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Costas

Croacia

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Gastos de abogados

En virtud de la Ley de la profesión jurídica (Zakon oodvjetništvu) y de acuerdo con el ministro de Justicia, el Colegio de Abogados de Croacia (Hrvatska odvjetnička komora) elabora y adopta una tarifa de honorarios y reembolsos de gastos de abogados (Tarifa o nagradama i naknadi troškova rad odvjetnika). La tarifa determina el método de valoración, cálculo y pago de los servicios prestados por los abogados y los gastos que las partes están obligadas a pagar a un abogado o a un bufete de abogados por los servicios prestados en virtud de un poder de representación o decisión de la autoridad competente, de conformidad con la Ley de la profesión jurídica.

Los gastos de representación incluyen los servicios prestados por los abogados, el impuesto sobre el valor añadido y los gastos necesarios para la prestación de dichos servicios. Los gastos de representación corren a cargo del cliente (parte).

La tarifa de honorarios y reembolsos de gastos de abogados regula, en concreto, el reembolso de los gastos relacionados con los distintos tipos de procesos (procesos penales y leves, procesos civiles, etc.).

Los abogados están obligados a respetar la tarifa por cada servicio prestado y a emitir una factura a la parte.

La tarifa puede incrementarse en un 100 % si se requieren conocimientos técnicos y especializados específicos para un asunto concreto o si este es particularmente complejo o entraña un determinado riesgo de responsabilidad civil por los servicios prestados.

Se reconocen conocimientos técnicos y especializados específicos, en particular en litigios o procesos complejos o en trabajos sobre determinados tipos de contratos, en los que se requiere un conocimiento o un análisis del Derecho extranjero o de la literatura jurídica, o el estudio o la investigación de temas especializados en el ámbito de la ingeniería, la química, la tecnología, las ciencias naturales y físicas, la medicina, las ciencias sociales o el uso de una lengua extranjera, etc.

Teniendo en cuenta todas las circunstancias de los servicios prestados y los beneficios obtenidos por la parte, los abogados también pueden reducir determinadas tarifas a la mitad.

Según el Código Deontológico de la Abogacía (Kodeks odvjetničke etike) los abogados deben indicar al cliente un importe aproximado de los gastos de representación e informarle sobre la posibilidad de que los gastos que se le atribuyan y a cargo de la parte contraria sean inferiores al importe indicado en la factura del abogado.

Costas procesales penales

En el Código de Procedimiento Penal (Zakon o kaznenom postupku) [Narodne novine (NN; Diario Oficial de la República de Croacia) n.º 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13 y 145/13, 152/14 y 70/17, en lo sucesivo: el CPP de 2008] se establecen las costas procesales penales y se precisa que dichas costas deben entenderse como cualquier gasto que se efectúe en el proceso penal desde el momento en que se inicia hasta su conclusión, los gastos relacionados con la obtención de pruebas previas al proceso penal y los relativos a la prestación de asistencia jurídica gratuita. Las costas procesales penales incluyen lo siguiente:

  1. los gastos relacionados con testigos, peritos judiciales, intérpretes y otros profesionales; gastos por grabación técnica, transcripción de grabaciones sonoras e investigación in situ; gastos por copia o grabación de archivos o partes de estos;
  2. los gastos de transporte del demandado;
  3. los gastos relacionados con la comparecencia de la persona demanda o detenida;
  4. los gastos de transporte y viaje de cualquier persona que ejerza funciones públicas;
  5. los gastos médicos de una persona demandada que no tenga derecho a asistencia sanitaria durante su detención o prisión preventiva o en un centro médico por orden judicial, así como los gastos de parto;
  6. un importe a tanto alzado;
  7. los honorarios y gastos necesarios que efectúe el abogado defensor, los gastos necesarios que efectúen la acusación particular y la parte perjudicada en calidad de acusación y sus representantes legales, así como los honorarios y gastos necesarios de su apoderado;
  8. los gastos necesarios que efectúen la parte perjudicada y su representante legal, así como los honorarios y gastos necesarios de su apoderado.

Las costas a que se refiere el apartado 2, puntos 1 a 5, del presente artículo, con excepción de las sufragadas por cualquier autoridad financiada con cargo al presupuesto del Estado y de los gastos necesarios que efectúen el abogado defensor y el apoderado designado para la parte perjudicada que actúe en calidad de acusación en un proceso penal enjuiciable de oficio, deben cubrirse con cargo a los recursos de la autoridad responsable del proceso penal y recuperarse, posteriormente, de las personas obligadas a cubrirlos.

