Buscar información por región
Profesiones jurídicas: introducción
En Italia, las profesiones jurídicas principales son: jueces, magistrados y fiscales (denominados conjuntamente «magistrati»), abogados y notarios.
Poder judicial
La Constitución estructura el ejercicio de la potestad jurisdiccional por parte de los jueces, magistrados y fiscales.
Judicatura
La justicia se administra en nombre del pueblo. Los jueces y magistrados están sujetos únicamente a la ley (artículo 101 de la Constitución).
La potestad jurisdiccional la ejercen los jueces, magistrados y fiscales ordinarios, nombrados según las normas del sistema judicial, a las que están sujetos.
No se pueden nombrar jueces o magistrados extraordinarios o especiales, sino únicamente salas especializadas dentro de los órganos jurisdiccionales ordinarios. La ley regula los supuestos y la forma en que puede participar el pueblo de forma directa en la administración de la justicia.
El acceso a la carrera a la judicial/fiscal se realiza por medio de una oposición. No obstante, cabe nombrar a título honorario a jueces, magistrados y fiscales para desempeñar todas las funciones atribuidas a un juez, magistrado o fiscal de carrera.
Autonomía e independencia
El poder judicial constituye un órgano autónomo e independiente de cualquier otro poder (artículo 104 de la Constitución).
Esta independencia está asegurada por su órgano de autogobierno, el Consejo del Poder Judicial italiano (Consiglio Superiore della Magistratura), que se ocupa de los nombramientos, los destinos, los traslados, la carrera y las medidas disciplinarias aplicables a jueces, magistrados y fiscales (artículo 105 de la Constitución).
Los jueces, magistrados y fiscales se distinguen entre sí por las diversas funciones que desempeñan.
Los jueces, magistrados y fiscales son inamovibles. Solo pueden ser cesados o suspendidos en sus funciones por decisión del Consejo del Poder Judicial, adoptada por los motivos y con las garantías previstos al respecto en el sistema judicial o con el consentimiento del interesado.
Fiscales
Organización
La Constitución también sanciona el principio de independencia y autonomía de los fiscales (artículo 107).
El artículo 112 de la Constitución establece el principio de obligatoriedad de la acción penal: una vez denunciado el delito, el fiscal competente debe iniciar la instrucción y someter los resultados a la valoración del juez, formulando las peticiones pertinentes. La obligatoriedad de la acción penal contribuye a garantizar la independencia de la fiscalía en el ejercicio de sus funciones, y la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Hay fiscalías en el Tribunal Supremo de Casación (corte di cassazione), los tribunales de apelación (corti di appello), los tribunales ordinarios (tribunali ordinari) y los tribunales de menores (tribunali per i minorenni).
Función y obligaciones
El fiscal interviene en todos los procesos penales, en representación del Estado. Interviene en los procesos civiles en los casos previstos en la ley (p. ej., en determinados casos relacionados con el Derecho de familia o con las personas que carecen de capacidad de obrar, etc.).
Personal de la oficina judicial
El personal de la oficina judicial es personal administrativo de diversas categorías (director, funcionario, secretario, contable, auxiliar, etc.) nombrado mediante concurso-oposición y que tiene la consideración de funcionario en virtud de un convenio colectivo nacional para el sector ministerial.
Este personal está adscrito al Ministerio de Justicia (Ministero della Giustizia), Departamento de Organización Judicial, Personal y Servicios (Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi), lleva a cabo tareas administrativas, de registro y de gestión de asuntos, y asiste al órgano jurisdiccional en todo tipo de procedimientos.
La formación del personal corre a cargo del Ministerio de Justicia, Dirección General de Personal y Formación (Direzione Generale del Personale e della Formazione).
Organización de las profesiones jurídicas: abogados y notarios
Abogados
El abogado es un profesional liberal que representa y asesora a su cliente, que puede ser una persona física, una empresa o el Estado ante los órdenes jurisdiccionales civiles, penales y contencioso-administrativos.
El abogado defiende a su cliente en virtud de un mandato y recibe unos honorarios por ello.
En cada órgano jurisdiccional existe un consejo del colegio de abogados (Consiglio dell'ordine), compuesto por abogados elegidos de entre los abogados inscritos en el registro correspondiente.
La corporación que los aglutina a nivel nacional es el Consejo Nacional de la Abogacía (Consiglio nazionale forense).
La Ley n.º 247, de 31 de diciembre de 2012, introdujo nuevas disposiciones relativas al ejercicio de la abogacía.
Notarios
El notario es un profesional liberal que ejerce una función pública: dar fe pública de los actos celebrados en su presencia.
El notariado está regulado por la Ley n.º 89, de 16 de febrero de 1913, de regulación del notariado y de los archivos notariales (legge 16 febbraio 1913, n. 89 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili).
La corporación que los aglutina a nivel nacional es el Consejo Nacional del Notariado (Consiglio nazionale del notariato).
El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.