Cómo ejecutar una decisión judicial

1 ¿Qué significa la ejecución en materia civil y mercantil?

Por ejecución se entiende la aplicación forzosa del contenido de una sentencia u orden con la ayuda del órgano jurisdiccional y, en algunos casos, con la asistencia adicional de otros agentes o servicios competentes (por ejemplo, el Registro de la Propiedad - Ktimatológio). La parte a favor de la cual se ha dictado una sentencia u orden judicial puede instar las medidas de ejecución ante el órgano jurisdiccional.

2 ¿Qué autoridad(es) goza(n) de competencia para proceder a una ejecución?

El Servicio de Tribunales (agentes judiciales) y el Registro de la Propiedad. La autoridad competente para la ejecución de una orden de cobro del pago atrasado de alimentos es la policía.

3 ¿Cuáles son las condiciones para la expedición de una resolución o un título ejecutivo?

Una sentencia o una orden adquieren carácter ejecutivo en el momento en que se dictan. El plazo de presentación de un recurso no suspende por sí mismo la ejecución; la parte recurrente debe presentar una solicitud motivada al efecto.

3.1 Procedimiento

Los documentos extrajudiciales (por ejemplo, un laudo arbitral) no tienen fuerza ejecutiva por sí mismos, pero pueden obtenerla si así lo declara un órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional competente para dictar una orden de ejecución de un documento extrajudicial o convalidar una resolución de un órgano jurisdiccional extranjero es el tribunal de primera instancia de la zona en la que resida la persona contra la que se materializará la ejecución, o el juzgado de familia en los casos de las decisiones sobre alimentos. La ejecución de las sentencias judiciales suele practicarla el abogado que tramitó el asunto ante el órgano jurisdiccional, por cualquiera de los métodos de ejecución indicados a continuación.

En el caso del registro y ejecución de una sentencia extranjera en el marco de un acuerdo multilateral o bilateral, el procedimiento lo practica el Ministerio de Justicia y Orden Público, en calidad de autoridad central, a través de los Servicios Jurídicos. En otros casos el procedimiento puede llevarse a cabo a través de abogados privados.

Las costas del procedimiento no pueden determinarse con antelación, pero las calcula el secretario judicial sobre la base de las normativas en materia de tasas y las cobra a la persona contra la que se dicta sentencia.

La ejecución se lleva a cabo principalmente a través de agentes judiciales, que son funcionarios empleados en los órganos jurisdiccionales de forma permanente. Para acelerar el procedimiento de ejecución, desde 1996 la notificación y el traslado de documentos en todos los asuntos en materia civil se confían a empresas privadas, de forma que los agentes judiciales puedan centrarse en la ejecución de las resoluciones judiciales.

3.2 Condiciones principales

En los casos de ejecución de una resolución judicial entre partes en Chipre, los criterios varían en función del caso. Debe existir una sentencia judicial, de cuyo pronunciamiento nace la obligación, y la negativa/imposibilidad de abonar la cuantía adeudada por el demandado.

Los criterios para otorgar carácter ejecutivo a una sentencia dictada en un país extranjero suelen especificarse en el correspondiente acuerdo. Una condición habitual en este caso es que el demandado debe haber sido debidamente notificado de los procedimientos en su contra en el país extranjero.

4 Objeto y naturaleza de las medidas de ejecución

4.1 ¿Qué tipo de bienes pueden ser objeto de ejecución?

Los artículos susceptibles de embargo pueden incluir cuentas bancarias, participaciones en empresas, vehículos matriculados, bienes inmuebles y otros. Quedan excluidos los artículos muy personales, esenciales para la supervivencia o el ejercicio de la profesión del demandado.

Entre las medidas de ejecución se incluyen:

• orden de embargo y venta de bienes muebles;
• orden de entrega de bienes muebles (si el bien mueble era el objeto de la acción, es decir, la acción por incumplimiento de un contrato de arrendamiento con opción a compra, el objeto del contrato de alquiler con opción a compra);
• orden de embargo (embargar los bienes en posesión de un tercero);
• orden de devolución de una deuda reconocida judicialmente en pagos mensuales fraccionados;
• orden de interrupción de los ingresos mensuales del prestatario (que se notifica al empleador para su ejecución);
• orden de entrega de la posesión de un bien inmueble;
• orden de venta de un bien inmueble;
• orden de establecimiento de depósito de un bien inmueble (a instancia del deudor, siempre que el órgano jurisdiccional esté convencido de que en un plazo máximo de tres años, los ingresos procedentes del bien puedan saldar la deuda, los intereses y todas las costas);
• gravamen sobre el bien inmueble, siempre que se relacione en la sentencia;
• concurso de acreedores;
• disolución de sociedades.

En caso de una decisión sobre alimentos, la ejecución incluye la posibilidad de dictar una orden de detención contra el deudor.

4.2 ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución?

El deudor y cualquier tercero están obligados a cumplir la sentencia que dicta la medida de ejecución. Si el deudor se niega o no lleva a cabo los actos o acciones especificados en la orden que impone medidas de ejecución, podrá incoarse un proceso penal en el que se dicte una pena de prisión en su contra por desobediencia de una orden judicial.

La entidad bancaria a la que se le notifica una orden de embargo está obligada a bloquear la cuenta correspondiente, salvo que tenga motivos para su impugnación. En este caso, deberá comparecer ante el órgano jurisdiccional que la dictó y exponer los motivos por los que no es aplicable.

Todas las órdenes no impugnadas se convierten en definitivas y tienen la fuerza de una sentencia judicial.

4.3 ¿Qué validez tienen estas medidas?

Las medidas de ejecución son válidas durante seis (6) meses desde su establecimiento. La sentencia en la que se imponen las medidas de ejecución es válida durante seis (6) años desde la fecha de pronunciamiento. En caso de ausencia de ejecución en ese plazo, el órgano jurisdiccional podrá renovar la sentencia con arreglo a la Norma 40D.8 de las Normas procesales civiles.

5 ¿Se pueden recurrir las decisiones por las que se concede esta medida?

Dependiendo del caso, es posible presentar un recurso, por ejemplo, para suspender la ejecución o cancelar un registro.

6 ¿La ejecución está sujeta a algún tipo de limitación, en particular de plazos o en aras de la protección del deudor?

A efectos de protección del deudor, no son susceptibles de embargo aquellas pertenencias esenciales para la supervivencia o el ejercicio de la profesión de una persona.

Asimismo, cuando el deudor es un servicio estatal o público, están exentos de embargo los objetos y el equipo que estén destinados a una finalidad esencial de interés público, incluidos el equipo perteneciente a las fuerzas armadas y a las fuerzas de seguridad, los objetos de importancia artística, arqueológica, cultural, religiosa e histórica y las reservas de divisas.

Además, la ejecución de las órdenes de embargo y venta de bienes muebles se lleva a cabo entre el amanecer y el ocaso.

Los bienes que hayan sido embargados (excepto el dinero y los valores) deberán ser vendidos una vez que hayan pasado al menos tres días desde el día siguiente al del embargo, salvo que sufran desgaste o que lo solicite por escrito el propietario litigante; hasta que se efectúe la venta, los bienes deberán guardarse en un lugar adecuado o permanecer bajo custodia de una persona adecuada.

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