Derechos de los menores en los procedimientos judiciales

1. Capacidad de obrar de los menores

En virtud del Derecho letón, las personas que han cumplido la mayoría de edad, es decir, 18 años, tienen capacidad de obrar en procesos civiles. Los asuntos relacionados con menores son sometidos al órgano jurisdiccional competente por sus representantes legales. Los representantes legales suelen ser los progenitores o el tutor legal del menor.

En los casos estipulados por ley, los menores tienen derecho a ejercer sus derechos procesales civiles de manera independiente. En tales casos, los representantes legales pueden intervenir para asistir al menor con el proceso judicial. Cabe destacar que los menores tienen derecho a expresar libremente sus opiniones y, a tal fin, recibir y enviar cualquier tipo de información; asimismo, tienen el derecho de ser oídos en las acciones o procesos judiciales que les incumban. Si un menor es capaz de formular una opinión, esta debe tenerse en cuenta de acuerdo con su edad y madurez.

2. Procesos judiciales modificados

La labor de los órganos jurisdiccionales se organiza para garantizar que los asuntos relacionados con la protección de los derechos e intereses de un menor se dirimen con carácter de urgencia.

En asuntos que afectan a un menor, por ejemplo, un proceso de divorcio, la determinación de la filiación del menor y cuestiones similares, la ley prevé un amplio margen de maniobra para la exhibición de los medios de prueba. Al objeto de aclarar los puntos de vista del menor y presentarlos al órgano jurisdiccional, suele intervenir la autoridad municipal competente, es decir, un tribunal de familia (ģimenes tiesa), que se compone de profesionales con formación especial que aclaran los puntos de vista del menor en un entorno conocido.

3. Aspectos multidisciplinares

La protección de los derechos del menor se aplica en cooperación con la familia, los organismos de la administración central y local, las organizaciones públicas y otras personas físicas y jurídicas.

Conforme a la Ley sobre la protección de los derechos de los menores, el Ministerio de Bienestar es el encargado de coordinar la cooperación entre los organismos de la administración central y local en asuntos relacionados con la protección de los derechos de los menores y los derechos de las familias que entran en el ámbito de su competencia.

Letonia dispone de un procedimiento especial (Reglamento del Consejo de Ministros n.º 545, de 12 de septiembre de 2017, sobre la cooperación institucional en el ámbito de la protección de los derechos de los menores) que regula la organización de la cooperación entre los organismos de la administración central y local y las organizaciones no gubernamentales que actúan en este ámbito. Esta se organiza con la ayuda de grupos consultivos colegiados establecidos en los municipios y el Consejo para la Cooperación en Asuntos Relacionados con Menores. Entre otras cosas, los grupos de cooperación examinan los asuntos individuales relacionados con posibles vulneraciones de los derechos de los menores en casos en los que se requieren una actuación rápida y la cooperación entre varias instituciones, y en casos en los que la situación no puede resolverla una sola institución o no se ha podido resolver en mucho tiempo.

4. Formación de especialistas

La legislación prevé un amplio abanico de especialistas (jueces, fiscales, abogados, funcionarios judiciales y psicólogos judiciales) que evalúan el estado mental de un menor, junto con notarios certificados y miembros de los cuerpos de policía que trabajan con menores, entre otros. Estos deben adquirir conocimientos especializados en el ámbito de la protección de los derechos de los menores. El Ministerio de Justicia se encarga de organizar la formación destinada a los jueces que entienden de asuntos relacionados con los derechos de los menores.

5. Intereses de los menores

Conforme a la Ley sobre la protección de los derechos de los menores, los derechos y los intereses de un menor son prioritarios en todos los asuntos jurídicos relacionados con un menor. En Letonia, todas las acciones que afectan a menores ejercidas por instituciones de la administración central o local, organizaciones públicas, otras personas físicas o jurídicas, órganos jurisdiccionales y otras instituciones encargadas de aplicar la ley deben respetar los derechos e intereses de un menor con carácter prioritario.

