Acceso a la justicia en materia de medio ambiente - Reino Unido

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  1. Fundamentos constitucionales
  2. Poder judicial
  3. El acceso a información sobre los asuntos
  4. El acceso a la justicia en la participación del público
  5. Acceso a la justicia contra actos u omisiones
  6. Other Means of Access to Justice En los asuntos ambientales existen otros medios disponibles;
  7. Capacidad procesal
  8. Representación legal
  9. Pruebas
  10. Medidas cautelares
  11. Costas
  12. Mecanismos de asistencia financiera
  13. Puntualidad
  14. Otras cuestiones
  15. En el extranjero
  16. Transboundary Cases

Introducción

El Reino Unido está formado por Inglaterra, Escocia, el País de Gales e Irlanda del Norte. También tiene la responsabilidad internacional de Gibraltar, Guernesey, Jersey y la Isla de Man. La legislación pertinente para Inglaterra y el País de Gales, Irlanda del Norte y Escocia se recoge en el texto principal. Véase anexos independientes de información sobre Gibraltar, Guernesey, Jersey y la Isla de Man.El enlace abre una nueva ventanacontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=1&member=1&action=maximizeMSEl enlace abre una nueva ventanacontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=3&member=1&action=maximizeMSEl enlace abre una nueva ventanacontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=4&member=1&action=maximizeMSEl enlace abre una nueva ventanacontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=2&member=1&action=maximizeMS

ANEXO I Fundamentos constitucionales

El Reino Unido no dispone de una constitución escrita codificada. Actuaciones medioambientales en relación con las decisiones de una autoridad pública podrá interponer recurso de conformidad con el artículo 8 o el artículo 1 del Protocolo nº 1 del Convenio Europeo sobre los derechos humanos cuando hay interferencia en el disfrute pacífico del poder. El Convenio se aplica en el Reino Unido con la Ley de Derechos Humanos de 1998. Mientras que las partes no pueden invocar directamente las disposiciones de un Tratado internacional que no haya sido ejecutada en el Derecho interno del Reino Unido mediante un acto del Parlamento o del Derecho derivado, el órgano jurisdiccional tratará e interpretar la legislación de una manera que se ajusta a las obligaciones internacionales del Reino Unido.

Los tribunales y órganos administrativos no aplican el Convenio de Aarhus directamente, con excepción de las disposiciones del mismo que se han aplicado mediante un acto o resolución, o a través de la legislación de la UE, que es directamente aplicable en el Derecho nacional — Morgan/Hinton Organics (wessex) Ltd [2009] EWCA Civ. 107. Sin embargo, Walton/ministros escoceses [2012] UKSC 44 se dijo que las decisiones del Comité de cumplimiento de la Convención de Aarhus deben ser tratadas con respeto.

Cabe señalar que en el momento de la firma, confirma una vez ratificado) el Reino Unido realizó la siguiente declaración en relación con el Convenio de Aarhus:

«El Reino Unido entiende que las referencias que se hacen en el artículo 1 y el séptimo párrafo del preámbulo del Convenio al «derecho» de toda persona «a vivir en un medio ambiente que le permita garantizar su salud y su bienestar» para expresar una aspiración que motivaron la negociación de dicho Convenio y que es plenamente compartida por el Reino Unido. Los derechos que cada una de las Partes se compromete a garantizar, de conformidad con el artículo 1 se limitan a los derechos de acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia medioambiental de conformidad con las disposiciones del presente Convenio.»

Poder judicial II

Tribunales

No existen tribunales especializados en materia de medio ambiente en el Reino Unido. En Inglaterra y en el País de Gales (e&w) e Irlanda del Norte causas penales de carácter ambiental comenzar en la Magistrates’ Court, presididos por jueces de paz (jueces legos) o por un juez de distrito. Los casos graves son juzgados por el Tribunal de la Corona), por un juez y un jurado. En Escocia los delitos menores son tratadas por el juez de paz y los tribunales, mientras que los casos más graves se resuelven en un Sheriff Court por un Sheriff, solos o con un jurado. Los casos más graves son oídas por el High Court of Justiciary, por un juez y un jurado.

Los magistrados (sheriffs) pueden conocer los casos contaminación legal — las molestias que estén definidos por ley — cuyo objetivo consiste en reducir las molestias en vez de reclamar una indemnización. En los asuntos civiles, como los daños y perjuicios y a N.I. e&w acciones suelen ser juzgados en los tribunales de condado por un Circuit Judge a e&w y por un juez de la County Court de Irlanda. Los casos más complejos o de alto valor son juzgados por el Tribunal Supremo por jueces del Tribunal Superior. El Tribunal de Justicia es una tecnología y construcción Division de la High Court en e&w especializada en cuestiones técnicamente complejas. En Escocia las pequeñas demandas ante el Sheriff Court y más valiosas en la Outer House of the Court of Session.

Los casos en que un recurso de casación se dirige contra las decisiones del Gobierno o la administración local son oídas en e&w N.I. y por la división administrativa del Tribunal Superior de Jueces del Tribunal Superior. En Escocia, ante el Tribunal de sesiones.

Los jueces son seleccionados de la profesión jurídica y haber sido en la práctica una serie de años antes de poder solicitar convertirse en juez. En muchos e&w — inicio como jueces a tiempo parcial — Equipos de grabación, antes de pasar a convertirse en circuito o los jueces del Tribunal Superior. En Escocia suelen empezar como sheriffs a tiempo parcial o han sido superiores a los abogados y diputados en sesión ni de iniciar a tiempo parcial. Los jueces son independientes del Estado. No hay jueces especializados en materia de medio ambiente, aunque los jueces que tratan asuntos medioambientales tienen naturalmente adquirir conocimientos especializados en este ámbito.

Tribunales especializados (Tribunals)

En e&w una decisión de urbanismo, cuando se discute la demandante — no están incluidos los oponentes — podrá interponer recurso contra la resolución. El recurso de casación sería evaluada por un inspector de la inspección de planificación. Estos inspectores podrán también oír a un demandante titular de un permiso o de los recursos interpuestos contra las resoluciones en materia de permisos medioambientales, permisos de extracción de agua sobre el medio ambiente y otras cuestiones reglamentarias. En Escocia se tratan tales recursos por el relator designado por la Dirección General de Ordenación y de recursos medioambientales o, en el caso de ciertas solicitudes de planificación, por la autoridad urbanística local, organismo de evaluación en función de la importancia de la elaboración y los procedimientos propios de cada una de las autoridades de planificación. En Irlanda del Norte, los recursos son oídas por los Comisarios de la Comisión de recursos en materia de planificación.

Cuando alguien infringe la legislación medioambiental en determinados e&w la agencia competente puede imponer sanciones civiles en lugar de tener un proceso penal — sanciones civiles medioambiental (Inglaterra) Order 2010 (SI 2010/1157 (W. 2010/1821). Los recursos en materia de sanciones de este tipo son juzgados por el Tribunal de la primera etapa (medio ambiente). Los legisladores de Irlanda del Norte y Escocia prevén disposiciones similares.

Elección de la normativa más favorable

No existe un forum shopping para distintos tipos de foro en las acciones civiles disponibles en el Reino Unido. No obstante, un demandante pueda interponer una acción en diferentes órganos jurisdiccionales locales si vive en una zona, pero el daño en otro ámbito. En Escocia los demandantes pueden, en determinados casos, tienen la posibilidad de interponer una demanda en un Sheriff Court y la Court of Session. En las causas penales (e&w) un demandado puede optar a ser juzgados en el Magistrates’ Court o en el Crown Court cuando se trate de un delito que puede ser oída por dicho órgano jurisdiccional.

Apelaciones y recursos extraordinarios

Magistrados de Apelaciones de N.I. y e&w son juzgados por un juez en el Tribunal de la Corona (Condado de N.I.). Si el recurso se refiere a la ley, el demandado puede exigir al Estado un caso de magistrados de la High Court. Recursos del Tribunal de la Corona son o County Court ante la Court of Appeal, Criminal Division). Recursos del Tribunal de Apelación recurrir al Tribunal Supremo.

Los recursos interpuestos contra una decisión del tribunal provincial en una causa civil se destinará a un juez del Tribunal Supremo o del Tribunal de Apelación, en función de la naturaleza del asunto. Cualquier persona que desee recurrir deben obtener autorización del Tribunal de Justicia. Los recursos interpuestos contra una decisión del Tribunal Supremo en un asunto civil o administrativo acudir al Tribunal de apelación y, de nuevo, es necesaria una autorización.

En Escocia los recursos interpuestos contra los civiles son competencia de las Sheriff Court of Session (Inner House). Desde allí, ir a recursos de casación el Tribunal Supremo del Reino Unido. Recursos penales del sheriff se celebra ante el High Court of Justiciary. Existe una vía de recurso para el CEDH en Escocia, había que recurrir al Tribunal Supremo.

Existen vías extraordinarias en el Derecho del Reino Unido como requerimientos/interdicts, obligatorios y prohibir las órdenes de pedidos. Se desarrollan a continuación.

Casación

En el Reino Unido, donde el control judicial de una decisión administrativa, el Tribunal de Justicia solo es competente para defender dicha Decisión, anule o a exigir una autoridad para subsanar una omisión. El Tribunal de Primera Instancia no puede ponerse en el lugar del órgano de administración y tomar la decisión en lo que a ella respecta. En las causas penales, tribunales de apelación impondrá la pena que estimen oportuno, éstos no remitir el asunto al órgano jurisdiccional inferior (e&w). En el permiso medioambiental o de planificación de recursos en la toma de decisiones administrativas puedan modificar la esencia de la Decisión.

