Las mejores prácticas de los Estados miembros en relación con la Carta

Políticas gubernamentales que promueven el uso y el conocimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, la «Carta») en el poder legislativo, la Administración, las fuerzas y cuerpos de seguridad y el poder judicial.

1. La Escuela Judicial (Scuola Superiore della Magistratura)

La Escuela Judicial, creada mediante el Decreto Legislativo n.º 26, de 30 de enero de 2006, tiene asignado un papel central en la formación judicial, a saber, garantizar la ejecución de la ley y el cumplimiento de la obligación de formación profesional de los miembros del poder judicial. Sin embargo, la Escuela también dirige sus programas de formación a los colegios de abogados mediante la organización de cursos compartidos.

El objetivo de la Escuela es importante, a saber, proporcionar formación y aprendizaje permanente a los jueces y fiscales con el fin de mejorar la cooperación internacional y aumentar el conocimiento de los sistemas jurídicos.

La Escuela tiene competencia exclusiva en el ámbito del aprendizaje permanente y la formación de jueces y fiscales. Se encarga, en particular, de lo siguiente:

• organizar cursos de formación profesional permanente y seminarios de formación para jueces y fiscales y otros profesionales del Derecho (según proceda);
• proporcionar formación inicial y aprendizaje permanente a los jueces y fiscales honorarios;
• organizar cursos de formación para jueces y fiscales que deseen ser nombrados para altos cargos en los tribunales de primera o segunda instancia;
• impartir formación a los jueces y fiscales que ocupen cargos judiciales superiores y semisuperiores;
• ofrecer formación a los jueces y fiscales encargados de tareas de formación;
• llevar a cabo actividades de formación descentralizadas;
• colaborar en las actividades relacionadas con el período de prácticas de los jueces y fiscales ordinarios en el marco de las directrices del Consejo Superior de la Magistratura (Consiglio superiore della Magiatura) y teniendo en cuenta las propuestas de los consejos judiciales;
• organizar, a petición de la autoridad gubernamental competente, la formación de jueces y fiscales extranjeros en Italia o de participantes en actividades de formación realizadas en el marco de la Red Europea de Formación Judicial o en el marco de proyectos de la Unión Europea (UE) y de otros Estados o instituciones internacionales, o la ejecución de programas para el Ministerio de Asuntos Exteriores y la coordinación de las actividades de formación destinadas a los jueces y fiscales italianos e impartidas por otros Estados o instituciones internacionales en relación con la organización y el funcionamiento del sistema judicial;
• colaborar, a petición de la autoridad gubernamental competente, en actividades relacionadas con la organización y el funcionamiento del sistema judicial en otros países;
• impartir programas de formación en cooperación con departamentos similares de otros organismos institucionales o profesionales;
• publicar investigaciones y estudios sobre los temas abarcados en las actividades de formación;
• organizar iniciativas e intercambios culturales, reuniones de estudio e investigación en relación con las actividades de formación;
• celebrar seminarios, especialmente sobre la base de acuerdos o convenios específicos que regulen las tarifas y honorarios correspondientes, para los profesionales de la justicia o los colegiados de colegios de abogados especializados.

La Escuela organiza cursos anuales de aprendizaje permanente sobre Derecho europeo y, en particular, sobre los «derechos establecidos en la Carta», a los que pueden acceder todos los jueces y fiscales y, en algunos cursos, también los abogados. Tratan tanto a aspectos sustantivos como lingüísticos.

Este método es el adecuado, ya que la formación sobre la Carta y su aplicación a nivel nacional se imparte siempre que se llevan a cabo mejoras sobre la protección de un derecho fundamental previsto en dicha Carta. Por lo tanto, la mejor práctica consiste específicamente en destacar la referencia al derecho incluido en la Carta, con un debate sobre cómo se integra en el Derecho nacional.

En el marco de la formación permanente de 2022, se abordará la Carta mediante cursos sobre protección de datos personales, sobre el sistema de fuentes del Derecho, sobre digitalización, justicia y derechos, sobre derechos fundamentales y Derecho europeo, sobre difamación e incitación al odio, y sobre la inteligencia artificial y Derecho.

2. Punto de contacto nacional para la Carta

En consonancia con los deseos de la Comisión Europea y de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), la ministra de Justicia actual, Marta Cartabia, ha nombrado a la profesora univesitaria Palmina Tanzarella como punto de contacto de Italia para la Carta. Una de sus tareas es promover la Carta, así como aumentar la concienciación sobre ella, y, en consecuencia, garantizar su aplicación de forma más eficaz. Se eligió a alguien que trabajara en la administración pública y se beneficiara de una coordinación interna específica con el Ministerio de Justicia y el mundo universitario.

