Efecto de la COVID-19 en los asuntos civiles y concursales

1 Repercusión de la COVID-19 en los procedimientos civiles

1.1 Plazos de los procedimientos civiles

Hasta el momento no se ha introducido ninguna medida relativa a los procedimientos judiciales.

1.2 Organización judicial y poder judicial

Los órganos jurisdiccionales suecos, que son independientes del Gobierno, han adoptado diversas medidas para afrontar la situación actual. En general, se han cancelado más audiencias de lo habitual, principalmente debido a enfermedad de las partes, los letrados o los testigos. Los órganos jurisdiccionales han incrementado el uso de videoconferencias y conferencias telefónicas. Las normas existentes se utilizan para continuar con las actividades de la forma más segura y eficaz posible.

1.3 Cooperación judicial en la UE

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2 Medidas en materia de insolvencia aprobadas o previstas para su aprobación en los Estados miembros tras el inicio de la pandemia

2.1 Medidas concursales sustantivas y contratos conexos que afectan a tales medidas

2.1.1 Suspensión de los procesos concursales

2.1.1.1 Suspensión de la obligación de solicitar la declaración del concurso (deudores)

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2.1.1.2 Protección de los deudores cuando sus acreedores soliciten la declaración del concurso

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2.1.2 Suspensión de las ejecuciones de créditos y de la rescisión de contratos

2.1.2.1 Moratorias generales o específicas de la ejecución de créditos o de determinados tipos de créditos

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2.1.2.2 Suspensión de la rescisión de contratos (contratos generales o específicos)

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2.2 Asuntos civiles, incluidas la suspensión de la actividad de los órganos judiciales competentes en materia concursal y las suspensiones procesales

No se han adoptado medidas específicas en el sistema judicial.

2.3 Otras medidas concursales (las relativas a acciones revocatorias, planes de saneamiento, acuerdos oficiosos y otras, si procede)

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2.4 Medidas de otra índole conexas (aplazamientos de pagos, préstamos bancarios, seguridad social, seguro de salud, subsidios para empresas)

Se ha centrado la atención en las medidas económicas orientadas a reducir el riesgo de que se incoen procedimientos de ejecución adicionales.