Tipos de profesiones jurídicas

Estonia

En esta página se ofrece una visión general sobre la organización de las profesiones jurídicas en Estonia.

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Profesiones jurídicas: introducción

En Estonia existen las profesiones jurídicas siguientes:

  • fiscales (prokurör);
  • jueces y magistrados (kohtunik);
  • jueces legos (rahvakohtunik);
  • jueces auxiliares (kohtunikuabi) y letrados de la Administración de Justicia (kohtujurist);
  • abogados (advokaat);
  • notarios (notar);
  • agentes judiciales (kohtutäitur);
  • administradores concursales (pankrotihaldur).

Fiscales

Organización

El Ministerio Fiscal (Prokuratuur) es un órgano dependiente del Ministerio de Justicia (Justiitsministeerium). Se estructura en dos niveles: la Fiscalía General del Estado (Riigiprokuratuur), como órgano superior, y cuatro fiscalías regionales.

El ámbito de competencia territorial de la Fiscalía General del Estado abarca todo el territorio de Estonia y el de cada fiscalía regional se corresponde con el de las prefecturas de policía. La Fiscalía General del Estado está presidida por el fiscal general del Estado (peaprokurör), que es nombrado para un mandato de cinco años por el Gobierno estonio a propuesta del Ministerio de Justicia, previa consulta a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento estonio.

El fiscal general presenta todos los años a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento durante el período de sesiones de primavera de este una memoria de las actividades realizadas durante el año precedente en relación con las funciones que le han sido confiadas por ley.

Las fiscalías regionales están dirigidas por un fiscal jefe, que es nombrado para un mandato también de cinco años por el Ministerio de Justicia a propuesta del fiscal general.

En Estonia existen ocho tipos de fiscales: en el nivel de la Fiscalía General del Estado están el fiscal general, los fiscales superiores jefe (juhtivad riigiprokurör), los fiscales superiores (riigiprokurör) y los fiscales adjuntos (abiprokurör); en el nivel de las fiscalías regionales están los fiscales jefe (juhtivprokurör), los fiscales especiales (vanemprokurör), los fiscales y los fiscales adjuntos.

Véase la Ley del Ministerio Fiscal (prokuratuuriseadus).

Función y obligaciones

Con arreglo a la Ley del Ministerio Fiscal, el Ministerio Fiscal:

  • participa en la planificación de la vigilancia requerida para la prevención y detección de la delincuencia;
  • dirige la instrucción penal, garantizando su legalidad y eficacia;
  • ejerce de acusación pública ante los órganos jurisdiccionales;
  • desempeña otras funciones que la ley le confía.

El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones de forma independiente con arreglo a la Ley del Ministerio Fiscal.

Como instructor e impulsor del procedimiento penal, el fiscal dirige la investigación para obtener pruebas y decide si se debe acusar a una persona sobre la base de los hechos comprobados.

De conformidad con la Ley del Ministerio Fiscal:
la Fiscalía General del Estado:

  • garantiza la legalidad y la eficacia de la instrucción penal y ejerce de acusación pública ante los órganos jurisdiccionales de cualquier instancia en relación con los delitos cometidos en el ejercicio de un cargo público, los delitos económicos, los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, los delitos ecológicos, los delitos contra la Administración de Justicia, los delitos relacionados con la delincuencia organizada, los delitos de carácter transfronterizo, los delitos que suscitan una intensa alarma social, los delitos de lesa humanidad y la seguridad internacional, los delitos graves contra el Estado, los delitos cometidos por fiscales y otros delitos que les haya confiado el fiscal general;
  • analiza y supervisa el funcionamiento de las fiscalías regionales, a las que asesora, y analiza y extrae conclusiones generales sobre las prácticas judiciales y de los fiscales;
  • cumple las obligaciones derivadas de la cooperación internacional, incluida la participación en las labores de Eurojust;
  • participa en la elaboración de las leyes y los reglamentos y resoluciones del Gobierno de la República, así como de los reglamentos y directivas del Ministerio de Justicia en relación con las actividades del Ministerio Fiscal;
  • participa en la elaboración de planes de desarrollo relacionados con el Ministerio Fiscal y sus funciones;
  • organiza las actividades de relaciones públicas del Ministerio Fiscal e informa al público de las actividades del Ministerio Fiscal;
  • organiza los recursos humanos y la formación del Ministerio Fiscal, se ocupa de la cuestión de la salud y la seguridad en el trabajo de los empleados y lleva registros del personal;
  • organiza las labores administrativas de los tribunales de oposición a fiscal;
  • elabora el proyecto de presupuesto del Ministerio Fiscal y garantiza que los recursos se utilicen de forma selectiva;
  • organiza la administración de los bienes demaniales en posesión del Ministerio Fiscal;
  • ejerce las demás funciones que le encomiende una ley, una decisión del Parlamento, un decreto-ley, un reglamento o una resolución del Gobierno de la República o un reglamento o una directiva del Ministerio de Justicia.

