Pensiones alimenticias

Polonia
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European Judicial Network
Red Judicial Europea (en materia civil y mercantil)

1 ¿Qué significan, en términos prácticos, los términos «alimentos» y «obligación de alimentos»? ¿Quiénes están obligados a pagar una pensión de alimentos?

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 del Código de Familia y Tutela (Kodeks rodzinny i opiekuńczy), la obligación de alimentos es un deber que recae sobre los parientes consanguíneos en línea directa y los hermanos y consiste en proporcionar todos los medios necesarios para la manutención de una persona, como pueden ser el vestido, el sustento, la habitación, el combustible, la asistencia médica y, en caso necesario, la educación y cuanto sea preciso para el desarrollo físico e intelectual y para tener a acceso a las oportunidades educativas y la cultura.

Por pensión alimenticia (alimenty) se entiende el pago en efectivo o en especie. En el caso de los hijos, también incluye una implicación personal en su formación y una contribución a la economía doméstica compartida con arreglo a la obligación de alimentos.

Por derecho de alimentos (roszczenie o alimenty) se entiende la facultad de una persona para reclamar a otra el cumplimiento de una obligación de alimentos.

Como norma general, la obligación de alimentos surge de diferentes vínculos familiares.
El Derecho polaco distingue los siguientes tipos de obligación de alimentos, en función del grado de parentesco:

  1. La obligación de alimentos entre familiares y la específica de los padres con los hijos (en el caso de familiares, solo tiene derecho a ella la persona que se encuentra en una situación de necesidad material). Los progenitores están obligados a prestar alimentos a los hijos que no puedan hacer frente a sus necesidades, a menos que las rentas de los menores sean suficientes para cubrir sus gastos de alimentación y educación. Una vez cumplidos 18 años, los hijos pierden su derecho a recibir alimentos, a menos que deseen continuar su educación y las calificaciones que hayan obtenido hasta ese momento justifiquen tal opción o que la obligación de alimentos deba continuarse debido a la salud o situación personal del hijo. Asimismo, los progenitores no están obligados a pagar una pensión alimenticia a los hijos que, cumplidos 18 años y preparados para ejercer un trabajo, decidan continuar sus estudios, pero los descuiden, no logren un progreso satisfactorio, no aprueben los exámenes o no se presenten a las convocatorias y no los completen en el plazo previsto en el plan de estudios correspondiente.
    Si es imposible obtener la pensión alimenticia de la primera persona obligada (el progenitor o progenitores) o si obtenerla conlleva dificultades excesivas, se puede reclamar a otros parientes los alimentos, por ejemplo, a los abuelos, esto es, los progenitores del deudor que se encuentra en paradero desconocido. No obstante, para reclamar el pago de la pensión alimenticia a los abuelos no basta con que el obligado principal no haya abonado la pensión alimenticia, también es necesario que el titular del derecho se encuentre en una situación de necesidad material y que los abuelos dispongan de medios económicos para pagar la pensión alimenticia. Cuando se determina que los abuelos tienen que abonar una pensión alimenticia, esta se fija en una cuantía inferior a la pensión alimenticia que debía pagar el obligado principal.
  2. La obligación de alimentos originada por adopción. Si la adopción solo establece un vínculo entre el adoptante y el adoptado, la obligación de alimentos del primero respecto del segundo prima sobre la obligación de alimentos de los parientes en línea ascendente y los hermanos, ya que la obligación de alimentos de los parientes en línea ascendente y los hermanos viene en último lugar. En cualquier otro caso, se aplican a la persona adoptada las normas establecidas en el punto 1.
  3. La obligación entre personas emparentadas por afinidad (madrastra, padrastro, hijastros). Solo tienen derecho a pensión alimenticia los que atraviesen dificultades económicas siempre y cuando, en una situación determinada, la imposición de la obligación de alimentos esté en consonancia con las normas sociales aceptadas. En la legislación y la jurisprudencia polacas, por «dificultades económicas» se entiende la imposibilidad de hacer frente a las propias necesidades básicas con los recursos propios y con el propio esfuerzo.
  4. La obligación entre los cónyuges durante el matrimonio. Los miembros de una familia pueden exigirse el derecho a que todos tengan el mismo nivel de vida. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Código de Familia y Tutela, ambos cónyuges están obligados, en función de su capacidad, ingresos y medios económicos, a contribuir a satisfacer las necesidades de la familia por ellos fundada. También se puede considerar que esta obligación se cumple total o parcialmente mediante el esfuerzo y el tiempo dedicados a la crianza de los hijos y a las labores del hogar compartido.
  5. La obligación entre los excónyuges tras la disolución del matrimonio. Si solo uno de los excónyuges ha sido considerado responsable de la disolución del matrimonio y el divorcio implica un deterioro sustancial de la situación económica del otro excónyuge, este último puede solicitar que se cubran sus necesidades razonables, aunque no atraviese dificultades económicas.
    En los demás casos, el excónyuge que atraviesa dificultades económicas puede solicitar una pensión alimenticia al otro excónyuge para cubrir sus necesidades razonables en proporción a la renta y a la situación económica de este. La obligación de alimentos entre excónyuges se extingue cuando el que la percibe vuelve a contraer matrimonio. No obstante, en caso de que la obligación recaiga sobre el excónyuge que no haya sido declarado responsable de la disolución del matrimonio, la obligación también se extingue transcurridos cinco años a partir de la sentencia de divorcio, a menos que el órgano jurisdiccional decida que se prorrogue este plazo a instancia del excónyuge con derecho a recibir alimentos, y solo en circunstancias excepcionales.
  6. La obligación del progenitor de un hijo nacido fuera del matrimonio respecto de la madre de este último. El padre que no esté casado con la madre debe contribuir de acuerdo con sus circunstancias a sufragar los gastos generados por el embarazo y el parto, así como los gastos de tres meses de pensión alimenticia para la madre tras el parto. Cuando existan razones importantes, la madre puede solicitar una pensión alimenticia a dicho progenitor para hacer frente a sus necesidades durante un período superior a los tres meses.

