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Derechos fundamentales - Portugal

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Tribunales nacionales

En caso de violación de sus derechos fundamentales, el ciudadano puede acudir a los tribunales. Los tribunales portugueses (civiles y administrativos) son responsables de la administración de la justicia y de defender los derechos e intereses de los ciudadanos protegidos por la ley, la represión de las violaciones del Estado de Derecho democrático y la resolución de conflictos entre intereses públicos y privados (artículo 202 de la Constitución de la República Portuguesa).

El Tribunal Constitucional es responsable, en particular, de la administración de justicia en asuntos jurídicos y constitucionales. La utilización del Tribunal Constitucional tras el agotamiento de los recursos ordinarios (véanse los artículos 70 (2) y 72 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional) es un poder reconocido para la parte que ha declarado, durante el proceso, la inconstitucionalidad de una norma cuya aplicación ha tenido lugar.

Para más información, véase la página sobre los sistemas judiciales en los Estados miembros — Portugal

Institución nacional de derechos humanos

El Defensor del Pueblo

En Portugal, desde 1999, el Defensor del Pueblo ha adquirido las funciones descritas a continuación con la de la institución nacional de derechos humanos, acreditada por la Organización de las Naciones Unidas con el estatus de A, en pleno cumplimiento de los Principios de París.

Como consecuencia, forma parte de la actividad del Defensor del Pueblo en la difusión constante de los derechos humanos fundamentales y la tutela, con una vigilancia primaria y permanente de los derechos de quienes sobre la base de la edad o de algunos psicomotores son más vulnerables: los niños, las personas de edad avanzada y las personas con discapacidad.

La presentación de una reclamación y su procedimiento se llevarán a cabo de conformidad con el procedimiento contemplado en la sección relativa al Defensor del Pueblo.

El Defensor del Pueblo

La Defensora del Pueblo está legalmente encargada de «defender y promover los derechos, libertades, garantías e intereses legítimos de los ciudadanos» (artículo 1, apartado 1, de la Ley n.º 9/91, de 9 de abril de 2012, en su estado actual) que, en su relación con las autoridades públicas, puede ser errónea. Cuando no exista otra forma de permitir que el ciudadano reaccione, tal falta de uso de las vías de recurso (administrativas o judiciales) o la forma en que está fuera de plazo puede, sin ninguna carga económica, solicitar al Defensor del Pueblo y presentar su reclamación, basándose en los argumentos presentados en apoyo de su posición.

El Defensor del Pueblo también es, en nuestro país, la institución nacional de derechos humanos, tal como se ha mencionado anteriormente, con el papel del mecanismo nacional de prevención.

De hecho, en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Consejo de Ministros de mayo de 2013 dio al Defensor del Pueblo Europeo el papel del mecanismo nacional de prevención. En el marco de esta tarea, el Defensor del Pueblo llevará a cabo visitas a centros de internamiento, como centros penitenciarios, hospitales psiquiátricos u hospitales y centros educativos para jóvenes, con el fin de determinar, entre otras cosas, las condiciones de alojamiento y alimentación de las personas privadas de libertad, el (dis) respeto de sus derechos fundamentales, garantizando, en la medida de lo posible, su privacidad y el legítimo contacto con representantes legales y familiares, y la existencia de programas terapéuticos individuales.

Tramitación de reclamaciones:

La presentación de una reclamación ante el Defensor del Pueblo puede realizarse de varias maneras: Enviar por teléfono una carta, fax o correo electrónico, en las oficinas de las oficinas del Defensor del Pueblo (El enlace abre una nueva ventanadirecciones) y por medio de unEl enlace abre una nueva ventana impreso electrónico de reclamación, así como de cualquier fiscalía.

No todas las comunicaciones recibidas por el Defensor del Pueblo son, de hecho, una denuncia, sino más bien una explicación del anonimato, simples solicitudes de información, asesoramiento jurídico o exposiciones generales sobre determinados temas, que se cierran de inmediato.

La denuncia da lugar a un procedimiento (que no es necesariamente nuevo, ya que la similitud de los asuntos, así como la economía de oportunidad y procedimental, puede implicar la tramitación de varias denuncias en un único procedimiento), que se trata adecuadamente. En otras palabras, se toman las medidas necesarias para establecer los hechos, por ejemplo, al organismo objeto de la reclamación y, incluso, al propio denunciante, que también puede solicitar una audiencia con el Defensor del Pueblo.

Como resultado de este procedimiento, las denuncias que pueden dar lugar a recomendaciones, sugerencias, atención y otras vías alternativas para plantear conflictos de intereses, así como dirigir peticiones de revisión constitucional o jurídica.

Además de esta posibilidad, que cualquier persona tiene que dirigirse al Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo podrá, por iniciativa propia, establecer procedimientos para investigar situaciones que, por cualquier medio, sean puestas en conocimiento del Defensor del Pueblo y que sean de su competencia.

Organismos especializados en derechos humanos

Organismo de protección de los derechos del niño

Comisión Nacional para la Promoción de los Derechos y Protección del Niño y la Juventud

La tarea de la Comisión es contribuir a la planificación de la intervención estatal y a la coordinación, seguimiento y evaluación de la actuación de los organismos públicos y de la comunidad para promover los derechos y la protección de los niños y los jóvenes. Una de las tareas más importantes de la Comisión es fomentar el desarrollo de protocolos conjuntos y la colaboración, entre otros, con las comisiones para la protección de la infancia y la juventud (CPCs), que se reflejan en el país.

Las CPJ son instituciones oficiales no judiciales con autonomía funcional para promover los derechos del niño y de los jóvenes y para prevenir o acabar con situaciones que puedan afectar a su seguridad, salud, formación, educación o desarrollo completo. El Ministerio Fiscal supervisa la actividad de la CPEC y evalúa la legalidad y los fundamentos de sus deliberaciones, lo que, si lo considera necesario, eleva su evaluación judicial.

