Tipos de profesiones jurídicas

Finlandia

Esta sección ofrece una visión de conjunto de las profesiones jurídicas en Finlandia.

Contenido facilitado por
Finlandia

Profesiones jurídicas: introducción

Las profesiones jurídicas en Finlandia son las de juez, fiscal, abogado de oficio, abogado, asesor jurídico autorizado, notario y agente judicial.

Fiscales

Organización

El Ministerio Fiscal está compuesto por 550 personas, de las que aproximadamente 400 son fiscales. Además, dispone de unas 150 personas en diversos puestos de apoyo y como peritos.

El Ministerio Fiscal está compuesto por la Fiscalía General, que actúa como unidad administrativa central, y cinco departamentos fiscales: Finlandia Meridional, Finlandia Occidental, Finlandia Septentrional, Finlandia Oriental y Aland. Cuenta con 34 oficinas en toda Finlandia.

El Ministerio Fiscal está presidido por el Fiscal General, que es el fiscal de mayor rango del país.

La Fiscalía General es responsable de la administración central, la dirección y la supervisión del Ministerio Fiscal y de su funcionamiento general. Los departamentos fiscales llevan a cabo la labor propia de la fiscalía.

El Ministerio Fiscal es competencia administrativa del Ministerio de Justicia.

Funciones

El Ministerio Fiscal es una autoridad estatal independiente y forma parte del poder judicial. Sus funciones son garantizar la responsabilidad penal, es decir, que un delito sea punible con una pena en el sentido de la ley. Los fiscales deciden sobre los enjuiciamientos de forma independiente y son órganos judiciales independientes.

En los procesos penales, el Ministerio Fiscal tiene el papel más importante que desempeñar entre las autoridades públicas, que se extiende desde la instrucción hasta el proceso judicial. El fiscal también puede imponer una multa por delitos leves.

Las funciones del fiscal se centran principalmente en el enjuiciamiento y los procesos judiciales. En el curso de las funciones propias de la fiscalía, los fiscales deciden qué asuntos llevan ante los órganos jurisdiccionales sobre la base de los cargos presentados. Es responsabilidad del fiscal en un juicio demostrar que se ha cometido el delito que se imputa al acusado.

El fiscal también debe velar por que la instrucción se lleve a cabo con suficiente atención. El fiscal se familiariza con los asuntos penales más complejos desde el inicio de la instrucción y también puede, a propuesta de responsable de la investigación, poner fin a la instrucción antes de la fase de acusación.

El papel del fiscal en la instrucción es especialmente importante cuando se sospecha que un agente de policía ha cometido un delito. En tal caso, el fiscal también dirigirá la instrucción.

Bases de datos jurídicas

Para obtener más información, véase el sitio web del Ministerio Fiscal.

Jueces

Organización

En Finlandia, la mayoría de las sentencias judiciales las dictan jueces de carrera. En los tribunales de primera instancia (Käräjäoikeuksissa) también hay jueces legos. Los jueces son miembros del poder judicial. Desempeñan sus cargos en el Tribunal Supremo (Korkein oikeu), en los tribunales de apelación (hovioikeuksissa) y de primera instancia, en el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo (Korkein hallinto-oikeus) y en los órganos jurisdiccionales administrativos, así como en el Tribunal de la Seguridad Social (Vakuutusoikeus), el Tribunal de Trabajo (Yötuomioistuin) y el Tribunal de lo Mercantil (Markkinaoikeu). Son funcionarios públicos inamovibles, que solo pueden ser separados de su cargo por resolución judicial. Tampoco pueden ser trasladados sin su consentimiento.

El capítulo 12 de la Ley de funcionarios civiles del Estado contiene las disposiciones aplicables específicamente a los jueces en su calidad de funcionarios públicos. En virtud de dicha Ley, no les son de aplicación las normas sobre permisos, sanciones, ceses y destituciones temporales de los demás funcionarios. Según la propia Ley, deben cesar en su cargo al cumplir la edad legal de jubilación (68 años) o en caso de incapacidad permanente.

