Empresa y derechos humanos

1. ¿Qué tipo de protección judicial tengo en su país como víctima de vulneraciones de los derechos humanos? ¿Incluye esta protección una indemnización?

En Suecia no se hace ninguna distinción entre las vulneraciones de los derechos humanos relacionadas con la actividad empresarial y otros tipos de vulneraciones de los derechos humanos. No existen normas especiales en las empresas y los derechos humanos. Las vías de recurso del ordenamiento jurídico sueco están en consonancia con los convenios internacionales sobre derechos humanos de los que Suecia es firmante.

La protección judicial contra las vulneraciones de los derechos humanos está consagrada en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Constitución sueca.

Si cree que se han vulnerado sus derechos humanos, hay varias autoridades a las que puede dirigirse, dependiendo de lo que haya ocurrido.

Puede solicitar un proceso judicial o una revisión por parte de un organismo sueco de revisión, o recurrir al punto de contacto nacional.

Proceso judicial

En la mayoría de los casos, los órganos jurisdiccionales pueden conocer de su asunto, de una forma u otra. Los delitos penales pueden ser llevados ante los órganos jurisdiccionales por un fiscal. Si el fiscal decide no enjuiciar el delito, en algunos casos usted tiene la opción de hacerlo usted mismo. En última instancia, puede presentar una reclamación de indemnización contra el Estado.

Hay tres tipos de órganos jurisdiccionales en Suecia:

• los órganos jurisdiccionales generales, que comprenden los tribunales de primera instancia (tingsrätt), los tribunales de apelación (hovrätt) y el Tribunal Supremo (Högsta domstolen);
• los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo generales, es decir, los tribunales de primera instancia de lo contencioso-administrativo (förvaltningsrätt), los tribunales de apelación de lo contencioso-administrativo (kammarrätt) y el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo (Högsta förvaltningsdomstolen);
• los órganos jurisdiccionales especiales que conocen de litigios en diversos ámbitos específicos, como el Tribunal de lo Laboral (Arbetsdomstolen).

Solicitar una revisión por parte de un organismo sueco de revisión

Los distintos defensores del pueblo examinan el respeto de los derechos humanos.

Cualquier persona que considere que ella u otra persona ha sido tratada de forma incorrecta o injusta por una autoridad o un funcionario de una autoridad del sector estatal o municipal puede recurrir al Defensor del Pueblo Parlamentario (Justitieombudsmannen). El Defensor del Pueblo Parlamentario supervisa la aplicación de las leyes y otros reglamentos en las actividades públicas.

Según su mandato, la supervisión del Defensor del Pueblo Parlamentario comprende también «las demás personas cuyo empleo o función implique el ejercicio del poder público, por lo que respecta a este aspecto de sus actividades» y «los funcionarios y las personas empleadas por empresas públicas, mientras ejercen, en nombre de dicha empresa, actividades en las que el Gobierno ejerce, a través de la empresa, una influencia decisiva».

También ejercen determinadas funciones de supervisión el Procurador General de Justicia (Justitiekanslern), nombrado por el Gobierno. Las funciones del Procurador General de Justicia incluyen el examen de las reclamaciones y la resolución de las acciones de indemnización por daños y perjuicios dirigidas al Estado.

El Defensor del Pueblo en materia de discriminación (Diskrimineringsombudsmannen) es un organismo gubernamental responsable de supervisar el cumplimiento de la Ley sobre discriminación. El Defensor del Pueblo en materia de discriminación debe intentar, en primer lugar, instar a las personas a las que se aplica la Ley a cumplirla de forma voluntaria. No obstante, también puede interponer una demanda judicial en nombre de una persona que así lo consienta. Las personas que infrinjan la Ley sobre discriminación pueden ser consideradas responsables de pagar una indemnización por discriminación a la persona discriminada.

Denuncia ante el punto de contacto nacional

Las Líneas directrices para empresas multinacionales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos ofrecen la opción de que su asunto se trate a través de los puntos de contacto nacionales (PCN). El PNC sueco es una colaboración tripartita entre el Estado, el sector empresarial y los sindicatos.

