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Notificación de documentos: transmisión oficial de documentos jurídicos

Portugal
Contenido facilitado por
European Judicial Network
Red Judicial Europea (en materia civil y mercantil)

1 ¿Qué quiere decir en la práctica «notificación y traslado de documentos»? ¿Por qué hay normas específicas para la notificación y el traslado de documentos»?

La citación (citação) es el acto por el que se comunica a una persona (encausado, demandado o ejecutado) que se ha ejercitado una acción judicial contra ella. Se utiliza como primer llamamiento para que comparezca y se defienda. La citación se utiliza también como primer llamamiento para que comparezcan personas con interés en el proceso, que no hubieran intervenido en este inicialmente, a fin de que intervengan junto con el demandante o el demandado (artículo 219, apartado 1, del Código Procesal Civil).

Al margen de los supuestos mencionados, se emplea la notificación (notificação) para citar a una persona a fin de que comparezca en sede judicial o para informarle de un hecho [artículo 219, apartado 2, del Código Procesal Civil (Código de Processo Civil)].

En el Código Procesal Civil portugués hay reglas específicas que disponen cómo deben efectuarse las citaciones y las notificaciones, y que especifican la información que debe comunicarse en relación con los destinatarios, la naturaleza de los hechos que deben comunicarse y el propósito de la comunicación (libro II, título I, capítulo II, sección II, del Código Procesal Civil). Estas reglas tienen como objeto asegurar que la información realmente llega al destinatario y, si este es parte en el proceso, garantizar el derecho de defensa.

2 ¿Qué documentos deben ser notificados y trasladados de forma oficial?

Se incluyen en las citaciones:

  • el duplicado del escrito de demanda, con el que el demandante ejerce la acción, y copias de los documentos adjuntos, que se trasladan al demandado (artículo 227, apartado 1, del Código Procesal Civil);
  • la indicación de que la persona destinataria ha sido citada en dicho proceso (artículo 227, apartado 1, del Código Procesal Civil);
  • la indicación del órgano jurisdiccional, sección y sala, que sustancie el proceso, del plazo de presentación del escrito de contestación y de la necesidad de nombrar un representante si es obligatorio (artículo 227, apartados 1 y 2, del Código Procesal Civil);
  • una advertencia sobre las consecuencias de no presentar un escrito de contestación a la demanda (artículo 227, apartado 2, del Código Procesal Civil).

Son objeto de notificación y traslado:

  • los autos y las sentencias (artículo 220, apartado 1, del Código Procesal Civil);
  • los escritos presentados por las partes, los requerimientos y los documentos que obren en autos y el plazo para que las partes realicen actuaciones derivadas del principio contradictorio (artículo 220, apartado 2, del Código Procesal Civil);
  • la citación de una parte, testigo, perito, asesor técnico o abogado para que estén presentes en una actuación judicial (artículo 220, apartado 1, del Código Procesal Civil);
  • las solicitudes de dictámenes periciales, de práctica de otras pruebas o de información a entidades que tengan el deber de colaborar con el órgano jurisdiccional (artículo 220, apartado 2, del Código Procesal Civil).

3 ¿Quién es competetente para la notificación y el traslado de un documento?

En los procesos en curso, las citaciones, notificaciones y traslados pueden efectuarse, por lo general, por un agente judicial, un agente de ejecución o el procurador de una de las partes, dependiendo del caso (véase la respuesta a la pregunta 5).

En los procesos de inventario notarial, los notarios pueden efectuar las citaciones, notificaciones y traslados [artículo 2, apartados 1 y 3, del Régimen del inventario notarial (Regime do Inventário Notarial), aprobado como anexo de la Ley n.º 117/2019, de 13 de septiembre].

En determinados supuestos contemplados en el artículo 9, apartado 7, letra b), del Nuevo régimen del arrendamiento urbano (Novo Regime do Arrendamento Urbano o NRAU), la notificación y el traslado pueden ser efectuados por abogado o agente de ejecución antes incluso de que se haya incoado el proceso.

