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Constitución de la República de Croacia

Constitución de la República de Croacia

Principales actos legislativos en el ámbito del Derecho penal

Código Penal (NN nos https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_125_2498.html125/11, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_144_3076.html144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 y 126/19)

A partir del primer día de 2013 entró en vigor un nuevo Código Penal que adopta periódicos, como sanciones más elevadas y plazos de prescripción más largos, e introduce nuevas infracciones penales como el impago de salarios, la conducción abusiva en el tráfico por carretera y el juego no autorizado. En el marco de las modificaciones y suplementos introducidos en la Ley penal en diciembre de 2012, la posesión de drogas para consumo personal ha dejado de considerarse delito y se ha convertido en una falta.

La Ley penal se divide en una parte general y una parte especial.

La parte general del Código Penal contiene disposiciones aplicables a todas las infracciones penales. Rigen los criterios de tipificación, las penas y las demás sanciones penales.

B) El artículo específico del Código Penal contiene una descripción de los delitos específicos y de las penas que se les pueden imponer, incluidos los delitos y las penas que se les imponen en otras leyes. La Ley penal croata tipifica los siguientes delitos:

  • los delitos de lesa humanidad y contra la dignidad humana;
  • delitos contra la vida y el cuerpo
  • los delitos contra los derechos humanos y las libertades fundamentales;
  • los delitos contra las relaciones laborales y la seguridad social;
  • delitos contra la libertad personal
  • delitos contra la privacidad
  • los delitos contra el honor y la dignidad;
  • delitos contra la libertad sexual
  • los delitos de maltrato infantil y explotación sexual de menores;
  • los delitos contra el matrimonio, la familia y los hijos;
  • los delitos contra la salud de las personas;
  • delitos contra el medio ambiente
  • delitos contra la seguridad general
  • delitos contra la seguridad vial
  • los delitos contra el patrimonio;
  • los delitos contra la economía;
  • los delitos contra los sistemas, los programas y los datos informáticos;
  • los delitos de falsificación;
  • los delitos contra la propiedad intelectual;
  • los delitos contra las prerrogativas públicas;
  • delitos contra el poder judicial
  • delitos contra el orden público
  • los delitos electorales;
  • los delitos contra la República de Croacia;
  • los delitos contra los países extranjeros y las organizaciones internacionales;
  • los delitos contra las fuerzas armadas de la República de Croacia.

Ley de Enjuiciamiento Criminal (NN n.ºs 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 — Decisión y Orden de la USRH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 y 126/19)

Esta Ley establece normas para garantizar que no se condene a los inocentes y que a los autores de delitos se les impongan penas u otras medidas en las condiciones establecidas por la ley y sobre la base de un procedimiento sustanciado con arreglo a la legislación aplicable ante el órgano jurisdiccional competente.

Las diligencias y los procedimientos penales solo pueden iniciarse y concluirse de conformidad con las normas y en las condiciones previstas por la ley.

Las siguientes directivas de la UE han sido transpuestas al ordenamiento jurídico croata por la Ley de enjuiciamiento criminal:

  1. Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales (DO L 280 de 26. 10 2010),
  2. Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas (DO L 101 de 15. 4 2011),
  3. Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil (DO L 335 de 17. 12 2011),
  4. Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (DO L 142 de 1. 6 2012),
  5. Decisión marco 2008/977/JHA del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal (DO L 350 de 30. 12 2008)
  6. Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JHA del Consejo (DO L 315 de 14. 11 2012),
  7. Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad (DO L 294 de 6. 11 2013),
  8. Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea (DO L 127 de 29. 4 2014),
  9. Directiva 2014/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación, y por la que se sustituye la Decisión marco 2000/383/JHA del Consejo (DO L 151 de 21. 5 2014).
  10. Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio (DO L 65 de 11. 3 2016),
  11. Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención (DO L 297 de 4. 11 2016).

El procedimiento penal se inicia a petición de una persona que tenga legitimación activa.

El fiscal autorizado en el marco de un proceso penal por los delitos que se instruyen de oficio es un fiscal, mientras que, en el caso de los procesados mediante acusaciones privadas, el fiscal autorizado es un particular. En el caso de determinados delitos definidos por ley, el fiscal de la República incoa el procedimiento penal solo a petición de la víctima. Salvo disposición en contrario de la ley, el fiscal incoará un procedimiento penal cuando existan sospechas fundadas de que una determinada persona ha cometido una infracción penal perseguida de oficio, siempre que no existan impedimentos legales para procesar a la persona de que se trate.

Cuando el fiscal de la República considera que no existe ningún fundamento para incoar un procedimiento penal o interesar la práctica de diligencias, la víctima, como parte perjudicada, puede sustituir al fiscal y constituirse en acusación particular, en las condiciones establecidas por la ley.

Ley sobre los efectos jurídicos de las condenas, los antecedentes penales y la rehabilitación o Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (Narodne novine n.ºs 143/12 y 105/15).

Esta Ley rige los efectos jurídicos de las condenas, la organización, la llevanza, el suministro, la comunicación y la supresión de los datos del registro de antecedentes penales y el intercambio internacional de datos de los registros de antecedentes penales, así como la rehabilitación.