Procedimientos judiciales

En el Reino Unido los procedimientos penales incoados por la Fiscalía en e&w (y por parte de las autoridades públicas o los particulares). Se inició mediante la emisión de una información en la Magistrates’ Court (e&w), citación en la Magistrates Court (ni) o por denuncia ante la «Sheriff Court» o juez de paz o en el Tribunal de primera instancia (Sheriff Court) un escrito de acusación o de un Alto Tribunal (Escocia). Los asuntos medioambientales (e&w) suele ser interpuesto por la Environment Agency, organismo de recursos naturales de Gales o por las autoridades locales.

Acciones civiles para resarcir los daños y a N.I. e&w son tramitadas por los tribunales de condado o el Tribunal Supremo, en virtud del cual la disposición «Civil Procedure Rule 1988 figura el modo en que deben presentarse asuntos y determinada. En Irlanda del Norte, las normas del County Court (Irlanda del Norte) de 1981 o las normas del Court of Judicature (Irlanda del Norte) de 1980 serán aplicables. En Escocia, el procedimiento está previsto en el procedimiento ordinario (Ordinary Cause Rules) del Sheriff Court o las normas del Court of Session. Los asuntos relativos al medio ambiente son generalmente acciones por molestias, ni alegar negligencia.

Acciones de someter a control judicial la decisión de una autoridad pública se incoarán en el Tribunal Supremo (art. 54 de las normas de procedimiento civil en e&w, la Order 53 of the Rules of the Court of Judicature (Irlanda del Norte) de 1980 o la norma 58 de las normas del Court of Session. Desde el punto de vista del medio ambiente se abordan los asuntos de la misma manera que otras revisiones judiciales.

La actuación judicial de oficio

Utilizar un procedimiento contradictorio ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido, en lugar de un país, lo que refleja el carácter inquisitivo del Derecho común del patrimonio. Así pues caso deberán interponerse por las partes y el juez no puede iniciar una actuación de oficio. En caso de que un asunto llegue ante el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Primera Instancia puede examinar de oficio cuestiones que las partes deben estar autorizadas para afrontar el juez sobre ellas.

III El acceso a la información

Las disposiciones relevantes del Convenio de Aarhus y de la Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del público a la información medioambiental se llevan a cabo en e&w N.I. y por el Reglamento sobre información medioambiental de 2004 (SI 2004/3391) y de la información medioambiental en Escocia (Scotland) Regulations 2004 (SSI 2004/52). Dichos documentos complementan la Freedom of Information Act 2000 (y a N.I. e&w) y la Freedom of Information Act de 2002 (Escocia).

Recursos

Cuando un solicitante de información considera que la autoridad de que se trate no ha cumplido una solicitud, el primer paso es acudir a la autoridad y con arreglo al Reglamento 11 (e&w N.I.) o 16 (SCOT) y le solicitará que revise su decisión. Si el demandante sigue sin estar satisfecha tras este proceso, presentar una denuncia en e&w n.i.to y la Oficina del Comisario de información en virtud de la sección 50 de la Ley de 2000 o de la Scottish Information Commissioner de conformidad con la sección 47 de la Ley de 2002. El recurso de casación contra la resolución del Commissioner generalmente se efectúan en e&w N.I. y ante el First-tier Tribunal o, en Escocia, a la Court of Session.

Si una autoridad rechace una solicitud, deberá escribir a la demandante y a explicar por qué la solicitud fue denegada. Debe decir qué exenciones se aplican (Reg 14(3)&(4) Y N.I e&w (13 (b) (c) & SCOT)) y qué pueden hacer si la demandante desea impugnar la decisión, reg. 14(5) OR13 (e)

Procedimiento

Los reglamentos obligan a la autoridad pública que posea la información medioambiental de ponerlo a disposición previa solicitud. Esta obligación está sujeta a una serie de excepciones que figuran en los Reglamentos nº 12 y nº 13 y a N.I. e&w (10 & 11 Polígono Industrial). La denegación de una solicitud de información medioambiental debe presentarse por escrito lo antes posible y antes de transcurridos 20 días (o 40 días en un caso complejo, Reg. 7)) (ambos después de la fecha de recepción de la solicitud, Reg. 14 (polígono 13). Una persona cuya solicitud haya sido denegada podrá pedir a la Autoridad que reconsidere su decisión. La decisión deberá notificarse lo antes posible, y no más tarde de 40 días después de la recepción de la solicitud de reconsideración, Reg. 11 (polígono 16). Si la denegación de divulgación se mantiene a la persona cuya solicitud haya sido denegada («el denunciante») podrá solicitar una decisión del Comisario, en la sección 50 de la Ley de 2000 tal como se aplica por el Reg. 18 (e&w N.I. y británicos) (sección 47). El Comisario se publica una decisión formal de 49(5), la sección 50(3) (SCOT) sobre la solicitud. El denunciante o la autoridad pública podrá recurrir ante el Tribunal contra la decisión de los Commissioners de aplicar, la sección 54 ibídem — como en el Court of Session escocés, (apartado 56). En e&w N.I. y un recurso ante el Tribunal de la función pública se rige por el procedimiento jurisdiccional First-tier Tribunal (General Regulatory Chamber) (apartado 2009). El escrito de recurso deberá ser recibida por el Tribunal en un plazo de 28 días a partir de la Comunicación de la decisión de los Commissioners, art. 28(1). Existe un recurso sobre una cuestión de Derecho ante el tribunal ante el Upper Tribunal.

Véanse los Comisarios y las informaciones controvertidas tienen facultad de entrada e inspección (sección 55) y a N.I. e&w (sección 54 SCOT) a fin de obtener información adicional si consideran que las disposiciones de la legislación no se está cumpliendo. Cuando la divulgación de la información sea impugnada ante los tribunales, el Tribunal examinará la información y se pronuncia sobre si debe hacerlo, habida cuenta de su contenido.

Los tribunales pueden ordenar la comunicación de la información en los procedimientos civiles y penales. Esto será (art. 31 de las normas de enjuiciamiento civil (e&w) (art. 9 bis, Ordinary Cause Rules) del Sheriff Court (SCOT) o las partes 21 a 26 de las normas de enjuiciamiento criminal e&w) Capítulo 7 bis (normas de procedimiento penal (SCOT).

IV el acceso a la justicia en la participación del público

Procedimientos administrativos

Las licencias medioambientales, tales como permisos para plantas de gestión de residuos o la extracción de agua la licencia es expedida por la Environment Agency (e), el Ministerio de Medio Ambiente en Irlanda del Norte ni a través de la Agencia de medio ambiente, la Agencia escocesa de protección del medio ambiente y de los recursos naturales, organismo en el País de Gales (en lo sucesivo, «órganos»). Las agencias también hacer cumplir la legislación de protección del medio ambiente tales como los traslados transfronterizos de residuos Regulations 2007 y las Producer Responsability Obligations (Packaging Waste) Regulations 2007. El Reglamento del medio marino está principalmente en manos de la Marine Management Organisation (e&w y a N.I.) que expedirán las licencias con arreglo a la parte 4 de la Ley «Marine and Coastal Access Act 2009». Descentralizada, las autorizaciones para la gestión marina de Escocia tiene un papel similar en aguas adyacentes a Escocia. Cuestiones de conservación de la naturaleza tales como el establecimiento y supervisión de sitios de interés científico especial (conocidas en Irlanda del Norte como zonas de especial interés científico) son gestionadas por Natural England, el Northern Ireland Environment Agency, por Scottish Natural Heritage y en el País de Gales por el organismo de recursos naturales.

Estos organismos se ocupan de cuestiones medioambientales importantes. Las autoridades locales también tienen un papel que desempeñar. Licencia de algunas instalaciones que se pueden ocasionar contaminación atmosférica, supervisar la calidad del agua potable y a la conservación de la naturaleza. Desempeñan un importante papel en el saneamiento de terrenos contaminados en la sección II A de la Ley de protección del medio ambiente de 1990. La Environmental Protection Act 1990 no comprende ni. Los suelos contaminados en ni están cubiertos por la parte III de los residuos y los suelos contaminados (NI) Order 1996, que no se ha comenzado.

Las decisiones de estos organismos, ya sean locales, regionales o nacionales, como las agencias, suelen ser objeto de recurso ante el Gobierno (Secretario de Estado, Ministros de Gales o Escocia). Así, por ejemplo, una Decisión por las agencias para denegar una licencia/permiso de extracción de agua (controlada actividades reglamentarias licencia) pueden ser recurridas ante el Ministro o los Ministros por la parte que haya perdido el procedimiento. En Irlanda del Norte, pueden interponerse ante el Planning Appeals Comisión.

Hace un llamamiento al Secretary of State, los Ministros o el Planning Appeals Comisión solo están disponibles para los solicitantes de la licencia, etc., o la persona que fuere objeto de una orden. Raramente se pueden ser enviados directamente al Tribunal de Justicia. Cualquier otra persona que tenga interés en el asunto y que pretende interrogar a cualquier resolución en primera instancia puede solicitar la autorización de interponer un recurso judicial contra la decisión.

Control jurisdiccional de los procedimientos administrativos

En general, las soluciones alternativas deben agotarse antes de la presentación de una solicitud de revisión judicial. Esta norma no tiene una importancia decisiva, pero el solicitante deberá contar con la autorización del Tribunal de Justicia para interponer el recurso y podrá denegarse la autorización si no se han agotado las vías de recurso alternativas (por ejemplo, RUP) & Davies (R/Financial Services Authority [2003] EWCA Civ. 1128. En Escocia, el Court of Session Rules, el capítulo 58.3 establece que las revisiones no será admisible si el asunto puede tramitarse por un procedimiento de recurso o revisión con arreglo o en virtud de una ley.