Las comisiones operan de forma ampliada o restringida. La Comisión ampliada desarrollará medidas para promover los derechos y prevenir situaciones de peligro para los niños y los jóvenes.

La comisión restringida será responsable de las situaciones en que un niño o un joven corran peligro, en particular: para tener en cuenta e informar a las personas que recurren al comité de protección, decidir la apertura e investigación del proceso de promoción y protección, examinar de inmediato las situaciones en las que la comisión de protección es consciente, investigar los casos, solicitar la participación de los miembros de la Comisión ampliada en la investigación de los casos necesarios, decidir sobre la solicitud y supervisar y revisar las medidas de promoción y protección, con excepción de la medida de confianza de la persona seleccionada para su adopción o institución con vistas a su futura adopción, para llevar a cabo actos de investigación y realizar el seguimiento de las medidas de promoción y protección que se le soliciten en el contexto de los procedimientos de cooperación con otros comités de protección, que informen cada seis meses al comité ampliado, sin identificar a las personas afectadas, sobre los procedimientos iniciados y el progreso de los asuntos pendientes.

Tramitación de reclamaciones:

Cualquier persona que sea consciente de un peligro puede comunicarlos directamente a la CPCal por carta, teléfono, fax, correo electrónico o a persona en los locales de la comisión. Las comisiones son competentes para el ámbito en el que se basan. Véase aquí la lista de contactos CC.JJ en función del lugar de residencia del menor. El enlace abre una nueva ventanahttps://www.cnpdpcj.gov.pt/cpcj/contatos-das-cpcj.aspx

La CPJ carece de consentimiento y de acuerdo entre los padres y puede dar lugar a la aplicación de las siguientes medidas:

  • Apoyo a los padres;
  • Apoyo a otros miembros de la familia;
  • Confiar a un individuo fiable;
  • Apoyo a la autonomía vital;
  • La colocación en hogares de guarda,
  • Asistencia institucional;

Las medidas de promoción y protección se llevan a cabo en el entorno natural o en el puesto de trabajo, dependiendo de su naturaleza.

Organismos de fomento de la igualdad

Comisión de Ciudadanía e Igualdad de Género (CIG)

La Comisión de Ciudadanía e Igualdad de Género será el organismo nacional responsable de promover y defender el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Sus principales ámbitos de actuación son: educación para la ciudadanía; la igualdad entre hombres y mujeres; protección de la maternidad y la paternidad; promover los medios para facilitar la participación igualitaria de mujeres y hombres en los distintos ámbitos de la vida; la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de las mujeres y los hombres; lucha contra la violencia doméstica y de género, la trata de seres humanos y el apoyo a las víctimas.

El CIG es un servicio central de la administración directa del Estado con autonomía administrativa y está integrado en la Presidencia del Consejo de Ministros y supervisado por el Secretario de Estado de Ciudadanía e Igualdad.

En particular, será responsable de recibir las reclamaciones relativas a situaciones de discriminación o violencia de género y de presentarlas, cuando proceda, emitiendo dictámenes y recomendaciones a las autoridades competentes o entidades afectadas.

Tramitación de reclamaciones:

La CIG recibe quejas sobre discriminación o violencia por motivos de género a través de los canales siguientes: Correo electrónico, página de Facebook de Facebook de la Comisión y en papel.

Tras la recepción de la reclamación, los servicios internos proporcionan análisis y marco respondiendo directamente al denunciante por el mismo canal. Los casos en que se emiten dictámenes o recomendaciones a las entidades afectadas o a la remisión de casos a las autoridades competentes afectadas (por ejemplo: Fiscal, ASAE, ERC, etc.) con conocimiento de los organismos implicados.

High Commission for Migration

[Comisión para la Igualdad y contra la Discriminación Racial]

El Alto Comisionado de Migración (ACM) es un organismo público que participa en la definición, aplicación y evaluación de las políticas de migración públicas, transversales y sectoriales, que son pertinentes para el atractivo de los migrantes en contextos nacionales, internacionales e internacionales, para la integración de los inmigrantes y grupos étnicos, en particular las comunidades gitanas, y para la gestión y explotación de la diversidad de culturas, etnias y religiones. Una de sus tareas más importantes es luchar contra toda forma de discriminación por razón de color, nacionalidad, origen étnico o religión, independientemente del entorno en que se produzcan, mediante acciones, campañas o actos de sensibilización de la opinión pública, así como por la tramitación de las infracciones administrativas que establece la ley.

Por lo que se refiere a la ACM, opera la Comisión para la Igualdad y contra la Discriminación Racial. La presente Comisión tiene por objeto prevenir y prohibir la discriminación racial y sancionar los actos que den lugar a una violación de los derechos fundamentales o a la denegación o acondicionamiento del ejercicio de derechos económicos, sociales o culturales por cualquier persona en función de su origen racial o étnico, su color, su nacionalidad, su origen o su territorio de origen en el sentido y los límites de la Ley n.º 93/2017, de 26 de agosto de 2009, que establece el marco jurídico para la prevención, la prohibición y la lucha contra la discriminación. La Ley n.º 93/2017 prohíbe toda forma de discriminación, definida como tal en la presente Ley, que constituye una discriminación por razón de origen racial o étnico, color, nacionalidad, ascendencia y territorio de origen.

Tramitación de reclamaciones:

Cualquier denuncia podrá presentarse a la autoridad de gestión o directamente a la propia Comisión por carta, fax, correo electrónico o llamada telefónica. La reclamación también podrá presentarse utilizando el El enlace abre una nueva ventanaformulario electrónico de reclamación disponible en la propia página de la Comisión.

Las prácticas discriminatorias de una persona física constituyen una infracción sancionable con una multa graduada entre 1 y 10 veces el valor del índice de apoyo social; en caso de prácticas discriminatorias por parte de personas jurídicas, públicas o privadas, estas prácticas constituirán una infracción administrativa castigada con una multa graduada entre cuatro y 20 veces el valor del índice de apoyo social.

