En el ámbito de la justicia civil, los procesos y procedimientos pendientes iniciados antes del final del período transitorio proseguirán con arreglo a la legislación de la UE. El Portal de e-Justicia mantendrá la información relativa al Reino Unido, sobre la base de un acuerdo mutuo con este país, hasta el final de 2022.

Insolvencia y quiebra

Irlanda del Norte
Contenido facilitado por
European Judicial Network
Red Judicial Europea (en materia civil y mercantil)

1 ¿Contra quién puede incoarse un procedimiento de insolvencia?

  • Pueden incoarse procedimientos de insolvencia contra particulares, sociedades personalistas (partnerships) y sociedades (constituidas o no).
  • Se puede incoar un procedimiento contra cualquier particular que tenga una deuda de al menos 5 000 GBP y que, o bien viva en Irlanda del Norte, o bien haya vivido o ejercido actividades económicas en Irlanda del Norte en los últimos tres años, o se encuentre en Irlanda del Norte el día en que se presenta una petición concursal. No hay edad mínima.

2 ¿Cuáles son las condiciones para la apertura de un procedimiento de insolvencia?

  • La insolvencia de las sociedades en Irlanda del Norte del Norte puede producirse por medio de liquidación —voluntaria o por resolución del Tribunal Superior (High Court)— o reorganización —convenio voluntario de empresa (company voluntary arrangement) o administración judicial. La administración judicial también puede emplearse como paso previo al procedimiento de liquidación.
  • Cualquier acreedor (privado o público) puede solicitar al órgano jurisdiccional la liquidación de una sociedad (liquidación forzosa) o pedir que pase a administración judicial.
  • La sociedad deudora puede resolver por sí misma su liquidación (liquidación voluntaria, que puede ser solvente o insolvente, y se debe evaluar su solvencia en función de la capacidad de pagar todas las deudas en un plazo de doce meses). La sociedad deudora también puede solicitar al órgano jurisdiccional su liquidación.
  • El Departamento de Economía puede solicitar al órgano jurisdiccional la liquidación de una sociedad si ello redunda en aras del interés público. Estas sociedades tienen que ser solventes.
  • En cualquier momento después de que se haya presentado una solicitud de liquidación forzosa ante el órgano jurisdiccional, este puede nombrar un liquidador provisional. Estos nombramientos en general tienen como objetivo proteger los activos de la sociedad antes de la vista en la que se decidirá sobre la liquidación. Las facultades del liquidador provisional se establecen en la resolución judicial por la que se nombra.
  • La sociedad o sus consejeros pueden designar un administrador así como un titular de una garantía flotante (floating charge); estos nombramientos pueden ser extrajudiciales.
  • Para que una sociedad pase a disposición de la administración judicial, debe ser insolvente o previsiblemente puede llegar a serlo. Según la jurisprudencia, el término «previsiblemente» en este sentido significa que hay más probabilidades a favor que en contra.
  • En un convenio voluntario de empresa, una sociedad debe ser solvente.
  • La liquidación forzosa puede fundamentarse por la incapacidad de la sociedad para pagar sus deudas (insolvencia) y dicha incapacidad debe justificarse mediante un requerimiento legal de pago no satisfecho o una sentencia incumplida. El órgano jurisdiccional puede ordenar la liquidación de una sociedad por motivos de justicia y equidad.
  • Tan pronto como comience el procedimiento —ya sea la resolución de la sociedad de disolverse; la resolución judicial de pasar a administración judicial o liquidación o la presentación de una notificación de nombramiento de un administrador ante el órgano jurisdiccional (para aquellos nombramientos no realizados por resolución judicial—, la persona que ha recibido el mandato de la autoridad pública puede actuar.
