Profesiones jurídicas: introducción

El poder judicial del Estado es ejercido en Irlanda por los jueces y magistrados en virtud de lo previsto en el artículo 34 de la Constitución y en determinados instrumentos legislativos: principalmente la Ley de Órganos Jurisdiccionales (de creación y constitución) de 1961 y la Ley Complementaria de los Órganos Jurisdiccionales de 1961, con sus correspondientes modificaciones. Los jueces y magistrados son nombrados entre los candidatos pertenecientes a las profesiones jurídicas, y son plenamente independientes en el ejercicio de sus funciones. Esta independencia está consagrada en la Constitución. Entre los profesionales de la abogacía se distinguen principalmente los solicitors o asesores jurídicos, cuyo trabajo está enfocado más directamente al cliente, por un lado, y los barristers, es decir los abogados especializados en asuntos litigiosos, por otro.

1. Jueces

La Junta Consultiva de Designaciones Judiciales (Judicial Appointments Advisory Board) determina la adecuación de las personas para el cargo de juez e informa al Gobierno. La Junta Consultiva de Designaciones Judiciales se creó en virtud de la Ley de Tribunales y Funcionarios Judiciales de 1995 (Court and Court Officers Act). La Junta está compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo (Chief Justice), los presidentes del Tribunal de Apelación (Court of Appeal), Tribunal Superior (High Court), tribunal regional (Circuit Court) y de los tribunales de distrito (District Courts), el Fiscal General, los representantes designados por el Colegio de Abogados y el Consejo General de la Abogacía y otras tres personas designadas por el Ministro de Justicia e Igualdad. El Presidente nombra a los jueces previa consulta del Gobierno. El poder judicial es independiente y solo está sometido a la Constitución y a la ley. De conformidad con la Constitución, el número de jueces se determina por ley periódicamente.

El Tribunal Supremo está formado por el Presidente del Tribunal Supremo y siete jueces ordinarios que tienen el título de «Jueces del Tribunal Supremo». El presidente del Tribunal Superior es también de oficio miembro del Tribunal Supremo (Supreme Court). El Tribunal Superior está formado por un presidente, que se encarga de la organización general del trabajo del Tribunal, y por jueces ordinarios conocidos como «Jueces del Tribunal Superior». Los presidentes del Tribunal Supremo y del tribunal regional son también miembros de oficio del Tribunal Superior. El Tribunal Superior está compuesto por un presidente y treinta y cinco jueces. El tribunal regional está compuesto por un presidente y por treinta y siete jueces ordinarios conocidos como «Jueces del tribunal regional». El presidente del tribunal de distrito es de oficio miembro del tribunal regional. El tribunal de distrito está formado por un presidente y por otros sesenta y tres jueces denominados «Jueces del tribunal de distrito». Los salarios de los jueces se fijan por ley periódicamente.

Los jueces se nombran entre los abogados (solicitors o barristers) con un cierto número de años de ejercicio (no cuentan los de investigación). El artículo 29, apartado 2, de la Ley de los Tribunales (Courts Act) de 1961 (disposiciones complementarias) establece que los solicitors y barristers con una experiencia profesional no inferior a diez años pueden ser nombrados Jueces de un tribunal de distrito. El artículo 30 de la Ley de Tribunales y Auxiliares de Justicia (Courts and Courts Officers Act) de 1995 dispone que los abogados (solicitors o barristers) con diez años de experiencia profesional pueden ser nombrados jueces de un tribunal regional. La Ley de Tribunales y Auxiliares de Justicia de 2002 prevé que cuando cuenten con una experiencia profesional de al menos doce años podrán ser designados para formar parte del Tribunal Superior, del Tribunal de Apelación o del Tribunal Supremo. Como antes se indicó, los jueces son independientes en el sentido de que solo están sujetos a la Constitución y la ley, y cuando toman posesión del cargo hacen la siguiente declaración, de conformidad con el artículo 34, apartado 5, párrafo primero, de la Constitución:

«En presencia de Dios Todopoderoso declaro solemne y verazmente que desempeñaré el cargo de Presidente del Tribunal Supremo (o el que proceda) según mi leal saber y entender, sin temor ni favor, predisposición ni desafecto por nadie, y que haré cumplir la Constitución y las leyes. Que Dios me dirija y me ayude en ello».