Jueces y magistrados

Organización

Para ser juez o magistrado se exige: poseer la nacionalidad estonia; tener un título oficial de posgrado en Derecho, un título equivalente en el sentido del artículo 28, apartado 2 ter, de la Ley de Educación de la República de Estonia (Eesti Vabariigi haridusseadus) o un título extranjero equivalente; tener un buen dominio de la lengua estonia; así como unas ciertas cualidades morales y las capacidades y las características personales necesarias. El cargo de juez es vitalicio. Los jueces y magistrados no están sujetos a la potestad disciplinaria del Ministerio de Justicia. Únicamente pueden ser cesados mediante resolución judicial firme. Los jueces y magistrados pueden ejercer hasta los 67 años, si bien esta edad puede sobrepasarse.

No pueden ser jueces o magistrados:

  • las personas condenadas por haber cometido un delito;
  • las personas que hayan sido cesadas como juez, magistrado, notario o agente judicial;
  • las personas que hayan sido expulsadas de un colegio de abogados;
  • las personas que hayan sido separadas del servicio debido a una falta disciplinaria;
  • las personas declaradas en concurso de acreedores;
  • las personas que hayan sido cesadas como auditor, excepto cuando el cese lo haya solicitado el propio auditor;
  • las personas a las que se haya inhabilitado para ejercer de agente de patentes, excepto cuando así lo haya solicitado el propio agente de patentes;
  • las personas a las que se haya inhabilitado para ejercer de traductor jurado sobre la base del artículo 28, apartado 3, punto 3, de la Ley de traductores jurados (vandetõlgi seadus).

Quienes tengan, además del título correspondiente, al menos cinco años de experiencia en el ámbito jurídico o hayan ejercido como asesores jurídicos o letrados de la Administración de Justicia durante al menos tres años y hayan aprobado la oposición a la judicatura (o estuviesen de algún modo exentos de tener que aprobarla), pueden ser nombrados jueces de un tribunal de primera instancia (maakohus) o de un tribunal de lo contencioso-administrativo (haldushokus).

Los juristas experimentados y de reconocido prestigio que hayan aprobado la oposición a la judicatura pueden ser nombrados magistrados en un tribunal de apelación (ringkonnakohus). Las personas que hayan actuado como jueces inmediatamente antes de su nombramiento no están obligadas a aprobar la oposición.

Los juristas más experimentados y de sumo prestigio pueden ser nombrados magistrados del Tribunal Supremo (Riigihokus).

Los jueces y magistrados se seleccionan mediante oposición pública.

Los jueces y magistrados no pueden ejercer otras funciones, salvo si son educativas o investigativas. Los jueces y magistrados deben comunicar al presidente del tribunal todos los empleos que tengan al margen de la judicatura. Los empleos distintos de los de juez o magistrado no deben poner en peligro el ejercicio de las funciones judiciales o su imparcialidad en la administración de la justicia. Los jueces y magistrados no pueden ser: diputados ni miembros de un consejo municipal o ayuntamiento, miembros de un partido político; fundadores, socios administradores o miembros del consejo de administración o la junta de supervisión de una sociedad, ni directores de una filial de una sociedad extranjera; administradores concursales, miembros de un comité concursal, administradores de inmuebles; o árbitros elegidos por las partes.

