Mediación en los países de la UE

Francia

En lugar de emprender acciones legales, ¿por qué no resolver un conflicto a través de la mediación? Se trata de una forma alternativa de resolución de conflictos en la que un mediador ayuda a las partes a alcanzar un acuerdo. En Francia, tanto el Gobierno como los profesionales son conscientes de las ventajas de la mediación y, por ese motivo, los legisladores fomentan que se recurra a esta figura.

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¿A quién dirigirse?

En Francia no existe una autoridad central o gubernamental responsable de regular la profesión de mediador y, por ahora, no está previsto crearla.

No existe ninguna página web oficial en materia de mediación. No obstante, se mantiene actualizada una sección sobre mediación en https://www.justice.fr/r%C3%A9gler-litiges-autrement/m%C3%A9diation.

Con arreglo al artículo 8 de la Ley n.° 2016-1547, de 18 de noviembre de 2016, relativa a la modernización del sistema judicial del siglo XXI, cada Tribunal de Apelación publica las listas de mediadores en materia civil, social y mercantil. El objetivo principal de estas listas es informar a los jueces y pueden comunicarse a los justiciables a través de cualquier medio. En particular, están disponibles en el sitio web de los Tribunales de Apelación pertinentes.

¿En qué ámbitos es posible la mediación y en cuál es más frecuente?

Puede recurrirse a la mediación en cualquier momento y en todos los ámbitos del Derecho, con excepción de los relativos al «orden público de dirección». Así pues, no es posible recurrir a la mediación para eludir las normas imperativas del matrimonio o el divorcio.

La mediación se ejerce principalmente en los siguientes casos:

  • conflictos entre vecinos;
  • dificultad para cobrar una deuda;
  • problemas entre propietarios y arrendatarios;
  • dificultades con un cónyuge en relación con el derecho de visita a un hijo.

¿Qué reglas hay que seguir?

Recurso a la mediación

La Ley n.° 95-125, de 8 de febrero de 1995, relativa a la organización de los órganos jurisdiccionales y a los procedimientos civiles, penales y administrativos introdujo la mediación civil en el Derecho francés.

La Ordenanza n.° 2011-1540, de 16 noviembre de 2011, incorporó al ordenamiento jurídico francés la Directiva 2008/52/CE, que establece un marco destinado a incitar a las partes a encontrar, con la ayuda de un tercero, el mediador, una solución amistosa a los litigios que las enfrentan, extendiendo su aplicación no solo a las mediaciones transfronterizas, sino también a las mediaciones internas, salvo en el caso de los litigios surgidos en el marco de un contrato de trabajo así como en materia de Derecho administrativo de regalía.

La Ordenanza de 16 de noviembre de 2011 también modificó la Ley de 8 de febrero de 1995, con el fin de establecer un marco general para la mediación. La Ordenanza ofrece una definición del concepto de mediación, precisa las cualidades que debe reunir el mediador y recuerda el principio de confidencialidad de la mediación, esencial para el éxito de la misma.

Mediación convencional:

La mediación podrá tener lugar a iniciativa de las partes. El mediador podrá intervenir sin necesidad de que se someta a consideración del juez.

No obstante, las partes que hayan solicitado a un juez que resuelva su litigio continuarán disfrutando de la posibilidad de recurrir a un método para hallar una solución amistosa a dicho litigio, en particular recurriendo a un mediador.

Mediación judicial:

Cuando se presenta una demanda ante un tribunal, «el juez que conoce del asunto, tras recabar el acuerdo de las partes, puede designar a un tercero para que las escuche y coteje sus puntos de vista con objeto de que puedan encontrar una solución al conflicto que las enfrenta» (artículo 131-1 del Código de Procedimiento Civil).

En materia de familia, el juez también puede ordenar a las partes, solo en el marco de la determinación del ejercicio de la patria potestad o de las medidas provisionales en materia de divorcio, que asistan a una reunión de información sobre la mediación, que es gratuita para las partes y no puede ser objeto de ninguna sanción particular (artículos 255 y 373-2-10 del Código Civil).

La Ley n.° 2019-222, de 23 de marzo de 2019, relativa a la programación 2018-2022 y a la reforma de la justicia, introdujo la mediación posterior a una sentencia en el artículo 373-2-10 del Código Civil:

«En caso de desacuerdo, el juez tratará de conciliar a las partes.

Con el fin de facilitar la búsqueda, por parte de los progenitores, de un ejercicio conjunto de la patria potestad, el juez podrá proponerles una mediación, salvo si se alega que uno de los progenitores o el niño ha sufrido violencia por parte del otro progenitor, y, tras haber recabado su acuerdo, designar un mediador familiar que trate de alcanzarla, incluso en la decisión definitiva sobre las formas para ejercer la patria potestad.

Podrá requerirles para que encuentren, salvo si se alega que uno de los progenitores o el niño ha sufrido violencia por parte del otro progenitor, un mediador familiar que les informe del objeto y desarrollo de esta medida».

Mediación «obligatoria»

Los cambios recientes en la legislación han introducido en el Derecho francés el uso obligatorio de la mediación en determinadas circunstancias.

El artículo 7 de la Ley n.° 2016-1547, de 18 de noviembre de 2016, relativa a la modernización del sistema judicial del siglo XXI, introdujo, con carácter experimental, un intento de mediación previa obligatoria en once órganos jurisdiccionales. El final de este experimento, inicialmente previsto para finales de 2019, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2020.

Las personas que deseen que se modifique una resolución del juez competente en asuntos de familia o una disposición de un convenio aprobado por el juez deberán, si no son admisibles, intentar recurrir a la mediación familiar antes de someter el asunto de nuevo al juez.