El Estado está representado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que convoca reuniones, y puede invitarse a otros departamentos gubernamentales. El sector empresarial está representado por la Confederación de Empresas Suecas, la Federación de Comercio Sueca y la Federación Sueca de Propietarios de Empresas, mientras que los sindicatos están representados por la Confederación Sueca de Sindicatos, la Confederación Sueca de Asociaciones Profesionales, Unionen, IF Metall y la Asociación Sueca de Ingenieros Graduados. Dado que el cumplimiento de las Líneas directrices es voluntario, el PCN no puede imponer sanciones. La tarea principal del PCN es animar a las empresas a seguir las Líneas directrices y cooperar para resolver problemas en asuntos individuales por medio de diálogos y debates.

El punto de contacto nacional (PCN): Regeringen.se

2. ¿Existen normas específicas sobre las vulneraciones graves de los derechos humanos? ¿Se aplican esas normas a los delitos medioambientales o a los casos de explotación laboral grave?

No existe un conjunto específico de normas para las vulneraciones graves de los derechos humanos, ya sean de naturaleza nacional o internacional. No obstante, el principio de proporcionalidad se tiene en cuenta en la evaluación de las vulneraciones de los derechos humanos, incluida la gravedad de una vulneración. La protección judicial contra las vulneraciones de los derechos humanos está consagrada en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Constitución sueca.

3. Soy víctima de una vulneración de los derechos humanos derivada de las actividades de una empresa multinacional europea que se produjo fuera de la Unión Europea. ¿Tengo acceso a los órganos jurisdiccionales de su país si no soy ciudadano de la Unión Europea ni resido en ella? ¿Cuáles son los requisitos para denunciar la vulneración de mis derechos? ¿Dónde puedo encontrar más información?

Requisitos para presentar un asunto ante un órgano jurisdiccional sueco

Un requisito básico para que un particular extranjero pueda interponer un recurso ante un órgano jurisdiccional sueco es que pueda establecer la competencia sueca, es decir, demostrar que un órgano jurisdiccional sueco es competente para declarar la admisibilidad del asunto. Las opciones para ello varían según el asunto:

1. En los asuntos en que una empresa sueca, o una de sus sucursales en el extranjero, haya vulnerado los derechos humanos de una persona, en principio siempre puede interponerse una demanda contra la empresa en cuestión ante un órgano jurisdiccional sueco.
2. Si la vulneración ha sido cometida por una filial de propiedad sueca o controlada por una empresa sueca con sede en un tercer país (es decir, fuera de la UE, Islandia, Noruega y Suiza), solo puede interponerse una demanda contra la filial ante un órgano jurisdiccional sueco en determinadas condiciones.
3. Si la vulneración ha sido cometida por una filial de propiedad sueca o controlada por una empresa sueca con sede en otro país de la UE o en Islandia, Noruega o Suiza, las posibilidades de interponerse una demanda contra la filial ante un órgano jurisdiccional sueco se limitan a situaciones excepcionales.

Requisitos generales de la competencia de los órganos jurisdiccionales suecos

Los órganos jurisdiccionales suecos deben examinar de oficio si el asunto es competencia de un órgano jurisdiccional sueco. Una demanda es competencia de los órganos jurisdiccionales suecos cuando un órgano jurisdiccional sueco es competente para conocer del fondo del asunto y pronunciarse sobre dicho fondo.

En los casos en que la empresa infractora (demandada) tenga su sede social en un Estado miembro de la UE, se aplicará el Reglamento «Bruselas I». Sin embargo, el Reglamento contiene también una serie de normas de competencia cuya aplicación no depende de la sede social del demandado. Si el demandado tiene su sede social en Islandia, Noruega o Suiza, el Convenio de Lugano determina la cuestión de la competencia judicial. Si el demandado no tiene su sede social en la UE o en un país firmante del Convenio de Lugano, la cuestión de la competencia se determina mediante la aplicación por analogía de las normas sobre conflictos de competencia establecidas en el capítulo 10 del Código Procesal sueco, teniendo en cuenta el requisito básico de que exista un interés sueco en la administración de la justicia para que se pueda recurrir a un órgano jurisdiccional sueco.