2 ¿Hasta qué edad puede un hijo recibir una pensión de alimentos? Las normas aplicables en la materia ¿difieren según si los alimentistas son menores o adultos?

Los progenitores deben cumplir la obligación de alimentos respecto de los hijos que no puedan hacer frente a sus propias necesidades. Dado que los hijos tienen la obligación estudiar hasta cumplir 18 años, por norma general tienen derecho a alimentos hasta alcanzar la mayoría de edad o incluso hasta que completen sus estudios universitarios. Si la persona con derecho a alimentos no puede mantenerse por sí misma (por ejemplo, por enfermedad o incapacidad), los alimentos pueden concederse por tiempo indefinido.

Las prestaciones del Fondo de Pensiones Alimenticias del Estado (świadczenia z funduszu alimentacyjnego) se pagan a menores que tienen derecho hasta que cumplan 18 años. Asimismo, tienen derecho a recibirlas hasta cumplir 25 años si continúan con sus estudios en escuelas o instituciones de educación superior, o por un período indefinido de tiempo si se ha declarado que padecen una incapacidad grave. La condición para recibir prestaciones del Fondo de Pensiones Alimenticias del Estado es que la renta per cápita al mes de la unidad familiar sea inferior a 800 PLN y, desde el 1 de julio de 2020, inferior a 900 PLN.

3 Para obtener una pensión de alimentos, ¿debo solicitarla a una autoridad competente o a un órgano jurisdiccional?

Se pueden dar las situaciones siguientes.

1) Cumplimiento voluntario de la obligación de alimentos.

2) Celebración de un acuerdo extrajudicial sobre la obligación.

3) Si la persona a la que corresponde la obligación de alimentos no la satisface, se puede interponer una demanda ante el tribunal de distrito (sąd rejonowy) competente en el lugar de residencia de la persona que tiene derecho a pensión alimenticia [artículo 32 del Código de Procedimiento Civil (kodeks postępowania cywilnego o k.p.c.)] o del demandado (artículo 27, apartado 1, del Código de Procedimiento Civil), o se puede ejercer la acción correspondiente en un proceso de divorcio o separación ante el tribunal regional (sąd okręgowy) competente.

La demanda está exenta de tasa judicial; sin embargo, debe cumplir todos los requisitos de un escrito procesal, es decir, debe incluir el nombre del órgano jurisdiccional al que se dirige, los nombres y apellidos de las partes, de sus representantes y de sus abogados, el tipo de escrito procesal, el petitum, el importe de la reclamación, una descripción de los hechos justificativos de la demanda y, cuando proceda, autorización del órgano jurisdiccional competente, la firma de la parte o de su representante o su abogado (debe adjuntarse el poder notarial), una lista de anexos, el lugar de residencia o el domicilio social de las partes, de sus representantes y de sus abogados y una descripción de la controversia. Los escritos procesales posteriores deben mencionar el número de expediente de la demanda. En caso de acción de alimentos contra progenitores, debe adjuntarse a la demanda el certificado de nacimiento en el que se indique que el demandado es progenitor del demandante; de lo contrario, se puede añadir una acción de filiación a la demanda de alimentos.

4) Celebración de un acuerdo amistoso sobre la obligación ante notario. En este caso, el tribunal de distrito se limita a declarar su fuerza ejecutiva. Sin embargo, cabe señalar que la celebración del acuerdo ante notario está sujeta al pago de un honorario y que la solicitud de declaración de fuerza ejecutiva está sujeta a tasa.

5) Celebración de una transacción judicial. En este caso, el demandado puede quedar exento del pago de la tasa judicial, en su totalidad o en su mitad.

4 ¿Puede presentarse una demanda en nombre de un pariente (en caso afirmativo, en qué grado) o de un menor?

Pueden interponer una demanda de pensión alimenticia en nombre de la persona que tiene derecho a percibirla:

– un apoderado, que, además de un abogado o asesor legal, puede ser un progenitor, el cónyuge, un hermano, un pariente en línea ascendente o una persona que tenga una relación de adopción con el beneficiario, así como el encargado de administrar el patrimonio del mismo;

– el representante de la Administración local responsable de la asistencia social, de conformidad con la Ley, de 12 de marzo de 2004, de asistencia social (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) [Boletín Oficial (Dziennik Ustaw) n.º 64 de 2004, punto 593], como el director de un centro municipal de asistencia social o de un centro de distrito de apoyo a la familia;

– el artículo 61, apartado 1, punto 1, del Código de Procedimiento Civil establece que las organizaciones no gubernamentales pueden, en el marco de sus competencias, iniciar procesos de alimentos siempre que cuenten con el consentimiento por escrito de la persona física interesada;

– la fiscalía, si ello fuera necesario con vistas a proteger el Estado de Derecho y el interés público.

Los representantes correspondientes actúan en nombre de los menores con derecho a pensión alimenticia. No obstante, cuando los menores alcanzan la mayoría de edad deben actuar por cuenta propia.

A menos que la persona con la que se conviva o un conocido de la persona con derecho a la pensión alimenticia sea uno de los mencionados anteriormente, no puede actuar en nombre del beneficiario.

