Cómo ejecutar una decisión judicial

Finlandia
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European Judicial Network
Red Judicial Europea (en materia civil y mercantil)

1 ¿Qué significa la ejecución en materia civil y mercantil?

Por ejecución se entiende la ejecución forzosa de una obligación impuesta por un órgano jurisdiccional o de un título ejecutivo. En la mayoría de los casos, se trata del cobro de deudas reconocidas judicialmente. Otra medida de ejecución es el desahucio, es decir, la obligación de abandonar un inmueble o parte del mismo. El fundamento de la ejecución puede ser también una obligación de dar (luovutusvelvoite), de hacer (tekemisvelvoite) o de no hacer (kieltovelvoite). También pueden ejecutarse los embargos judiciales y otras medidas cautelares. La Autoridad Nacional de Ejecución (ulosottolaitos), dependiente del Ministerio de Justicia (oikeusministeriön), es el organismo que, de forma independiente e imparcial, lleva a cabo las actuaciones de ejecución que contempla la ley.

Ejecución en asuntos relativos a la legislación sobre menores

En los asuntos relativos a la legislación sobre menores, la ejecución tiene por objeto resoluciones judiciales, como la de restitución del menor. Un acuerdo homologado por los servicios sociales puede servir también como título ejecutivo. Otro aspecto importante es que, en Finlandia, los derechos de visita son derechos del menor, no de los progenitores. La ejecución de una sentencia judicial sobre la custodia o los derechos de visita de un menor está sujeta a la Ley relativa a la ejecución de las resoluciones sobre la guarda y custodia y el derecho de visita (Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta, 619/1996). Esta Ley es igualmente aplicable a la ejecución de medidas provisionales. También se procede a la ejecución con arreglo a esta Ley cuando una sentencia o resolución dictada en el extranjero es ejecutable en Finlandia en virtud del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo.

Los agentes judiciales pueden ejecutar una orden de ejecución en materia de guarda y custodia en los tres meses posteriores a que se dicte la resolución. De no ser así, hay que demandar una nueva orden de ejecución al órgano jurisdiccional. Un órgano jurisdiccional solo puede desestimar una demanda de ejecución cuando la ejecución vaya en contra de los intereses del menor. En las ejecuciones en materia de guarda y custodia, el órgano jurisdiccional obliga a la otra parte a restituir el menor al demandante o a pagar una multa. Debe dictarse orden de ejecución para para la recuperación del menor. En las ejecuciones en materia de derechos de visita, la otra parte está obligada a permitir las visitas y a adoptar las otras medidas dictadas para que las visitas tengan lugar.

2 ¿Qué autoridad(es) goza(n) de competencia para proceder a una ejecución?

La información de contacto de la Autoridad Nacional de Ejecución de Finlandia se puede consultar en su sitio web en finés, sueco e inglés.

En Finlandia, los agentes judiciales son funcionarios del Estado. El demandante no puede elegir el servicio de ejecución o el agente judicial que tramitará su asunto; el orden en que se tramitan los asuntos se decide de oficio.

Las funciones de ejecución de la Autoridad Nacional de Ejecución las llevan a cabo servicios de ejecución.

La mayor parte del cobro forzoso de créditos dinerarios lo lleva a cabo el Servicio de Ejecución Básico (perustäytäntöönpanon toimintayksikössä) por medios electrónicos, por lo que no es necesario reunirse en persona con el deudor.

Los cinco servicios de ejecución regionales son responsables, entre otras cosas, de la enajenación de los activos incautados y de otras tareas de ejecución más exigentes en sus respectivas demarcaciones.

El Servicio Especial de Ejecución se ocupa de las labores de ejecución que precisan de más tiempo e investigación; contribuye asimismo a la cooperación entre organismos y a la lucha contra la economía sumergida y la delincuencia financiera.

3 ¿Cuáles son las condiciones para la expedición de una resolución o un título ejecutivo?

3.1 Procedimiento

Para que pueda iniciarse la ejecución, el demandante debe presentar la demanda de ejecución y, en su caso, adjuntar una copia de los documentos justificativos de la ejecución. El acreedor no debe pagar ninguna tasa previa.

Puede encontrarse más información sobre el procedimiento de ejecución en finés, sueco e inglés.