En el caso de personas físicas, públicas o privadas, la imposición de una multa se impondrá sin perjuicio de cualquier responsabilidad derivada de la responsabilidad civil o de cualquier otra sanción que pueda imponerse.

La Comisión llevará un registro de los datos de las personas físicas y jurídicas a las que se hayan impuesto multas y sanciones accesorias. Los órganos jurisdiccionales y el Órgano de Vigilancia de las Condiciones de Trabajo informarán a la Comisión de todas las decisiones que demuestren las prácticas discriminatorias. Al término del plazo de recurso judicial, o en caso de que la sentencia de la Comisión sea firme, esta última será divulgada por un extracto que contenga al menos la identificación de la persona jurídica condenada, información sobre el tipo y naturaleza de la práctica discriminatoria y las multas y sanciones accesorias impuestas, y por un período de cinco años, en el sitio web de la AG.

Organismo de protección de datos

Autoridad portuguesa de protección de datos.

Es un órgano administrativo independiente que trabaja con la Assembleia da República. Tiene como asignación genérica para el control y el seguimiento del tratamiento de datos personales, respetando estrictamente los derechos humanos y las libertades y salvaguardias consagrados en la Constitución y en el Derecho. La Comisión será la Autoridad Nacional de Control de Datos Personales. La CNPD coopera con las autoridades de supervisión de otros Estados, en particular en el ámbito de la defensa y el ejercicio de los derechos de las personas que viven en el extranjero.

Tramitación de reclamaciones:

Las reclamaciones, reclamaciones o peticiones de personas en caso de incumplimiento en relación con el tratamiento de datos personales se envían por escrito a la CNPD y también pueden hacerse por vía electrónica mediante el El enlace abre una nueva ventanaformulario propio del sitio web de la CNPD, con el nombre, la dirección y la firma de sus autores.

Tras su registro, se dirigen y se someten a la evaluación previa de un miembro. Cuando la cuestión planteada no incida en el ámbito de competencias de la Comisión o cuando la declaración del particular no pueda, por su naturaleza, ser tal que impida la adopción de una decisión, podrá ser evaluada o transmitida debidamente por el miembro al que haya sido asignada.

Las decisiones de la Comisión se adoptarán por mayoría de votos, tendrán fuerza vinculante y serán objeto de una reclamación y de un recurso.

Otros organismos especializados

Instituto Nacional para la Rehabilitación, IP (INR, IP)

El Instituto Nacional para una Reabilição, I.P. es un instituto público integrado que actualmente está bajo el control del Ministerio de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social, con su propia autonomía administrativa y sus propios activos. Garantizar la igualdad de oportunidades, luchar contra la discriminación y aumentar el valor de las personas con discapacidad, con el fin de promover sus derechos fundamentales, son los principios que rigen el comportamiento de la Oficina.

La INR, I.P., es competente para recibir denuncias sobre discriminación por motivos de discapacidad, establecida en la Ley no 46/2006, de 28 de agosto de 2013, que prohíbe y castiga los riesgos de salud agravados. Todos los actos que den lugar a una violación de derechos fundamentales, o la denegación o condicionamiento del ejercicio de cualquier derecho por parte de cualquier persona por motivos de discapacidad se considerarán discriminación.

Tramitación de reclamaciones:

En caso de infracción del procedimiento de denuncia, se iniciará una declaración escrita de la situación que considere discriminatoria para la Oficina. Con este fin, también está a disposición del ciudadano para que El enlace abre una nueva ventanadisponga de http://www.inr.pt/nao-discriminacao en el sitio web que puede enviarse por correo electrónico (El enlace abre una nueva ventanainr@inr.mtsss.pt).

La denuncia deberá incluir la identificación (nombre completo, número de identificación o tarjeta del ciudadano, número de contribuyente, dirección completa, teléfono y otros datos de contacto); la notificación de todos los hechos claramente presentados; la indicación de los testigos, nombres, direcciones, contactos y debe estar justificada de la mejor manera por medio de pruebas, testigos o documentos que puedan demostrar la existencia de un acto discriminatorio.

Una vez que se ha presentado la reclamación, el caso se transmitirá a la autoridad administrativa competente (inspeccionadoras españolas, autoridades reguladoras u otras competencias para hacerlo) con competencias de inspección o para imponer sanciones) durante la fase de investigación, al término del cual tendrá lugar el procedimiento, al término del cual se da por concluido el procedimiento o se da por concluido el procedimiento, así como cualquier sanción adicional. La copia de la decisión se envía al Instituto Nacional para a Reabilição, I.P.

La práctica de cualquier acto discriminatorio está sujeta al pago de una multa que puede oscilar entre 5 y 30 veces el valor del salario mínimo garantizado con arreglo a las personas físicas o jurídicas.

Habida cuenta de la gravedad de la infracción y de la culpa del agente que lleva a cabo una conducta discriminatoria, pueden imponerse sanciones adicionales simultáneamente a la pérdida de objetos, a la prohibición de ejercer profesiones o a las actividades, a la privación del derecho a las prestaciones o prestaciones concedidas por las autoridades públicas, al establecimiento de establecimientos y a la publicidad de las decisiones que las ordenen.

Comisión para la igualdad en el trabajo y el empleo (CINE)

La Comisión es un órgano colegiado tripartito y equilátero, dotado de personalidad administrativa y jurídica independiente, que tiene la misión de promover la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres en el trabajo, en el empleo y en la formación profesional, y cooperar en la aplicación de disposiciones jurídicas y contractuales en este ámbito, así como las relativas a la protección de la paternidad y la conciliación de la vida profesional y familiar, en el sector privado, en el sector público y en el sector cooperativo.

Como una de sus funciones principales, es responsable de examinar las denuncias puestas en su conocimiento o de las situaciones en las que haya tenido conocimiento de las infracciones de las disposiciones legales en materia de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres en el trabajo, en el empleo y en la formación profesional, la protección de la paternidad y la conciliación del trabajo con la vida familiar y personal, y de facilitar información y asistencia jurídica en este ámbito.