5 Si me propongo presentar una demanda ante un órgano jurisdiccional, ¿cómo puedo saber cuál es competente?

De conformidad con el Código de Procedimiento Civil, el órgano jurisdiccional competente en materia de derechos de alimentos es el tribunal de distrito. La competencia territorial viene determinada por el lugar de residencia del demandante o del demandado. El Decreto del Ministerio de Justicia, de 28 de diciembre de 2018, por el que se establecen las sedes y las demarcaciones de los tribunales de apelación, tribunales regionales y tribunales de distrito, así como el alcance de su competencia (Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw) (Boletín Oficial de 2018, punto 2548), establece cuál es el tribunal competente dentro de cada municipio.

Los tribunales regionales tienen competencia para conocer del reconocimiento de resoluciones judiciales de los Estados miembros de la UE en Polonia (artículo 1151 bis, apartado 1, del Código de Procedimiento Civil) si estas se dictaron antes de que el Estado de origen quedase vinculado por el Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la Ley aplicable a las obligaciones alimenticias (DO L 331 de 16.12.2009, p. 17), es decir, antes del 18 de junio de 2011.

De conformidad con el artículo 1153 quindecies del Código de Procedimiento Civil, en Polonia existen los títulos ejecutivos siguientes:

1) las sentencias dictadas por los órganos judiciales de los Estados miembros de la UE y las transacciones judiciales y los documentos oficiales surgidos de dichos Estados encuadrados en el ámbito de aplicación del Reglamento n.º 1215/2012, si son ejecutables;

2) las sentencias dictadas por los órganos judiciales de los Estados miembros de la UE y las transacciones judiciales y los documentos oficiales surgidos de dichos Estados, acompañados de un certificado de título ejecutivo europeo;

3) los requerimientos europeos de pago expedidos por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE cuyo carácter ejecutorio en dichos Estados haya sido declarado en virtud del Reglamento n.º 1896/2006;

4) las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE en un proceso europeo de escasa cuantía y certificadas en dichos Estados al amparo del Reglamento n.º 861/2007;

5) las resoluciones en materia de alimentos dictadas en los Estados miembros de la UE partes en el Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias (DO L 331 de 16.12.2009, p. 17), así como las transacciones judiciales y los documentos oficiales en materia de alimentos de los Estados abarcados por lo dispuesto en el Reglamento n.º 4/2009;

6) las resoluciones dictadas en los Estados miembros de la UE que abarquen las medidas de protección contempladas en el Reglamento n.º 606/2013, si son ejecutables.

6 Como demandante, ¿necesito de algún intermediario para someter el asunto a los tribunales (por ejemplo, abogado, autoridad central o local, etc.)?En caso negativo, ¿qué procedimientos debo seguir?

En los procesos de obligación de alimentos no es necesaria la representación por un abogado. El demandante puede optar por actuar en nombre propio o a través de un representante profesional.

En las preguntas 7 y 18 puede consultarse información sobre la posibilidad de que el órgano jurisdiccional nombre a un abogado de oficio para que actúe en nombre del demandante.

7 Si acudo a los tribunales, ¿debo pagar alguna tasa? En caso afirmativo, ¿cuál es su cuantía probable? Si mis medios económicos son insuficientes, ¿puedo obtener asistencia jurídica gratuita para cubrir los costes del proceso?

Tanto la parte que reclame alimentos como la parte demandada que solicite la reducción de los alimentos están exentas de pagar tasa judicial [artículo 96, apartado 1, punto 2), de la Ley, de 28 de julio de 2005, relativa a las costas judiciales en materia civil (ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) (Boletín Oficial n.º 167 de 2005, punto 1398)]. Esta exención es total, es decir, dichas personas no han de abonar tasa judicial de incoación, tasa de recurso o tasa de ejecución alguna.

El deudor de alimentos que solicite una modificación de la cuantía de la pensión alimenticia también puede solicitar una exención de las costas procesales. En tal situación, se le exige una declaración del patrimonio y de la renta; el órgano jurisdiccional resuelve previo examen de esta declaración.

Asimismo, toda persona que esté exenta del pago de tasas judiciales puede solicitar asistencia jurídica gratuita en forma de abogado nombrado de oficio por el órgano jurisdiccional. Si se procede a este nombramiento, los honorarios del abogado son abonados por la parte contraria. Si la persona beneficiaria de la asistencia jurídica gratuita pierde el caso, los honorarios del abogado son sufragados por el Tesoro Público (Skarb Państwa).

Los derechos de los ciudadanos de los Estados miembros en este contexto se rigen por la Ley, de 17 de diciembre de 2004, relativa al derecho de asistencia en procesos civiles llevados a cabo en los Estados miembros de la Unión Europea y al derecho de asistencia de cara a una resolución amistosa de un litigio antes de ejercer una acción civil (ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania) (Boletín Oficial n.º 10 de 2005, punto 67).

8 ¿Qué tipo de pensión de alimentos puede concederme el órgano jurisdiccional y cómo se calcula? ¿La decisión judicial puede revisarse si se producen cambios en el coste de la vida o las circunstancias familiares?En caso afirmativo, ¿con qué método (por ejemplo, con un sistema de indexación automática)?

El importe de la pensión alimenticia depende de la capacidad económica y la renta de la persona que debe pagarla y de las necesidades razonables del demandante. Por necesidades razonables se entiende todo lo que es esencial para el sustento del demandante, no solo en términos materiales sino también en otros aspectos, como culturales y espirituales. Las necesidades de los menores abarcan el coste de su educación. A la hora de determinar la capacidad económica y la renta de la persona que debe pagar la pensión alimenticia, no se tiene en cuenta la renta que percibe realmente sino la que podría percibir en caso de que aprovechara todo su potencial. De aquí trasciende que toda persona desempleada que no perciba ingresos regulares puede tener la obligación de pagar pensión alimenticia, y los pagos son ejecutables.

