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Insolvencia - Finlandia

ÍNDICE

La insolvencia implica algo distinto a una incapacidad temporal de pagar las deudas a su debido tiempo. En este caso, procedimiento de insolvencia se refiere a un procedimiento que se aplica simultáneamente a todas las deudas del deudor.

En Finlandia hay tres tipos de procedimientos de insolvencia: el concurso, la reestructuración de empresas y la reestructuración de deudas de particulares. Los concursos están regulados por las disposiciones de la Ley concursal (Konkurssilaki 120/2004), que entró en vigor el 1 de septiembre de 2004. La Ley sobre reestructuración de empresas (Laki yrityksen saneerauksesta 47/1993) y la Ley sobre reestructuración de la deuda de particulares (Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 57/1993) entraron en vigor el 8 de febrero de 1993.

El concurso es un procedimiento de liquidación de los activos de un deudor y reparto del producto de la liquidación entre los acreedores. La reestructuración de empresas y la reestructuración de la deuda de particulares son procedimientos de rehabilitación para restaurar la solidez financiera y permitir a los deudores superar sus dificultades financieras.

El deudor puede también alcanzar un acuerdo con sus acreedores sobre el pago de sus deudas y llegar a otros acuerdos fuera de los procedimientos de insolvencia oficiales. No hay disposiciones legales que regulen los acuerdos que se adoptan de forma voluntaria.

1 ¿Contra quién puede incoarse un procedimiento de insolvencia?

Concurso

El concurso es de aplicación general, por lo que tanto las personas físicas como las jurídicas pueden ser declaradas en concurso. Una persona jurídica puede declararse en concurso incluso si ha sido eliminada del registro correspondiente o disuelta. La masa hereditaria también puede ser declarada en concurso.

Reestructuración de la empresa

Cualquier empresa que realice una actividad económica puede ser objeto de un procedimiento de reestructuración, como también puede serlo un comerciante privado. Sin embargo, determinadas empresas, tales como las aseguradoras y las entidades de crédito sujetas a un control y a una regulación especiales, quedan excluidas de este procedimiento.

Reestructuración de deudas

Solo las personas físicas pueden beneficiarse de una reestructuración de la deuda. A las personas físicas que realicen negocios privados mediante una sociedad colectiva o sean socios colectivos de una sociedad comanditaria, se les puede conceder una restructuración de deudas bajo ciertas condiciones.

2 ¿Cuáles son las condiciones para la apertura de un procedimiento de insolvencia?

La condición general para la apertura de los tres tipos de procedimientos de insolvencia es que el deudor sea insolvente. La insolvencia implica algo distinto a una incapacidad temporal de pagar las deudas a su vencimiento. Los procedimientos de reestructuración también se pueden iniciar cuando el deudor está en riesgo de insolvencia.

Concurso

La solicitud de declaración de concurso puede ser presentada por el deudor o por un acreedor. La condición general para una declaración de concurso es la insolvencia del deudor. La Ley concursal prevé varios supuestos que ayudan a determinar si existe insolvencia; se considera que un deudor es insolvente si se cumplen esos supuestos, salvo prueba en contrario.

Se considerará que un deudor es insolvente si:

1. el deudor declara que es insolvente y no existen motivos específicos para oponerse a su declaración;

2. el deudor he cesado los pagos;

3. se ha determinado en un procedimiento de ejecución durante los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud de concurso que el deudor no podrá hacer frente a la totalidad de sus deudas; o

4. un deudor que tiene o ha tenido la obligación de llevar una contabilidad de su actividad durante el año inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud de concurso, no ha pagado al acreedor el crédito establecido, en el plazo de una semana a partir de la recepción del requerimiento de pago.

Un acreedor puede presentar una solicitud de declaración de concurso si el crédito reclamado se basa en una sentencia u otro título ejecutorio, en un compromiso firmado por el deudor que no ha sido impugnado por el mismo con justificación obvia, o cuya exigibilidad no presenta dudas por cualquier otro motivo. El crédito reivindicado no debe haber vencido ya. Existen restricciones para las solicitudes de concurso basándose en que el crédito sea insignificante o en los casos en que el acreedor cuente con una garantía para el crédito.

