Mediación familiar transfronteriza - Portugal

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LA MEDIACIÓN FAMILIAR EN PORTUGAL

Principio de participación voluntaria y aprobación del acuerdo

En Portugal, la mediación es voluntaria. En un litigio familiar relativo a los menores o a los cónyuges, las partes podrán utilizar la mediación familiar pública o privada de mutuo acuerdo. El órgano jurisdiccional también podrá remitir a las partes a la mediación, pero no podrá imponérsela sin su consentimiento. Se puede recurrir a la mediación familiar antes de presentar una acción judicial o en la oficina del Registro Civil (Conservatória do Registo Civil), o una vez que estén en curso las actuaciones. En cualquier caso, para que sea ejecutable, un acuerdo relativo a asuntos de familia debe ser aprobado. Los representantes de las partes (si los hubiera) también pueden asistir a las sesiones de mediación y, en la práctica, a veces lo hacen. La Ley n.º 29/2013, de 19 de abril, enuncia los principios generales aplicables a la mediación.

Mediación judicial

Si las partes acceden a la mediación familiar antes de interponer una acción y alcanzan un acuerdo, solicitarán a la oficina del Registro Civil de su elección que apruebe dicho acuerdo. Tales acuerdos podrán abarcar cuestiones relativas a los cónyuges (p. ej., el divorcio, las pensiones alimenticias entre los cónyuges, el domicilio familiar o el uso del apellido del excónyuge) y cuestiones relativas a los menores (p. ej., el acuerdo relativo a la patria potestad adjunto al acuerdo de divorcio o el acuerdo para la pensión alimenticia de los hijos adultos). Antes de su aprobación por la oficina del registro, el Ministerio Fiscal (Ministério Público) emitirá un dictamen sobre el acuerdo, en cuanto se refiere a la responsabilidad parental sobre los menores.

Si la mediación se lleva a cabo antes de interponer una acción ante judicial y su único objetivo es alcanzar un acuerdo sobre la responsabilidad parental sobre los menores (sin un acuerdo de divorcio o separación judicial asociado), las partes tendrán que solicitar al órgano jurisdiccional competente que apruebe el acuerdo.

Si la mediación familiar tiene lugar mientras está en curso una acción judicial, se procederá de la siguiente manera:

  • En las acciones judiciales relativas a la responsabilidad parental (p. ej., custodia, visitas, pensiones alimenticias para menores), habrá una fase de audiencia técnica especializada y mediación. Después de ser convocadas a una reunión por un juez, si las partes no llegan a un acuerdo, el juez podrá aplazar las conversaciones durante un periodo de entre dos y tres meses y remitir a las partes a uno de los siguientes mecanismos alternativos: la mediación, siempre que las partes den su consentimiento o soliciten la remisión, o una audiencia técnica especializada, a cargo de los servicios de apoyo técnico del órgano jurisdiccional. Una vez que haya expirado el periodo de aplazamiento, se reanudarán las conversaciones y, en el caso de que se haya alcanzado un acuerdo por uno de los métodos anteriores, el juez deberá considerar y aprobar el acuerdo. Si no hay acuerdo, el caso pasará a la fase judicial.
  • Como norma general, en todas las acciones civiles, incluidas las relativas a los cónyuges (p. ej., el divorcio y la separación judicial, los pagos de pensiones alimenticias entre cónyuges y excónyuges, la asignación del domicilio familiar, cuando no haya acuerdo inicial), el artículo 273 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Código de Processo Civil) autoriza al órgano jurisdiccional a suspender el procedimiento y remitir el caso a la mediación, a menos que cualquiera de las partes se oponga a tal remisión.
  • Conforme al artículo 272, apartado 4, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las partes también podrán solicitar la suspensión del procedimiento de mutuo acuerdo por un periodo de tres meses y recurrir a la mediación por iniciativa propia.

Si se llega a un acuerdo a través de la mediación mientras están en curso las actuaciones en los casos anteriormente descritos, las partes deberán solicitar su aprobación por parte del órgano jurisdiccional.