En caso de que se produzca un cambio en las circunstancias, se puede solicitar que se modifique la resolución judicial o el acuerdo de obligación de alimentos. Cualquiera de las partes de la relación de alimentos puede solicitar dicha modificación. Dependiendo de las circunstancias, las partes pueden solicitar la cancelación de la obligación de alimentos o el incremento o la reducción del importe de la pensión alimenticia. Se puede modificar el importe de la pensión si aumentan o disminuyen las necesidades razonables de la persona a la que corresponden los alimentos o la renta de la persona que debe pagar la pensión.

No existe una cuantía fija del importe de la pensión alimenticia en Polonia; la pensión no se calcula según un porcentaje fijo de las ganancias de la persona que tiene la obligación de pagarla. En 2014, el salario mínimo era de 1 680 PLN brutos (400 EUR aproximadamente). En 2013, el salario medio era de 3 650 PLN brutos mensuales (900 EUR aproximadamente). En 2015, el salario mínimo fue de 1 750 PLN brutos, en 2016, de 1 850 PLN brutos, en 2019, de 2 250 PLN brutos, y en 2020 se sitúa en 2 600 PLN. En la práctica, se otorga una pensión alimenticia de entre 300 PLN y 1 000 PLN al mes por hijo en la mayoría de casos. El importe de la pensión alimenticia no está sujeto a indexación automática dependiendo de la edad del hijo o del nivel de inflación.

9 ¿Cómo y a quién se pagan los alimentos?

La persona considerada deudora en la resolución de ejecución debe pagar la pensión alimenticia. Por normal general, las pensiones alimenticias establecidas en Polonia se pagan mensualmente en eslotis al representante del menor, en efectivo o mediante transferencia bancaria, normalmente el día 10 de cada mes. En caso de retraso en los pagos, se aplica judicialmente el interés legal, una tasa anual del 3,6 % desde el 29 de mayo de 2020, sobre la cantidad debida (véase la información proporcionada por Polonia en materia de interés legal).

El principio consiste en que el importe de la pensión alimenticia ha de ser pagado exclusivamente por el deudor. Si dicha persona no paga de forma voluntaria, la parte que tiene derecho a la pensión alimenticia puede incoar un proceso de ejecución ante la autoridad competente, que suele ser un agente judicial (komornik). La ejecución también puede incoarla de oficio el órgano jurisdiccional de primera instancia que haya dictado la resolución que determina el importe de la pensión alimenticia. La parte que tiene derecho a la pensión alimenticia también puede presentar el título ejecutivo en el lugar de trabajo del deudor o en la institución que paga la pensión del deudor y demandar que la pensión alimenticia adeudada se deduzca de la cantidad que se abona al deudor. Tal demanda es vinculante para la institución que paga.

Al incoar el proceso de ejecución contra el deudor, el demandante puede elegir a cualquier agente judicial, pero la ejecución de bienes inmuebles del deudor corresponde al agente judicial del lugar donde tenga residencia el deudor.

10 ¿Si el alimentante (deudor) no paga voluntariamente, qué acciones pueden emprenderse para obligarle/a a ello?

Si la persona obligada a abonar la pensión alimenticia no realiza el pago voluntariamente, se le puede forzar a hacerlo. Véase la respuesta a la pregunta 9.

Además, con arreglo al artículo 209 del Código Penal (kodeks karny) (Boletín Oficial n.º 88 de 1997, punto 553), quien incumple la obligación alimenticia reconocida en una resolución judicial, una transacción judicial, una transacción celebrada ante otro organismo u otro tipo acuerdo, es castigado con una multa, una pena de restricción de libertad o una pena de privación de libertad de hasta un año si el importe total de los atrasos resultante equivale, como mínimo, a tres pagos periódicos, o si el atraso en un pago no periódico es de tres meses como mínimo. Si con el delito se deja a la persona con derecho a alimentos en una situación que le impide hacer frente a sus necesidades básicas de subsistencia, el autor del delito es sancionado con una pena de multa, una pena restricción de libertad o una pena de privación de libertad de hasta dos años.

La legitimación activa la tienen la víctima, cualquier institución de asistencia social o cualquier organismo encargado de entablar acciones contra cualquier deudor de una pensión alimenticia. Si se concedió a la víctima una prestación de tipo familiar o una prestación económica por haber sido infructuosa la ejecución de la obligación de alimentos, se entablan las acciones judiciales de oficio.

El artículo 5, apartado 3 ter, punto 2, de la Ley, de 7 de septiembre de 2007, sobre la asistencia a personas que tienen derecho a percibir pensión alimenticia (ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) (Boletín Oficial n.º 192 de 2007, punto 1378), establece que la autoridad competente puede solicitar la suspensión del permiso de conducir del deudor.

Si fracasa la ejecución, el agente judicial puede solicitar que el deudor sea inscrito en el Registro de deudores insolventes (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych).

11 Le rogamos describa sucintamente las limitaciones que, en el sistema de su país, puedan dificultar el cumplimiento de esta obligación, especialmente las normas de protección de deudores o los plazos de prescripción.

De conformidad con el artículo 1083, apartado 2, del Código de Procedimiento Civil, los pagos pendientes de pensiones alimenticias pueden cobrarse mediante embargo de una cuenta bancaria del deudor.

