Cómo ejecutar una decisión judicial

1 ¿Qué significa la ejecución en materia civil y mercantil?

La ejecución en materia civil y mercantil se inicia con la demanda judicial que interpone el acreedor, o ejecutante, contra el deudor; en ella el acreedor solicita al órgano jurisdiccional la ejecución forzosa de una obligación que se le debe.

Puede tener tres objetivos: el pago de una determinada cantidad, la entrega de cosa cierta y el cumplimiento de una obligación de hacer o no hacer.

La ejecución puede revestir la forma de un procedimiento común (ordinario, sumario o único) o de uno especial.

Todas las ejecuciones del pago de una cantidad determinada revisten la forma de un procedimiento común ordinario. Se exceptúan las ejecuciones que se indican a continuación, que revisten la forma de un procedimiento sumario; así como las ejecuciones en materia de alimentos, que revisten la forma de un procedimiento especial.

El procedimiento sumario se utiliza en las ejecuciones de pago de una cantidad determinada basadas en los siguientes títulos:

• laudo arbitral o sentencia judicial en los casos en los que no se deben ejecutar en el propio proceso;
• demanda monitoria con mención de su carácter ejecutorio;
• título extrajudicial de una obligación pecuniaria vencida, garantizada por una hipoteca o una garantía real;
• título extrajudicial de una obligación pecuniaria vencida cuyo valor no supere el doble de la cuantía mínima del órgano jurisdiccional de primera instancia.

Aunque se trate de uno de los títulos ejecutivos que se acaban de mencionar; en los siguientes casos no se aplicará le procedimiento sumario sino el ordinario:

• cuando la ejecución de una obligación alternativa dependa de una elección o de una condición;
• cuando la obligación objeto de ejecución deba quedar saldada en la fase de ejecución y la liquidación no dependa de un simple cálculo aritmético;
• cuando, habiendo una sentencia ejecutiva a favor de uno de los esposos, el ejecutor alega en el requerimiento ejecutivo que la deuda es común;
• en las ejecuciones dirigidas exclusivamente contra el deudor subsidiario que no ha ejercido su facultad de exclusión previa.

Las ejecuciones para la entrega de cosa cierta y para el cumplimiento de una obligación de hacer o no hacer solo adoptan forma de un procedimiento común.

La ejecución para la entrega de cosa cierta puede convertirse en una ejecución para el pago de una determinada cantidad si no se encuentra el bien que debía recibir el ejecutor. En tal caso, el ejecutor puede, en el mismo proceso, liquidar el valor del bien que se le debía entregar así como el perjuicio resultante de ese incumplimiento.

La ejecución de la obligación de hacer o no hacer puede convertirse en ejecución para el pago de una determinada cantidad si el ejecutor solicita la reparación del daño sufrido y liquida dicho valor.

La ejecución en materia de alimentos adopta la forma de un procedimiento especial, según el cual:

• El ejecutor puede exigir la adjudicación de una parte de los importes, salarios o pensiones que perciba el deudor, o la cesión de sus rentas, para el pago de las prestaciones vencidas y no vencidas; la adjudicación o la cesión son independientes del embargo.
• Cuando el acreedor solicite la adjudicación de los importes, salarios o pensiones contemplados en el párrafo anterior, se notificará al órgano encargado de pagarlos o de iniciar las acciones pertinentes que remita directamente las cantidades debidas al acreedor.
• Cuando el acreedor solicite la cesión de rentas, indicará al mismo tiempo los bienes en cuestión, y el agente de ejecución (agente de execução) ordenará la cesión de los bienes que considere suficientes para satisfacer las obligaciones vencidas y no vencidas.
• El demandado podrá ser citado a declarar con este propósito. Siempre se cita al deudor después de que se realice el embargo; aunque se oponga a la ejecución o al embargo, estos no se suspenden.

El procedimiento de ejecución se regula en el Código de Proceso Civil (Código de Processo Civil), artículos 703 a 877 («Del procedimiento de ejecución») y 933 a 937 («De la ejecución especial de alimentos»), que pueden consultarse en este enlace.

2 ¿Qué autoridad(es) goza(n) de competencia para proceder a una ejecución?

Las autoridades competentes en materia de ejecución son los órganos jurisdiccionales y los agentes de ejecución.

La ejecución propiamente dicha se lleva a cabo mediante un procedimiento judicial de ejecución, en el que los órganos jurisdiccionales están asistidos por los agentes de ejecución. Además del procedimiento judicial, la ley contempla un procedimiento extrajudicial, facultativo, al que el acreedor puede recurrir cumpliendo determinados requisitos. Las autoridades que tienen competencia en este tipo de procedimiento anterior a la ejecución son los agentes de ejecución.

Procedimiento judicial de ejecución

La ejecución se inicia con la presentación del requerimiento ejecutivo en el órgano jurisdiccional. El modelo y las condiciones para la presentación se recogen en un decreto gubernamental [en 2020, fecha en que se revisa la presente ficha informativa, se trata del Decreto (Portaria) n.º 282/2013, de 29 de agosto de 2013], que puede consultarse en este enlace.

Los impresos que debe usar el acreedor para las ejecuciones están disponibles en el portal Citius. El acreedor no necesita la asistencia de un abogado, abogado pasante o asesor jurídico (solicitador) en las ejecuciones.

• Requerimiento ejecutivo
• Requerimiento ejecutivo de una sentencia declarativa

El agente de ejecución debe nombrarlo el acreedor. Si no lo hace, la secretaría del órgano jurisdiccional nombrará a un agente de ejecución de manera automática y aleatoria. En casos excepcionales, previstos en la ley, las funciones del agente de ejecución puede ejercerlas un funcionario judicial.

Por norma general, la distribución de las competencias entre el órgano jurisdiccional y el agente de ejecución se presenta como sigue:

• Corresponde al agente de ejecución efectuar todas las diligencias relativas al procedimiento de ejecución que no sean responsabilidad de la secretaría o competencia del juez, especialmente las citaciones, notificaciones, publicaciones, consultas de bases de datos, embargos e inscripciones, liquidaciones y pagos.
• Incluso en caso de conclusión del proceso, el agente de ejecución debe garantizar que se llevan a cabo los actos derivados del procedimiento en los que su intervención es necesaria.
• Compete a la secretaría del órgano jurisdiccional, además de las competencias que le atribuye la ley, garantizar la expedición y elaboración de los documentos, y la correcta tramitación del proceso, así como ejecutar los autos prejudiciales, tanto en la fase preliminar como en el marco de los procedimientos e incidentes de naturaleza declarativa, salvo en lo que respecta a las citaciones, que corresponden al agente de ejecución.
• También corresponde a la secretaría del órgano jurisdiccional notificar, de oficio, al agente de ejecución sobre los procedimientos o incidentes de naturaleza declarativa iniciados con motivo de la ejecución, así como sobre los documentos expedidos que puedan tener alguna repercusión en la ejecución.