Las costas procesales penales enumeradas en los puntos 1 a 5 deben cubrirse con cargo a los recursos de la autoridad encargada de la instrucción del proceso y recuperarse, posteriormente, de las personas obligadas a cubrirlos, con excepción de los gastos que efectúe cualquier autoridad financiada con cargo al presupuesto del Estado y de los gastos necesarios que efectúe el abogado defensor y el apoderado designado para la parte perjudicada que actúe en calidad de acusación en un proceso penal enjuiciable de oficio.

Independientemente del resultado de los procesos penales, los demandados, las partes perjudicadas, las partes perjudicadas que actúen en calidad de acusación, la acusación particular, los abogados defensores, los representantes legales, los apoderados, los testigos, los peritos judiciales, los intérpretes y los profesionales corren con los gastos de su comparecencia, cualquier retraso en la práctica de pruebas o las vistas y otros gastos del proceso de los que sean responsables, así como una parte del importe a tanto alzado.

Los demandados declarados culpables son condenados por el órgano jurisdiccional a cubrir las costas procesales penales, a menos que puedan acogerse a una exención total o parcial. Si varios demandados son declarados culpables, cada uno de ellos es condenado por el órgano jurisdiccional a cubrir la proporción adecuada de las costas o, si ello resulta imposible, es condenado solidariamente en costas.

En su resolución sobre las costas, el órgano jurisdiccional puede eximir al demandado de su obligación de cubrir total o parcialmente lo siguiente: los gastos relacionados con testigos, peritos judiciales, intérpretes y otros profesionales; los gastos por grabación técnica, transcripción de grabaciones sonoras e investigación in situ; los gastos por copia o grabación de archivos o partes de ficheros; los gastos de transporte del demandado; los gastos relacionados con la comparecencia de la persona demandada o detenida; los gastos de transporte y viaje de cualquier persona que ejerza funciones públicas; los gastos médicos de una persona demandada que no tenga derecho a asistencia sanitaria durante su detención o prisión preventiva o en un centro médico por orden judicial, así como los gastos de parto; un importe a tanto alzado, así como los honorarios y los gastos necesarios del abogado defensor designado. Si estas circunstancias se determinan después de que se haya dictado una resolución sobre las costas, el presidente de la sala (predjednik vijeća) puede dictar una resolución especial por la que se exima al demandado de su obligación de cubrir las costas procesales penales. El órgano jurisdiccional puede solicitar al demandado que presente un certificado, expedido por la administración tributaria, que acredite su situación económica y sus ingresos.

No obstante, si diez años después de la fecha en que la resolución sobre las costas procesales penales adquiera carácter firme, se descubre que las circunstancias económicas de una persona condenada implican que puede cubrir total o parcialmente las costas procesales penales, incluidos los honorarios del abogado defensor designado, a propuesta del fiscal general (državni odvjetnik), el presidente de la sala puede ordenar al condenado, una vez que haya respondido a la propuesta, que cubra total o parcialmente dichas costas.

El demandado no está obligado, en virtud del CPP de 2008, a cubrir en todo caso las costas procesales. Si se suspende el proceso penal o se dicta sentencia de absolución del demandado o se desestima la acusación, las costas procesales penales y los gastos necesarios en que haya incurrido el demandado, así como los honorarios del abogado defensor, deben correr a cargo del presupuesto del Estado.

La acusación particular y la parte perjudicada, en calidad de acusación, deben cubrir las costas procesales penales, los gastos necesarios que efectúe el demandado y los honorarios y gastos necesarios que efectúe su abogado defensor si el proceso finaliza mediante una sentencia de absolución o de desestimación de la acusación, o mediante una resolución de suspensión del proceso, a menos que ya se haya suspendido el proceso con anterioridad, o si se dicta una sentencia desestimatoria de la acusación por fallecimiento del demandado o porque la acción penal haya prescrito por retrasos en el procedimiento que no se deban a la parte perjudicada que actúe en calidad de acusación o a la acusación particular. Si el proceso se suspende por desistir de cargos o por desistir de la acusación, el demandado y la acusación particular o la parte perjudicada, en calidad de acusación, pueden llegar a un acuerdo sobre sus respectivas costas. Si hay varias acusaciones particulares o partes perjudicadas en calidad de acusación, todas ellas deben cubrir solidariamente las costas.