  • La sociedad puede proponer un convenio voluntario de empresa. Tiene que ser solvente para hacerlo. La persona que ha recibido el mandato de la autoridad pública en el procedimiento de liquidación o administración también puede proponer dicho convenio (en caso de que algunos de estos procedimientos ya hayan comenzado).
  • Los procedimientos de insolvencia individuales disponibles son los convenios voluntarios individuales (individual voluntary arrangement o IVA), las resoluciones de alivio de la deuda (debt relief order o DRO) y las declaraciones concursales (ya sea a petición de un acreedor o de la persona).
  • El deudor propone los convenios voluntarios individuales y los acreedores los acuerdan mediante una votación en la que se debe contar con la aprobación del 75 % de los votos. No se aplica ningún nivel de deuda mínima y no hay prueba de insolvencia. La propuesta debe hacerse a través de un mandatario, que pasa a ser supervisor si los acreedores aprueban la propuesta. El mandatario puede actuar cuando el deudor le remite la propuesta. Un acuerdo voluntario individual puede proponerse en el momento en que el deudor esté sujeto a un procedimiento concursal, y dicho procedimiento puede ser anulado si los acreedores aceptan la propuesta. Los convenios que son aceptados por los acreedores en la votación son vinculantes para todos los acreedores.
  • Las solicitudes de resoluciones de alivio de la deuda se presentan por medios electrónicos al síndico por parte del deudor a través de un intermediario autorizado. El órgano jurisdiccional no participa en la incoación del procedimiento. El deudor debe tener deudas de hasta 20 000 GBP, bienes por un valor de hasta 1 000 GBP (sin incluir un vehículo razonable) y un excedente de ingresos inferior a 50 GBP al mes. El deudor no debe estar sujeto a ningún otro procedimiento de insolvencia y no debe haber realizado ninguna operación que haya perjudicado a los acreedores en los dos años anteriores. El síndico tiene el deber de determinar la solicitud cuando se recibe, y por lo tanto puede actuar a partir de ese momento.
  • La declaración concursal puede hacerse a petición de un acreedor o del propio deudor. El síndico se convierte en administrador judicial y gestor de la declaración concursal. Se puede nombrar un fideicomisario posteriormente y puede actuar inmediatamente después de su nombramiento.
  • En caso de que la petición la presente un acreedor, esta debe dirigirse al órgano jurisdiccional y está sujeta a una deuda mínima de 5 000 GBP aunque dos o más acreedores pueden presentar una solicitud conjunta, en cuyo caso se suman las deudas adeudadas a cada uno de ellos. La deuda no debe estar garantizada. La solicitud debe demostrar que el deudor no puede pagar la deuda, y esto debe demostrarse mediante un requerimiento legal, o una sentencia, no satisfechos.
  • Las solicitudes del deudor también se presentan ante el órgano jurisdiccional. No se aplica ningún nivel mínimo de deuda, pero el deudor debe ser incapaz de pagar sus deudas.
  • Cuando se presenta una solicitud de concurso de acreedores, antes de examinarla, el órgano jurisdiccional puede nombrar un administrador provisional para proteger los bienes del deudor que se hayan identificado como potencialmente en peligro. En la mayoría de los casos, el órgano jurisdiccional da instrucciones específicas en cuanto al mandato de un administrador provisional, pero también puede otorgar un poder más general para tomar posesión inmediata de los bienes del deudor. Únicamente el síndico puede ser nombrado administrador provisional.

3 ¿Qué bienes forman parte de la masa del deudor? ¿Cómo se tratan los activos que son adquiridos por el deudor o que se le transfieren tras la apertura del procedimiento de insolvencia?