Concretamente,

compete al juez

• dictar una providencia preliminar cuando sea necesaria;
• resolver sobre la oposición a la ejecución y al embargo, así como establecer una orden de prelación de las deudas, en un plazo máximo de tres meses a contar desde la oposición o la reclamación;
• resolver, sin posibilidad de recurso, sobre las reclamaciones contra las actuaciones del agente de ejecución y sobre las impugnaciones de sus resoluciones; y
• resolver sobre cualquier otra cuestión planteada por el agente de ejecución, las partes o terceros interesados.

Compete al agente de ejecución

• practicar las actuaciones necesarias para verificar la regularidad de la ejecución, y consultar el registro informático de las ejecuciones y las bases de datos digitales para la inspección de los bienes embargables;
• proceder a la citación del deudor, incluida la citación del deudor para indicar los bienes que se van a embargar, cuando no estén inventariados;
• proceder al embargo y a las citaciones posteriores;
• proceder a la venta, liquidación y pago.

En cuanto a las ejecuciones radicadas en Portugal, la competencia de los órganos jurisdiccionales es la siguiente:

• Las salas centrales de ejecución del tribunal comarcal (tribunal de comarca) tienen competencia en los procedimientos civiles de ejecución con exclusión de los procedimientos que sean competencia del tribunal de la propiedad intelectual, el tribunal de la competencia, la regulación y la supervisión, el tribunal de lo marítimo, las salas de familia y menores, las salas de lo social y las salas de lo mercantil, así como la ejecución de sentencias penales sobre aspectos civiles que, con arreglo a la normativa procesal penal, no deban sustanciarse en un proceso civil.
• De no existir la sala de ejecución o cualquier otra sala u órgano jurisdiccional especializado competente, la competencia corresponde a la sala de competencia genérica o, si procede, a la sala local de lo civil del tribunal comarcal.

La competencia territorial de los órganos jurisdiccionales portugueses para conocer de una acción ejecutoria es la siguiente:

• Por norma general, el órgano judicial competente para la ejecución es el del domicilio del deudor si la ley o las normas antes indicadas no disponen otra cosa.
• El acreedor puede optar por el órgano jurisdiccional del lugar de ejecución de la obligación si el deudor es una persona jurídica; también lo puede hacer si tiene su domicilio en la zona metropolitana de Lisboa u Oporto y el deudor tiene su domicilio en la misma zona metropolitana.
• No obstante, si la ejecución se refiere a la entrega de cosa cierta o a deudas garantizadas con activos, son competentes, respectivamente, el órgano jurisdiccional del lugar donde se encuentre la cosa o el de los bienes gravados.
• Cuando la ejecución tiene lugar en el domicilio del deudor y este no tiene domicilio en Portugal, pero tenga bienes allí, es competente el órgano jurisdiccional del lugar en que tales bienes están situados.
• Asimismo tiene competencia el órgano jurisdiccional del lugar en el que se encuentren los bienes que deben ejecutarse cuando: dicha ejecución corresponda a un órgano jurisdiccional portugués porque se trate de una cuestión relativa a la validez de la constitución o disolución de sociedades u otras personas jurídicas cuya sede esté en Portugal, o de una cuestión relativa a la validez de las resoluciones de sus órganos, y no sea de aplicación a la ejecución ninguno de los supuestos previstos en las normas anteriores y siguientes.
• En los casos de acumulación de ejecuciones que son de competencia territorial de varios órganos jurisdiccionales, es competente el órgano jurisdiccional del domicilio del ejecutado.
• En la ejecución de resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales portugueses, el requerimiento ejecutivo se presenta en las causas en que se dictaron dichas resoluciones, y se sustancia como parte del procedimiento en curso. Si se ha recurrido la causa, la ejecución se traslada al recurso. Cuando es competente para la ejecución una sección especializada de ejecución, es necesario remitir a la misma, con carácter urgente, una copia de la sentencia, del requerimiento que dio inicio a la ejecución y de los documentos que la acompañan.
• En caso de laudo arbitral de un arbitraje que haya tenido lugar en territorio portugués, es competente para la ejecución el tribunal comarcal del lugar del arbitraje.
• Si la demanda se interpuso en un tribunal de segunda instancia o en el Tribunal Supremo de Justicia, la ejecución es competencia del órgano jurisdiccional del domicilio del ejecutado.
• Para la ejecución del pago de costas, sanciones o indemnizaciones vencidas derivadas de acciones temerarias o con mala fe, es competente el órgano jurisdiccional que conoce del procedimiento en el que tiene lugar la notificación de la cuenta o de la respectiva liquidación. La ejecución del pago de costas, sanciones o indemnizaciones se incorpora el respectivo procedimiento.
• Cuando un tribunal de segunda instancia (tribunal da relação) o el Tribunal Supremo de Justicia (Supremo Tribunal de Justiça) pronuncien la condenatoria de las costas o de una sanción, o la concesión de una indemnización, la ejecución se traslada al órgano jurisdiccional de primera instancia competente de la zona en la que se desarrolla el procedimiento.
• Para la ejecución sobre la base de una resolución extranjera, incluido un título ejecutivo europeo, el órgano competente es el del domicilio del demandado.
• En los procesos monitorios europeos [Reglamento (CE) n.º 1896/2006, de 12 de diciembre de 2006], el órgano compete es tribunal comarcal de Oporto, órgano central, primera sección de lo civil.

Procedimiento extrajudicial previo a la ejecución

Como alternativa al procedimiento judicial, el acreedor puede optar por recurrir a un procedimiento administrativo previo llamado procedimiento extrajudicial previo a la ejecución o PEPEX (http://www.pepex.pt).

Los agentes de ejecución son la autoridad competente encargada de realizar las actuaciones procesales en el marco del mencionado procedimiento.

