justicia, en tanto que parte del ejecutivo, está obligado a proporcionar información al Parlamento, ante el que debe rendir cuentas.

El personal de cada fiscalía debe cumplir las instrucciones dadas por el director de la misma. No obstante, si considera que una instrucción es ilícita, puede pedir una orden por escrito relativa a la instrucción e incluso solicitar no ocuparse del asunto penal de que se trate.

Función y obligaciones

Las fiscalías son órganos especiales, no integrados en los órganos jurisdiccionales. Su función es salvaguardar el interés público en la administración de la justicia penal, Ello comprende, asimismo, la instrucción del sumario. Se ocupan también del ejercicio de la acción penal y de la representación de la acusación en el juicio oral, por lo que también se les denomina órganos de acusación.

Los fiscales asumen el ejercicio de la acción penal y la representación de la acusación tanto ante los tribunales regionales como ante los tribunales de distrito de la demarcación correspondiente. En general, en los tribunales de distrito ejercen la acción penal los fiscales de distrito, que son funcionarios con conocimientos técnicos especializados, pero a quienes no se exige una titulación académica concreta.

La Fiscalía de Delitos Económicos y de Corrupción ocupa una posición especial. Conoce a escala federal de los delitos de corrupción y contra la Administración Pública y de los delitos económicos de importe superior a cinco millones de euros. También conoce de los delitos financieros de importe superior a cinco millones de euros, de asuntos específicos de fraude social, de asuntos específicos de quiebra fraudulenta (kridaträchtiges Verhalten) y de delitos contemplados en la Ley de sociedades anónimas o la Ley de sociedades de responsabilidad limitada cometidos por grandes empresas (con un capital social de al menos cinco millones de euros o con más de dos mil empleados).

Los fiscales superiores son jerárquicamente superiores a los fiscales ordinarios y están adscritos a los Tribunales Superiores Regionales de Viena, Graz, Linz e Innsbruck. Además de ocuparse de la acusación en los tribunales superiores regionales, son responsables de la supervisión de las fiscalías en su demarcación y dependen directamente del Ministerio Federal de Justicia.

La Fiscalía General, adscrita al Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, ocupa una posición especial. Depende directamente del Ministerio Federal de Justicia y no está facultada para dictar instrucciones a las fiscalías ordinarias ni a las fiscalías superiores, ni para ejercer la acción penal, sino que tiene una función de apoyo al Tribunal Supremo de lo Civil y lo Penal. Una de sus competencias principales es la de presentar un tipo especial de recurso de nulidad para garantizar que se respeta la ley en asuntos penales en los que las partes carecen de vías (ulteriores) de recurso. Así pues, la Fiscalía General desempeña una función importante de garantía de la unidad de Derecho y de la seguridad jurídica en las causas penales.

Responsabilidad jurídica

La responsabilidad disciplinaria, civil y penal de los fiscales se regula igual que la de los jueces y magistrados del orden jurisdiccional ordinario.

3. Secretarios judiciales

Estructura organizativa

En Austria, los secretarios judiciales (Diplomrechtspfleger*innen) son un pilar esencial de la administración de justicia. Actualmente, más del 80 % de todas las resoluciones judiciales en asuntos civiles corren a cargo de los más de setecientos secretarios judiciales que hay en activo.

Formación

Solo pueden formarse como secretarios judiciales las personas que han superado el examen final de bachillerato o formación profesional. La formación dura tres años durante los cuales el candidato debe trabajar en el órgano jurisdiccional preparando escritos y trámites del ámbito de especialización especificado, participar en un curso general y otro del ámbito y aprobar los exámenes correspondientes. Tras superar el examen de secretario judicial, y siempre que se cumplan los demás requisitos enumerados en el artículo 3 de la Ley de secretarios judiciales (Rechtspflegergesetz), el candidato recibe un título expedido por el Ministerio Federal de Justicia, en el que se indica su ámbito de especialización. Una vez obtenido el título, el candidato está facultado para ejercer la actividad judicial dentro de su ámbito de especialización en el territorio federal y puede, por tanto, trabajar como secretario judicial.

A continuación, el presidente del Tribunal Superior Regional debe determinar el órgano jurisdiccional en que desempeñará su actividad de secretario judicial y, si procede, la duración de su labor. En el órgano jurisdiccional determinado por el presidente, la autoridad competente del mismo (presidente o juez decano) asigna al secretario judicial a una de las secciones del órgano jurisdiccional dirigida por un juez o magistrado (o, en su caso, a varias).