Reglamentos relativos a las costas procesales: base jurídica

La información sobre las costas procesales penales está disponible en el título X, artículos 145 a 152, del CPP de 2008, la Ley de la profesión jurídica, latarifa de honorarios de abogados y reembolsos de gastos, y laLey de tasas judiciales (Zakon o sudskim pristojbama) [debe pagarse una tasa judicial de 250,00 kunas (HRK) si el proceso penal se inicia por acusación particular].

Información en línea relativa a las costas procesales

Todos estos actos están disponibles en el Boletín Oficial de la República de Croacia, Narodne novine, o en el sitio web del Colegio de Abogados de Croacia.

Impuesto sobre el Valor Añadido

Dado que los abogados están sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), sus servicios también están sujetos a esta obligación tributaria. El IVA se recauda a un tipo del 25 % por cada factura emitida por un abogado. Cabe señalar que los cuadros especificados en la tarifa de honorarios y reembolsos de gastos de abogados no incluyen el IVA, que se aplica en la facturación.

Costas procesales por delitos leves

Las costas procesales por delitos leves incluyen lo siguiente:

  • los gastos que efectúe el órgano de la administración del Estado como fiscal autorizado por la identificación de un delito menos grave o mediante medios técnicos o mediante la realización de los análisis y exámenes periciales necesarios;
  • todos los gastos del órgano jurisdiccional pagados de forma anticipada con cargo al presupuesto del Estado durante la instrucción del proceso (gastos relacionados con testigos, peritos judiciales, intérpretes y otros profesionales; gastos por grabación técnica, transcripción de grabaciones sonoras e investigación in situ; los gastos relacionados con la comparecencia de la persona demandada o detenida; los gastos de viaje y retribuciones de cualquier persona que ejerza funciones públicas, etc.);
  • un importe a tanto alzado de las costas procesales por delitos leves:

a) que efectúen las autoridades encargadas de la instrucción del proceso;

b) que efectúe el tribunal municipal (općinski sud) que se pronuncie sobre la oposición una orden por delitos leves obligatoria;

c) que efectúe el Tribunal Superior de Delitos Leves (Visoki prekršajni sud) de Croacia al dictar su resolución definitiva sobre la responsabilidad por delitos leves del demandado, si pronuncia sobre un recurso interpuesto tanto por el fiscal como por el demandado, o sobre un recurso interpuesto únicamente por el demandado;

  • los gastos médicos de una persona demandada que no tenga derecho a asistencia sanitaria durante su prisión preventiva o detención en un centro médico por resolución judicial;
  • los gastos de viaje del demandado;
  • los gastos necesarios que efectúen la parte perjudicada y la parte perjudicada en calidad de acusación, así como sus representantes legales y apoderados;
  • los gastos y honorarios necesarios que se abonen al abogado defensor del demandado.

El importe a tanto alzado se determina dentro de los límites fijados por un reglamento específico, teniendo en cuenta la complejidad y la duración del proceso y las circunstancias económicas del demandado.

El órgano jurisdiccional recupera posteriormente las costas procesales pagadas por adelantado con cargo al presupuesto del Estado por parte del demandado o de otras personas que deban cubrirlos de conformidad con lo dispuesto en el Derecho croata.
El órgano jurisdiccional lleva una lista separada de todos los gastos en que haya incurrido el órgano de la administración del Estado en calidad de fiscal autorizado por la identificación de un delito menos grave mediante medios técnicos o la realización de los análisis y exámenes periciales necesarios; todos los gastos del órgano jurisdiccional pagados de forma anticipada con cargo al presupuesto del Estado durante la instrucción del proceso (gastos relacionados con testigos, peritos judiciales, intérpretes y otros profesionales; investigación in situ; los gastos relacionados con la comparecencia del demandado u otras personas; los gastos de viaje y retribuciones de cualquier persona que ejerza funciones públicas, etc.); y los gastos médicos de una persona demandada que no tenga derecho a asistencia sanitaria durante su prisión preventiva o detención en un centro médico por resolución judicial;.

La persona que solicite el reembolso de tales gastos debe presentar ante el órgano jurisdiccional una especificación de los costes, junto con la información y las pruebas necesarias de los costes incurridos.