De conformidad con el artículo 833, apartado 1, del Código de Procedimiento Civil, las rentas del trabajo están sujetas a ejecución en la medida contemplada en el Código Laboral (kodeks pracy). Como norma general, se puede embargar el 60 % del salario. Asimismo, se pueden embargar hasta tres quintas partes de la cantidad concedida por el Tesoro Público para fines especiales, sobre todo becas y subsidios (artículo 831, apartado 1, párrafo 2, del Código de Procedimiento Civil).

Por otra parte, de conformidad con el artículo 829 del Código de Procedimiento Civil, son inembargables:

1) los artículos del hogar, ropa de cama, ropa interior y ropa básica para el deudor y los miembros de la unidad familiar dependientes, así como la ropa necesaria para el desempeño de un servicio o del trabajo profesional;

2) el sustento y combustible necesarios para el deudor y los miembros de la unidad familiar dependientes durante un mes;

3) una vaca o dos cabras o tres ovejas, así como el aprovisionamiento de alimento y yacija para el ganado, que permitan al deudor y los miembros de la unidad familiar dependientes cubrir sus necesidades alimentarias hasta la próxima cosecha;

4) las herramientas y otros objetos estrictamente necesarios para que el deudor realice su profesión y las materias primas estrictamente necesarias para su producción durante un período de una semana, excluidos los vehículos de motor;

5) en el caso de deudores con empleo remunerado, una cantidad de dinero correspondiente a la parte inembargable del salario durante el período que transcurre hasta la próxima fecha de vencimiento, y, en el caso de deudores que no perciban un salario fijo, la cantidad de dinero estrictamente necesaria para que el deudor y su familia puedan satisfacer sus necesidades durante dos semanas;

6) los objetos necesarios para estudiar, documentos personales, decoración, objetos usados para prácticas religiosas y objetos cotidianos que solo puedan venderse muy por debajo de su valor pero que son valiosos para el deudor;

7) los medicamentos contemplados en la Ley, de 6 de septiembre de 2001, de medicamentos (ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne) (Boletín Oficial n.º 499 de 2019, en su versión modificada), estrictamente necesarios para el funcionamiento de un centro sanitario en el sentido de las disposiciones de asistencia sanitaria durante un período de tres meses y los medicamentos estrictamente necesarios para su funcionamiento en el sentido de la Ley, de 20 de mayo de 2010, de productos sanitarios (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych) (Boletín Oficial n.º 107 de 2010, punto 679, y Boletín Oficial n.º 102, punto 586, y n.º 113, punto 637, de 2011);

8) los artículos estrictamente necesarios como consecuencia de la incapacidad del deudor o de los miembros de su familia.

Según el artículo 833, apartado 6, del Código de Procedimiento Civil, no se pueden ejecutar los pagos de pensiones alimenticias, las prestaciones económicas concedidas por haber sido infructuosa la ejecución de la obligación de alimentos, las prestaciones de tipo familiar, los subsidios por hijo a cargo, maternidad u orfandad, los subsidios para cuidadores, las prestaciones de asistencia social, las prestaciones de integración, las becas y las prestaciones únicas contempladas en el artículo 10 de la Ley, de 4 de noviembre de 2016, de apoyo vitalicio a las mujeres embarazadas y a las familias (ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”) (Boletín Oficial de 2019, punto 473).

El Ministerio de Justicia, tras consultar al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Finanzas, especifica, mediante decreto, qué objetos de un agricultor no pueden ser objeto de ejecución (artículo 830).

Asimismo, el artículo 831 del Código de Procedimiento Civil establece que no están sujetas a ejecución las prestaciones sociales concedidas en virtud de la Ley, de 12 de marzo de 2004, en materia de asistencia social (Boletín Oficial de 2013, punto 182, en su versión modificada), ni los créditos del deudor con cargo al presupuesto del Estado o a la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad (Narodowy Fundusz Zdrowia) para prestaciones médicas a tenor de lo dispuesto en la Ley, de 27 de agosto de 2004, de prestaciones sanitarias con cargo a fondos públicos (ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) (Boletín Oficial n.º 164 de 2008, punto 1027, en su versión modificada), antes de que se efectúen dichas prestaciones, hasta un 75 % de cada pago, a menos que sean créditos de los empleados del deudor o los prestadores de servicios a que se hace referencia en el artículo 5, apartado 41, letras a) y b), de la Ley, de 27 de agosto de 2004, de prestaciones sanitarias con cargo a fondos públicos.

El artículo 137, apartado 1, del Código de Familia y Tutela dispone que el pago de la pensión alimenticia está sujeto a un plazo de prescripción de tres años.

El artículo 121, apartado 1, del Código Civil (kodeks cywilnego) establece que el plazo de prescripción no comienza a correr, y si ha comenzado a correr se suspende, en caso de demanda del hijo contra los progenitores en tanto ostenten la responsabilidad parental.

Si el deudor cuestiona la validez de la obligación de alimentos a favor de un hijo adulto, el agente judicial puede solicitar al demandante que presente un certificado que confirme que continúa cursando estudios, que no tiene ingresos o que está bajo tratamiento médico y, por tanto, todavía necesita el apoyo económico del deudor.

12 ¿Existe alguna organización o autoridad que pueda ayudar al acreedor a cobrar la pensión de alimentos?