Los jueces y magistrados solo pueden ser cesados mediante sentencia firme. Para poder ejercer la acción penal contra un juez o un magistrado de un órgano de segunda instancia se requiere una propuesta del Tribunal Supremo adoptada en sesión plenaria que debe ser aprobada por el presidente de la República. Para poder ejercer la acción penal contra un magistrado del Tribunal Supremo se requiere una propuesta del canciller de Justicia (õiguskantsler) que debe ser aprobada por mayoría del Parlamento estonio.

Los requisitos exigidos para ser juez y magistrado, el período de prácticas y las obligaciones se fijan en la Ley del poder judicial (kohtute seadus).

Función y obligaciones

La judicatura está regulada por ley. Todos los jueces y magistrados que funcionan colegiadamente han adoptado un código deontológico. Se puede encontrar más información en la página web del Poder Judicial y en la del Tribunal Supremo.

La función de los jueces y magistrados es la administración de justicia de acuerdo con la Constitución y las normas legales, con arreglo a las cuales formula una solución justa para las partes. Los jueces y magistrados desarrollan el Derecho a través de su interpretación de las normas y de su labor de investigación.

Los jueces y magistrados desempeñan sus funciones oficiales de manera imparcial y desinteresada y se guían por el interés del servicio incluso fuera de su actividad profesional. Deben tener un comportamiento sin tacha tanto en su actividad profesional como fuera de ella y no realizar actos que puedan dañar la reputación del órgano jurisdiccional. No pueden revelar información que conozcan por su participación en sesiones de acceso restringido o en las deliberaciones previas a la sentencia. El deber de secreto y sigilo se aplica en todo momento, incluso después de la jubilación. Los jueces y magistrados titulares supervisan a los jueces de primera instancia con menos de tres años de servicio, a los que realizan prácticas para convertirse en jueces auxiliares y a los universitarios en prácticas. Un juez o magistrado no puede ser responsable de más de dos personas al mismo tiempo. De los jueces y magistrados se espera que actualicen con regularidad sus conocimientos y capacidades profesionales y que participen en cursos de formación.

Remuneración de jueces y magistrados

Por ley, los jueces y magistrados gozan del paquete remuneratorio siguiente: un sueldo oficial, un complemento salarial adicional, una pensión judicial, vacaciones remuneradas, pagos en especies (togas oficiales) y otras prestaciones.

El sueldo oficial de jueces y magistrados se establece en la Ley de salarios de los funcionarios superiores del Estado (kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus).

La base para determinar la pensión de jueces y magistrados se establece en la Ley del poder judicial.

La pensión judicial está formada por su pensión de jubilación, una pensión complementaria, una pensión de invalidez y una pensión de supervivencia para sus familiares. Los jueces y magistrado no perciben su pensión durante el ejercicio de sus funciones. Si un juez o magistrado jubilado acepta otro empleo, recibe su pensión completa independientemente de la nueva renta del trabajo que genere. Las personas separadas del servicio por una falta disciplinaria o por haber sido condenadas por un delito doloso no reciben la pensión judicial. Tampoco la reciben quienes son condenados por un delito contra la Administración de Justicia.

Los jueces y magistrados tienen derecho a 35 días de vacaciones, más hasta 7 días de vacaciones adicionales que se conceden por trabajo judicial, en las condiciones descritas en la Ley del poder judicial.

Jueces legos

Los jueces legos colaboran con la Administración de Justicia en los tribunales de primera instancia únicamente en asuntos penales relativos a delitos dolosos. Su estatuto, sus derechos y sus obligaciones son los mismos que los de los jueces y magistrados de carrera. Los jueces legos se nombran por un período máximo de cuatro años y deben poseer la nacionalidad estonia, residir en el país y tener capacidad de obrar plena, entre 25 y 70 años, nivel C1 de estonio con arreglo a la normativa de idiomas, o un nivel equivalente, y cualidades morales adecuadas para el desempeño de las funciones asociadas al cargo. Los jueces legos no pueden ser nombrados por más de dos mandatos consecutivos.