En los siguientes casos, se puede recurrir al procedimiento PEPEX: resoluciones ejecutorias nacionales, otros títulos ejecutivos nacionales; resoluciones extranjeras declaradas ejecutivas; resoluciones cuya fuerza ejecutoria deriva de la legislación de la UE o de tratados o convenios que vinculan a Portugal; y títulos ejecutivos europeos. Es necesario que se reúnan las siguientes condiciones en todos los casos:

• el acreedor deben ser el titular de un título ejecutivo que reúne las condiciones de aplicación de la forma sumaria del procedimiento común de ejecución para el pago de una determinada cantidad; y

• el demandante y el demandado deben tener un número de identificación fiscal portugués, independientemente de su nacionalidad o residencia.

Los agentes de ejecución usan el número de identificación fiscal del demandado para buscar los bienes y rentas en las bases de datos nacionales, ya que no pueden consultar las bases de datos de otros Estados miembros. La legislación nacional contempla que tanto las personas jurídicas como las físicas extranjeras pueden solicitar un número de identificación fiscal, incluso aunque no ejerzan ninguna actividad y no tengan domicilio en Portugal.

PEPEX es un procedimiento digital, sin soporte material, rápido y más económico que los procedimientos judiciales. El propio acreedor presenta la demanda electrónica mediante la plataforma informática: http://www.pepex.pt.

Para acceder al portal de la autoridad tributaria y aduanera se necesitan credenciales o el certificado digital del documento de identidad.

Cuando el acreedor nombra a un representante, ese representante (abogado o asesor jurídico) puede acceder a la plataforma usando el certificado digital que le confiere su colegio profesional.

Una vez que se formalice la demanda, el procedimiento se atribuye de manera automática a un agente de ejecución y el acreedor recibe rápidamente (normalmente, cinco días después de la presentación de la demanda) la información sobre si es realmente posible recuperar su deuda u obtener un certificado que justifique el impago, con fines fiscales, sin tener que recurrir a un procedimiento judicial.

La principal finalidad de este procedimiento es obtener el pago voluntario del deudor. En el marco del procedimiento PEPEX, no pueden realizarse embargos. Para que se puedan realizar, hay que convertir el procedimiento PEPEX en un procedimiento de ejecución.

En el procedimiento PEPEX, el demandado puede realizar el pago voluntario o pactar el pago con el demandante.

Cuando el demandante opte por la notificación del demandado, esta se produce mediante un contacto personal que lleva a cabo el agente de ejecución.

Si el demandado es debidamente informado del procedimiento y no hace nada, se le incluye en una lista pública de deudores y se puede expedir el mencionado certificado de impago a efectos jurídicos y fiscales. Más tarde, si se paga íntegramente la deuda, se corrige esta situación: se elimina al deudor de la lista y se informa a la Administración tributaria.

En el marco del procedimiento PEPEX, las partes pueden instar la intervención del juez: el demandante lo puede hacer convirtiendo el procedimiento PEPEX en un procedimiento de ejecución si no logra el pago voluntario, y el demandado lo puede hacer oponiéndose al procedimiento PEPEX.

En lo que respecta al coste, el procedimiento PEPEX es más económico que el judicial. Por solo 51 EUR sin IVA, el acreedor sabe si es posible o no cobrar la deuda, independientemente de su cuantía. Si cobra la deuda, el coste puede ser superior a 51 EUR, según el caso.

Asimismo, si se convierte el procedimiento PEPEX en uno ejecutorio, el acreedor está exento del pago de la tasa judicial inicial.

El procedimiento PEPEX se regula en la Ley n.º 32/2014, de 30 de mayo, que se puede consultar en este enlace.

3 ¿Cuáles son las condiciones para la expedición de una resolución o un título ejecutivo?

3.1 Procedimiento

Toda ejecución tiene como base un título, por el cual se determina la finalidad y los límites de la acción ejecutiva. Se consideran incluidos en el título ejecutivo los intereses de demora, al tipo de interés legal, de la obligación que en este consta.

Las resoluciones son ejecutorias y los títulos ejecutivos pueden emitirse en las siguientes condiciones:

a) Sentencias condenatorias

• La sentencia solo constituye un título ejecutivo una vez que adquiere fuerza de cosa juzgada, salvo si el recurso interpuesto contra esta tuviese un efecto meramente devolutivo.
• Son equiparables a las sentencias, desde el punto de vista de la fuerza ejecutiva, los autos ejecutivos y cualquier otra resolución de la autoridad judicial que ordene el cumplimiento de una obligación. Los laudos arbitrales son ejecutivos en las mismas condiciones que las resoluciones de órganos jurisdiccionales.
• Sin perjuicio de lo dispuesto en tratados, convenios, reglamentos de la Unión Europea y leyes especiales, las sentencias judiciales y laudos arbitrales de un país extranjero solo se tienen en cuenta a efectos de ejecución después de ser revisadas y confirmadas por el órgano jurisdiccional portugués competente.
• No obstante, no requieren revisión para su ejecución los títulos formalizados en un país extranjero.

b) Documentos elaborados o autenticados por un notario o por otras entidades o profesionales competentes para ello que impliquen la constitución o reconocimiento de una obligación

• Los documentos elaborados o autenticados por un notario u otras entidades o profesionales competentes para ello en que se contemplen prestaciones futuras o se prevea la constitución de obligaciones futuras pueden tenerse en cuenta a efectos de ejecución, siempre que se demuestre, mediante un documento expedido de conformidad con las cláusulas que constan en ellos o, en caso de faltar, investido de fuerza ejecutiva propia, que se realizó alguna prestación para la conclusión del negocio o que se constituyó alguna obligación como consecuencia de la previsión de las partes.
• Los documentos firmados por poderes únicamente gozan de fuerza ejecutiva si la firma está reconocida por un notario o por otras entidades o profesionales competentes para ello.

c) Títulos de crédito, aunque sean quirógrafos, siempre que, en este caso, los hechos constitutivos de la relación subyacente consten en el propio documento o se aleguen en el requerimiento ejecutivo

• Títulos de crédito son, por ejemplo, el cheque, la letra de cambio y el pagaré.

d) Documentos a los que se atribuya, por una disposición especial, fuerza ejecutiva

• Por ejemplo, las demandas monitorias en las que se haya incluido la mención de su carácter ejecutorio y las actas de reuniones de juntas de propietarios.

3.2 Condiciones principales

En cuanto al crédito

El crédito que se debe ejecutar debe ser cierto, líquido y exigible. Si no lo es en virtud del título ejecutivo, la ejecución comienza con las medidas destinadas a hacer que la obligación sea cierta, exigible y líquida.