Se trata de las solicitudes relativas:

  • al lugar de residencia habitual del o de los hijos;
  • a los derechos de visita y alojamiento;
  • a la contribución a la educación y a la manutención de los hijos menores de edad;
  • a las decisiones relativas al ejercicio de la patria potestad.

No se requerirá intento de mediación familiar previa alguno en caso de:

  • violencia ejercida por uno de los progenitores contra el otro progenitor o el niño;
  • solicitud de aprobación de un acuerdo entre las partes;
  • otro motivo considerado legítimo por el juez.

La Ley n.° 2019-222, de 23 de marzo de 2019, relativa a la programación 2018-2022 y a la reforma de la justicia, estableció el recurso obligatorio a una de las formas alternativas para la resolución de diferencias, incluida la mediación, cuando la demanda se refiera al pago de una cantidad no superior a 5000 EUR o se refiera a un conflicto entre vecinos. En tal caso, la remisión al órgano jurisdiccional deberá, so pena de que el juez dictamine de oficio que no sea admisible, ir precedida, a elección de las partes, de un intento de conciliación realizado por un conciliador judicial, de un intento de mediación o de un intento de procedimiento participativo, salvo en cuatro casos previstos por la ley:

  • si al menos una de las partes solicita la aprobación de un acuerdo;
  • cuando se exija el ejercicio de un recurso previo al autor de la decisión;
  • si el hecho de no poder recurrir a alguna de las formas de resolución amistosa a las que se refiere el primer párrafo está justificado por una razón legítima, incluida la falta de disponibilidad de los conciliadores judiciales en un plazo razonable;
  • si el juez o la autoridad administrativa debe, en virtud de una disposición específica, realizar un intento previo de conciliación.

Regulación de la mediación

No existe un «código deontológico» de los mediadores a escala nacional.

Algunos mediadores se guían, por adhesión personal o por la del organismo que los emplea, por los códigos o cartas deontológicos de diversas asociaciones o federaciones.

Los servicios de mediación familiar «concertados», es decir, financiados públicamente por las cajas de prestaciones familiares, la mutualidad social agrícola y el Ministerio de Justicia, se comprometen a cumplir determinadas normas relativas al funcionamiento y la calidad de los servicios establecidas en un sistema nacional de referencia.

Por último, el Decreto n.° 2017-1457, de 09 de octubre de 2017, relativo a la lista de mediadores del Tribunal de Apelación, especificaba los requisitos para su inclusión en dichas listas. Para ello es necesario:

  1. no haber sido condenado, incapacitado o revocado, tal como se menciona en el Boletín n.° 2 del registro de antecedentes penales;
  2. no haber cometido ningún acto contrario al honor, a la probidad y a las buenas costumbres que haya dado lugar a una sanción disciplinaria o administrativa de destitución, exclusión, revocación, retirada de la autorización o del acuerdo;
  3. justificar formación o experiencia que demuestre estar capacitado para ejercer la mediación, tanto para las personas físicas como jurídicas: toda persona física que sea miembro de la persona jurídica que lleve a cabo medidas de mediación deberá cumplir los requisitos establecidos para las personas físicas.

Información y formación

En la actualidad, el Derecho positivo francés no exige ninguna formación especial para ejercer la mediación.

En materia familiar, se creó un diploma de Estado de mediador familiar (DEMF) mediante el Decreto de 2 de diciembre de 2003 y la Ordenanza de 12 de febrero de 2004.

La obtención de tal título no es un requisito obligatorio para el ejercicio de la mediación familiar. Sin embargo, sí que es obligatoria para ejercer en un servicio de mediación familiar concertado.

¿Cuánto cuesta una mediación?

La mediación extrajudicial o judicial es de pago para las personas que recurren a este modo alternativo de solución de litigios.

La remuneración del mediador puede estar incluida en la asistencia jurídica gratuita prevista en los artículos 118-9 y siguientes del Decreto n.° 91-1266, de 19 de diciembre de 1991. No obstante, no podrá exceder de 256 EUR para una parte, ni de 512 EUR para todas las partes.

En caso de mediación judicial, compete al juez tasador fijar esa remuneración una vez concluida la mediación y previa presentación de una memoria o nota de gastos (artículo 119 del Decreto n.° 91-1266, de 19 de diciembre de 1991). El juez determina la provisión de fondos necesaria y la remuneración (artículos 131-6 y 131-13 del Código de Procedimiento Civil). A falta de una determinación precisa de las tarifas aplicables, el coste unitario de las prestaciones de mediación familiar es variable.

Los servicios financiados con fondos públicos se comprometen a respetar unas tarifas de contribución de las familias. La contribución financiera que deben pagar las partes, por sesión de mediación y por persona, oscila entre 2 y 131 EUR, en función de los ingresos.

¿Puede concederse fuerza ejecutiva al acuerdo alcanzado en una mediación?

Cuando las partes hayan alcanzado un acuerdo, quedarán vinculadas como lo harían mediante cualquier contrato.

Cuando no se llegue a un acuerdo a lo largo del procedimiento, el artículo 1565 del Código de Procedimiento Civil prevé que, al objeto de conferir fuerza ejecutiva al acuerdo alcanzado por las partes, este puede ser sometido a homologación por el juez competente para conocer del tipo de litigio de que se trate.

Cuando la mediación se produce en el marco de un proceso judicial, el artículo 131-12 del Código de Procedimiento Civil prevé que, a petición de las partes, el juez del litigio homologará el acuerdo que estas le sometan.

El artículo L. 111-3, 1.° del Código de Procedimientos Civiles de Ejecución dispone que tendrán carácter de título ejecutivo los acuerdos alcanzados en una mediación judicial o extrajudicial a los que los órganos jurisdiccionales civiles o administrativos confieran fuerza ejecutiva.

Última actualización: 17/01/2022

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