Efecto de la COVID-19 en los asuntos civiles y concursales

1 Repercusión de la COVID-19 en los procedimientos civiles

1.1 Plazos de los procedimientos civiles

Ley de 22 de marzo de 2020, en su versión actualizada.

Los plazos procesales que se iniciaron el 22 de marzo de 2020 o los plazos que en circunstancias normales se habrían comenzado a contar después de dicha fecha se interrumpen y quedan suspendidos hasta el 30 de abril de 2020. Comenzarán a contar de nuevo a partir de esa fecha. Esto significa que un plazo de catorce días vencerá el 15 de mayo de 2020 y un plazo de cuatro semanas vencerá el 29 de mayo de 2020.

Algunas excepciones: plazos de pago, internamiento psiquiátrico forzoso. En casos de peligro inminente para la seguridad o la libertad personal, así como en casos de daños irreparables, el órgano jurisdiccional puede poner fin a la interrupción de los plazos antes.

Los plazos de prescripción se suspenden entre el 22 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2020.

Actuaciones en línea: Excepcionalmente, la participación en las actuaciones procesales podrá habilitarse, con medios técnicos audiovisuales, para determinados grupos y con sujeción a determinadas disposiciones.

Procedimientos de ejecución: Posible suspensión de las ventas forzosas en subasta de bienes muebles e inmuebles si el deudor se enfrenta a dificultades económicas debido a la pandemia de COVID-19. Los desahucios pueden suspenderse previa solicitud en caso de que el deudor quedara de otro modo sin hogar.

1.2 Organización judicial y poder judicial

Limitación del contacto en persona entre los órganos jurisdiccionales y las partes, en función de la situación de la pandemia de COVID-19.

Cierre general de determinados órganos jurisdiccionales de ser necesario, con la posibilidad de redirigir los asuntos urgentes a otros órganos jurisdiccionales.

1.3 Cooperación judicial en la UE

Los funcionarios de las autoridades centrales teletrabajarán dependiendo de la situación de la pandemia de COVID-19: Se recomienda la comunicación por correo electrónico.

2 Medidas en materia de insolvencia aprobadas o previstas para su aprobación en los Estados miembros tras el inicio de la pandemia

2.1 Medidas concursales sustantivas y contratos conexos que afectan a tales medidas

2.1.1 Suspensión de los procesos concursales

2.1.1.1 Suspensión de la obligación de solicitar la declaración del concurso (deudores)

Se suspendió la obligación del deudor de solicitar el concurso por su sobreendeudamiento hasta el 30 de junio de 2021.

La obligación del deudor de solicitar el concurso en un plazo de sesenta días tras surgir la incapacidad de pago se amplía a 120 días si dicha incapacidad se debió a la COVID-19.

2.1.1.2 Protección de los deudores cuando sus acreedores soliciten la declaración del concurso

El derecho de los acreedores a solicitar el concurso del deudor por su sobreendeudamiento

Se suspendió el derecho de los acreedores a solicitar el concurso del deudor por su sobreendeudamiento hasta el 30 de junio de 2021.

2.1.2 Suspensión de las ejecuciones de créditos y de la rescisión de contratos

2.1.2.1 Moratorias generales o específicas de la ejecución de créditos o de determinados tipos de créditos

Se puede solicitar el aplazamiento de una subasta de bienes muebles e inmuebles si el deudor atraviesa dificultades económicas debido a la actual pandemia de COVID-19 y dichas dificultades han dado lugar al procedimiento de ejecución.

2.1.2.2 Suspensión de la rescisión de contratos (contratos generales o específicos)

El órgano jurisdiccional competente en materia concursal puede prorrogar el período en que los terceros no podrán rescindir los contratos ni ejercer derechos de división de cosa común o derechos preferentes (en vigor hasta el 30 de junio de 2021).

Los arrendamientos de vivienda (Ley de arrendamiento) no pueden rescindirse por atrasos en el pago de la renta de los meses de abril a junio de 2020 que se deban a un deterioro significativo de la situación económica del deudor relacionado con la COVID-19. Por su parte, los propietarios solo pueden reclamar judicialmente estos atrasos a partir del 31.12.2020, si bien con intereses de demora, que no podrán ser superiores al 4 % anual. si los arrendatarios tienen dificultades financieras debido a la COVID-19 para abonar la renta entre abril y junio.

2.2 Asuntos civiles, incluidas la suspensión de la actividad de los órganos judiciales competentes en materia concursal y las suspensiones procesales

El órgano jurisdiccional puede ampliar los plazos procesales de los procesos concursales hasta un máximo de noventa días (en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020).

2.3 Otras medidas concursales (las relativas a acciones revocatorias, planes de saneamiento, acuerdos oficiosos y otras, si procede)

Si un deudor se encuentra en mora a causa de un plan de pagos, puede solicitar una moratoria con una duración máxima de nueve meses (en vigor hasta el 30 de junio de 2021).

2.4 Medidas de otra índole conexas (aplazamientos de pagos, préstamos bancarios, seguridad social, seguro de salud, subsidios para empresas)

Se aplazan las cuotas de los préstamos de consumidores y microempresas que vencían entre abril y junio de 2020 si el prestatario ha sufrido una pérdida de ingresos relacionada con la COVID-19 que hace que no sea razonable esperar que pague las cuotas del préstamo a su debido tiempo. La duración de los contratos se amplía automáticamente tres meses, salvo que el prestatario quiera seguir abonando el préstamo con normalidad.

No se aplican intereses de demora entre abril y junio.

No se aplican sanciones contractuales si el contrato se celebró antes del 1 de abril de 2020 y el deudor se encuentra en situación de impago que se deba a un deterioro significativo de la situación económica del deudor relacionado con la COVID-19 o su incapacidad para cumplir sus obligaciones debido a las restricciones sobre su vida laboral derivadas de las medidas relacionadas con la COVID-19; el motivo de la sanción es el deterioro considerable de la contraprestación económica como consecuencia de la COVID-19.