Empresa y derechos humanos

1. ¿Qué tipo de protección judicial tengo en su país como víctima de vulneraciones de los derechos humanos? ¿Incluye esta protección una indemnización?

Con arreglo al artículo 1, apartado 1, del Código Procesal Civil, toda persona física o jurídica tiene derecho a la defensa judicial de sus derechos civiles o intereses legítimos vulnerados o impugnados. Si la persona considera que se ha convertido en víctima de una vulneración de los derechos humanos cometida por una empresa que vulnera sus derechos civiles, puede presentar una demanda civil ante un órgano jurisdiccional de competencia general.

De conformidad con el artículo 1635 del Código Civil, toda vulneración de derechos, todo acto ilícito propiamente dicho que dé lugar a daños y perjuicios (también morales) otorga a la víctima el derecho a reclamar la reparación del autor en la medida en que pueda imputársele este hecho. Los daños y perjuicios morales denotan el sufrimiento físico o psíquico causado por la vulneración de los derechos inmateriales de la víctima o de los beneficios morales derivados de los actos ilícitos. El órgano jurisdiccional determinará a su entera discreción el alcance de la reparación de los daños y perjuicios morales, teniendo en cuenta su gravedad y las consecuencias. Si la actuación ilícita se manifiesta como un acto delictivo contra la vida, la salud, la moralidad, la inviolabilidad sexual, la libertad, el honor o el respeto de una persona, o contra una familia o un menor, se presume que la víctima ha sufrido daños y perjuicios morales como consecuencia de dicho acto. En otros casos, la víctima debe demostrar daños y perjuicios morales. Un acto aquí debe entenderse en un sentido más amplio, que incluye no solo el acto, sino también la omisión.

2. ¿Existen normas específicas sobre las vulneraciones graves de los derechos humanos? ¿Estas normas se aplican a los delitos medioambientales o a los casos de explotación laboral grave?

La responsabilidad por actos ilícitos consagrados en el Derecho civil abarca cualquier vulneración de derechos y delitos penales, incluida la vulneración flagrante de los derechos humanos.

3. Soy víctima de una vulneración de los derechos humanos derivada de las actividades de una empresa multinacional europea que se produjo fuera de la Unión Europea. ¿Tengo acceso a los órganos jurisdiccionales de su país si no soy ciudadano de la Unión Europea ni resido en ella? ¿Cuáles son los requisitos para denunciar la vulneración de mis derechos? ¿Dónde puedo encontrar más información?

Si ni el demandado ni el demandante tienen su lugar de residencia o domicilio jurídico en Letonia, y si la infracción no se ha producido en Letonia, es muy probable que los órganos jurisdiccionales letones no sean competentes para conocer de la demanda civil.

4. Las instituciones del Defensor del Pueblo, los organismos de igualdad o las instituciones nacionales de derechos humanos, ¿pueden prestar apoyo a las víctimas de vulneraciones de los derechos humanos cometidas por empresas multinacionales europeas fuera de la Unión Europea? ¿Pueden investigar mi asunto si no soy ciudadano de la Unión Europea ni resido en ella? ¿Existen otros servicios públicos (como la inspección laboral o medioambiental) en su país que puedan investigar mi asunto? ¿Dónde puedo encontrar información sobre mis derechos?

El tiesībsargs es el Defensor del Pueblo de Letonia. El Defensor del Pueblo actúa de conformidad con el objetivo establecido por la Ley del Defensor del Pueblo, a saber, promover la protección de los derechos humanos y garantizar que la autoridad del Estado se ejerza de manera legítima y oportuna y de conformidad con el principio de buena gobernanza.

El Defensor del Pueblo solo puede participar en la resolución de asuntos en los que las autoridades de la Administración del Estado vulneren los derechos humanos de una persona según lo establecido en la Constitución (Satversme) de la República de Letonia y en documentos internacionales en el ámbito de los derechos humanos al adoptar una decisión o, en el caso del legislador, al adoptar un acto legislativo.  En el contexto del ejercicio de las competencias del Defensor del Pueblo, la autoridad recae sobre una administración pública o una autoridad gubernamental local, o sus funcionarios, así como las personas que desempeñan funciones delegadas por la Administración del Estado.

En los casos en que la persona sea víctima de una vulneración del principio de no discriminación, el Defensor del Pueblo podrá dar su evaluación y recomendaciones también a las personas jurídicas y a los particulares de Derecho privado.

Sin embargo, las competencias del Defensor del Pueblo no se extienden a la evaluación de los actos de las empresas transnacionales europeas fuera de la UE.

El control y seguimiento de la conducta de las empresas en materia de relaciones laborales es competencia de la Inspección de Trabajo del Estado.

La conducta de las empresas en el ámbito del medio ambiente está controlada por el Servicio Estatal de Medio Ambiente, que se encarga de supervisar el cumplimiento de la legislación en los ámbitos de la protección ambiental, la seguridad radiológica y la seguridad nuclear, así como el uso de los recursos naturales.

Si un particular interpone una demanda por un acto ilícito ante la autoridad por error, es decir, no tiene conocimiento de que no es competencia de la autoridad en cuestión responder en relación con el asunto a que se refiere la demanda del particular, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de alegaciones, la autoridad deberá informar al particular sobre la autoridad competente en la materia o, en su caso, transmitir la demanda a la autoridad competente para el examen de la demanda.

