Fuentes del Derecho

El derecho checo, que forma parte de la tradición jurídica de Europa continental, se basa en el derecho escrito e incluye las leyes y otros instrumentos legislativos, los tratados internacionales promulgados por el Parlamento checo [Parlament ČR] y las sentencias del Tribunal Constitucional [Ústavní soud] que abrogan normas legales total o parcialmente.

Tipos de normas legales. Descripción

El ordenamiento jurídico de la República Checa se compone de la totalidad de sus leyes y del derecho derivado.

Las normas legales más importantes son las leyes [zákony], es decir, los conjuntos de normas de comportamiento que rigen los principales ámbitos de la vida de las personas y la sociedad. Una serie de leyes más exhaustivas, denominadas códigos [zákoníky], rigen un ámbito completo del derecho y establecen las disposiciones detalladas de un modo sistemático. Las leyes que engloban la totalidad de un ámbito del derecho procesal y establecen disposiciones procedimentales se denominan normas procesales (řády). Las leyes que regulan los asuntos más importantes del Estado y los derechos humanos y de los ciudadanos (incluidas la Constitución de la República Checa y la Carta de los Derechos y Libertades Fundamentales) se denominan leyes orgánicas [ústavní zákony] y su adopción está sujeta a un procedimiento especial.

Las leyes se sustentan en reglamentos de aplicación: reglamentos gubernamentales, decretos de ministerios u órganos del gobierno central y decretos de las entidades regionales autónomas.

El derecho checo incluye asimismo los acuerdos internacionales ratificados por el Parlamento y que, por tanto, son vinculantes para la República Checa. Los acuerdos internacionales tienen rango superior sobre las demás leyes en la medida de manera tal que aquellos serán de aplicación prioritaria respecto del derecho nacional en caso de discrepancia entre ambas fuentes.

Además de los diferentes tipos de leyes mencionados anteriormente, el derecho de la Unión Europea también se aplica en la República Checa, del mismo modo que en los restantes Estados miembros, desde la adhesión del país a la Unión.

La costumbre no es fuente del derecho en la República Checa. No obstante, en algunos casos, la ley permite que se tenga en cuenta la costumbre en el contexto de determinados ámbitos o principios jurídicos. En tales casos, se dispone expresamente por ley, que los tribunales pueden aplicar directamente. Por consiguiente, la interpretación predominante es que la fuente de derecho no es el principio jurídico o la costumbre misma, sino la ley que remite a ellos.

Las sentencias tampoco son fuente de derecho. Por otra parte, los órganos judiciales no deben abstenerse de resolver porque la ley sea incompleta o ambigua. A menudo, deben dar su propia interpretación del asunto, que servirá en gran medida de base para que, posteriormente, otros tribunales fundamenten sus sentencias, de manera que se convierte de hecho en precedente jurídico. Si la sentencia se publica en la Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek (Recopilación de Sentencias y Dictámenes), donde se publican por lo general las resoluciones principales de los tribunales superiores de justicia, se considerará auténtica fuente de derecho pese a no serlo oficialmente.

Jerarquía de las fuentes del derecho

El ordenamiento jurídico de la República Checa se organiza de manera jerárquica. En el nivel superior se encuentran la Constitución y las leyes orgánicas; tienen la máxima autoridad jurídica y solo pueden ser modificadas por otra norma del mismo rango. Por debajo de estas se encuentran las leyes ordinarias; a su vez, son la base de los reglamentos de aplicación, que son las normas de menor rango. Cada disposición debe cumplir con lo previsto en las disposiciones de rango superior a ella en la jerarquía de las fuentes de derecho. Cada norma solo puede ser derogada o modificada por disposiciones que tengan el mismo o superior rango jurídico. Los tratados internacionales tienen un estatus especial; como se ha señalado anteriormente, forman parte del ordenamiento jurídico y se sitúan por encima de la Constitución o las leyes orgánicas en caso de conflicto.

Legislación derivada: reglamentos gubernamentales, decisiones del Presidente de la República de carácter normativo general (como las relativas a la amnistía), disposiciones legislativas de los ministerios y de otras autoridades del gobierno central o de las autoridades locales, decretos delegados de las autoridades regionales y municipales. Estas disposiciones deben promulgarse sobre la base y dentro de los límites de una ley y en el ámbito de la autoridad legítima.

Por lo que respecta al derecho de la Unión Europea, el principio de supremacía del derecho comunitario se aplica de igual manera que en los demás Estados miembros de la Unión. En virtud de este principio, el derecho europeo prevalece cuando existe un conflicto entre este y la legislación nacional de un Estado miembro (leyes, decretos, etc.). Este principio también se aplica en caso de conflicto entre la legislación nacional y el derecho comunitario primario (los Tratados) y entre la legislación nacional y el derecho comunitario derivado (reglamentos, directivas, etc.). Según la interpretación jurídica dominante, ni siquiera las normas nacionales supremas quedan exentas, prevaleciendo el derecho comunitario sobre las constituciones y las leyes orgánicas de los Estados miembros.

