Reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil

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Artículo 17 - Información facilitada al público

Orden de protección provisional

Las órdenes de protección provisional (ordinul de protecție provizoriu) son competencia de los agentes de policía cuando constaten un riesgo basándose en una evaluación de los hechos. El agente de policía expide la orden de protección provisional si se cumplen las condiciones pertinentes. Si no se cumplen las condiciones, los agentes de policía en cuestión tienen la obligación de informar a las víctimas de la posibilidad de solicitar que se expida una orden de protección. Que se expida la orden no es óbice para que se adopten medidas cautelares al amparo del Código Penal (Codul penal).

A fin de verificar las denuncias, los agentes de policía tienen derecho a practicar pruebas y a registrar un domicilio sin el permiso del interesado. Los agentes de policía pueden emplear la fuerza y el material necesario, de manera proporcionada, para acceder al bien inmueble.

En la orden de protección provisional se indica la fecha, hora y lugar de expedición; nombre y apellidos, rango y unidad del agente; identidad del agresor; identidad de la víctima; descripción fáctica de la situación y pruebas practicadas; base jurídica para expedir la orden; fecha y hora de inicio y fin de la aplicación de las medidas; derecho a recurrir la orden, plazo para el ejercicio de dicho derecho y órgano jurisdiccional ante el que puede presentarse el recurso.

La orden de protección provisional establece, durante un período de cinco días, una o más de las medidas de protección siguientes (obligaciones o prohibiciones) para reducir el riesgo constatado: desahucio del agresor; retorno seguro de la víctima; obligación del agresor de mantenerse a una distancia mínima de la víctima; obligación del agresor de llevar una pulsera de vigilancia telemática; entrega de cualquier tipo de arma.

Las obligaciones y prohibiciones impuestas al agresor entran en vigor inmediatamente después de que se expida la orden, sin publicación ni plazo previo. El período de cinco días se calcula en horas y comienza en el momento en que se expida la orden.

Se da traslado de una copia o duplicado de la orden al agresor y la víctima (que deben firmarla) en el lugar en que se dictan, inmediatamente después de que se dicten.

En un plazo de 24 horas desde que se dicte, la unidad de policía a la que pertenezca el agente que expide la orden traslada esta a la fiscalía adscrita al órgano jurisdiccional competente en la demarcación a la que se refiera la orden.

La orden de protección provisional se remite a la fiscalía competente. El fiscal resuelve sobre la necesidad de mantener las medidas, confirmándolas en caso necesario, en un plazo de 48 horas desde que se expida la orden. Si se demuestra que es innecesario mantener las medidas, el fiscal puede ordenar su levantamiento y notificarlo a la unidad de policía remitente, que se encarga de adoptar las disposiciones necesarias para informar a las personas afectadas. Si se confirma la necesidad de mantener las medidas, el fiscal remite la orden al órgano jurisdiccional competente en la demarcación en que se expidió, junto con una solicitud de expedición de orden. Cuando se traslade una orden de este tipo, la duración inicial por la que se expidió se prorroga el tiempo necesario para completar el procedimiento judicial de expedición.

La orden puede recurrirse ante el órgano jurisdiccional competente en un plazo de 48 horas a contar desde su notificación. Las partes implicadas son citadas a comparecer. El recurso se resuelve con carácter urgente —en cualquier caso, antes de la fecha de vencimiento de la orden de protección provisional— y a puerta cerrada, citando a comparecer a la autoridad de expedición. La participación del fiscal es obligatoria y la resolución del recurso es definitiva.

Orden de protección

En caso de peligro real, la víctima puede solicitar al órgano jurisdiccional que expida una orden de protección en la que se estipule que el agresor sea desahuciado del domicilio; que se permita a la víctima regresar de forma segura a este; que el derecho del agresor a utilizar el domicilio se restrinja únicamente a una parte de este; que la víctima sea alojada en un centro de asistencia; la obligación del agresor de mantenerse a una distancia mínima determinada de la víctima; que se prohíba al agresor frecuentar determinados lugares o áreas designadas; que el agresor debe llevar permanentemente una pulsera de vigilancia telemática; que se prohíba cualquier contacto con la víctima; que el agresor debe entregar a la policía todas las armas de las que disponga; así como los acuerdos de custodia y la residencia de los hijos que sean menores de edad.