El órgano jurisdiccional nombra a un administrador judicial y garantiza que se publique sin demora una notificación del inicio del concurso en el Boletín Oficial de Finlandia. El anuncio puede también publicarse en cualquier periódico. El administrador judicial deberá informar a los acreedores del inicio del procedimiento. Este inicio se inscribe asimismo, entre otros, en el Registro de Concursos y Reorganizaciones, Registro Mercantil, Registro de la Propiedad Inmobiliaria, Registro de Buques, Registro de Buques en Construcción, Registro de Aeronaves, Registro de Hipotecas Comerciales, Registro de Datos de Vehículos y Conductores y en el Registro de Anotaciones en Cuenta.

Reestructuración de la empresa

Tanto el deudor como un acreedor pueden solicitar la apertura del procedimiento de reestructuración, aunque casi siempre suelen hacerlo los deudores.

Un procedimiento de reestructuración puede iniciarse cuando el deudor es insolvente y no existe ningún obstáculo legal para hacerlo. Un obstáculo sería, por ejemplo, cuando la insolvencia no puede resolverse mediante un programa de reestructuración o cuando el patrimonio del deudor es insuficiente para cubrir los costes del procedimiento. Los procedimientos de reestructuración también se pueden iniciar cuando el deudor está en riesgo de insolvencia inminente. Los procedimientos de reestructuración en base a una insolvencia inminente podrán iniciarse a petición de un acreedor solo si el crédito se refiere a un interés financiero considerable. Además, podrán iniciar el procedimiento de reestructuración dos o más acreedores cuyas reclamaciones representen en total al menos una quinta parte de los créditos conocidos del deudor. Podrán presentar una petición conjunta con el deudor o bien declarar su apoyo a la petición del deudor.

El órgano jurisdiccional publicará un anuncio de la decisión de iniciar el procedimiento de reestructuración en el Boletín Oficial de Finlandia. Compete al administrador judicial comunicar el inicio del procedimiento a los acreedores. El inicio del procedimiento de insolvencia se notifica también a determinadas autoridades y se inscribe, entre otros sitios, en el Registro de Concursos y Reorganizaciones, Registro Mercantil y Registro de la Propiedad Inmobiliaria.

Las consecuencias legales de la iniciación del procedimiento de reestructuración entrarán automáticamente en vigor a partir de la fecha de la sentencia de apertura del procedimiento. Después de la presentación de la petición, el órgano jurisdiccional podrá ordenar, a instancia del peticionario o del deudor, una prohibición del pago de las deudas y la provisión de garantía de las deudas, una prohibición de cobro de las deudas, una prohibición de embargo u otras medidas de ejecución que surtan efecto antes del inicio del procedimiento.

Reestructuración de deudas

Los casos de reestructuración de deudas se inician a petición del deudor. La iniciación del procedimiento de reestructuración de deudas requiere que el deudor sea insolvente y no pueda mejorar de manera razonable su capacidad de pago para poder cumplir sus deudas. La razón principal de la insolvencia debe ser una disminución esencial de la capacidad del deudor para pagar debido a un cambio en las circunstancias, principalmente por causas ajenas al deudor como, por ejemplo, enfermedad. Por otra parte, la reestructuración de deudas también puede concederse si está justificado en vista de la proporción entre las deudas y otros pasivos del deudor y su capacidad para pagarlos. Al evaluar la capacidad de pago del deudor, se tienen en cuenta, por ejemplo, los activos, los ingresos y el potencial de ingresos del deudor.

No debe haber ningún impedimento legal para los procedimientos de reestructuración de deudas (por ejemplo, una deuda contraída a través de un delito o una deuda contraída de forma imprudente e irresponsable). Sin embargo, la reestructuración de la deuda puede concederse sin perjuicio de un impedimento general si existe una buena razón para hacerlo. En tales casos, se prestará especial atención a las medidas adoptadas por el deudor para reembolsar sus deudas, a la fecha de vencimiento de los importes reclamados y a otras circunstancias del deudor, así como a la importancia de la reestructuración de las deudas, tanto desde el punto de vista del deudor como del de los acreedores.

