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Con arreglo al Derecho gibraltareño, la responsabilidad parental se refiere a la custodia, guarda y tutela de un menor, generalmente ejercida por uno o ambos progenitores o por un tutor designado a tal fin. Por lo general, el progenitor o el tutor se encargan de la custodia y la educación del menor, así como de administrar su patrimonio o conservarlo en depósito.
El término responsabilidad parental se extiende al padre, la madre o cualquier tutor que cumpla su responsabilidad parental en relación con un menor determinado. La responsabilidad parental comprende un cierto grado de tutelaje, bien directamente, bien guiando al menor, de manera adecuada a la fase de desarrollo de este. También abarca la educación del menor y el derecho a visitar al menor y a comunicarse con él de forma periódica cuando el menor no viva con el progenitor, así como a actuar como representante legal del menor.
Normalmente, cuando se trata de la custodia, la educación y la administración del patrimonio de un menor, la madre y el padre gozan de los mismos derechos y autoridad y ambos pueden ejercerlos sin necesidad de contar con el otro. Estos derechos generales están sujetos a las resoluciones que dicten los órganos jurisdiccionales de Gibraltar.
En el caso de que el padre y la madre del menor estuviesen casados entre sí en el momento de su nacimiento, cada progenitor ostenta responsabilidad parental sobre el menor con arreglo al Derecho gibraltareño. De no ser así, solo la madre ostenta responsabilidad parental al nacer el menor. No se trata de una norma estricta o absoluta, ya que el Derecho de Gibraltar reconoce que, si el padre es inscrito registralmente como «padre» por la madre, adquiere la responsabilidad parental sobre el menor. También si así se dispone judicialmente.
Es posible que una, dos o más personas también tengan derechos parentales sobre un menor. Sin embargo, no pueden ejercer esos derechos sin el consentimiento de los demás, a menos que así se contemple en resolución judicial, escritura pública o acuerdo.
En caso de defunción de uno de los progenitores, el otro se convierte en tutor del menor, solo o junto con quien haya designado el fallecido. Si el progenitor fallecido no ha designado a nadie o el tutor designado también ha fallecido o se niega a asumir la responsabilidad conferida, el órgano jurisdiccional, si lo considera oportuno, puede nombrar a otra persona.
El órgano jurisdiccional, a instancia de cualquiera de los progenitores, puede dictar una resolución sobre la custodia del menor y el derecho a visitarlo y comunicarse con él de ambos. El órgano jurisdiccional también puede conceder la custodia del menor a la persona que considere adecuada, sea o no uno de sus progenitores. No obstante, no puede concederse la custodia a uno de los progenitores mientras también conviva con el otro.
En caso de divorcio, el Tribunal Supremo de Gibraltar (Supreme Court) es competente, tanto antes como después de que se dicte la sentencia firme, para adoptar medidas sobre la custodia, manutención y educación de los hijos del matrimonio, e incluso ordenar que estos sean puestos bajo protección judicial. El Tribunal Supremo no puede dictar una sentencia de divorcio firme hasta que se hayan tomado medidas adecuadas respecto a los hijos.
En caso de separación, las partes pueden formalizar un acuerdo por el que una de ellas renuncie total o parcialmente a sus derechos parentales. No obstante, si el órgano jurisdiccional considera que el acuerdo puede perjudicar al menor, no lo homologa.
Tal y como se indica en la respuesta a la pregunta 4, el órgano jurisdiccional sólo homologa los acuerdos de separación en que uno de los progenitores renuncie total o parcialmente a sus derechos parentales si dicho acuerdo resulta beneficioso para el menor.
Si la cuestión de la responsabilidad parental se plantea durante un proceso de divorcio, corresponde resolverla al Tribunal Supremo de Gibraltar. No obstante, los servicios de asesoramiento matrimonial ofrecen asistencia social. La Iglesia Católica cuenta con un servicio de asesoramiento matrimonial en Gibraltar. La mediación también es un instrumento eficaz para la resolución de ciertas cuestiones.