Los costes de interpretación en lenguas minoritarias de Croacia derivados de la aplicación de las disposiciones de la Constitución y de la Ley sobre los derechos de las minorías nacionales a utilizar su lengua y escritura en la República de Croacia (Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj) no deben imputarse a las personas que, en virtud de dicha Ley, deban pagar las costas procesales.
El ministro de Justicia dicta resoluciones en las que se destalla el reembolso de las costas procesales por delitos leves.

La cuestión relativa a quién debe pagar las costas y a la deliberación sobre las costas procesales se regula en los artículos 139 y 140 de la Ley de delitos leves (Prekršajni zakon); (NN n.º 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 y 118/18).

Costas procesales civiles

Las costas procesales civiles incluyen los gastos admisibles en que se incurra durante el procedimiento o a efectos de este. Determinadas costas, como las tasas judiciales, están relacionadas con el funcionamiento de la autoridad responsable de instruir el proceso; otros gastos, como los honorarios de peritos o los servicios de interpretación, se refieren a los costes que deben pagarse al perito o al intérprete judiciales. Las costas procesales civiles incluyen también los gastos de desplazamiento y estancia y las pérdidas de ingresos reembolsadas al testigo. Sin embargo, la mayor parte corresponde a los gastos de representación incurridos por los abogados que representas a las partes.

La mayoría de las disposiciones relativas a las costas procesales civiles pueden encontrarse en el Código de Procedimiento Civil (Zakon o parničnom postupku), en particular las costas derivadas de la práctica de pruebas (artículo 168 del Código de Procedimiento Civil), las costas por la presentación de una solución amistosa de litigios en las demandas por daños y perjuicios o los gastos que efectúe una parte que tiene la intención de ejercitar una acción civil para proteger sus derechos individuales. Sin embargo, antes de ello, debe solicitar una solución amistosa del litigio [artículo 186, letra a), del Código de Procedimiento Civil].

Por regla general, estas costas corren a cargo de la parte que presenta la demanda, pero pueden ser reembolsadas posteriormente como parte de las costas procesales, en función de su éxito en el litigio.

Los gastos efectuados en el marco del proceso civil se refieren a los gastos necesarios para probar determinados hechos (gastos relativos a la presentación de pruebas o la comparecencia de testigos) y a los gastos de representación.

El reembolso de todas estas costas por la parte contraria depende del éxito del proceso. En principio, cada parte reúne previamente los gastos que efectúa como consecuencia de sus actuaciones (artículo 152 del Código de Procedimiento Civil), mientras que la parte vencedora del litigio tiene derecho al reembolso íntegro de las costas procesales (artículo 154 del Código de Procedimiento Civil). Sin embargo, también debe tenerse en cuenta si estas costas eran necesarias a efectos del litigio, ya que la parte tiene derecho a obtener únicamente el reembolso de dichas costas (artículo 155 del Código de Procedimiento Civil).

El órgano jurisdiccional puede decidir que cada parte soporte sus propias costas cuando su resultado sea parcial u ordene que una de las partes reembolse una parte proporcional de las costas a la otra parte y a la parte coadyuvante.

El órgano jurisdiccional puede decidir que una parte abone la totalidad de las costas que haya efectuado la parte contraria y su coadyuvante si la parte contraria no logra tan solo una parte relativamente menor de su demanda, lo que no da lugar a costas específicas.

Los dos principios básicos en los que se basa una resolución sobre las costas procesales civiles son el principio de éxito (causae) y el principio de culpabilidad (culpe).

Una parte que incurra en costas por su propia culpa o por un hecho que le haya sucedido no tiene derecho a que la parte contraria le reembolse las costas, independientemente del resultado del litigio (artículo 156 del Código de Procedimiento Civil).

El derecho al reembolso de las costas en caso de desistimiento o litigio con varias partes, o si se alcanza una transacción judicial, está regulado en el artículo 158, apartado 1, y los artículos 159, 161 y 324 del Código de Procedimiento Civil.

Las costas procesales civiles, así como las tasas judiciales, se determinan en función del valor del objeto del litigio en el momento de ejercitar una acción judicial determinada, y no en función de su valor en el momento de la conclusión de la vista. Además, las costas procesales civiles se determinan proporcionalmente al éxito en relación con el valor del objeto del litigio en el momento de la conclusión de la vista.

La obligación de pagar tasas judiciales se rige por la Ley de tasas judiciales.