En cuanto al acreedor

La ejecución debe ser solicitada por la persona que figure como acreedora en el título ejecutivo. Si el título fuese al portador, la ejecución será solicitada por el portador del título.

De haberse producido sucesión del derecho o de la obligación, en la ejecución intervienen los sucesores de las personas que figuren como acreedores o deudores de la obligación objeto de la ejecución en el título. El demandante expone en el propio requerimiento de ejecución los hechos constitutivos de la sucesión.

En cuanto al deudor

La ejecución debe ser dirigida contra la persona que figure como deudor en el título.

Los bienes del ejecutado son embargados aunque, por cualquier título, se encuentren en poder de un tercero, sin perjuicio, no obstante, de los derechos que este pueda hacer prevalecer legalmente frente al ejecutante.

La ejecución de una deuda garantizada por una garantía real sobre bienes de terceros se despachará directamente contra este si el ejecutante pretende hacer valer la garantía, sin perjuicio de poder igualmente demandar al deudor.

Cuando la ejecución solo se dirija contra un tercero y se reconozca la insuficiencia de los bienes gravados por una garantía real, se habilita al ejecutor en el mismo procedimiento a despachar la acción ejecutoria contra el deudor, que deberá reembolsar el crédito completo al ejecutor. En lo que respecta a los bienes gravados que pertenecen al deudor pero que se encuentran en poder de un tercero, se podrá emprender la acción conjuntamente contra el deudor y dicho tercero.

En las ejecuciones despachadas contra el deudor subsidiario no se pueden embargar los bienes de este hasta que no se hayan ejecutado todos los bienes del deudor principal, siempre que el deudor subsidiario ejercite, de forma fundamentada, su facultad de exclusión en el plazo de oposición a la ejecución.

Cuando, en una ejecución despachada contra uno solo de los cónyuges, se embarguen bienes comunes de la pareja por no conocerse bienes propios del ejecutado suficientes, se emplaza al cónyuge del ejecutado a solicitar la separación de bienes o presentar un justificante de que la acción por la que se solicita la separación se encuentra pendiente, so pena de que se proceda a la ejecución sobre los bienes comunes.

Cuando la ejecución se despacha contra uno solo de los cónyuges, el ejecutante puede alegar, de forma fundamentada, que la deuda que consta en el título (distinto de una sentencia) es común. En ese caso, se emplaza al cónyuge del ejecutado a declarar, si acepta la comunicabilidad de la deuda, sobre la base del fundamento alegado, so pena de que la deuda se considere común si no se manifiesta al respecto, sin perjuicio de la oposición que interponga contra la misma.

En las ejecuciones despachadas únicamente contra uno o varios de los cotitulares de patrimonio autónomo o bien indiviso, no se pueden embargar los bienes comprendidos en el patrimonio común o una fracción de cualquiera de ellos, ni tampoco una parte especificada del bien indiviso.

En las ejecuciones despachadas contra herederos, únicamente pueden embargarse los bienes que hayan recibido del causante.  Si el embargo se practica sobre otros bienes, el deudor puede solicitar al agente de ejecución que no proceda a dicha ejecución, indicando los bienes que posee de la herencia. Dicha solicitud será atendida si, tras dar audiencia al ejecutante, este no se opone. Si el ejecutante se opone a esta solicitud, el ejecutado únicamente puede conseguir que prospere su solicitud si se trata de una herencia aceptada sin reserva (sin beneficio de inventario) y si alega y demuestra ante el juez: a) que los bienes embargados no proceden de la herencia; b) que no recibió de la herencia otros bienes que no sean los indicados o que, si los recibió, todos ellos fueron destinados a satisfacer los gastos de esta.

4 Objeto y naturaleza de las medidas de ejecución

Las principales medidas de ejecución son:

• embargo
• venta
• pago
• entrega de un bien
• realización del hecho por parte de otra persona a cuenta del deudor

Estas medidas ejecutivas pueden ir precedidas o seguidas de otras medidas instrumentales necesarias para su consecución. Por ejemplo, la elección de la prestación cuando la obligación es alternativa; la prueba de verificación de una condición o de realización de la prestación de la que depende la obligación que se va a ejecutar; la liquidación de la obligación objeto de ejecución cuando no sea líquida; la valoración del coste de realización de una obligación de hacer por parte de otra persona; las consultas previas para la localización y determinación de los bienes embargables; inscripción del embargo; nombramiento del depositario de los bienes embargados; publicidad de la venta de los bienes embargados; y comunicación de la venta al registro pertinente.

La elección de las medidas de ejecución depende de la finalidad de la ejecución, que puede ser: el pago de una suma determinada, la entrega de cosa cierta, o el cumplimiento de una obligación de hacer o no hacer.

En la ejecución del pago de determinada cantidad, las medidas ejecutivas más adecuadas para la ejecución son el embargo, la venta y el pago.

En cuanto a la ejecución de la entrega de cosa cierta, la medida ejecutiva más adecuada es la entrega del bien al ejecutor por parte del agente de ejecución. Si no se encuentra el bien que debe recibir el ejecutor, este puede convertir la acción en una acción ejecución para el pago de una determinada cantidad que se calcula liquidando el valor del bien y del prejuicio causado por el incumplimiento.

En cuanto a la ejecución de la obligación de hacer o no hacer, las medidas ejecutivas adecuadas son dos: la realización de la obligación de hacer o no hacer por parte de otra persona, junto con la indemnización por demora, a cargo del deudor, cuando la actuación sea fungible, y el pago de indemnización e intereses por el perjuicio sufrido cuando la actuación no sea fungible, al que se puede añadir una multa coercitiva. Cuando el ejecutor solicite la reparación del daño sufrido, la acción se convierte en ejecución del pago de una determinada cantidad.

4.1 ¿Qué tipo de bienes pueden ser objeto de ejecución?

Todos los bienes del deudor son susceptibles de embargo en una ejecución.

La ejecución puede dirigirse contra bienes de terceros cuando sirven de garantía del crédito o son objeto de un acto que cause perjuicio al acreedor y que este haya impugnado con éxito.

Solo pueden embargarse los bienes y derechos susceptibles de valoración económica, y no los bienes fuera del comercio.

En lo que respecta a las normas mencionadas, puede ser objeto de ejecución los siguientes bienes:

• bienes inmuebles
• bienes muebles
• créditos
• títulos de crédito
• derechos
• expectativas de adquisición
• depósitos bancarios
• subsidios o salarios
• bienes indivisos
• participaciones en sociedades
• establecimientos comerciales

4.2 ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución?