En los procedimientos de jurisdicción voluntaria de competencia del Registro Civil, el encargado de este puede efectuar las citaciones, notificaciones y traslados, especialmente en materia de familia y menores (artículo 5, apartado 1, y artículo 7 del Decreto-ley por el que se transfiere la competencia de determinados procedimientos al Ministerio Fiscal y a las oficinas del Registro Civil).

4 Preguntas relativas a la dirección:

4.1 De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1393/2007 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, ¿puede la autoridad requerida en este Estado miembro, por iniciativa propia, tratar de determinar la localización del destinatario de los documentos que deben ser notificados y trasladados si el destinatario ya no reside en la dirección conocida por la autoridad peticionaria?

En virtud del Derecho portugués, es deber de los funcionarios judiciales practicar, de oficio, todas las diligencias necesarias para citar a una persona (artículo 226, apartado 1, del Código Procesal Civil).

Si pese a ello no se consigue realizar la citación, los funcionarios judiciales deben consultar la información disponible en formato electrónico de otros servicios de la Administración para averiguar si se ha producido un cambio de domicilio y hallar la residencia actual de la persona que debe ser citada (artículo 236, apartado 1, del Código Procesal Civil).

La misma regla se aplica en determinados casos, expresamente contemplados en la ley, de notificación personal de las partes o de sus representantes.

Los agentes de ejecución también pueden consultar determinadas bases de datos de los servicios de la Administración en las que pueden averiguar, por ejemplo, el domicilio fiscal del ejecutado cuando se trata de un proceso de ejecución (artículo 749, apartados 1 a 4, del Código Procesal Civil y artículo 2, apartado 1, del Decreto que regula la identificación del ejecutado y de los bienes embargables y la citación de instituciones públicas).

En cualquier caso, la consulta de bases de datos está sujeta a autorización judicial previa.

En virtud del Derecho portugués, cuando una parte alega de manera justificada tener grandes dificultades para conseguir información —especialmente, la relativa al cambio de domicilio de la persona que debe ser citada o notificada— y ello repercute en el ejercicio efectivo de un derecho o el cumplimiento de una obligación o una carga procesal, el órgano jurisdiccional puede ordenar a cualesquiera personas o entidades que colaboren a fin de que consiga dicha información. Independientemente de si se trata o no de partes en un proceso, esas personas o entidades tienen la obligación de colaborar con el órgano jurisdiccional proporcionando la información que se les solicita (artículo 417, apartado 1, del Código Procesal Civil).

4.2 ¿Tienen las autoridades judiciales extranjeras y/o las partes de un proceso judicial acceso a los registros o servicios en este Estado miembro que permitan averiguar la dirección actual de una persona? En caso afirmativo, ¿qué registros o servicios existen y qué procedimiento se debe seguir? ¿Es necesario abonar una tasa para utilizarlos? Si es así, ¿a cuánto asciende dicha tasa?

No. Esta posibilidad solo existe en relación con las entidades y autoridades nacionales mencionadas en la respuesta a la pregunta 4.1.

4.3 ¿Cómo gestionan las autoridades de este Estado miembro una petición destinada a averiguar la dirección actual de una persona y enviada de acuerdo con el Reglamento del Consejo (CE) nº 1206/2001, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil?

Los órganos jurisdiccionales consultan las bases de datos de otros servicios de la Administración y, si esto resulta insuficiente, ordenan a otras personas o entidades o incluso a las autoridades policiales que averigüen y/o proporcionen información sobre la residencia actual de una persona, tal como se ha mencionado en la respuesta a la pregunta 4.1.

5 ¿Cómo se realiza la notificación y el traslado de un documento en la práctica? ¿Hay otros métodos alternativos que puedan ser utilizados (aparte de la notificación y el traslado sustitutivos a los que se hace referencia a continuación en el apartado 6)?

Las diferentes formas mediante las que se puede efectuar una citación, una notificación o un traslado se indican a continuación. Los supuestos en que procede la citación, la notificación y el traslado ya han sido indicados en la respuesta a la pregunta 1.

Citación

La citación puede ser personal o edictal. Cualquiera de estas formas puede estar dirigida a personas físicas (artículo 225, apartado 1, del Código Procesal Civil) o jurídicas. El régimen de la citación de personas físicas se aplica, mutatis mutandis, a las personas jurídicas, a menos que algún aspecto de la citación de personas jurídicas esté regulado de manera específica, en cuyo caso es de aplicación dicha normativa específica (artículo 246, apartado 1, del Código Procesal Civil).