Las acciones relativas a asuntos de familia que sean competencia del registro público deberán llevarse a cabo con el previo acuerdo de ambas partes, ya que, de lo contrario, serán competencia de los órganos jurisdiccionales. Por ese motivo, recurrir a la mediación por iniciativa de las partes puede resultar útil antes de iniciar el procedimiento. Tras iniciarse el procedimiento en la oficina del Registro Civil, el artículo 14, apartado 3, del Decreto-ley n.º 272/2001 de 13 de octubre establece que el registrador informará a los cónyuges que deseen divorciarse de la existencia de los servicios de mediación. Esta disposición permite a las partes, mientras esté en curso el procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo en la oficina del Registro Civil, acceder a la mediación con el fin de reconciliar a los cónyuges o revisar el acuerdo relativo a la responsabilidad parental adjunto al acuerdo de divorcio, cuando haya una solicitud del Ministerio Público en ese sentido.

Elección de mediador público o privado, duración y coste de la mediación

Como norma general, la mediación familiar tendrá una duración máxima de tres meses, en virtud del principio contemplado en el artículo 272, apartado 4, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La mediación solo podrá superar esa duración en casos excepcionales y justificados.

Si las partes recurren a la mediación privada, tendrán que pagar los honorarios del mediador. Ese importe, las normas y el calendario de la mediación se determinarán en el protocolo de mediación firmado por las partes y por el mediador al inicio de la mediación. El Ministerio de Justicia publica una lista de mediadores públicos y privados que las partes pueden consultar para elegir un mediador privado: http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica.

Para recurrir a la mediación pública, las partes deberán ponerse en contacto con el Gabinete de Resolución Alternativa de Litigios (Gabinete de Resolução Alternativa de Conflitos) de la Dirección General de Política de Justicia y solicitar una sesión de mediación previa. Se podrá concertar dicha sesión por teléfono, por correo electrónico o a través de un formulario en línea. En la sesión de mediación previa pública, las partes y el mediador firmarán un protocolo de mediación. Se establecerá un plazo, se programarán las sesiones y se explicarán las normas de procedimiento.

El coste de la mediación familiar pública será de 50 EUR para cada una de las partes, independientemente del número de sesiones programadas. Cada una de las partes abonará esta tarifa de 50 euros al comienzo de la mediación pública. Las partes no pagarán los honorarios de los mediadores que trabajan a través del sistema público. Dichos honorarios correrán a cargo de la Dirección General de Política de Justicia, según la tarifa legal vigente.

Las sesiones de mediación pública podrán celebrarse en las dependencias de la Dirección General de Política de Justicia o en los locales que ponga a disposición el municipio donde residan las partes.

En la mediación pública, las partes podrán elegir un mediador de la lista de mediadores públicos seleccionados. Si no lo hacen, el Gabinete de Resolución Alternativa de Litigios de la Dirección General de Política de Justicia designará uno de los mediadores de la lista de mediadores públicos, elegido por orden y en función de la proximidad a la zona de residencia de las partes. Por regla general, esa designación se realizará electrónicamente.

Si las partes tienen derecho a asistencia jurídica gratuita, esta cubrirá los costes de la mediación.

Mediación transfronteriza y comediación

En caso de litigios transfronterizos en los que resulte imposible mantener reuniones presenciales, podrán utilizarse sistemas de videoconferencia para facilitar la mediación.

En Portugal, los mediadores de otros Estados miembros no solo pueden registrarse para figurar en la lista de mediadores de familia del Ministerio de Justicia (que incluye mediadores públicos y privados), sino que además pueden ser seleccionados para figurar en la lista de mediadores de familia públicos (por concurso público). En ambos casos, disfrutarán de las mismas condiciones aplicables a los mediadores nacionales.

En Portugal, la comediación está permitida tanto en el sistema público como en el sistema de mediación privada. La comediación podrá tener lugar por elección de las partes o por sugerencia del mediador, si considera que es la mejor forma de resolver el caso.

Enlaces útiles

Se puede visitar El enlace abre una nueva ventanahttp://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica para consultar: el enlace a la legislación nacional en materia de mediación; el enlace para acceder a la lista de mediadores de familia públicos y privados y el enlace para consultar información sobre la mediación familiar y la mediación en general.

Se puede solicitar la mediación pública llamando al + 351 808 26 2000, por correo electrónico a El enlace abre una nueva ventanasmf@gral.mj.pt o a través del formulario en línea disponible en El enlace abre una nueva ventanahttp://smf.mj.pt/.

Nota final

La información incluida en esta hoja informativa es de carácter general y no exhaustivo; no es vinculante para los puntos de contacto de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, los órganos jurisdiccionales ni cualquier otra persona. No exime de la necesidad de verificar los textos legales aplicables en vigor.


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Última actualización: 28/01/2019