Efectos del embargo

• Salvo en los casos previstos específicamente en la ley, el ejecutor adquiere mediante el embargo el derecho a percibir un pago antes que otro acreedor que no disponga de ninguna garantía real anterior.
• Si los bienes del deudor fueron embargados previamente, la anterioridad del embargo se refiere a la fecha de dicho embargo.
• Sin perjuicio de las normas registrales, no pueden oponerse a la ejecución los actos de disposición, pignoración o arrendamiento de los bienes embargados.
• Si se embarga un crédito del deudor, su extinción por voluntad del embargado o de su deudor, verificada después del embargo, tampoco se puede oponer a la ejecución.
• No se puede oponer al ejecutor la terminación o la cesión, antes del embargo, de los arrendamientos y los alquileres impagados en la medida en que no pasen la fecha del embargo.
• Si se pierde el bien embargado, es objeto de una expropiación o sufre una disminución del valor y, en cualquier caso, un tercero es indemnizado, el ejecutor conserva el derecho que tiene sobre el bien en los créditos respectivos o en las cantidades pagadas como reparación.

Efectos de la venta

• La venta en el marco de una ejecución transfiere al adquiriente los derechos del embargo sobre el bien vendido.
• Los bienes se transfieren libres de gravámenes, así como de los demás derechos reales que no estuviesen inscritos registralmente antes de cualquier embargo o garantía, a excepción de los que, constituidos en una fecha anterior, tengan efectos a favor de terceros independientemente del registro.
• Cuando hayan expirado, los derechos de terceros que acaban de mencionarse se transfieren al producto de la venta de los respectivos bienes.

Efectos del pago

• El pago extingue la ejecución.
• El pago puede realizarse en especies: adjudicando los bienes del acreedor, cediéndole el salario o realizando un pago fraccionado previo acuerdo entre el ejecutor y el embargado.

Efectos de la entrega del bien

• En el momento de la entrega del bien, se aplican con carácter subsidiario las disposiciones relativas a la ejecución del embargo, con las adaptaciones necesarias, y se procede a realizar las diligencias necesarias si el embargado no procede voluntariamente a la entrega.
• La entrega puede incluir bienes que pertenezcan al Estado, a otras autoridades públicas, a órganos que realicen trabajos públicos o que presten servicios públicos o a personas jurídicas de utilidad pública.
• Si se trata de bienes muebles que se han de determinar en función de una cuenta, peso o medida, el agente de ejecución procede a las operaciones indispensables y remite el importe debido al acreedor.
• Si se trata de bienes inmuebles, el agente de ejecución otorga al acreedor la propiedad, remitiendo los documentos pertinentes y las llaves, si procede, y notifica al embargado, a los arrendatarios y a todos los poseedores que deben respetar y reconocer los derechos del acreedor.
• Si sobre el bien pesa régimen de copropiedad de otras partes interesadas, al acreedor se le otorga la condición de propietario de su parte.
• Si se trata de la residencia principal del embargado, y se prevé que este tenga graves dificultades para encontrar nueva residencia, el agente de ejecución informa previamente al ayuntamiento y a las autoridades competentes en materia de asistencia social
• Si se trata de la residencia principal del embargado, alquilada, el agente de ejecución suspende la entrega cuando se demuestre mediante certificado médico que la ejecución pone en peligro la vida de la persona que vive en ella por causa de enfermedad. En el certificado se indica el plazo durante el cual se debe mantener la suspensión de la ejecución por causa de enfermedad.

Efectos del cumplimiento de la obligación de hacer o no hacer

• Si el acreedor opta por que otra persona cumpla la obligación de hacer o no hacer, se requiere el nombramiento de un experto que valore el coste de la prestación.
• Una vez que termine la valoración, se procede al embargo de los bienes necesarios para pagar la cantidad determinada, conforme a las demás condiciones del procedimiento de ejecución para el pago de una determinada cantidad.
• Si el deudor tiene la obligación de no realizar un acto y se ve obligado a hacerlo, el acreedor tiene derecho a exigirle que la obra, si la hubiese ejecutado, sea demolida a costa de la persona que se comprometió a no hacerla.
• Si el perjuicio de la demolición es mayor para el deudor que el perjuicio que ha sufrido el acreedor, se extingue este derecho y no hay lugar a una indemnización.

4.3 ¿Qué validez tienen estas medidas?

La venta, el pago, el entrega del bien y el cumplimiento de la obligación de hacer o no hacer son medidas ejecutivas que, una vez realizadas, no tienen periodo de validez. Lo mismo ocurre con el embargo, pero con la especificidad indicada más abajo para el embargo de los bienes sujetos a inscripción registral.

En caso de embargo de bienes muebles o inmuebles sometidos a inscripción registral, es obligatorio inscribir el embargo y debe promoverla el agente de ejecución. En determinados casos expresamente contemplados en la ley, la inscripción del embargo debe hacerse a título provisional. Cuando eso suceda, la anotación provisional caduca si no se convierte en permanente o se renueva durante el plazo de vigencia. De hecho, en caso de embargo de bienes sometidos a inscripción registral provisional, el agente de ejecución debe favorecer que dicho asiento se convierta en permanente si es posible o se renueven todo el tiempo que sea necesario.

Por último, la ejecución iniciada puede extinguirse en la fase de diligencias previas encaminadas a localizar los bienes del deudor, sin que se haya efectuado el pago, si dichas diligencias siguen siendo infructuosas después del vencimiento de determinados plazos previstos en la Ley de enjuiciamiento civil en función del caso y del tipo de procedimiento aplicable.

5 ¿Se pueden recurrir las decisiones por las que se concede esta medida?

En sentido amplio la palabra «recurso» abarca la oposición a la ejecución y al embargo y el recurso propiamente dicho.

Oposición a la ejecución

El deudor puede oponerse a la ejecución en el plazo de veinte días a contar desde la citación.

Sin perjuicio de que prevalezca lo que dispuesto en los instrumentos internacionales y de la UE que vinculan a Portugal, en virtud de la legislación nacional, los motivos de oposición a una ejecución varían en función de que la oposición se base en una sentencia (más restringidos), un laudo arbitral (un poco más amplios) u otro título ejecutivo (aún más amplios).