Por lo general, el domicilio de la persona cuyos derechos han sido vulnerados no es significativo para la aplicación del Reglamento «Bruselas I». Sin embargo, en algunos casos, se exige que el domicilio del demandante se encuentre en un Estado miembro o que la circunstancia que constituye el fundamento de la competencia sea imputable a un Estado miembro.

El factor determinante será que las circunstancias que constituyen el fundamento de la competencia deben darse en el momento en que se interpone la demanda ante el órgano jurisdiccional.

Ley aplicable

El órgano jurisdiccional sueco que aplica el Derecho internacional privado sueco determina cuál es la ley aplicable a una demanda por vulneración de derechos que se haya interpuesto ante un órgano jurisdiccional sueco. En general, esto significa que debe aplicarse la ley del país en el que se han producido los daños y perjuicios. Si se ha producido una vulneración de los derechos humanos fuera de Suecia, la demanda de la víctima rara vez estará sujeta al Derecho sueco. Esto se aplica con independencia de si la persona ha optado por formular su demanda sobre la base de motivos contractuales (contrato de trabajo) o extracontractuales (en ausencia de un contrato de trabajo). El motivo principal de ello es que el vínculo con Suecia no es lo suficientemente sólido.

A diferencia del contenido del Derecho sueco, el contenido del Derecho extranjero es una cuestión de hecho en los órganos jurisdiccionales suecos. Por lo tanto, un particular que base su pretensión en el Derecho extranjero debe aportar pruebas que lo corroboren, por ejemplo, en forma de declaración pericial. Esto puede acarrear ciertos costes.

Incluso cuando una demanda está sujeta al Derecho extranjero, los órganos jurisdiccionales suecos pueden tener cierto margen para aplicar el Derecho sueco en la medida en que exista una cuestión de normas internacionales vinculantes o cuando el Derecho extranjero entre en conflicto con el orden público sueco. Sin embargo, estos procedimientos de emergencia se aplican en muy contadas ocasiones. A la espera de que se establezca la jurisprudencia de, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los órganos jurisdiccionales suecos, tampoco se ha aclarado en qué medida una reclamación de indemnización relativa a una vulneración de los derechos humanos da lugar a la aplicación de estas normas de exención, por ejemplo, como consecuencia de deficiencias en la protección de los derechos en el país en el que se produjeron los daños y perjuicios.

Posibilidades prácticas de que un particular interponga una demanda ante un órgano jurisdiccional sueco

Siempre que un órgano jurisdiccional sueco sea competente para conocer del asunto y exista una demanda protegida que pueda ejecutarse (por ejemplo, sobre la base del Derecho extranjero aplicable), el acceso a los órganos jurisdiccionales suecos es relativamente bueno. Además, las posibilidades jurídicas de que un particular extranjero actúe como parte en un litigio sueco son, en principio, comparables a las que se aplican a los ciudadanos suecos.

Si una persona extranjera se enfrenta a obstáculos económicos o prácticos de otro tipo para desplazarse hasta el órgano jurisdiccional pertinente en Suecia, cabe suponer que el órgano jurisdiccional trabajará para resolverlo, por ejemplo permitiendo la comparecencia por teléfono o videollamada.

Algunos ciudadanos extranjeros que no tienen su domicilio en Suecia y que interponen una demanda contra una persona jurídica sueca ante un órgano jurisdiccional sueco deben, a instancia del demandado, prestar una caución para las futuras costas procesales del demandado. Los ciudadanos extranjeros y las personas jurídicas que estén exentos de la obligación de prestar caución se establecen en la Notificación relativa a las exenciones para los demandantes extranjeros en determinados asuntos de prestar caución para las costas judiciales de 15 de mayo de 2014.