Una parte de un procedimiento judicial puede ejercer el derecho a la exención del pago de las costas procesales y el derecho a la asistencia jurídica gratuita en la forma y las condiciones establecidas en los reglamentos específicos relativos a la asistencia jurídica gratuita (artículo 172 del Código de Procedimiento Civil).

El órgano jurisdiccional decide sobre el reembolso de las costas, a instancias de una solicitud de condena en costas concreta presentada por la parte, sin celebrar vista. En la solicitud, la parte debe especificar las costas para las que pide el reembolso. La parte debe presentar una solicitud de condena en costas a más tardar al término de la vista oral que preceda a las deliberaciones sobre las costas. No obstante, si dicha resolución se dicta sin celebrar vista oral previa, la parte debe incluir una solicitud de condena en costas en la demanda para que el órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. El órgano jurisdiccional debe pronunciarse sobre la solicitud de condena en costas en una sentencia u auto a la conclusión del procedimiento ante dicho órgano jurisdiccional (artículo 164 del Código de Procedimiento Civil).

La resolución sobre las costas contenida en la sentencia solo puede impugnarse mediante demanda contra el auto, a menos que la resolución sobre el asunto principal se impugne de forma simultánea (artículo 167 del Código de Procedimiento Civil).

Costes del procedimiento de ejecución

Las costas del procedimiento de ejecución consisten en los gastos que efectúen las partes, el órgano jurisdiccional y el resto de participantes en el procedimiento de ejecución, derivados o relacionados con el dicho procedimiento.

La Ley de ejecución (Ovršni zakon) contiene relativamente pocas disposiciones sobre las costas de tales procedimientos. Solo un artículo se refiere exclusivamente al reembolso de las costas del procedimiento de ejecución (artículo 14 de la Ley de ejecución). En él, se determina el pago anticipado de las costas procesales, las consecuencias del incumplimiento por las partes de la obligación de pago anticipado de las costas y la aplicación de estas disposiciones en los procedimientos de caución.

La Ley de ejecución no recoge disposiciones por las que se permita a un órgano jurisdiccional ordenar el reembolso de las costas. En cambio, de conformidad con el artículo 21, apartado 1, de la Ley de ejecución, se aplican en consecuencia las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

De conformidad con la Ejecución de fondos monetarios (Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima) de 1 de enero de 2011, la Agencia Financiera (FINA) croata se encarga de la ejecución de los fondos monetarios de las entidades empresariales y los ciudadanos, contra todas sus cuentas y depósitos a plazo en todos los bancos, con arreglo al número de identificación personal del deudor de ejecución, sin su consentimiento.

De conformidad con el artículo 8 de las Normas sobre los tipos y el importe de las tasas por los servicios establecidos en la Ley de ejecución de fondos monetarios (Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima), la dirección de la FINA determina el importe de las tasas que figuran en la lista de precios de dichas normas que, a su vez, aprueba el ministro de Hacienda. En el sitio web de la FINA, puede descargarse un extracto de la lista de precios de los servicios de la agencia en virtud de la Ley de ejecución de fondos monetarios.

Las costas procesales relativas a la atribución y aplicación de la ejecución y la caución deben pagarse por adelantado por parte del acreedor o embargante de ejecución. El acreedor o embargante de ejecución debe pagar por adelantado las costas procesales en el plazo que establezca el órgano jurisdiccional.

En el caso de la ejecución de bienes muebles, el órgano jurisdiccional debe ordenar al acreedor de ejecución que pague por adelantado los gastos necesarios para llevar a cabo determinadas actuaciones de ejecución (actuaciones del agente judicial de ejecución a efectos de embargo y evaluación, decomiso, devolución y entrega de bienes muebles a la custodia del órgano jurisdiccional, del acreedor de ejecución o de un tercero) en un plazo determinado. El acreedor de ejecución no tiene derecho a recurrir dicha resolución y está obligado a cumplirla. Las costas se pagan por adelantado a la cuenta de depósito del órgano jurisdiccional.

Si el acreedor o embargante de ejecución no cumple la resolución del órgano jurisdiccional de pagar por adelantado las costas en el plazo que establezca dicho órgano jurisdiccional y no se puede proceder a la ejecución o caución sin su pago, el órgano jurisdiccional suspenderá la ejecución. Si las costas necesarias para ejercitar una determinada acción que no es esencial para la ejecución no se pagan por adelantado en el plazo que establezca el órgano jurisdiccional, no se ejercitará la acción (artículo 14, apartado 2, de la Ley de ejecución).

