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Cómo ejecutar una decisión judicial

Escocia
Contenido facilitado por
European Judicial Network
Red Judicial Europea (en materia civil y mercantil)

1 ¿Qué significa la ejecución en materia civil y mercantil?

En Escocia, el término diligence, que puede traducirse por diligencias de ejecución, se utiliza para referirse a una serie de procedimientos judiciales que pueden iniciarse contra los deudores para forzar el cumplimiento de sus deudas. Para incoar una diligence es preciso contar con un título ejecutivo como una resolución o documento judiciales de reconocimiento de una deuda pecuniaria o, en sentido más amplio, una resolución de un órgano jurisdiccional civil que disponga una obligación de hacer o no hacer.

Los tipos de diligence incluyen el embargo del salario (arrestment of earnings), el embargo de bienes o fondos en manos de terceros (arrestment of goods or funds in the hands of a third party), el secuestro de bienes o fondos (attachment of goods or funds), la inhibición (inhibition) y la adjudicación de la deuda (adjudication for debt).

Adjudicación de la deuda (adjudication for debt)

La adjudicación de la deuda es una diligence muy antigua que se ejecuta contra los bienes inmuebles, y cuyo resultado es una garantía judicial sobre bienes inmuebles a favor del acreedor. Esta diligence raramente utilizada es un procedimiento exclusivo del Tribunal Superior de Justicia de Escocia (Court of Session). Una vez se ha dictado la resolución de adjudicación, se inscribe o registra una copia certificada de esta en el catastro escocés pertinente (el Register of Sasines o el Land Register). A continuación, el acreedor hipotecario obtiene, en general, los mismos derechos que los demás acreedores hipotecarios, salvo la facultad de venta. Esta permite al acreedor ejercer una acción para desalojar al deudor si este tiene la posesión, o ejercer una acción para recibir el dinero del alquiler de los arrendatarios si la propiedad está arrendada. Solo tras un periodo de diez años, el acreedor puede solicitar al órgano jurisdiccional la obtención de la titularidad y vender la propiedad.

Embargo de bienes o fondos en manos de un tercero (arrestment of goods or funds in the hands of a third party)

El embargo es una diligence que se ejecuta contra los bienes muebles propiedad del deudor que están en manos de un tercero. Actúa al impedir que el tercero entregue los bienes embargados. Entre los bienes que pueden ser embargados se incluyen las deudas, los fondos depositados en una cuenta bancaria, las acciones, el patrimonio fideicometido, las pólizas de seguros y los bienes muebles corporales. Los bienes muebles corporales que estén en manos del deudor no pueden ser objeto de un embargo, ya que la diligence apropiada para ello es el secuestro.

Secuestro de bienes (attachment of goods)

Los bienes muebles corporales que estén en posesión del deudor podrán ser secuestrados por un acreedor y venderse en una subasta como medio para el reembolso de las deudas pendientes. No obstante, el secuestro no puede utilizarse para embargar determinados artículos como herramientas de trabajo o libros que el deudor necesite para su profesión, o vehículos que el deudor pueda necesitar razonablemente y que no superen un valor determinado. El secuestro tampoco puede utilizarse para obtener la posesión de bienes que se guarden en la vivienda del deudor, salvo que el juez de primera instancia (Sheriff) haya dictado una orden excepcional de embargo. El secuestro permite al acreedor embargar el dinero (efectivo, incluidas monedas y billetes en una divisa extranjera, giros postales, instrumentos bancarios, etc.) que se guarda en las dependencias del deudor, si bien no puede secuestrarse el dinero que se encuentre en una vivienda o en la persona del deudor.

Embargo del salario (earnings arrestment)

La diligence contra el salario del deudor puede ejecutarse en forma de un embargo del salario (earnings arrestment) (para la ejecución de una sola deuda), un embargo para el pago de la obligación continua de alimentos (current maintenance arrestment) (para la ejecución de los alimentos o una prestación periódica en caso de divorcio), o una orden conjunta de embargo (conjoined arrestment order) (una orden dictada por el órgano jurisdiccional para ejecutar el pago de dos o más deudas del mismo tipo, al mismo tiempo). También puede dictarse una orden de deducción del salario en los términos de la Ley de alimentos de 1991 (Child Support Act 1991) respecto de toda persona responsable de pagar alimentos en virtud de un embargo de alimentos. Tras recibir la notificación del plan de embargo (arrestment schedule), el empleador debe deducir, cada día de pago, un importe del salario del deudor calculado de conformidad con las tablas reglamentarias y pagarlo al acreedor hasta el momento en que se liquide la deuda o hasta que el deudor abandone el empleo.