Si la ejecución se basa en una sentencia, solo se admiten los siguientes argumentos de oposición:

• ausencia o inviabilidad del título;
• falsedad o engaño del procedimiento o de la transmisión, si alguno de ellos tiene repercusión en la ejecución;
• ausencia de alguna condición procesal de que dependa la instancia ejecutiva, sin perjuicio de su celebración;
• falta de personación del demandado en el proceso declarativo, con concurrencia de alguna de las situaciones contempladas en el artículo 696, letra e), del Código de Proceso Civil (falta o nulidad de la citación; desconocimiento de la citación por causa no imputable al demandado; falta de oposición por causa de fuerza mayor;
• incertidumbre, inexigibilidad o iliquidez de la obligación objeto de ejecución, no especificada en la fase introductoria de la ejecución;
• asunto juzgado anterior a la sentencia que se ejecuta;
• cualquier factor que extinga o modifique la obligación, siempre que sea posterior a la audiencia en el marco de un procedimiento declaratorio y que se justifique mediante documento; la prescripción del derecho o de la obligación puede probarse mediante cualquier medio;
• crédito contra el acreedor para obtener la compensación de los créditos;
• si se trata de un sentencia homologadora de allanamiento o de transacción, cualquier causa de nulidad o de anulación de estos actos.

Cuando la ejecución se base en un laudo arbitral, pueden invocarse como fundamentos de oposición a la ejecución, aparte de los mencionados anteriormente, aquellos en los que pueda basarse la anulación judicial de dicho laudo, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley sobre el arbitraje voluntario.

Cuando la ejecución no se base en una sentencia o en una demanda monitoria en la que se haya incluido la mención de su carácter ejecutorio, además de los fundamentos ya mencionados de oposición a la ejecución fundada en una sentencia, puede alegarse cualquier otro motivo que se pueda invocar como defensa en un procedimiento declarativo.

Oposición a embargos

El deudor, su cónyuge o un tercero pueden oponerse al embargo de determinados bienes en los siguientes casos.

Si se embargan bienes que pertenecen al ejecutado, este puede oponerse con alguno de los siguientes fundamentos:

• inadmisibilidad del embargo de los bienes efectivamente incautados o por el importe por la que se realizó;
• embargo inmediato de los bienes que solo responden subsidiariamente de la deuda que se va a ejecutar;
• efecto del embargo sobre bienes que, al no responder, según Derecho substantivo, de la deuda que se va a ejecutar, no deberían verse afectados por la medida.

Si el embargo, o cualquier acto de embargo o de entrega de bienes ordenado por un juez, vulnera la posesión o cualquier derecho incompatible con la realización o el ámbito de la diligencia que posee una persona que no es parte en la causa, la parte lesionada puede hacer valer este derecho y deducirlo del embargo.

El cónyuge que está en la posición de un tercero puede, sin la autorización del otro cónyuge, defender los derechos relativos a sus propios bienes y a los bienes comunes que se han visto afectados indebidamente por el embargo.

Recursos

Los recursos ordinarios pueden ser de apelación, interpuestos contra decisiones proferidas en primera instancia, y de revisión, interpuestos ante el Tribual Supremo de Justicia (Supremo Tribunal de Justiça). Los recursos ordinarios contra las resoluciones dictadas en un procedimiento de ejecución los regulan las disposiciones aplicables al procedimientos declarativos.

Por norma general, el recurso ordinario solo se admite si la causa supera la cuantía mínima del tribunal de segunda instancia y la resolución impugnada es desfavorable para quien recurre por un valor también superior a la mitad de la cuantía mínima de este tribunal. En Portugal, la cuantía mínima del tribunal de segunda instancia es de 30 000,00 EUR y la de los órganos jurisdiccionales de primera instancia es de 5 000,00 EUR.

El procedimiento de ejecución contempla determinados incidentes declarativos que, según proceda, pueden o no tener lugar; por ejemplo, la oposición a la ejecución, la oposición al embargo por el deudor o un tercero, y la verificación y clasificación de los créditos cuando los acreedores que dispongan de una garantía real sobre los bienes embargados reclamen el pago de sus créditos por el producto de los bienes embargados. También cabe interponer un recurso ante las resoluciones que pongan fin a los incidentes declarativos tal y como se indica más arriba.

Principalmente, en el procedimiento de ejecución

cabe recurrir en apelación:

• la resolución de apreciación de impedimento del juez;
• la resolución de apreciación de la competencia absoluta del órgano jurisdiccional;
• la resolución por la que se decreta la suspensión del procedimiento;
• el auto de admisión o denegación de una actuación procesal o un medio de prueba;
• la resolución por la que se impone una multa o que prevé otra sanción procesal;
• la resolución por la que se ordena la cancelación de un asiento registral;
• la resolución dictada después de la resolución final;
• las resoluciones en las que la impugnación mediante el recurso con la resolución final sea inútil;
• la resolución que determine la suspensión, extinción o anulación de la ejecución;
• la resolución dictada sobre la anulación de la venta;
• la resolución dictada sobre el ejercicio del derecho de preferencia o de remisión;
• el auto de desestimación preliminar, incluso si es parcial, de la demanda de ejecución;
• el auto de desestimación de la demanda de ejecución.

Pueden ser objeto de un recurso de revisión:

• las sentencias de un tribunal de segunda instancia en los procedimientos de liquidación que no dependen de un simple cálculo aritmético, en los procedimientos de verificación y clasificación de créditos, y en el caso de una oposición contra la ejecución;
• esto, independientemente de los casos en que el Tribunal Supremo de Justicia puede conocer de un recurso.

6 ¿La ejecución está sujeta a algún tipo de limitación, en particular de plazos o en aras de la protección del deudor?

Sí, existen límites relacionados con la protección del deudor. Unos son límites al embargo y otros, límites a la ejecución derivados de los plazos.

Los límites al embargo relacionados con la protección del deudor consisten en la inembargabilidad absoluta o total, en la relativa y en la parcial de determinados bienes del deudor. A estas se añaden otras dos limitaciones: una relacionada con la protección de los bienes comunes del matrimonio cuando la ejecución solo se dirige a uno de los cónyuges, y otra procedente del principio de proporcionalidad, según el cual solo deben embargarse los bienes necesario para satisfacer la deuda y los gastos generados por la ejecución.

El plazo fijado puede constituir un límite a la ejecución en caso de prescripción o caducidad. Una vez transcurridos los respectivos plazos, se extingue el derecho de ejecución.

A continuación se explica la manera en que funcionan estos límites relativos a la protección del deudor y a los plazos.