En el caso de la ejecución de bienes inmuebles, una de las acciones de ejecución consiste en determinar el valor del bien inmueble. Esto se hace mediante una resolución del órgano jurisdiccional a su discreción tras una vista en la que las partes tienen la oportunidad de presentar sus declaraciones al respecto y las pruebas correspondientes (artículo 92, apartado 1, de la Ley de ejecución). No obstante, cualquiera de las partes también puede proponer que el valor del bien inmueble se determine mediante tasación pericial elaborada por un perito judicial competente. En tal caso, dicha parte debe pagar por adelantado el coste de la tasación pericial.

Además de las disposiciones generales relativas al reembolso de las costas del procedimiento de ejecución, la Ley de ejecución contiene, en la parte sobre la ejecución de bienes inmuebles, disposiciones relativas a las costas procesales que determinan la resolución de la transacción en el reparto del precio de compra.

El producto de la venta debe cubrir principalmente los costes de los procedimientos de ejecución respecto a las tasas judiciales y los anticipos pagados por ejercitar acciones de ejecución, así como los impuestos y otros gravámenes devengados el año anterior y cargados al bien vendido. Estas costas tienen prioridad sobre todos los demás créditos, tanto de las partes como de los demás participantes en el procedimiento (artículo 113, apartado 1, punto 1, de la Ley de ejecución).

Por lo que se refiere a la situación jurídica del embargante en caso de ejecución de un bien inmueble, la jurisprudencia demuestra que, además de las partes, el embargante también tiene derecho al reembolso de las costas procesales.

La ejecución de bienes inmuebles requiere la intervención de un agente judicial de ejecución, que tiene derecho al reembolso de las costas. En este caso, se aplican las disposiciones del Código de Procedimiento Civil sobre el reembolso de las costas (el artículo 155 del Código de Procedimiento Civil prevé el reembolso de las costas, y el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil establece las modalidades de reembolso de las costas procesales).

Dado que la Ley de ejecución no contiene ninguna disposición sobre la forma de decidir sobre las costas procesales o sobre el importe de estas mismas, las autoridades que deciden sobre las costas aplican las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil que especifican que, al decidir sobre qué costas deben reembolsarse a una parte, el órgano jurisdiccional solo debe tener en cuenta las costas necesarias para el desarrollo del procedimiento. El órgano jurisdiccional decide los gastos necesarios y el importe de las costas examinando cuidadosamente todas las circunstancias, teniendo en cuenta, en particular, las normas del Código de Procedimiento Civil relativas al procedimiento preparatorio de la vista principal, que incluye observaciones escritas, una vista preparatoria y una vista principal (artículo 155 del Código de Procedimiento Civil).

Además de los gastos de representación del acreedor de ejecución por parte de un abogado, en caso de ejecución sobre la base de un documento público con fuerza ejecutiva, el acreedor de ejecución también tiene derecho al reembolso de los gastos notariales.

En las Normas relativas a los honorarios y el reembolso de los gastos de los notarios en los procedimientos de ejecución (Pravilnik o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku) se especifica que el acreedor de ejecución debe pagar de forma anticipada los costes de las actuaciones de los notarios para la recepción de las solicitudes de ejecución. Si el acreedor de ejecución no cumple la resolución del órgano jurisdiccional de pagar las costas por adelantado, se suspende el procedimiento de ejecución (artículo 14, apartado 2, de la Ley de ejecución).

El hecho de que los bienes muebles no puedan venderse en subastas y de que la demanda del acreedor de ejecución no haya sido satisfecha no significa que el acreedor de ejecución no haya incurrido en gastos necesarios para el procedimiento de ejecución.

Los gastos de iniciación del procedimiento de oficio corren a cargo del órgano jurisdiccional con cargo a sus propios recursos. La Ley de ejecución prevé la posibilidad de incoar de oficio un procedimiento de ejecución, siempre que así lo disponga expresamente la ley.

Los notarios que aplican la ejecución en virtud de documentos públicos con fuerza ejecutiva soportan determinados costes, como honorarios notariales o gastos materiales que pueden estar relacionados con los costes de entrega o los servicios postales, o el coste material del papel, etc., así como los relacionados con la redacción de la propuesta de ejecución, si la realiza un abogado. El acreedor de ejecución debe pagar por adelantado estos gastos.