Control jurisdiccional en e&w, Escocia o Irlanda del Norte se centrará en irregularidades de procedimiento. Que puede incluir cuestiones como la omisión de consultar adecuadamente a las personas que puedan resultar afectadas por un sistema (Greenpeace Ltd) — R/Secretary of State [2007] EWHC 311 (Admin) — en caso de no seguir los pasos procedimentales requeridos por la legislación pertinente o las normas — R (Consejo Municipal de Cambridge Kerr) V [2011] EWHC 1623 (Admin), y en la falta de motivación de la Decisión — R (distrito londinense de Hillingdon) v Secretary of State for Transport [2010] EWHC 626 (Admin).

Los órganos jurisdiccionales deberán examinar la legalidad de fondo de la Decisión. Una autoridad pública debe actuar dentro de las competencias que tiene atribuidas por el Parlamento — Stewart contra el Ayuntamiento de Perth y Kinross [2004] SC (71 hl). En caso contrario, el ejercicio de una supuesta facultad es ultra vires — fuera del cuerpo — y se anuló. No obstante, los órganos jurisdiccionales no efectuará interpretaciones sobre una autoridad o un órgano elegido democráticamente, al igual que la Agencia de Medio Ambiente es designado por el Parlamento para ejercer facultades estatutarias. como la autoridad a la que se haya encomendado a la Agencia, no a los órganos jurisdiccionales nacionales. Pero si la decisión sustantiva es tan irrazonable que no existe ninguna autoridad, asesorados convenientemente, lo habría aprehendido como un tribunal podrá anularla — R (ciudad de Leeds technoprint Ltd) v Consejo [2010] EWHC 581 (Admin).

En general, los órganos jurisdiccionales no se verifique apreciaciones y cálculos materiales y técnicos en el control jurisdiccional. Salvo que una parte formule la cuestión estas materias se considerarán determinó acertadamente por la autoridad pública. En caso de litigio, puede tratarse de documentos o, en casos excepcionales, por «contra-interrogatorios» de los testigos (McVEY) — R/Secretary of State for Health, Rec. [2010] EWHC 437 (Admin).

Revisión de las decisiones de planificación de uso de la tierra

Planificación del uso del suelo en e&w está prevista en la Town and Country Planning Act de 1990 (Planning (N.I.) Order 1991. Escocia — Town and Country Planning (Scotland) Act 1997). En e&w, estrategias regionales son exigidas por la parte 5 de la democracia local, el desarrollo económico y la construcción Act de 2009 y los documentos de desarrollo local se llevará a cabo con arreglo a la parte 3, la parte 6 (b) de la planificación y expropiación Act 2004. El Planning Act de 2008, establece un régimen especial para los grandes proyectos como aeropuertos o grandes embalses. En Irlanda del Norte, los proyectos podrán tramitarse mediante el artículo 31 de la planificación (Northern Ireland) Order 1991. En Escocia, la Ley de 1997 establece el marco de planificación nacional (parte 1a) y de carácter estratégico y los planes locales de desarrollo (parte II).

En Inglaterra, País de Gales e Irlanda del Norte, todas estas estrategias o planes estarán normalmente sometidos a información pública. Un inspector (Comisario N.I. Reporter (s)) celebrará la investigación e informará al Secretario de Estado (e) o bien que N.I. s&w (ministros). El Secretario de Estado y de Ministros podrá exigir una autoridad a reconsiderar partes del plan.

En Escocia, el marco nacional de planificación se publicará, previa consulta pública y su tramitación parlamentaria; y estratégicos y los planes de desarrollo local serán objeto de exámenes, llevadas a cabo por periodistas, en cuestiones pendientes resultantes de la consulta pública.

Cuando una estrategia o plan ha sido aprobado formalmente por la Autoridad toda reclamación deberá presentarse en el plazo de seis semanas a partir de dicha aprobación. El desafío solo puede realizarse mediante una «persona perjudicada» por el documento pertinente en el argumento de que no corresponde a la potencia apropiada o que un requisito de procedimiento no se ha cumplido. El asunto será abordado por la High Court (e&w y a N.I.) o la Court of Session (s) — Planning Act de 2004, sección 113, t&cp (s) a 1997, S. 238. La Tribunal superior puede invalidar el documento pertinente en su totalidad o en parte, o bien devolver a la autoridad que lo adopta con las direcciones pertinentes — PA 2008, S.113 (7) — (7c), mientras que la Court of Session podrá anularla total o parcialmente — s. 238(2) (b). Los procedimientos son incoados con arreglo a la parte 54 de las normas de procedimiento civil (e&w) Order 53 of the Rules of the Court of Judicature (Irlanda del Norte) de 1980, el capítulo 58 de las normas del Court of Session (s)), y pruebas de los documentos o declaraciones por escrito — véase por ejemplo, oído/broadland District Council & Ors [2012] EWHC 344 (Admin).

Evaluación de impacto ambiental (EIA)

La anemia infecciosa equina es prescrita para las solicitudes de autorización para determinados cambios en Inglaterra por la Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) Regulations 2011 — SI/2011/1824 y en Irlanda del Norte por el Planning (Environmental Impact Assessment) Regulations (Northern Ireland) 2012 (N.I W. s 2011/139 2012/59, SI 1999/293). Estos Reglamentos de desarrollo se complementarán con otros relativos a los regímenes específicos tales como los recursos hídricos (evaluación de impacto ambiental) (e&w) Regulations 2003, si 2003/164.

Pueden examinar las decisiones de examen de los tribunales mediante un recurso judicial. Una solicitud (e&w) debe interponerse en un plazo de tres meses a partir de la decisión de que se trate — R (u & ptnrs (East Anglia) Ltd/Autoridad broads [2011] EWHC 1824 (Admin). La reposición de conformidad con la parte 54 de las normas de procedimiento civil (e&w), el capítulo 58 de las normas del Court of Session (s) La Order 53 of the Rules of the Court of Judicature (Irlanda del Norte) de 1980). La revisión podrá tener por objeto una falta de seguimiento adecuado procedimiento — R (Birch) v Barnsley MBC [2010] EWCA Civ 1180 — Falta de motivación respecto a los motivos por los que no es necesaria una EIA (Bateman) — R/Sur Cambridge DC [2011] EWCA Civ 157, bien porque no se disponía de suficiente información sobre los que la autoridad responsable del plan pueda determinar si se requiere o no una EIA — R (cooperativa Group Ltd/Consejo de Northumberland [2010] EWHC 373 (Admin).

Las decisiones sobre el alcance, también pueden ser revisadas por los tribunales. Las normas son las mismas que para cualquier otro control judicial de una decisión de EIA. No obstante, el Reglamento establece la autoridad de planificación para dar su opinión sobre la delimitación del campo a petición del promotor. Cuando incumpla esta obligación, la solución es solicitar al Secretary of State (Ministro) para dar una orientación pertinente. Las revisiones de este modo la delimitación del campo son muy raros en caso de que se haya solicitado un dictamen; Aunque el objetor pueda impugnar el dictamen o la dirección.

Decisiones finales también puede ser impugnada mediante un recurso de anulación del mismo modo que otras revisiones judiciales de EIA. La revisión de una resolución definitiva puede examinar la suficiencia de las EIA, pero los tribunales son reacios a encontrar un documento que ha pasado por el procedimiento EIA inadecuado — R (Edwards & Pallikaropoulos) v. Environment Agency [2008] UKHL 22. Los tribunales consideran que el Reglamento reconoce que una declaración medioambiental puede ser deficiente, y tomará las medidas necesarias a través de la publicidad y los procesos de consulta de toda deficiencia que haya de ser identificado de manera que la «información sobre el medio ambiente» establece la autoridad de planificación local con una imagen tan completa como sea posible. Puede haber casos en los que el documento que se presente una declaración medioambiental no podía calificarse válidamente de declaración medioambiental según se definen en los reglamentos, pero es probable que sean escasas y V) — R (miembro del Consejo del Condado de Derbyshire blewett [2003] EWHC 2775 (Admin).

El Tribunal examinará la legalidad procedimental de decisiones de la EIA. No podrán entrar en el fondo del asunto, a menos que pueda demostrarse que la decisión que le fue ilógica Bowen Oeste) (R/SOS for Communities and Local Government, [2012] EWCA Civ 321, el Tribunal examinará las pruebas adicionales en relación con las conclusiones esenciales y técnicas, etc.. Un error de hecho que dé lugar a injusticias es un motivo válido de revisión, pero dicho error debería haber efectuado una diferencia importante para la decisión pertinente — eley/SOS for Communities and Local Government, [2009] EWHC 660 (Admin).

La solicitud de revisión puede efectuarse por cualquiera de las partes «afectadas» por la Decisión t&cpa 1990 s. 288(1) (t&cp (s) a 1997, S. 239, aplicado por el Reglamento 42 de la Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) (Scotland) Regulations 2011). Si bien normalmente la participación en la Decisión pretendía ser impugnadas, no puede ser determinante si el demandante tiene un interés sustancial que resulte perjudicado por la Decisión — Ashton/SOS for Communities and Local Government & Ors [2010] EWCA Civ. 600. Las organizaciones no gubernamentales pueden tener un interés suficiente, pero pueden tener que hayan participado en el procedimiento de recurso judicial que vayan a permitirse.

Un órgano jurisdiccional puede ordenar medidas provisionales para poner fin a un proyecto en el que se alega que el informe de impacto ambiental fue inadecuada en espera de la resolución de tal cuestión — Belice alianza de ONG de conservación/Department of the Environment ukpc [2003] 63. Una solicitud de un mandamiento judicial se hará según el objeto de un recurso jurisdiccional. Habitualmente el solicitante tendrá que proponer al Tribunal de Justicia una empresa que satisfaga cualquier pérdida causada al promotor si la medida cautelar es denegada. En e& W y ni si, en un asunto al que se aplique el Convenio de Aarhus, el Tribunal haya llegado a la conclusión de que una medida es necesaria para evitar daños significativos al medio ambiente y a preservar la base fáctica del litigio, procede, para decidir si debe reclamar a una empresa y sus condiciones, tener en cuenta en particular la necesidad de la orden general, como sería el caso de continuar con un coste excesivamente oneroso para el demandante y a hacer las instrucciones necesarias para garantizar que el proceso se celebra en el más breve plazo posible. [Instrucciones prácticas (25, Civil Procedure Rules (e&w)] y la protección en materia de costas (Convenio de Aarhus) Regulations (Northern Ireland) 2013 (ni)), el Tribunal examinará el equilibrio de conveniencia entre las partes en la determinación de la demanda — SAVE I (SOS) contra el patrimonio del Reino Unido para las comunidades y el Gobierno local & o [2010] EWCA Civ. 1500. No existen normas especiales aplicables a los casos de cesación de la EIA.