No pueden ser nombrados jueces legos: quienes hayan sido condenados por un delito; quienes estén en concurso de acreedores; quienes no sean aptos por motivos de salud; quienes hayan tenido su domicilio (es decir, inscrito en el padrón) durante menos de un año en el término municipal de la corporación local que los haya propuesto como candidatos a juez lego; quienes trabajen para órganos jurisdiccionales, el Ministerio Fiscal o la policía judicial; el personal de las Fuerzas Armadas; los abogados, notarios o agentes judiciales; quienes formen parte del Gobierno de la República o de un consejo municipal o un ayuntamiento; el presidente de la República; los diputados. Las personas acusadas de un delito no pueden ser nombradas como jueces legos hasta que se resuelva el proceso correspondiente.

En esencia, su función es la de representar, en la administración de justicia, el punto de vista del ciudadano de a pie; su punto de vista es más humano que jurídico. El nombramiento de los jueces legos corresponde a la Administración local.

Jueces auxiliares y letrados de la Administración de Justicia

Los jueces auxiliares son funcionarios judiciales que desempeñan las funciones establecidas por ley. Gozan de independencia, pero han de seguir las instrucciones del juez o magistrado titular en la medida prescrita por la ley. Los jueces auxiliares son competentes para hacer anotaciones registrales, en el Registro de la Propiedad (kinnistusregister) o el Registro Mercantil (äriregister), y para dictar reglamentos sobre la llevanza de los registros, incluidas resoluciones sancionadoras. Conocen del procedimiento acelerado de requerimiento de pago. A los jueces auxiliares se les aplican las mismas restricciones que a los jueces y magistrados de carrera.

Pueden ser nombrados jueces auxiliares quienes: tengan un título oficial de posgrado en Derecho, un título equivalente en el sentido del artículo 28, apartado 2 ter, de la Ley de Educación de la República de Estonia o un título extranjero equivalente; tengan un nivel C1 de estonio con arreglo a la normativa de idiomas, o un nivel equivalente; tengan cualidades morales adecuadas; y hayan completado el período de prácticas para convertirse en jueces auxiliares, salvo que el tribunal de oposición les haya eximido de dicho período de prácticas. Quienes hayan superado la oposición a la judicatura también pueden ser nombrados jueces auxiliares.

No pueden ser jueces auxiliares: las personas condenadas por haber cometido un delito; las personas que hayan sido cesadas como juez, magistrado, notario o agente judicial; las personas que hayan sido expulsadas de un colegio de abogados; las personas que hayan sido separadas del servicio debido a una falta disciplinaria; las personas declaradas en concurso de acreedores; las personas que hayan sido cesadas como auditor, excepto cuando el cese lo haya solicitado el propio auditor; las personas a las que se haya inhabilitado para ejercer de agente de patentes, excepto cuando así lo haya solicitado el propio agente de patentes; las personas a las que se haya inhabilitado para ejercer de traductor jurado sobre la base del artículo 28, apartado 3, punto 3, de la Ley de traductores jurados; y los jueces y magistrados separados del servicio por falta de aptitud, durante un período de tres años a partir de su nombramiento.

Los jueces auxiliares se seleccionan mediante oposición pública.

Los requisitos para ser juez auxiliar se establecen en la Ley del poder judicial.

Los letrados de la Administración de Justicia son funcionarios judiciales que participan, de manera autónoma o bajo la supervisión de un juez o magistrado, en la preparación y la tramitación de los asuntos en la medida prevista en la normativa procesal correspondiente. De conformidad con esta, los letrados de la Administración de Justicia tienen potestad para llevar a cabo las mismas actuaciones procesales y dictar las mismas resoluciones que los jueces auxiliares u otros funcionarios judiciales. Gozan de independencia, pero han de seguir las instrucciones del juez o magistrado en la medida prescrita por la ley.

Los requisitos a que deben someterse los letrados de la Administración de Justicia son idénticos a los de los jueces auxiliares. Las vacantes de letrados de la Administración de Justicia se cubren por oposición pública.

No pueden ser letrados de la Administración de Justicia: quienes hayan sido condenados por cometer un delito doloso; quienes hayan sido condenados por cometer un delito doloso contra el Estado, aunque se hayan cancelado los antecedentes penales; quienes hayan sido condenados en firme a la inhabilitación para ejercer como letrados de la Administración de Justicia; y los parientes o la pareja de quienes supervisen directamente a un letrado de la Administración de Justicia.