Para que los tratados internacionales vinculantes para la República Checa pasen a formar parte de su sistema jurídico, deben ser ratificados por el Parlamento, siempre y cuando una ley de rango constitucional no prevea que el acuerdo en cuestión debe ser ratificado mediante referéndum. El Presidente de la República ratifica los tratados internacionales. Una vez ratificado un tratado, debe publicarse la versión en checo del mismo en la Sbírka mezinárodních smluv (Recopilación de Tratados Internacionales).

El marco institucional

Instituciones encargadas de la adopción de leyes

El poder legislativo de la República Checa corresponde al Parlamento, que está formado por dos cámaras:

• la Cámara de Diputados (200 diputados) y
• el Senado (81 senadores).

El proceso legislativo

La elaboración de las leyes o proceso legislativo empieza con el derecho de iniciativa legislativa. Los parlamentarios a título individual o los grupos parlamentarios, el Senado, el gobierno y las autoridades regionales, gozan del derecho de proponer nuevas leyes y modificaciones a las existentes. Únicamente el gobierno puede proponer leyes en relación con el presupuesto del Estado o la aprobación de las cuentas de la Nación; únicamente la Cámara de Diputados puede decidir en relación con dichas leyes. No obstante, el gobierno tiene el derecho de expresar su opinión sobre cualquier proyecto de ley. La Cámara de Diputados debate primero y, en caso necesario, modifica el proyecto en tres lecturas sucesivas.

La aprobación de la ley requiere una mayoría simple de los diputados presentes. El Presidente de la Cámara de Diputados envía posteriormente el proyecto aprobado al Senado, con la mayor brevedad posible, y el Senado dispone solo de 30 días para debatirlo, a diferencia de las interminables discusiones en la Cámara de Diputados que, en ocasiones, se prolongan durante meses. Una vez finalizado dicho plazo, el Senado debe aprobar o rechazar el proyecto o devolver una versión modificada del mismo a la Cámara de Diputados. Puede también decidir no someter la ley a debate. Si el Senado aprueba el proyecto, decide no someterlo a debate o no expresa su opinión en el plazo fijado, se considera que la ley ha sido aprobada y se envía la misma al Presidente de la República para su ratificación. Si el Senado rechaza el proyecto, la Cámara de Diputados vuelve a votarlo. La ley se adopta si la aprueba una mayoría simple en la Cámara de Diputados. Si el Senado devuelve a la Cámara de Diputados un proyecto modificado, la cámara baja vota la versión aprobada por el Senado. El proyecto de ley se adopta por mayoría simple de los diputados. Si la Cámara de Diputados no aprueba el proyecto modificado del Senado, vuelve a votar la versión original del proyecto enviado al Senado. La ley se adopta por mayoría simple de todos los diputados (es decir, un mínimo de 101 votos). Las leyes electorales y algunos otros tipos de leyes deben ser aprobadas por la Cámara de Diputados y por el Senado.

El Presidente de la República puede decidir no ratificar un proyecto aprobado en un plazo de 15 días desde que este le fuera remitido, y puede devolverlo a la Cámara de Diputados para que vuelva a debatirse, expresando sus razones. Esta práctica se denomina veto presidencial. La Cámara de Diputados puede anular el veto presidencial, por mayoría simple de sus miembros, sin modificar el proyecto, en cuyo caso se aprueba la ley. De lo contrario, no se adopta.

Además del Presidente de la República, el Presidente de la Cámara de Diputados y el Primer Ministro también ratifican las leyes, si bien se trata de una mera formalidad.

Cuando se disuelve la Cámara de Diputados, el Senado puede adoptar leyes en determinados ámbitos que requieran una intervención inmediata y que estarían sujetos, en caso contrario, a la adopción de una ley. El gobierno puede proponer medidas al Senado, que deberán ser aprobadas por la Cámara de Diputados en primera sesión, de lo contrario se considerarán caducadas.

Las normas de rango constitucional (la Constitución y las leyes orgánicas) son una excepción a este proceso legislativo. Para que se adopten estas leyes, deben ser aprobadas por una mayoría de tres quintos de la totalidad de los diputados (mayoría cualificada) y de tres quintos de los senadores presentes, en lugar de por mayoría simple (la mitad) de todos los parlamentarios presentes, como se exige en el caso de las leyes ordinarias. Las normas de rango constitucional pueden modificarse o prorrogarse únicamente por medio de otras normas del mismo rango (es decir, cuando se disuelve la Cámara de Diputados, una ley del Senado no puede modificarlas) y no existe el veto presidencial.

Los ministerios y otros órganos de la administración y entidades regionales autónomas pueden aprobar normas de aplicación (reglamentos y decretos) dentro de los límites de sus competencias.

