Como consecuencia de la libertad de circulación en la Unión Europea, de la tendencia de los Estados miembros a ampliar su jurisdicción y de los avances tecnológicos de las últimas décadas, son cada vez más frecuentes los casos en que varios Estados miembros tienen jurisdicción para investigar y enjuiciar penalmente unos mismos hechos.
Si no se obligara a los Estados miembros a informarse mutuamente de los casos que pueden dar lugar a conflictos de jurisdicción o a consultarse para resolver estos conflictos, podría ocurrir que se sigan procedimientos en un Estado miembro que no sea el más adecuado para ello (por ejemplo, cuando las pruebas y los testigos más importantes se hallan en otro Estado miembro) o que se inicien procedimientos paralelos en varios Estados miembros.
Para reducir estos riesgos, se adoptó la Decisión Marco sobre conflictos de jurisdicción a finales de 2009. El objetivo de este instrumento es fomentar una cooperación más estrecha entre los Estados miembros que tramitan procesos penales, a fin de:
- evitar que una persona sea objeto de procesos penales paralelos en varios Estados miembros por unos mismos hechos, y
- convenir en una solución que evite las consecuencias negativas de estas causas penales paralelas.
La Decisión Marco trata de alcanzar este objetivo mediante el establecimiento de un procedimiento obligatorio de consulta en los supuestos en que se sustancien causas penales paralelas en distintos Estados miembros. Si el procedimiento de consulta no termina con un acuerdo, los Estados miembros implicados deben someter la cuestión a Eurojust.
Además de esta Decisión Marco, aplicable a los procedimientos penales en general, existen varios instrumentos de la UE que incluyen reglas especiales para la prevención y resolución de conflictos de jurisdicción:
Decisión Marco sobre la lucha contra el terrorismo (artículo 9 de la Decisión Marco 2002/475/JAI)
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