La ejecución puede instarse electrónicamente en el servicio electrónico de ejecución: https://asiointi2.oikeus.fi/ulosotto/#/

También puede demandarse la ejecución mediante una demanda tradicional por escrito o un mensaje electrónico:

Demandantes finlandeses:

En finés: https://www.ulosottolaitos.fi/fi/index/tietoaulosotosta/tietoavelkojalle/ulosotonhakeminen.html

En sueco: https://www.ulosottolaitos.fi/sv/index/informationomutsokningen/informationtillborgenarer/utsokningsansokan_1.html

Formulario de demanda de ejecución para demandantes extranjeros (en inglés): https://oikeus.fi/en/index/oikeuslaitos/forms/enforcement.html

Demandas desde el extranjero por correo electrónico: ulosotto.uo(at)oikeus.fi

Instrucciones para el envío de correos electrónicos seguros (en inglés): https://oikeus.fi/en/index/oikeuslaitos/submittingdocuments.html

Los agentes judiciales deben ejecutar las resoluciones judiciales u otros títulos ejecutivos reconocidos por ley; no pueden entrar a enjuiciar su contenido. Para incoar un proceso de ejecución es necesario que el acreedor posea un título ejecutivo reconocido por ley que imponga una obligación al deudor. Los agentes judiciales deben comprobar que la deuda no se haya extinguido desde que se dictó la resolución judicial, por su pago o prescripción. Los derechos de cobro de los titulares de derechos de garantía (p. ej., una hipoteca) son objeto de disposiciones específicas.

3.2 Condiciones principales

En los asuntos civiles y mercantiles, la ejecución suele basarse en una sentencia o resolución de un órgano jurisdiccional ordinario. No es necesario una orden de ejecución específica. Los órganos jurisdiccionales ordinarios son los tribunales de primera instancia (käräjäoikeus), los tribunales de apelación (hovioikeus) y el Tribunal Supremo (korkein oikeus), como última instancia. La ejecución puede basarse también en un laudo arbitral. En la práctica, uno de los motivos más importantes de ejecución es una resolución de reconocimiento de pensión de alimentos confirmada por una autoridad municipal. Por otra parte, Finlandia no reconoce como base para la ejecución los contratos entre particulares.

Las sentencias recurridas pueden ejecutarse si el acreedor ofrece la garantía exigida por el agente judicial para indemnizar cualquier perjuicio sufrido por el deudor. Sin embargo, no debe abonarse ningún importe al acreedor hasta que el título ejecutivo y el auto de la orden de embargo sean firmes.

Las disposiciones más importantes relativas a la fuerza ejecutiva de las sentencias dictadas fuera de Finlandia se encuentran en el Derecho de la Unión [p. ej., los Reglamentos Bruselas I (n.º 44/2001) y Bruselas II (nº 2201/2003)] y en el Convenio entre los países nórdicos sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias. Puede encontrarse más información sobre la ejecución transfronteriza en el sitio web del Ministerio de Justicia en finés, sueco e inglés.

4 Objeto y naturaleza de las medidas de ejecución

4.1 ¿Qué tipo de bienes pueden ser objeto de ejecución?

Al iniciarse el proceso de ejecución, el deudor recibe una notificación y la orden de pago. Si el deudor no obedece la orden de pago o no se pone en contacto con el agente judicial para efectuar el pago por iniciativa propia, la ejecución comienza con la investigación y determinación de las rentas y el patrimonio del deudor basándose en la información registral.

Las indagaciones bancarias también constituyen una parte esencial de este trabajo de investigación. En la mayoría de las ocasiones, se embargan las rentas del trabajo y los depósitos bancarios. En lugar de embargar una parte de los ingresos periódicos, es posible convenir un calendario de pagos. Las medidas para la determinación de las rentas y el patrimonio del deudor, así como las investigaciones ulteriores, se rigen por la ley. La ley confiere a los agentes judiciales amplias facultades de consulta de los registros para recabar información sobre la situación económica del deudor. Los agentes judiciales tienen también el deber de buscar los bienes que el deudor pueda ocultar. Las diligencias de ejecución se practican sin demora injustificada. Por ejemplo, si el deudor percibe una renta periódica, el primer pago al acreedor se efectúa en el plazo de dos meses desde el inicio del proceso. El deudor tiene derecho a recurrir, pero el cobro no se interrumpe, salvo resolución judicial en contrario.

