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Cómo ejecutar una decisión judicial

Severné Írsko
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European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 ¿Qué significa la ejecución en materia civil y mercantil?

La ejecución es el proceso legal a través del que se puede imponer el cumplimiento de una sentencia, orden o auto de los órganos jurisdiccionales.

Irlanda del Norte cuenta con un sistema particular para la ejecución de sentencias civiles. La mayoría de los sistemas del Derecho anglosajón (common law) ejecutan las sentencias mediante órdenes accesorias de los órganos jurisdiccionales. En Irlanda del Norte, la ejecución de las sentencias de los órganos jurisdiccionales de lo civil relacionadas con la recuperación de cantidades económicas, bienes y propiedades corre a cargo de un organismo central denominado Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales (Enforcement of Judgments Office), que ejerce tanto funciones administrativas como judiciales.

Dicha oficina se creó en 1971 y su administración compete desde 1979 a la Oficina Judicial de Irlanda del Norte (Northern Ireland Courts and Tribunals Service). Las facultades y los procedimientos de la Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales están recogidos en la Orden de Ejecución de Resoluciones Judiciales (de Irlanda del Norte) [Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order] de 1981, en adelante «la Orden de 1981»— y el Reglamento de Ejecución de Resoluciones Judiciales (de Irlanda del Norte) [Judgments Enforcement Rules (Northern Ireland)] de 1981 (SR 1981/147).

Existen diferentes tipos de métodos de ejecución de resoluciones judiciales:

orden de pago a plazos: se trata de una orden en virtud de la cual se impone a una persona un pago a plazos, siempre y cuando la Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales quede convencida de que el deudor dispone o dispondrá de los medios necesarios para satisfacer la totalidad de la deuda o parte de ella en un plazo razonable;

orden de embargo de nóminas: se trata de una orden dirigida al empleador del deudor, en la que se le exige practicar deducciones periódicas de los sueldos o salarios del deudor y abonar dichas cantidades a la Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales. Esta orden es diferente de la mayoría de las órdenes de ejecución en el sentido de que la Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales no puede dictarla sin que medie solicitud previa del acreedor.  La Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales también puede suspender la entrega de la orden al empleador si queda convencida de que el deudor realizará los pagos voluntariamente a la Oficina;

orden de decomiso: esta orden permite a la Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales retirar y vender parte de los bienes y otras propiedades del deudor. Las propiedades quedan bajo la custodia y posesión de la Oficina, y se les impone un embargo a favor del acreedor beneficiario de la orden;

orden de embargo de tierras: esta orden suele utilizarse para deudas sustanciales, y lo normal es usarla conjuntamente con otro método de ejecución. La orden no supone en sí misma una ejecución efectiva de la deuda; el acreedor debe seguir una serie de pasos para lograr que se ejecute la venta, presentando una solicitud al órgano jurisdiccional. La Orden de 1981 contiene asimismo una disposición relativa a la imposición de órdenes de embargo sobre otros tipos de propiedades;

orden de nombramiento de administrador judicial y orden al amparo de la Ley de Procedimientos de la Corona (Crown Proceedings Act): una orden de nombramiento de administrador judicial implica la designación del Agente Judicial Principal como administrador judicial de cualquier pago al que pueda tener derecho el deudor. A modo de ejemplos de los tipos de pagos sobre los que se puede imponer una orden de nombramiento de administrador judicial, cabe citar las rentas y beneficios de la tierra, la reversión de intereses en virtud de un testamento, las sumas adeudadas a un deudor que trabaja por cuenta propia en el marco de un contrato o los pagos derivados de una demanda civil contra otra persona o empresa;

orden de embargo de deudas (de terceros): este tipo de orden exige a un deudor del deudor judicial pagar al acreedor la deuda contraída con este por el deudor judicial. La orden otorga al acreedor beneficiario la condición de acreedor garantizado, y es aplicable a las deudas ya vencidas o devengadas;

órdenes de desalojo de tierras: una resolución judicial en la que se imponga el desalojo de tierras se ejecuta mediante una orden de ejecución de desalojo de tierras y otorga a la Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales el derecho a desalojar a cualquier persona que se encuentre en posesión de las tierras, sea o no el demandado;

orden de entrega de bienes: una resolución judicial que imponga la posesión de bienes se ejecuta a través de una orden de entrega de los bienes. La Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales incautará los bienes y los devolverá al acreedor.  Esta orden no debe confundirse con la de decomiso, ya que en este caso los bienes no se venden.