Citación personal

En la práctica, la citación personal puede efectuarse:

  • mediante transmisión electrónica de datos, por ejemplo, al Ministerio Fiscal, cuando este sea la parte principal de la acción judicial [artículo 225, apartado 2, letra a), del Código Procesal Civil];
  • por correo postal, en forma de carta con acuse de recibo dirigida al domicilio o al lugar de trabajo del destinatario, cuando se trate de una persona natural, o a la sede social inscrita en el Registro Nacional de Personas Jurídicas (Registo Nacional de Pessoas Colectivas), cuando se trate de una persona jurídica [artículo 225, apartado 2, letra b), y artículo 246, apartado 2, del Código Procesal Civil];
  • en persona por medio de agente de ejecución, cuando la citación por correo postal resulte imposible o cuando el actor así lo solicite en la demanda [artículo 225, apartado 2, letra c), del Código Procesal Civil];
  • en persona por medio de funcionario judicial, si el actor así lo solicita en la demanda y abona una tasa por ello [artículo 225, apartado 2, letra c), del Código Procesal Civil];
  • mediante procurador (artículo 225, apartado 3, del Código Procesal Civil):
    • el procurador debe comunicar en el escrito de demanda que efectuará la citación él mismo, mediante otro procurador o mediante un solicitador (artículo 237, apartado 2, del Código Procesal Civil);
    • el procurador puede solicitar que la citación se efectúe en una fecha posterior si cualquier otra forma de citación resulta imposible (artículo 237, apartado 2, del Código Procesal Civil);
    • es de aplicación a la citación mediante procurador el régimen de la citación por medio de agente de ejecución o funcionario judicial (artículo 237, apartado 1, del Código Procesal Civil).

La citación en persona puede efectuarse:

  • ante el destinatario;
  • ante persona distinta del destinatario, que queda obligada a comunicar el contenido de la citación a este cuando la ley así lo disponga (artículo 225, apartado 4, del Código Procesal Civil);
  • ante el representante del destinatario que cuente con un poder otorgado por el poderdante como máximo hace cuatro años que lo faculte específicamente para recibir la citación (artículo 225, apartado 4, del Código Procesal Civil);
  • ante el curador provisional del destinatario nombrado por el órgano jurisdiccional cuando el agente de ejecución o el funcionario judicial tenga conocimiento de que el destinatario no puede recibir la citación por su incapacidad de hecho (trastorno psíquico conocido u otra causa de incapacidad de hecho, temporal o permanente) (artículo 234, apartado 3, del Código Procesal Civil).

Citación edictal

En la práctica, la citación edictal puede efectuarse:

  • cuando el destinatario está ausente y no se le puede encontrar;
  • cuando no se conoce la identidad del destinatario que debe ser citado

(artículo 225, apartado 6, del Código Procesal Civil).

La citación edictal se efectúa mediante:

  • la colocación de un edicto en la puerta del último domicilio o sede social en Portugal del destinatario que se conozca (artículo 240, apartado 2, del Código Procesal Civil),
  • seguida de la publicación de un anuncio en una página web de acceso público prevista por ley (artículo 240, apartado 1, del Código Procesal Civil y artículo 24 del Decreto que regula la tramitación electrónica de los procesos judiciales).

Notificación

Durante los procesos, la notificación y el traslado pueden efectuarse de una de las maneras siguientes:

  • la notificación y el traslado a las partes que nombren un procurador y/o solicitador se realiza a estas personas, tal como se describe en la respuesta a la pregunta 6 (artículo 247, apartado 1, del Código Procesal Civil);
  • la notificación que tenga como fin citar a una parte para que comparezca y realice una determinada actuación se efectúa por correo certificado (además de la notificación al representante conforme a lo descrito en la respuesta a la pregunta 6) (artículo 247, apartado 2, del Código Procesal Civil);
  • la notificación y el traslado a las partes que no nombren un representante se realizan a la propia parte por carta certificada dirigida a su domicilio, sede social o residencia elegida con este fin (artículo 249, apartado 1, del Código Procesal Civil);
  • además, el traslado de la resolución final se realiza siempre a las partes por carta certificada dirigida a su domicilio, sede social o residencia elegida con este fin (artículo 249, apartado 5, del Código Procesal Civil);
  • las notificaciones que tengan como fin citar a testigos, peritos u otras personas con una intervención incidental para que comparezcan ante el órgano jurisdiccional se efectúan por correo certificado (artículo 251, apartado 1, del Código Procesal Civil);
  • cuando una parte se compromete a que una persona comparezca, no se efectúa notificación alguna, pero la parte puede solicitar que la secretaría del órgano jurisdiccional le entregue las notificaciones relativas a la persona que se compromete a que comparezca (artículo 251, apartado 2, del Código Procesal Civil);
  • las resoluciones finales dictadas en procesos judiciales siempre se trasladan al Ministerio Fiscal, tal como se describe en la respuesta a la pregunta 6 (artículo 252, apartado 1, del Código Procesal Civil);
  • tal como se explica en la respuesta a la pregunta 6, se trasladan al Ministerio Fiscal las resoluciones interlocutorias que puedan dar lugar a la presentación de recursos previstos por ley (artículo 252, apartado 1, del Código Procesal Civil);
  • son notificaciones válidas las convocatorias y comunicaciones dirigidas a las partes interesadas presentes en un acto procesal, siempre que se documenten y estén ordenadas por el órgano que preside el acto (artículo 254 del Código Procesal Civil);
  • las notificaciones y traslados entre procuradores los efectúan los propios procuradores mediante transferencia electrónica de datos o como se indica en la respuesta a la pregunta 6 (artículo 255 del Código Procesal Civil).

6 ¿Están permitidos en los procedimientos civiles la notificación y el traslado electrónico de documentos (notificación y traslado de documentos judiciales o extrajudiciales a través de medios electrónicos de comunicación a distancia como el correo electrónico, aplicación segura a través de internet, fax, SMS, etc.)? Si es así, ¿para qué tipos de procedimiento está previsto este método? ¿Hay restricciones en cuanto a la disponibilidad o el acceso a este método de notificación y traslado de documentos en función del destinatario (profesional del Derecho, persona jurídica, empresa u otro tipo de agente comercial, etc.)?

Sí, los servicios que se exponen a continuación se llevan a cabo preferentemente mediante transmisión electrónica de datos a través del sistema informático de los órganos jurisdiccionales:

  • citación del Ministerio Fiscal;
  • notificaciones al Ministerio Fiscal, abogados, solicitadores y agentes de ejecución, administradores concursales o administradores judiciales (en el marco de procesos concursales, de convenios de pagos y de reestructuración) y notarios (en el marco de los procesos de inventario) (artículo 252, apartado 2, y artículo 248, apartado 1, del Código Procesal Civil y artículo 31, apartado 1, del Decreto que regula la tramitación electrónica de los procesos judiciales);
  • presentación ante el órgano jurisdiccional de documentos procesales y documentos elaborados por abogados, solicitadores, agentes de ejecución, administradores concursales y notarios (artículo 144, apartado 1, del Código Procesal Civil y artículo 15 bis del Decreto que regula la tramitación electrónica de los procesos judiciales);
  • comprobante del pago previo de la tasa judicial (que forma parte de las costas procesales) [artículo 145, apartado 4, letra a), del Código Procesal Civil y artículo 9, apartado 4, del Decreto que regula la tramitación electrónica de los procesos judiciales];
  • comprobante o solicitud de asistencia jurídica gratuita [artículo 145, apartado 4, letra a), del Código Procesal Civil y artículo 9, apartado 5, del Decreto que regula la tramitación electrónica de los procesos judiciales].

