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1 ¿Cuáles son los distintos tipos de medidas?

Un requerimiento judicial de prohibición o negación (prohibitory or negative injunction) es una orden judicial que obliga a no actuar o a dejar de hacerlo. Esta es la forma más común de orden judicial.

El requerimiento judicial de obligación o positivo (mandatory or positive injunction) es una orden judicial que obliga a actuar o a deshacer el daño de un acto anterior.

El requerimiento judicial basado en el riesgo (quia timet injunction) es una orden judicial que obliga a actuar o a no hacerlo para evitar un daño que todavía no ha ocurrido.

El requerimiento judicial «Mareva» (Mareva injunction) es una orden judicial que prohíbe a un demandado retirar o disponer de sus bienes con el fin de evitar la ejecución de una sentencia por daños y perjuicios. La orden puede prever el pago de los gastos de subsistencia, comerciales o legales del demandado.

Un compromiso en lugar de un requerimiento judicial (undertaking in lieu of Injunction) es una oferta que a menudo hace el demandado en respuesta a la petición de requerimiento judicial y, si el demandante la acepta, debe registrarse por escrito o por parte del órgano jurisdiccional.

La orden judicial de inspección y conservación de los bienes tiene una doble finalidad:

  • preservar los bienes objeto de la demanda para que la parte ganadora pueda recuperar los bienes o su valor intactos y
  • facilitar los bienes para su inspección con el fin de reunir pruebas en la demanda. El juez también puede dictar una orden que permita la entrada en las propiedades de una parte con el fin de ejecutar la orden.

El requerimiento judicial Anton Piller (Anton Piller Order) autoriza al demandante, su abogado u otro agente responsable a incautarse de artículos sin notificación previa al demandado con fines de conservación o de prueba.

2 ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas?

2.1 Procedimiento

Las medidas provisionales o cautelares pueden solicitarse en cualquier momento después de que se haya iniciado el procedimiento y antes de su resolución. En casos urgentes se podrán conceder medidas provisionales antes de que se inicie el procedimiento, a condición de que este se incoe de inmediato.

El procedimiento para solicitar medidas cautelares se establece en las normas procesales. Las normas procesales generales que se aplican al Tribunal Superior (High Court) son las del Reglamento del Tribunal de la Judicatura (Rules of the Court of Judicature) de Irlanda del Norte de 1980 y las que se aplican a los juzgados de condado (County Courts) son las del Reglamento de los Juzgados de Condado de Irlanda del norte de 1981 (County Court Rules).

Por lo general, la solicitud se hace por medio de una «notificación de demanda» o una «citación» a la división del Tribunal Superior o al juzgado de condado que conoce del litigio principal.

En la notificación o citación deben indicarse la reparación solicitada y las normas del órgano jurisdiccional en virtud de las cuales se presenta la solicitud, que debe complementarse con una declaración jurada (a menudo por el abogado del demandante) y también debe incluirse un proyecto de orden.

La notificación o citación, junto con la declaración jurada y cualquier otro documento pertinente, deberá notificarse al demandado por lo menos dos días hábiles antes de que se celebre la vista en la que se examinará la solicitud, aunque en casos urgentes el juez podrá autorizar que se abrevie el plazo de notificación.

En el Tribunal Superior, un agente judicial (master) suele examinar la solicitud, aunque en algunos tipos de procedimientos [que se especifican en el Reglamento del Tribunal de la Judicatura (Irlanda del Norte) de 1980] las solicitudes de medidas cautelares las debe estudiar un juez.

El juzgado de condado tiene plenos poderes para dictar medidas cautelares en relación con los asuntos que se inscriben dentro de su jurisdicción. Las solicitudes de requerimientos judiciales conminatorios (interlocutory injunction) deben ser examinadas por un juez en el juzgado de condado.

La solicitud puede hacerse a instancia de parte sin necesidad de notificar o citar a la persona contra la que se solicitan las medidas cautelares en las siguientes circunstancias:

  • Si el asunto es de extrema urgencia
  • Si la notificación previa podría permitir que el demandado frustrara el propósito de la orden
  • Convencionalmente, por ejemplo, las solicitudes presentadas antes de que se incoe el procedimiento suelen hacerse a instancia de parte
  • Si la ley o las normas procesales del órgano jurisdiccional así lo autorizan u obligan a ello.

La solicitud a instancia de parte se hace en un formulario especial (ex parte docket) y el demandante tiene el deber de exponer de manera íntegra y equitativa todos los hechos pertinentes. La decisión sobre las solicitudes de órdenes judiciales a instancia de parte (ex parte orders) [excepto las solicitudes de requerimientos judiciales (ex parte injunctions)]la suele tomar el juez o el master sin necesidad de celebrar una vista. Los costes de una solicitud a instancia de parte suelen reservarse para la vista.