Tal como se apunta en la pregunta 4, pueden presentar una demanda de obligación de alimentos en nombre de la persona que tenga derecho a percibir alimentos, entre otros, los directores de centros de asistencia social, determinadas organizaciones sociales, representantes de organismos en materia de asistencia social y, en algunos casos, la fiscalía. Dichas entidades también pueden ayudar al demandante interviniendo en el proceso sobre obligación de alimentos. Su papel es, por tanto, apoyar en el proceso judicial a la persona que tiene derecho a percibir pensión alimenticia.

Los tribunales regionales ayudan a la persona que reclame una pensión alimenticia en el extranjero.

En lo que respecta a las personas que residan en el extranjero y reclamen alimentos a un deudor en Polonia, las autoridades centrales prestan la asistencia correspondiente: https://www.gov.pl/web/stopuprowadzeniomdzieci/lista-organow-centralnych.

También se puede encontrar información sobre el derecho a asistencia jurídica gratuita en https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

13 ¿Puede algún organismo (público o privado) anticipar total o parcialmente el pago de alimentos en lugar del deudor?

La Ley, de 7 de septiembre de 2007, sobre la asistencia a personas que tienen derecho a percibir pensión alimenticia (Boletín Oficial n.º 1 de 2009, punto 7, en su versión modificada), establece las normas para conceder ayuda estatal a aquellas personas que tengan derecho a percibir pensión alimenticia cuando haya fracasado la ejecución.

El Fondo de Pensiones Alimenticias del Estado solo abona la pensión si la renta per cápita al mes de la unidad familiar es inferior a 800 PLN y, desde el 1 de julio de 2020, inferior a 900 PLN.
Desde el 1 de julio de 2020, se aplica el principio «esloti por esloti», conforme al cual, si la renta per cápita al mes de la unidad familiar es superior a 900 PLN, se reduce la ayuda concedida; se debe abonar la diferencia entre la cantidad concedida y el importe por el que la renta por persona al mes de la unidad familiar excede el máximo (artículo 9, apartado 2 bis). Si la pensión resultante es inferior a 100 PLN, se dicta una resolución de denegación y no se paga (artículo 9, apartado 2 ter).

La demanda se presenta en la oficina municipal competente en el lugar de residencia de la persona con derecho a percibir alimentos. La prestación efectiva de la pensión con cargo al Fondo también puede transferirse a una unidad administrativa del municipio, por ejemplo, a un centro de asistencia social.

Ahora bien, si la persona con derecho a percibir alimentos vive en una institución que ofrece cuidados las veinticuatro horas, por ejemplo, un centro de asistencia social, un centro docente asistencial, un centro de detención de menores o un centro de prisión preventiva, o con una familia de acogida, ha contraído matrimonio o tiene un hijo y tiene derecho a una prestación familiar, no se le concede el pago.

Esta norma es de aplicación solo si la persona con derecho a percibir alimentos reside en Polonia durante el período por el que se conceden los pagos.

Puede encontrarse más información en la dirección siguiente: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego.

14 Si estoy en este Estado miembro y el deudor tiene fijada su residencia en otro país:

Si el deudor reside en el extranjero y la persona con derecho a percibir alimentos reside en Polonia, el tribunal regional competente en el lugar de residencia de la persona con derecho a percibir alimentos ayuda a dicha persona a presentar la demanda de pensión alimenticia facilitándole la información y asistencia necesarias para cumplimentar los documentos requeridos y comprobando que es formalmente correcta.

14.1 ¿Puedo obtener la asistencia de alguna autoridad u organismo privado en este Estado miembro?

Sí.

14.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado?

El tribunal regional cumplimenta la parte A de la demanda presentada en virtud del Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos.

Lista de los tribunales regionales que actúan como autoridad central

Órgano jurisdiccional

Dirección

Tel. (+48)

Fax (+48)

Correo electrónico

Tribunal Regional

de Białystok

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1

15-950 Białystok

85 7421517

85 7421517

oz@bialystok.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Bielsko-Biała

ul. Cieszyńska 10

43-300 Bielsko-Biała

33 4990424

33 4990488

33 4990488

boguslawa.pokusa@bielsko-biala.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Bydgoszcz

ul. Wały Jagiellońskie 2

85-128 Bydgoszcz

52 3253155

52 3253255

oz@bydgoszcz.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 23/35

42-200 Częstochowa

34 3684425

34 3684420

prezes@czestochowa.so.gov.pl

anna.bocianowska@czestochowa.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Elbląg

pl. Konstytucji 1

82-300 Elbląg

55 6112409

55 6112408

55 6112215

oddzial.administracyjny@elblag.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Gdańsk

ul. Nowe Ogrody 30/34

80-803 Gdańsk

58 3213119

[alimentos]

58 3213141 [jefatura administrativa]

58 3213234

section.oz@gdansk.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Gliwice

ul. Kościuszki 15

44-100 Gliwice

32 3380052

32 3380102

oz@gliwice.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Gorzów Wielkopolski

ul. Mieszka I 33

66-400 Gorzów Wielkopolski

95 7256718

95 7256702

95 7202807

95 7256790

marta.samolak@gorzow-wlkp.so.gov.pl

sekretariat@gorzow-wlkp.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Jelenia Góra

al. Wojska Polskiego 56

58-500 Jelenia Góra

75 6415113

75 6415113

oz@jelenia-gora.so.gov.pl

o.administracyjny@jelenia-gora.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Kalisz

al. Wolności 13

62-800 Kalisz

62 7657764

62 7574936

administracja@kalisz.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Katowice

ul. Francuska 38

40-028 Katowice

32 6070183

32 7836806

32 6070184

obrot_zagraniczny@katowice.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Kielce

ul. Seminaryjska 12 a

25-372 Kielce

41 3402320

41 3402320

oz@kielce.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Konin

ul. Energetyka 5

62-510 Konin

63 2451443

63 2423022 +172

63 2426569

oz@konin.so.gov.pl

administracja@konin.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Koszalin

ul. Waryńskiego 7

75-541 Koszalin

94 3428750

94 3428897

administracja@koszalin.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Cracovia