El punto de contacto es y será una nueva dimensión para promover y mejorar el conocimiento de la Carta a través de un programa periódico de iniciativas. A tal fin, el punto de contacto cuenta con el apoyo de la Unidad de Personal para la Coordinación de Asuntos Internacionales relacionados con los Derechos Humanos (Coordinamento dell’attività internazionale in tema di diritti umani, AIDU) que se creó, en diciembre de 2021, en el seno del Departamento de Justicia (Dipartimento per gli affari di giustizia, DAG) del Ministerio de Justicia. Esta iniciativa no tiene precedentes y también responde al objetivo de aplicar los objetivos de la estrategia europea para reforzar la aplicación de la Carta. Dentro de las competencias del Ministerio de Justicia, la Unidad se centrará en temas europeos relativos a los derechos fundamentales, los derechos de los ciudadanos y la libre circulación de personas.

3. Formación universitaria

La protección de los derechos fundamentales como factor de integración europea es, en la actualidad, una parte esencial de la formación jurídica en las universidades, en particular en lo que se refiere a los avances en el Derecho constitucional y de la Unión. Para garantizar la protección de los derechos a varios niveles, es importante que los futuros profesionales del Derecho y de la economía reciban formación sobre la Carta y su interpretación por los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia. Por este motivo, en los últimos años se ha producido un fuerte aumento de los cursos especializados.

En particular, según la última encuesta facilitada por el Ministerio de Universidades e Investigación (Ministero dell’Università e della Ricerca, MUR), de diciembre de 2021, existen alrededor de quinientos cincuenta cursos en los departamentos de Derecho, Ciencias Políticas y Economía de universidades públicas y privadas, incluidos algunos en inglés.

La mayoría de estos cursos abordan ampliamente la cuestión de la protección de los derechos fundamentales, y hacen hincapié en el diálogo entre los órganos jurisdiccionales europeos constitucionales y supranacionales al aplicar sus propias cartas. Los estudios de casos proporcionan a los estudiantes las herramientas que necesitan para comprender las conexiones entre las cartas y la jurisprudencia. De este modo, puede prestarse especial atención a la Carta y a las implicaciones de su aplicación.

La Carta también se estudia en cursos sobre temas como la inmigración, el Derecho de la información y la comunicación, el Derecho ambiental, el Derecho penal y procesal europeo, el Derecho administrativo europeo, el pluralismo religioso, el Derecho fiscal europeo y el Derecho laboral europeo.

4. Mejores prácticas para una cooperación eficaz entre las autoridades nacionales y la sociedad civil a fin de animar a las víctimas de discriminación a denunciar y prestarles apoyo

Dado que una de las piedras angulares de la Carta es la prohibición de la discriminación, su fomento también se plasma en la labor de los organismos nacionales comprometidos con esta cuestión.

Cabe destacar la Oficina Nacional contra la Discriminación Racial (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, UNAR), creada por el gabinete del primer ministro mediante el Decreto Legislativo n.º 215, de 9 de julio de 2003 (por el que se ejecuta la Directiva 2000/43/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico).

La UNAR se encarga de garantizar el derecho a la igualdad de trato de todas las personas, independientemente de su origen étnico o racial, edad, creencias religiosas, orientación sexual, identidad de género o si tienen o no una discapacidad. Su trabajo es autónomo e imparcial y, desde hace varios años, también ha seguido de cerca los efectos de la incitación discriminatoria al odio, también en línea, así como los esfuerzos para combatirla.

Las funciones que la ley atribuye a la UNAR son las siguientes:

• prestar asistencia en procesos judiciales y procedimientos administrativos a las personas que se consideren perjudicadas por un comportamiento discriminatorio; dicha asistencia adopta las formas previstas en el artículo 425 del Código Procesal Civil italiano;
• con el debido respeto de las prerrogativas y funciones de las autoridades jurisdiccionales, llevar a cabo investigaciones para determinar si existe o no discriminación;
• alentar a los organismos públicos y privados, en particular a las asociaciones y los organismos que trabajan en el ámbito de la lucha contra la discriminación, a que adopten medidas específicas, especialmente proyectos de acción positiva, destinadas a prevenir o compensar la discriminación por motivos de origen racial o étnico;
• aumentar, en la medida de lo posible, el conocimiento sobre los instrumentos de protección en vigor, en particular mediante la concienciación de la opinión pública sobre el principio de igualdad de trato y la realización de campañas de información y comunicación;
• emitir recomendaciones y dictámenes sobre cuestiones relacionadas con la discriminación por motivos de origen racial o étnico, así como propuestas de modificación de la legislación vigente;
• presentar un informe anual al Parlamento sobre la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y la eficacia de los mecanismos de protección, así como un informe anual al primer ministro sobre el trabajo realizado;
• promover estudios, investigaciones, cursos de formación e intercambios de experiencias, especialmente en cooperación con asociaciones y organismos que trabajan en el ámbito de la lucha contra la discriminación, con otras organizaciones no gubernamentales activas en este ámbito y con institutos especializados de estudios estadísticos, también con vistas a elaborar directrices para luchar contra la discriminación.