El órgano jurisdiccional puede ordenar al agresor que se someta a psicoterapia, reciba asesoramiento psicológico o participe en un programa de asistencia; también puede recomendar o solicitar su admisión en un centro especializado.

Asimismo, puede ordenar que se adopten medidas para vigilar el cumplimiento de la orden de protección y prevenir su vulneración: comparecencia periódica en la comisaría de policía responsable de supervisar el cumplimiento de la orden; notificación de nueva dirección en caso de desahucio; controles periódicos o sin previo aviso del paradero del agresor.

La parte dispositiva de la resolución debe estipular que el incumplimiento de cualquiera de las medidas constituye delito.

Es el juez quien determina la duración de las medidas previstas en la orden de protección, aunque no puede ser superior a seis meses a contar desde la fecha de expedición de la orden.

Las solicitudes de expedición de una orden de protección son competencia del órgano jurisdiccional de la demarcación del domicilio o residencia de la víctima. Puede presentar la solicitud de expedición de una orden de protección la víctima, sea en persona o a través de representante, o también, en nombre de la víctima, la fiscalía, el representante de la autoridad pertinente o el representante de un organismo de servicios sociales.

La solicitud debe redactarse utilizando el formulario normalizado Word (31 Kb) ro y está exento del pago de tasa judicial de timbre. Las solicitudes se resuelven a puerta cerrada; la participación de la fiscalía es obligatoria. Si la persona interesada lo solicita, se le puede conceder autorización para asistir a la sesión en persona o representada por un abogado. La asistencia de la persona contra la que se solicita la orden de protección es obligatoria. El juez provee con carácter urgente y prioritario. Las solicitudes deben resolverse en un plazo de 72 horas desde su presentación, salvo en los casos en que se haya expedido una orden de protección provisional.

La orden de protección es ejecutable. La resolución se puede ejecutar sin publicación ni plazo previo. El cumplimiento de la orden de protección también es obligatorio para la víctima. El plazo para recurrir la resolución es de tan solo tres días a contar desde el momento en que se entregue a las partes (si citó a las partes a comparecer a tal efecto) o se traslade a estas (si no se citó a las partes a comparecer para ello). Los tribunales superiores (curtea de apel) pueden suspender la ejecución hasta que se dicte sentencia sobre el recurso, pero para ello se exige prestar fianza. Las partes implicadas son citadas a comparecer. La participación del fiscal es obligatoria y

El día en que se dicte la resolución, se traslada una copia de su parte dispositiva a las unidades de la policía rumana en cuya demarcación esté ubicado el domicilio de la víctima y del agresor. La orden es ejecutada sin demora por la policía o bajo su supervisión. Un agente de policía puede registrar la vivienda de la familia afectada con el consentimiento de la persona protegida, si está presente, o de otro familiar. La policía tiene el deber de vigilar el cumplimiento de la resolución judicial y notificar cualquier incumplimiento a la fiscalía.

El incumplimiento por parte del agresor de las medidas impuestas en virtud de una orden de protección constituye delito y puede castigarse con una pena de prisión de un mes a un año.

Al término de la vigencia de dichas medidas, la víctima puede solicitar una nueva orden de protección. Las personas a las que se haya impuesto una orden de protección por el máximo período posible pueden solicitar la revocación de la orden o la sustitución de la medida impuesta.

Si, al tramitar una solicitud, el órgano jurisdiccional comprueba que concurre de una de las situaciones que exigen una medida de protección especial para un menor, lo notifica inmediatamente a la autoridad pública local responsable de la protección de menores.

En ese caso se produce una intervención de emergencia, en virtud de la cual un equipo móvil integrado por representantes del Servicio Público de Asistencia Social (Serviciului Public de Asistență Socială o SPAS) se encarga de prestar los servicios sociales necesarios.

Artículo 18, letra a)(i) - las autoridades competentes para dictar medidas de protección y expedir certificados de conformidad con el artículo 5

Nota: la versión original de esta página rumano se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.