Desahucio o desalojo de la propiedad (ejection or removing from property)

El desahucio (ejection) puede llevarse a cabo sobre la base de resoluciones de recuperación de la posesión del bien hereditario, de desalojo o desahucio. Desalojar (removing) es el término utilizado cuando el propietario busca recuperar la posesión de una propiedad del arrendatario. El desahucio es el recurso para desalojar a un inquilino que no tiene el título necesario para ocupar el bien inmueble.

Inhibición (inhibition)

La inhibición es una diligence personal que prohíbe al deudor vender o disponer de otro modo sus bienes inmuebles, u otorgar una garantía sobre estos, en detrimento del acreedor inhibidor. Esto se logra mediante el registro de la inhibición en el Registro de Inhibiciones y Adjudicaciones (Register of Inhibitions and Adjudications). Una inhibición ofrece tranquilidad al inhibidor, en el sentido de que el deudor tendrá dificultades para disponer de sus bienes inmuebles, pero no le otorga al inhibidor ningún derecho real sobre los bienes. Una inhibición es una diligence negativa o prohibitiva que permanece vigente por un periodo de cinco años, pero que cesará en fecha anterior si el acreedor inhibidor acepta la liberación; generalmente en el momento en que se salda la deuda.

2 ¿Qué autoridad(es) goza(n) de competencia para proceder a una ejecución?

Los funcionarios judiciales (Sheriff Officers) y los agentes judiciales (Messengers-at-Arms) son las autoridades competentes en materia de ejecución de Escocia. Los acreedores les encomiendan la ejecución de las resoluciones judiciales o de las órdenes contra los deudores dictadas por los tribunales de primera instancia (Sheriff Courts) o por el Tribunal Superior de Justicia de Escocia (Court of Session), así como de los documentos de deudas registrados en los Registros de los tribunales superiores de Escocia (Books of Council and Session) para su ejecución.

3 ¿Cuáles son las condiciones para la expedición de una resolución o un título ejecutivo?

3.1 Procedimiento

Las órdenes o resoluciones judiciales dictadas por un juzgado de primera instancia en cualquier partido judicial (Sheriffdom) de Escocia, o por el Tribunal Superior de Justicia de Escocia, y las autoridades equivalentes (como un documento de deuda registrado para su ejecución), son ejecutables.  La copia certificada de la resolución suele actuar como autorización de toda ejecución legítima.

La ejecución mediante diligence suele corresponder a los funcionarios judiciales y a los agentes judiciales. Estos son contratistas independientes a los que se les paga unos honorarios y que desempeñan un cargo otorgado por el Juez Principal (Sheriff Principal) del partido judicial en el que están autorizados a actuar. Estos funcionarios están sujetos al control y la supervisión del órgano jurisdiccional, si bien no son contratados directamente por el órgano jurisdiccional. La Ley escocesa de deudores de 1987 [Debtors (Scotland) Act 1987] establece un marco reglamentario para controlar su admisión, formación y comportamiento en el ejercicio de sus funciones oficiales, mientras que la Ley escocesa de acuerdos sobre deudas y embargo de 2002 [Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002] y la Ley concursal escocesa y de diligencias, etc. de 2007 [Bankruptcy and Diligence etc. (Scotland) Act 2007] regula en mayor medida sus funciones y comportamiento. Además, todos los funcionarios judiciales deben desempeñar sus funciones de conformidad con la constitución y los estatutos sociales de la Sociedad de funcionarios y agentes judiciales (Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers).

La asistencia de un abogado tan solo es necesaria en algunos procedimientos de ejecución.

Los honorarios cobrados por los funcionarios judiciales y los agentes judiciales para la ejecución de la diligence están actualmente estipulados por la Ley de Sederunt (Honorarios de los funcionarios judiciales) de 2013 [Act of Sederunt (Fees of Sheriff Officers) 2013] (SSI 2013/345) y la Ley de Sederunt (Honorarios de los agentes judiciales) de 2013 [Act of Sederunt (Fees of Messengers-at-Arms) 2013] (SSI 2013/346). Estas tablas de honorarios se modifican periódicamente.