Con arreglo a la Constitución, los Jueces del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior solo pueden ser separados de su cargo por mala conducta o incapacidad manifiestas, y únicamente en virtud de resoluciones aprobadas por ambas cámaras del Parlamento irlandés (Oireachtas). Las Leyes de Tribunales de Justicia de 1924 y de 1946 establecen disposiciones similares para los jueces de los tribunales regionales y tribunales de distrito.

2. El Fiscal General del Estado y el Director de la Oficina del Ministerio Público

El Fiscal General es «el asesor del Gobierno en materia de Derecho y doctrina jurídica» como reza el artículo 30 de la Constitución. Nombrado por el Presidente de la República a propuesta del primer ministro (Taoiseach), está obligado a abandonar el cargo cuando lo hace este último. El Fiscal General suele ser un senior counsel, es decir un barrister con bastantes años de experiencia. No hay ninguna norma que exija al Fiscal General abandonar la práctica privada, pero así ha venido sucediendo estos últimos años.

Como asesor jurídico del Gobierno, el Fiscal General examina todos los proyectos legislativos que el Gobierno desea presentar al Parlamento para su aprobación. También asesora al Gobierno en asuntos internacionales, como la ratificación de acuerdos. Otra de sus funciones es representar a los ciudadanos en la defensa de los derechos públicos, mediante el ejercicio de una acción o la oposición a ella. Aunque es designado por el primer ministro, el Fiscal General es independiente del Gobierno. Según la Constitución, es siempre el principal garante de la constitucionalidad de la legislación.

Antes de 1976, todos los delitos graves se perseguían en nombre del Fiscal General. La Constitución prevé que otra persona autorizada por la ley pueda desempeñar esta función. El artículo 2 del Código Procesal Penal (Prosecution of Offences Act) de 1974, que entró en vigor en 1976, creó el cargo de director del Ministerio Público (Director of Public Prosecutions) con el fin de traspasar estas funciones a una persona políticamente independiente. Aunque al director lo nombra el Gobierno al ser un funcionario, a diferencia del Fiscal General, no tiene que dimitir cuando el Gobierno cae. De esta forma se garantiza la continuidad de la acción de la justicia. La ley de 1974 también prevé que el director goce de independencia en el ejercicio de su cargo. Puede ser cesado por el Gobierno, pero solo previo informe sobre su salud o comportamiento de un Comité formado por el Presidente del Tribunal Supremo, un juez del Tribunal Superior y el Fiscal General.

El director del Ministerio Público, decide si una persona debe ser acusada de un delito grave y de cuál en particular. Todos los delitos se persiguen en nombre del director del Ministerio Público, pero la Policía irlandesa (Gardaí) está facultada para perseguir los delitos menos graves sin necesidad de enviar el expediente al director del Ministerio Público. En estos casos, el director del Ministerio Público tiene derecho a asesorar a la policía sobre cómo tratar el asunto. Aunque el director del Ministerio Público haya asumido el papel del Fiscal General en la persecución de los delitos, este se sigue ocupando de los asuntos de carácter internacional, como las extradiciones.

3. Personal auxiliar al servicio de la Administración de Justicia

Los secretarios judiciales (Court Registrars) y los oficiales de justicia (Court Clerks) prestan sus servicios en las oficinas judiciales.

Los oficiales de justicia son responsables de la administración general de los órganos jurisdiccionales. La principal función del secretario judicial es ayudar al juez durante la celebración de las vistas y velar por un funcionamiento del engranaje judicial eficaz y sin problemas.

La Oficina Judicial (Courts Service) es un órgano independiente creado en noviembre de 1999 por el Gobierno conforme a la Ley de la Oficina Judicial (Courts Service Act) de 1998. La Oficina depende del Ministro de Justicia e Igualdad y, a través de él, del Gobierno.