También se ha creado un registro de asociaciones y organismos que llevan a cabo actividades en el ámbito de la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad de trato en el Departamento de Igualdad de Oportunidades del gabinete del primer ministro (artículo 6 del Decreto Legislativo n.º 215/2003).

El Ministerio de Justicia ha participado y participa en una serie de proyectos analíticos y operativos, coordinados por la UNAR, con el objetivo específico de actualizar y desarrollar prácticas y herramientas para prevenir y combatir eficazmente el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia difundidas a través de la incitación al odio, también en línea. Entre estos proyectos figuran:

• el proyecto CO.N.T.R.O. [COunter Narratives againsT Racism Online (2018-2020)]: creado y coordinado por la UNAR en colaboración con el Instituto de Investigación Social (Istituto per la Ricerca Sociale, IRS) y que recibe el apoyo y la financiación de la Comisión Europea, en el que se promovió una campaña específica de comunicación y sensibilización contra el racismo en línea y se establecieron las condiciones para la creación del Observatorio de los Medios de Comunicación e Internet de la UNAR, con la participación de los principales agentes institucionales y no institucionales que trabajan en la lucha contra esta cuestión;
• el proyecto REASON [REAct in the Struggle against ONline hate speech (en curso desde 2020)]: por el que se creó formalmente una Sala de Control Nacional (Cabina di Regia Nazionale) para luchar contra los delitos de odio y la incitación al odio en línea, con el objetivo de ayudar a coordinar acciones e intercambiar experiencias en colaboración con el Observatorio contra los Actos de Discriminación (Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, OSCAD), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, la Autoridad de Garantías de las Comunicaciones (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, AGCOM) y asociaciones de voluntariado, en particular: Carta Di Roma, Lunaria, Arci, Amnistía Italia, COSPE y Arcigay.

La tarea principal de la Sala de Control Nacional es elaborar un plan estratégico nacional para luchar contra los delitos de odio y la incitación al odio.

5. Políticas dirigidas a las escuelas. En general: educación

Conscientes de que la sensibilización sobre la Carta es beneficiosa y necesaria para animar a las generaciones más jóvenes a reflexionar cuidadosamente sobre los valores comunes, situando a las personas y la dignidad humana en el centro del proceso de construcción de una sociedad inclusiva, hay una serie de iniciativas que se han llevado a cabo en las escuelas. Entre ellas destacan:

La Carta Europea dei diritti a un Milione di Stuenti (La Carta Europea de los Derechos Fundamentales para un millón de estudiantes) fue un proyecto llevado a cabo conjuntamente por el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Gobierno italiano, en colaboración con el Ministerio de Educación, Universidad e Investigación y la Oficina de Correos italiana (Poste Italiane), en el que se entregaron copias de la Carta a un millón de estudiantes en los centros de enseñanza secundaria italianos en los dos últimos años.

La Carta di Nizza fra diritti umani e cittadinanza (La Carta de Niza: entre derechos humanos y ciudadanía) fue un concurso promovido por el Ministerio de Educación con el objetivo principal de animar a los niños y niñas a leer y reflexionar sobre las aplicaciones prácticas de la Carta. En particular, el contenido de la Carta se debatió mediante comparaciones con los textos de los convenios y tratados internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Instrumentos que ayudan a comprender mejor la Carta y cuándo se utiliza

En 2019, el Ministerio de Justicia puso en marcha el proyecto «EJNita» (EJN – Italian Network: Building Bridges) con financiación parcial de la Comisión Europea (acuerdo de subvención n.º 831373), cuyo objetivo era reforzar y hacer más eficiente la Red Judicial Europea (RJE) en materia civil y mercantil. Este proyecto responde a la necesidad de mejorar el conocimiento de los instrumentos de cooperación judicial en materia civil y mercantil en el ámbito jurídico o profesional.

Este proyecto dio lugar a la publicación del portal Aldricus, que reúne información y material de interés (normas, jurisprudencia nacional, internacional y supranacional, enlaces a sitios de interés) como parte de un blog. El portal Aldricus es también una herramienta para promover y dar a conocer la Carta, lo que se consigue, en particular, mediante la publicidad de actos de formación específicos. Por ejemplo, el 22 de febrero de 2021, se organizó el acto de formación La protezione transfrontaliera degli adulti con disabilità cognitive in Italia e Spagna (Protección transfronteriza para adultos con discapacidad cognitiva en Italia y España).

