Demandas de escasa cuantía

1 ¿Existe un procedimiento específico para las demandas de escasa cuantía?

El 15 de enero de 2018, entraron en vigor en Letonia modificaciones de la Ley de Procedimiento Civil, que sustituyen las palabras «asuntos de escasa cuantía» por «procedimientos simplificados».

Un juez inicia un procedimiento simplificado basándose en una solicitud escrita si la deuda principal o, en el caso de una demanda de cobro de pensiones alimenticias, el importe total de los pagos no supera los 2 500 EUR en la fecha de interposición de la demanda. En el caso de demandas de cobro de pensiones alimenticias, se aplica por separado a cada hijo. (artículo 250¹⁹, apartado 2, de la Ley de Procedimiento Civil).

El procedimiento simplificado se regula en el capítulo 30 de la Ley de Procedimiento Civil³: artículo 250¹⁸ a 250^27A y los artículos siguientes del capítulo 54¹: artículo 440¹ a 440¹².

1.1 Ámbito del procedimiento, cuantía máxima

Los procedimientos simplificados se aplican únicamente a demandas de cobro de dinero y de cobro de pensiones alimenticias (artículo 35, apartado 1, puntos 1 y 3 de la Ley de Procedimiento Civil).

Las disposiciones de la legislación nacional que rigen el procedimiento simplificado no son de aplicación a las normas de procedimiento relativas a las demandas de procedimientos simplificados en virtud del Reglamento (CE) n.º 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía, excepto en lo relativo al procedimiento para recurrir las resoluciones de un órgano jurisdiccional de primera instancia.

La tasa estatal (valsts nodeva) que se paga para una solicitud (artículo 34, apartado 1, punto 1, de la Ley de Procedimiento Civil) es la siguiente:

a) hasta 2 134 EUR: la tasa es del – 15 % de la cantidad reclamada en el litigio (la tasa mínima que debe pagarse es de 70 EUR);

b) a partir de 2 135 EUR hasta 7 114 EUR: la tasa es de 320 EUR más el 4 % del importe de la demanda que supere los 2 134 EUR.

En el caso de las demandas de cobro de pensiones alimenticias para un hijo o un progenitor, no es necesario pagar una tasa estatal.

1.2 Inicio del procedimiento

En los procedimientos simplificados, el órgano jurisdiccional sigue las reglas generales de procedimiento teniendo en cuenta las excepciones del procedimiento civil para el procedimiento simplificado. El juez inicia el procedimiento simplificado basándose en una solicitud escrita.

El juez no tramitará una solicitud de procedimiento simplificado si esta no está redactada de conformidad con el modelo aprobado por el Consejo de Ministros.

En tal caso, un juez adopta una resolución motivada para no tramitar la solicitud, la envía al demandante y fija un plazo para subsanar deficiencias. Este plazo no puede ser inferior a veinte días, que darán comienzo el día en que se adopta la resolución. La resolución de un juez puede ser recurrida en un plazo de diez días a partir de la fecha de emisión de la sentencia, o de quince días a partir de la fecha de notificación de la sentencia si el lugar de residencia de la persona se encuentra fuera de Letonia.

1.3 Formularios

La solicitud de demanda y las observaciones del demandado deben redactarse utilizando los formularios establecidos en los anexos del Reglamento del Consejo de Ministros (Ministru kabinets) n.º 305, de 29 de mayo de 2018, relativa a los formularios que se utilizarán en los procedimientos simplificados. Los anexos del Reglamento del Consejo de Ministros incluyen los siguientes formularios:

1. Solicitud de procedimiento simplificado para el cobro de dinero (anexo 1);

2. Solicitud de procedimiento simplificado para el cobro de pensiones alimenticias (anexo 2);

3. Declaración relativa a un procedimiento simplificado para el cobro de dinero (anexo 3);

4. Declaración relativa a una solicitud de procedimiento simplificado para el cobro de pensiones alimenticias (anexo 4).

Además de los detalles particulares del demandante y el demandado, los formularios para procedimientos simplificados deben incluir la información siguiente:

1. El nombre del tribunal de primera instancia de la comarca [rajona (pilsētas) tiesa] ante el que se interpone la demanda; a menos que las partes hayan acordado por contrato que los litigios serán dirimidos en otro lugar, la demanda contra una persona debe ser presentada en el tribunal de su lugar de residencia declarado, o en el caso de una persona jurídica en el de su sede central (si la demanda está relacionada con las actividades de una sucursal o una oficina de una persona jurídica, también es posible interponer una demanda en el lugar donde está situada la sucursal o la oficina).
   La información sobre el órgano jurisdiccional competente, es decir, el órgano jurisdiccional que debe ser indicado en el formulario, se encuentra en el portal de internet https://www.tiesas.lv/, en los apartados Tiesas («órganos jurisdiccionales») y Tiesu darbības teritorijas («competencia territorial de los órganos jurisdiccionales»).
2. Si el demandante quiere que sus intereses sean representados por otra persona ante el órgano jurisdiccional, deberá indicar quién es su representante. Para que otra persona pueda actuar como representante de una parte ante un órgano jurisdiccional, se debe redactar un poder de representación (pilnvara), que deberá estar autenticado por un notario y aparecer indicado en la columna que declara la base de representación. Si el representante es un abogado (zvērināts advokāts), la representación debe ser confirmada por una orden de representación (orderis), y si el letrado va a actuar en nombre de la parte debe contar con un poder de representación por escrito (que en este caso no ha de estar firmado por un notario).
3. Objeto de la demanda: el formulario debe indicar los derechos en disputa y las relaciones jurídicas entre el demandante y el demandado cuya existencia o inexistencia el demandante pide al órgano jurisdiccional que confirme, solicitando que proteja sus derechos intereses garantizados por ley.
4. El método de cálculo del importe de la demanda: un formulario de procedimiento simplificado debe indicar la deuda principal, es decir, la cuantía de la deuda antes de los intereses y las penalizaciones contractuales, la cuantía de cualquier penalización contractual, cualquier interés adeudado en virtud del contrato o por ley, y la suma de todos estos elementos.
5. El formulario debe indicar los hechos en los que el demandante basa su demanda así como pruebas justificativas, las disposiciones legislativas específicas en que se basa la demanda y, finalmente, la medida que el demandante solicita que sea adoptada por el órgano jurisdiccional.
6. La solicitud deberá estar firmada por el demandante o por su representante, o por ambos si así lo exige el órgano jurisdiccional. Se deben adjuntar a la solicitud documentos que certifiquen que se han cumplido los procedimientos relativos al examen extrajudicial preliminar del asunto requerido por ley, y que acrediten los hechos en que se basa la demanda.

1.4 Asistencia

La Ley de Procedimiento Civil no incluye disposiciones especiales para la asistencia jurídica en el caso de procedimientos simplificados. Una persona puede estar representada en un procedimiento simplificado.

Si el demandante desea que sus intereses sean representados ante el órgano jurisdiccional por otra persona, y si la solicitud ha sido realizada por dicho representante, la solicitud debe indicar el nombre y los apellidos del representante, así como su número de identidad personal y una dirección para la correspondencia con el órgano jurisdiccional; o bien, si el representante es una persona jurídica, su nombre, su número de registro y la dirección de su sede oficial. Cualquier persona física puede actuar como representante en procedimientos civiles, siempre que haya alcanzado los dieciocho años, no se encuentre bajo custodia y no esté sujeta a una de las restricciones especificadas en el artículo 84 de la Ley de Procedimiento Civil. Si otra persona va a actuar como representante ante el tribunal, debe estar autorizada por la parte interesada, por medio de un poder de representación certificado por un notario. El demandante puede designar un representante mediante solicitud oral ante el órgano jurisdiccional, lo que deberá constar en el acta de la vista. El representante de una persona jurídica debe contar con un poder de representación por escrito (que en este caso no ha de estar firmado por un notario) o con documentos que confirmen que esa persona es un agente legitimado para representar a la persona jurídica sin una autorización especial. Si el representante es un abogado titulado (zvērināts advokāts), la representación debe ser confirmada por una orden de representación (orderis), y si el letrado va a actuar en nombre de la parte debe contar con un poder de representación por escrito (que en este caso no ha de estar firmado por un notario). Si una persona está representada, los documentos necesarios serán presentados ante el órgano jurisdiccional y firmados por el representante que actúa en nombre de esa persona con arreglo al poder de representación.

1.5 Reglas relativas a la obtención de pruebas

La obtención de pruebas está sujeta a las disposiciones generales de la Ley de Procedimiento Civil. En consecuencia, en los procedimientos simplificados, las pruebas pueden adoptar la forma de observaciones de las partes o de terceros, declaraciones de testigos, pruebas por escrito y opiniones de peritos.