Todas las personas físicas y jurídicas deben proteger el interés superior del menor en todas las acciones y decisiones que afecten, o puedan afectar, directa o indirectamente, al menor. A la hora de determinar el interés superior del menor, el objetivo debe ser encontrar una solución sostenible para la situación del menor, teniendo en cuenta su situación concreta y de conformidad con los criterios determinados por la ley.

6. Control y ejecución de las resoluciones dictadas en los procesos judiciales que afectan a los menores

Tan pronto como una sentencia que afecte a los derechos e intereses de un menor surta efecto o cuando esta deba ejecutarse inmediatamente pero no se ejecute, el representante legal del menor puede presentar un título ejecutivo ante el auxiliar judicial. El órgano jurisdiccional no envía detalles de la sentencia al menor en persona. Se presume que los progenitores o el tutor legal del menor, en calidad de representantes legales, actuando atendiendo al interés superior del menor, explicarán la sentencia del órgano jurisdiccional de acuerdo con la capacidad del menor de entenderla, y le comunicarán la información necesaria sobre los progresos relacionados con la ejecución de la resolución. Cuando sea necesario, para la ejecución de las resoluciones en asuntos derivados de los derechos de custodia y visita, el auxiliar judicial coopera con el tribunal de familia, y emite instrucciones al efecto de que la información necesaria para la ejecución se facilite y los procedimientos de ejecución se cumplan.

7. Reparación

En los procesos civiles, los asuntos que afectan a menores son conducidos por sus representantes legales, que por lo general son los progenitores o el tutor legal del menor. Cuando la ley permita a los menores ejercer sus derechos procesales civiles de manera independiente, los representante legales también intervienen.

Está previsto un instrumento de protección adicional para los menores con antecedentes de violencia familiar. Cuando un menor sea víctima de violencia o control coercitivo, la solicitud de protección en el interés superior del menor no solo puede presentarla uno de los progenitores o el tutor legal del menor, sino también un tribunal de familia o un fiscal. Esto significa que si, por cualquier razón, el representante legal del menor no actúa para proteger los derechos del menor, una de las autoridades competentes citadas puede presentar una solicitud ante el órgano jurisdiccional. Cabe destacar que la protección contra la violencia puede solicitarse en cualquier fase del proceso civil, incluso antes de ejercitar una acción.

8. Procedimiento de adopción, incluida la adopción internacional

En Letonia, los menores pueden ser adoptados siempre que ello redunde en su interés superior. Los fundamentos jurídicos de la adopción se establecen en el Derecho civil. El procedimiento de adopción se regula en el Reglamento del Consejo de Ministros. La adopción es aprobada por el órgano jurisdiccional pertinente. Un menor puede ser adoptado si, antes de la aprobación de la adopción, se ha sometido al cuidado y la supervisión de la parte adoptante y una institución de tutela y custodia establecida por una autoridad local —un tribunal de familia— ha determinado que el menor y la parte adoptante son mutuamente compatibles y que existen motivos fundados para creer que la adopción dará lugar a una relación paternofilial auténtica. El menor que haya cumplido 12 años debe dar su consentimiento a la adopción.

La persona que desee adoptar a un menor debe presentar la solicitud correspondiente ante el tribunal de familia. Para determinar la idoneidad de la adopción, el tribunal de familia lleva a cabo una investigación de la familia adoptante de conformidad con el procedimiento de adopción. El niño puede ser colocado en una familia adoptiva mediante resolución del tribunal de familia.

De acuerdo con los procedimientos y los casos previstos por la ley, se permite la adopción internacional con respecto a un país extranjero vinculado por el Convenio de la Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional, y por la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, con el que Letonia ha celebrado un tratado bilateral por el que se definan los detalles de la cooperación judicial mutua en el ámbito de la adopción internacional. Se puede proceder a la adopción internacional con respecto a un país extranjero una vez recibido el dictamen de la Comisión de Adopciones Internacionales en el que se concluya que el proceso de adopción internacional respeta los principios de la protección de los derechos del menor establecidos en dicho Derecho y que redunda en el interés superior del menor.