Las decisiones de PCIC

Las decisiones relativas a la PCIC adoptadas en e&w elaboradas al amparo de la autorización ambiental (England and Wales) Regulations 2010-2010/675. En Irlanda del Norte se realizan en la prevención y control de la contaminación (ni) Regulations 2013 — SR 2013/160. En Escocia se realizan en la prevención y control de la contaminación (Scotland) Regulations 2000 (SSI) y 2000/323 de prevención y control integrados de la contaminación (Scotland) Regulations 2012 (SSI 2012/360).

Las decisiones de PCIC puede ser examinada por los tribunales del mismo modo que otras decisiones administrativas. Una persona que pretenda impugnar una decisión deben tener una importancia suficiente. El desafío que se presenta en la parte 54 de las normas de procedimiento civil (e&w), la Order 53 of the Rules of the Court of Judicature (Irlanda del Norte) de 1980, el capítulo 58 de las normas del Court of Session (s)). Las pruebas se facilitan de conformidad con las normas pertinentes y generalmente mediante declaración escrita de su testimonio y documentos.

Los órganos jurisdiccionales deberán examinar si se ha seguido el procedimiento correcto (vidrio Rockware) — R/Chester City Council [2006] EWCA Civ. 992. Éstas decidirán si la instalación entra en el ámbito de aplicación de los reglamentos pertinentes — Scottish Power Generation (nº 2) contra la Scottish Environment Protection Agency (2005 SLT 641. No considerar el fondo de la Decisión, lo que sería usurpar la función del organismo encargado por el Parlamento, para tomar esta decisión. Se pasará revista a la prueba técnica y si la decisión se basó en un error material que afectaba a la Decisión pueden revocar dicha decisión.

En R (Edwards) contra la Agencia de Medio Ambiente [2004] EWHC 736 el Sr. Edwards residía en una localidad de una fábrica de cemento que solicitaba un permiso PCIC en virtud de los Reglamentos. Miembro del Comité de evaluación no formuló ninguna observación durante la consulta a la Agencia. Inició el procedimiento de revisión judicial de la Decisión. A pesar de que estaba sin hogar temporalmente en el momento en que se declaró que había un interés suficiente como residente para interponer el recurso.

La imposición de medidas cautelares en los procedimientos judiciales de recurso disponibles en los casos de anemia infecciosa equina. No existen reglas especiales aplicables a los procedimientos de PCIC aparte de las aplicables en general a escala nacional.

/acceso a la justicia contra actos u omisiones

Las demandas civiles

Un civil — en lugar de penales — pretensión pueda formularse contra una persona cuyas actividades afecten negativamente a la propiedad privada. Este suele ser un recurso que debe interponerse en molestias por alguien que disfrute el disfrute exclusivo de la propiedad. Los principios para determinar si una molestia ha sufrido por la demandante fueron expuestos en la sentencia Barr/Biffa [2012] EWCA Civ. 312. El inglés (EN) y el derecho de molestia ni figura en los libros de texto, como Secretario & lindsell 20ª edición relativa a los hechos dañosos. Capítulo 20. En estas jurisdicciones, no existe ningún requisito para probar la culpabilidad de la parte demandada. En Escocia, el ensayo de molestias es ligeramente diferente, lo que puede razonablemente considerarse comportamiento intolerable o como algo que no sería tolerada por una persona razonable — Robb/Dundee City Council 2002 SC 301. Además, debe existir una prueba de culpa — RHM panaderías (s)El enlace abre una nueva ventana Ltd/Strathclyde RC 1985 SC (17 hl)

Cuando los contaminantes del suelo derivadas de una persona a otra de las personas cuyas tierras están contaminadas puede tener una acción en la infracción. También puede ser negligente de provocar daños medioambientales, de modo que, si los daños se causaron el daño y la persona física que lo causa tiene un deber de asistencia a la persona padezca, éste será responsable. En todos los casos, los órganos jurisdiccionales pueden conceder una indemnización económica y también podrán dictar un mandamiento judicial, para evitar que se repita esta tragedia.

Créditos en la infracción o negligencia, molestias pueden ser efectuados directamente contra los entes públicos cuando su actividad haya causado los daños, Dennis/Ministerio de Defensa [2003] EWHC 793 (q ter). Sin embargo, si la causa del perjuicio es el resultado de un organismo que realiza las operaciones autorizadas por la ley, deberá demostrarse que hubiera actuado culposamente — Allen/Golfo del refino de petróleo Ltd [1981] AC 1001. Si el reproche de negligencia equivale a decir que el organismo competente debería haber gastado fondos públicos para evitar el perjuicio, el órgano jurisdiccional puede considerar que no se trata de justiciables como decisiones en cuanto a la financiación del gasto de este organismo — Dobson contra Thames Water Utilities Ltd, [2011] EWHC 3253 (TCC). En caso de que la expedición de una autorización medioambiental ni licencia de obras ocasiona daños a alguien, el mencionado organismo del Estado que haya expedido el permiso o autorización rara vez se incurrió tanto en responsabilidad por culpa como organismo generalmente adeuda ninguna cantidad en concepto de deber de asistencia a la persona afectada.

Las autoridades no pueden, en general, obligada a indemnizar a una persona por el incumplimiento de un deber simplemente SA — Bourgoin/Ministry of Agriculture Fisheries and Food [1986] 716 QB. No obstante, cuando en un control jurisdiccional el Tribunal de Justicia detecte una infracción del Derecho puede conceder una indemnización por daños y perjuicios, siempre que los daños no son la única reparación reclamada. Además la indemnización de daños y perjuicios podrá concederse cuando la infracción de la demandante se encuentra en materia de derechos humanos. Una demanda contra un organismo estatal puede incluir una demanda de cesación.

Responsabilidad medioambiental

La Directiva de la UE sobre responsabilidad medioambiental (2004/35/CE) se aplica en Inglaterra por los daños medioambientales (prevención y reparación) Regulations 2009, si 2009/153 (W. 2009/995) en Irlanda del Norte son aplicados por IE 2009/252», y en Escocia, «The Environmental Liability (Scotland) Regulations (SSI 2209/266). Las autoridades competentes a los efectos de la Directiva son e&w normalmente en los recursos naturales o la Agencia de Medio Ambiente de Gales, organismo Natural England, pero sí para los hábitats o especies en tierra o el Secretario de Estado de la mar. En N.I. el Department of the Environment sea la autoridad, mientras que en Escocia como generalmente es sepa pero Scottish Natural Heritage en caso de daños causados a especies y hábitats protegidos en tierra o aguas interiores y los ministros escoceses de los daños en el mar territorial o las aguas territoriales.

Los reglamentos prevén una «persona interesada» — entre las que se incluiría a una organización no gubernamental que promueva la protección del medio ambiente) a fin de poder solicitar a la autoridad competente que actúe en virtud de los mismos. La solicitud debe presentarse por escrito y exponer sus intereses (e&w y N.I) y ofrecen información suficiente para que la autoridad pueda determinar la naturaleza y localización del incidente.

El examen de las decisiones adoptadas por las autoridades competentes sobre las peticiones de acción en virtud de los reglamentos serán las mismas que para cualquier otro control jurisdiccional. El Tribunal velará por que los procedimientos correctos. El Consejo examinará la legalidad de la Decisión. Podrá intervenir por razones técnicas u otras si estos errores fueron errores materiales y que afectó a la Decisión puede anular dicha Decisión.

Una acción de responsabilidad se incluirán en la parte 54 de las normas de procedimiento civil (e&w), la Order 53 of the Rules of the Court of Judicature (Irlanda del Norte) de 1980, el capítulo 58 de las normas del Court of Session (s)). El demandante presenta su reclamación de «judicial review» ante la High Court (formulario e&w) de conformidad con la parte 54, o bien que N.I.) Order 53 (ni en Escocia una petición en virtud del capítulo 58 del Reglamento. Las pruebas se facilitan de conformidad con las normas pertinentes y generalmente mediante declaración escrita de su testimonio y documentos.

Anexo VI Other Means of Access to Justice

En e&w S un recurso legal y de molestias — una molestia, definida en el Estatuto — puede presentarse en un Tribunal de Primera Instancia o Sheriff Court en virtud de la parte III de la Environmental Protection Act 1990. La sección 79 (1) de la Ley establece lo que constituye una molestia legal. En el punto 82 una persona puede ejercitar su acción ante el tribunal competente si está «perjudicados» por las molestias. El tribunal puede dictar una orden por lo que respecta a la reducción de las molestias y la multa, con arreglo a la sección 82, la parte demandada. En N.I. este conforme a lo dispuesto en la parte 7 de la Empresa Común Clean barrios and Environment Act (Northern Ireland) 2011.