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

12 6195241

12 6195262

12 6195204

12 6195665

oz@krakow.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Krosno

ul. Sienkiewicza 12

38-400 Krosno

13 4373671

13 4373673

13 4320570

Obrot.zagr@krosno.so.gov.pl

administracja@krosno.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Legnica

ul. Złotoryjska 40

59-220 Legnica

76 7545036

76 7545107

76 7545012

oz@legnica.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Lublin

ul. Krakowskie Przedmieście 43

20-076 Lublin

81 4601004

81 4601013

malgorzata.stec-szewczyk@lublin.so.gov.pl

obrotzagraniczny@lublin.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Łomża

ul. Dworna 16

18-400 Łomża

86 2166281

86 2154254

86 2166753

sekretariat@lomza.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Łódź

XI Wydział Wizytacyjny

Plac Dąbrowskiego 5

90-921 Łódź (pokój 118)

42 6778799

42 2126082

oz@lodz.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Nowy Sącz

ul. Pijarska 3

33-300 Nowy Sącz

18 4482145

18 4482185

alimenty@nowysacz.so.gov.pl

Tribunal Regional de Olsztyn

ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 Olsztyn

89 5216049

89 6123838

oz@olsztyn.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Opole

pl. Daszyńskiego 1

45-064 Opole

77 5418134

77 5418109

Obrot.zagr@opole.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Ostrołęka

ul. Gomulickiego 5

07-410 Ostrołęka

29 7650130

29 7650181

sekretariat@ostroleka.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Piotrków Trybunalski

ul. Słowackiego 5

97-300 Piotrków Trybunalski

44 6494121

44 6494159

44 6478919

administracja@piotrkow-tryb.so.gov.pl

[dirección principal]

biblioteka@piotrkow-tryb.so.gov.pl

jolanta.sipinska@piotrkow-tryb.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Płock

pl. Narutowicza 4

09-404 Płock

24 2697320

24 2697364

24 2625253

oz@plock.so.gov.pl

urszula.kaluzna@plock.so.gov.pl

urszula.wyrwas@plock.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Poznań

ul. Stanisława Hejmowskiego 2

61-736 Poznań

61 6283730

61 6283731

61 6283734

61 6283739

opzagr@poznan.so.gov.pl

Tribunal Regional de Przemyśl

ul. Konarskiego 6

37-700 Przemyśl

16 6761336

16 6761353

m.telega@przemysl.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Radom

ul. Marszałka

J. Piłsudskiego 10

26-600 Radom

48 6776780

48 6776788

48 3680287

wizytacje@radom.so.gov.pl

Tribunal Regional de Rybnik

ul. Józefa Piłsudskiego 33

44-200 Rybnik

32 7840578

32 7840402

oz@rybnik.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Rzeszów

Plac Śreniawitów 3

35-959 Rzeszów

17 8756394

17 8627265

elzbieta.czudec@rzeszow.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Siedlce

ul. Sądowa 2

08-110 Siedlce

25 6407846

25 6407812

poczta@siedlce.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Sieradz

al. Zwycięstwa 1

98-200 Sieradz

43 8266650

43 8266607

43 8271014

sekretariat@sieradz.so.gov.pl

administracja@sieradz.so.gov.pl

katarzyna.szala@sieradz.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Słupsk

ul. Zamenhofa 7

76-200 Słupsk

59 8469543

59 8469513

59 8469424

59 8469429

agnieszka.kozlowska@slupsk.so.gov.pl

referat.wiz@slupsk.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Suwałki

ul. Waryńskiego 45

16-400 Suwałki

87 5631213

87 5631300

87 5631303

sekretariat@suwalki.so.gov.pl

anna.klekotko@suwalki.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Szczecin

ul. Małopolska 17

70-227 Szczecin

91 4830170

91 4830170

jsurowa@szczecin.so.gov.pl

amazur@szczecin.so.gov.pl [procesos de alimentos]

Tribunal Regional

de Świdnica

pl. Grunwaldzki 14

58-100 Świdnica

74 8518 287

74 8518270

sekretarz@swidnica.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Tarnobrzeg

ul. Sienkiewicza 27

39-400 Tarnobrzeg

15 688 2500

15 6882678

15 8229756

oz@tarnobrzeg.so.gov.pl

halina.rojek@tarnobrzeg.so.gov.pl

magdalena.kochanowska-lezon@tarnobrzeg.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Tarnów

ul. J. Dąbrowskiego 27

33-100 Tarnów

14 6887409

14 6887417

sad_okregowy@tarnow.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Toruń

ul. Piekary 51

87-100 Toruń

56 6105609

56 6555706

oz@torun.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Varsovia

al. „Solidarności” 127

00-898 Warszawa

22 440 11 54 [alimentos]