1.6 Procedimiento escrito

El juez inicia el procedimiento simplificado basándose en una solicitud escrita. Se envía al demandado una copia de la solicitud y un formulario para que formule observaciones; el demandado debe presentar sus observaciones en un plazo de treinta días a partir de la fecha de envío de la solicitud. En función de las circunstancias y de la naturaleza del asunto, también pueden enviarse al demandado documentos adjuntos a la solicitud. El órgano jurisdiccional también informa al demandado de que la ausencia de observaciones por parte del demandado no impedirá que se emita un fallo sobre el asunto, y que el demandado puede solicitar una vista completa ante el órgano jurisdiccional.

Cuando el órgano jurisdiccional envíe los documentos a las partes, les explicará sus derechos procesales, les informará sobre la composición del órgano jurisdiccional que va a considerar el asunto, y les explicará cómo una parte puede plantear objeciones al juez. La Ley de Procedimiento Civil reconoce a las partes derechos procesales con respecto a la preparación del asunto para su vista, derechos que pueden ejercer a más tardar siete días antes de la fecha fijada para el pronunciamiento del órgano jurisdiccional.

El demandado podrá presentar sus observaciones utilizando un modelo aprobado por el Consejo de Ministros. El modelo es uno de los formularios incluidos en los anexos del Reglamento del Consejo de Ministros n.º 305, de 29 de mayo de 2018, relativo a los formularios que deben utilizarse en el procedimiento simplificado. El demandado debe facilitar la información siguiente en sus observaciones:

1. el nombre del órgano jurisdiccional ante el que se presentan las observaciones;
2. el nombre, los apellidos y el número de identidad personal del demandante, así como su dirección declarada, o en su defecto su dirección de facto; en caso de ser una persona jurídica, el nombre, el número de registro y la sede oficial;
3. el nombre, los apellidos, el número de identidad personal y la dirección declarada del demandado junto con cualquier dirección adicional declarada por el demandado, o en su defecto la dirección de facto del demandado; en caso de ser una persona jurídica, el nombre, el número de registro y la sede oficial; el demandante puede indicar asimismo otra dirección para mantener correspondencia con el órgano jurisdiccional;
4. el número de asunto y el objeto de la demanda;
5. si admite la demanda, en su totalidad o en parte;
6. sus objeciones contra la demanda, los motivos en los que las apoya y las disposiciones jurídicas en que se basan;
7. las pruebas que corroboren sus objeciones contra la demanda;
8. las proposiciones de prueba;
9. si el demandado desea recuperar las costas judiciales;
10. si el demandado desea recuperar los gastos relacionados con la tramitación del asunto, indicando la cuantía y adjuntando documentos que la justifiquen;
11. si el demandado solicita que el asunto sea dirimido en una vista judicial;
12. cualquier otra circunstancia que el demandado considere importante para la vista del asunto;
13. cualquier otra petición;
14. una lista de los documentos que se adjuntan a las observaciones;
15. la hora y el lugar de redacción de las observaciones.

Un demandado tiene derecho a interponer una contrademanda, en un plazo de treinta días desde la fecha en que la demanda es enviada al demandado, si:

1. es posible una compensación entre las reclamaciones de la demanda inicial y la contrademanda;
2. admitir la contrademanda impide al órgano jurisdiccional admitir todas o parte de las reclamaciones de la demanda inicial;
3. la contrademanda y la demanda inicial están interrelacionadas y el asunto puede ser tramitado con mayor rapidez y corrección si son consideradas de manera conjunta. El asunto será juzgado de conformidad con el procedimiento simplificado si la contrademanda es una demanda de procedimiento simplificado, es decir, si no supera el máximo permitido y si ha sido formulada en consecuencia.

Si la suma que se solicita en la contrademanda supera el máximo para los procedimientos simplificados, o si la contrademanda no es una demanda para la recuperación de dinero o de obligaciones de alimentos, el órgano jurisdiccional considerará el caso de conformidad con los procedimientos judiciales ordinarios.