Validez de la legislación

Para que una norma legal entre en vigor, debe ser publicada. Las normas de rango constitucional, las leyes y otras normas legales (reglamentos gubernamentales, decretos ministeriales, etc.) se publican en la Sbírka zakonů (Recopilación de Leyes) del Ministerio del Interior. Las leyes entran en vigor y pasan a ser parte del derecho checo en la fecha en que se publican en la Sbírka zakonů. La Recopilación también registra la fecha en que surte efecto cada norma legal. Se trata de la fecha en la que todo el mundo tiene la obligación de cumplir la norma en cuestión. Si no se establece una fecha posterior, la legislación surte efecto a los quince días de su publicación. En casos de especial interés público, puede adelantarse la fecha en que surte efecto, que en ningún caso podrá ser anterior a la fecha de publicación. De este modo, la fecha en la que surte efecto una norma legal puede coincidir con la fecha de su entrada en vigor, pero nunca podrá surtir efecto antes de que entre en vigor. Las leyes adoptadas por el Senado se publican en la Sbírka zakonů del mismo modo que las demás leyes; los tratados internacionales ratificados se publican en la Sbírka mezinárodních smluv (Recopilación de Tratados Internacionales). Las leyes regionales se publican en boletines oficiales; las normas municipales se anuncian en el tablón oficial de anuncios del ayuntamiento durante 15 días y, posteriormente, por cualquier medio que sea de uso corriente en dicha localidad.

En caso de conflicto entre una ley (o cualquiera de las disposiciones contenidas en la misma) y el ordenamiento constitucional, o de conflicto entre cualquier otra norma legal (o disposición contenida en la misma) y el ordenamiento constitucional o una ley, el Tribunal Constitucional decide si deben ser derogadas.

Para ampliar la información, véase el texto íntegro de la Constitución: Ústava.

Base de datos jurídica

La base de datos jurídica es propiedad del Ministerio del Interior de la República Checa, que se encarga asimismo de su mantenimiento. Contiene la información siguiente:

• una sección del sitio web oficial del Ministerio del Interior ( Ministerstvo vnitra) dedicado a la legislatura ( legislativa). Contiene copias electrónicas (PDF) de la Recopilación de Leyes ( Sbírka zákonů) y la Recopilación de Tratados Internacionales ( Sbírka mezinárodních smluv) (parte del boletín oficial). El sitio web no tiene estatus oficial ni fuerza legal. Solo es auténtica la versión impresa de la Recopilación de Leyes. El acceso al sitio web es público y se pueden realizar búsquedas del texto completo de un documento y de los metadatos de la información que se necesite.
• La sección de Leyes (Sekce zákony) del portal del gobierno checo ( Portál veřejné správy České republiky) contiene los textos completos y actualizados de las leyes y los reglamentos de aplicación. Este sitio web no tiene estatus oficial ni fuerza legal. Se pueden realizar búsquedas de texto completo y búsquedas por nombre y número de documento en la base de datos.
• El sistema de información ISAP permite el acceso a las bases de datos utilizadas para asignar funciones de coordinación a los actos legislativos y documentos del Consejo publicados en el Diario Oficial de la UE. También permite el seguimiento del proceso de trasposición nacional de dichas normas, el proceso legislativo nacional y los procedimientos de infracción. La base de datos ofrece un archivo electrónico de las posiciones nacionales, los documentos de trabajo, tablas de correlación, etc.

La jurisprudencia

En la República Checa no existe una única recopilación oficial ni privada que publique sistemáticamente las sentencias principales de todos los tribunales checos, es decir, las del Tribunal Constitucional y los tribunales generales que puedan ser de interés general. Los fallos del Tribunal Constitucional se publican en la Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu (Recopilación de Sentencias y Resoluciones del Tribunal Constitucional), editada por C. H. Beck en Praga. Por lo que respecta a las sentencias de los tribunales generales, solo se publican sistemáticamente algunos fallos seleccionados de los tribunales supremos, es decir, el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo Administrativo. Las sentencias seleccionadas del Tribunal Supremo, así como sus dictámenes, cuyo propósito es consolidar la jurisprudencia de tribunales penales y civiles de grado inferior de la justicia ordinaria se publican en la Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek (Recopilación de Sentencias y Dictámenes), editada por LexisNexis en Praga. Algunas sentencias y resoluciones seleccionadas del Tribunal Supremo Administrativo se publican en la Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (Recopilación de Sentencias del Tribunal Supremo Administrativo), editada por ASPI en Praga. La jurisprudencia de los tribunales generales de grado inferior no se publica de manera sistemática; algunas sentencias seleccionadas se publican en ocasiones en revistas jurídicas.

Los motores oficiales de búsqueda electrónica de jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de los tribunales generales supremos tienen aquí importancia práctica, ya que cubren las sentencias de estos tribunales en su totalidad. Permiten realizar búsquedas electrónicas en los servidores de diferentes tribunales generales de grado inferior para mostrar selecciones de su jurisprudencia.

judikatura Ústavního soudu ČR (jurisprudencia del Tribunal Constitucional)

judikatura Ústavního soudu ČR (jurisprudencia del Tribunal Supremo)

judikatura Ústavního soudu ČR (jurisprudencia del Tribunal Supremo Administrativo)

¿Es gratuito el acceso a la base de datos?

El acceso a la base de datos es gratuito.

Bases de datos no oficiales seleccionadas:

ASPI

LEXDATA

LEXGALAXY

SAGIT

TORI