El Defensor del Pueblo parlamentario (e&w), la Asamblea del Pueblo (N.I.) o la Scottish Defensor de los servicios públicos investigar asuntos de mala administración por parte de las administraciones públicas. El gobierno local en e&w, defensores del pueblo hará lo mismo para las autoridades locales, mientras que en Irlanda del Norte se llevará a cabo por el Defensor del Pueblo de Irlanda del Norte — spso investiga los ayuntamientos de Escocia. La e&w defensores del pueblo pueden actuar conjuntamente en un caso de mala administración de la Agencia de medio ambiente y dos autoridades locales que los denunciantes están condenadas a pagar un total de 95,000 UKL en concepto de un trato inadecuado de un vertedero ilegal de residuos. Reclamaciones ante el Defensor del Pueblo parlamentario e&w debe ser transmitido por un miembro del Parlamento Europeo — Asamblea del Pueblo por un miembro de la Asamblea. Una queja ante el Defensor del Pueblo del gobierno local, ni un Defensor del Pueblo o spso deberá formularse exclusivamente una vez que el organismo competente haya tenido la posibilidad de tratar esta cuestión. Los Defensores del Pueblo pueden solicitar al organismo de una ausencia, devolución de dinero debido, por ejemplo, impuestos, prestaciones o, por ejemplo, de los retrasos, de procedimientos más eficaces o mejor los procedimientos administrativos del organismo pertinente.

Ejercicio en relación con los delitos contra el medio ambiente (e&w) suele ser interpuesto por la autoridad competente en relación con esta infracción como, por ejemplo, la Agencia de medio ambiente. Estas autoridades tienen competencias para investigar delitos y entrar en terrenos o edificios así como tomar muestras y entrevistar a personas en relación con una presunta infracción.

Puede interponerse una acción privada en e&w respecto de muchos delitos ambientales — Ley de encausamiento de los delitos de 1985, sección 6, pero algunos solo pueden ser presentadas por o con el consentimiento del Director of Public Prosecutions). En Escocia privados los enjuiciamientos son muy poco frecuentes y requieren el consentimiento del Lord Advocate. En Irlanda del Norte con acusación particular puede ser necesario el consentimiento del Director of Public Prosecutions).

La mayoría de los organismos gubernamentales nacionales o locales tendrán también mecanismos de reclamación interna. Si los resultados no son satisfactorios, el demandante puede acudir al Defensor del Pueblo o interponer un recurso judicial. Existen motivos específicos para las organizaciones de servicios públicos, como los de agua, — el Consejo de consumidores de agua (industria e&w) o el agua, la Commission for Scotland (Consejo de Consumidores N.I.)

Capacidad procesal VII

Las organizaciones no gubernamentales pueden tener un interés suficiente, pero probablemente, la jurisprudencia no proporciona seguridad — tienen que hayan participado en el procedimiento de recurso judicial que vayan a permitirse. En la práctica, hay pocos ejemplos de que se niega la capacidad procesal de los particulares y las ONG. Una asociación no constituida como miembro del Club no tenga personalidad jurídica y no pueda actuar ante los tribunales. Acciones por o contra tales asociaciones hayan sido interpuestas por o contra el presidente u otro miembro. Sin embargo, estas organizaciones podrán someterse a un control jurisdiccional — R/Panel sobre adquisiciones y fusiones ex p. datafin QB 815 [1987].

Capacidad procesal

Procedimiento administrativo

Planificación o IPPC (investigación)

Procedimiento judicial

(revisión judicial)

El titular del permiso o el promotor solo podrá interponer recurso de casación

Participar en el recurso de casación

Cualquier persona con un «interés suficiente» — véase AXA Seguros Generales Ltd/The Lord Advocate [2011] UKSC 46.

Particulares

ONG

Otras entidades jurídicas

Grupos ad hoc

ONG extranjeras

Cualquier otro

Para interponer una acción civil privadas de molestias, como el ruido o los olores — el solicitante deberá poseer en exclusiva los bienes afectados por la perturbación. Sin embargo, una «molestia» acción legal en virtud de la sección 82 de la Ley de protección del medio ambiente de 1990 puede ser ejercida por una persona perjudicada por la «molestia».

Toda persona está legitimada para interponer una acción penal privada siempre y cuando éste esté disponible.

No existen normas distintas para la legislación sectorial. En el Reino Unido la vía judicial se aplican a todas las revisiones judiciales. Aunque la legislación medioambiental, como la concesión de autorizaciones (England and Wales) Regulations 2010 (SI 2010/675), en la parte 1 del anexo 5 en e&w contiene una disposición especial para consulta pública, la definición de «parte consultada pública» es «una persona que considera se ve afectada por el regulador, que pueda verse afectado o que tenga un interés por una solicitud.» No hay ninguna diferencia entre el nivel de control jurisdiccional ordinario «interés suficiente». La expresión «interés suficiente» a los casos de revisión judicial fue considerada en general de seguros Axa Ltd/The Lord Advocate [2011] UKSC 46.

La acción popular no está prevista formalmente en el Derecho interno del Reino Unido. Sin embargo, los derechos de los particulares o las ONG para intervenir en decisiones administrativas significa que existe efectivamente tal acción.

Un organismo estatal es una entidad jurídica como una empresa privada. En nombre de la Environment Agency, por ejemplo, es una persona jurídica. Puede ejercitar o defender las acciones judiciales. Por consiguiente, la Agencia podría en teoría interponer un recurso para el control judicial de una decisión adoptada por otro órgano de la administración. Lo mismo puede decirse de los defensores del pueblo o los fiscales, como el Servicio de Fiscalía de la Corona. Sin embargo, esto es muy improbable a ocurrir nunca en la práctica y los órganos jurisdiccionales no están a favor de este tipo de acción y esperan que los organismos de la administración puedan resolver sus diferencias sin recurrir a procedimientos judiciales.

ANEXO VIII representación legal

El Reino Unido tiene un sistema acusatorio como reflejo de su patrimonio el Derecho común. En un recurso contencioso-administrativo (e&w medioambiental), el abogado del demandante formulará la solicitud de autorización para interponer el recurso, exponiendo los motivos en los que se basa. La solicitud se tramita generalmente en las pruebas del demandante sin juicio oral. Sin embargo, en la vista oral, el abogado de la parte demandada hubiera pueden asistir y explicar al Tribunal de Justicia por qué se considera que no debe concederse el permiso. Si se concede la autorización, el demandado deberá presentar sus pruebas. Ambos abogados presentará un esqueleto alegación ante el Tribunal de Justicia y presentar un resumen de su caso. En la vista cada abogado complementarán el esqueleto argumento con observaciones orales.

No es obligatorio disponer de un abogado en cualquier audiencia medioambiental o de planificación, ya sea a un control judicial o administrativo de otro tipo.

Los abogados especializados en Derecho medioambiental pueden encontrarse utilizando bases de datos tales como las cámaras & socios o el 500. Estos repertorios se publican cada año. El Derecho medioambiental Foundation — ELF) está especializado en Derecho ambiental y el Reino Unido de juristas por el medio ambiente (UKELA) es un órgano formado por abogados especializados en asuntos medioambientales. La Planning and Environmental Bar Association (PEBA) es un órgano formado por abogados que ejercen en e&w casos de medio ambiente y de urbanismo.

ANEXO IX pruebas

En las causas penales pruebas de testigos prestar declaración oralmente y estar sujetas a controles cruzados. En las demandas civiles se presentan declaraciones testificales escritas sobre el que están sometidos a un contra-interrogatorio por su honor (e&w). En Escocia se ha demostrado de forma oral de testigos. En las audiencias en los procedimientos administrativos, como la planificación de las investigaciones están previstas declaraciones de testigos que estén encaminadas a examinar a los testigos, pero rara vez bajo juramento. En el marco de audiencias todas las pruebas escritas o declaraciones juradas de documentos sin ningún examen cruzado (e&w). Más revisiones judiciales en Escocia se deciden a primera vista, sobre la base del argumento jurídico, pero si hay una audiencia sobre pruebas, que sería presentada verbalmente por los testigos.

La declaración de los testigos en los casos penales graves son evaluados por un jurado. Si bien el juez puede pronunciarse sobre los elementos de hecho, el jurado es el único juez de los hechos del asunto. En todos los demás ensayos el magistrado, un Juez o un inspector (periodista) evalúa los motivos alegados. Debe tener en cuenta todos los datos invocados y explicará las razones para preferir una cara a otro.

Corresponde a las partes presentar pruebas para el Tribunal de Justicia. El control jurisdiccional de la autoridad administrativa cuya decisión sea objeto de revisión tiene la obligación de comunicar todos los documentos pertinentes y el deber de sinceridad. Pueden introducirse nuevas pruebas que sean significativos. El tribunal puede solicitar pruebas de una u otra parte, pero generalmente no es el caso.

Las partes pueden encargar a expertos para que testifique en un asunto. Por ejemplo, en una demanda civil, cualquiera de las partes podrá encargar a expertos sobre el funcionamiento del sistema de que se trate y la forma en que los estragos de evitarla. El Tribunal de Justicia podrá decidir que esta prueba se aportará mediante un conjunto de expertos (e&w).

Prueba pericial no es vinculante para el juez. Corresponde al Juez para apreciar todos los elementos de prueba y aceptar o rechazarlo. En las causas penales, el papel de los expertos es proporcionar al juez o al jurado criterios científicos necesarios para probar la exactitud de sus conclusiones, de manera que el juez o a crear su propio jurado independiente por la aplicación de estos criterios a los hechos probados en la prueba.

Una orden de reparación X

En algunas legislaciones se prevé que la interposición de un recurso no produce el efecto de suspender la ejecución de una decisión o notificación — por ejemplo, permisos ambientales (England and Wales) Regulations 2010, Reg. 31. En otra legislación se afirma que el anuncio pertinente no tendrá efecto hasta que el recurso sea finalmente determinado o retirada — Town and Country Planning Act de 1990, s. 175(4) (en Escocia, la Ley de 1997 s. 131(3)). En el marco de este procedimiento, el demandante puede pedir al Tribunal una demanda de medidas provisionales para suspender los efectos de la decisión de que se trate hasta que se decide sobre el asunto.