La Oficina Judicial tiene cinco funciones:

• gestionar los órganos jurisdiccionales,
• ofrecer a los jueces servicios de apoyo,
• ofrecer al público información sobre el sistema judicial,
• proporcionar, gestionar y mantener los edificios de los tribunales y
• prestar servicios a los usuarios de los tribunales.

4. Sheriffs

Cada condado de Irlanda tiene su sheriff, que es un funcionario que se ocupa de incautarse de bienes y venderlos con el fin de saldar una deuda, una vez que un tribunal ha dictado sentencia. Se nombra a los sheriffs con arreglo a la Ley de Funcionarios Judiciales (Court Officers Act) de 1945, cuyo artículo 12, apartado 5, limita el nombramiento a los solicitors y barristers (abogados) con una experiencia profesional de cinco años o a las personas que hayan trabajado al menos cinco años como pasante o ayudante principal de un sheriff adjunto o sheriff. El artículo 12, apartado 6, letra g), de la Ley de Funcionarios Judiciales establece que el Ministro de Hacienda, previa consulta del Ministro de Justicia e Igualdad, determinará, periódicamente, las condiciones de empleo de los sheriffs sujetos a los artículos anteriores de la Ley.

5. Solicitors

El Colegio de Abogados de Irlanda (Law Society of Ireland) supervisa la educación de los estudiantes de Derecho y tiene facultades disciplinarias sobre los solicitors. Para convertirse en solicitor, las personas deben completar los exámenes finales (FE-1) que se celebran dos veces al año, normalmente en primavera y otoño. La prueba FE-1 versa sobre ocho materias centrales: Derecho de sociedades, Derecho político, Derecho contractual, Derecho penal, Equidad, Derecho de la Unión, Bienes inmuebles (Law of Real Property) y Responsabilidad Civil (Tort Law). A continuación, las personas deben encontrar un solicitor (en ejercicio) adecuado para actuar como solicitor en prácticas con el fin de iniciar el curso I de prácticas profesionales (PPC I), que se extiende de septiembre a marzo y a lo largo de todo el curso se abordan las siguientes materias: Ley del suelo aplicada, Derecho testamentario e impositivo, Derecho de Sociedades, Fundaciones, Litigios (civiles y penales), Práctica jurídica irlandesa (LPI); y capacidades que incluyen (Civil y Abogacía, Entrevista y Asesoramiento, Investigación Jurídica, Habilidades de Presentación Jurídica, Redacción Jurídica, Negociación y Desarrollo Profesional). A continuación, el contrato de formación comienza catorce días después del examen final del PPC I. Antes de poder ser admitido en el PPC II, el Comité de Educación debe haber declarado que el interesado ha superado el PPC I. Después de once meses hasta el período de prácticas de veinticuatro meses, la persona en prácticas regresa a la Escuela de Derecho para asistir al PPC II. Las materias que se abarcan en el PPC II son el ejercicio profesional, la conducta y la gestión (obligatorios) y una serie de opciones selectivas bajo los tres epígrafes de «Empresa», «Procedimiento Práctico» y «Cliente Privado». Normalmente comienza en abril de cada año y dura once semanas, incluidos los exámenes. Una vez completado el PPC II, las personas deben regresar a la oficina del solicitor de formación y completar el período de tiempo pendiente: diez meses si la persona en prácticas no ha obtenido créditos por el trabajo realizado antes del PPC I, o seis meses si los ha obtenido.

Las personas en prácticas podrán solicitar la inscripción de sus nombres en el registro de solicitors cuando:

• hayan superado todos los exámenes;
• hayan completado con éxito el período de prácticas; y
• el solicitor de formación haya jurado que la persona en prácticas satisface los criterios de competencia y honorabilidad para convertirse en solicitor.

Por último, puede solicitarse un certificado de ejercicio una vez que el nombre de las personas haya sido admitido en el registro de solicitors.