2 ¿Qué autoridad(es) goza(n) de competencia para proceder a una ejecución?

Enforcement of Judgments Office
Laganside House
23-27 Oxford Street
Belfast
BT1 3LA

3 ¿Cuáles son las condiciones para la expedición de una resolución o un título ejecutivo?

3.1 Procedimiento

Cualquier persona con derecho a ejecutar una sentencia judicial puede, previo pago de la tasa correspondiente, solicitar la ejecución de dicha sentencia a la Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales. La solicitud debe ir precedida de una notificación al deudor de la intención de solicitar la ejecución. Si el deudor no cumple la sentencia en un plazo de diez días desde la fecha de la notificación de la intención de solicitar la ejecución, el solicitante puede proceder con esta. Se podrá presentar una solicitud provisional en los asuntos en los que el saldo total de las sumas adeudadas supere las 3 000 GBP. Esto permite al acreedor judicial obtener una orden de custodia y un informe de los recursos del deudor, con el fin de poder tomar una decisión con mayor conocimiento de causa sobre la conveniencia de proceder con la ejecución.

Una vez que una solicitud es aceptada, la Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales entrega inmediatamente al deudor una «orden de custodia» en la que se establece que los bienes del deudor especificados en ella (con escasas excepciones, como los artículos de hogar) deben quedar en posesión y bajo el control de la Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales, por lo que en virtud de dicha orden el deudor pierde el derecho a disponer de ellos. Una orden de custodia solamente se levanta cuando se hace efectivo el pago de la cantidad indicada en la resolución judicial o cuando se retira la solicitud de ejecución.

La siguiente fase del proceso de ejecución es la obtención de información sobre los recursos del deudor; se trata de una etapa crucial para determinar si es posible la ejecución. El deudor tiene el deber de proporcionar al agente judicial la información que este le requiera acerca de sus recursos. El deudor es entrevistado en su domicilio o citado a comparecer ante un agente designado para examinar su situación.

A la recepción del informe elaborado por el agente judicial, el Master (véase más adelante) o el Agente Judicial Principal adopta una decisión provisional sobre la aplicabilidad de la ejecución. El Master es la única persona facultada para emitir órdenes de decomiso, de deuda de terceros y de nombramiento de administradores judiciales, así como órdenes al amparo de la Ley de Procedimientos de la Corona. Se estudia la situación financiera y el resto de las circunstancias pertinentes del deudor y se determina la mejor forma de ejecutar la resolución judicial, o incluso la posibilidad de ejecutarla. Las partes reciben la pertinente notificación y se les ofrece la oportunidad de formular alegaciones. Si no se recibe ninguna, la resolución pasa a ser firme; sin embargo, si se recibe alguna alegación, se fija una fecha para la vista ante el Master.

Estatuto, funciones, responsabilidades y competencias de los agentes judiciales

La Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales está dirigida por un agente experimentado con estatuto y rango de Master (un tipo de agente judicial). El personal de la Oficina incluye al Agente Judicial Principal (y su adjunto), agentes designados y agentes judiciales, cada uno de ellos asignado a un distrito de Irlanda del Norte.

Las facultades con las que cuenta la Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales para el ejercicio de su competencia jurisdiccional están recogidas en la Orden de 1981. Particularmente importante es la facultad de emitir la amplia variedad de órdenes de ejecución enumeradas anteriormente. La Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales dispone de poderes accesorios para agilizar el proceso de ejecución. Estos incluyen la emisión de órdenes de custodia y procesos para la comparecencia y examen de testigos, el examen de los recursos de los deudores —incluido el de terceros, que pueden tener información sobre los recursos y activos de un deudor— y el cobro de las cantidades económicas recuperadas en el marco de la ejecución de resoluciones judiciales.

La Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales tiene además la facultad de desestimar una solicitud de ejecución. En la Orden de 1981 no se especifican los motivos que puede esgrimir la Oficina para desestimar una solicitud de este tipo, si bien por lo general esto puede ocurrir cuando un demandante no tenga derecho a solicitar la ejecución de una sentencia. Cuando no sea posible ejecutar una resolución judicial en un plazo razonable (mediante la emisión de una orden de ejecución), la Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales podrá emitir un anuncio y un certificado de imposibilidad de ejecución de la sentencia. La Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales cuenta con amplios poderes para suspender la ejecución de cualquier sentencia, ya sea de forma incondicional o con sujeción a determinadas condiciones.

Utilización de abogados u otros profesionales del Derecho

En las vistas ante el Master, cualquier parte o persona afectada por una orden podrá comparecer en persona o representada por un asesor o solicitor (asesor jurídico con poder de representación ante los órganos jurisdiccionales inferiores).

Cuantía de los gastos de ejecución

En Irlanda del Norte, el sistema de ejecución de resoluciones judiciales se financia mediante las tasas que abonan los usuarios. Las tasas exigibles están recogidas en la parte 1 del anexo de la Orden de Establecimiento de Tasas de Ejecución de Resoluciones Judiciales (de Irlanda del Norte) [Judgments Enforcement Fees Order (Northern Ireland)] de 1996 en su versión modificada (SR 1996/101), y dependen del importe recuperable en virtud de la sentencia. Las tasas vigentes también se pueden encontrar en el sitio web de la Oficina Judicial de Irlanda del Norte.

3.2 Condiciones principales

La competencia jurisdiccional de la Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales se describe en la Orden de 1981 e incluye las resoluciones siguientes:

  • resoluciones que impongan el pago de indemnizaciones monetarias, incluidas las dictadas por órganos jurisdiccionales de cualquier nivel en Irlanda del Norte, sentencias dictadas fuera de Irlanda del Norte y registradas en Irlanda del Norte y algunas resoluciones judiciales adoptadas en virtud del Derecho de la Unión Europea en materia de deudas o daños y perjuicios, además de algunos autos de órganos jurisdiccionales y de arbitraje;
  • resoluciones por las que se dictamine que una persona tiene derecho a la posesión de cualquier terreno, principalmente órdenes de posesión en favor de acreedores hipotecarios, aunque también se pueden dictar en favor de propietarios privados y del sector público;
  • resoluciones en las que se establezca que una persona tiene derecho a la entrega de bienes;
  • resoluciones que exijan a una persona que abone una determinada cantidad al órgano jurisdiccional o que realice cualquier acción en un plazo determinado, y resoluciones dictadas contra empresas.
  • Las facultades de ejecución de la Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales están sujetas a algunas restricciones, como las siguientes:
  • cuando la sentencia solo se pueda ejecutar con la autorización del órgano jurisdiccional que la dictó, debe obtenerse esta primero;
  • cuando se haya suspendido o pospuesto la ejecución, no se puede aceptar ninguna solicitud de ejecución hasta que se levante la suspensión o el aplazamiento;
  • no se podrá ejecutar una sentencia cuando hayan transcurrido seis años o más desde que pasó a ser ejecutable. Existe la posibilidad de presentar una solicitud al Master en la que se le pida que autorice la ejecución.
  • Una sentencia dictada contra una persona con un nombre o razón social diferente de los suyos propios requiere la autorización del órgano jurisdiccional para poder ejecutarla.

La decisión con respecto a la orden de ejecución que procede adoptar compete a la Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales. Ningún demandante puede exigir el uso de un método en particular.

4 Objeto y naturaleza de las medidas de ejecución

4.1 ¿Qué tipo de bienes pueden ser objeto de ejecución?