Las consecuencias legales de la iniciación del procedimiento de reestructuración entrarán automáticamente en vigor a partir de la fecha de la resolución de apertura del procedimiento. Después de la presentación de la petición, el órgano jurisdiccional podrá ordenar, a instancia del deudor, una prohibición temporal del pago de las deudas y la provisión de garantía de las deudas, o el cobro de deudas, o el embargo y otras medidas de ejecución que surtan efecto antes del inicio del procedimiento.

3 ¿Qué bienes forman parte de la masa del deudor? ¿Cómo se tratan los activos que son adquiridos por el deudor o que se le transfieren tras la apertura del procedimiento de insolvencia?

Concurso

Los activos que el deudor tiene al inicio del concurso y los activos que el deudor adquiere antes de su conclusión serán activos de la masa concursal. El producto de los activos de la masa concursal, así como los activos que pueden recuperarse a la masa concursal y los activos que se adquieren como sustitución de la masa concursal, formarán asimismo parte de la masa concursal.

Por regla general, los activos no embargables no serán activos de la masa concursal. Además, los activos adquiridos o los ingresos obtenidos por una persona física después del inicio del concurso no serán activos de su masa concursal.

Reestructuración de la empresa

En el procedimiento de reestructuración, se prepara un programa de reestructuración para el deudor. El programa contendrá, por ejemplo, un balance de la situación financiera del deudor, es decir, de los activos, pasivos y otras obligaciones del deudor. El programa de reestructuración se preparará tomando como base la totalidad de los activos del deudor en el momento del procedimiento. La recuperación también es posible: una transacción que podría haberse revertido si se hubiera presentado una solicitud de concurso en lugar de una solicitud de reestructuración, puede revertirse en los procedimientos de reestructuración por los mismos motivos aplicables en el caso del concurso.

Aunque en circunstancias excepcionales es posible modificar el programa de reestructuración después de su aprobación, esta modificación ya no puede aumentar los importes de los pagos que deben hacerse a cada acreedor. Sin embargo, los activos transferidos al deudor después de la aprobación del programa de reestructuración de la empresa pueden dar lugar a que los acreedores pidan pagos adicionales al deudor. Se puede ordenar al deudor que haga pagos suplementarios, si se considera que el estado de sus finanzas es mejor en comparación con el momento en que el programa fue preparado. Se puede presentar una demanda de pagos suplementarios si hay motivos para exigir tales pagos, y la demanda se presentará ante el órgano jurisdiccional a más tardar un año después de la presentación ante este del informe final.

Reestructuración de deudas

Al evaluar la capacidad de pago del deudor, se deben tener en cuenta, por ejemplo, los fondos de la liquidación de los activos del deudor, sus ingresos y su potencial de ingresos, así como sus gastos de subsistencia y obligaciones de alimentos. En la liquidación de deudas, el deudor deberá confirmar un calendario de pagos correspondiente a su capacidad de pago. En la reestructuración de deudas, todos los ingresos del deudor que excedan sus gastos de subsistencia y obligación de alimentos, serán utilizados para cubrir las deudas, así como otros activos del deudor que no cubran necesidades básicas del deudor. Los activos considerados como necesidades básicas del deudor incluyen la vivienda donde reside el deudor, el mobiliario de la misma en la medida de lo razonable, y los efectos personales e instrumentos de trabajo del deudor en la medida en que sean razonablemente necesarios. Los activos que sean considerados necesidades básicas del deudor solo podrán liquidarse en los casos previstos por la ley.

Además, el calendario de pagos puede obligar al deudor a hacer pagos suplementarios si recibe ingresos o activos adicionales durante ese periodo. El deudor está obligado a remitir a los acreedores una determinada proporción de los regalos y otros pagos extraordinarios recibidos durante el periodo del calendario de pagos. Cuando los ingresos del deudor excedan los ingresos establecidos en el calendario de pagos, se puede ordenar al deudor que pague a los acreedores una determinada proporción de los ingresos adicionales.

4 ¿Qué competencias tienen el deudor y el administrador concursal, respectivamente?

Concurso

La declaración de concurso la dicta un órgano jurisdiccional. Corresponde asimismo al órgano jurisdiccional designar un administrador judicial. Se designa como administrador judicial, si acepta el nombramiento, a una persona que reúna los requisitos de competencia, aptitud y experiencia necesarios y se considere idónea para desempeñar dicha función. El administrador judicial no deberá tener ninguna relación con el deudor ni con ninguno de los acreedores que pudiera comprometer su independencia con respecto al deudor, su imparcialidad hacia los acreedores o su capacidad para el correcto desempeño de la tarea. No se puede designar como administrador judicial a una persona jurídica.