  • En caso de insolvencia de una sociedad, todos los bienes de esta, en cualquier parte del mundo, están sujetos al procedimiento de insolvencia. El Derecho define en sentido amplio el término «bienes».
  • En los convenios voluntarios individuales, la propuesta del deudor debe establecer la forma en que se trataran los bienes, y los acreedores pueden examinarla antes de votar si la aceptan o no.
  • En las resoluciones de alivio de la deuda, los bienes tienen un valor de hasta 1 000 GBP (sin incluir un vehículo razonable) y siguen siendo propiedad del deudor.
  • En caso de concurso de acreedores, todos los bienes que el concursado posee en cualquier parte del mundo se confieren al fideicomisario, con algunas excepciones. Cualquier bien que se necesite para satisfacer las necesidades domésticas de la persona o para permitirle desempeñar su empleo o actividad comercial, no forma parte de la masa concursal. Se puede tratar de un vehículo de motor. Si el fideicomisario considera que dicho bien tiene un valor superior al coste de una renta de sustitución razonable, entonces el fideicomisario puede liquidar el bien y proporcionar dicha renta. Asimismo, tampoco se incluyen en la masa concursal los bienes que el concursado tenga en custodia para un tercero.
  • Los ingresos del deudor no forman parte de la masa concursal, pero el fideicomisario puede llegar a un acuerdo con la persona para que se pague a la masa concursal, en beneficio de los acreedores, un porcentaje de cualquier excedente de ingresos que tenga después de tener en cuenta sus necesidades domésticas razonables. El fideicomisario puede solicitar al órgano jurisdiccional que dicte una resolución que así lo ordene, si no se puede llegar a un acuerdo con la persona.
  • El fideicomisario puede reclamar para la masa concursal cualquier bien del que llegue a ser propietaria la persona mientras dure el procedimiento concursal.
  • Es un delito el hecho de que una persona en concurso de acreedores pida prestado dinero u obtenga un crédito de más de 500 GBP sin revelar el procedimiento concursal al prestamista.

4 ¿Qué competencias tienen el deudor y el administrador concursal, respectivamente?

  • Salvo en el caso del síndico, la persona que ha recibido el mandato de la autoridad pública debe ser administrador concursal. Las licencias solo las puede expedir un organismo profesional autorizado por el Departamento. Quien actúe como administrador concursal cuando no esté autorizado para ello comete un delito y está sujeto a una multa o a una pena de prisión.
  • Para obtener una licencia, el solicitante debe aprobar unos exámenes y contar con un cierto número de horas de experiencia práctica en materia de insolvencia.
  • Un administrador concursal debe ser una persona física.
  • Los acreedores fijan la remuneración de un administrador concursal que actúa como la persona que ha recibido el mandato de la autoridad pública. El administrador concursal puede recurrir al órgano jurisdiccional si considera que la base de la remuneración fijada por los acreedores es insuficiente. Si los acreedores piensan que la retribución es excesiva, pueden someter este referido asunto a la decisión de un órgano jurisdiccional.
  • Todos los asuntos de insolvencia están bajo el control general del órgano jurisdiccional y las partes afectadas (incluida la persona que ha recibido el mandato de la autoridad pública en el procedimiento de insolvencia) pueden solicitar instrucciones al órgano jurisdiccional.
  • En un convenio voluntario individual, un deudor es libre de negociar con sus bienes, siempre que ello no le lleve a incumplir los términos de su acuerdo con los acreedores.
  • En una resolución de alivio de la deuda, los bienes no se confieren a la persona que ha recibido el mandato de la autoridad pública.
  • Los bienes de un concurso de acreedores se transfieren al fideicomisario y el concursado no puede disponer de ellos. Esto no se aplica a los bienes excluidos de la masa concursal ni a los bienes que pasen a manos de la persona después de la incoación del procedimiento, a menos que esos bienes lleguen a su posesión antes de su rehabilitación y de que los reclame el fideicomisario. Además de la capacidad del fideicomisario de reclamar los bienes adquiridos, dicha rehabilitación del deudor no afecta a dicha situación.
  • Un síndico es una persona que ha recibido el mandato de la autoridad pública nombrado por el Departamento. Puede actuar como la persona que ha recibido el mandato de la autoridad pública en una liquidación forzosa o en un concurso de acreedores. Los acreedores no fijan la remuneración de un administrador concursal, quien se financia mediante una fórmula estatutaria como un porcentaje de los bienes liquidados o distribuidos.

5 ¿En qué condiciones pueden reclamarse las compensaciones?

  • El Derecho de Irlanda del Norte establece que la compensación se produce en la liquidación, la administración y el concurso de acreedores.
  • La cuenta de compensación incluye las cuentas mutuas (mutual dealings) en la fecha de la insolvencia.
  • El importe neto es o un bien de la insolvencia (una pérdida contable) o una responsabilidad.
  • Las partes no pueden eludir sus obligaciones derivadas de la aplicación de la compensación.