22 6544443

22 6544411

m.karcz@warszawa.gov.pl [hasta septiembre de 2020]

a.kowalczyk@warszawa.so.gov.pl

p.luscinska@warszawa.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Varsovia-Praga de Varsovia

ul. Poligonowa 3

04-051 Warszawa

22 4177393


oz@warszawapraga.so.gov.pl

dariusz.olowski@warszawapraga.so.gov.pl

kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Włocławek

ul. Wojska Polskiego 22

87-800 Włocławek

54 4120365

54 4118575

oz@wloclawek.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Wrocław

ul. Sądowa 1

50-950 Wrocław

71 3704391

71 7482964

oz@wroclaw.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Zamość

ul. Wyszyńskiego 11

22-400 Zamość

84 6316927

84 6316928

84 6316993

aneta.juszczak@zamosc.so.gov.pl

prezes@zamosc.so.gov.pl

Tribunal Regional

de Zielona Góra

pl. Słowiański 1

65-069 Zielona Góra

68 3220221

68 4567769

oz@zielona-gora.so.gov.pl

e.branicka@zielona-gora.so.gov.pl

k.zubryk@zielona-gora.so.gov.pl

z.pejs@zielona-gora.so.gov.pl

15 Si estoy en otro país y el deudor está en este Estado miembro:

15.1 ¿Puedo presentar una reclamación directamente a esa autoridad u organismo privado de este Estado miembro?

El artículo 55 del Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, no dispone que las demandas se deban presentar a la autoridad central del Estado en el que residan los demandantes. Las demandas deben presentarse directamente ante el órgano jurisdiccional polaco competente de conformidad con los requisitos formales contemplados en los capítulos IV y VI del Reglamento y en el Código de Procedimiento Civil.

Los datos de los organismos transmisores se pueden consultar aquí:

https://www.gov.pl/web/stopuprowadzeniomdzieci/lista-organow-centralnych.

Los organismos transmisores de los países extranjeros previstos en las declaraciones adjuntas al Reglamento facilitan a la persona con derecho a percibir alimentos toda la información necesaria, le ayudan a cumplimentar los documentos requeridos, comprueban que la demanda es formalmente correcta y la envían al extranjero.

15.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado y qué tipo de asistencia me puede dispensar?

Si el órgano jurisdiccional otorga la pensión alimenticia y el asunto entra dentro del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 4/2009, el demandante que resida en el extranjero puede usar el procedimiento estipulado en dicho Reglamento y dirigirse al organismo transmisor competente del país en el que resida o presentar una solicitud de reconocimiento de ejecución de una resolución extranjera al órgano jurisdiccional competente (véase la pregunta 5). La demanda de ejecución se puede presentar en la oficina de cualquier agente judicial.

Si Polonia y el país de residencia del demandante son signatarios de un convenio o un acuerdo bilateral relativo al reconocimiento y la ejecución de resoluciones en casos de obligaciones de alimentos, tal asistencia se facilita en la medida en que se estipule en dicho acuerdo. Como norma general, los acuerdos bilaterales prevén la solicitud directa ante un órgano jurisdiccional polaco o la solicitud a tal órgano jurisdiccional a través de un órgano jurisdiccional del país en que se dictó la resolución. En este último caso, las solicitudes se transmiten mediante la autoridad central, que es normalmente el Ministerio de Justicia o las autoridades previstas en el Convenio de Nueva York:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1966-17928

Los datos de los órganos jurisdiccionales se pueden consultar aquí:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny

Los datos de los agentes judiciales, aquí: http://komornik.pl/

16 ¿Está este Estado miembro vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007?

Sí, desde el 18 de junio de 2011.

17 Si no lo está,¿qué leyes son aplicables a las demandas de alimentos conforme a sus normas de Derecho privado internacional?¿Cuáles son las normas de Derecho privado internacional correspondientes?

No procede.

18 ¿Cuáles son las normas de acceso a la justicia en los asuntos transfronterizos dentro de la UE conforme a la estructura del capítulo V del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

La normativa aplicable en Polonia son las disposiciones de la Ley, de 17 de diciembre de 2004, relativa al derecho de asistencia en procesos civiles llevados a cabo en los Estados miembros de la Unión Europea y al derecho de asistencia de cara a una resolución amistosa de un litigio antes de ejercer una acción civil (Boletín Oficial n.º 10 de 2005, punto 67, en su versión modificada), y de la Directiva 2003/8/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios (DO L 26 de 31.1.2003, p. 41), que complementan las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y la Ley relativa a las costas judiciales en materia civil. La parte que espera obtener una forma de asistencia determinada, por ejemplo, asistencia letrada, traducción de documentos o reembolso de gastos de viaje, debe informar de forma clara al órgano jurisdiccional sobre ello mediante un formulario normalizado a nivel de la UE (https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=157&plang=es&init=true&refresh=1).

19 ¿Qué medidas ha adoptado este Estado miembro para asegurar el funcionamiento de las actividades que se describen en el artículo 51 del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

En virtud de la Ley, de 28 de abril de 2011, por la que se modifica el Código de Procedimiento Civil, la Ley relativa al derecho de asistencia en procesos civiles llevados a cabo en los Estados miembros de la Unión Europea y al derecho de asistencia de cara a una resolución amistosa de un litigio antes de ejercer una acción civil y la Ley sobre la asistencia a personas que tienen derecho a percibir pensión alimenticia (Boletín Oficial n.º 129 de 2011, punto 735), la autoridad central polaca puede ordenar a la autoridad competente del deudor a llevar a cabo una investigación sobre la obligación de alimentos.

Si el deudor o demandado no puede ser localizado, el Ministerio de Justicia consulta los registros civiles locales y centrales (y puede consultar la base de datos PESEL.SAD) para determinar el órgano jurisdiccional o el agente judicial competentes o dar respuesta a una solicitud de medidas determinadas. En la actualidad, no están previstos cambios del estatuto jurídico, la financiación o la estructura de personal de la autoridad central con vistas a garantizar el funcionamiento de las actividades descritas en el artículo 51.

 

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Última actualización: 27/07/2021

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