Tramitación de reclamaciones:

Cualquier persona puede quejarse de anuncios de ofertas de trabajo y otras formas de contratación de trabajadores que no garantizan el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso al empleo.

Todo trabajador puede presentar una reclamación en casos de discriminación entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, al trabajo y a la formación profesional.

Podrá presentar una reclamación por carta, fax o correo electrónico. Si se desea o es deseable, la reclamación podrá presentarse a través de una llamada telefónica, a través de la Línea Verde 800 204 684 o sobre el terreno marcando el número 21 780 37 09.

El CITE tiene entonces la obligación de comunicar al servicio con competencias de inspección en el ámbito del empleo (el Órgano para las Condiciones de Trabajo) los dictámenes que confirmen o indiquen la existencia de prácticas laborales discriminatorias por razón de sexo, lo que puede llevar el correspondiente procedimiento de infracción de la manera que se describe a continuación.

Autoridad competente en materia de condiciones de trabajo (ACT)

El Órgano de Vigilancia de las Condiciones de Trabajo es un servicio estatal destinado a promover la mejora de las condiciones de trabajo en todo el territorio continental, supervisando el cumplimiento de la legislación laboral en el contexto de las relaciones laborales privadas y promoviendo la seguridad y la salud en el trabajo en todos los sectores de la actividad privada.

También es responsable de controlar el cumplimiento de la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo en todos los sectores de actividad y en los servicios centrales e indirectos de la Administración Pública, incluidos los institutos públicos, en forma de servicios personalizados o de fondos públicos.

Podrán presentarse reclamaciones o reclamaciones en relación con los defectos de la instalación o el incumplimiento de disposiciones comprendidas en el ámbito de competencia del ACT, en particular: salud y seguridad en el trabajo, contrato de trabajo de duración determinada; desigualdad y discriminación en el trabajo; desplazamiento de trabajadores; tiempo de trabajo y organización del tiempo de trabajo; representación colectiva de los trabajadores; el trabajo no declarado o irregular; las empresas de trabajo temporal; trabajo de los inmigrantes;

Tramitación de reclamaciones:

Los trabajadores, los representantes de los trabajadores y otras partes interesadas pueden presentar quejas o reclamaciones cumplimentando un El enlace abre una nueva ventanaformulario electrónico disponible en el sitio web del ACT.

Cuando el inspector de trabajo, en el ejercicio de sus funciones, comprueba o certifica directa y personalmente, aunque no de forma inmediata, toda infracción de la sanción disciplinaria por la que se impone una multa queda levantada en forma de informe oficial. En caso de infracción que no cumpla él mismo, el inspector de trabajo redactará su informe pericial con las pruebas de que disponga y la indicación de al menos dos testigos.

Después de la retirada, el anuncio oficial se notificará al acusado en un plazo de 15 días para efectuar el pago voluntario de la multa o dar una respuesta escrita de otro modo, y las pruebas de que está en posesión y confidencia de sus propios testigos, o de comparecer en persona para ser oídas, se presentarán en un plazo de días.

El plazo límite para concluir la investigación será de 60 días, que podrán ser prorrogados sucesivamente por períodos iguales en casos debidamente justificados.

En caso de infracción muy grave o de infracción reiterada cometida con dolo o negligencia grave, podrá imponerse la sanción de publicidad accesoria. Las sanciones accesorias de la prohibición temporal del ejercicio de la actividad, la privación de la participación en la compensación o publicidad de la sentencia, en caso de reincidencia en las infracciones administrativas mencionadas, teniendo en cuenta los graves efectos sobre el trabajador o la ventaja económica que obtenga el empresario.

Cuando la infracción consista en la omisión de un derecho, el pago de la multa no exime al infractor de su cumplimiento si es posible. En los casos en que la infracción se deba a la falta de pago, el pago a cuenta del impuesto sobre sociedades podrá determinar, además de la multa, el pago de los importes pendientes de pago a los trabajadores dentro del plazo de pago de este último.

Agencia Portuguesa de Medio Ambiente (APA)

La Agencia Portuguesa de Medio Ambiente tiene por misión proponer, desarrollar y supervisar la gestión integrada y participativa de las políticas de medio ambiente y desarrollo sostenible, en conjunción con otras políticas sectoriales y en colaboración con las entidades públicas y privadas que contribuyen al mismo objetivo, teniendo en cuenta un elevado nivel de protección y mejora del medio ambiente y la prestación de servicios de alta calidad a los ciudadanos. También es la autoridad competente a nivel nacional la que aplica el régimen de responsabilidad ambiental.

Los daños ambientales son: Daños a especies y hábitats naturales protegidos; Daños a las aguas; Daños al suelo.

Las observaciones relativas a las situaciones de daño medioambiental o a una amenaza inminente de tales daños podrán presentarse a la Agencia y a su intervención solicitada poniendo a disposición los datos pertinentes o las intervenciones a su disposición.

Tramitación de reclamaciones:

Cualquier persona o persona interesada puede presentar una solicitud por correo postal o correo electrónico, y en la página de la Agencia El enlace abre una nueva ventanaestá aún disponible un formulario electrónico de contacto.

Tras su recepción, la autoridad competente examinará la solicitud de intervención informando a las partes interesadas de su aceptación o rechazo. Cuando constate la existencia de un daño medioambiental y el demandante esté legitimado, notificará la demanda de intervención al operador de la solicitud de intervención con el fin de adoptar una decisión sobre las medidas que deban adoptarse.

Inspección General de Agricultura, Mar, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (IGAMOAOT)

Es fundamental para la administración directa del Estado de control, auditoría y supervisión centrada en cuatro ámbitos principales: seguimiento, inspección y auditorías de servicios y organismos dentro de la IGMAAOT, en los ámbitos respectivos de la administración y la gestión, y en los ámbitos de la misión, tales como la regulación y la seguridad alimentarias, control de la ayuda de los fondos nacionales y fondos de la UE y, en los ámbitos del medio ambiente, la ordenación del territorio y la conservación de la naturaleza, seguimiento y evaluación continuos de la legalidad.