Todos los solicitors en ejercicio están sujetos al régimen disciplinario del Colegio de Abogados. Con arreglo a las Leyes de Asesores Jurídicos de 1954 a 1994, el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados está autorizado para investigar las acusaciones de conducta indebida, como la malversación de fondos. Cuando se constata la existencia de una falta, el propio Tribunal puede imponer una sanción al solicitor (que puede incluir una orden conminatoria de restitución de una cantidad no superior a 15 000 EUR a cualquier parte perjudicada) o puede remitir sus conclusiones y recomendaciones al presidente del Tribunal Superior, que decidirá en última instancia sobre la naturaleza de la sanción que debe imponerse al solicitor. Este está facultado para prohibir la práctica a un solicitor y para retirar esa prohibición. El Tribunal Disciplinario puede exigir el reembolso de fondos a los clientes, si considera que los honorarios de un abogado han sido excesivos.

La norma (Statutory Instrument) 732 de 2003, disposición jurídica por la que se incorporaron al ordenamiento jurídico irlandés las normas de la Unión Europea sobre libertad de establecimiento de los abogados, prevé que los solicitors y barristers de los Estados miembros que deseen llevar a cabo las actividades profesionales respectivas soliciten al Colegio profesional la correspondiente inscripción en el registro. Su solicitud será estudiada y, si se acepta, se emitirá un certificado de registro. Contra las decisiones denegatorias del colegio profesional de que se trate puede interponerse recurso ante el Tribunal Superior.

6. Barristers

La honorable Society of King’s Inns ofrece formación jurídica posuniversitaria para la obtención del título de barrister at law, para quienes desean ejercer ante los órganos jurisdiccionales. La Society of King’s Inns funciona como sociedad de voluntarios dirigida por los decanos (Benchers), que son miembros del poder judicial y senior barristers. Se accede al curso de grado mediante un examen de entrada al que pueden presentarse todos aquellos que posean el Diploma de la Society of King’s Inns en estudios jurídicos o sean licenciados en Derecho. El curso para obtener el Diploma de estudios jurídicos dura dos años (a tiempo parcial). Por su parte, para llegar a ser Barrister at Law hay que realizar un curso intensivo de un año o un curso dividido en módulos de dos años de duración. Una vez completados satisfactoriamente los estudios de grado, el Presidente del Tribunal Supremo inscribe a los estudiantes en el Colegio de Abogados en un acto en el Tribunal Supremo tras el cual los admitidos firman en la lista de miembros del Colegio (members of the Bar). Sin embargo, antes de que puedan empezar a ejercer deben cumplir otros requisitos.

Para ejercer ante los órganos jurisdiccionales es preciso pertenecer a la Biblioteca Jurídica (Law Library). De este modo, se cuenta con un lugar para trabajar y se tiene acceso a textos jurídicos y otro tipo de material a cambio de una cuota anual. Antes de hacerse miembro de la Biblioteca, el barrister debe elegir un mentor (master), que debe ser un barrister principal, con una experiencia mínima de cinco años. Durante el año que suele durar la tutela del mentor, el neófito es conocido como devil («diablo»). El mentor introduce al «diablo» en la práctica jurídica y este suele ayudarle en la preparación de alegatos e investigaciones y actúa en su nombre ante los órganos jurisdiccionales.

El Consejo General de los Barristers de Irlanda (General Council of the Bar of Ireland), que es un organismo no estatutario, supervisa la conducta de sus miembros. El Consejo es elegido anualmente por sus miembros y publica un código de conducta profesional, que los propios miembros modifican cuando se considera necesario, y que establece sus obligaciones.

El Comité de Práctica Profesional del Consejo (Professional Practices Committee of the Bar Council), que incluye a miembros que no son barristers, estudia las acusaciones de infracción del código deontológico. El Comité está facultado para imponer multas y amonestar, así como para prohibir que un miembro acceda a la Biblioteca Jurídica o expulsarle de ella. Sus decisiones pueden recurrirse ante el Consejo de Apelaciones (Appeals Board), compuesto por un juez de un tribunal regional y un miembro lego.

Tradicionalmente, los barristers debían recibir instrucciones de un solicitor y tenían prohibido acudir directamente a ellos. Esta práctica fue examinada por la Comisión de Libre Competencia, que en su informe de 1990 consideró que la prohibición general del acceso directo era una práctica restrictiva y que debía suprimirse del código de conducta. La Comisión admitió, no obstante, que en ciertos casos era deseable la intervención continuada de un solicitor. La Comisión recomendó asimismo que no hubiera normas estatutarias o de otro tipo que exigieran la presencia física del solicitor ante el órgano jurisdiccional para dar instrucciones al barrister. Estas recomendaciones no se han aplicado en su totalidad, habiéndose introducido solo modificaciones en el código de conducta para permitir el acceso directo de ciertos órganos profesionales autorizados.