6 ¿Qué efectos tienen los procedimientos de insolvencia sobre los contratos en curso de los que el deudor es parte?

  • Un liquidador o fideicomisario puede renunciar a un contrato no rentable, lo que pone fin al interés o responsabilidad del concursado y la contraparte puede reclamar en la insolvencia daños y perjuicios como resultado de la insolvencia.
  • En caso de insolvencia de una sociedad, la persona que ha recibido el mandato de la autoridad pública en el procedimiento de insolvencia no tiene la obligación de cumplir los contratos celebrados por el concursado.
  • En un procedimiento concursal o de insolvencia de una sociedad, se pueden seguir prestando determinados servicios, como suministros básicos y servicios informáticos y de comunicaciones, considerados «esenciales» durante el procedimiento sin necesidad de pagar atrasos pendientes en el momento de la declaración del concurso.
  • Aparte de estos suministros esenciales (véase en el párrafo anterior), los proveedores pueden rescindir contratos una vez declarado el concurso, si el contrato contempla esta opción. Todo bien o servicio no pagado se considera un crédito en la insolvencia.
  • Los contratos en curso no se ven afectados directamente por un convenio voluntario individual o una resolución de alivio de la deuda, aunque tienen que considerarse como parte de la propuesta del convenio y pueden suponer que una persona no cumpla los criterios para obtener una resolución de alivio de la deuda.
  • En el concurso de acreedores, el fideicomisario puede renunciar a los contratos que no sean rentables. En caso contrario, si el contrato no se extingue en caso de insolvencia, el órgano jurisdiccional puede dictar una resolución de liberación de las obligaciones contractuales.

7 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre los procedimientos incoados por acreedores individuales (con excepción de los procesos en curso)?

  • La liquidación y la administración suspenden los procedimientos judiciales. No se pueden interponer acciones judiciales contra la sociedad una vez comenzado el procedimiento sin el consentimiento de la persona que ha recibido el mandato de la autoridad pública ni sin el permiso del órgano jurisdiccional.
  • En un convenio voluntario de empresa, un acreedor obligado por el convenio no puede emprender acciones legales para cobrar la deuda, dado que está obligados por el convenio aceptado. Un acreedor que cuente con autorización puede emprender estas acciones si no ha recibido el pago.
  • Si se ha presentado una solicitud de apertura de concurso, el órgano jurisdiccional puede suspender cualquier procedimiento judicial en curso contra la persona o los bienes del deudor o permitir que continúe en las condiciones que dicho órgano considere adecuadas. Ningún acreedor del concursado puede incoar ninguna acción contra su persona o sus bienes sin la autorización del órgano jurisdiccional mientras la persona no esté liberada del procedimiento concursal.
  • Cuando un deudor tenga la intención de proponer a sus acreedores un convenio voluntario individual, estos (o, si están sujetos a un procedimiento concursal, el fideicomisario o el síndico) pueden solicitar al órgano jurisdiccional medidas cautelares. De este modo, el órgano jurisdiccional puede suspender cualquier procedimiento contra la persona o los bienes del deudor e impedir que se inicie dicho procedimiento. Las medidas cautelares también evitan que se interponga una solicitud de apertura de concurso contra un deudor. La propuesta de convenio voluntario individual debe incluir la forma en que se ha de disponer del procedimiento en curso y, si se acepta, todos los acreedores quedan obligados por él.
  • Una resolución de alivio de la deuda impide a los acreedores tomar medidas contra el deudor en relación con su deuda.

8 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre la continuación de los procesos en curso en el momento de la apertura de dicho procedimiento de insolvencia?