Su actividad es del sector público y de los operadores privados, que también abarca a los ciudadanos sobre cuestiones relacionadas con la legislación medioambiental, la planificación espacial o la conservación de la naturaleza, o en el caso de los beneficiarios de ayudas nacionales o europeas para la agricultura y la pesca.

La IGAMAOT alberga quejas, denuncias e informes de actos relacionados con sus competencias actuando en relación con el mayor riesgo potencial y articulando la intervención de la administración con las demás autoridades competentes, dependiendo del asunto denunciado.

Tramitación de reclamaciones:

Para ello, dispondrá en su sitio web de un punto de contacto electrónico a través del cual pueda presentar una reclamación/reclamación cumplimentando un El enlace abre una nueva ventanaformulario electrónico con una descripción detallada de la situación, el nombre y el contacto observados, y la confidencialidad de estos datos podrá solicitarse, marcando el campo correspondiente del formulario.

Las reclamaciones, reclamaciones, exposiciones, exposiciones, participaciones y otras solicitudes de IGAAOT, que contengan materias que puedan ser examinadas en el curso de cualquier inspección, determinarán el establecimiento de un procedimiento administrativo específico, de acuerdo con las instrucciones del Código de Procedimiento Administrativo.

Las solicitudes anónimas deben archivarse en el pasado a menos que estén suficientemente fundamentadas o documentadas.

En el curso de la instrucción del expediente administrativo, la IGMAAOT fija un plazo para responder a las solicitudes de información o de presentación de información por parte de las entidades afectadas.

En el curso de la investigación, también puede ser necesario adoptar medidas con las autoridades afectadas con vistas a recabar información y pruebas que permitan emitir un juicio sobre la posible activación de una inspección.

Una vez concluido el examen del caso, y sin perjuicio de la denuncia obligatoria a efectos penales, se elaborará una propuesta motivada que se presentará al inspector general, cuya decisión podrá ser: archivo; seguimiento; emprender acciones especiales; o remitir el asunto al Miembro del Gobierno responsable de IGAMAOT, quien decide qué hacer.

La Inspección General de Justicia (IGSJ).

Se trata de un servicio central de la Administración General del Estado, dotado de autonomía administrativa, encargado de llevar a cabo las funciones de auditoría, inspección y vigilancia de todos los órganos, servicios y organismos bajo la supervisión del Ministerio de Justicia o sujetos a su supervisión o regulación, incluido el servicio penitenciario, ya sea para la corrección de las ilegalidades o irregularidades o para la optimización de la explotación de los servicios.

Podrán presentarse reclamaciones relativas a actos y omisiones ilícitos, en particular retrasos en la prestación del servicio público; baja asistencia; funcionamiento incorrecto de los funcionarios o agentes; malas condiciones en las instalaciones y, en general, irregularidad o deficiencia en el funcionamiento de los servicios.

Tramitación de reclamaciones:

Podrá presentarse una reclamación sin ninguna formalidad especial de una de las siguientes maneras: por correo, teléfono, fax o correo electrónico. El enlace abre una nueva ventanaTambién puede consultarse un formulario de reclamación en el sitio web de la IGSJ.

Las reclamaciones, quejas, participaciones y exposiciones presentadas en persona a CISJ son recibidas por el inspector en una escala.

Siempre se les asigna un caso, cuyo número se comunicará al denunciante, quien deberá mencionarlo en sus posibles contactos con el GSJ. Cuando esté justificado, la denuncia podrá ir acompañada del proceso de inspección o auditoría en curso o en curso.

Se podrá pedir a la IGSJ que facilite información sobre el estado de sus deliberaciones, indicando el número respectivo, por cualquier medio. Si ha presentado su reclamación a través del sitio web de la GSJ, podrá seguir su estado de denuncia utilizando la clave de acceso que se ha generado en la presentación electrónica.

Solo se examinarán las denuncias anónimas cuyos elementos permiten considerar que las declaraciones son coherentes y detalladas. En este caso, no se facilitará información al reclamante sobre el resultado de cualquier otra investigación que se lleve a cabo, ni se podrá acceder a la información sobre el estado del proceso respectivo a través del sitio web de la IGSJ, ya que el acceso a esta información depende del registro del usuario.

Interventor General de Administraciones Públicas (IGAI)

Se trata de un servicio de control externo independiente de la actividad policial. Está supervisada por el Ministerio del Interior (MAI) y su acción se centra en todos los servicios y fuerzas de seguridad (GNR, PSP y SEF), que dependen de él, garantizando las funciones de auditoría, inspección y supervisión de alto nivel de estas entidades y garantizando el respeto de los derechos de los ciudadanos, con especial atención a la protección de los derechos humanos y al mantenimiento del orden público.

Toda persona, ya sea nacional o no, una agrupación de personas, una asociación, una empresa u otra entidad colectiva podrá presentar una denuncia sobre actos y omisiones ilegales, incluidas aquellas que denuncien violaciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos por parte de los profesionales de los organismos bajo la autoridad del MAI, y en particular: retrasos en la prestación de servicios públicos; baja asistencia; el comportamiento ilícito de los empleados en funciones públicas y otros agentes en el marco del MAI; instalaciones deficientes y, en general, cualquier irregularidad o defecto en la ejecución del servicio

Tramitación de reclamaciones:

La denuncia podrá presentarse sin ninguna formalidad especial del siguiente modo: Por correo, personalmente, por correo electrónico o mediante un El enlace abre una nueva ventanaformulario electrónico de reclamación.

Proporcionará una descripción detallada de la situación observada; indíquese la persona responsable e indicar la fecha y el lugar exactos (calle y número, lugar, municipio y municipio), si es posible, acompañada de un mapa de localización de la situación notificada.

Las pruebas deben presentarse lo antes posible, si no pueden hacerlo en el momento de la participación.