Cuando el tamaño del documento procesal que debe presentarse es incompatible con la transmisión electrónica (artículo 10, apartado 1, del Decreto que regula la tramitación electrónica de los procesos judiciales), los documentos que deben enviarse solo existen en soporte físico (artículo 144, apartado 11, del Código Procesal Civil), el caso no exige nombrar procurador y la parte no lo ha nombrado (artículo 144, apartado 7, del Código Procesal Civil) o concurra otro impedimento fundado (artículo 144, apartado 8, del Código Procesal Civil):

  • pueden trasladarse los documentos procesales en mano en la secretaría o por correo postal o por fax (artículo 144, apartados 7 y 8, del Código Procesal Civil);
  • pueden notificarse los documentos procesales por entrega en mano, por correo postal o por fax.

Además, los servicios del órgano jurisdiccional pueden:

  • transmitir mensajes por correo postal, fax o medios telemáticos (artículo 172, apartado 5, del Código Procesal Civil);
  • utilizar telegramas, la comunicación telefónica u otros medios similares de telecomunicación en casos urgentes (artículo 172, apartado 5, del Código Procesal Civil);
  • la comunicación telefónica se documenta siempre en autos y va seguida de la confirmación a través de un medio escrito (artículo 172, apartado 6, del Código Procesal Civil);
  • en relación con las partes, la comunicación telefónica puede utilizarse solo para informar de una citación o cancelar una citación relativa a actuaciones del proceso (artículo 172, apartado 6, del Código Procesal Civil).

Estas reglas son de aplicación a los procesos judiciales de índole civil o mercantil tramitados en primera instancia. También son de aplicación a determinados procedimientos notariales (por ejemplo, sucesorios) o de competencia de las oficinas del Registro Civil (por ejemplo, asuntos de familia en los que medie acuerdo).

7 Notificación alternativa:

7.1 ¿Permite el Derecho de este Estado miembro otros métodos de notificación y traslado en aquellos casos en los que no haya sido posible notificar y trasladar los documentos al destinatario (por ejemplo, notificación a su domicilio, al agente judicial, por correo postal o por medio de carteles publicitarios)?

La legislación portuguesa también contempla la citación a hora cierta, como sigue:

  • en el caso de la citación en persona, si el agente de ejecución o el funcionario judicial averigua que el destinatario reside o trabaja en un lugar específico pero no puede efectuar la citación porque no puede encontrarle (artículo 232, apartado 1, del Código Procesal Civil);
  • se debe dejar entonces un aviso que indique la hora en la que se tiene por efectuada la citación (artículo 232, apartado 1, del Código Procesal Civil);
  • el aviso puede entregarse a la persona que se encuentre en la mejor situación de trasladarla al destinatario o, cuando esto no sea posible, debe colocarse en el lugar más apropiado (artículo 232, apartado 1, del Código Procesal Civil);
  • en el día y la hora especificados en el aviso, el agente de ejecución o el funcionario judicial realiza la citación al destinatario o, si no puede encontrarle, al tercero que se encuentre en la mejor situación para trasladar la carta al destinatario, que se queda obligado a ello (artículo 232, apartado 2, del Código Procesal Civil);
  • si no se encuentra a ningún tercero que colabore, la citación se efectúa mediante la colocación de un aviso, en el lugar más apropiado y en presencia de dos testigos, en el que se especifique que la persona ha sido citada, qué órgano jurisdiccional conoce del proceso y que el duplicado y los documentos puede consultarlos el destinatario en la secretaría de dicho órgano jurisdiccional (artículo 232, apartado 4, del Código Procesal Civil).

Nota

En los casos en que:

i) el acuse de recibo no esté firmado por el destinatario (citación postal);

ii) la citación personal a hora cierta se realice a un tercero;

iii) o la citación personal a hora cierta se efectúe mediante la colocación de un aviso en el lugar;

el agente de ejecución o la secretaría del órgano jurisdiccional deben siempre enviar una carta certificada al destinatario en un plazo de dos días laborables para notificarle, según proceda:

  • la fecha y la manera en la que se considera que la citación ha sido efectuada;
  • el plazo para la defensa y las consecuencias de no contestar a la demanda;
  • la ubicación del duplicado de la demanda y de los documentos que deben trasladarse;
  • la identidad de la persona a la que se efectuó la citación (artículo 233 del Código Procesal Civil).

7.2 En caso de que se apliquen otros métodos, ¿cuándo se considera que los documentos han sido notificados y trasladados?