Además de los letrados de la Administración de Justicia  Word (521 Kb) en y de los jueces auxiliares  PDF (373 Kb) entambién están los directores de órgano jurisdiccional (kohtudirektor)  PDF (367 Kb) en y los auxiliares judiciales (kohtuistungi sekretär)  PDF (364 Kb) en.

Abogados

El término abogados (advokaadid) incluye a los abogados y a sus pasantes.

Los abogados han de estar colegiados y deben cumplir lo previsto en la Ley de la abogacía (advokatuuriseadus). Quienes reúnan los requisitos establecidos en la Ley de la abogacía y aprueben el examen de acceso a la abogacía pueden colegiarse y ejercer.

El Consejo de la Abogacía de Estonia (Eesti Advokatuur) es una asociación profesional autónoma creada para la prestación de servicios jurídicos en defensa tanto del interés público como del privado y la protección de los derechos profesionales de los abogados. Supervisa las actividades profesionales de sus miembros y el modo en que respetan las exigencias deontológicas. También organiza cursos de formación profesional continua.

A través de sus miembros, el Consejo de la Abogacía de Estonia garantiza la prestación de asistencia jurídica gratuita. El Consejo de la Abogacía de Estonia actúa a través de sus órganos, que son la asamblea general, la junta rectora, el presidente, el comité de auditoría, el tribunal de honor y el comité de evaluación de la idoneidad profesional.

Los abogados en ejercicio están habilitados para:

  • representar y defender a clientes en procesos judiciales y prejudiciales tanto en Estonia como en el extranjero;
  • intervenir en diligencias probatorias;
  • elegir y utilizar los recursos, acciones y medidas que estimen oportunos para defender a sus clientes;
  • obtener de las autoridades nacionales y locales la información necesaria para prestar servicios jurídicos, poder consultar la documentación y obtener copias y extractos de dichos documentos, salvo que la ley disponga que los abogados no pueden obtener dicha información y documentación;
  • tratar datos privados de personas que no sean clientes suyos pero que se obtengan con arreglo a un contrato u otro negocio jurídico, incluidos datos personales sensibles, sin el acuerdo de dichas personas si ello resulta necesario para prestar sus servicios jurídicos;
  • verificar las firmas y las copias de documentos presentados al órgano jurisdiccional u otros organismos oficiales como parte de los servicios jurídicos que prestan a un cliente;
  • actuar de persona de contacto para el cliente;
  • actuar como árbitros o mediadores en el procedimiento establecido en la Ley de mediación (Lepitusseadus); y
  • actuar como administradores concursales si están colegiados.

Los pasantes tienen la autoridad de un abogado dentro de los límites fijados por ley.

Los pasantes no están habilitados para actuar como árbitros o mediadores en el procedimiento establecido en la Ley de mediación. No pueden representar ni defender a clientes en el Tribunal Supremo a menos que la ley especifique lo contrario. Tampoco están habilitados para actuar como administradores concursales.

Los pasantes solo pueden prestar servicios jurídicos bajo la supervisión y la dirección de un abogado.

Al prestar servicios jurídicos, los abogados deben actuar con independencia y atenerse a la ley, las normas y decisiones de los órganos del Consejo de la Abogacía de Estonia, los requisitos deontológicos de la abogacía, las buenas prácticas y su propia conciencia.

La información que se comunica a un abogado es confidencial. A un abogado o un empleado del Consejo de la Abogacía de Estonia o de un gabinete jurídico que declare como testigo no se le puede interrogar ni conminar a dar explicaciones sobre asuntos de los que haya tenido conocimiento cuando prestaba sus servicios a un cliente.

Los dispositivos de almacenamiento relacionados con los servicios jurídicos que presta un abogado son inviolables.

El cumplimiento por un abogado de sus obligaciones profesiones no puede llevar a que se le identifique con un cliente o con el caso judicial de este.

