En el ámbito de la justicia civil, los procesos y procedimientos pendientes iniciados antes del final del período transitorio proseguirán con arreglo a la legislación de la UE. El Portal de e-Justicia mantendrá la información relativa al Reino Unido, sobre la base de un acuerdo mutuo con este país, hasta el final de 2022.

Empresa y derechos humanos

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1. ¿De qué tipo de protección judicial dispongo en su país como víctima de una vulneración de los derechos humanos relativa a la actividad empresarial? ¿Incluye esta protección una indemnización?

La Ley escocesa de 1998 (Scotland Act 1998) exige que toda la legislación adoptada por el Parlamento escocés y todas las leyes de los miembros del Gobierno de Escocia sean compatibles con los derechos contemplados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). La Ley de Derechos Humanos de 1998 (Human Rights Act 1998) prohíbe que las autoridades públicas escocesas actúen contrariamente a los derechos del Convenio. En el supuesto de que se produzca una vulneración de los derechos humanos, los órganos jurisdiccionales escoceses tienen la facultad de conocer de la causa y facilitar los recursos.

La Ley de sociedades de 2006 (Companies Act 2006) establece la base jurídica por la que se constituyen y funcionan las empresas. La Fiscalía de la Corona y el Servicio de la Fiscalía General (Crown Office and Procurator Fiscal Service, COPFS) tiene la facultad de incoar procedimientos contra empresas escocesas ante los órganos jurisdiccionales escoceses en caso de que existan pruebas de que se ha cometido un delito.

La Ley escocesa sobre la trata y explotación de seres humanos de 2015 (Human Trafficking and Exploitation Act) consolida y refuerza la legislación penal del Reino Unido contra la trata y la explotación de seres humanos, y refuerza el estatuto de la víctima y el apoyo que se le ofrece.

La Ley dispone la tipificación de un único delito de trata de seres humanos para todos los tipos de explotación, tanto de adultos como de niños; establece el agravante legal de trata de seres humanos para su empleo con otros fines delictivos; y otorga un nuevo marco legal al delito de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso u obligatorio, previamente considerado independiente.

El apartado 4 de la Ley de 2015 define el delito de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso u obligatorio, que debe interpretarse con arreglo al artículo 4 del CEDH.

Las personas jurídicas (como las empresas), las sociedades de hecho y las asociaciones pueden ser declaradas culpables de un delito de trata de seres humanos o de un delito en el sentido del apartado 4 de la Ley de 2015. El apartado 39 de la Ley de 2015 dispone que las personas relevantes de estas entidades (como el director) también puedan ser declaradas culpables de los delitos descritos anteriormente.

En virtud de lo dispuesto por la Ley de 2015, el Fiscal General para Escocia (Lord Advocate) ha publicado instrucciones para los fiscales acerca del enjuiciamiento de presuntas víctimas o víctimas confirmadas de un delito de trata de seres humanos y del delito definido en el apartado 4 (esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso u obligatorio). La COPFS sigue aplicando estas instrucciones para garantizar que no se enjuicie a las víctimas por los delitos cometidos como consecuencia de su condición de víctima.

El Defensor ante los servicios públicos escoceses (Scottish Public Services Ombudsman, SPSO) cuenta con atribuciones amplias. Representa la última instancia para las denuncias presentadas contra la mayoría de los servicios públicos descentralizados de Escocia. EL SPSO también proporciona un servicio de revisión independiente al Fondo escocés para el bienestar y puede invalidar y remplazar las decisiones tomadas por los consejos con respecto a las solicitudes de subsidio por crisis o de asistencia comunitaria. El SPSO tiene una función muy limitada en materia de indemnización. El resultado de su intervención suele consistir en recomendaciones a los servicios públicos objeto de las denuncias. Sus atribuciones y deberes se establecen en la Ley del Defensor de los servicios públicos escoceses de 2002 (Scottish Public Services Ombudsman Act 2002).

Cuando una persona considere que se han vulnerado sus derechos humanos, deseará obtener asesoramiento jurídico independiente.

2. ¿Existen normas específicas sobre las vulneraciones graves de los derechos humanos? ¿Se aplican estas normas a los delitos medioambientales o a los casos de explotación laboral grave?

La Declaración escocesa sobre los derechos y las responsabilidades con respecto a la tierra (Scottish Land Rights and Responsibilities Statement), publicada por el Gobierno de Escocia con arreglo a la Ley de reforma agraria escocesa de 2016, establece seis principios para orientar el establecimiento de políticas sobre cuestiones de la tierra en Escocia. El primero de ellos es el siguiente: El marco general de los derechos, responsabilidades y políticas públicas con respecto a la tierra debe promover, satisfacer y respetar los derechos humanos pertinentes en relación con a la tierra, contribuir al interés y al bienestar públicos y encontrar el equilibrio entre intereses públicos y privados. El marco debe respaldar el desarrollo económico sostenible, proteger y mejorar el medio ambiente y contribuir a la justicia social y a la construcción de una sociedad más justa.