Funciones

Jueces

Quien desee optar a una plaza de juez debe poseer un título de estudios superiores en Derecho y haber completado un período de prácticas de un año como vocal de un tribunal de primera instancia. La carrera habitual de un juez se inicia como secretario principal de un tribunal de apelación y sigue con la designación como juez en un tribunal de primera instancia o de apelación. En ese momento se inicia la formación apropiada. El tribunal de apelación anuncia las vacantes, y la Comisión de Selección de Jueces analiza la idoneidad de los candidatos. Los jueces son nombrados por el presidente de la República.

Jueces legos

En los tribunales de primera instancia actúan «jueces legos» que colaboran en la emisión de resoluciones en determinados asuntos. Intervienen fundamentalmente en asuntos penales, aunque también pueden conocer de asuntos civiles y en conflictos derivados de contratos de arrendamiento. En los tribunales de primera instancia, las sesiones son presididas por un juez ordinario asistido por tres jueces legos. Estos últimos están facultados para actuar de forma independiente, por lo que, en caso necesario, las resoluciones se someten a votación y se adoptan por mayoría. En caso de empate, en los asuntos penales prevalece la opinión más favorable para el acusado, mientras que en los asuntos civiles el juez presidente tiene voto de calidad.

Los jueces legos son designados por los ayuntamientos para un mandato de cuatro años. Cada municipio debe nombrar un mínimo de dos, aunque los municipios de mayor tamaño pueden designar un número bastante superior. Los jueces legos deben reproducir con la mayor fidelidad posible la estructura de edades, sexos, lenguas y profesiones del municipio.

Los jueces legos han de tener nacionalidad finlandesa y una edad superior a 25 años e inferior a 63. No pueden ser designados quienes desempeñen algún cargo en un órgano jurisdiccional o establecimiento penitenciario, o ejerzan como fiscales, abogados o agentes de policía. El juez lego debe prestar juramento o hacer una declaración solemne antes de tomar posesión de su cargo.

Se pretende que los jueces legos participen en un juicio aproximadamente una vez al mes, es decir, doce veces al año. El tribunal de primera instancia les abona una dieta por cada juicio, además de reembolsarles los ingresos que hayan perdido.

Abogados de oficio

Organización

Los abogados de oficio son juristas contratados por las Oficinas de Asistencia Jurídica Gratuita. Tienen la condición de funcionarios del Estado y son nombrados por el Ministro de Justicia, del que dependen funcionalmente dichas Oficinas.

Para optar al puesto de abogado de oficio en las Oficinas de Asistencia Jurídica Gratuita es preciso poseer un máster en Derecho (oikeustieteen kandidaatti o oikeustieteen maisteri) y experiencia suficiente en la práctica de la abogacía. Muchos de ellos tienen, asimismo, el título honorario de varatuomari (máster en Derecho con formación en tribunales).

Ejercen la defensa y representación jurídica ante los órganos jurisdiccionales. En el ejercicio de sus actividades están obligados a respetar las normas deontológicas de los abogados. A estos efectos están sometidos a la potestad disciplinaria del Colegio de Abogados, del que más de la mitad son miembros. En todo caso, ejercen sus funciones con total independencia y autonomía.

Abogados

Únicamente los miembros del Colegio de Abogados tienen derecho a utilizar el título profesional de abogado (advokat, en finés, y asianajaja, en sueco). Algunos de los requisitos exigidos para ingresar en el Colegio de Abogados son los siguientes:

  • haber obtenido un máster en Derecho, que capacita para la práctica jurídica;
  • ser persona de integridad reconocida;
  • tener experiencia de varios años en la práctica del Derecho o en otras actividades de carácter judicial;
  • aprobar un examen específico que versa sobre los elementos básicos de la profesión jurídica y sobre la deontología profesional;
  • mantener la independencia y autonomía respecto a cualesquiera influencias del Gobierno o de otras instancias, con la única excepción de los clientes; y
  • disponer de otras cualificaciones.