La IGAI garantizará que todas las reclamaciones y reclamaciones, como parte de su acción, se analizarán adecuadamente y que todos los denunciantes identificados recibirán una respuesta a sus exposiciones. Puede pedir a IGAI información sobre la situación de su caso, indicando su número.

Solo se examinarán las denuncias anónimas cuyos elementos permiten considerar que las declaraciones son coherentes y detalladas.

Inspección General de Educación y Ciencia (IGEC)

El IGEC tiene la misión de garantizar la legalidad y regularidad de los actos llevados a cabo por los órganos y organismos del Ministerio de Educación o sujetos a la supervisión del miembro del Gobierno, así como el control, la auditoría y la supervisión del funcionamiento del sistema educativo en el ámbito de la educación preescolar, escolar, incluida la educación básica, secundaria y superior, y mediante la integración de las formas especiales de educación, la educación extraescolar, la ciencia y la tecnología, y los órganos, oficinas y agencias del Ministerio.

El mediador del IGEC pretende salvaguardar, defender y promover los derechos y los intereses legítimos de los ciudadanos, así como la equidad y equidad del sistema educativo. Da lugar al examen y el tratamiento de las denuncias por parte de los usuarios y miembros del sistema educativo, y puede transformarse en un procedimiento disciplinario en forma de investigaciones o de procedimientos disciplinarios.

Tramitación de reclamaciones:

Las reclamaciones pueden enviarse por carta, fax o correo electrónico (El enlace abre una nueva ventanaigec@igec.mec.pt). Antes de presentar una denuncia ante la IGEC, los usuarios y agentes del sistema educativo presentarán, en la medida de lo posible, esta situación a los organismos competentes del grupo de escuelas/escuela no agrupados, en la institución de enseñanza superior o en el organismo o la oficina.

La actuación del Defensor del Pueblo se lleva a cabo por las áreas territoriales de inspección del IGEC, encargadas de examinar las reclamaciones presentadas por los usuarios y agentes del sistema educativo y de determinar el procedimiento que se considera más adecuado para su tratamiento, y puede llevar a cabo un enfoque preliminar que tenga esencialmente por objeto delimitar el objeto de la denuncia y aclarar sus motivos de forma rápida y rápida. Cuando estas reclamaciones sean competencia del director de la agrupación de escuelas/escuela no agrupadas, el rector/presidente/director de la institución/centro de enseñanza superior o el director general de la escuela, a través de los representantes regionales de la educación, se le remitirá directamente. Las reclamaciones relativas a los órganos y servicios de educación y ciencia son analizadas directamente por el IGEC tras oír a las partes implicadas.

Las reclamaciones recibidas en la sede del IGEC se envían a los ámbitos territoriales de inspección para determinar el procedimiento más adecuado a la situación.

Los directores del grupo/los centros no agrupados y el director/cabeza/cabeza de la institución/institución de educación superior tienen autoridad disciplinaria sobre la enseñanza, el personal no docente y los alumnos. A su vez, el director general de los centros escolares, a través de los delegados de educación regional, tiene autoridad disciplinaria sobre el órgano administrativo y la gestión de grupos de escuelas o escuelas no agrupadas.

No obstante, cuando, a raíz de una inspección, llega a la conclusión de que se ha producido una infracción disciplinaria, el Inspector General es competente para incoar el procedimiento disciplinario correspondiente.

Por su parte, las reclamaciones relativas al funcionamiento de otros sectores de la administración o a la actuación de las entidades privadas sobre las que el Ministerio de Educación y Ciencia no tiene facultades de supervisión, recibidas en la sede o en las áreas territoriales de inspección, se remiten a los servicios competentes de la administración central, regional o local, si informa a la persona interesada.

Inspección General de Actividades Sanitarias (IGAS)

La Inspección General de Actividades Sanitarias es la Administración central de la Administración General del Estado, que tiene la misión de garantizar el cumplimiento de la ley y los elevados niveles técnicos de actuación, en todos los ámbitos de la prestación de asistencia sanitaria, bien por el Ministerio de Sanidad o sus órganos subordinados, bien por entidades públicas, privadas o sociales.

Cualquier irregularidad o deficiencia en el funcionamiento de los servicios, como: actos y omisiones que se consideran ilícitos, mal uso de fondos o fondos públicos, casos de fraude o corrupción, impedimentos o desigualdades en el acceso a la asistencia sanitaria en un determinado proveedor o establecimiento, comportamiento incorrecto de los funcionarios o de los profesionales de la salud, entre otros.

En caso de que el asunto denunciado no esté comprendido en el mandato del IGAS, la presentación o resolución de la entidad debidamente identificada se remitirá siempre a la autoridad competente.

Tramitación de reclamaciones:

Cualquier persona, ya sea nacional o extranjera, grupos de personas, asociaciones, empresas u otras personas jurídicas podrán presentar una reclamación por carta enviada por correo o por correo electrónico.

Las reclamaciones/exposiciones podrán presentarse en cualquier momento y deberán estar completas y documentadas, indicando, en la medida de lo posible, información detallada sobre la persona o la organización en cuestión, los hechos, fechas y lugares de la práctica, su identificación personal (nombre y datos de contacto) e información sobre si la reclamación/exposición se ha presentado a otra entidad.

Los acuerdos intergubernamentales examinan las reclamaciones y exposiciones, cuyos elementos permiten tener en cuenta la coherencia y las circunstancias temporales, el modo y el lugar de los hechos o actos, sus autores y su posible responsabilidad.

Las situaciones comunicadas/expuestas pueden dar lugar a un proceso de inspección o aclaración de conformidad con las normas de inspección de la IGAS. En efecto, en los procedimientos de inspección, el principio de contradicción, que tiene por objeto permitir que las personas afectadas tengan la posibilidad de expresar su punto de vista, se respeta siempre, salvo en los casos previstos por la ley, en particular en los casos en
que la instrucción de un procedimiento penal y la obtención de pruebas puedan estar objetivamente justificadas.

El interesado conoce el resultado de la IGAS.