Un abogado no puede ser detenido, cacheado o puesto en prisión preventiva por motivos derivados de sus actividades profesionales, a no ser por resolución de un tribunal de primera instancia. El despacho de un abogado no puede ser registrado por motivos derivados de las actividades profesionales de este.

En la página web del Consejo de la Abogacía de Estonia hay una lista de abogados y bufetes y otros datos de interés. Sin embargo, en la sección «Encontrar un abogado» se puede buscar abogados en toda la Unión Europea.

Bases de datos jurídicas

No existen otras bases de datos aparte de las antes mencionadas.

Asesores jurídicos

La actividad de los asesores jurídicos (õigusnõustajad) no está regulada por ley en Estonia.

Notarios

Organización

Todos los notarios de Estonia tienen las mismas competencias. La profesión notarial está regulada en la Ley del notariado (notariaadiseadus). Su regulación y la gestión de sus actividades profesionales son competencia del Ministerio de Justicia y del Consejo del Notariado (Notarite Koda). Este último es una entidad de Derecho público que agrupa a todos los notarios titulares. Sus funciones son velar por el desempeño diligente y correcto de las actividades profesionales de sus miembros, armonizar estas actividades, impartirles formación, organizar un servicio de candidaturas al puesto de notario, administrar y desarrollar el sistema de información electrónica sobre los notarios y prestar asistencia al Ministerio de Justicia en actividades de supervisión y de otro tipo. La página web del Consejo del Notariado ofrece información sobre estos profesionales y sus obligaciones.

Función y obligaciones

Los notarios ejercen una función de Derecho público. Están facultados por el Estado para certificar, a petición de terceros, hechos y negocios dotados de significación jurídica y para realizar otros actos investidos de fe pública.

Los notarios deben actuar con imparcialidad, lealtad e independencia. Están obligados a cerciorarse de las intenciones reales de las partes en un negocio y de que se dan las circunstancias necesarias para que este se lleve a cabo correctamente, así como a explicar a las partes las diferentes maneras de llevar a cabo el negocio y los efectos de este.

Los notarios deben llevar a cabo las actuaciones siguientes cuando así se les solicite:

  • dar fe notarial (contratos varios, poderes, testamentos) y certificar documentos (copias, firmas, extractos, etc.);
  • resolver asuntos hereditarios;
  • expedir, con arreglo al artículo 60 y al anexo II del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 351 de 20.12.2012, p. 1), certificados de documento públicos con fuerza ejecutiva en Estonia;
  • expedir, con arreglo al artículo 59, apartado 1, y al anexo II del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (DO L 201 de 27.7.2012, p. 107), certificados relativos al valor probatorio de documentos públicos en Estonia y certificados relativos a documentos públicos con fuerza ejecutiva en Estonia con arreglo al artículo 60, apartado 2, y al anexo II;
  • expedir, con arreglo al artículo 48, apartado 3, y a los anexos III y IV del Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos (DO L 7, 10.1.2009, p. 1), extractos de documentos públicos que deban ejecutarse en Estonia;
  • declarar inválidos documentos con arreglo a la Ley del notariado;
  • declarar ejecutables los acuerdos celebrados mediante un abogado que haya actuado como mediador o mediante otro notario;
  • realizar apostillas (de certificados u otros documentos);
  • a instancia de una persona jurídica, presentar los estados financieros de esta al órgano que deba registrarlos;
  • confirmar matrimonios y divorcios y preparar la documentación para los asientos de matrimonio y divorcio;
  • aceptar depósitos de dinero, títulos-valores y documentos;
  • permitir el acceso a los datos inscritos en el Registro de la Propiedad o a un documento que figure en dicho Registro;
  • publicar ciertos anuncios y presentar solicitudes a petición de una empresa, recibir por cuenta de esta documentos u otra información de las autoridades administrativas económicas y notificar actos administrativos a dicha empresa;
  • inscribir registralmente datos a petición de una empresa;
  • proporcionar datos sobre la titularidad real a petición de una persona jurídica o un fideicomisario.

El cliente debe pagar al notario los aranceles fijados para dichas actuaciones notariales.