Puede demandarse una ejecución total o parcial. Los acreedores también pueden solicitar a la Autoridad Nacional de Ejecución que vigile la deuda durante un período de dos años, mediante el denominado Registro de créditos pasivos, cuando no sea posible cobrar la deuda inmediatamente. No es necesario contratar a un abogado o asesor jurídico a efectos de la ejecución.

Pueden embargarse todos los bienes muebles e inmuebles del deudor que no estén protegidos o excluidos, así como todo derecho u objeto con un valor económico. Si el acreedor solicita la ejecución parcial, solo pueden embargarse los bienes inscritos en registros que no precisen liquidación. Si es preciso liquidar los bienes embargados, estos suelen venderse en subasta pública que normalmente se anuncia en la prensa local y en internet.

Enlaces a los anuncios de subasta:

https://www.ulosottolaitos.fi/myynti-ilmoitukset/fi/index.html (en finés y sueco)

https://huutokaupat.com/ulosotto/

La Ley de ejecución finlandesa (ulosottolaki) también contiene una disposición especial por la que el agente judicial del distrito puede obviar un negocio jurídico ficticio. Una demanda de tercería de dominio sobre un bien no impide su embargo cuando:

  1. el derecho del tercero se base en un negocio jurídico patrimonial u otro negocio jurídico reconocido por el Derecho que no se corresponda con la auténtica naturaleza o finalidad del negocio, atendiendo a que la titularidad, acciones y beneficios del deudor por ese negocio son equivalentes a los del tercero propietario;
  2. la forma jurídica se utilice manifiestamente para impedir la ejecución de los bienes o que los acreedores dispongan de ellos;
  3. sea improbable que el acreedor cobre la deuda de otro modo en un plazo razonable.

No obstante, el embargo no debe realizarse cuando el tercero presente pruebas concluyentes de que vulneraría sus derechos. El agente judicial debe consultar de forma apropiada al deudor y al tercero, así como al acreedor en su caso, a menos que hacerlo complique considerablemente el proceso.

4.2 ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución?

La incoación del proceso de ejecución tiene algunos efectos, pero el embargo surte efectos jurídicos aún más importantes. Una vez embargados los bienes, el deudor no puede destruirlos, enajenarlos ni disponer de ellos de otra forma, así como tampoco adoptar otras decisiones relativas a los mismos en perjuicio del acreedor. Los actos realizados en contravención de esta prohibición no tienen validez jurídica para el acreedor. No obstante, los cesionarios o los terceros pueden gozar de la presunción de buena fe. Los agentes judiciales tienen amplias facultades para recabar información no solo del deudor, sino también de terceros, como bancos. Una vez que un banco ha sido informado de que los depósitos de un deudor han sido embargados, solo puede realizar pagos al agente judicial con cargo a la cuenta del deudor. El pago de deudas o salarios en contravención de esta prohibición constituye una infracción penal.

La venta de bienes en el proceso de ejecución produce una transmisión de derechos de propiedad. El importe del precio de venta se abona al acreedor sin demora.

Se embargan los bienes hasta el importe necesario para pagar la deuda al acreedor. Cuando la ejecución ha sido demandada por varios acreedores o los bienes embargados están sujetos a hipoteca, por ejemplo, los importes se reparten entre los acreedores según el orden de prelación establecido por la ley. Las tasas estatales de ejecución suelen cobrarse al deudor. Si la ejecución fracasa, el acreedor tiene que pagar una pequeña tasa de tramitación. Del mismo modo, el acreedor debe pagar una tasa por la transferencia de los importes. En los asuntos relativos a obligaciones de alimentos, no se exige el pago de ninguna tasa y se concede prioridad a las pensiones de alimentos en el orden de prelación. Los pagos transferidos al acreedor pueden variar cada mes según las fluctuaciones de la renta del deudor y la cuantía de la deuda.

Puede encontrarse más información sobre las tasas de ejecución en finés, sueco e inglés.

4.3 ¿Qué validez tienen estas medidas?