Estatuto

Los secretarios judiciales son funcionarios de la oficina judicial con una formación específica que, en virtud de la Ley de secretarios judiciales y del artículo 87 bis de la Constitución Federal, se ocupan en primera instancia de una serie de asuntos civiles claramente delimitados. En esta función, solo están sujetos a las instrucciones del juez competente en cada asunto según la distribución de las tareas judiciales. Los propios jueces o magistrados pueden, en cualquier fase del procedimiento, recuperar la gestión del asunto o reservarse el derecho a resolver. Las resoluciones de los secretarios judiciales, al igual que las de los jueces y magistrados, pueden ser impugnadas.

En la práctica, los secretarios judiciales trabajan con gran autonomía. No es habitual que reciban instrucciones de jueces o magistrados; solo las reciben en raras ocasiones.

Función y obligaciones

Competen a los secretarios judiciales los ámbitos siguientes:

• procedimientos civiles, de ejecución y concursales (procedimiento de liquidación de deudas);
• procedimientos de jurisdicción voluntaria;
• procedimientos relativos al Registro de la Propiedad y al Registro de Buques; y
• procedimientos del Registro Mercantil.

Cada uno de estos ámbitos requiere una formación especial y una postulación concreta para encargarse de ellos.

Delimitación de competencias entre los jueces y magistrados y los secretarios judiciales

La competencia de los secretarios judiciales no se extiende a todas las tareas y resoluciones propias de los procedimientos mencionados. Las competencias de los secretarios judiciales en cada ámbito están establecidas con precisión en la Ley de secretarios judiciales y varían según el ámbito.

La Ley de secretarios judiciales define bloques de competencia por cada ámbito de especialización que asignan tareas concretas a los secretarios judiciales (por ejemplo, en el ámbito de especialización concursal se inscribe la competencia respecto de los procesos concursales ante los tribunales de distrito). Lógicamente, ciertas competencias quedan reservadas a los jueces y magistrados.
Forman también parte de la competencia de los secretarios judiciales en cada ámbito de especialización: la tramitación del procedimiento monitorio, la confirmación de la adquisición de fuerza de cosa juzgada y la declaración del carácter ejecutivo de resoluciones judiciales de su ámbito, la resolución de las solicitudes de asistencia jurídica gratuita en los procesos de su competencia y la tramitación de los exhortos de órganos jurisdiccionales o autoridades nacionales.

4. Abogados

Consideraciones generales

Los abogados son los responsables y encargados de representar a las partes en todas las causas judiciales y extrajudiciales de Derecho público o privado ante todos los órganos jurisdiccionales y autoridades de Austria.

Para ejercer la abogacía en Austria no es necesario ningún nombramiento oficial; sin embargo, hay que reunir los requisitos que se exponen más adelante.

Las principales bases jurídicas son el Código de la Abogacía (Rechtsanwaltsordnung o RAO) [antiguo Boletín Oficial Federal austriaco (RGBI) n.º 96/1896); el Estatuto disciplinario de abogados y abogados en prácticas (Disziplinarstatut für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter o DSt) [Boletín Oficial Federal (BGBl) n.º 474/1990]; la Ley federal de honorarios de los abogados (Bundesgesetz über den Rechtsanwaltstarif o RATG) (BGBI n.º 189/1969); la Ley del examen de acceso a la abogacía (Rechtsanwaltsprüfungsgesetz o RAPG) (BGBI n.º 556/1985); y la Ley federal sobre la libertad para la prestación de servicios y el establecimiento de abogados europeos y la prestación de servicios jurídicos por parte de abogados internacionales en Austria (Bundesgesetz über den freien Dienstleistungsverkehr und die Niederlassung von europäischen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten sowie die Erbringung von Rechtsdienstleistungen durch international tätige Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in Österreich o EIRAG) (BGBI I n.º 27/2000).

Requisitos para el ejercicio profesional

Una vez acabada la carrera de Derecho austriaco, la persona interesada en el ejercicio de la abogacía debe demostrar en total una experiencia profesional jurídica mínima de cinco años, de los cuales al menos siete meses deben ser en un órgano jurisdiccional o una fiscalía y tres años como abogado en prácticas con un abogado austriaco.

Es posible presentarse al examen de acceso a la abogacía, que es necesario aprobar para ejercer la profesión, una vez adquirida una experiencia profesional de tres años, de los que al menos siete meses deben haber transcurrido en un órgano jurisdiccional y dos años con un abogado. Para presentarse al examen es además imprescindible participar en las actividades de formación obligatorias de los colegios de abogados.

La persona que cumpla las condiciones anteriores puede inscribirse en la lista del colegio de abogados en cuya demarcación quiera ejercer.