Los notarios pueden ofrecer los siguientes servicios oficiales:

  • asesorar jurídicamente al margen del procedimiento de certificación;
  • asesorar sobre Derecho tributario y Derecho extranjero, forme ello o no parte del procedimiento de certificación;
  • ejercer de mediador de conformidad con la Ley de mediación;
  • ejercer de árbitro de conformidad con el Código Procesal Civil (tsiviilkohtumenetluse seadustik);
  • supervisar subastas, votaciones, loterías y adjudicaciones, y verificar los resultados;
  • juramentar y autenticar declaraciones juradas;
  • remitir peticiones y avisos no relacionados con funciones oficiales y expedir certificados relativos a la transmisión o imposibilidad de transmitir dichas peticiones o avisos;
  • actuar de persona de contacto para el cliente;
  • aceptar depósitos de dinero —excepto en efectivo—, títulos-valores, documentos y similares si no se trata de un acto notarial o de una obligación oficial derivada de él;
  • responder las solicitudes de aclaraciones presentadas por empresas.

La página web del Consejo del Notariado ofrece información sobre los servicios oficiales que prestan los notarios. Los honorarios por los servicios de notaría se acuerdan entre el cliente y el notario antes de la prestación.

Otras profesiones jurídicas

Agentes judiciales

En Estonia, se trata de una profesión liberal: los agentes judiciales actúan por cuenta propia y asumen la responsabilidad de sus actos. Los agentes judiciales deben ser imparciales y observar sus deberes en el desempeño de sus funciones. Las funciones de los agentes judiciales se regulan en la Ley de agentes judiciales (kohtutäiturid seadus).

Desde enero de 2010 está en funcionamiento una organización profesional conjunta de agentes judiciales y administradores concursales, el Colegio de Agentes Judiciales y Administradores Concursales (Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda). La labor oficial de los agentes judiciales, la supervisión de su actividad, su responsabilidad disciplinaria y las actividades de asociación profesional se regulan en la Ley de agentes judiciales. La función del Colegio es fomentar el desarrollo de estas profesiones jurídicas liberales, lo que incluye la implantación de medidas de supervisión tendentes a observar las mejores prácticas oficiales y profesionales y elaborar recomendaciones de armonización de actividades profesionales, organizar cursos de formación, desarrollar sistemas de información, etc. El Colegio tiene también un tribunal de honor. Puede encontrarse más información sobre las actividades del Colegio en su página web.

Las funciones de los agentes judiciales son:

  1. sustanciar procesos ejecutorios con arreglo al Código de Ejecución (täitemenetluse seadustik);
  2. trasladar y notificar documentos con arreglo a los códigos procesales;
  3. inventariar patrimonios y administrarlos con arreglo a la Ley de sucesiones (pärimisseadus);
  4. en los supuestos y con arreglo a los procedimientos establecidos por ley, realizar subastas a petición de un órgano jurisdiccional o de un órgano administrativo al margen de un proceso de ejecución;
  5. actuar como intermediarios respecto de prestaciones alimenticias extranjeras en virtud de la Ley de prestaciones familiares (perehüvitiste seadus).
  6. crear un perfil de ejecución del deudor.

Los honorarios que perciben los agentes judiciales por realizar dichas funciones profesionales se establecen en la Ley de agentes judiciales.

A instancia de particular, los agentes judiciales pueden prestar los servicios profesionales siguientes:

  1. subastar bienes muebles e inmuebles;
  2. notificar y trasladar documentos;
  3. prestar asesoramiento jurídico y redactar documentos jurídicos si su formación se ajusta a lo dispuesto en el artículo 47, apartado 1, punto 1, de la Ley del poder judicial;
  4. realizar diligencias probatorias extrajudiciales;
  5. ejercer de mediador de conformidad con la Ley de mediación;
  6. ejercer de árbitro de conformidad con el Código Procesal Civil.

Los agentes judiciales pueden negarse a prestar un determinado servicio.

Las condiciones de prestación y la remuneración de los servicios las acuerdan por escrito el requirente y el agente judicial antes de prestarlos. Las condiciones y la remuneración acordadas deben ajustarse a las buenas prácticas profesionales.