Responsabilidades de los abogados y supervisión de su actuación profesional

Por cuanto se refiere a la responsabilidad penal o civil, en el caso de los abogados no difiere en principio de la que tienen los demás ciudadanos. No obstante, los abogados están obligados a contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños producidos por cualquier causa, salvo dolo o negligencia grave. El Colegio de Abogados ha creado un fondo de indemnización para atender los daños derivados de la conducta delictiva de sus miembros.

Por otra parte, el abogado sí tiene una responsabilidad profesional. La Junta Rectora del Colegio de Abogados vigila el desempeño de sus funciones por parte de sus miembros de acuerdo con la ética profesional. En caso de incumplimiento, inicia un procedimiento disciplinario, normalmente como consecuencia de una reclamación por escrito. El Canciller de Justicia recibe información sobre las decisiones adoptadas en este sentido por el Colegio y puede recurrirlas ante el Tribunal de Apelación de Helsinki.

El Colegio de Abogados de Finlandia es un organismo de derecho público que se rige por la Ley de la abogacía de 1958 y que sucede a un órgano registrado bajo el mismo nombre. Los miembros de uno y otro son abogados, tanto en el caso del Colegio actual como del anterior.

El Colegio de Abogados cuenta con unos 1 850 miembros, denominados «abogados». Los despachos de abogados emplean a unos 600 asociados, 120 de los cuales son asesores jurídicos oficiales. Las Oficinas de Asistencia Jurídica Gratuita emplean además a más de 100 letrados que no son miembros del Colegio de Abogados.

La expulsión del Colegio de Abogados en virtud de un procedimiento disciplinario no impide seguir ejerciendo la profesión bajo un título profesional diferente, aunque en tal caso sin estar sujeto a las obligaciones propias de un abogado ni a la supervisión del Colegio.

Puede ser admitido como abogado cualquier ciudadano finlandés u originario de otro país del Espacio Económico Europeo mayor de 25 años, de reconocida honradez y cuyas aptitudes y estilo de vida sean los adecuados para el ejercicio de esta profesión. Se exige además haber obtenido el título académico finlandés pertinente y poseer las competencias necesarias para el ejercicio de la abogacía, así como experiencia en la práctica de la profesión. No puede haber sido declarado en quiebra y debe tener plena capacidad jurídica.

De acuerdo con las obligaciones internacionales asumidas por Finlandia, pueden ser admitidos también como abogados quienes, sin tener la titulación académica ni la experiencia práctica requeridas en Finlandia, posean la condición profesional de abogados en otro país del Espacio Económico Europeo. En tal caso, deberán demostrar, mediante un examen organizado por el Colegio de Abogados, que conocen suficientemente el Derecho y la práctica jurídica finlandeses.

Por otra parte, podrán ser admitidos como abogados sin necesidad de superar ese examen quienes tengan la titulación de abogados de un Estado miembro de la Unión Europea, siempre que hayan estado inscritos durante un plazo mínimo de tres años en el registro del Colegio de Abogados como personas en posesión del título profesional de su Estado miembro de origen, y se hallen habilitados para ejercer la abogacía en otro Estado miembro (Registro de la UE). Deberán demostrar, por otro lado, que han ejercido regularmente la abogacía en Finlandia, como mínimo durante el plazo indicado.

Bases de datos jurídicas

Puede encontrarse más información en el sitio web del Colegio de Abogados de Finlandia.

Asesores jurídicos autorizados

Un asesor jurídico autorizado es un abogado que ha obtenido una licencia del Consejo de Asesores Jurídicos Autorizado para ejercer de asesor jurídico. Los asesores jurídicos autorizados están obligados a cumplir normas deontológicas equivalentes a las del Código de Conducta cuando actúen como asesores o abogados ante un órgano jurisdiccional. A este respecto, los asesores jurídicos autorizados están sujetos a la supervisión del Consejo de Supervisión del Colegio de Abogados de Finlandia, del Consejo de Asesores Jurídicos y del Canciller de Justicia.

Bases de datos jurídicas

Para obtener más información sobre la lista de asesores jurídicos, véase el sitio web del Ministerio de Justicia de Finlandia.