Si las partes no solicitan que el asunto sea considerado en una vista judicial y si el órgano jurisdiccional no considera que sea necesaria dicha vista, un procedimiento simplificado es examinado en la fase escrita del procedimiento, y las partes serán notificadas a su debido tiempo de la fecha en que el sumario de la sentencia estará disponible en el sistema en línea. Se considera que la fecha en la que el sumario de una sentencia está disponible en el sistema en línea es la fecha en que se redacta la sentencia. El órgano jurisdiccional analizará el caso en una vista de conformidad con los procedimientos judiciales ordinarios si alguna de las partes así lo solicita o si el órgano jurisdiccional considera que dicha vista es necesaria. El órgano jurisdiccional también puede conocer de un asunto en una vista celebrada por iniciativa propia. Si el lugar de residencia o el paradero de una persona no se encuentran en Letonia y si su dirección es conocida, la notificación y el traslado de documentos judiciales se realiza de conformidad con las leyes internacionales vinculantes para Letonia o el Derecho de la Unión, en particular el Reglamento (UE) 2020/1784 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil.

1.7 Contenido de la decisión

En los casos de procedimiento simplificado, el órgano jurisdiccional redacta un sumario de la sentencia. El sumario de una sentencia se redacta de conformidad con los requisitos generales relativos al contenido de una sentencia (artículo 193 de la Ley de Procedimiento Civil), con excepción de la parte descriptiva, que solo indica el objeto de la demanda, las leyes y reglamentos invocados por la parte, la pretensión y la motivación de la sentencia, que solo refleja la legislación invocada por el órgano jurisdiccional.

El órgano jurisdiccional redacta una sentencia completa (de conformidad con los requisitos generales relativos al contenido de una sentencia) en un procedimiento simplificado si una de las partes solicita por escrito que se redacte la sentencia. La solicitud debe presentarse ante el órgano jurisdiccional en un plazo de diez días a partir de la fecha del anuncio del sumario de la sentencia (la fecha en que el sumario de la sentencia esté disponible en el sistema en línea). El órgano jurisdiccional también puede redactar una sentencia completa de oficio. El órgano jurisdiccional redactará una sentencia completa en un plazo de veinte días a partir de la expiración del plazo de presentación de una solicitud de redacción de sentencia. Se considera que la fecha en la que una sentencia completa está disponible en el sistema en línea es la fecha en que se redacta la sentencia.

1.8 Reembolso de gastos

En general, los procedimientos simplificados están sujetos a las normas generales sobre el pago de las costas judiciales.

Cuando se dicta una sentencia, el órgano jurisdiccional ordena a la parte perdedora a pagar las costas judiciales de la parte ganadora (las tasas estatales y las costas judiciales). Si la solicitud es confirmada solamente en parte, se ordenará al demandado que pague las costas judiciales del demandante en proporción con las reclamaciones admitidas, y el demandante deberá pagar las costas judiciales del demandado en proporción con las reclamaciones desestimadas. Si un demandante retira su demanda, deberá reembolsar las costas judiciales al demandado. En este caso, el demandado no reembolsará las costas judiciales pagadas por el demandante, pero si el demandante retira la demanda porque el demandado satisface voluntariamente la reclamación después de que la solicitud ha sido presentada, el órgano jurisdiccional puede, a petición del demandante, ordenar que el demandado pague las costas judiciales del demandante.

De igual manera, si el órgano jurisdiccional decide desestimar una demanda, este puede, a petición del demandado, ordenar al demandante que pague las costas judiciales del demandado.

Si un demandante queda exento de pagar las costas judiciales, se puede ordenar al demandado que pague las costas judiciales al Estado de manera proporcional a la parte de la solicitud que ha sido confirmada.

Se abona una fianza de 70 EUR en caso de pretensión accesoria. Si el órgano jurisdiccional anula o modifica total o parcialmente una sentencia recurrida, se reembolsará la fianza. Si se desestima un recurso, no se reembolsará la fianza.

1.9 Posibilidades de recurso

Es posible presentar un recurso (apelācija) contra la sentencia de un tribunal de primera instancia, si:

• el tribunal ha aplicado o interpretado incorrectamente una norma de Derecho sustantivo, y esto ha provocado una resolución incorrecta del asunto;
• el tribunal ha infringido una norma de Derecho procesal, y esto ha provocado una resolución incorrecta del asunto;
• el tribunal ha realizado apreciaciones de hecho incorrectas o ha evaluado pruebas de manera incorrecta, o ha llevado a cabo una evaluación jurídica incorrecta de las circunstancias del asunto, lo que ha provocado una resolución incorrecta del asunto.