3.2 Condiciones principales

La adopción de una resolución a favor del demandante (la persona que entabla la acción) suele ser suficiente para practicar la ejecución. Sin embargo, la mayoría de las diligences exigen la notificación de un requerimiento de pago (charge for payment) y la entrega de un paquete de información y asesoramiento sobre la deuda (Debt Advice and Information Package), antes de que se pueda recuperar la deuda. Un requerimiento de pago es una reclamación formal de pago notificada al deudor por el importe que se adeuda al acreedor, incluidos todos los intereses y costes asociados. Este otorga al deudor un periodo de catorce días (si el deudor se encuentra en el Reino Unido) para efectuar el pago. Si la deuda no se salda en el periodo especificado, el acreedor podrá utilizar la diligence para recuperar las cantidades adeudadas. El paquete de información y asesoramiento sobre la deuda aconseja a los deudores que obtengan asesoramiento financiero.

En el caso de una orden excepcional de embargo, el acreedor debe volver al órgano jurisdiccional para solicitar una autorización específica para secuestrar artículos no esenciales que se encuentran en la vivienda del deudor. Para decidir si dicta o no esta orden, el juez de primera instancia tiene en cuenta distintas cuestiones. Estas son:

  • la naturaleza de la deuda (y, en particular, si la deuda está relacionada con alguna tasa o impuesto o con cualquier actividad comercial o empresarial desarrollada por el deudor);
  • si el deudor reside en la vivienda especificada;
  • si el deudor desarrolla una actividad comercial o empresarial desde esa vivienda;
  • si se ha prestado asesoramiento financiero al deudor;
  • si ha vencido alguna prórroga de las órdenes de aplazamiento o reestructuración de la deuda (time to pay orders o directions); y
  • cualquier acuerdo entre el deudor y el acreedor para la liquidación de la deuda.

En particular, el juez de primera instancia debe tener la certeza de que el acreedor ha adoptado medidas razonables para negociar la liquidación de la deuda y de que el acreedor ya ha adoptado medidas para ejecutar la deuda mediante un embargo y un embargo del salario, así como de que es razonable esperar que la cantidad recuperada a través de la subasta de los activos no esenciales del deudor será, como mínimo, igual a la suma de una estimación razonable de los gastos imputables más 100 GBP.

El embargo sirve para secuestrar bienes (fondos y bienes muebles) en manos de un tercero y garantiza un cierto grado de prelación para el acreedor embargador. Cuando se embargan los fondos, estos están sujetos a una entrega automática tras un periodo de catorce semanas, siempre y cuando no se haya presentado ninguna objeción. Cualquier objeción debe presentarse ante el juez de primera instancia del órgano jurisdiccional, y basarse bien en el carácter excesivamente severo del embargo, en el hecho de que el funcionario judicial no ha llevado a cabo el embargo de forma correcta, o en que los fondos embargados pertenecen a un tercero (o son propiedad común de un tercero y el deudor). Para la entrega de los bienes embargados, el acreedor debe ejercer una acción de entrega (action of furthcoming) la cual, si se admite por el órgano jurisdiccional, ordenará la entrega de los bienes embargados por el embargado.

En el caso de una adjudicación, si tras diez años sigue sin abonarse la deuda [«the legal» o plazo legal de amortización de la deuda], el adjudicatario puede transformar su derecho en un derecho de propiedad plena. Esto se hace mediante una acción ante el Tribunal Superior de Justicia de Escocia conocida como una acción declarativa de expiración del plazo legal (action of declarator of expiry). El deudor puede defenderse de una acción declarativa de expiración del plazo legal aduciendo el pago de la deuda.

La inhibición surte efecto a partir de la fecha de registro en el Registro de Inhibiciones y Adjudicaciones (Register of Inhibitions and Adjudications) del plan de inhibición y el certificado de ejecución de la inhibición.  Sin embargo, en aquellos casos en los que se registra la notificación de la inhibición en el Registro de Inhibiciones y Adjudicaciones y, en los veintiún días siguientes, se registran el plan de inhibición y el certificado de ejecución, la inhibición surtirá efecto a partir de la fecha de registro de la notificación.

