Las mejores prácticas de los Estados miembros en relación con la Carta

Políticas gubernamentales que promueven el uso y el conocimiento de la Carta en el poder legislativo, la Administración, las fuerzas y cuerpos de seguridad y el poder judicial

En el seno del Ejecutivo y de la Administración, el conocimiento y el uso de la Carta son muy desiguales.

Siempre que el Gobierno proclama su compromiso con los derechos humanos, menciona la importancia de la Carta. Por ejemplo, con motivo del Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre.

El uso de la Carta por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y la Cooperación se destaca por razones obvias.

En la página web se proclama el compromiso de España con la promoción y protección de los derechos humanos, señalando que la Carta de Derechos Fundamentales forma parte del ordenamiento jurídico interno y complementa "el catálogo de derechos y libertades de la Constitución española":

El Ministerio del Interior está muy familiarizado con la Carta en lo que respecta a los delitos motivados por el odio (Plan de Acción para combatir los delitos motivados por el odio (2019), el asilo (Oficina de Asilo y Refugio, Subdirección General de Protección Internacional) y la protección de datos (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada).

En 2014 se aprobó la Instrucción Nº 16/2014 de la Secretaría de Seguridad, por la que se aprueba el "Protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en materia de "delitos motivados por el odio" y conductas que vulneren las normas jurídicas sobre discriminación". Esta Instrucción fue modificada al año siguiente por la Instrucción Nº 16/2015, debido a las diversas reformas legislativas. El protocolo anteriormente citado se ha mencionado específicamente en el compendio de buenas prácticas de toda la Unión Europea sobre cómo combatir los delitos motivados por el odio. Compendio publicado por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA). Contiene medidas y acciones desarrolladas por los Estados miembros de la Unión Europea para combatir los "delitos motivados por el odio" y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea fue una de las muchas reglamentaciones que utilizó, aunque no tuvo un lugar destacado: Texto del Protocolo.

La misma Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior aprobó un "Plan de Acción para combatir los delitos motivados por el odio" por el que la Policía Nacional participa en programas de formación e intercambio de buenas prácticas entre los países miembros de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA): El texto del Plan de Acción.

El Ministerio de Justicia tiene competencias en materia de Derechos Humanos y presta especial atención a la Carta en la elaboración de proyectos de ley, tanto en la exposición de motivos como en la preparación de los Informes de Evaluación de Impacto Normativo, especialmente cuando se trata de la transposición de directivas europeas, la adaptación del ordenamiento jurídico español a la normativa europea o el cumplimiento de tratados o convenios internacionales suscritos por España en estas materias.

Debe prestarse especial atención a la Oficina de Coordinación y Calidad Regulatoria (dentro del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática), creada en 2017, cuyo objetivo es asegurar la coordinación y la calidad de la actividad reguladora del Gobierno. Dentro de esta tarea general, debe examinar "La congruencia de la iniciativa reguladora con el resto del ordenamiento jurídico, tanto nacional como de la Unión Europea", de acuerdo con el art. 26.9 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre. Esta Oficina ha comenzado recientemente a exigir en sus informes que los Informes de Evaluación de Impacto Regulatorio analicen que el proyecto normativo es conforme a la Carta. Por esta razón, se considera que esta Oficina podría desempeñar un papel muy importante en el fomento de la consideración de la Carta en los proyectos normativos, produciendo un aumento de la conciencia en todos los ministerios del Ejecutivo sobre la importancia de la Carta.

La Carta es también un factor importante que se tiene en cuenta a la hora de decidir si el Estado español participa en las decisiones prejudiciales de los tribunales de los demás Estados miembros, habiéndolo hecho ya en relación con la prohibición de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes (art. 4 Carta sobre las condiciones de detención en los asuntos penitenciarios C 128/18 de 15 de octubre de 2019, C-220/18 PPU de 25 de julio de 2018, C-496/16 de 15 de noviembre de 2017), el respeto a la vida privada y familiar y la protección de los datos de carácter personal (arts. 7 y 8 Carta, caso C-73/16 de 27 de septiembre de 2017), la igualdad ante la ley y la no discriminación (arts. 20 y 21 Carta, caso C-205/15 de 30 de junio de 2016) y el derecho a un recurso efectivo y a un juicio imparcial (art. 47 Carta, caso C-73/16, 27 de septiembre de 2017).

La Federación Española de Municipios y Provincias emitió el 9 de mayo, Día de Europa, el "Manifiesto por una Europa local y regional", en el que proponía: "Promover la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como la historia de la UE en las escuelas de todos los Estados miembros y fomentar el conocimiento del funcionamiento de las instituciones. Es importante introducir condiciones financieras y jurídicas adecuadas para que todos los alumnos tengan la oportunidad de visitar las instituciones europeas durante toda su vida escolar".