En virtud del artículo 22, apartado 1, de la Ley n.º 217/2003 para prevenir y combatir la violencia doméstica (Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie), en su versión refundida, los agentes de policía que, en el ejercicio de su deber, constaten un riesgo inminente para la vida, la integridad física o la libertad de una persona que esté siendo amenazada por un acto de violencia doméstica pueden expedir una orden de protección provisional a fin de reducir dicho riesgo.

Las autoridades competentes para expedir órdenes de protección son los tribunales de distrito de la demarcación en la que tengan su domicilio o residencia las víctimas, de conformidad con el artículo 25 de la Ley n.º 217/2003.

Con arreglo al artículo 3 de la sección I sexies del Decreto-ley n.º 119/2006, relativo a determinadas medidas necesarias para la aplicación de determinados reglamentos comunitarios desde la fecha de adhesión de Rumanía a la Unión Europea (O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la U.E.; en lo sucesivo, «Decreto-ley n.º 119/2006»), aprobado mediante la Ley n.º 191/2007 en su versión modificada, los órganos jurisdiccionales resuelven a puerta cerrada sobre las solicitudes de expedición de certificados.

Las resoluciones por las que se estima la solicitud no admiten recurso. Las resoluciones por las que se desestima la solicitud solamente pueden recurrirse en un plazo de cinco días a contar desde su notificación.

El certificado se expide a nombre de la persona protegida y se traslada una copia a la persona que representa el riesgo, a quien se le informa de que la medida de protección así certificada está reconocida y es ejecutable en todos los Estados miembros de la Unión Europea.

Artículo 18, letra a)(ii) - las autoridades ante las cuales debe invocarse una medida de protección dictada en otro Estado miembro, o competentes para ejecutarla

Nota: la versión original de esta página rumano se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.

De conformidad con el artículo 22, apartado 6, y el artículo 31 de la Ley n.º 217/2003, una orden de protección provisional o una orden de protección debe ser ejecutada sin demora por la policía o bajo la supervisión de esta.

Artículo 18, letra a)(iii) - las autoridades competentes para efectuar la adaptación de medidas de protección de conformidad con el artículo 11, apartado 1

En virtud del artículo 8 de la sección I sexies del Decreto-ley n.º 119/2006, para ejecutar una sentencia dictada en otro Estado miembro de la Unión Europea por la que se impongan medidas de protección que no existan en el Derecho rumano o sean diferentes de las previstas en él, los órganos jurisdiccionales rumanos, de conformidad con el artículo 11 del Reglamento (UE) n.º 606/2013, deben adaptar los elementos fácticos de las medidas de protección para garantizar su ejecutabilidad al amparo del Derecho rumano, y ordenar la adopción de medidas que tengan efectos equivalentes y persigan objetivos e intereses similares. Una medida aprobada por un órgano jurisdiccional rumano no puede surtir efectos mayores que los previstos en el ordenamiento jurídico del Estado miembro de origen para las medidas establecidas en las resoluciones judiciales dictadas en dicho Estado miembro.

La adaptación se lleva a cabo de oficio o a instancia de la parte afectada, durante el proceso de decisión sobre las solicitudes de declaración de exequátur o de denegación del reconocimiento o ejecución de una sentencia, o en el litigio principal.

Son competentes los tribunales de primera instancia (judecătorie o judecătoria).

Cuando el órgano jurisdiccional determine que es necesario realizar alguna adaptación, cita a las partes. La participación del fiscal es obligatoria.

La resolución por la que un órgano jurisdiccional adapte una sentencia dictada en otro Estado miembro puede ser recurrida en un plazo de diez días desde su notificación. Las sentencias que resuelven recursos no pueden recurrirse.

Artículo 18, letra a)(iv) - los órganos jurisdiccionales ante los cuales deba presentarse la solicitud de denegación de reconocimiento y, en su caso, de ejecución, de conformidad con el artículo 13

En virtud del artículo 1 de la sección I sexies del Decreto-ley n.º 119/2006, las solicitudes de denegación del reconocimiento y las solicitudes de denegación de la ejecución en Rumanía de las resoluciones judiciales que contengan medidas de protección aprobadas en otros Estados miembros de la Unión Europea son competencia de los tribunales de primera instancia, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 606/2013.

Última actualización: 10/05/2021

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