4 Objeto y naturaleza de las medidas de ejecución

4.1 ¿Qué tipo de bienes pueden ser objeto de ejecución?

Hay una diligence disponible para cada tipo de bienes, salvo para el efectivo en manos del deudor.

4.2 ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución?

Adjudicación de la deuda (adjudication for debt)

La adjudicación produce el efecto de una garantía judicial sobre bienes inmuebles a favor del acreedor. La resolución de adjudicación no le otorga al adjudicatario una facultad inmediata de vender: solo la facultad de garantizar el alquiler si el bien hereditario está arrendado, o desalojar al deudor si este tiene la posesión.

Embargo de bienes o fondos en manos de un tercero (arrestment of goods or funds in the hands of a third party)

El efecto de un embargo es congelar los fondos o los bienes muebles propiedad del deudor que están en manos de un tercero. Se impide que el tercero utilice o disponga de los bienes o los fondos, o que los entregue al deudor, sin el consentimiento del acreedor. Para que los bienes embargados se entreguen al acreedor, este debe ejercer una acción de entrega. Los fondos embargados que estén en manos de una institución financiera están sujetos a una entrega automática tras un periodo de catorce semanas, si no se ha presentado ninguna objeción. Si el embargado se desprende de los bienes embargados, este responde de su valor ante el acreedor embargador. Teóricamente, también estará incurriendo en un delito de desobediencia al actuar en contravención de un embargo. Los embargados tienen la obligación legal de informar a un acreedor embargador de la existencia o el alcance de los bienes secuestrados mediante un embargo. El incumplimiento de esta obligación puede dar lugar a que el juez de primera instancia dicte una orden por la que se exija al embargado el pago de una cantidad de dinero al acreedor embargador.

Embargo del salario (earnings arrestment) u orden de pago de la obligación continua de alimentos (current maintenance order)

Cuando al empleador se le notifica un plan de embargo del salario o una orden de pago de la obligación continua de alimentos, debe deducir la cantidad calculada y pagarlo al acreedor.  Si el empleador no cumple con estos términos, es responsable ante el acreedor por la cantidad de dinero que debería haberle pagado.

Desahucio o desalojo de la propiedad (ejection or removing from property)

Una sentencia de desahucio o desalojo tiene como efecto exigir a una persona que desaloje la propiedad especificada en la copia certificada de la resolución. Si el destinatario de una orden de desahucio o desalojo no cumple de forma voluntaria y no desaloja la propiedad en la fecha especificada, los funcionarios judiciales pueden desalojarlo y proteger la propiedad, y solicitar la asistencia de la policía si fuera necesario. La persona que va a ser desalojada deberá recibir un «requerimiento de desalojo de un bien inmueble» (Charge of Removing from Heritable Property) cuyo plazo debe haber expirado antes de que pueda llevarse a cabo el desalojo o el desahucio, salvo que el juez de primera instancia haya prescindido de este requisito.

Inhibición (inhibition)

El registro de una inhibición en el Registro de Inhibiciones y Adjudicaciones tiene como efecto evitar que el deudor venda, o disponga de otro modo de sus bienes inmuebles, o que otorgue una garantía sobre ellos en detrimento del inhibidor.  Toda escritura (disposition) o garantía estándar, u otro título otorgado por el deudor en contra de una inhibición, puede anularse a instancia del inhibidor.

Una resolución ad factum praestandum es una resolución por la que se exige al deudor la realización de un acto distinto del pago de dinero, y cuyo cumplimiento se exige. Los términos de la resolución deben especificar con precisión qué debe hacerse y, cuando se solicite ante el órgano jurisdiccional es recomendable añadir una pretensión alternativa de reparación del perjuicio derivado del incumplimiento. El incumplimiento no puede dar lugar a una pena de prisión, salvo que la persona que originariamente solicitó la resolución («el solicitante») presente una solicitud al órgano jurisdiccional en el que se dictó inicialmente la resolución. Corresponde entonces al solicitante demostrar al órgano jurisdiccional que el deudor se niega deliberadamente a cumplir con la resolución. Si así lo considera, el órgano jurisdiccional puede dictar una orden de encarcelación del demandado por un periodo no superior a seis meses. El encarcelamiento no sirve para extinguir la obligación impuesta por la resolución.