2.2 Condiciones principales

Las medidas cautelares son discrecionales. Un juez puede conceder un requerimiento judicial en cualquier etapa del procedimiento cuando parezca justo y conveniente hacerlo. El juez ejerce su facultad discrecional de conceder medidas cautelares de conformidad con las directrices establecidas en la causa American Cyanamid v Ethicon [1975] AC 396. En primer lugar, el demandante debe demostrar que el asunto que se debe juzgar en el procedimiento es grave. El juez considerará entonces si se puede reparar el daño sufrido por los derechos del demandante. El juez puede pasar a considerar la ponderación de los intereses entre las partes y, si están equilibrados, entonces se prefiere la preservación o el restablecimiento del statu quo existente antes de que se cometiera el presunto acto ilegal. Debe demostrarse una necesidad superior si se trata de una solicitud de un requerimiento judicial obligatorio y no se concederá dicho requerimiento judicial a menos que el demandante se comprometa a pagar daños y perjuicios al demandado en caso de que su demanda no prospere o de que el requerimiento judicial resulte innecesario.

Al solicitar un requerimiento «Mareva», el demandante debe demostrar:

  • una argumentación muy bien justificada de una demanda en curso en la que se solicita una reparación pecuniaria
  • pruebas de que el demandado tiene bienes de los que puede deshacerse u ocultar
  • pruebas del riesgo de que el demandado se deshaga de los bienes antes de que se pueda ejecutar la sentencia.

Se puede presentar una solicitud de inspección de bienes en relación con los bienes que son objeto del procedimiento o sobre los que se puede plantear una cuestión. El derecho a la inspección no depende de la solidez de las alegaciones del demandante.

En una solicitud de un requerimiento Anton Piller, el demandante debe demostrar que existe una posibilidad real de que el demandado destruya documentos o elementos que pueden perjudicar su defensa o publique material protegido por el derecho de confidencial del demandante.

3 Objeto y naturaleza de estas medidas

3.1 ¿Qué tipos de bienes pueden ser objeto de estas medidas?

La solicitud de un requerimiento judicial debe ser incidental y depender de un derecho o causa jurídicos ejecutables. Sin embargo, el requerimiento judicial no tiene por objeto hacer valer los derechos del demandante, sino mantener o restablecer el statu quo en espera de que se resuelva la demanda.

Se puede conceder un requerimiento judicial «Mareva» en relación con los bienes presentes o futuros que se encuentren en Irlanda del Norte (sean o no objeto de la demanda o estén relacionados con ella), con independencia de que el demandado tenga o no su domicilio o se encuentre o no en Irlanda del Norte.

Solo se puede obtener una orden judicial de inspección o preservación de bienes en relación con bienes físicos. Este no es el procedimiento apropiado para la inspección del contenido de un documento que está disponible en virtud de las normas relativas a la exhibición de pruebas documentales.

3.2 ¿Qué efectos surten estas medidas?

La orden se puede ejecutar mediante un procedimiento de procesamiento (committal) Se debe notificar la orden al demandado antes de que se pueda ejecutar mediante procesamiento. Un compromiso se ejecuta del mismo modo que un requerimiento judicial.

Las terceras partes, como la esposa del demandado, el abogado o el banco, que tengan conocimiento de un requerimiento judicial «Mareva», están obligados a preservar los bienes del demandado que estén en su posesión. Sin embargo, un requerimiento «Mareva» solo tiene efecto contra el demandado y no otorga al demandante ninguna prioridad sobre los acreedores.

Solo se puede dictar una orden de inspección y conservación de bienes contra una parte en el procedimiento, por lo que su efecto estará sujeto al consentimiento de la persona que posea el bien.

Un requerimiento Anton Piller no es una orden de registro, por lo que no puede ejecutarse por la fuerza, pero si la orden está redactada de tal modo que ordena al demandado a permitir el registro, si este se niega, estará cometiendo desacato y el juez puede inferir que tiene algo que ocultar.

3.3 ¿Qué validez tienen estas medidas?

La orden judicial puede ser:

  • Conminatoria y durar hasta el juicio
  • Provisional y durar durante un periodo limitado

4 ¿Existe la posibilidad de interponer un recurso contra estas medidas?

Cualquiera de las partes puede recurrir ante un juez la orden o resolución de un master. El recurso se debe interponer en un plazo de cinco días y se debe notificar a las otras partes por lo menos dos días hábiles antes de que se fije la fecha de la vista en que se estudiará el recurso. El plazo límite de cinco días puede prorrogarse a discreción del órgano jurisdiccional, pero se debe convencer al juez que hay razones fundadas para hacerlo. Sin embargo, una parte no puede recurrir un compromiso. El demandante puede recurrir la denegación de una solicitud a instancia de parte, mientras que el demandado puede solicitar la anulación de la orden en lugar de interponer un recurso.

En el recurso se vuelve a examinar por completo la demanda, aunque la parte recurrente expone sus argumentos en primer lugar. Aunque se pueden presentar nuevas pruebas, el juez se mostrará reticente a admitirlas a menos que haya una fundamentación sólida para hacerlo.

Una orden conminatoria dictada por el juzgado de condado se puede recurrir ante un juez del Tribunal Superior para que vuelva a examinar la demanda o se puede interponer un recurso por error en la jurisprudencia (appeal by case stated) ante el Tribunal de Apelación (Court of Appeal).

Enlaces relacionados

Oficina Judicial de Irlanda del Norte (Northern Ireland Courts and Tribunals Service)

Última actualización: 29/09/2021

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