La citación por correo postal se considera efectuada el día en que se entrega el acuse de recibo para que sea firmado, bien por el destinatario, bien por un tercero (asumiéndose, en este caso, que el tercero entregó la carta al destinatario, a menos que se pruebe lo contrario) (artículo 230 del Código Procesal Civil).

La citación en persona por medio de agente de ejecución, funcionario judicial y procurador se considera efectuada en la fecha en que se cumplimente la cédula de citación (artículo 231, apartado 3, del Código Procesal Civil).

La citación mediante la colocación de un aviso se considera efectuada en la fecha indicada en el mismo (artículo 232, apartado 4, del Código Procesal Civil).

7.3 Si otro método de notificación y traslado es el depósito de los documentos en un lugar específico (por ejemplo, en una oficina de correos), ¿cómo se informa al destinatario acerca de ese depósito?

En el caso de citación, notificación o traslado mediante carta certificada —con o sin acuse de recibo— se deposita un aviso de entrega en el buzón de correos si el repartidor de correo no puede encontrar a nadie en la dirección indicada

(artículo 228, apartado 5, del Código Procesal Civil).

El aviso de entrega comunica al destinatario que la carta ha sido depositada en la oficina de correos, con indicación de la dirección, el horario de apertura y el plazo para su recogida (artículo 228, apartado 5, del Código Procesal Civil).

Si la carta no se recoge en el plazo especificado (y no media ninguna solicitud para prorrogar dicho plazo o reenviar la carta a otra dirección), esta se devuelve al remitente (artículo 230, apartado 2, del Código Procesal Civil).

7.4 ¿Qué ocurre si el destinatario se niega a aceptar la notificación y el traslado de los documentos? ¿Se considera que los documentos han sido notificados y trasladados correctamente si la negativa es ilegítima?

Cuando la citación se efectúa por correo postal y existe prueba de la negativa a recibir la carta o a firmar el acuse de recibo, la citación se considera efectuada en el modo y las circunstancias siguientes:

  • mediante aviso redactado por el repartidor de correo en el que se certifique la negativa por parte de la persona física, el representante de la persona jurídica o un empleado de la misma a firmar el acuse de recibo o a recibir la carta (artículo 228, apartado 6, y artículo 246, apartado 3, del Código Procesal Civil);
  • en los casos en los que las partes puedan acordar el domicilio a efectos de notificaciones:
    • i) depositando una segunda carta certificada con acuse de recibo en la dirección acordada, cuando la primera carta certificada con acuse de recibo enviada a dicha dirección haya sido devuelta, o
    • ii) mediante certificado, redactado por el repartidor de correo, de la negativa por parte del destinatario a recibir la carta o a firmar el acuse de recibo, cuando esta se envía a la dirección acordada

(artículo 229, apartados 3 y 4, del Código Procesal Civil).

Cuando la citación se efectúa en persona por medio de agente de ejecución o funcionario judicial y existe prueba de la negativa del destinatario a firmar la cédula de citación o a recibir el duplicado, la citación y o el traslado se consideran efectuados, en cuyo caso:

  • el agente de ejecución o el funcionario judicial comunica al destinatario que el duplicado está a su disposición en la secretaría del órgano jurisdiccional y consigna, en la cédula de citación, estos aspectos y la negativa del destinatario a recibir el documento (artículo 231, apartado 4, del Código Procesal Civil);
  • además, la secretaría notifica una vez más al destinatario por carta certificada que el duplicado de la demanda y los documentos adjuntos se encuentran a su disposición en dicha secretaría (artículo 231, apartado 5, del Código Procesal Civil).

La citación no se considera efectuada solamente si la negativa es legítima. Es legítima la negativa cuando no se puede encontrar al destinatario porque no reside o no tiene su domicilio en la dirección indicada o si el tercero afirma que no puede entregar la carta.

Las mismas reglas son aplicables en determinados casos en que la ley estipula que la notificación personal de las partes o sus representantes debe tener lugar siguiendo las formalidades de la citación.