  • La liquidación y la administración suspenden los procedimientos judiciales. Los procedimientos pendientes en la fecha de la insolvencia no pueden proseguir sin el consentimiento de la persona que ha recibido el mandato de la autoridad pública o la autorización de órgano jurisdiccional.
  • Una vez aprobado el convenio voluntario de empresa o individual, un acreedor en un procedimiento pendiente no puede proseguir dicho procedimiento, ya que está sujeto a las condiciones del convenio (con independencia de que votara o no a favor de su aprobación).
  • Los acreedores participan en los procedimientos de insolvencia mediante la junta de acreedores y otros procesos de decisión. También pueden formar un comité y elegir a sus miembros. Las personas que han recibido el mandato de la autoridad pública, salvo el síndico, deben informar con regularidad a los acreedores (cada seis o doce meses, en función de procedimiento) sobre los avances de un asunto.

9 ¿Cuáles son los principales elementos de la participación de los acreedores en el procedimiento de insolvencia?

  • Los acreedores participan en los procedimientos de insolvencia mediante la junta de acreedores y otros procesos de decisión. También pueden formar un comité y elegir a sus miembros. Las personas que han recibido el mandato de la autoridad pública, salvo el síndico, deben informar con regularidad a los acreedores (cada seis o doce meses, en función de procedimiento) sobre los avances de un asunto. En el concurso de acreedores o la liquidación, deben celebrar una junta final de acreedores para informar sobre la administración del procedimiento de insolvencia.
  • Las decisiones pueden incluir el nombramiento o la destitución de la persona que ha recibido el mandato de la autoridad pública, el acuerdo sobre su retribución, la formación de un comité, el examen de una propuesta de convenio voluntario o cualquier otra decisión que la persona que ha recibido el mandato de la autoridad pública considere que debe comunicar a los acreedores.

10 ¿De qué forma puede el administrador concursal utilizar o enajenar bienes de la masa?

  • La propuesta de convenio voluntario individual puede prever que el supervisor disponga de los bienes del deudor.
  • En una resolución de alivio de la deuda, los bienes se excluyen del procedimiento, pero el síndico está facultado para hacer averiguaciones sobre la conducta y los bienes del deudor.
  • En un concurso de acreedores, la propiedad recae en el fideicomisario tras su nombramiento, sin necesidad de enajenación, cesión o transferencia. El fideicomisario tiene el deber de acceder, realizar y distribuir la propiedad concursal a los acreedores.

11 ¿Qué créditos deben reconocerse en la masa del deudor y qué tratamiento tienen los créditos nacidos después de la apertura del procedimiento de insolvencia?

  • En la insolvencia de una empresa, pueden reclamarse todas las deudas, responsabilidades y obligaciones extracontractuales de la sociedad antes del inicio de la insolvencia. También se pueden reclamar las deudas pagaderas en el futuro, pero se descuentan de los valores actuales.
  • Las responsabilidades derivadas de determinadas acciones delictivas (como el tráfico de drogas) no se consideran créditos en la administración o la liquidación.
  • Las obligaciones contraídas después del inicio de las actuaciones se consideran «gastos». Están sujetas a su propia jerarquía de pago, pero todas deben pagarse antes de que el dinero se pueda distribuir a los acreedores.
  • En una propuesta de convenio voluntario individual, se debe hacer una declaración completa de las obligaciones del deudor y se establece la forma en que se debe pagar a los acreedores. Las deudas contraídas por el deudor una vez acordada la propuesta no pueden reclamarse en la insolvencia a menos que se haya dispuesto expresamente lo contrario.
  • En el procedimiento de resolución de alivio de la deuda, no se incluyen determinadas deudas, que deben ser pagadas por el deudor. Estas incluyen multas, tasas por televisor no pagadas, préstamos estudiantiles y deudas garantizadas. En una resolución de alivio de la deuda, no se presentan reclamaciones de los acreedores, dado que no hay reparto de bienes.
  • En el procedimiento concursal pueden reclamarse las deudas que venzan en la fecha de la solicitud de apertura de concurso o que venzan en el futuro como resultado de una obligación contraída antes del concurso. Las multas, las deudas de préstamos a estudiantes, los atrasos de una deuda debida en procedimientos de familia y las deudas debidas por resoluciones de decomiso no pueden reclamarse en procedimientos concursales.