Notarios

En Finlandia, la actividad de los notarios públicos está regulada legalmente. Estos profesionales desempeñan su labor en las oficinas locales de registro y las oficinas jurisdiccionales de distrito. Para actuar como notario público se exige un máster en Derecho (oikeustieteen kandidaatti o oikeustieteen maisteri).

A pesar de las numerosas semejanzas existentes, las facultades de los notarios públicos finlandeses difieren notablemente de las de los notarios del resto de Europa y de los Estados Unidos. Aunque en Finlandia son siempre funcionarios públicos, no ejercen sus funciones con dedicación exclusiva, ya que la mayoría son registradores en las oficinas locales de registro. Debido a la libertad de forma en la contratación civil, la autenticación notarial no constituye un requisito para la validez de los contratos. En Finlandia, el único contrato civil que requiere su protocolización ante notario es el de transmisión de inmuebles.

Los notarios públicos son responsables, entre otras cosas, de certificar la autenticidad de las firmas, de las copias de certificados y de los curriculum vitae. Pueden también emitir los denominados «certificados con apostilla» con los que se confirma que el firmante del documento ocupa el cargo que se indica en él y está autorizado para otorgarlo.

Otras profesiones jurídicas

Autoridades de ejecución

La Autoridad Nacional de Ejecución de Finlandia es una agencia dependiente del Ministerio de Justicia, responsable de la ejecución independiente de las tareas legales de ejecución. La ejecución forma parte del sistema judicial y se basa en el Derecho. Las tareas de ejecución incluyen el cobro de créditos, desahucios y medidas de protección. La autoridad de ejecución actúa con imparcialidad y tiene en cuenta los derechos tanto del acreedor como del deudor. La red de sesenta y cuatro oficinas de la autoridad nacional competente abarca toda Finlandia.

Un agente judicial, o agente de ejecución, es un término genérico que designa a los funcionarios públicos que llevan a cabo tareas de ejecución. El agente judicial tiene competencias de ejecución independientes.

 

Con arreglo a la ley, los agentes judiciales son:

  • inspectores de ejecución de la Unidad Básica de Ejecución;
  • inspectores policiales superiores de las Unidades de Ejecución Extensiva y Especial;
  • informantes de los altos funcionarios encargados de la ejecución; y
  • los agentes judiciales de ejecución principales.
  • En Aland, los títulos equivalentes son el alto inspector de ejecución y el alto funcionario provincial responsable de la ejecución.
  • En virtud del Derecho, los agentes judiciales también incluyen al director general de la Autoridad Nacional de Ejecución de Finlandia y al director adjunto.

También existen otras profesiones jurídicas en la Autoridad Nacional de Ejecución, como consejero económico, especialista, agente judicial administrativo y agente judicial administrativo superior.

La mayoría de los créditos de ejecución se tramitan utilizando herramientas electrónicas de cobro en la Unidad Nacional de Ejecución Básica, lo que no requiere contacto personal con el deudor.

En sus respectivos territorios, las cinco unidades de ejecución regionales para una aplicación extensiva son responsables, por ejemplo, de la venta de bienes embargados (embargo) y otras tareas de ejecución más exigentes.

La Unidad Nacional de Ejecución Especial lleva a cabo numerosas tareas de investigación y de ejecución que requieren mucho tiempo, y participa en la cooperación entre organismos y en la lucha contra la economía sumergida y la delincuencia económica.

La Administración Central de la Autoridad Nacional de Ejecución es responsable de la supervisión administrativa, el desarrollo y el control del servicio de ejecución. La Administración Central también es responsable del rendimiento y la eficacia de la Autoridad Nacional de Ejecución en su conjunto.

La Administración Central no participa en tareas de ejecución individuales; las unidades de ejecución actúan con independencia. Los casos de ejecución individuales siempre son competencia del agente judicial o agente de ejecución encargado del asunto, y las resoluciones adoptadas en asuntos concretos de ejecución no pueden, por ejemplo, ser revisadas por la Administración Nacional Central.

Para obtener más información, véase el sitio web de la Autoridad Nacional de Ejecución de Finlandia.

Última actualización: 20/09/2023

El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.