Las posibilidades de que una persona extranjera obtenga financiación pública para las costas judiciales y del Defensor del Pueblo son limitadas, al menos si la persona es ciudadana de un país no perteneciente a la UE. La mayor oportunidad de financiación pública es cuando una demanda de indemnización se presenta como una demanda individual en relación con un asunto penal. Por lo demás, las posibilidades de establecer una solución de financiación privada dependen en gran medida de las circunstancias financieras y sociales personales de la persona extranjera.

Información adicional

Memorando al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la posibilidad de que una persona presente un asunto contra una empresa sueca ante un órgano jurisdiccional sueco como consecuencia de vulneraciones de los derechos humanos cometidas fuera de Suecia. Mannheimer Swartling (2015)
https://docplayer.se/7222881-Promemoria-till-utrikesdepartementet.html

Para más información sobre las directrices para interponer una demanda ante los órganos jurisdiccionales, visite https://www.domstol.se/en/.

4. Las instituciones relacionadas con el Defensor del Pueblo, los organismos de igualdad o las instituciones nacionales de derechos humanos, ¿pueden prestar apoyo a las víctimas de vulneraciones de los derechos humanos cometidas por empresas multinacionales europeas fuera de la Unión Europea? ¿Pueden investigar mi asunto si no soy ciudadano de la Unión Europea ni resido en ella? ¿Existen otros servicios públicos (como la inspección laboral o medioambiental) en su país que puedan investigar mi asunto? ¿Dónde puedo encontrar información sobre mis derechos?

Véase el punto 1.

El Instituto Sueco de Derechos Humanos no tramita denuncias individuales relativas a vulneraciones de los derechos humanos.

5. ¿Impone su país a las empresas multinacionales europeas la obligación de establecer mecanismos de denuncia o servicios de mediación en el caso de vulneraciones derivadas de sus actividades empresariales? ¿Se aplican estas obligaciones también a las vulneraciones cometidas fuera de la Unión Europea? ¿Quién se encarga del seguimiento de estas actividades en su país? ¿Existen informes públicos sobre el funcionamiento del sistema?

Mecanismos de recurso propios de una empresa

Las empresas tienen la responsabilidad de velar por que sus actividades no vulneren los derechos humanos de ninguna persona y, si una empresa ha causado o contribuido a hacerlo, o ha estado vinculada a ello, de intentar encontrar una forma de remediar la situación de la persona afectada. Esta reparación puede implicar pedir disculpas, proporcionar una compensación económica o de otro tipo o algún otro tipo de compensación acordada por la persona afectada y la empresa. La situación es más complicada si una empresa no ha contribuido a ningún efecto negativo, pero el efecto está directamente relacionado con su actividad. En tales casos, y si la empresa tiene suficiente influencia para poder gestionar el efecto negativo, la empresa debe utilizar su influencia.

No existe un modelo normalizado sobre la mejor manera en que una empresa debe organizar sus propios mecanismos de reclamación y reparación. Cada empresa debe decidir por sí misma lo que es adecuado en función de sus condiciones específicas.

Algunos puntos de referencia:

• Apertura: facilitar el diálogo con los afectados por la conducta de la empresa.
• Negociaciones y debates con los representantes de los trabajadores: a menudo constituyen una buena base para la adopción de medidas eficaces en los asuntos que afectan a los trabajadores.
• Directrices sobre la manera en que las personas de una empresa pueden alertar internamente sobre la conducta indebida, el seguimiento de la alarma y la protección de las personas que emiten la alarma.
• Sistema de tramitación de reclamaciones mediante el cual las personas ajenas a la empresa que consideren que ellas, u otras, se hayan visto o se verán afectadas negativamente por la empresa pueden comunicar a la empresa el problema de forma segura y anónima.

El Gobierno ha introducido una nueva legislación sobre la información en materia de sostenibilidad para las grandes empresas, que es más ambiciosa que las directivas de la UE, criterios más claros para la sostenibilidad en la Ley de contratación pública y una mayor protección jurídica de los denunciantes de irregularidades.