Cabe señalar, por tanto, que la institución del Defensor del Pueblo es un mecanismo de resolución alternativa de litigios para la protección de los derechos humanos vulnerados, que se basa en la autoridad personal del Defensor del Pueblo, ya que las recomendaciones del Defensor del Pueblo no son jurídicamente vinculantes. No se considera que un recurso ante el Defensor del Pueblo incoe un proceso de recurso, y la parte en el proceso debe tener en cuenta el hecho de que dicho recurso no suspende ni la validez del reglamento administrativo ni el plazo de recurso. Sin embargo, la función del Defensor del Pueblo es promover la sensibilización y la comprensión de los derechos humanos, los mecanismos para su protección y la labor del Defensor del Pueblo. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo puede asesorar a una persona sobre los mecanismos de protección de los derechos vulnerados en cada caso individual.

Toda persona que considere que se han vulnerado sus derechos humanos, sin perjuicio de su nacionalidad, puede recurrir al Defensor del Pueblo.

5. ¿Impone su país a las empresas multinacionales europeas la obligación de establecer mecanismos de denuncia o servicios de mediación en el caso de vulneraciones derivadas de sus actividades empresariales? ¿Se aplican estas obligaciones también a las vulneraciones cometidas fuera de la Unión Europea? ¿Quién se encarga del seguimiento de estas actividades en su país? ¿Existen informes públicos sobre el funcionamiento del sistema?

No se dispone de información sobre los actos legislativos que imponen a las empresas multinacionales europeas la obligación de establecer mecanismos de denuncia o servicios de mediación en el caso de vulneraciones derivadas de sus actividades empresariales.

6. ¿Tengo derechos específicos si soy una víctima vulnerable que busca reparación por las vulneraciones de los derechos humanos cometidas por empresas? ¿Puedo acogerme a la asistencia jurídica gratuita? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué costes sufraga la asistencia jurídica gratuita? ¿Puedo recibir asistencia jurídica gratuita en las mismas condiciones si no soy ciudadano de la Unión Europea ni resido en ella?

El derecho a recibir asistencia jurídica gratuita financiada por el Estado depende de la categoría del asunto y de la situación de la persona. La asistencia jurídica gratuita incluye las consultas jurídicas, la redacción de documentos procesales para el órgano jurisdiccional y la asistencia jurídica gratuita en la vista judicial. Un particular que sea parte en un proceso civil está exento de las costas judiciales que deben abonarse al presupuesto nacional, y el órgano jurisdiccional debe prestar servicios de traducción financiados por el Estado si dicha parte no habla la lengua del proceso.

En los asuntos en materia civil (con las excepciones establecidas por ley) y en los asuntos de lo contencioso-administrativo en los que se impugna una resolución del órgano jurisdiccional de familia relativa a la protección de los derechos e intereses jurídicos de un menor, la persona que reside legalmente en Letonia tiene derecho a asistencia jurídica gratuita si ha obtenido la condición de persona con bajos ingresos o de persona necesitada de los servicios sociales del Gobierno local o si se encuentra en una situación especial, es decir, inesperada y por razones ajenas a su control, en circunstancias y situación económica que les impiden garantizar la protección de sus derechos, o si el individuo depende totalmente del Estado o del Gobierno local.

La persona que reside en un Estado miembro de la UE tiene derecho a asistencia jurídica gratuita en litigios transfronterizos en asuntos civiles si sus circunstancias especiales y su nivel de ingresos le impiden proteger sus derechos.

Otras personas (incluidas las que residen fuera de la UE) tienen derecho a asistencia jurídica gratuita de conformidad con los compromisos internacionales de Letonia y si sus circunstancias especiales y el nivel de sus ingresos les impiden proteger sus derechos.

En los asuntos civiles que los particulares tramitan por sí mismos o con la asistencia de un abogado [es decir, los asuntos civiles que son competencia del Tribunal Económico (Ekonomisko lietu tiesai) con arreglo al Derecho contractual, si el importe de la demanda es superior a 150 000 EUR, y los asuntos relativos a la protección de secretos comerciales frente a la obtención, utilización y divulgación ilícitas], la persona tiene derecho a asistencia jurídica gratuita si sus ingresos no superan el salario mínimo mensual en Letonia, su situación económica le permite recibir asistencia jurídica gratuita y ha pagado la tasa por la prestación de asistencia jurídica gratuita.

La asistencia jurídica gratuita en los asuntos de lo contencioso-administrativo la concede el órgano jurisdiccional (el juez) a petición de la persona, teniendo en cuenta la complejidad del asunto y la situación económica de la persona.

La asistencia jurídica gratuita en los procesos penales la concede la parte que tramita el proceso (el investigador, el fiscal o el juez). La asistencia jurídica gratuita se presta, previa solicitud, a las personas que pueden acogerse a la defensa y a las víctimas en los asuntos en que la ley así lo prevea.

Para más información, consúltese el sitio web de la Administración Judicial:

• Infografías. Asistencia jurídica gratuita proporcionada por el Estado en diversas categorías de asuntos (disponible en letón)
• Información. Asistencia jurídica gratuita garantizada por el Estado (disponible en inglés y letón)
• Visión general. Asistencia jurídica gratuita proporcionada por el Estado (disponible en inglés y letón)
• Asistencia jurídica gratuita en litigios transfronterizos (disponible en inglés y letón)