Los órganos jurisdiccionales son los encargados de aplicar la ejecución en virtud de un título ejecutivo. En este caso, las costas que debe pagar el acreedor de ejecución por adelantado consisten en tasas judiciales, así como en gastos relacionados con la preparación de las propuestas de ejecución por parte de los abogados.

El deudor o embargado debe reembolsar los gastos necesarios para los procedimientos de ejecución o caución al acreedor o embargante de ejecución (artículo 14, apartado 4, de la Ley de ejecución). Esta disposición legal constituye la base para decidir sobre las costas procesales.

Cuando se adopta una resolución sobre los gastos necesarios [sobre la base] de la orden de ejecución en virtud de un documento público con fuerza ejecutiva o de una petición transmitida al órgano jurisdiccional competente para que se pronuncie sobre el asunto y se dicte la resolución a las partes, el acreedor de ejecución tiene derecho al reembolso de la tasa notarial pagada en un importe único, en función del importe demandado, y también tiene derecho a percibir el IVA sobre dicho importe.

Los casos en los que el acreedor de ejecución no tiene derecho al reembolso de las costas procesales están regulados por el artículo 39, apartado 1, puntos 2 y 3, y el artículo 72, apartado 1, de la Ley de ejecución.

El acreedor de ejecución tiene derecho al reembolso de las costas que se le hayan ocasionado por culpa de la parte contraria o por un hecho que haya ocurrido a esta última, con independencia del resultado del procedimiento (artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, aplicable de conformidad con el artículo 21, apartado 1, de la Ley de ejecución). Esta disposición es coherente con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil relativas al reembolso de las costas procesales en virtud del principio de culpabilidad.

Sin embargo, el deudor de ejecución (o embargado) también tiene derecho al reembolso de las costas procesales causadas indebidamente por el acreedor de ejecución (artículo 14, apartado 5, de la Ley de ejecución).

La solicitud de reembolso de costas debe presentarse a más tardar treinta días después de la fecha de conclusión del procedimiento (artículo 14, apartado 6, de la Ley de ejecución). La resolución sobre la solicitud de reembolso de costas procesales se dicta como parte integrante de la orden de ejecución o como auto separado que, en caso de que adquiera carácter definitivo, constituye un título ejecutivo en virtud del cual puede solicitarse la ejecución en otro procedimiento de ejecución.

Legislación relativa a las costas de los procedimientos civiles y de ejecución:

Código de Procedimiento Civil (NN n.º 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 y 89/14).

Ley de ejecución (NN n.º 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 y 73/17).

Ley de ejecución de fondos monetarios (NN n.º 91/10 y 112/12).

Ley de tasas judiciales (NN n.º 118/18).

Ley de asistencia jurídica gratuita (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći) (NN n.º 143/13).

Tarifa de honorarios y reembolsos de gastos de abogados (NN n.º 142/12, 103/14, 118/14 y 107/15).

Normas sobre tarifas temporales de los notarios (Pravilnik o privremenoj javnobilježničkoj tarifi) (NN n.º 38/94, 82/94, 52/95 y 115/212).

Normas relativas a los honorarios y el reembolso de los gastos de los notarios en los procedimientos de ejecución (NN n.º 8/11 y 114/12).

Normas sobre la remuneración y el reembolso de los gastos de los notarios que actúan como administradores judiciales designados (Pravilnik o visini nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u ostavinskom postupku) (NN n.º 135/03).

Normas sobre la tarifa de reembolso de gastos y remuneración de los servicios de comisionistas acreditados (Pravilnik o tarifi za naknadu troškova i nagradu za obavljanje javne komisione djelatnosti) (NN n.º 115/12).

Normas sobre los tipos y el importe de las tasas por la venta de bienes muebles e inmuebles en el marco de un procedimiento de ejecución (Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku) (NN n.º 156/14).

Normas sobre los tipos y el importe de las tasas por los servicios establecidos en la Ley de ejecución de fondos monetarios (NN n.º 105/10, 124/11, 52/12 y 6/13).

Normas relativas a los honorarios por el ejercicio de las funciones oficiales fuera de los locales del órgano jurisdiccional (Pravilnik o naknadama za obavljanje službenih radnji izvan zgrade suda) (NN n.º 38/14).

Todos estos actos y reglamentos están disponibles en el Boletín Oficial de la República de Croacia (Narodne novine) o en el sitio web de las cámaras profesionales y la FINA.

Última actualización: 14/12/2021

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