Secuestro de dinero (money attachment)

Este permite al acreedor secuestrar y retirar dinero (efectivo, incluidas monedas y billetes en una divisa extranjera, giros postales, instrumentos bancarios, etc.) que se guarda en las dependencias del deudor, si bien no puede secuestrarse el dinero que se encuentre en una vivienda y en la persona del deudor.

4.3 ¿Qué validez tienen estas medidas?

Adjudicación de la deuda (adjudication for debt)

Dictada la resolución, se registra una copia certificada en el catastro escocés pertinente.  A partir de ese momento, la resolución es válida y, solo tras un periodo de diez años, el acreedor puede solicitar al órgano jurisdiccional la obtención de la titularidad y vender el bien.

Embargo de bienes o fondos en manos de un tercero (arrestment of goods or funds in the hands of a third party)

Un embargo en ejecución de resolución firme o título (arrestment in execution) puede tener éxito o no.  Por ejemplo, el embargo puede notificarse a un banco, pero si el deudor no tiene una cuenta con este banco o no tiene fondos suficientes en ninguna cuenta, el embargo no captará ningún fondo.

Secuestro de bienes (attachment of goods)

Un embargo solo produce efectos hasta la primera de las fechas siguientes: seis meses desde la fecha en la que se secuestró un objeto y veinte días desde la fecha en que se retiró el objeto secuestrado del lugar en el que se secuestró. La orden excepcional de embargo especifica el periodo en el que debe ejecutarse.

Embargo del salario (earnings arrestment) u orden de pago de la obligación continua de alimentos (current maintenance order)

La notificación de un plan de embargo del salario, o del embargo para el pago de la obligación continua de alimentos, puede tener éxito o no. Si el deudor no trabaja para la persona a la que se notifica el plan, este decae. Si el deudor sí trabaja para esta persona, se mantiene en vigor hasta el momento en que se paga la deuda o hasta que el deudor deje este empleo.

Desahucio o desalojo de la propiedad (ejection or removing from property)

La ejecución de una diligence tras una sentencia de desalojo o desahucio debe llevarse a cabo sin demoras indebidas.  No existe una definición de lo que podría constituir una demora indebida.  Depende de las circunstancias concretas de cada caso.

Inhibición (inhibition)

La inhibición prescribe a los cinco años.  Puede renovarse mediante solicitud del inhibidor ante el órgano jurisdiccional.  Una resolución ad factum praestandum debe especificar con exactitud lo que debe hacerse y el plazo en el que debe llevarse a cabo.

Secuestro de dinero (money attachment)

El secuestro de dinero puede tener éxito o no.  Por ejemplo, si el funcionario judicial no encuentra fondos en las dependencias del deudor, el secuestro de dinero habrá fracasado.  Si el secuestro de dinero tiene éxito, el funcionario del órgano jurisdiccional (el funcionario judicial o el agente judicial) debe presentar un informe al juez de primera instancia antes de que finalice el plazo de catorce días contados a partir del día en que se ejecuta el secuestro de dinero.  El funcionario del órgano jurisdiccional debe enviar una copia del informe al deudor y al acreedor.  El secuestro deja de producir efectos si el juez de primera instancia se niega a recibir el informe.

5 ¿Se pueden recurrir las decisiones por las que se concede esta medida?

El empleador o el deudor pueden solicitar al juez de primera instancia que dicte una orden por la que se declare nula o sin efecto una orden de pago de la obligación continua de alimentos. Además, si el deudor puede convencer al juez de primera instancia de que es improbable que vuelva a incumplir el pago, este puede dictar una orden que lo revoque.

El deudor, el embargado o un tercero pueden, mediante un escrito de oposición (notice of objection), solicitar al juez de primera instancia que dicte una orden que revoque o limite el embargo.  Este escrito debe presentarse en un plazo de cuatro semanas desde la ejecución del embargo.

Se puede recurrir cualquier decisión que adopte el juez de primera instancia en relación con un secuestro o embargo excepcional.  El recurso puede presentarse, solo con la autorización del juez de primera instancia, ante el Juez Principal y sobre una cuestión de Derecho. La decisión del Juez Principal sobre este recurso es definitiva.