Cuando la legislación dispone que la interposición del recurso no suspende la decisión o notificación o comunicación, dicha decisión tendrá efecto inmediato. En caso de que dicha norma es que el anuncio no surtirá efectos hasta que el recurso se determina la autoridad pueden responder a otro anuncio para detener la actividad inmediatamente — por ejemplo, una parada en casos de planificación — Town and Country Planning Act de 1990, sección 183 (Scotland) Act 1997, S 140. No obstante, puede verse obligado a compensar a una persona afectada adversamente por el preaviso desde el momento en que la orden es anulada. Cuando la legislación otorga a la autoridad la facultad discrecional de decidir si suspende o no la comunicación a la espera de recurso legal — por ejemplo, las molestias (Appeals) Regulations 1995, Reg. 3), el Órgano de Vigilancia debe tener adecuadamente en cuenta el equilibrio entre el interés público en el anuncio con efecto inmediato y las consecuencias de que la persona que haya recibido la notificación a la Autoridad Portuaria de Cromarty Firth — anuncio/Ross s.l.t. Cromarty District Council 1997 y 254.

Un civil — a diferencia de — Tribunal penal puede dictar un requerimiento cautelar — prohíbe en Escocia — detener un proyecto cuando se alega que la decisión administrativa fue insuficiente en espera de la resolución de tal cuestión — Belice alianza de ONG de conservación/Department of the Environment ukpc [2003] 63. No existen normas especiales en materia de imposición de medidas cautelares en asuntos medioambientales. Autoridades locales y de otro tipo, así como la expedición de avisos de seguridad, pueda ejercitar una acción de cesación contra quien infrinja la legislación pertinente, como la Ley de protección del medio ambiente de 1990, s. 81(5).

Acciones de cesación (interdicts) también pueden concederse en casos entre particulares o de otras entidades jurídicas. Mandamientos judiciales suelen ser firmados para detener una actividad obligatoria, pero a veces se concede a requerir mandamientos de hacer algo a alguien. Cuando exista el riesgo de que un daño inminente una orden conminatoria de cesación quia timet — donde se teme pero no ha eventuated — podrán concederse, pero solo ocasionales.

Una solicitud de medidas cautelares (prohíbe) se efectuará según el objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso entre particulares, etc. Los plazos para solicitar un mandamiento judicial son aquellos para los que presenta la demanda. La solicitud de tramitación urgente de la petición de requerimiento cautelar pueden presentarse antes de la expedición. Cuando prohíbe la adopción de medidas provisionales (generalmente) se solicita, el solicitante tendrá que proponer al Tribunal de Justicia una empresa que satisfaga las pérdidas causadas a la defensa si la medida cautelar es denegada. En e& W y ni si, en un asunto al que se aplique el Convenio de Aarhus, el Tribunal haya llegado a la conclusión de que una medida es necesaria para evitar daños significativos al medio ambiente y a preservar la base fáctica del litigio, procede, para decidir si debe reclamar a una empresa y sus condiciones, tener en cuenta en particular la necesidad de la orden general, como sería el caso de continuar con un coste excesivamente oneroso para el demandante y a hacer las instrucciones necesarias para garantizar que el proceso se celebra en el más breve plazo posible. [Instrucciones prácticas (25, Civil Procedure Rules (e&w)] y la protección en materia de costas (Convenio de Aarhus) Regulations (Northern Ireland) 2013 (NI). El tribunal examinará el equilibrio de conveniencia entre las partes en la determinación de la demanda — SAVE I (SOS) contra el patrimonio del Reino Unido para las comunidades y el Gobierno local & o [2010] EWCA Civ. 1500. Los órganos jurisdiccionales tienen la facultad de suspender la ejecución de una orden conminatoria. La persona que es objeto de la orden conminatoria puede presentar una solicitud para descargarlo.

La decisión de un tribunal que conceda una orden conminatoria (prohíbe) pueden ser recurridas ante una instancia superior. Normalmente, el recurrente deberá abandonar el órgano jurisdiccional que haya expedido el requerimiento o el Tribunal de Apelación.

XI Costes

Un solicitante de acceso a la justicia en materia de medio ambiente puede tener que pagar las costas judiciales, los honorarios de abogados, los gastos de peritaje, costes de otros testigos y los costes necesarios para la preparación de los documentos, planos, etc.

Tasas judiciales

No hay tasas judiciales con respecto a los asuntos penales en primera instancia sino de apelación ante un órgano jurisdiccional superior puede implicar el pago de una tasa.

La tasa judicial para solicitar un control judicial inicial es de 60 GBP (e&w). Para iniciar una acción civil en el e&w la tasa varía en función de la cantidad reclamada. Si el crédito es por un valor de entre 1,000 y 1,500 libras esterlinas, la tasa es de 70 GBP. Si vale la pena entre 15,000 y 50,000 libras esterlinas, la tasa es de 340 GBP. La solicitud de autorización para interponer recurso de apelación ante la Court of Appeal es de 235 GBP más 465 GBP en una fase posterior. Los demandantes pueden acogerse a la exención de tasas en función de sus propias circunstancias.

Todas las peticiones al exterior o interior House of the Court of Session escocés coste 180 UKL, recursos ante el High Court of Justiciary son de 90.

En Irlanda del Norte un aviso de propuesta de revisión judicial cuesta 200 GBP. Una demanda civil ante la High Court una tasa de 300 libras. Interponer el recurso es de 500 GBP.

Costas

El nivel de los costes puede variar considerablemente en función de la naturaleza y la complejidad del asunto, la experiencia del abogado y la cantidad de documentos. En e&w honorarios del letrado de expedientes que serán objeto de litigio se conoce como «gastos controvertidos». El solicitor le suele cobrar una tarifa horaria en función del grado de ingresos de tasa. Así pues una para-legal pudiera cobrar a 80 GBP por hora, mientras que un socio pudiera cobrar a 200 GBP por hora. En el caso un breve cobrará un canon y las tarifas horarias de trabajo de redacción o de otro tipo. En Escocia, el concepto de «gastos» se denominan «gastos.» para dar una idea de los costes en los casos de revisión judicial en el asunto Allen/Secretary of State for Communities and Local Government, [2012] EWHC 671 (Admin), la demandante obtuvo inicial de 9,456 UKL más IVA caso por día. En carretera sentido/ministros escoceses [2011] csoh 10 de un lado los gastos ascendían a 82,000 GBP y 90,000 GBP por una audiencia de cuatro días. Esta gama de costes es similar en todas las jurisdicciones del Reino Unido.

Costes de las demandas civiles pueden ser más elevados, lo que refleja el Derecho común de los ordenamientos jurídicos en el Reino Unido, que se basa en la jurisprudencia y no un código civil correspondiente y la ausencia de una misión de investigación a los jueces (es decir, una carga más pesada recaiga sobre las partes y sus representantes legales que presenten la jurisprudencia pertinente ante los tribunales). En caso de molestias — bontoft/East Lindsey District Council [2008] EWHC 2923 (q ter) — una parte de los costes de 195,000 libras esterlinas para un ensayo de seis días. Costas puede incrementarse en casos adoptada con arreglo a un acuerdo de honorarios condicionales, pero la legislación que permite a estos acuerdos fue derogada en abril de 2013. En Escocia, se trata de «tasas» de carácter especulativo que estén previstos por la Act of Sederunt (honorarios de abogados (Solicitors) de las operaciones especulativas) 1992/1879 y la Act of Sederunt (honorarios de abogados en las operaciones especulativas) 1992/1897.

Mandamientos judiciales

No existe ningún canon en un nivel diferente de medidas cautelares (prohíbe). Normalmente, la parte que solicite medidas cautelares (prohíbe) tendrá que dar un compromiso de resarcimiento de daños y perjuicios, aunque véanse las Civil Procedure Rules 25 (orientación práctica e&w) y la protección en materia de costas (Convenio de Aarhus) Regulations (Northern Ireland) 2013 (NI). En virtud de la protección en materia de costas (Convenio de Aarhus) Regulations (Northern Ireland) 2013 (NI) y por la modificación de la práctica judicial 25a de las normas de enjuiciamiento civil (e&w) el Tribunal de Justicia debe, en casos del Convenio de Aarhus, tener en cuenta en particular la necesidad de que los términos de la Orden General no dé lugar a proseguir con el caso excesivamente oneroso para el demandante al considerar la posibilidad de exigir a una empresa por la demandante al pago de una indemnización por daños y perjuicios.

Reparto de gastos (gastos s)

La norma general en las jurisdicciones del Reino Unido es que los costes (gastos escocés.) sigue el acto o la parte perdedora paga — por ejemplo, Civil Procedure Rules (e&w) parte 44.3. Sin embargo, los tribunales disponen de un amplio margen de apreciación en la atribución de las costas. El punto de partida es que la parte perdedora paga las costas de la parte ganadora, pero pueden reducirse si dicha parte ha incumplido en relación con algunas cuestiones en el asunto o ha planteado cuestiones irrelevantes. Además tribunales favorecer el uso de modalidades alternativas de solución de conflictos y sin justificación, deja de una Parte que participen en los costes pueden sufrir consecuencias — Halsey/Milton Keynes general NHS Trust [2004] EWCA Civ. 576. Para que el Tribunal de Justicia condene abordará asimismo el comportamiento de las partes en el momento de iniciarse el litigio y examinar si la reducción de los costes debe hacerse por conducta impropia.

De conformidad con la parte 36 de las normas de procedimiento civil (e&w), una de las Partes puede invitar a la otra a saldar la deuda, generalmente ofreciendo una cantidad de dinero — Acta de la oferta (SCOT). Si se rechaza la oferta, pero la persona denegatoria más ventajosa no obtenga una sentencia puede haber costes sanciones.

En la actualidad se aplican normas especiales de costes en todo el Reino Unido para determinados casos medioambientales limita la exposición de perder partes de la otra Parte.