El presente acto contiene disposiciones que se ajustan a los siguientes actos de la Unión Europea:

  • Decisión marco 2009/315/JHA del Consejo, de 26 de febrero de 2009, relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros,
  • Decisión 2009/316/JHA del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se establece el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) en aplicación del artículo 11 Decisión Marco 2009/315/JHA.

Los registros de antecedentes penales en Croacia son organizados y mantenidos por el Ministerio de Justicia, que es, al mismo tiempo, la autoridad central para el intercambio de dichos datos con otros Estados (en lo sucesivo, El Ministerio).

Se mantienen registros de antecedentes penales para las personas físicas y jurídicas (en lo sucesivo: Personas) que hayan sido condenadas por infracciones penales mediante sentencia firme en Croacia. También se llevan registros de antecedentes penales para los nacionales croatas y para las personas jurídicas domiciliadas en Croacia que hayan sido condenadas por infracciones penales mediante sentencia firme fuera de la República de Croacia, siempre que dichos datos se hayan presentado al Ministerio.

Los antecedentes penales también incluyen una lista de personas condenadas mediante sentencia firme por delitos de abuso sexual y explotación sexual de menores y otros delitos mencionados en el artículo 13, apartado 4, de la presente Acta.

Los actos legislativos más importantes en el ámbito del Derecho civil, mercantil y administrativo en la República de Croacia son los siguientes:

Ley de Obligaciones (NN nos 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 y 29/18)

La Ley regula la base de las relaciones obligatorias (parte general) y las obligaciones contractuales y extracontractuales (parte específica).

Quienes realicen negocios jurídicos son libres de regular sus obligaciones sin que ello suponga una contravención de la Constitución de la República de Croacia, las disposiciones legales y las buenas costumbres.

Ley de propiedad y otros derechos reales (NN n.ºs 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 y 143/12)

Esta Ley regula en general los derechos de las personas respecto de los bienes; Las normas previstas en esta ley se aplican también a los derechos sobre bienes que se rigen por disposiciones jurídicas especiales, siempre que no sean incompatibles con dichas disposiciones.

Las disposiciones de esta Ley aplicables a los derechos de propiedad y a los propietarios se aplican en consecuencia a los demás derechos reales, siempre que no se rijan por una ley especial o que su naturaleza jurídica exija otra cosa.

Ley de sucesiones (NN n.ºs 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 y 14/19)

Esta ley rige el Derecho de sucesión y las normas en virtud de las cuales los órganos jurisdiccionales, otros órganos y las personas legitimadas intervienen en los asuntos sucesorios.

Ley del Registro de la Propiedad [Narodne Novine (NN; boletín Oficial de la República de Croacia) n.º 63/19]

Esta Ley rige las cuestiones relacionadas con el estatuto jurídico de los bienes inmuebles del territorio de la República de Croacia, se aplica a los negocios jurídicos relacionados con estos y regula el procedimiento de inscripción en el registro de la propiedad (catastro) y su llevanza, siempre que no se apliquen disposiciones especiales al bien inmueble en cuestión.

Código de Procedimiento Civil (NN, n.ºs 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 — Textos consolidados, 25/13, 25/13, i-123/08)

Esta Ley define las normas procesales sobre cuya base los órganos jurisdiccionales sustancian y resuelven los litigios relativos a los derechos y obligaciones fundamentales, las relaciones personales y familiares entre los justiciables y los litigios relativos al Derecho laboral, el Derecho mercantil, el Derecho de la propiedad y otros litigios de Derecho civil, a menos que la ley disponga que los órganos jurisdiccionales resuelvan esos litigios de conformidad con las normas aplicables a otros procedimientos.

Ley de ejecución (NN n.ºs 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17 y 131/20)

Esta Ley regula el procedimiento en el que los órganos jurisdiccionales y los notarios llevan a cabo el cobro mediante ejecución forzosa de los créditos respaldados por títulos ejecutivos y documentos públicos con fuerza ejecutiva (procedimiento de ejecución forzosa), así como el procedimiento en el que los órganos jurisdiccionales y los notarios adoptan medidas para garantizar los créditos (procedimiento cautelar), a menos que una ley especial disponga otra cosa. Esta Ley también regula las relaciones jurídicas creadas sobre la base de los procedimientos de ejecución forzosa y cautelares.

Los actos legislativos más importantes en el ámbito de la cooperación judicial:

Ley de Derecho Internacional Privado (NN n.º 101/17)

La Ley regula:

  1. derecho aplicable a las relaciones de Derecho privado de dimensión internacional
  2. competencia de los órganos jurisdiccionales y otras autoridades de la República de Croacia en asuntos jurídicos relacionados con el asunto a que se refiere el punto 1 del presente artículo y el reglamento de procedimiento
  3. el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales extranjeras que tengan por objeto el objeto a que se refiere el punto 1 del presente artículo.

Más detalladamente en:

https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni-i-propisi-6354/6354

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Última actualización: 01/10/2021

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