En determinadas circunstancias, los abogados procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro país signatario del Espacio Económico Europeo o de Suiza están facultados en Austria para:

• ejercer actividades de abogado de forma temporal;
• solicitar la inscripción en la lista de abogados del colegio correspondiente (tras pasar una prueba de idoneidad); o
• presentando la acreditación profesional de su Estado de origen, establecerse directamente en Austria sin necesidad de prueba de idoneidad previa y, transcurridos tres años de ejercicio profesional «efectivo y regular» en el país, integrarse plenamente en la abogacía austriaca.

En determinadas circunstancias, los miembros de un colegio de abogados de un Estado signatario del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) pueden también llevar a cabo en Austria con carácter transitorio algunas labores de abogacía delimitadas con exactitud.

Responsabilidad jurídica

Los abogados que incumplan sus obligaciones o perjudiquen la reputación de su profesión deben responder de ello ante un consejo disciplinario elegido por el colegio de abogados del lugar. Las facultades sancionadoras del consejo disciplinario comprenden la exclusión de la persona de que se trate de la lista de abogados. En segunda instancia, resuelve el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal en formación tetrajudicial: dos magistrados del Tribunal Supremo de lo Civil y Penal y dos abogados.

Además, como es lógico, los abogados responden también penal y civilmente de su actuación profesional.

Colegios de abogados y Consejo de Colegios de Abogados de Austria

Los colegios de abogados (Rechtsanwaltskammer) están formados por los abogados y abogados en prácticas inscritos en la lista correspondiente de un Estado federado. Los colegios de abogados son corporaciones de Derecho público y órganos autónomos de autogobierno.

En el ámbito federal, los intereses generales de los abogados austriacos están representados por el Colegio Nacional de Abogados de Austria (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag), que está compuesto por nueve Colegios de Abogados y cuyo órgano de representación está formado por los delegados de dichos colegios (http://www.rechtsanwaelte.at/).

5. Notarios

Consideraciones generales

El notario es una autoridad independiente e imparcial de la Administración de Justicia que está a disposición de los ciudadanos para ocuparse de las relaciones de Derecho privado.

Su función principal consiste en participar en los actos jurídicos y prestar asistencia jurídica a las personas que lo soliciten. El notario escritura documentos públicos, custodia bienes ajenos, redacta documentos privados y representa a las partes, sobre todo en el ámbito de la jurisdicción voluntaria. Además, compete también al notario actuar como comisionado del órgano jurisdiccional en procedimientos de jurisdicción voluntaria. En particular, se ocupa de los asuntos de sucesiones en calidad de comisario judicial.

El notario debe velar por la seguridad del patrimonio de una persona fallecida y por que este se transmita a sus herederos legítimos. Esta actividad requiere conocimientos especiales de Derecho de sucesiones y procedimientos de jurisdicción voluntaria, de ahí que siempre se solicite su intervención para otorgar testamento y, en general, para asesorar y representar en asuntos sucesorios.

El notario desempeña un cargo público y, sin embargo, no es funcionario. Asume el riesgo económico de la notaría, pero no lleva un negocio. Está próximo a las profesiones liberales y, al mismo tiempo, ejerce funciones de órgano jurisdiccional en calidad de comisario judicial. El trabajo de notario es una ocupación plena y no puede combinarse con el trabajo como abogado.

El número de notarías y sus sedes se establece por decreto del Ministerio Federal de Justicia. En la actualidad existen 536 notarías en Austria (en abril de 2023).

Las bases jurídicas fundamentales de esta actividad se encuentran el Código del Notariado (Notariatsordnung o NO) (RGBI n.º 75/1871); la Ley de actos notariales (Notariatsaktsgesetz) (RGBI n.º 76/1871); la Ley de honorarios de los notarios (Notariatstarifgesetz o NTG) (BGBI n.º 576/1973); la Ley de oposiciones al notariado (Notariatsprüfungsgesetz o NPG) (BGBI n.º 522/1987); la Ley de comisarios judiciales (Gerichtskommissärsgesetz o GKG) (BGBI n.º 343/1970); y la Ley de honorarios de los notarios en su función de comisarios judiciales (Gerichtskommissionstarifgesetz o GKTG) (BGBI n.º 108/1971).

Formación

Una vez acabada la carrera de Derecho austriaco, la persona interesada en esta profesión debe buscar un notario que la contrate como empleada y la inscriba en la lista de candidatos a notario.

La inscripción en la lista de la correspondiente cámara de notarios solo se permite a los candidatos que puedan demostrar haber concluido un período de prácticas judiciales de siete meses en un órgano jurisdiccional o fiscalía y que no hayan cumplido 35 años la primera vez que se inscriban.