Si un procedimiento simplificado ha sido dirimido en la fase escrita del procedimiento, el plazo (veinte días) para recurrir la sentencia comienza el día en que se redacta la sentencia.

Además de los puntos especificados en la Ley de Procedimiento Civil, un recurso que denuncie que una sentencia es defectuosa debe indicar lo siguiente:

• qué norma de Derecho sustantivo se ha aplicado o ha sido interpretada incorrectamente por el tribunal de primera instancia, o qué norma de Derecho procesal se ha infringido, y cómo ha afectado esto a la resolución del asunto;
• cuáles de las apreciaciones de hecho realizadas por el tribunal de primera instancia son incorrectas, qué pruebas han sido evaluadas de manera incorrecta, cómo puede comprobarse que la evaluación jurídica de las circunstancias del asunto es errónea, y cómo ha afectado esto a la resolución del asunto.

El juez del tribunal de primera instancia decide si el recurso debe seguir adelante: si el recurso no cumple los requisitos de la Ley de Procedimiento Civil, o si no se han adjuntado todas las copias necesarias, o si no se han facilitado las traducciones debidamente certificadas del recurso y de las copias de la documentación adjunta requerida, el juez fijará un plazo durante el que se deberán subsanar las deficiencias. Si las deficiencias son subsanadas en el plazo indicado, se considerará que el recurso ha sido presentado el día en que fue remitido por vez primera. De lo contrario, se considerará que jamás ha sido presentado y será devuelto al recurrente.

Un recurso que no esté firmado, o que haya sido presentado por una persona que no ha sido debidamente autorizada para hacerlo, o para cuya interposición no se ha abonado la tasa estatal (la tasa estatal que debe abonarse por un recurso según el cálculo del importe del litigio por parte del tribunal de primera instancia), no será aceptado y será devuelto al recurrente. Una resolución que rechaza aceptar un recurso no puede ser impugnada.

Si el juez del tribunal de apelación, o en determinados asuntos una sala compuesta por tres magistrados, entiende que se ha observado el procedimiento de presentación de recursos, adoptará la decisión de iniciar el procedimiento de recurso en un plazo de treinta días desde la recepción del recurso.

Con la condición de que concurra al menos uno de los posibles motivos para recurrir, el juez adoptará la decisión de iniciar el procedimiento y lo notificará a las partes sin demora, indicando el plazo para la presentación de observaciones por escrito.

Si el juez designado para adoptar la decisión sobre un recurso considera que no se debe iniciar el procedimiento de recurso, la cuestión será dirimida por una sala compuesta por tres magistrados.

Si al menos uno de los tres jueces opina que concurre como mínimo uno de los motivos para iniciar el procedimiento de recurso, los jueces adoptan la decisión de iniciar dicho procedimiento, y lo notifican a las partes de inmediato.

Si, de manera unánime, los jueces opinan que no concurre ninguno de los motivos para iniciar el procedimiento de recurso, adoptarán la decisión de negarse a iniciar dicho procedimiento, extremo que notificarán de inmediato a las partes. Esta decisión adopta la forma de una resolución (rezolūcija) y no puede ser impugnada.

En un plazo de veinte días a partir del día en que el tribunal de apelación notifica a las partes que se ha iniciado el procedimiento, las partes pueden enviar observaciones por escrito relacionadas con el recurso.

Tras el envío de la notificación del inicio de los procedimientos de recurso, una parte tiene veinte días para presentar una adhesión a la casación. Si se recibe una adhesión a la casación, el tribunal la enviará a las otras partes sin demora.

Los recursos en el procedimiento simplificado se dirimen en la fase escrita del procedimiento; las partes son notificadas a su debido tiempo acerca de la fecha en que el sumario de la sentencia estará disponible en el sistema en línea, y son informadas sobre la composición del órgano jurisdiccional y acerca de su derecho a plantear una objeción al juez. Se considera que una sentencia se ha redactado el día en que esté disponible en el sistema en línea. Pero si el órgano jurisdiccional lo considera necesario, los procedimientos simplificados pueden conocerse durante una vista judicial.

No cabe interponer un recurso de casación contra la sentencia de un tribunal de apelación, y esta surte efecto cuando se dicta o, si el asunto se dirime en la fase escrita del procedimiento, en la fecha en que es redactada.