El administrador judicial tiene un papel crucial en la administración de una masa en concurso. Entre otras cosas, las funciones del administrador judicial incluyen la representación de la masa concursal, gestionar y elaborar el inventario de la masa concursal, elaborar el balance del deudor, recibir la presentación de créditos y elaborar la lista de desembolsos. El administrador judicial se ocupa también de la gestión y venta de los bienes pertenecientes a la masa y del desembolso de fondos.

Al empezar el concurso, el deudor pierde el poder de disposición sobre los bienes de la masa concursal. El deudor deberá cooperar para que el procedimiento concursal pueda concluir y revelar la información necesaria al administrador judicial para que este pueda elaborar el inventario de la masa y dar fe del mismo. El deudor tendrá derecho a recibir información sobre la masa, a asistir a las sesiones de la junta de acreedores y a expresar su opinión sobre los asuntos que se sometan a decisión.

Reestructuración de la empresa

Al inicio del procedimiento de reestructuración de una empresa, el órgano jurisdiccional designará un administrador judicial. Este deberá ser una persona mayor de edad, de reconocida honestidad, que no esté en concurso y que tenga plena capacidad procesal. Esta persona deberá reunir los requisitos de capacidad, aptitud y experiencia necesarios para el puesto. El administrador judicial no deberá tener ninguna relación con el deudor ni con ninguno de los acreedores que pudiera comprometer su independencia con el deudor o su imparcialidad hacia los acreedores. No se puede designar como administrador judicial a una persona jurídica.

El administrador judicial es responsable de llevar a cabo el procedimiento y de proteger los intereses de los acreedores, elabora un informe de los activos y pasivos del deudor y una propuesta de programa de reestructuración y también supervisa las actividades del deudor.

El órgano jurisdiccional puede designar un comité de acreedores para representar a los acreedores y ayudar, con carácter consultivo, al administrador judicial en el desempeño de sus funciones. No se designará un comité si se considera innecesario a causa del reducido número de acreedores o por alguna otra razón.

El deudor conservará el poder de disposición sobre sus bienes y actividades, salvo que la ley establezca lo contrario. Sin embargo, una vez iniciado el procedimiento, el deudor no podrá, sin el consentimiento del administrador judicial, por ejemplo, contraer una nueva deuda, a menos que la deuda esté relacionada con las actividades regulares del deudor y que su importe y condiciones no sean inusuales. A petición del administrador judicial o de un acreedor, el poder de disposición del deudor podría también verse restringido de otras formas, si hubiera un riesgo de que el deudor actuara de forma tal que pudiera dañar o comprometer los intereses del acreedor. El deudor debe colaborar y facilitar información al órgano jurisdiccional, al administrador judicial y al comité de acreedores. El deudor estará facultado para seguir ejerciendo su derecho de acción en los procedimientos judiciales pendientes o venideros, a menos que el administrador judicial decida asumir el ejercicio de este derecho del deudor.

Reestructuración de deudas

El órgano jurisdiccional podrá designar a un administrador judicial para la reestructuración de la deuda cuando sea necesario para aclarar la situación financiera del deudor, para la liquidación de sus activos o de algún otro modo en relación con la reestructuración de la deuda. Se designa como administrador judicial, si acepta el nombramiento, a una persona mayor de edad, de reconocida integridad, que no esté en concurso y que no esté sujeta a restricciones de competencia. El administrador judicial debe tener la capacidad, las aptitudes y la experiencia requeridas para el desempeño de sus funciones. No deberá tener ninguna relación con el deudor ni con ninguno de los acreedores que pudiera comprometer su independencia con respecto al deudor o su imparcialidad hacia los acreedores. No se puede designar como administrador judicial a una persona jurídica.