Para ser admitido a la oposición, el candidato debe participar en las actividades de formación a las que obliga la cámara de notarios.

La oposición al notariado se divide en dos partes:

• Puede optarse a la primera parte tras dieciocho meses en calidad de candidato y, a más tardar, al final del quinto año como candidato; en caso contrario, el nombre del candidato se suprime de la lista de candidatos a notario.
• Puede optarse a la segunda parte tras al menos otro año más de experiencia profesional como candidato a notario y la segunda parte del examen debe superarse a más tardar una vez transcurrido el décimo año como candidato; en caso contrario, el nombre del candidato se suprime de la lista de candidatos a notario.

Nombramiento

Las notarías vacantes o las de nueva creación deben publicarse antes de su provisión. El artículo 6 del Código del Notariado exige, entre otras cosas, a los candidatos a notario que:

• sean ciudadanos de un Estado miembro de la UE, del EEE o de Suiza;
• hayan finalizado con éxito la carrera de Derecho austriaco;
• hayan aprobado la oposición al notariado; y
• puedan demostrar una experiencia de siete años como profesionales del Derecho, de los que al menos tres hayan sido en calidad de candidatos a notario tras la oposición al notariado.

Sin embargo, estos requisitos básicos no habilitan aún para ser nombrado notario. En el procedimiento de provisión de puestos, las cámaras de notarios locales competentes y las secciones de personal del correspondiente tribunal regional y tribunal superior regional asignan a los candidatos una puntuación por méritos y una posición en un orden numérico en la que reviste una gran importancia la duración de la experiencia profesional. Las cámaras de notarios y las dos secciones de personal presentan una triple propuesta al Ministerio Federal de Justicia. La propuesta no es vinculante, pero en la práctica el Ministerio solo nombra a candidatos mencionados en ella.

El notario se puede mantener en su cargo hasta el 31 de enero del año siguiente a aquel en el que cumple 70 años. No se permiten los traslados de oficio de un notario a otra notaría.

Supervisión de los notarios y responsabilidad jurídica

Por otorgar documentos públicos y ejercer de comisarios judiciales, los notarios están sometidos a un control especial. Esta supervisión compete al Ministerio Federal de Justicia, a la Administración de Justicia y, de forma inmediata, a las cámaras de notarios.

Los notarios se someten a su propio Derecho disciplinario. Las faltas disciplinarias son sancionadas en primera instancia por el Tribunal Regional Superior y, en segunda instancia, por el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal; actúan para ello como tribunales disciplinarios en salas específicas compuestas también por notarios. La lista de sanciones de los tribunales disciplinarios llega hasta la separación del cargo. Las meras infracciones reglamentarias son sancionadas por la cámara de notarios.

Además de estar sometidos a responsabilidad disciplinaria, los notarios responden también, como es lógico, civil y penalmente.

Cuando el notario actúa en calidad de comisario judicial se considera un funcionario a efectos penales y, en consecuencia, es responsable de los delitos que cometa en el ejercicio de sus funciones, en particular del abuso de su cargo. La responsabilidad civil se regula por separado. Cuando actúa como comisario judicial, está sometido a la misma normativa que se aplica a jueces, magistrados y fiscales. Por ello, las partes no pueden demandar al notario directamente, sino que deben demandar al Estado. En caso de dolo o imprudencia grave, el Estado puede ejercer una acción de regreso. Fuera de su ámbito de actividad como comisario judicial, el notario tiene responsabilidad civil directa frente a las partes.

Colegios de notarios y el Consejo Federal de la Notaría de Austria

Los notarios que tienen sus despachos en un Estado federado y las personas que figuran en la lista de candidatos a notario de ese Estado federado forman un colegio de notarios. Los Estados federados de Viena, Baja Austria y Burgenland tienen un colegio de notarios conjunto, al igual que los Estados federados de Tirol y Vorarlberg.

El colegio es responsable de preservar el honor y la dignidad de la profesión y de representar sus intereses.

Cada colegio de notarios debe elegir una cámara de notarios de entre sus miembros. La cámara de notarios se compone de un notario como presidente y seis notarios (doce en Viena) y tres candidatos a notarios (seis en Viena) como miembros.

El Consejo Federal de la Notaría de Austria (Österreichische Notariatskammer) está formado por las cámaras de notarios de los Estados federados. Tiene la función de representar a los notarios y defender sus derechos y preocupaciones en asuntos que afectan a los notarios austriacos en su conjunto o que van más allá de una cámara de notarios específica.

Enlaces relacionados

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