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Prueba


En la presente sección se resume brevemente la legislación de la UE sobre la obtención de pruebas en los casos transfronterizos.


Antecedentes

La supresión de los controles fronterizos dentro de la UE ha facilitado considerablemente a los ciudadanos de la UE viajar libremente, pero también ha posibilitado la comisión de actos delictivos a escala transfronteriza.

Resulta por ello esencial que los países de la UE cooperen de manera eficaz para la obtención de pruebas destinadas a los procesos penales.

Legislación de la UE

Situación actual

La normativa sobre obtención de pruebas para procesos penales en la UE se basa en los acuerdos de «asistencia judicial».

En particular:

A partir de 2017

A partir del 22 de mayo de 2017, la obtención de pruebas dentro de la UE se regirá por la Directiva relativa a la orden europea de investigación.

La nueva Directiva se basa en el reconocimiento mutuo y sustituye las medidas pertinentes en los convenios mencionados.

Será aplicable entre los países de la UE vinculados por la Directiva.

Tras la adopción de la Directiva, la El enlace abre una nueva ventanaDecisión Marco relativa al exhorto europeo de obtención de pruebas de 2008 (que tenía un alcance más limitado), fue derogada por el Reglamento 2016/95, de 20 de enero de 2016.

Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal de 2000

El Convenio es el instrumento más utilizado para la obtención de pruebas.

Regula la asistencia judicial para cuestiones como:

  • la toma de declaraciones a sospechosos y testigos
  • el uso de videoconferencias
  • la obtención de pruebas mediante operaciones de registro e incautación
  • las telecomunicaciones.

Su protocolo contiene normas sobre la obtención de información relativa a cuentas bancarias y transacciones bancarias.

Solicitar asistencia judicial

La autoridad requirente podrá ponerse directamente en contacto con la autoridad competente de emisión.

A menos que la autoridad de ejecución tenga motivos para denegar una solicitud, esta debe ejecutarse sin demora y, en lo posible, dentro de los plazos señalados por la autoridad requirente.

Para garantizar que las pruebas reunidas sean admisibles, las autoridades del país de ejecución están obligadas a cumplir los procedimientos especificados por las autoridades del país requirente, siempre y cuando no sean contrarios a los principios fundamentales del Derecho del país de ejecución.

La Directiva relativa a la orden europea de investigación

La orden europea de investigación es una resolución judicial emitida o validada por una autoridad judicial de un país de la UE para llevar a cabo medidas de investigación en otro país de la UE con vistas a reunir pruebas en materia penal.

La Directiva relativa a la orden europea de investigación se adoptó el 3 de abril de 2014. Dinamarca e Irlanda optaron por no suscribirla.

El objeto de la Directiva era introducir el principio de reconocimiento mutuo, además de:

  • mantener la flexibilidad de la asistencia judicial mutua, y
  • proteger los derechos fundamentales.

La Directiva abarca todas las medidas de investigación (a excepción de la creación de un equipo conjunto de investigación).

Se puede emitir en un procedimiento penal, civil o administrativo cuando la decisión pueda dar lugar a un procedimiento ante un órgano jurisdiccional penal.

Las autoridades de emisión solo pueden usar una orden europea de investigación si la medida de investigación es:

  • necesaria,
  • proporcionada, y está
  • autorizada en casos nacionales comparables.

Con arreglo a la nueva Directiva, el país de ejecución de la UE debe llevar a cabo las medidas de investigación tan rápido como en los casos nacionales comparables y con el mismo grado de prioridad.

Las medidas de investigación también deben ejecutarse «con la mayor brevedad posible». La Directiva establece plazos (un máximo de 30 días para decidir sobre el reconocimiento y la ejecución de la solicitud y 90 días para ejecutar la solicitud eficazmente).

Los países de la UE pueden denegar la solicitud en determinados supuestos. Los siguientes motivos de denegación generales se aplican a todas las medidas:

  1. una inmunidad o privilegio, o la existencia de normas que limiten la responsabilidad penal en relación con la libertad de prensa
  2. el perjuicio para los intereses esenciales en materia de seguridad nacional
  3. los procedimientos no penales
  4. el principio «non bis in idem»
  5. la extraterritorialidad junto con la doble tipificación
  6. la incompatibilidad con las obligaciones en materia de derechos fundamentales.

Existen motivos de denegación adicionales para determinadas medidas:

  1. la falta de doble tipificación (excepto para una serie de delitos graves)
  2. la imposibilidad de ejecutar la medida (la medida de investigación no existe o no es posible en casos nacionales comparables y no hay alternativa).

La Comisión Europea se encarga del mantenimiento de esta página. La información que figura en la presente página no refleja necesariamente la posición ofical de la Comisión Europea. La Comisión no asume ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Consúltese el aviso jurídico relativo a las normas sobre derechos de autor en relación con las páginas europeas.

Última actualización: 28/02/2017