La función del administrador judicial, en su caso, consiste en elaborar la propuesta de calendario de pagos y desempeñar las demás funciones que le imponga el órgano jurisdiccional. Al elaborar la propuesta de calendario de pagos, el administrador judicial deberá negociar con el deudor y los acreedores y proporcionarles la información necesaria sobre la reestructuración de la deuda, así como reservarles la oportunidad de presentar una opinión motivada sobre la petición y la propuesta de calendario de pagos. También se podrá asignar al administrador judicial la liquidación de los bienes del deudor y el traspaso de los fondos de liquidación a los acreedores. Si no se nombra a un administrador judicial, el deudor será responsable de elaborar una propuesta de calendario de pagos. Corresponde a un órgano jurisdiccional iniciar el procedimiento de reestructuración de deudas de un particular. El órgano jurisdiccional también es responsable de confirmar el calendario de pagos.

El deudor conservará el título y el derecho de posesión de sus bienes. Sin embargo, todos los activos del deudor que no se consideren necesidades básicas de este se utilizarán para cubrir las deudas. El deudor está obligado a proporcionar al órgano jurisdiccional, a los acreedores y, si lo hubiere, al administrador judicial, toda la información necesaria sobre cuestiones relacionadas con la reestructuración de la deuda. El deudor también contribuirá a la adecuada ejecución de la reestructuración de la deuda.

5 ¿En qué condiciones pueden reclamarse las compensaciones?

Concurso

Salvo en determinadas excepciones, el acreedor tiene derecho a utilizar su crédito del pasivo en concurso para compensar una deuda con el deudor al inicio del proceso concursal, incluso si la deuda contraída con el deudor o el crédito aún no han vencido. El derecho de compensación no se aplica a un crédito que no de derecho al acreedor a un desembolso de la masa concursal, ni a ningún crédito de menor antigüedad que otros. El acreedor tiene el deber de proporcionar información sobre los créditos que se utilizarán para compensar.

Reestructuración de la empresa

A pesar de existir una prohibición de ejecución, el acreedor tendrá derecho a compensar un crédito contraído con el deudor al inicio del procedimiento bajo las mismas condiciones que en el procedimiento concursal. La compensación se notificará también al administrador judicial. El derecho de compensación no se aplica a una entidad de crédito que quiera compensar la cantidad que reclama con fondos que el deudor tiene depositados en la entidad a partir de que la prohibición de cobro entre en vigor, o con fondos que estén en ese momento en la entidad de crédito en vías de ser transferidos a la cuenta del deudor, si la cuenta puede ser utilizada para realizar pagos.

Reestructuración de deudas

Después del inicio de la reestructuración de la deuda, no se aplicará al deudor ninguna medida para cobrar una deuda sujeta al aplazamiento de pago o para asegurar su pago. La suspensión temporal de cobro también incluye la compensación entre los activos exigibles del deudor y las deudas al acreedor. Sin embargo, este aplazamiento no se aplica a la compensación de impuestos.

6 ¿Qué efectos tienen los procedimientos de insolvencia sobre los contratos en curso de los que el deudor es parte?

Por regla general, los contratos que no afecten a activos exigibles sujetos al procedimiento de insolvencia seguirán siendo válidos e inalterados en todos los tipos de procedimientos de insolvencia.

Concurso

Si, al inicio del concurso, el deudor no ha ejecutado un contrato del que era parte, la otra parte contratante deberá solicitar una declaración que establezca si la masa concursal está comprometida por el contrato. Si el administrador judicial declara que la masa está comprometida por el contrato y fija una garantía aceptable para la ejecución del contrato, el contrato no puede rescindirse. Sin embargo, la otra parte contratante podrá rescindir el contrato si este es de carácter personal, o hay otra razón especial por la cual no pueda exigirse a la otra parte que permanezca vinculada al contrato.

Además, puede anularse una transacción individual en virtud del motivo de recuperación al que hace referencia la Ley relativa a la reintegración en la masa del concurso (Laki takaisinsaannista konkurssipesään 758/1991).