12 ¿Qué normas rigen el reconocimiento, verificación y admisión de los créditos?

  • Los acreedores pueden presentar sus pretensiones (prueba de deuda) en cualquier momento del procedimiento. A fin de tener derecho a voto en cualquier reunión (o procedimiento de decisión) o para participar en una distribución, un acreedor debe presentar sus pretensiones.
  • En la administración, liquidación o concurso de acreedores, cuando se prevé una distribución, la persona que ha recibido el mandato de la autoridad pública escribe a todos los acreedores que aún no hayan hecho valer sus pretensiones y les indica que se va a efectuar una distribución, les invita a que presenten sus pretensiones y fija una fecha límite para que lo hagan a fin de incluirlos en dicha distribución. La persona que ha recibido el mandato de la autoridad pública puede tramitar las pretensiones una vez transcurrida esta fecha, pero no tiene la obligación de hacerlo.
  • Para liquidación judicial y el concurso de acreedores, existe un formulario normalizado que debe presentarse para las pruebas. Ningún otro procedimiento tiene un formulario normalizado, pero el marco jurídico de los demás procedimientos establece lo que debe incluirse en una prueba a efectos de distribución.
  • Si un acreedor no presenta sus pretensiones a tiempo, no podrá interferir en la distribución.
  • En los convenios voluntarios, el requisito de presentar una prueba a la persona que ha recibido el mandato de la autoridad pública se satisface mediante la notificación de las pretensiones por escrito.

13 ¿Qué normas rigen la distribución de los créditos? ¿Qué prelación tienen los créditos y los derechos de los acreedores?

  • Algunos créditos de origen laboral reciben un tratamiento preferente, y se pagan después de satisfacer los gastos del procedimiento pero antes de los créditos de los titulares de garantías flotantes y de los acreedores no garantizados.
  • Ningún crédito está subordinado por ley, salvo en los procedimientos concursales en los que una deuda debida a una persona que era el cónyuge o pareja de hecho del concursado en la fecha del concurso tiene menos prioridad que las deudas debidas a otros acreedores, junto con los intereses de esas deudas.
  • Si un tercero satisface una deuda del deudor, ese tercero tiene un crédito subrogado en la insolvencia.

14 ¿Qué condiciones y efectos tiene la conclusión de los procedimientos de insolvencia (en particular mediante convenio)?

  • Los acreedores aceptan las propuestas formuladas por el deudor (en un convenio voluntario de empresa – >75 % de aprobación, por valor) o por la persona que ha recibido el mandato de la autoridad pública en el procedimiento de insolvencia (administración, mayoría simple o aprobación de todos los acreedores garantizados y una mayoría de acreedores preferentes en los casos en que se considere probable que no acreedores no garantizados no cobrarán sus deudas).
  • En un convenio voluntario individual, una vez aprobado, todos los acreedores no garantizados en el punto de las propuestas están obligados por el convenio.
  • No se necesita la aprobación judicial para los planes de reorganización, pero la parte damnificada puede recurrir a los órganos jurisdiccionales si considera que sus intereses se han visto innecesariamente perjudicados.
  • Existen normas procesales detalladas sobre el cierre y la conclusión de todos los procedimientos de insolvencia, tanto la liquidación como la reorganización.
  • Una vez que los acreedores acuerdan una propuesta de convenio voluntario individual, esta se aplica con un administrador concursal en calidad de supervisor. Esto no requiere la aprobación del órgano jurisdiccional, aunque el supervisor debe informar a dicho órgano del resultado de la reunión celebrada para aprobar la propuesta. Una parte puede solicitar al órgano jurisdiccional la revisión de la decisión de los acreedores sobre la aceptación o no de la propuesta alegando irregularidades significativas.
  • Si después de la aprobación, el deudor no cumple las condiciones del convenio voluntario individual, el supervisor puede presentar al órgano jurisdiccional una solicitud de apertura de concurso.
  • En una resolución de alivio de la deuda, las deudas se extinguen doce meses después de la resolución. El órgano jurisdiccional no participa en este proceso.
  • En un concurso de acreedores, el fideicomisario debe enviar un informe final a los acreedores antes de obtener su alivio. Si el fideicomisario no es el síndico, entonces debe convocar una junta final de acreedores, donde los acreedores pueden objetar el alivio de la deuda. Si esto ocurre, el fideicomisario debe solicitar su alivio de la deuda al Departamento, de lo contrario el fideicomisario obtiene su alivio cuando notifica al registrador mercantil que se ha celebrado la junta final.

