- ¿Cómo puedo reclamar al autor del delito una indemnización o cualquier otro medio de reparación o satisfacción en un juicio (proceso penal) y a quién debo dirigir esa reclamación?
- ¿En qué momento del proceso penal debo presentar una reclamación?
- ¿Qué puedo solicitar en la reclamación y cómo debo presentarla (indicando un importe total o detallado de los perjuicios sufridos, el lucro cesante y los intereses)?
- ¿Existe un formulario específico para estas reclamaciones?
- ¿Qué pruebas debo presentar en apoyo de mi reclamación?
- ¿Existen tasas judiciales u otros costes vinculados a mi reclamación?
- ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita antes del proceso o durante este? ¿Puedo obtenerla si no resido en el país donde tiene lugar el proceso?
- ¿En qué casos desestimará o denegará el órgano jurisdiccional penal mi reclamación de indemnización contra el autor del delito?
- ¿Puedo impugnar tal resolución o buscar otras vías de reparación o satisfacción?
- Si el órgano jurisdiccional me concede una indemnización, ¿cómo puedo garantizar que se ejecuta la sentencia contra el autor del delito y qué ayuda puedo obtener para ello?
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¿Cómo puedo reclamar al autor del delito una indemnización o cualquier otro medio de reparación o satisfacción en un juicio (proceso penal) y a quién debo dirigir esa reclamación?
A fin de obtener una indemnización por los daños causados por un delito, la parte perjudicada puede solicitarla ante un órgano jurisdiccional penal o uno civil.
El ejercicio de una acción civil en el marco de un proceso penal constituye la principal vía procesal para obtener la imposición al encausado del pago de una indemnización por daños y perjuicios o una compensación a las victimas de delitos. La ventaja de este método es que permite utilizar todo el conjunto de pruebas presentadas ante el órgano jurisdiccional penal, mientras que los procesos civiles separados ante un órgano jurisdiccional civil se rigen por el «principio de disponibilidad».
Las disposiciones que regulan el ejercicio de una acción civil en el marco de un proceso penal se establecen en los artículos 19 a 28 del Código Procesal Penal (Codul de procedură penală).
La finalidad de una acción civil en el marco de un proceso penal es exigir a las personas responsables, con arreglo al Derecho civil, los daños y perjuicios causados por el delito objeto del proceso penal.
Una acción civil puede ser ejercitada por una parte perjudicada —o sus sucesores— que es una parte civil en un proceso contra un encausado y, en su caso, una parte con responsabilidad civil.
Cuando la parte perjudicada esté incapacitada o tenga capacidad de obrar limitada, la acción civil puede ser ejercitada en su nombre por un representante legal o, en su caso, un fiscal.
Si no se han unido a un proceso penal como parte civil, la parte perjudicada o sus sucesores pueden ejercitar una acción ante el órgano jurisdiccional civil para obtener una indemnización por los daños causados por un delito.
¿En qué momento del proceso penal debo presentar una reclamación?
Al comienzo de la primera audiencia, se informa a la parte perjudicada del derecho a participar en el proceso penal como parte civil.
Puede presentarse una solicitud para constituirse en parte civil (cerere de constituire ca parte civilă) durante la fase de instrucción de un proceso penal o en la sala de instrucción, así como durante el juicio, pero debe presentarse antes de que comience el procesamiento.
Mientras el procesamiento aún está en curso, la parte civil puede subsanar cualquier error administrativo en la solicitud para constituirse en parte civil, aumentar o reducir la reclamación, y reclamar una indemnización por daños materiales en forma de pago en efectivo, si ya no es posible una indemnización en especie.
¿Qué puedo solicitar en la reclamación y cómo debo presentarla (indicando un importe total o detallado de los perjuicios sufridos, el lucro cesante y los intereses)?
Para constituirse en parte civil es necesario realizar un escrito o puede hacerse de forma verbal. La naturaleza y el importe de la reclamación deben indicarse junto con los motivos y las pruebas en los que se basa la reclamación.
Si esto se hace de forma verbal, el órgano jurisdiccional está obligado a hacerlo constar en un informe formal o, en su caso, en una resolución judicial (încheiere).
¿Existe un formulario específico para estas reclamaciones?
No existe un formulario específico, pero puede ejercitarse una acción civil en el marco de un proceso penal si se cumplen las condiciones siguientes: la parte civil se constituye en parte en el proceso antes de que comience el procesamiento, y lo hace por escrito o de forma verbal indicando la naturaleza y el importe de la reclamación, así como con los motivos y las pruebas en los que se basa la reclamación.
¿Qué pruebas debo presentar en apoyo de mi reclamación?
En el proceso penal, se entiende por prueba todo hecho que sirva para determinar la existencia o inexistencia de un delito, identificar a la persona que lo cometió y determinar las circunstancias necesarias para resolver el asunto de manera justa y que contribuya a descubrir la verdad en el proceso penal.
¿Existen tasas judiciales u otros costes vinculados a mi reclamación?
Una acción civil entablada ante el órgano jurisdiccional civil o penal para determinar la responsabilidad civil de un encausado o parte con responsabilidad civil está exenta de tasas judiciales (taxă de timbru).
¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita antes del proceso o durante este? ¿Puedo obtenerla si no resido en el país donde tiene lugar el proceso?
Las partes y los litigantes en los procesos penales están representados o asistidos por un abogado.
Durante el proceso penal, el abogado de la parte perjudicada tiene derecho a ser informado de la fecha y hora de la investigación penal o de la vista ante el juez de derechos y libertades (judecător de drepturi și libertăți) y a estar presente en cualquier fase del proceso penal, a menos que la ley disponga lo contrario; asimismo, tiene derecho a consultar los expedientes y a presentar solicitudes y declaraciones. Al mismo tiempo, el abogado de la parte perjudicada tiene derecho a disponer del tiempo y las facilidades necesarias para la preparación y organización de una defensa efectiva.
La asistencia jurídica gratuita a la parte perjudicada es obligatoria cuando esta no tiene capacidad de obrar o su capacidad de obrar está limitada, así como cuando es víctima de delitos de malos tratos a menores, violencia doméstica, delitos relacionados con la trata y la explotación de personas vulnerables, y delitos contra la libertad y la integridad sexuales. Cuando el órgano jurisdiccional considera que, por determinados motivos, la parte perjudicada no puede defenderse, se encarga de que un abogado designado por el órgano jurisdiccional la defienda.
La parte perjudicada tiene derecho a contar con un intérprete de forma gratuita cuando no entienda o no hable bien el rumano o cuando no pueda comunicarse en esta lengua, así como a que se le proporcione la traducción a una lengua que comprenda de cualquier resolución extrajudicial (soluție de netrimitere în judecată) cuando no entienda el rumano.
¿En qué casos desestimará o denegará el órgano jurisdiccional penal mi reclamación de indemnización contra el autor del delito?
Como se ha mencionado, puede ejercitarse una acción civil en el marco de un proceso penal si se cumplen las condiciones siguientes: la parte civil se constituye en parte en el proceso antes de que comience el procesamiento, y lo hace por escrito o de forma verbal indicando la naturaleza y el importe de la reclamación, así como con los motivos y las pruebas en los que se basa la reclamación.
De conformidad con el Código Procesal Penal, el órgano jurisdiccional deja sin resolver una acción civil en los casos siguientes: en caso de absolución del encausado; en caso de finalización del proceso penal por no estar la conducta prevista en el Derecho penal, no haberse presentado una denuncia previa, autorización o remisión al órgano competente, o por cualquier otra condición establecida por la ley para incoar un proceso penal; en caso de amnistía; en caso de fallecimiento del sospechoso o encausado o por haberse ordenado la baja en el registro de la persona jurídica sospechosa o acusada; en caso de cosa juzgada (res judicata); en caso de transmisión del procedimiento entre Estados de conformidad con la ley; en caso de finalización del proceso penal tras la retirada de la denuncia previa; y, en caso de que el órgano jurisdiccional acepte una sentencia acordada y no se haya llegado a un acuerdo de mediación entre las partes en la acción civil. En este caso, la parte perjudicada puede ejercitar una acción ante el órgano jurisdiccional civil para obtener una indemnización por los daños causados por un delito.
¿Puedo impugnar tal resolución o buscar otras vías de reparación o satisfacción?
Si un órgano jurisdiccional deja sin resolver la acción civil, la parte perjudicada puede ejercitar una acción ante el órgano jurisdiccional civil para obtener una indemnización por los daños causados por un delito.
Si un órgano jurisdiccional penal se ha pronunciado sobre la acción civil, una parte perjudicada insatisfecha con dicha resolución puede recurrir la sentencia en un plazo de diez días a partir de la fecha en que se dicte la sentencia o, en su caso, en un plazo de diez días a partir de la fecha en que se haya notificado y trasladado la sentencia.
Si el órgano jurisdiccional me concede una indemnización, ¿cómo puedo garantizar que se ejecuta la sentencia contra el autor del delito y qué ayuda puedo obtener para ello?
Las resoluciones relativas a los daños y perjuicios civiles y a los gastos adeudados a las partes que formen parte de una sentencia en un proceso penal se ejecutan de conformidad con el Derecho civil.
Una obligación establecida por una resolución judicial u otro título ejecutivo se cumple inicialmente con carácter voluntario.
Si el deudor incumple la obligación voluntariamente, el cumplimiento se garantiza mediante medidas de ejecución, que se incoan ante un organismo de ejecución.
La ejecución de cualquier título ejecutivo la lleva a cabo un agente judicial (ejecutor judecătoresc), a menos que la ley disponga lo contrario.
El procedimiento de ejecución constituye la segunda fase de los procesos civiles y su objetivo principal es garantizar el ejercicio efectivo del derecho reconocido por una sentencia judicial u otro título ejecutivo. El procedimiento de ejecución garantiza que un acreedor que es titular de un derecho reconocido por una sentencia judicial o un título ejecutivo puede obligar al deudor a cumplir las obligaciones que se ha negado a cumplir voluntariamente.
Las disposiciones relativas a la ejecución se recogen en los artículos 622 a 914 del Código Procesal Civil.
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