8 Servicio postal desde el extranjero (artículo 14 del Reglamento)

8.1 En caso de que el servicio de correos entregue un documento enviado desde otro país a un destinatario en este Estado miembro y sea necesario un acuse de recibo (artículo 14 del Reglamento), ¿debe entregar el servicio postal el documento exclusivamente al destinatario de forma personal o puede, de conformidad con las normas nacionales de distribución postal, entregar el documento también a otra persona en la misma dirección?

Cuando la citación, la notificación o el traslado por correo postal, con acuse de recibo, procede del extranjero, los servicios postales portugueses pueden entregar la carta y los documentos al destinatario o a un tercero que se encuentre en la misma dirección y que afirme poder entregar la carta al destinatario.

8.2 En virtud de las normas de distribución postal en este Estado miembro, ¿cómo se puede llevar a cabo la notificación y el traslado de documentos en el extranjero, con arreglo al artículo 14 del Reglamento nº 1393/2007, si no se ha localizado en la dirección de la entrega ni al destinatario ni a ninguna otra persona autorizada a recibir el envío (si esto es posible de acuerdo con las normas nacionales de distribución postal – véase más arriba)?

Véase la respuesta a la pregunta 7.3.

8.3 ¿Establece la oficina de correos un plazo específico para la recogida de los documentos antes de devolverlos como «no entregados»? En caso afirmativo, ¿cómo se informa al destinatario de que hay un envío para él en la oficina de correos?

En principio, el destinatario tiene seis días hábiles para recoger los documentos de la oficina de correos.

Se informa al destinatario de este plazo y del hecho de que los documentos pueden ser recogidos en la oficina de correos mediante un aviso de entrega que el servicio postal deposita en el buzón de correos siempre que el repartidor de correos no encuentre a ninguna persona en la dirección.

9 ¿Hay alguna prueba escrita de que se ha notificado y trasladado el documento?

Sí; en el caso de la citación, el acuse de recibo, la cédula de citación o el aviso son pruebas escritas de que la citación ha sido efectuada.

En el caso de la notificación y el traslado de documentos, el acuse de recibo o el aviso son pruebas escritas de que la notificación o el traslado han sido efectuados.

En las citaciones, notificaciones o traslados mediante transmisión electrónica de datos, el sistema informático de los órganos jurisdiccionales certifica la fecha y la hora del envío de los documentos [artículo 13, letra a), del Decreto que regula la tramitación electrónica de los procesos judiciales].

10 ¿Qué sucede si algo falla y el destinatario no recibe el documento, o la notificación y el traslado se efectúan infringiendo la ley (por ejemplo, el documento se notifica a un tercero)? ¿Se puede considerar válido el traslado y la notificación a pesar de ello, es decir, es posible sanar la infracción legal o se debe realizar una nueva notificación y traslado?

El incumplimiento de la citación y traslado iniciales es un defecto de forma grave que hace anulable el proceso en su totalidad, esto es, desde la presentación de la demanda; no se considera anulable la demanda en sí (artículo 187, del Código Procesal Civil).

Se entiende que se ha producido el incumplimiento de la citación y traslado iniciales en los casos siguientes:

  • omisión completa de la citación [artículo 188, apartado 1, letra a), del Código Procesal Civil];
  • error en la identidad del destinatario [artículo 188, apartado 1, letra b), del Código Procesal Civil];
  • improcedencia de la citación edictal [artículo 188, apartado 1, letra c), del Código Procesal Civil];
  • citación efectuada tras el fallecimiento de la persona física o la extinción de la persona jurídica que deba ser notificada [artículo 188, apartado 1, letra d), del Código Procesal Civil];
  • prueba de que el destinatario de la citación personal no tuvo conocimiento del documento por razones no atribuibles a él [artículo 188, apartado 1, letra e), del Código Procesal Civil].

Dicha anulabilidad solo se considera revocada si el demandado o el Ministerio Fiscal (cuando es la parte principal) actúa en el proceso sin impugnar el incumplimiento de la citación y notificación iniciales (artículo 189 del Código Procesal Civil).

Asimismo, se considera inválida la citación si no se han cumplido, al realizarla, las formalidades legalmente establecidas (artículo 191 del Código Procesal Civil).