En el seno de la Asamblea Legislativa, las exposiciones de motivos de las leyes se refieren a veces a la Carta; en los debates parlamentarios, el CEDH y las sentencias del TEDH se utilizan a menudo como autoridad o criterio, a diferencia de la Carta o del TJUE que no suele utilizarse tanto; sin embargo, la Carta está empezando a utilizarse cada vez más, aunque ciertamente no de forma generalizada. El europeísmo de los parlamentarios españoles está fuera de toda duda, pero sería positivo que tuvieran una mejor formación o conocimientos más fácilmente disponibles y accesibles, cuestión que siempre se puede mejorar, como se indicará más adelante. El seguimiento de la actividad del Comité Mixto para la Unión Europea revela (Comisión Mixta para la Unión Europea) que la Carta no es uno de los temas que más tiempo ha ocupado en su trabajo.

La Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso de los Diputados (Comisión Mixta para la Unión Europea) podría hacer un seguimiento rutinario de los asuntos relacionados con la Carta, como la adopción de legislación europea, la jurisprudencia pertinente, etc.

Dentro del poder judicial, la Agencia de Derechos Fundamentales ha "reconocido el papel cada vez más importante que desempeñan los tribunales nacionales para garantizar la eficacia de la Carta". El conocimiento de la Carta está aumentando entre los jueces, a pesar de que la Carta no ocupa un lugar significativo en los planes de estudio de los exámenes estatales para convertirse en juez. El estudio de la Carta se introdujo en los planes de estudios en la convocatoria de 2016, dentro de la asignatura correspondiente a los Tratados de Derechos Humanos, junto con la Declaración Universal de Derechos Humanos, otros tratados de las Naciones Unidas y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Sólo en 2020 la Carta ha pasado a formar parte de la materia del derecho de la Unión Europea.

Una vez aprobado el examen de acceso a la carrera judicial, en la Escuela Judicial (dependiente del Consejo General del Poder Judicial) se realizan talleres (El plan de enseñanza) para profundizar en el conocimiento de casos esenciales como el caso Familiapress (caso C-368/95, de 26 de junio de 1997), el caso Grogan (C-159/90, de 4 de octubre de 1991), el caso García Avello (C-148/02, de 2 de octubre de 2003) y el caso Kücükdeveci (C-555/07, de 19 de enero de 2010). Se estudian en profundidad otros casos clave relacionados con la Carta, como el caso Fransson (C 617/10, de 26 de febrero de 2013), el caso Melloni (C-399/11, de 26 de febrero de 2013, el caso Aranyosi C-404/15 y C-659/15 PPU (5 de abril de 2016) y el caso N.S., (C-411/10 y C-493/10, de 21 de diciembre de 2011).

Los diversos cursos de formación continua que el Consejo General del Poder Judicial ofrece a los jueces sobre el Derecho de la Unión Europea se han incrementado desde 2010, pero no hay cursos dedicados exclusivamente a la Carta, aunque desde 2018 en los cursos sobre el Derecho Europeo la Carta está empezando a tomar protagonismo. Por otra parte, se estudian los cursos sobre los Derechos Fundamentales o el impacto del Derecho Europeo en determinadas jurisdicciones, principalmente el derecho administrativo, social y también el derecho penal.

Instrumentos que ayudan a comprender mejor la Carta y cuándo se aplica

Cada vez son más las publicaciones y herramientas que explican en qué consiste la Carta y cómo ha de aplicarse. A continuación, se señalan unos ejemplos que reflejan los diferentes poderes, niveles de administración y sociedad civil.

El Tribunal Constitucional ha elaborado un "Prontuario de jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el Derecho de la Unión Europea" en el que dedica un apartado a "D) La relación entre la Constitución y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea", en el que se abordan cuestiones como "elementos de interpretación compartidos" y "casos de colisión".

El Institut de Drets Humans de Catalunya organizó junto con el CGPJ un curso sobre "La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE para fiscales y miembros de la judicatura", centrado en la práctica jurídica con el objetivo de proporcionar a los fiscales y miembros de la judicatura herramientas que faciliten el uso del marco jurídico de los Derechos Fundamentales y así difundir el alcance de la Carta.

La Comunidad de Madrid ha editado una publicación digital titulada "La Europa que queremos. 20 Cartas para Europa", en la que se recopilan los principales textos europeos sobre servicios y derechos, entre los que se encuentra, por supuesto, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (págs. 20 a 31).

El Consejo General de la Abogacía, un organismo profesional de derecho público que agrupa a las asociaciones profesionales de abogados, contiene una entrada en su sitio web en la que se explica la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

La Federación de Asociaciones para la Prevención del Abuso Infantil (fapmi) en su sitio web explica en detalle la información para entender la Carta, a partir de datos básicos, descripción detallada y ejes que la componen.

Cooperación con las partes interesadas para promover el uso y el conocimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE

La Comunidad de Madrid ha aprobado la incorporación de una asignatura sobre la Unión Europea en el plan de estudios de la enseñanza secundaria, que también contiene la Carta de Derechos Fundamentales.

Ejemplos de iniciativas no gubernamentales que promueven el uso y el conocimiento de la Carta en su país

El CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), plataforma de representación, defensa y acción de los ciudadanos españoles con discapacidad fundada en 1997, ha exigido insistentemente a las autoridades mejoras en sus derechos y ha invocado la Carta ante las autoridades nacionales con este fin.