En diciembre de 2016, entró en vigor nueva legislación sobre información en materia de sostenibilidad. La legislación implica que todas las grandes empresas con más de 250 empleados están ahora obligadas a presentar información en materia de sostenibilidad. Además de información sobre el impacto ambiental, las condiciones sociales, la igualdad y la prevención de la corrupción, los informes, cuando sean necesarios para comprender la evolución, la posición y los resultados de la empresa, también deben contener información sobre las medidas para garantizar el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de los trabajadores.

En enero de 2017, el Parlamento sueco (Riksdag) también adoptó una legislación estricta para proteger a los empleados que alertan sobre faltas graves en las actividades de su empleador («denuncia de irregularidades»). En virtud de esta protección especial, los trabajadores que sean objeto de represalias por parte de su empleador tendrán derecho a una indemnización por daños y perjuicios.

Informes públicos

Empresas y derechos humanos: Deficiencias y lagunas tangibles en el Derecho sueco. Informe a la Agencia Sueca de Gestión Pública. Enact Sustainable Strategies (Enact): una empresa de consultoría especializada en el desarrollo empresarial sostenible y el emprendimiento responsable.

Empresas y derechos humanos: Deficiencias y lagunas tangibles en el Derecho sueco. Enact (statskontoret.se)

6. ¿Tengo derechos específicos si soy una víctima vulnerable que busca reparación por las vulneraciones de los derechos humanos cometidas por empresas? ¿Puedo acogerme a la asistencia jurídica gratuita? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué costes sufraga la asistencia jurídica gratuita? ¿Puedo recibir asistencia jurídica gratuita en las mismas condiciones si no soy ciudadano de la Unión Europea ni resido en ella?

Las víctimas de vulneraciones de los derechos humanos relacionadas con la actividad empresarial no tienen derechos específicos (véase la pregunta 1).

Existe la posibilidad de obtener asistencia jurídica gratuita de conformidad con la Ley de asistencia jurídica gratuita (1996:1619). Siempre es el órgano jurisdiccional o la Autoridad de Asistencia Jurídica Gratuita (Rättshjälpsmyndigheten) quien determina si se tiene derecho a asistencia jurídica gratuita.

La asistencia jurídica gratuita se aplica generalmente a particulares, es decir, no se aplica a asociaciones, empresas o similares. Excepcionalmente, un comerciante o una explotación agrícola también pueden obtener asistencia jurídica gratuita.

Sus recursos financieros se basan en los ingresos anuales calculados antes de impuestos. Puede deducirse 15 000 coronas suecas (SEK) por cada hijo al que pague la obligación de alimentos, hasta un máximo de 75 000 SEK. El importe también debe ajustarse si tiene activos o deudas que afecten a su capacidad de pago. Para recibir asistencia jurídica gratuita, sus recursos financieros no deben exceder de 260 000 SEK anuales. Cuando se le notifique que debe recibir asistencia jurídica gratuita, debe pagar una parte de las costas. La asistencia jurídica gratuita nunca es totalmente gratuita para los adultos y la parte que usted paga se denomina «tasa de asistencia jurídica gratuita». Su tasa de asistencia jurídica gratuita nunca puede ser superior a los costes de la asistencia jurídica gratuita.

La cobertura de defensa jurídica es una forma de seguro que, en la mayoría de los casos, se incluye en la cobertura del seguro del hogar con continente y contenido, la cobertura del seguro del hogar y la vivienda y la cobertura del seguro de ocio en el hogar. La cobertura de los gastos de defensa jurídica significa que su seguro puede pagar parte de los gastos de un profesional de la Justicia o un abogado. Las condiciones de la cobertura de la defensa jurídica pueden variar de una compañía de seguros a otra, por lo que es importante que compruebe las condiciones de su cobertura.

El artículo 35 del Decreto sobre asistencia jurídica gratuita (1997:404) establece qué ciudadanos extranjeros deben recibir el mismo trato que los ciudadanos suecos en materia de derecho a asistencia jurídica gratuita de conformidad con la Ley de asistencia jurídica gratuita.