Autoridad sanitaria (ERS)

La Autoridad Reguladora de la Salud (ERS) es un organismo público independiente encargado de regular las actividades de los centros de salud, que incluyen a todos los prestadores de asistencia sanitaria que mantienen contactos con la población en la Portugal continental, en los sectores público, privado y social, a excepción de las farmacias.

La regulación y la supervisión de los prestadores son las siguientes: tramitar las quejas de los usuarios, los proveedores y las instituciones; inspecciones y auditorías de las instalaciones de los prestadores de asistencia sanitaria; la investigación de situaciones que puedan poner en peligro los derechos de los usuarios; el desarrollo de los procedimientos de infracción y la aplicación de sanciones; emitir instrucciones, recomendaciones y dictámenes; estudios sobre la organización del sistema sanitario.

Las reclamaciones relativas a los sistemas de notificación y notificación de residuos (ERS) podrán referirse a:

  • Acceso a la atención sanitaria
  • Discriminación
  • Calidad de la asistencia sanitaria
  • Calidad de la asistencia administrativa
  • Derechos de los usuarios
  • Tiempos de espera de llamada
  • Tiempos de espera para marcar
  • Cuestiones financieras
  • Cuestiones jurídicas
  • Calidad de los locales

Tramitación de reclamaciones:

Los usuarios de servicios de salud pueden presentar una reclamación a través de la libreta de reclamaciones, puesta a disposición en los establecimientos en los que el servicio público se haga público o directamente a la empresa o entidad proveedora del servicio/proveedor de servicios, en un momento posterior al evento.

También es posible remitir la exposición directamente al ERS por correo, teléfono, presencial o mediante el libro de reclamaciones en línea disponible en el portal ERS en El enlace abre una nueva ventanahttps://www.ers.pt/pages/50. El sistema ERS envía las denuncias presentadas a través del registro de reclamaciones en línea al mismo tratamiento procesal que utiliza para las reclamaciones procedentes de los libros de reclamaciones tradicionales disponibles en los proveedores de asistencia sanitaria o de exposiciones.

En caso de que el denunciante haya estado expuesto por escrito al libro de reclamaciones disponible en el establecimiento del proveedor, podrá devolver al ERS el duplicado de la exposición, que debería haberse presentado en el momento de la reclamación (hoja azul). Sin embargo, el proveedor dispone de 10 días laborables para enviar la denuncia al ERS.

Si se dirige directamente al proveedor mediante carta formal, fax o correo electrónico, puede remitirse a la copia ERS del documento original enviado.

Tras la recepción de la denuncia, el sistema ERS notifica la denuncia para presentar las alegaciones que considere apropiadas. En función de la combinación del contenido de la reclamación y de las alegaciones presentadas, el sistema ERS adoptará las medidas adecuadas, de conformidad con las facultades que le confiere la ley. Si la denuncia no está adecuadamente identificada o si es imperceptible, el sistema ERS lo archivará como resultado de la imposibilidad de procesar. Si la reclamación no entra dentro de su ámbito de competencias, el ERS informará al denunciante del organismo competente para tramitar la reclamación, enviándola.

Inspección General del Ministerio de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social

IGMTSS es un servicio estatal directo, como parte del Ministerio de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social. Es un organismo de control sectorial dentro de los servicios y organismos de las MTSS, o bajo la responsabilidad del Ministro respectivo.

Tendrá en cuenta, en particular, el cumplimiento legal y reglamentario de los actos de los servicios y órganos del Ministerio, o bajo la supervisión del Ministerio, y evaluar su rendimiento y gestión mediante la realización de inspecciones y auditorías; evaluar la calidad de los servicios prestados al ciudadano y recomendar las modificaciones y medidas para subsanar las deficiencias e irregularidades.

Las denuncias, reclamaciones o participación en el ejercicio de las actividades de las entidades bajo la responsabilidad del Ministerio, incluidas las instituciones pertenecientes a la Santa Casa da Misericordia y las instituciones de solidaridad social privadas, podrán dirigirse al Comité de Inspección.

Tramitación de reclamaciones:

Puede presentar su denuncia por correo postal, electrónico o El enlace abre una nueva ventanaelectrónico disponible en el sitio Internet. Además de la identificación de la entidad objeto de la denuncia y de la fecha de los hechos, se hará una descripción concisa y clara de los hechos que originaron la denuncia.

Autoridad Portuguesa de Seguridad Alimentaria y Seguimiento Económico (ASAE)

La ASAE es la autoridad administrativa nacional especializada en el ámbito de la seguridad alimentaria y la vigilancia económica. De este modo, es responsable de la evaluación y la notificación de los riesgos en la cadena alimentaria, así como de la disciplina de la actividad económica en los sectores alimentario y no alimentario mediante el seguimiento y la prevención del cumplimiento de la legislación reguladora.

Todos los proveedores de bienes o servicios que operen en un establecimiento físico, fijo y permanente; tienen contacto directo con el público y prestan bienes o servicios en Portugal están obligados a disponer de un libro de reclamaciones.

Tramitación de reclamaciones:

Cuando se presta un servicio o compra de un producto, el consumidor no se siente plenamente satisfecho, puede solicitar el libro de reclamaciones y, a través de este medio, explicar el motivo de su descontento. Los originales de las hojas de reclamación deberán ser enviados por un proveedor de servicios al ASAE en el plazo de 10 días hábiles.

También puede presentarse una denuncia de hechos ilegales utilizando el El enlace abre una nueva ventanaformulario de denuncia disponible en la página ASAE, lo que puede implicar cuestiones administrativas o penales que sean competencia de la Autoridad.

En caso de actos ilícitos ajenos a la competencia del ASAE, la denuncia será transmitida a la autoridad competente.

La denuncia se elaborará de manera completa y motivada indicando, en la medida de lo posible, información detallada sobre los hechos y la entidad notificada, el lugar en que se produjeron los hechos (dirección u otros puntos de referencia), la justificación de los motivos de resolución y otras cuestiones pertinentes. Si decide presentar una denuncia anónima, no podrá facilitar más información en una fecha posterior.