ANEXO XII los mecanismos de asistencia financiera

No existen exenciones de las costas o gastos en materia medioambiental en las jurisdicciones del Reino Unido. Existen las mismas exenciones de las tasas para las personas con rentas bajas.

Los órganos jurisdiccionales del Reino Unido han sido la aplicación del artículo 9.4 de la Convención de Aarhus, que incluye una disposición según la cual «los asuntos ambientales no deben ser excesivamente onerosos», mediante medidas de protección en materia de costas (e&w N.I) o los gastos de protección y órdenes (SCOT). La ley en torno a estos pedidos es relativamente nuevo, y aún está en fase de desarrollo. El Convenio de Aarhus se aplica a los costes ahora específicamente a los procedimientos judiciales de recurso en el procedimiento civil e&w (modificación) los artículos 2013, parte 45; en Escocia, a normas similares aplicables a todos los asuntos relacionados con el medio ambiente, se efectuó en marzo de 2013. y en Irlanda del Norte por la protección en materia de costas (Convenio de Aarhus) Regulations (Northern Ireland) 2013, que establece normas específicas de protección de costas fijas para los procedimientos a los que el Convenio se aplica.

Con arreglo a estas normas:

(1) En primera instancia, un recurso que está sujeta al Convenio de Aarhus solo podrá ser condenado en costas superior a 5,000 £10,000 £para las personas físicas y las personas jurídicas y las personas representantes de asociaciones. Recuperación de los costes contra un demandado perdedor, tiene un límite de 35,000 £.

(2) En apelación, el Reglamento de las normas de enjuiciamiento civil aplicables en materia de costes de recuperación 52.9a, ámbito en el cual el tribunal puede dictar un mandamiento de contención de los costes.

(3) El Tribunal Supremo también podrá formular una orden de recuperación, a limitar los costes en un caso de Aarhus orientación práctica sobre la base de los costes (con arreglo a la última modificación, en noviembre de 2013).

Antes de proceder a esas reglas, la adjudicación de un OCP en recursos judiciales se rigen por la «sentencia Corner House», principios que fueron definidos en el R (Corner House Research) contra el Secretary of State for Trade and Industry [2005] EWCA Civ 192, apartado 74:

(1) Una medida de protección en materia de costas puede presentarse en cualquier fase del procedimiento, en las condiciones que el Tribunal de Primera Instancia considere apropiado, siempre que el Tribunal haya llegado a la conclusión de que: i) la problemática planteada es de interés público general; ii) el interés público requiere una solución jurídica de esa problemática; (iii) el demandante no tiene un interés privado en el resultado del procedimiento; (iv) atendiendo a los medios económicos del demandante y el demandado (s) y al importe de costas previsibles, es justo y equitativo adoptar la orden; y v) si la resolución no es el demandante probablemente no continúe con el procedimiento y actúa razonablemente al hacerlo.

(2) Si los que actuaba en nombre de la demandante están haciéndolo pro bono será probable que mejoren los méritos de la solicitud de PCO.

(3) Corresponde al Tribunal de Justicia, en virtud de su facultad de apreciación, para decidir si es justo y equitativo adoptar una resolución a la luz de los elementos antes expuestos.

Estos principios son modificados en los asuntos medioambientales para eliminar el requisito de interés público, y el énfasis puesto en las rentas de los derechohabientes, R (Garner) Elmbridge Borough Council [2010] EWCA Civ. 1006. Seguirán aplicándose en relación con casos de examen extrajudicial en el ámbito de aplicación del Convenio de Aarhus.

Asistencia jurídica gratuita

Asistencia jurídica gratuita civil e&w corre a cargo del Servicio jurídico comunitario. No existe ninguna zona discretos de financiación para los asuntos relacionados con el medio ambiente. No obstante, la financiación puede obtenerse a través del «interés público». Por tanto el SJC conceda financiación para los procedimientos judiciales de recurso relativos a la necesidad de una consulta pública sobre el desmantelamiento de los submarinos nucleares en el asunto tenía un interés público significativo. Pero muchos posibles acciones no pasan esta prueba como al público en general que no se han beneficiado o no plantear nuevas cuestiones de Derecho. Así pues una solicitud de financiación para impugnar la decisión de la Agencia de Medio Ambiente de conceder una autorización de explotación de una incineradora cerca del domicilio del demandante fue denegada. La final de la Scottish Legal Aid Board similares a «criterios de interés general del público.»

Asistencia jurídica gratuita en causas penales pueden estar disponibles para los demandados, pero no para los que deseen constituirse en acusación particular.

Las decisiones de financiación por el Servicio Jurídico del Consejo se determina por su código de financiación (Funding Code).» «la sección 7 del Código se refiere a un control jurisdiccional. El apartado 7.5 señala que «cuando el asunto no parecen tener un interés público importante», será de gran importancia para el cliente o planteando importantes problemas de derechos humanos, la representación legal será denegada si: i) posibilidades de éxito son dudosas o deficiente; o (ii) los costes probables no parecen guardar proporción con los beneficios probables del procedimiento teniendo en cuenta las perspectivas de éxito y todas las circunstancias.» Esto se aplicaría a todos los individuos. Las ONG no están en condiciones de beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita. En Escocia, la concesión de la asistencia jurídica gratuita viene determinada por la Civil Legal Aid Manual, parte IV, capítulo 3, del que se trata de apreciar causa probable y razonable.

Pro bono

Trabajar en el Reino Unido pro bono se facilita a través del sitio web uk.net probono. Esto facilita el acceso a información sobre la manera de obtener asistencia jurídica gratuita. Los abogados pro bono en e&w — Grupo «lawworks» también tiene un sitio web que indique dónde dirigirse para solicitar ayuda. Para los abogados en el Colegio de abogados pro bono e&w, unidad funciona como centro de intercambio de información para adaptarse a los abogados de casos. La unidad recibe solicitudes de ayuda a través de centros de asesoramiento y los solicitors. La Unidad tiene como objetivo ayudar a los casos en los que el solicitante no puede pagar la asistencia solicitada o la obtención de financiación pública, tiene un caso convincente, y precisa la ayuda un barrister puede aportar. Ninguna de estas organizaciones especializadas en trabajo medioambiental sino que se dedique una persona de contacto con los que lo hacen.

Lawworks Escocia proporciona un servicio similar en Escocia a lawworks en e&w; Aunque las dos entidades son entidades separadas. Faculty of Advocates tiene una unidad de servicios jurídicos gratuitos cuya labor incluye la planificación y los asuntos medioambientales.

Irlanda del Norte: el grupo pro bono proporciona asesoramiento y representación por los abogados y procuradores que se han ofrecido voluntariamente para unirse a un grupo y que cubra la totalidad de las especializaciones jurídica. Los voluntarios ofrecen sus servicios de manera gratuita hasta 3 días o 20 horas al año. Los casos más probabilidad de satisfacer el criterio de pro bono será la unidad de recursos, las solicitudes de autorización de recurso, recursos de anulación, medidas específicas en el marco de un procedimiento jurisdiccional, audiencias y la labor de asesoramiento

Consultorios jurídicos

No existen consultorios jurídicos especializados en los asuntos medioambientales cuando concurren e&w o ni. No obstante Citizens Advice Bureaux) y centros de asistencia jurídica en los asuntos de índole medioambiental, o bien contribuir a elevar la cuestión a alguien que pueda ayudar. El Centro de Derecho ambiental de Escocia brinda asesoramiento al público sobre cuestiones medioambientales.

Organizaciones de interés público

La Fundación medioambiental es la principal organización en el Reino Unido que ofrece asesoramiento jurídico gratuito a las comunidades locales con las preocupaciones medioambientales. Desde hace casi dos décadas, ha promovido la prestación de asesoramiento gratuito a las comunidades vulnerables que afrontan una serie de amenazas medioambientales, incluidos los efectos adversos de la contaminación y pérdida de espacios verdes y la biodiversidad. El proyecto de Derecho público es una organización benéfica legales nacionales cuyo objetivo es mejorar el acceso a vías de recurso de Derecho público para todas las personas cuyo acceso a la justicia se ve limitada por la pobreza o algún otro tipo de desventaja. Se harán algunos asuntos ambientales.

Anexo XIII puntualidad

Las solicitudes de ordenación deben determinarse en un plazo de ocho semanas, aunque si necesitan EIA, el plazo se amplía a dieciséis semanas. Las autoridades deben determinar las solicitudes IPPC suelen tomar su decisión en un plazo de tres meses, aunque existen otros plazos previstos en los Reglamentos. La solicitud de certificado no podrá tener un requisito legal para la determinación en un plazo determinado, pero se alienta a las autoridades a saber cuánto se tarda en conceder la licencia.

Si una decisión de urbanismo o solicitud de autorización medioambiental no se determina en el plazo previsto, se considerará que ésta ha sido denegada. Que permita al solicitante recurrir al Secretario de Estado o de ministros o, en determinadas circunstancias, a un organismo de evaluación local en Escocia.

Procedimientos judiciales

Antes de 1 de julio de 2013, las solicitudes de revisión judicial en materia ambiental en e&w debe interponerse en un plazo de tres meses a partir de la decisión correspondiente. Las normas de procedimiento civil declaró (54.5) debe interponerse rápidamente y, en cualquier caso, a más tardar tres meses después de que los motivos de la solicitud de revisión se planteó por primera vez. No obstante, el aspecto «de inmediato» se ha considerado poco precisa. Así pues, en los casos en que la legislación de la UE se está estudiando el demandante dispone de tres meses — R (u & ptnrs (East Anglia) Ltd/Autoridad broads [2011] EWHC 1824 (Admin). Desde el 1 de julio de 2013, los plazos para presentar un formulario de solicitud de revisión judicial se ha modificado para seis semanas en relación con una decisión de conformidad con los «actos» (planificación de la Town and Country Planning Act de 1990, la planificación (incluidos los edificios y las zonas protegidas) Act 1990, la planificación (sustancias peligrosas) y la Ley de 1990 de planificación (consiguiente Provisions) Act 1990). (El procedimiento civil (enmienda nº 4) Rules 2013).