De conformidad con la ley, los agentes judiciales tienen la obligación de desempeñar sus funciones de forma diligente y sin retrasos injustificados. Si el deudor carece de bienes o rentas que embargar, el asunto puede devolverse al acreedor con una de las indicaciones siguientes: sin recursos, sin recursos y desconocido, u otro obstáculo específico que impide el cobro. En esas situaciones, puede recabarse información sobre las rentas y el patrimonio consultando los registros principales. El proceso de ejecución finaliza, pero el acreedor puede renovar su demanda de ejecución y la situación económica del deudor se investiga de nuevo. El acreedor puede, por ejemplo, instar la ejecución presentando una nueva demanda dentro del plazo a fin de garantizar el embargo de la devolución tributaria del deudor a finales de año. El acreedor también puede demandar que la deuda sea registrada como crédito pasivo. Si, durante la investigación de otro asunto, resulta que el deudor tiene rentas o bienes embargables o que va a recibir una devolución tributaria, la deuda registrada como crédito pasivo se tiene en cuenta en el proceso de ejecución. El registro como crédito pasivo tiene una validez de dos años a contar desde la fecha de expedición del certificado de insolvencia.

5 ¿Se pueden recurrir las decisiones por las que se concede esta medida?

Las medidas y órdenes de ejecución de los agentes judiciales pueden ser recurridas por cualquier persona cuyos intereses se vean afectados por ellas. Los recursos se tramitan ante los tribunales de primera instancia (käräjäoikeus). Deben presentarse en un plazo de tres semanas a contar desde la fecha en que se dicta la orden o desde la fecha en que el interesado reciba su notificación.

La presentación del recurso no suspende normalmente el proceso de ejecución, a menos que el órgano jurisdiccional determine otra cosa. Si se estima el recurso, el órgano jurisdiccional anula o modifica la orden del agente judicial. En algunos casos, el propio agente judicial puede corregir también los errores manifiestos de su orden.

Si la resolución de un litigio o una demanda de ejecución requiere la práctica de numerosas o largas pruebas orales, el asunto puede tener que tramitarse conforme a un procedimiento judicial civil (procedimiento de ejecución con oposición).

6 ¿La ejecución está sujeta a algún tipo de limitación, en particular de plazos o en aras de la protección del deudor?

La ley contempla las prohibiciones de ejecución, normalmente por motivos sociales. Determinadas prestaciones sociales no pueden embargarse. Si el deudor es una persona física, deben excluirse del embargo los objetos, prestaciones y derechos dispuestos por la ley. No pueden embargarse tampoco aquellos bienes de los que, dado su valor y otras circunstancias, el acreedor solo obtendría, una vez descontados los gastos y tasas de ejecución y pagadas las deudas inherentes, un importe insignificante.

En todas las diligencias de embargo y pago, debe siempre tenerse en cuenta la parte legalmente protegida de la renta del deudor, que debe excluirse para que este pueda subsistir. En general, no puede embargarse más de un tercio del salario neto del deudor. La información sobre los porcentajes protegidos por ley, con ejemplos prácticos, se puede consultar en el sitio web de la Autoridad Nacional de Ejecución en finés, sueco e inglés.

Los títulos ejecutivos, en los que se impone a una persona el cumplimiento de una obligación, son ejecutables durante quince años (validez de los títulos ejecutivos). Este plazo aumenta a veinte años cuando el acreedor especificado en el título ejecutivo es una persona física o cuando el fundamento de la demanda es un delito por el que el deudor fue condenado a pena de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad.

Las deudas pecuniarias contractuales prescriben en un plazo de veinte años o veinticinco años. La aplicación del plazo de prescripción no se ve afectada por la existencia de un título ejecutivo. La ley se aplica únicamente a las obligaciones pecuniarias de las personas físicas. Dichas deudas prescriben cuando pasan veinte años desde el vencimiento de la deuda. El plazo de prescripción es de veinticinco años si el acreedor es una persona física.

Si la persona física también tiene un título ejecutivo respecto de una deuda pecuniaria contractual, el plazo de prescripción es el que venza antes.

Las sentencias judiciales u otros títulos ejecutivos no pueden ejecutarse cuando el derecho que confieren se ha extinguido por el pago o la prescripción de la deuda, o por cualquier otro motivo.

Para más información, véase:

sitio web de la Autoridad Nacional de Ejecución en finés, sueco e inglés.

Sitio web del Ministerio de Justicia, ejecución de sentencias civiles: en finés, sueco e inglés.

Código de Ejecución (ulosottokaari) en finés y sueco

 

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Última actualización: 18/02/2022

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