Los motivos para el levantamiento o la revocación de una inhibición se dan cuando la inhibición ha sido inapropiada desde un punto de vista procesal y cuando la resolución de pago ha sido anulada.

No hay recurso contra el desalojo o el desahucio una vez ejecutada la sentencia.

6 ¿La ejecución está sujeta a algún tipo de limitación, en particular de plazos o en aras de la protección del deudor?

Deudor que participa en una solución de deuda

Si el deudor es embargado o firma un convenio de acreedores, un convenio de acreedores protegido (protected trust deed) o participa en un programa de pago de deuda en el marco de un plan de liquidación de deudas (debt arrangement scheme), los acreedores no pueden ejercer ninguna otra diligence contra el deudor, con sujeción a determinadas condiciones. En cambio, el acreedor por lo general debería considerar la posibilidad de presentar una reclamación por las cantidades debidas ante el administrador del deudor, o añadir la deuda a cualquier programa de pago de deuda.

Moratoria de la diligence

Se introducirá una moratoria de la diligence en todas las soluciones de deuda reglamentarias de Escocia mediante una modificación de la Ley concursal escocesa de 1985 [Bankruptcy (Scotland) Act 1985] que entró en vigor el 1 de abril de 2015 en virtud de la Ley concursal escocesa y de asesoramiento sobre la deuda de 2014 [Bankruptcy and Debt Advice (Scotland) Act 2014]. Esto significará que, si una persona informa de que desea solicitar una solución de deuda reglamentaria, se le ofrecerá un periodo de protección de seis semanas frente a cualquier diligence ejercida en su contra por parte de los acreedores. Este es el mismo periodo de seis semanas que existe actualmente en el marco de la Ley concursal escocesa y de diligencias, etc. de 2007 [Bankruptcy and Diligence etc. (Scotland) Act 2007], que introdujo una moratoria de la diligence para el deudor que tiene la intención de solicitar, o que ha solicitado, un programa de pago de deuda, o un periodo de seis semanas desde la fecha en que comunican al administrador del plan de liquidación de deudas su intención de solicitar un programa de pago de deuda. Sin embargo, estos periodos de moratoria de seis semanas pueden reducirse o ampliarse en determinadas circunstancias.  [Como parte de la Ley escocesa sobre el coronavirus de 2020, Coronavirus (Scotland) Act 2020, el periodo de moratoria se ha ampliado a seis meses; esta modificación permanecerá en vigor hasta el 30 de septiembre de 2020 y puede ampliarse de nuevo mediante normativa].

Plazo para el abono de los pagos

Al adoptar una resolución contra un deudor de pago de determinados tipos de deuda, el órgano jurisdiccional puede dictar una orden de aplazamiento o reestructuración de la deuda (time to pay direction) a los efectos de que el importe pagadero pueda abonarse a plazos a lo largo de un periodo de tiempo. Asimismo, una vez iniciada la diligence el órgano jurisdiccional puede dictar una orden de aplazamiento o reestructuración de la deuda (time to pay order). Mientras la orden de aplazamiento o reestructuración de la deuda (time to pay direction or order) esté en vigor, el órgano jurisdiccional no tiene competencias para notificar un requerimiento de pago o ejecutar cualquier diligence que obligue al pago de la deuda.

Plazos de la ejecución

Si tras la fecha en la que una obligación pasa a ser ejecutable, esta ha subsistido durante un periodo continuado de veinte años sin que se haya presentado una reclamación pertinente y sin que se haya reconocido de forma pertinente la subsistencia de la obligación, se extinguirá la obligación. Por tanto, si durante un periodo de veinte años no se ejecuta una diligence respecto de una resolución judicial o un documento de deuda, sin que además esta haya sido admitida inequívocamente por escrito por el deudor o en su nombre, la obligación prescribirá. Sin embargo, cuando un acreedor ejecute la diligence para ejecutar una resolución o un documento de deuda, y el deudor reconozca claramente ante el acreedor que la deuda aún subsiste, el acreedor tendrá otro plazo de veinte años para obtener la plena satisfacción de su reclamación frente al deudor.

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Última actualización: 19/10/2021

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