Más allá de los casos anteriormente mencionados, la omisión de cualquier acto o trámite relativo a la citación, notificación o traslado y exigido por ley constituye una mera irregularidad. Si se impugna dicha irregularidad o el órgano jurisdiccional tiene conocimiento de ella en el transcurso del proceso, el órgano jurisdiccional ordena que se subsane. En los demás casos, una irregularidad en la citación, notificación o traslado solo invalida la actuación cuando la ley así lo especifique o cuando pueda influir en la sustanciación o la resolución del caso. En este supuesto, las actuaciones procesales restantes que no se vean afectadas por la actuación siguen siendo válidas (artículo 195, apartados 1 y 2, del Código Procesal Civil).

11 ¿Hay que pagar por la notificación y el traslado de un documento, y, en este caso, cuánto?

Sí, en algunos casos, que se especifican a continuación, el coste de la citación, la notificación y el traslado se calcula en UC o unidades de cuenta (Unidade de Conta).

La UC se actualiza de forma anual y automática de conformidad con el Índice de asistencia social (IAS o Indexante dos Apoios Sociais), teniendo en cuenta el valor de la UC del año anterior [artículo 5, apartado 2, del Reglamento relativo a las costas procesales (Regulamento das Custas Processuais), aprobado en el anexo del Decreto-ley n.º 34/2008, de 26 de febrero].

El valor de la UC en 2021 fue de 102 euros. En 2021, ha seguido vigente el valor de las costas de 2020 como consecuencia de la suspensión de la actualización automática de la unidad de cuenta dispuesta en el artículo 232 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 (Lei do Orçamento do Estado para 2021).

Por consiguiente:

  • La citación, notificación o traslado en persona o por agente de ejecución cuestan 0,5 UC cuando se realizan con éxito y 0,25 UC cuando no se pueden realizar (cuadro VII anexo al Decreto n.º 282/2013, de 29 de agosto, leído en relación con su artículo 50, apartado 1).
  • La citación, la notificación y el traslado en persona, edictales o por funcionarios judiciales cuestan 0,5 UC cuando se realizan con éxito y no cuestan nada cuando no se pueden realizar (artículo 9, apartado 1, del Reglamento relativo a las costas procesales).
  • Los gastos de transporte, cuando la actuación es efectuada por un funcionario judicial, y el IVA en caso de que sea pagadero, pueden añadirse a estas cantidades (artículo 9, apartado 1, del Reglamento relativo a las costas procesales).

NOTA: Régimen excepcional y temporal de los trámites de citación, notificación y traslado postales en el contexto de la pandemia de COVID-19

  • Suspensión de la obtención de la firma en el momento de la entrega del correo certificado
  • La obtención de la firma se sustituye por la identificación oral y la comprobación del número de documento de identidad o de cualquier otro medio adecuado de identificación, previa presentación y consignación de la fecha.
  • En caso de negativa a la presentación o la comunicación de los datos indicados en el punto anterior, el repartidor del servicio postal anota el incidente en la carta o en el acuse de recibo y lo remite al expedidor.
  • En los casos previstos en el punto anterior, la certificación del incidente equivale a la notificación o el traslado.
  • Las citaciones, notificaciones y traslados realizados mediante el envío de carta certificada con acuse de recibo se consideran efectuados en la fecha en la que se haya comprobado el número de documento de identidad o de cualquier otro medio legal de identificación.
  • Este sistema se aplica, mutatis mutandis, a las citaciones, notificaciones y traslados efectuados en persona.

Base jurídica: Ley n.º 10/2020, de 18 de abril

Marco normativo:

Código Procesal Civil

Régimen del inventario notarial

Nuevo régimen del arrendamiento urbano

Procedimientos que son competencia del Ministerio Fiscal y de las oficinas del Registro Civil

Identificación del ejecutado y de los bienes embargables y la citación de instituciones públicas

Tramitación electrónica de los procesos judiciales

Reglamento relativo a las costas procesales

Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021

Decreto n.º 282/2013, de 29 de agosto

 

Observación final

La información que figura en la presente ficha informativa es de carácter general y no pretende ser exhaustiva; no es vinculante para el punto de contacto, la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, los órganos jurisdiccionales ni ningún otro destinatario. No exime de consultar la legislación aplicable en cada momento.

Última actualización: 28/03/2022

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