Los barristers pueden ser adjuntos (junior counsels) o principales (senior counsels). Habitualmente, los barristers suelen ejercer como adjuntos durante varios años antes de decidir si desean pasar a ser principales. No se trata de un ascenso automático y algunos adjuntos deciden no solicitarlo. En general la decisión se toma tras unos quince años de ejercicio. Quienes desean llegar a este grado solicitan la aprobación del Fiscal General, pero es el Gobierno quien hace el nombramiento previo dictamen del Fiscal General, que también consulta al Presidente del Tribunal Supremo, al presidente del Tribunal Superior y al presidente del Consejo de la Abogacía.

Por regla general, el adjunto redacta y prepara las alegaciones y lleva algunos casos cortos, normalmente ante órganos jurisdiccionales inferiores, aunque sus funciones no se limitan a estas actividades. El principal, por su parte, examina el trabajo del adjunto y lleva los casos más difíciles ante los Tribunales Superior y Supremo.

7. Secretarios de los tribunales regionales (County Registrars)

Los secretarios de los tribunales regionales son asesores jurídicos cualificados nombrados por el Gobierno. Realizan determinadas funciones auxiliares de tipo cuasi judicial en los tribunales regionales, y son responsables de gestionar las correspondientes oficinas judiciales.

Desempeñan asimismo las funciones de sheriffs de condado (county sheriff), excepto en los condados de Dublín y Cork.

8. Notarios

El Presidente del Tribunal Supremo nombra a los notarios en una audiencia pública del Tribunal. Las principales funciones de los notarios son:

• la legalización de documentos;
• la comprobación y certificación de las firmas de los documentos;
• la ejecución de los protestos notariales en relación con documentos mercantiles, como letras de cambio y pagarés, y actuaciones en materia de Derecho marítimo;
• la protocolización de declaraciones, testimonios y declaraciones juradas (a excepción de las correspondientes a actuaciones ante los órganos jurisdiccionales irlandeses.

Las solicitudes se realizan a través de un escrito en el que se hace constar la residencia y empleo del solicitante, el número de notarios y habitantes del distrito y las circunstancias que apoyan la necesidad de un notario, así como los términos en que se ha producido una vacante. La petición se acompaña de una declaración jurada y un certificado de aptitud firmado generalmente por seis solicitors locales y seis líderes de la comunidad empresarial local. El escrito se eleva al Presidente del Tribunal Supremo mediante notificación que la Oficina del Tribunal Supremo transmite al Secretario del Colegio de Notarios de Irlanda (Faculty of Notaires Public), al Secretario del Colegio de Abogados y a todos los notarios en ejercicio del condado del solicitante y condados vecinos.

La práctica general es nombrar notarios solo a solicitors. Cuando alguien que no lo es solicita el cargo, el Colegio de Abogados exige que el aspirante se comprometa ante el Presidente del Tribunal Supremo a no dedicarse a la transmisión patrimonial o al trabajo generalmente realizado por un solicitor. Para que los aspirantes puedan ser nombrados notarios deben aprobar primero un examen del Colegio de Notarios de Irlanda.

Nota:

Las preguntas sobre la remuneración actual del Fiscal General, el director de la Oficina del Ministerio Público, los auxiliares de justicia y los sheriffs pueden

• enviarse por correo electrónico o
• por correo postal a
  Human Resources
  Department of Finance
  Merrion Street
  Dublin 2

Los barristers trabajan por cuenta propia y sus ganancias varían considerablemente.

Los solicitors pueden trabajar por cuenta propia y ajena y sus ganancias varían también mucho.

Los notarios cobran por documento. Sus honorarios no están establecidos por ley, pero en general cobran en función del tiempo empleado, los viajes realizados y la remuneración percibida por un profesional por un servicio similar.