1. Capacidad de obrar de los menores
En Finlandia, se ha fijado la edad mínima de responsabilidad penal en quince años.
En otros asuntos, la edad mínima para llevar un asunto ante un órgano jurisdiccional varía entre doce años (cuestiones de salud, acogimiento), quince años (cuestiones de empleo, asilo, migración, educación y sanciones administrativas) y dieciocho años (cuestiones de familia).
2. Procedimientos judiciales adaptados
Las investigaciones que afecten a menores se asignan, en la medida de lo posible, a agentes de policía con formación o experiencia en esta labor. Las comisarías de policía más grandes tienen unidades o agentes especializados en la investigación de delitos contra menores. Por regla general, en todas las comisarías de policía, la investigación de los delitos contra menores se encomienda a investigadores que tienen una capacidad profesional y una aptitud especial en la investigación de este tipo de delitos.
El Ministerio Fiscal cuenta con un sistema de fiscales especiales para garantizar su pericia en un ámbito de especialización concreto, así como para mantener y desarrollar las capacidades profesionales de los fiscales. Existe un grupo de fiscales especializados en violencia contra los menores y las mujeres. Estos forman a otros fiscales en su ámbito de especialización.
Las investigaciones que afecten a menores se asignan, en la medida de lo posible, a agentes con formación o experiencia en esta labor.
El Defensor del Menor defiende el interés de los menores y el respeto de sus derechos a nivel general, pero no se ocupa de asuntos concretos.
3. Mecanismos y procedimientos específicos de apoyo al menor
Desde principios de 2016, la grabación de vídeo de una víctima de entre quince y diecisiete años también puede utilizarse como prueba ante un órgano jurisdiccional en aquellos asuntos en los que la víctima requiera de una protección especial.
Según la Ley de Instrucción Penal, la autoridad responsable de la instrucción consultará a un médico o a otro perito, cuando sea necesario, para determinar si las diligencias de instrucción pueden tener como destinataria a una persona menor de dieciocho años.
Por regla general, las entrevistas con las víctimas y testigos menores de edad las llevan a cabo agentes de policía con formación o experiencia en esta labor. La entrevista también puede llevarla a cabo un profesional sanitario.
Existen centros especializados en dar audiencia a los menores víctimas de un delito, vinculados a los hospitales universitarios de las principales ciudades. La policía colabora estrechamente con estos centros.
4. Formación de los profesionales
El Ministerio de Justicia organiza periódicamente sesiones de formación avanzada para los jueces, el personal judicial y los agentes de asistencia jurídica gratuita en materia de psicología infantil, psicología jurídica, derechos de las víctimas, derechos humanos y necesidades especiales de las víctimas de abusos sexuales. Los fiscales también pueden participar en esta formación.
La Fiscalía General organiza sesiones de formación para los fiscales que se ocupan de los casos de abusos sexuales y físicos de menores, en las que se incluyen el desarrollo del menor, la psicología infantil y cómo realizar una entrevista a un menor.
La formación de los agentes de policía incluye formación sobre psicología infantil, habilidades de comunicación y la forma realizar una entrevista a un menor. Se otorga una cualificación especial como experto a aquellos profesionales que hayan llevado a cabo una formación especial impartida por la Dirección General de la Policía Nacional.
5. Reparación
Puede recurrirse la decisión del fiscal de no ejercer la acusación ante la Fiscalía General, que puede iniciar un nuevo estudio de la acusación.
6. Vida familiar
La primera fase del proceso de adopción es el asesoramiento en materia de adopción que prestan los órganos municipales de bienestar social y Save the Children Finlandia. El asesoramiento en materia de adopción es gratuito. A los efectos de la presentación de la solicitud de autorización de adopción y de la petición de la concesión de adopción, el asesor en materia de adopción debe presentar un informe por escrito sobre dicho asesoramiento. El informe recoge la información necesaria sobre los interesados y sus circunstancias.
La Junta de Adopciones decide sobre la autorización de adopción en base al informe. Tanto en adopciones nacionales como internacionales, la adopción de un menor de edad requiere una autorización concedida por la Junta de Adopciones. La autorización tiene una validez de dos años. Los solicitantes pueden solicitar una prórroga de la validez de la autorización.
Solo existe un tipo de adopción. Una vez se ha concedido la adopción, la persona adoptada se considera hijo de los adoptantes y no de los progenitores.
La autorización de adopción no es necesaria cuando la persona adoptada sea el hijo del cónyuge del futuro adoptante o un menor que haya sido atendido y criado de forma habitual por el futuro adoptante.
Por regla general, aquellas personas que adopten desde el extranjero deben, además de recibir asesoramiento en materia de adopción, solicitar siempre los servicios de adopción internacional. Estos servicios los presta el Departamento de Servicios Sociales de la ciudad de Helsinki, Save the Children Finlandia e Interpedia.
Al final del proceso, la adopción se concede por resolución judicial.
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