La Ley de 2016 exige que los ministros escoceses revisen la Declaración periódicamente e informen al Parlamento.

La respuesta a la pregunta 1 contiene información sobre la trata de seres humanos y la explotación.

3. Soy víctima de vulneraciones de los derechos humanos derivadas de las actividades de una empresa multinacional europea que tuvieron lugar fuera de la Unión Europea. ¿Tengo acceso a los órganos jurisdiccionales de su país si no soy ciudadano de la Unión Europea ni resido en ella? ¿Cuáles son los requisitos para denunciar la vulneración de mis derechos? ¿Dónde puedo encontrar más información?

Los recursos judiciales específicos disponibles en caso de un incumplimiento de los derechos humanos dependerán de si el derecho está garantizado por el derecho consuetudinario o el derecho escrito.

El apartado 2 de la Ley escocesa sobre la trata de seres humanos y la explotación de 2015 prevé la aplicación del delito de trata de seres humanos a actos ocurridos en el Reino Unido y en otros lugares, con lo que la actividad de trata de seres humanos puede incluir actos realizados completa o parcialmente fuera de Escocia.

La Ley de 2015 también dispone que el delito de trata de seres humanos puede ser cometido por un ciudadano del Reino Unido, por una persona que en el momento del delito resida habitualmente en Escocia o por una persona jurídica constituida conforme a la legislación del Reino Unido, independientemente del lugar en el que ocurran los actos. Se determinará si una persona reside habitualmente en Escocia o no teniendo en cuenta todos los hechos y circunstancias del asunto. El resto de personas serán culpables de un delito de trata de seres humanos solo en caso de que los actos ocurran en el Reino Unido o tengan por objeto la llegada o el ingreso de una persona en el Reino Unido, su salida del país o los desplazamientos dentro de él.

4. ¿Pueden las instituciones del Defensor del Pueblo, los organismos de igualdad o las instituciones nacionales de derechos humanos prestar apoyo a las víctimas de vulneraciones de los derechos humanos cometidas por empresas multinacionales europeas fuera de la Unión Europea? ¿Pueden investigar mi caso si no soy nacional de la Unión Europea ni resido en ella? ¿Existen otros servicios públicos (como la inspección laboral o medioambiental) en su país que puedan investigar mi caso? ¿Dónde puedo encontrar información sobre mis derechos?

El panorama normativo para las empresas en Escocia es en gran medida similar al del resto del Reino Unido y de Europa, y existen diversas autoridades reguladoras centradas en la actividad empresarial. Si bien sus competencias de ejecución están destinadas a sancionar a las empresas más que a respaldar a las víctimas, existen ciertos mecanismos que la policía y otros departamentos gubernamentales pueden poner en marcha cuando existan elementos delictivos con relación a la actividad de las primeras.

Escocia cuenta con dos instituciones nacionales de derechos humanos:

La Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos tienen atribuciones compartidas en materia de derechos humanos y ambas cumplen funciones importantes, si bien diferentes, a la hora de promover y supervisar la aplicación, en el ámbito nacional, de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Las competencias respectivas a cada Comisión están detalladas en sus sitios web.

El Defensor ante los servicios públicos escoceses (SPSO, por sus siglas en inglés) se encarga de la última instancia de las denuncias presentadas contra la mayoría de los servicios públicos escoceses descentralizados. El Defensor es una entidad independiente, y el ejercicio de sus funciones no está sujeto a la dirección o control por parte de ningún miembro del Parlamento escocés ni del Gobierno de Escocia. El SPSO puede valorar supuestas vulneraciones de los derechos humanos como parte de su análisis de una denuncia. Es improbable que una empresa multinacional europea forme parte de las listas de entidades sobre las que el SPSO puede recibir denuncias. El SPSO puede considerar denuncias sobre servicios prestados por el sector privado o el sector del voluntariado cuando dichos servicios se presten en nombre de una entidad de su competencia.

Además, el apartado 9, puntos 4 y 5, de la Ley del Defensor ante los servicios públicos escoceses de 2002 detalla quién puede presentar una denuncia ante el SPSO. Debe ser una persona establecida en el Reino Unido en el momento de presentar la denuncia, o bien los actos denunciados deben haber ocurrido mientras la persona se encontraba en el Reino Unido.

5. ¿Impone su país a las empresas multinacionales europeas la obligación de establecer mecanismos de denuncia o servicios de mediación para las vulneraciones derivadas de sus actividades empresariales? ¿Se aplican estas obligaciones también a las vulneraciones cometidas fuera de la Unión Europea? ¿Quién se encarga del seguimiento de estas actividades en su país? ¿Existen informes públicos sobre el funcionamiento del sistema?