En el marco de la prestación de estos servicios, los agentes judiciales no pueden ejercer las facultades que les hayan sido conferidas por ley para el ejercicio de sus funciones profesionales o que se deriven de su cargo.

Puede encontrarse más información sobre los servicios prestados por los agentes judiciales en la página web del Colegio.

El control administrativo de las actividades de los agentes judiciales corresponde al Ministerio de Justicia y al Colegio.

Los agentes judiciales son responsables de los daños causados ilícitamente en el ejercicio de sus actividades profesionales, incluso si los daños han sido causados por un empleado de su oficina. Si la demanda de indemnización por los daños y perjuicios causados por la actuación profesional de un agente judicial no puede satisfacerse con los bienes del agente judicial o de cualquier otra persona responsable del daño o su objeto no puede satisfacerse íntegramente, el Colegio responde subsidiariamente. El Estado es responsable en última instancia de las acciones contra los agentes judiciales. Tanto el Colegio como el Estado tienen derecho a reclamar el reembolso correspondiente a la persona responsable del daño; el Estado también tiene derecho a reclamar el reembolso al Colegio.

Administradores concursales

Los administradores concursales son personas nombradas por los órganos jurisdiccionales que, en el ejercicio de sus funciones, realizan transacciones y otras actuaciones relativas a una situación concursal y representan al deudor judicialmente en los litigios derivados de dicha situación concursal. La principal obligación de un administrador concursal es defender los derechos e intereses de todos los acreedores y del deudor y garantizar un proceso concursal legal, rápido y razonable en términos económicos. El administrador concursal lleva a cabo sus funciones en nombre propio. Pueden actuar como administradores concursales: las personas físicas a las que el Colegio, los abogados, los auditores legales y los agentes judiciales hayan otorgado la facultad de actuar como administradores concursales. El Colegio mantiene una lista actualizada de administradores concursales. Dicha lista incluye datos sobre todas las personas habilitadas para actuar como administradores concursales y puede consultarse en la página web del Colegio. Las personas que figuren en dicha lista deben procurar que sus datos sean correctos.

Las principales obligaciones de un administrador concursal son:

  1. determinar el alcance de las reclamaciones de los acreedores, administrar la masa concursal, organizar los lotes y la venta de la masa concursal y satisfacer las deudas con el producto de la venta;
  2. determinar las razones y la fecha de la insolvencia del deudor;
  3. organizar, en su caso, la continuación de la actividad comercial del deudor;
  4. proceder, en su caso, a la liquidación del deudor, si se trata de una persona jurídica;
  5. dar información a los acreedores y al deudor en los casos dispuestos por ley;
  6. elaborar un informe de sus actividades y aportar información sobre el proceso concursal, sobre todo al órgano jurisdiccional y al comité concursal.

El Ministerio de Justicia supervisa administrativamente las actividades de los administradores concursales, basándose en quejas u otra información relacionada con el administrador que den pie a creer que el administrador haya incumplido sus obligaciones. Al supervisar la actuación de un administrador, el Ministerio de Justicia está facultado para comprobar la oportunidad y legalidad de dicha actuación. El Ministerio de Justicia puede adoptar medidas disciplinarias contra un administrador que incumpla las obligaciones derivadas de la normativa que regula la actividad profesional de los administradores concursales. El Ministerio de Justicia no puede adoptar medidas disciplinarias contra los abogados que actúen en calidad de administradores concursales. No obstante, el Ministerio tiene legitimación para incoar un proceso en el tribunal de honor del Consejo de la Abogacía de Estonia.

Además de la supervisión administrativa antes descrita, las actividades de los administradores concursales también se encuentran bajo la supervisión del comité concursal, la junta de acreedores, el órgano jurisdiccional y el Colegio de Agentes Judiciales y Administradores Concursales, cada uno en su esfera de competencias.

Enlaces relacionados

Ministerio de Justicia

Asociación de Abogados (Juristide Lüt), organización sin ánimo de lucro

Oficina de Asistencia Jurídica (Õigusteenuste Büroo), fundación

Consejo de la Abogacía de Estonia

Ministerio Fiscal

Consejo del Notariado

Colegio de Agentes Judiciales y Administradores Concursales

Última actualización: 20/04/2023

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