Existe la posibilidad de iniciar una acción de ejecución con respecto al sueldo o salario del deudor mediante el procedimiento de embargo de nóminas. La suma deducida se calcula teniendo en cuenta el «porcentaje de deducción normal» y los «ingresos protegidos». El primero es el porcentaje de deducción que la Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales considera razonable aplicar sobre los ingresos del deudor para cumplir con su responsabilidad en virtud de la resolución judicial. Los ingresos protegidos son la cantidad por debajo de la cual la Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales considera que no se deberían minorar los ingresos del deudor teniendo en cuenta sus recursos y necesidades.

Hay cuatro categorías de propiedades que pueden ser objeto de una orden de decomiso:

  • mercancías que el deudor tenga un interés comercial en vender,
  • dinero, letras de cambio, bonos, pagarés a la orden y cualquier otro título del deudor que implique una garantía de pago,
  • cualquier póliza de seguro de vida cuyo beneficiario efectivo sea únicamente el deudor, y
  • los bienes del cónyuge del deudor, cuando la deuda esté relacionada con bienes obtenidos, servicios prestados, alquiler de locales o cantidades adeudadas en relación con la ocupación de estos para el uso o disfrute generales del deudor y su familia.

Entre las propiedades exentas de decomiso figuran las prendas de vestir, el mobiliario, la ropa de cama y otros artículos de hogar esenciales; herramientas y utensilios que utilice el deudor en el ejercicio de su profesión por un valor de hasta 200 GBP; propiedades mantenidas por el deudor en fideicomiso en nombre de otra persona; así como propiedades que se encuentren en manos de un administrador judicial nombrado por el órgano jurisdiccional.

Una orden de embargo de tierras puede dictarse sobre cualquier terreno o propiedad ubicada en un terreno del deudor; el término «propiedad ubicada en un terreno» incluye cualquier propiedad o interés, servidumbre, derecho, título, reclamación, demanda, carga, embargo o gravamen legal o equitativo sobre dicho terreno o en relación con este. Las órdenes de embargo y otras de naturaleza similar pueden imponerse sobre otros tipos de propiedades además de terrenos, como, por ejemplo, fondos o valores de organismos públicos, empresas públicas o privadas, obligaciones, fondos en poder de los órganos jurisdiccionales y acciones de empresas privadas.

Además del embargo de fondos para hacer frente a la deuda contraída con un acreedor judicial por un cliente por el trabajo realizado o los servicios prestados, podrá dictarse una orden de embargo de deudas con el fin de decomisar cualquier suma que el deudor posea en un banco o sociedad de crédito a la vivienda.

4.2 ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución?

Cualquier orden de ejecución emitida por la Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales tiene idéntica fuerza y efecto legales que un auto del Tribunal Superior (High Court). En caso de incumplimiento de una orden de ejecución cabe utilizar diversas facultades de ejecución accesorias, como:

  • la detención y encarcelamiento por un período de hasta seis semanas por el impago intencionado de las cantidades establecidas en una orden de pago a plazos o de otra suma monetaria especificada en el artículo 107 de la Orden de 1981;
  • órdenes de secuestro, que facultan a cualquier persona nombrada como secuestrador a entrar en cualquier terreno que sea propiedad de la persona contra la que se dictó la sentencia con el fin de recibir, secuestrar e incautar las rentas y beneficios de dicho terreno, así como de decomisar cualquier otra propiedad personal de esa parte y mantenerla secuestrada hasta que se cumpla la orden.

Los desacatos a la Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales pueden derivarse al Tribunal Superior, que podrá tratar el asunto como si el desacato se hubiera cometido contra dicho órgano jurisdiccional.

4.3 ¿Qué validez tienen estas medidas?

Una resolución judicial que imponga el pago de una cantidad monetaria se cumple cuando se abona o satisface la cantidad indicada en ella. Cuando ocurre esto, se cancelan todas las órdenes de ejecución relacionadas con la sentencia. Cuando se haya ejecutado con éxito una orden de posesión de tierras o de entrega de bienes, no puede llevarse a cabo ningún otro procedimiento, salvo los dirigidos a recuperar los gastos y costas derivados de la ejecución.

Un acreedor o un deudor judicial puede solicitar a la Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales la anulación, cancelación o modificación de una orden de ejecución, en cuyo caso es posible que se celebre una vista.