El Ministerio de Justicia dispone de una página dedicada a la promoción de la Carta, que ofrece acceso a la versión italiana del texto, así como un enlace al sitio web de la Comisión Europea con una explicación de la Carta.

Uso y promoción de herramientas de la Carta elaboradas por otros países u otras partes interesadas de la UE

En Italia, las instituciones de formación, en cooperación con socios europeos (instituciones europeas, por ejemplo, la FRA u otros Estados miembros) ofrecen numerosas iniciativas de formación y aprendizaje dirigidas al personal judicial. En 2021, por ejemplo, la Escuela Judicial publicó varias licitaciones a este respecto, surgidas de iniciativas con partes interesadas de la UE: la Academia de Derecho Europeo (Europäische Rechtsakademie, ERA), institución alemana; la Escuela Nacional del Poder Judicial de Francia (Ecole Nationale de la Magistrature, ENM); y la Red Europea de Formación Judicial (REFJ).

Cooperación con las partes interesadas para promover el uso y el conocimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE

Ejemplos de cooperación entre los defensores de los derechos humanos y las autoridades nacionales que contribuyen a un mayor conocimiento y uso de la Carta

Las instituciones encargadas de la defensa de los derechos humanos tienen derecho a recurrir a un fondo destinado a financiar actividades de divulgación del contenido de la Carta en virtud de la Ley de presupuestos italiana de 2001 (artículo 1, apartado 573, de la Ley n.º 178 de 2021). El fondo, gestionado por el Ministerio de Justicia, asciende a 2 millones EUR para cada uno de los años 2021 y 2022 y se destina a proyectos de formación de calidad que promueven la cultura judicial en materia de Derecho penal internacional y derechos humanos. Los criterios para acceder a los recursos del fondo se establecieron mediante decreto del ministro de Justicia, previa consulta con el ministro de Economía y Hacienda, de los que uno de los requisitos prioritarios es la colaboración a largo plazo y la consulta y cooperación con organismos e instituciones internacionales.

Ejemplos de cooperación entre las autoridades nacionales y el mundo universitario que contribuyen a un mayor conocimiento y uso de la Carta

Las autoridades nacionales mantienen una estrecha relación con tres de los órganos jurisdiccionales superiores de Italia, en particular: el Tribunal Constitucional (Corte costituzionale), el Tribunal Supremo de Casación (Corte suprema di cassazione) y el Consejo de Estado (Consiglio di Stato).

El departamento de investigación del Tribunal Constitucional publica un informe anual en el que se recopilan y explican las interpretaciones de la Carta en lo que respecta a los principios constitucionales. La última edición del informe se publicó en junio de 2021 con el título L’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nella giurisprto za della Corte costituzionale («Aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional», documento en italiano), junio de 2021.

El departamento de investigación del Tribunal Supremo de Casación ofrece acceso a las sentencias más importantes, especialmente la jurisprudencia internacional y europea.

Ejemplos de iniciativas no gubernamentales que promueven el uso y el conocimiento de la Carta en el país

La Asociación Nacional de Abogados (Associazione Nazionale Forense, ANF) es miembro de la asociación europea presidida por la Fundación de Abogados por los Derechos Humanos de Bulgaria y que reúne a otras partes como a Confprofessioni (confederación de la que forma parte la ANF), el Colegio de Abogados de Milán, la Universidad de Burgos y el Consejo General de la Abogacía Española. La parte principal y sus socios ganaron la licitación europea para apoyar proyectos transnacionales de formación judicial en materia de Derecho civil, Derecho penal o derechos fundamentales (JUST-JTRA-EJTR-AG-2017).

La finalidad del proyecto Lawyers4Rights era alcanzar los objetivos siguientes: promover el conocimiento del origen, la finalidad y el alcance de la Carta; reforzar su papel de respuesta a los asuntos de protección derivados de las cuestiones de la migración y el terrorismo; sensibilizar a los beneficiarios sobre la aplicación de la Carta a nivel nacional; mejorar la cooperación entre las profesiones jurídicas y la comprensión de los elementos esenciales del Derecho de la Unión aplicable en cada contexto nacional.

En la conferencia final, que se celebró el 24 de junio de 2022, se presentaron los resultados del proyecto y las conclusiones principales sobre el nivel de sensibilización de los abogados y la aplicación de la Carta.

El contenido del proyecto puede consultarse en: https://lawyers4rights.eu/.

Otras iniciativas espontáneas, como actos de formación y seminarios intensivos organizados por parte del mundo universitario, obras de orientación publicadas en revistas jurídicas y periódicos, e intercambios de puntos de vista en diversas listas de correo a las que los profesionales del Derecho se suscriben, también han contribuido a divulgar y dar a conocer el contenido de la Carta.