El juez tiene potestad para resolver sobre cualquier asunto que, en su opinión, pueda afectar al bienestar del menor.
Si se concede la custodia exclusiva del menor a uno de sus progenitores, éste puede decidir sobre todas las cuestiones que conciernen al menor sin consultar previamente al otro, a no ser que al hacerlo quebrante alguna resolución judicial existente que tenga que ver, por ejemplo, con el derecho de visita a los hijos.
La custodia compartida significa que ambos progenitores tienen los mismos derechos y responsabilidades sobre el hijo. Tales derechos se pueden ejercer conjunta o individualmente.
Si la demanda de responsabilidad parental forma parte de un proceso de divorcio o se interpone con motivo de este, debe interponerse ante el Tribunal Supremo de Gibraltar. La demanda se interpone en forma de summons (escrito de emplazamiento al demandado) y debe incorporar las pruebas escritas. Una vez entregados estos documentos, la Secretaría del Tribunal Supremo señala fecha para la vista.
Para solicitar que el órgano jurisdiccional declare bajo su tutela a un menor necesitado de cuidados, también se ha de acudir al Tribunal Supremo de Gibraltar.
Si la cuestión de la responsabilidad parental no se plantea en el marco de un proceso de divorcio, la demanda se puede presentar ante el Juzgado de lo Penal (Magistrates' Court) de Gibraltar. La demanda se interpone por escrito exponiendo el tipo de tutela solicitada y los motivos que la justifican. Junto con ella se presentan copias de las partidas de nacimiento de los hijos y del certificado de matrimonio, si procede. Una vez recibida, el órgano jurisdiccional la admite a trámite e informa a las partes de la fecha de comparecencia.
En todos los casos, tanto el Tribunal Supremo como el Juzgado de lo Penal señalan la fecha de la vista y se la comunican a las partes. Estas deben comparecer acompañadas, si procede, por sus representantes legales.
Si se tiene constancia de que el menor está necesitado de cuidados, se recurre al procedimiento de urgencia.
En los procedimientos ante el Juzgado de lo Penal y el Tribunal Supremo, la asistencia jurídica gratuita puede estar sujeta a una valoración de los recursos económicos del interesado. En cualquier caso, las solicitudes de asistencia jurídica gratuita deben dirigirse al Tribunal Supremo. Los formularios pueden obtenerse en la Secretaría de este.
Las resoluciones sobre responsabilidad parental dictadas por el Juzgado de Paz se pueden recurrir ante el Tribunal Supremo; las dictadas por este último, se recurren ante el Tribunal de Apelación (Court of Appeal).
Hay que acudir al órgano jurisdiccional que dictó la resolución inicial en materia de responsabilidad parental. Si se trata del Juzgado de lo Penal, se presenta una reclamación exponiendo los motivos que la justifican. Ante el Tribunal Supremo es preciso presentar un escrito en forma de summons y, si procede, aportar las pruebas escritas correspondientes.
Las resoluciones en materia de responsabilidad parental dictadas en un Estado miembro en el marco de un procedimiento de divorcio, separación judicial o nulidad o anulación matrimonial se pueden reconocer en Gibraltar. Para ejecutar dichas resoluciones, es preciso solicitar al Juzgado de lo Penal de Gibraltar que declare su carácter ejecutorio.
Cualquiera de las partes puede recurrir la decisión por la que se reconoce el carácter ejecutorio de una resolución dictada en otro país. El recurso debe interponerse ante el Tribunal Supremo en caso de que la resolución haya sido dictada por el Juzgado de lo Penal.
Los órganos jurisdiccionales de Gibraltar aplican el Derecho gibraltareño, que incluye la normativa local y las leyes o disposiciones cuya aplicación se extiende ocasionalmente a Gibraltar.
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