Plazos para la interposición de las acciones civiles de molestias, la trasgresión o negligencia se establecen en la Ley de Caducidad de 1980 (e&w). En virtud de la sección 2 de la Ley de Caducidad de 1980 la acción mediante la cual se invoca la responsabilidad civil, como los daños y perjuicios — — deberán presentarse en un plazo de seis años a partir de la fecha en que se produjera la causa de la acción. En virtud de la sección 6 de la ley de prescripción y caducidad (Scotland) Act de 1973, cualquier solicitud debe presentarse en un plazo de cinco años. Con arreglo al artículo 6 de la Orden sobre Caducidad de Irlanda del Norte de 1989, el plazo es de seis años. El plazo comienza a correr a partir de la fecha del accidente o la fecha — si posteriormente la demandante tuvo el perjuicio era imputable, en todo o en parte, al acto u omisión que se alega que constituyen una negligencia, molestias o incumplimiento del deber. Por «conocimientos» se entiende una certeza razonable en las circunstancias que dan lugar a su atribución — Ministerio de Defensa/AB & RUP [2012] UKSC 9.

Cuando un particular se proponga interponer una acción en virtud de la sección 82 de la Ley de protección del medio ambiente de 1990 en una Magistrates’ o Sheriff Court, anuncio de la acción deberá recibir 21 días antes del comienzo del proceso. (S. 82(6)). Habida cuenta de la naturaleza del procedimiento de las molestias que seguirán estando vigentes en ese momento.

Duración de los casos

La duración del presente asunto depende de la complejidad de las cuestiones de hecho y de Derecho. Recursos judiciales — cuando no hay ninguna contradicción — pruebas orales pueden obtener de medio día en cuatro o cinco días. En materia de medio ambiente los procedimientos civiles en ambas partes citar a testigos y peritos pueden ser mucho más largo. Un caso relativamente sencillo la contaminación acústica puede tener dos o tres días. Dobson contra Thames Water Utilities Ltd, [2011] EWHC 3253 (TCC) participa más de diez pruebas testimoniales en cada cara y cuatro expertos por cada lado que se ocupan de distintas disciplinas. El asunto fue de seis semanas.

En los asuntos penales, la aplicación por parte del organismo de investigación puede requerir meses o incluso años a partir de la fecha del delito a la emisión de acciones. Normalmente hay una primera audiencia en un Tribunal de Primera Instancia o del Tribunal de Primera Instancia en un plazo de tres semanas a partir de la fecha del procedimiento fueron expedidos. Si una confesión de culpabilidad deba realizarse el Tribunal suele ocuparse de ella en el plazo de un mes; Aunque en Irlanda del Norte, Inglaterra & Gales los jueces pueden remitir el asunto a un tribunal del Estado de condena si consideran que sus competencias no son suficientes en relación con el delito. Un proceso sumario en el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal del sheriff puede durar entre uno y tres días; Aunque es posible que se den los supuestos más largo.

Un caso grave será sometido por los jueces de la Crown Court. En la Crown Court ante un jurado casos se destinará a la detención que puede tener más de un consejero para extender el caso durante varios meses. El proceso en sí puede ser de un día a un mes o más recientes — una persecución por delitos de ensayo dio lugar a seis semanas.

Plazo para las decisiones

No hay plazos fijados por los jueces para dictar sentencias. En los casos simples (e&w) el juez maygive una sentencia inmediatamente después de la audiencia oral. En los casos más complejos o resolución podrá reservarse y se siguen habitualmente por escrito en un plazo de dos a seis meses. Superior a seis meses es posible, pero no común.

Como no hay plazos establecidos no se contemplan sanciones contra los tribunales por adoptar decisiones con retraso. Sin embargo, en los casos en los que se presenten elementos de derechos humanos existe la expectativa de que las decisiones publicará con prontitud.

XIV otras cuestiones

Las decisiones ambientales son impugnadas durante el proceso de EIA o cuando se dicte una resolución. En caso de que se celebre una consulta pública antes de que se emitan las decisiones de los miembros del público podrán formular preguntas a la investigación.

Si bien no existe actualmente ningún sitio del Gobierno del Reino Unido en relación con el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, la información sobre los diferentes aspectos de la administración central, se puede consultar en la página web (http://www.gov.uk/) y en los sitios web del Gobierno de Escocia e Irlanda del Norte.El enlace abre una nueva ventanahttp://www.gov.uk/ También están disponibles los datos y opiniones de las ONG como asociación o amigos de la tierra y grupos como el Reino Unido de juristas por el medio ambiente (UKELA).

La resolución alternativa de litigios existe en el Reino Unido. Es un apoyo decidido por parte de los tribunales civiles. Las normas previas a la acción de «judicial review» (e&w) afirma que «tanto la demandante y el demandado pueda ser requerida por el Tribunal de Primera Instancia, aportar la prueba de que los medios alternativos para resolver su litigio fueron tenidas en cuenta. Los tribunales estiman que los litigios deben ser el último recurso, y que no procede la concesión prematura de una solución cuando sigue estudiando activamente». Es accesible al público por medio de folletos como la Legal Services Commission «Alternatives to Court» directos del folleto informativo de 23.

La mediación se utiliza con frecuencia en las demandas civiles entre particulares o personas jurídicas. La mediación es un servicio disponible en recursos judiciales, pero no se utiliza mucho — proyecto de Derecho público: 2009 la mediación y control judicial.

Anexo XV en el extranjero

De no existir cláusulas antidiscriminatorias relativas a la lengua o al país de origen constatado en las leyes procesales del Reino Unido. No obstante, los tribunales son organismos públicos y, por tanto, sujeto a la Ley de igualdad de 2010 que hace ilegal la discriminación por razón de raza o nacionalidad. La Ley impone un derecho a la igualdad de trato ante los tribunales deben respetar. Los tribunales han orientaciones sobre igualdad de trato de todos aquellos que están «ante ellas en los libros del banco» que se expiden a los jueces, por ejemplo, la igualdad de trato de la cartera del Banco de Inglaterra y el País de Gales.

Se facilita el uso de diferentes idiomas en los procedimientos judiciales. Lenguas internamente como Welsh estén previstos en las audiencias. Otras lenguas puede utilizarse con un intérprete. Los tribunales tendrán asesoramiento prospectos disponibles en varias lenguas.

Tribunal penal en algunos casos y procedimiento ante el Tribunal de Justicia el servicio de un intérprete y pagará la tasa; Aunque en los asuntos penales si el acusado es condenado por la Comisión puede ser parte de las costas del procedimiento es condenada a pagar. En los asuntos civiles corresponde a las partes a estos acuerdos y pagar las tasas.

ANEXO XVI Transboundary Cases

Dado que el Reino Unido está formado por islas con Irlanda/Irlanda del Norte solo las fronteras terrestres, son muy raros los casos transfronterizos. Con arreglo al Reglamento 24 de la planificación de infraestructuras (EIM) Regulations 2009 (Reglamento de desarrollo que puedan tener importantes efectos transfronterizos sobre el medio ambiente en otro Estado del EEE debe notificarse a dicho Estado. El Estado podrá participar en el procedimiento, en el marco de los Reglamentos. No existen normas de procedimiento para la participación a pesar de la legislación de la UE, como la Directiva sobre la mediación se ha aplicado en las normas de los tribunales en el Reino Unido. La responsabilidad civil se determina con arreglo a convenios como el Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos de 1969 cuando proceda. De otro modo, la parte III de la Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 se refiere a la ley aplicable. La sección 11(2) (a) establece que la ley del país en que se produjo el daño es la legislación aplicable.

No existen en el Derecho del Reino Unido las decisiones sobre lo que constituye «público» en un litigio transfronterizo.

No existen en el Derecho del Reino Unido las decisiones sobre si un extranjero que se ve afectada negativamente por un proyecto en el Reino Unido tendrían interés suficiente para participar en una encuesta pública o una revisión judicial en relación con el proyecto. No obstante si hubiera un interés suficiente, podría ser contraria a la Ley de igualdad de 2010 pueden excluir de la participación. Si se admitiese que la persona tuviera un interés suficiente el procedimiento será el mismo que los de cualquier otra persona. La asistencia jurídica gratuita no es probable que pueda disponerse de dados los criterios de «interés público importante» mencionada anteriormente.

Si una persona tiene un «interés suficiente» en el procedimiento, se le permitirá participar en ellos.

Aunque no existen resoluciones de los órganos jurisdiccionales del Reino Unido sobre este, si una persona en el Estado extranjero puedan verse afectados negativamente por la propuesta no hay ningún motivo por el que esta persona no puede tener un interés significativo a efectos del control jurisdiccional.

El foro adecuado es el país que es la preferible para garantizar a los extremos de Justicia — Sentencia Spiliada Maritime Corporation/Cansulex Ltd [1987] AC 460. Es probable que esto ocurra en el país cuya ley sea aplicable al litigio. En el Reino Unido, en virtud de la sección 11 de la Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995, la ley aplicable es normalmente el país en que el perjuicio o daño, pero esto se pueda desplazar con arreglo a la sección 12. Si un tribunal del Reino Unido ha aceptado la competencia en un litigio, esa decisión podrá ser cuestionada sino que corresponderá a los contrincantes a demostrar que la decisión estaba equivocada.

Gibraltar es una frontera terrestre con España, existe la posibilidad de que se produzcan casos transfronterizos. Véase el anexo para más detalles.

Enlaces relacionados

Acceso a la justicia

Las oficinas de los defensores del pueblo y las fiscalías

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Última actualización: 14/09/2016