El Reino Unido ha establecido un punto de contacto nacional (NCP, por sus siglas en inglés) para las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, que son un conjunto de recomendaciones sobre prácticas comerciales responsables y abarcan, entre otras cuestiones, los derechos humanos. El NCP del Reino Unido forma parte del Departamento de Comercio Internacional y se encarga de difundir las Líneas Directrices de la OCDE y de poner en funcionamiento el mecanismo de denuncias asociado. Si una empresa no respeta las Líneas Directrices de la OCDE, cualquier parte interesada puede presentar una denuncia ante el NCP, desde los empleados o sus sindicatos, hasta las comunidades afectadas por las actividades de la empresa. El NCP trata de actuar como mediador para que las partes lleguen a un acuerdo, pero, cuando esto no sea posible, se publica una resolución sobre si la empresa ha vulnerado las Líneas Directrices y se difunde entre el público. Puede encontrar información acerca de cómo realizar una denuncia en el sitio web del NCP.

Otras fuentes de consulta y servicios de mediación del Reino Unido son las Oficinas de asesoramiento a los ciudadanos y el Servicio de consulta, conciliación y arbitraje.

6. ¿Dispongo de derechos específicos si soy una víctima vulnerable que busca reparación por las vulneraciones de los derechos humanos cometidas por empresas? ¿Puedo acogerme a la asistencia jurídica gratuita? ¿En qué condiciones? ¿Qué costes sufraga la asistencia jurídica gratuita? ¿Puedo recibir asistencia jurídica gratuita en las mismas condiciones si no soy ciudadano de la Unión Europea ni resido en ella?

La asistencia jurídica financiada con fondos públicos permite a las personas emprender acciones legales para defender sus derechos o financiar su defensa si no disponen de fondos propios para hacerlo.

De acuerdo con la Ley de asistencia jurídica gratuita de Escocia de 1986 (Legal Aid Act), residir en Escocia no es un requisito para solicitar asistencia jurídica. Existen dos tipos de asistencia jurídica civil:

i. Mediante el asesoramiento y la asistencia, un abogado puede proporcionar asesoramiento, realizar indagaciones y enviar correspondencia a terceros en nombre de un cliente. El asesoramiento y la asistencia están disponibles para asuntos del Derecho escocés (incluso el derecho del Reino Unido de aplicación en Escocia), pero en general no pueden usarse para llevar el asunto ante los órganos jurisdiccionales.

ii. La asistencia jurídica gratuita puede emplearse en procedimientos judiciales ante los órganos jurisdiccionales escoceses.

Ambos tipos de asistencia jurídica están sujetos a criterios de admisibilidad obligatorios. El asesoramiento y la asistencia están sujetos a criterios de admisibilidad financiera. Los criterios de admisibilidad para acceder a la asistencia jurídica gratuita son coherentes y transparentes, y las solicitudes se someten a pruebas obligatorias. Las dos primeras pruebas evalúan los fundamentos de derecho de la solicitud. Debe demostrarse que existe una base jurídica para el caso sobre el que se solicita asistencia jurídica («causa probable») y que resulta razonable emplear fondos públicos para proceder con él. La tercera prueba evalúa la situación financiera del solicitante.

Puede encontrar más información en el sitio web de la Junta de Asistencia Jurídica Gratuita de Escocia.

El apartado 9 de la Ley sobre la trata de seres humanos y la explotación de Escocia de 2015 faculta a los ministros escoceses a especificar el período durante el cual deben prestarse ayuda y asistencia a los adultos, cuando existan motivos fundados para creer que han sido víctimas de un delito de trata de seres humanos y explotación. La normativa que entró en vigor el 1 de abril de 2018 establecía un período de ayuda de 90 días, y contemplaba la prestación de ayuda y asistencia con relación a los siguientes elementos, entre otros:

  • vivienda;
  • vida diaria;
  • asesoramiento y tratamiento médico (incluidos la evaluación y el tratamiento psicológicos);
  • traducción e interpretación de lenguas;
  • asesoramiento:
  • asesoramiento jurídico;
  • información sobre otros servicios a su disposición;
  • repatriación.

El apartado 10 de la Ley de 2015 faculta a los ministros escoceses para regular la ayuda y la asistencia que puede ofrecerse a un adulto que sea víctima o presunta víctima de los delitos de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso u obligatorio. La normativa entró en vigor el 1 de abril de 2018 y establece que el proceso para determinar si un adulto ha sido víctima de tales delitos, el apoyo y la asistencia disponibles, y el período durante el cual se prestan estos deben ser idénticos a aquellos relativos a las víctimas del delito de trata de seres humanos y explotación.

El Gobierno escocés tiene acuerdos de financiamiento con Migrant Help (que proporciona apoyo a las víctimas adultas de trata y explotación con excepción de las mujeres sometidas a la trata con fines de explotación sexual comercial) y con la Trafficking Awareness Raising Alliance (que proporciona apoyo a mujeres víctimas objeto de trata con fines de explotación sexual comercial). The Anchor Service, que forma parte del NHS Greater Glasgow and Clyde, también recibe financiación para proporcionar servicios de atención psicológica a todos los adultos víctimas de trata y explotación detectados en Escocia.

Última actualización: 29/07/2020

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