15 ¿Qué derechos tienen los acreedores tras la conclusión del procedimiento de insolvencia?

  • Los acreedores pueden reclamar los fondos que se les hayan distribuido (pero que no se hayan depositado en una cuenta bancaria) después de la conclusión del procedimiento (esos fondos están en poder del Departamento).
  • El Derecho de Irlanda del Norte establece cuándo se cierran las actuaciones cuando se libera a la persona que ha recibido el mandato de la autoridad pública.
  • En los convenios voluntarios individuales, la propuesta ofrece a los acreedores una determinada cantidad de reembolso por cada libra de deuda. Los acreedores están obligados a aceptarla como pago total si se acepta la propuesta, por lo que no pueden recurrir a ninguna parte de esa deuda una vez concluido el procedimiento.
  • En los procedimientos concursales y de resolución de alivio de la deuda, las deudas se extinguen cuando concluye el procedimiento, con excepción de las deudas que no forman parte de este.

16 ¿Quién asume las costas y los gastos en los que se incurre en los procedimientos de insolvencia?

  • El Derecho de Irlanda del Norte estipula una clara jerarquía de pago de los fondos realizados a partir de los bienes. Las costas y gastos deben pagarse (de las realizaciones) antes de devolver los fondos a los acreedores.

17 ¿Cuáles son las normas relativas a la nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos perjudiciales para el conjunto de los acreedores?

  • Si el concursado ha privilegiado a un acreedor determinado en el planteamiento de la insolvencia formal (es decir, le ha pagado con preferencia al pago a otros acreedores), o ha realizado una operación a un valor inferior (es decir, ha vendido algún bien por menos de su valor o por menos de lo que vale), la persona que ha recibido el mandato de la autoridad pública puede reclamar al destinatario.
  • A petición de la persona que ha recibido el mandato de la autoridad pública en un concurso de acreedores, liquidación o administración, un órgano jurisdiccional puede anular cualquiera de las dos operaciones y ordenar al destinatario que restablezca la posición que hubiera existido si la operación no se hubiera producido.
  • Las reclamaciones para anular los pagos preferenciales deben referirse a transacciones que hayan tenido lugar en los seis meses anteriores al nombramiento del administrador o al comienzo de la liquidación o la solicitud de apertura de concurso, o en dos años en el caso de un pago preferencial efectuado a un asociado.
  • Las reclamaciones para anular las operaciones que se efectuaron a un valor inferior deben referirse a las operaciones realizadas en los dos años anteriores a esos acontecimientos, o en procedimientos concursales en el período de cinco años, siempre que la persona fuera insolvente en ese momento, o se declarara insolvente como resultado de la operación.
  • La persona que ha recibido el mandato de la autoridad pública en la administración, la liquidación, el concurso de acreedores o un convenio voluntario puede solicitar al órgano jurisdiccional que dicte una resolución para anular una operación que haya supuesto un fraude para los acreedores. Esa solicitud también la puede presentar una persona que haya sufrido las consecuencias de la transacción, con la autorización del órgano jurisdiccional.
  • En los procedimientos de administración y liquidación, la persona que ha recibido el mandato de la autoridad pública también puede tomar medidas de reparación contra cualquier consejero de la sociedad que participe en la transacción con conocimiento de la insolvencia que haya causado más pérdidas a los acreedores, fraude comercial o infidencia.
  • En caso de que se presente al órgano jurisdiccional una solicitud de liquidación o apertura de concurso, toda disposición de bienes hecha después de la presentación de la solicitud es nula, a menos que dicho órgano dicte lo contrario.
Última actualización: 18/06/2021

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