Bienes totalmente inembargables

Además de los bienes exentos de embargo por disposición especial, los que se indican a continuación son totalmente inembargables:

• bienes o derechos inalienables;
• bienes que sean propiedad del Estado o de otras autoridades públicas;
• objetos cuyo embargo resultaría ofensivo a las buenas costumbres o no tendría ningún sentido económico porque su valor de mercado es insignificante;
• objetos especialmente previstos para el ejercicio del culto público;
• tumbas;
• instrumentos y objetos indispensables para las personas discapacitadas y para el tratamiento de pacientes.

Bienes relativamente inembargables

• Salvo en el supuesto de que la ejecución se practique para el pago de una deuda con garantía real, están exentos de embargo los bienes del Estado y otras personas jurídicas públicas, de las entidades que realicen obras públicas o concesiones de servicios públicos o de las personas jurídicas de utilidad pública que se destinen especialmente a fines de interés público.
• También estarán exentos de embargo las herramientas y los utensilios de trabajo del embargado que resulten indispensables para el desempeño de su profesión o para su formación profesional, a menos que el embargado indique que sí pueden embargarse, que la ejecución se destine a pagar el precio de compra o los costes de su reparación o que se embarguen como elementos incorporados a un establecimiento comercial.
• Asimismo, quedan exentos los bienes que resulten indispensables para la economía doméstica de la vivienda del deudor, salvo en el caso de que la ejecución se practique con el fin de pagar tales bienes o el coste de su reparación.

Bienes embargables en parte

• No se pueden embargar dos tercios de los sueldos, los salarios y los importes netos percibidos en concepto de pensión de jubilación o de otra prestación social, seguro, indemnización por accidente, anualidad o pago de cualquier tipo que garanticen el sustento del deudor de los alimentos.
• A efectos de calcular la parte neta de las prestaciones referidas, solo se consideran los descuentos legalmente obligatorios.
• La inembargabilidad de estas prestaciones se atiene a un límite máximo equivalente a tres salarios mínimos nacionales en el momento de cada embargo y a un límite mínimo, en caso de que el deudor no tenga otros ingresos, equivalente a un salario mínimo nacional.
• Los límites que se acaban de mencionar no se aplican cuando el crédito del ejecutor sea de alimentos, en tal caso, no se puede embargar el importe equivalente a la totalidad de la pensión social del régimen no contributivo.
• Si el embargo se practica sobre dinero o saldos bancarios, no se puede embargar la cuantía equivalente al salario mínimo nacional o, en el caso de obligaciones por alimentos, la cantidad equivalente a una pensión completa no contributiva. (Las inembargabilidades total y parcial mencionadas en primer lugar no son acumulables).
• Una vez ponderados el importe y la naturaleza del crédito que debe ejecutarse, así como las necesidades del deudor y de su grupo familiar, el juez puede, excepcionalmente y a petición del deudor, reducir durante un periodo que considere razonable la parte embargable de los ingresos e incluso, durante un periodo no superior a un año, eximirlos de embargo.

Inembargabilidad de dinero y de depósitos bancarios

Son inembargables las cuantías de dinero o depósitos bancarios resultantes de la satisfacción de un crédito inembargable, en las mismas condiciones en que lo era el crédito original.

Límites al embargo de bienes comunes en una ejecución despachada contra uno de los cónyuges

• Cuando, en una ejecución despachada contra uno solo de los cónyuges, se embarguen bienes comunes de la pareja por no conocerse bienes propios del ejecutado suficientes, se emplaza, en el plazo de veinte días, al cónyuge del ejecutado a solicitar la separación de bienes o presentar un justificante de que la acción por la que se solicita la separación se encuentra pendiente, so pena de que se proceda a la ejecución sobre los bienes comunes.
• Cuando se incorpore la demanda de separación o un certificado, se suspende la ejecución hasta la partición. Si debido a la partición dejan de pertenecer al deudor los bienes que se iban a embargar, se podrán embargar otros bienes que ahora le pertenezcan y el anterior embargo se suspenderá hasta que tenga lugar el nuevo.

Límites al embargo impuestos por la proporcionalidad

El embargo se limita a los bienes necesarios para el pago de la deuda que debe ejecutarse y de los gastos previsibles de la ejecución, cuyo valor se presupone, a efectos de llevar a cabo el embargo y sin perjuicio de posterior liquidación, en un 20, 10 y 5 % del valor de la ejecución, dependiendo, respectivamente, de si este valor es: la cuantía mínima de los tribunales comarcales; superior a la cuantía mínima de los tribunales comarcales, pero sin exceder un valor de cuatro veces la cuantía mínima de los tribunales de segunda instancia; o superior a esta última cuantía. . La cuantía mínima de los tribunales comarcales es de 5 000,00 EUR y la de los tribunales de segunda instancia es de 30 000,00 EUR en 2020, fecha de revisión de la presente ficha informativa. Las cuantías mínimas se regulan en el artículo 44 de la Ley n.º 62/2013, de 26 de agosto, que se puede consultar en este enlace.

Límites a la ejecución derivados del plazo de prescripción

Por norma general, están sujetos a prescripción en función de su no ejercicio durante el plazo fijado por ley, los derechos disponibles (su existencia o constitución depende de la voluntad de las partes).

El órgano jurisdiccional no puede declarar de oficio la prescripción. Para ser eficaz, esta debe invocarla por vía judicial o extrajudicial la persona que se beneficie de ella, su representante o, si se trata de una persona incapacitada, la Fiscalía.

Cuando expire el plazo de prescripción, el beneficiario (deudor) puede oponerse al cumplimiento de la obligación u oponerse, de cualquier manera, al ejercicio del derecho prescrito. Si se pronuncia una ejecución en su contra, el deudor embargado puede oponerse invocando la prescripción. El plazo de oposición a la ejecución es de veinte días a partir de la fecha de citación.

Sin embargo, el deudor no puede solicitar el reembolso de la prestación que ha efectuado espontáneamente en cumplimiento de una obligación prescrita, incluso aunque lo haga ignorando la prescripción; este régimen se aplica a cualquier forma de cumplimiento del derecho prescrito, así como a su reconocimiento o a la constitución de las garantías.

Los acreedores del deudor y los terceros que tengan un interés legítimo en su declaración pueden invocar la prescripción, incluso si el deudor renuncia a ella. Sin embargo, si el deudor renuncia, solo los acreedores pueden invocar la prescripción, en la medida en que se cumplan las condiciones de la legislación civil para la acción revocatoria.