Una vez recibida la reclamación y, en su caso, sus reclamaciones, la ASAE iniciará el procedimiento apropiado si los hechos que resultan de la denuncia indican la infracción aplicable. En caso contrario, el ASAE notificará al proveedor de los bienes o al prestador de servicios de manera que en el plazo de 10 días hábiles presente las alegaciones que considere apropiadas.

Una vez examinado el contenido de las denuncias, y teniendo en cuenta el contenido de la denuncia que le dio origen, la ASAE puede remitir el asunto, en su caso, a otro organismo competente en relación con el objeto de la denuncia o, en su defecto, proponer su conclusión.

Cuando se examinen los hechos alegados en la denuncia y, una vez finalizados todos los pasos necesarios para el restablecimiento de la situación jurídica, el ASAE informará al denunciante por escrito, si está adecuadamente identificado, sobre los procedimientos o medidas que se han adoptado o se adoptarán a raíz de la denuncia.

Otros órganos

Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS)

El Instituto da Segurança Social, I. P., es un instituto público de disposiciones especiales, en el marco de la administración indirecta del Estado, dotado de autonomía administrativa y financiera y de patrimonio propio.

Garantizará la protección jurídica de acuerdo con la ley. La protección jurídica es un derecho de las personas y entidades sin ánimo de lucro que no están en condiciones de pagar los gastos relacionados con los procedimientos judiciales (en los tribunales), en caso de despido, divorcio, desahucio, recuperación de bienes, etc., en caso de divorcio por consentimiento mutuo.

La protección jurídica incluye:

Consulta jurídica — Consulta con un abogado para una aclaración técnica sobre la ley aplicable a cuestiones o asuntos específicos en los que tiene intereses personales importantes o legítimos o en los que se ve perjudicado o amenazado por una lesión (no aplicable a las entidades sin ánimo de lucro).

Asistencia jurídica gratuita: nombramiento de un abogado y pago de honorarios o pago de honorarios del tribunal (designación otorgada al abogado en el caso de un acusado en un procedimiento penal o administrativo), renunciando al pago de tasas judiciales o por la posibilidad de pagarlos de forma escalonada y asignación de un agente de ejecución (es decir, un agente judicial que desempeña las funciones de agente ejecutivo).

Tendrán derecho a la protección jurídica:

  • Ciudadanos portugueses y de la Unión Europea.
  • Los extranjeros y apátridas que tengan un permiso de residencia válido en un Estado miembro de la Unión Europea.
  • Extranjeros sin permiso de residencia válido en un Estado miembro de la Unión Europea, si la legislación de su país de origen concede el mismo derecho a los nacionales portugueses.
  • Personas que están domiciliadas o tienen su residencia habitual en un Estado miembro de la Unión Europea distinto del Estado miembro en el que tienen lugar los procedimientos (litigios transfronterizos).
  • Las personas jurídicas sin ánimo de lucro (personas jurídicas sin ánimo de lucro) tienen derecho únicamente a la asistencia jurídica gratuita, a las modalidades de renuncia a las tasas y demás gastos relativos al procedimiento, a la designación y al pago de la indemnización a la patrocinadora, al pago de la indemnización de un abogado designado por el tribunal y a la asignación de un agente ejecutivo.

Todas estas personas deben demostrar que carecen de capacidad económica para sufragar los gastos derivados de los procedimientos judiciales, el alquiler de un abogado, etc.

De conformidad con la legislación portuguesa, la deficiencia económica es la que, teniendo en cuenta los ingresos, los activos y los gastos permanentes del hogar, no tiene condiciones objetivas para apoyar los costes de un caso sobre una base ad hoc.

Los formularios de solicitud de asistencia jurídica gratuita se podrán obtener gratuitamente de todo servicio prestado al servicio público de seguridad social o en El enlace abre una nueva ventanaformato electrónico en la página de la seguridad social.

La solicitud deberá enviarse personalmente o enviarse por correo a cualquier servicio de seguridad social (adjuntar todos los documentos necesarios).

Podrá comprobar si tiene derecho a la protección jurídica a través del simulador de protección jurídica, disponible en el lado derecho de la página que se adjunta a El enlace abre una nueva ventanahttp://www.seg-social.pt/calculo-do-valor-de-rendimento-para-efeitos-de-proteccao-juridica

Más información en la página del Tribunal — Justicia gratuita

Comisión para la Protección de las Víctimas de Delitos

La Comisión es el órgano del Ministerio de Justicia encargado de recibir, analizar y resolver las solicitudes de indemnización del Estado de víctimas de delitos violentos y de las víctimas de violencia doméstica.

El deber de indemnización está en manos de quienes cometieron la infracción, pero en algunos casos el Estado puede reclamar daños cuando no puede ser soportado por la persona física o es imposible obtenerla en un plazo razonable y el perjuicio causado una perturbación considerable del nivel y de la calidad de vida de la víctima.

La reclamación podrá presentarse hasta un año después de la fecha del delito o, si se trata de un procedimiento penal, hasta un año después de la decisión definitiva. La víctima que, en el momento del delito, era menor, puede presentar la solicitud hasta un año después de haber alcanzado la mayoría de edad o emancipada.

La solicitud debe presentarse en su propia forma, disponible, por ejemplo, en los locales de esta Comisión, las Oficinas de Asistencia a las Víctimas (Victim Support Oficinas de Victim Support Association) y por medio de un El enlace abre una nueva ventanaformulario de reclamación disponible en la página de la Comisión.

La solicitud estará exenta de gastos o cargas a la víctima, incluidos los documentos y certificados necesarios para la obtención de dicha solicitud de forma gratuita.

Cuando el delito se haya cometido en el territorio de otro Estado miembro de la Unión Europea, la reclamación de daños y perjuicios que deba pagar dicho Estado podrá presentarse al Comité de Protección para las Víctimas de Delitos, a condición de que el solicitante tenga su residencia habitual en Portugal.


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Última actualización: 26/08/2019