5 ¿Se pueden recurrir las decisiones por las que se concede esta medida?

La vía interna de recurso comienza en el Agente Judicial Principal y concluye en el Master.

La vía externa comienza en la Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales y concluye en el Tribunal Superior, para recurrir cuestiones de hecho y de Derecho en las circunstancias especificadas en el artículo 140 de la Orden de 1981. También existe la posibilidad de recurrir cuestiones de Derecho ante el Tribunal de Apelación (Court of Appeal). Las órdenes de embargo de nóminas son el único tipo de orden de ejecución de sentencias de pago de cantidades monetarias incluido en el artículo 140, y no existe un derecho general de recurso contra la negativa de un juez a dictar una orden de ejecución en particular.

6 ¿La ejecución está sujeta a algún tipo de limitación, en particular de plazos o en aras de la protección del deudor?

En el artículo 17 de la Orden de Ejecución de Resoluciones Judiciales (de Irlanda del Norte) de 1981 y el artículo 5 del Reglamento de Ejecución de Resoluciones Judiciales (de Irlanda del Norte) de 1981, se establece una serie de limitaciones.  Estas guardan relación con diferentes escenarios en los que se persigue la ejecución de una sentencia judicial.  El objetivo de las limitaciones es proteger al deudor frente a una serie de situaciones como las que se describen a continuación (la lista no es exhaustiva):

a) cuando se deba solicitar la autorización de un órgano jurisdiccional para iniciar la ejecución;

b) cuando el órgano jurisdiccional haya suspendido o aplazado la ejecución de la sentencia, esto impediría solicitar la ejecución a la Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales;

c) cuando una solicitud de ejecución de una sentencia se presente una vez transcurridos más de seis años desde la fecha en que pasó a ser ejecutable.  En este caso, el acreedor pedirá permiso a la oficina para ejecutar la sentencia antes de presentar una solicitud; la petición será resuelta por el Master de la Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales;

d) no se aceptará una solicitud de ejecución cuando hayan transcurrido más de doce años desde la fecha en que pasó a ser ejecutable;

e) cuando se presente más de una solicitud de ejecución de la misma sentencia.  Si se ha presentado más de una solicitud, el acreedor pedirá permiso al Agente Judicial Principal antes de presentar nuevas solicitudes de ejecución de esa misma sentencia;

f) cuando un acreedor haya cedido una deuda a un tercero después de que se haya dictado sentencia;

g) cuando el órgano jurisdiccional hubiera introducido en la sentencia una condición que no se haya cumplido, esto impediría solicitar la ejecución a la Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales;

h) la aceptación de una solicitud de ejecución cuando exista una orden de suspensión de esta pendiente de aplicación en virtud del artículo 103 del Reglamento de Ejecución de Resoluciones Judiciales.  Se debe obtener la autorización del Master antes de solicitar la ejecución de la sentencia;

i) la aceptación de una solicitud de ejecución, cuando se haya emitido una orden de suspensión de esta por razones de insolvencia en virtud del artículo 14, apartado 1.

Si la Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales ha certificado que una sentencia es inejecutable [artículos 19 a 21 de la Orden de Ejecución de Resoluciones Judiciales (de Irlanda del Norte) de 1981], dicho certificado se puede anular (previa solicitud del acreedor). No obstante, esta posibilidad está limitada a un período de doce años a contar desde la fecha de emisión del certificado de inejecutabilidad.

El artículo 16 de la Orden de Limitaciones (de Irlanda del Norte) [Limitations (Northern Ireland) Order] de 1989 establece una serie de limitaciones a la ejecución de resoluciones judiciales (e intereses), en virtud de las cuales una sentencia no se ejecutará si han transcurrido más de seis años desde el momento en que pasó a ser ejecutable.  El Master de la Oficina de Ejecución de Resoluciones Judiciales tendrá en cuenta esta norma cuando deba resolver solicitudes de ejecución de sentencias dictadas hace más de seis años [véase la letra d) anterior].

Enlaces relacionados

Oficina Judicial de Irlanda del Norte

 

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Última actualización: 22/10/2021

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