Si, después de dirigirse al deudor, este no invoca la prescripción y se pronuncia sentencia en su contra, la cosa juzgada no influye en el derecho reconocido a sus acreedores.

El plazo de prescripción ordinario es de 20 años, pero también existen prescripciones a corto plazo.

Prescriben en el plazo de cinco años:

• las rentas perpetuas o vitalicias;
• los arrendamientos y alquileres debidos por el arrendatario, incluso si se pagan en una vez;
• los cánones;
• los intereses convencionales o legales, incluso brutos, y los dividendos de sociedades;
• los reembolsos del capital y sus intereses;
• las pensiones de alimentos vencidas;
• cualquier otra prestación renovable de manera periódica.

La ley contempla prescripciones presuntas (en base a la presunción de su cumplimiento) en los siguientes casos:

• prescriben en el plazo de seis meses los créditos de establecimientos de alojamiento, de restauración o de bebida por la vivienda, los alimentos o bebidas que facilitan, sin perjuicio de la prescripción de dos años indicada a continuación;
• prescriben en el plazo de dos años los créditos de los establecimientos que ofrecen alojamiento, o alojamiento y comidas, a los estudiantes, así como los créditos de establecimientos de enseñanza y formación, de asistencia o de tratamiento, en lo que respecta a los servicios prestados;
• prescriben en el plazo de dos años los créditos de los vendedores para respecto de bienes que venden a personas que no son vendedores o que no los destinan a su comercio, así como los créditos de los que ejercen profesionalmente una actividad profesional respecto del suministro de bienes o productos, la ejecución de trabajos o la gestión de asuntos ajenos, incluso los gastos en los que incurran, a menos que la prestación no se destine a la actividad profesional del deudor;
• prescriben en el plazo de dos años los créditos respecto de los servicios prestados en el ejercicio de profesiones liberales y para el reembolso de los gastos correspondientes.

Cuanto se trate de una prescripción que se considere presunta en virtud de la legislación civil, se aplican las siguientes normas:

• La presunción de respeto del plazo solo se puede cambiar por declaraciones del primer deudor o de la persona a la que se haya transmitido la deuda mediante sucesión.
• Solo las declaraciones por escrito son pertinentes.
• Se considera que se ha admitido la deuda si el deudor rechaza declarar o prestar juramento ante el órgano jurisdiccional o si realiza ante órganos jurisdiccionales actos incompatibles con la presunción de cumplimiento.

La prescripción de los derechos reconocidos mediante sentencia o título ejecutivo funciona de la siguiente forma:

• En caso de sentencia definitiva o cualquier otro título ejecutivo, el deudor está sujeto al derecho de prescripción, aunque únicamente preventivo, para el que la ley establece un período más corto que el ordinario.
• Sin embargo, cuando la sentencia u otro título se refieren a las prestaciones que aún no vencieron, el plazo de prescripción sigue siendo de corta duración.

El Código Civil portugués recoge normas relativas al inicio del plazo de prescripción, su suspensión y su interrupción. El plazo de prescripción no comienza ni corre cuando existan motivos de suspensión, por ejemplo, minoría de edad, servicio militar, caso de fuerza mayor o falta deliberada del deudor. Cuando tenga lugar la interrupción, el plazo transcurrido queda totalmente inutilizado y comienza a transcurrir un nuevo plazo de prescripción.

Para interrumpir la prescripción, el acreedor puede recurrir a uno de los siguientes actos o invocarlos:

• Citación o notificación judicial de cualquier acto que exprese, directa o indirectamente, la intención de ejercer el derecho, independientemente del procedimiento al que pertenezca el acto o incluso si el órgano jurisdiccional no es competente.

Si la citación o notificación no se lleva a cabo en el plazo de cinco días desde que se solicita por motivos que no son imputables al demandante, la prescripción se interrumpe pasados esos cinco días.

La anulación de la citación o de la notificación no impide la interrupción prevista en los párrafos anteriores.

A efectos de este artículo, se equipara a la citación o a la notificación cualquier medio judicial mediante el cual se notifique el acto a la persona contra la que se puede ejercer el acto.

• Convenio arbitral que interrumpe la prescripción respecto del derecho que se pretende hacer efectivo.
• Reconocimiento del derecho realizado ante su titular por la persona contra la que se puede ejercer el derecho.
• El reconocimiento tácito solo es relevante cuando derive de hechos que expresen dicho reconocimiento inequívocamente.

La interrupción de la prescripción tiene los siguientes efectos, a menos que la ley contemple específicamente algo diferente:

• Deja sin efecto todo el tiempo transcurrido anteriormente.
• Comienza a transcurrir un nuevo período de prescripción a partir del acto de interrupción.
• La nueva prescripción está sujeta al plazo de la antigua.

Límites a la ejecución que derivan del plazo de caducidad

Cuando, en virtud de la ley o por voluntad de las partes, se deba ejercer un derecho en un determinado plazo, se aplican las normas de caducidad, salvo si la ley se refiere expresamente a la prescripción.

La caducidad solo se puede detener si se ejecuta, en el plazo legal o convencional, el acto al cual la ley o el acuerdo atribuye un efecto impeditivo. La simple interposición de la demanda declarativa o ejecutiva impide la caducidad sin que sea necesario citar al deudor. Cuando se trate de un plazo establecido por contrato o por disposición legal relativa al derecho disponible, el reconocimiento del derecho por parte de la persona contra quien se deba ejercer también impide la caducidad.

El plazo de caducidad no se puede suspender ni interrumpir salvo cuando la ley así lo exija y, si la ley no determina otra fecha, comienza a transcurrir en el momento en el que el derecho pudiese ejercerse legalmente.

El órgano jurisdiccional valora de oficio la caducidad y puede invocarse en cualquier fase del procedimiento si se refiere a derechos no disponibles. Si se refiere a derechos disponibles en base a los que se puede incoar un procedimiento de ejecución, la caducidad debe invocarla la persona a quien beneficie, en principio el deudor embargado.

El cálculo y los efectos de los plazos de prescripción y caducidad se regulan en los artículos 309 a 340 del Código Civil portugués, que se puede consultar en este enlace.

Cláusula de exención de responsabilidad:

La información contenida en la presente ficha informativa no resulta vinculante para el punto de contacto de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, ni para los órganos judiciales ni demás órganos o autoridades. Tampoco exime de consultar los textos legislativos en vigor. Esta información está sujeta a actualizaciones periódicas y a la interpretación evolutiva de la jurisprudencia.

 

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