Reestructuración de la empresa

El inicio del procedimiento de reestructuración no tendrá efecto sobre las obligaciones existentes del deudor, a menos que la ley establezca lo contrario. Un contrato de arrendamiento o un contrato de arrendamiento financiero en el que el deudor es el arrendatario, puede ser terminado por el deudor dos meses después de la notificación de terminación. Una persona que antes del inicio del procedimiento se haya comprometido con el deudor en la ejecución de un contrato pero que no haya completado dicha ejecución en el momento del inicio del procedimiento, tendrá derecho a una contraprestación por su ejecución, si la ejecución pudiera ser considerada parte regular de las actividades del deudor. Si la cuestión se refiere a otro tipo de contrato celebrado antes del inicio del procedimiento y si en el momento del inicio del procedimiento el deudor no ha cumplido con su obligación de pago, el administrador judicial podrá, a petición de la otra parte, determinar si el deudor debe o no mantener su parte del contrato. Si la respuesta es negativa o si no se da en un plazo razonable, la otra parte tiene derecho a anular el contrato. Un contrato conforme al cual el deudor deba realizar un pago vinculado con una deuda de reestructuración será considerado nulo, salvo que la obligación de realizar el pago se base en el programa de reestructuración aprobado.

Un empleador sujeto a un procedimiento de reestructuración tendrá derecho, bajo determinadas condiciones, a rescindir un contrato de trabajo independientemente de su duración con un preaviso de dos meses.

Una transacción que podría haber sido revertida si se hubiera presentado una solicitud de concurso en lugar de una solicitud de reestructuración, podrá ser revertida en los procedimientos de reestructuración por los mismos motivos previstos en la Ley relativa a la reintegración en la masa del concurso.

Reestructuración de deudas

El deudor renunciará a los activos que no satisfagan sus necesidades básicas y que hayan sido obtenidos sobre la base de un sistema de pago parcial o de compra a plazos. El deudor tiene derecho a rescindir un contrato de arrendamiento en el que el deudor es el inquilino, o a rescindir cualquier tipo de contrato de consumo o de compra a plazos, a partir de dos meses después de la notificación de terminación. Una persona que antes del inicio del procedimiento se haya comprometido con el deudor en la ejecución de un contrato pero que no haya completado dicha ejecución en el momento del inicio del procedimiento tendrá derecho a una contraprestación por su ejecución si la ejecución pudiera ser considerada parte regular de las actividades del deudor. Será nulo un contrato por el cual el deudor sea responsable sobre la base o en relación con la reestructuración de la deuda, a menos que la responsabilidad haya sido establecida en el calendario de pagos o por ley.

Una transacción que podría haber sido revertida si se hubiera presentado una solicitud de concurso en lugar de una solicitud de reestructuración de deudas podrá ser revertida en los procedimientos de reestructuración de deudas por los mismos motivos previstos en la Ley relativa a la reintegración en la masa del concurso.

7 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre los procedimientos incoados por acreedores individuales (con excepción de los procesos en curso)?

Concurso

Tras el inicio del concurso, no se interpondrá acción alguna contra la masa concursal con el fin de obtener un motivo de ejecución en relación con un crédito del pasivo en concurso, ni se llevará a cabo ninguna medida de ejecución sobre los activos de la masa concursal para el cobro de un crédito del pasivo en concurso. Sin embargo, un acreedor protegido por activos de garantía puede interponer una acción para cobrar el crédito del activo de garantía.

Reestructuración de la empresa

Por regla general, tras el inicio de un procedimiento de reestructuración, el deudor está sujeto a una prohibición de pago y los acreedores están sujetos a una prohibición de cobro de deudas; es decir, no se aplicará ninguna medida al deudor para cobrar una deuda de reestructuración o para garantizar su pago. En determinados casos, un acreedor garantizado puede solicitar al órgano jurisdiccional que le conceda permiso para utilizar la garantía con el fin de obtener el pago. Esto es posible, por ejemplo, si es evidente que, habida cuenta de los acuerdos de reestructuración, no es necesario conservar en poder del deudor la propiedad que sirve como garantía. Por regla general, tras el inicio del procedimiento, no se aplicarán contra el deudor medidas cautelares basadas en decisiones oficiales.

Reestructuración de deudas

Al igual que en los procedimientos de reestructuración de la empresa, en los procedimientos de reestructuración de la deuda el acreedor está sujeto a una suspensión temporal de cobro de la deuda. Cuando una deuda se encuentre en situación de aplazamiento de pago, no se aplicará ninguna medida para cobrar una deuda sujeta a pago o para asegurar su pago. No se aplicará al deudor ninguna medida para cobrar una deuda sujeta a pago o para asegurar su pago. Tampoco se aplicarán al deudor sanciones por demora. Sin embargo, en determinados casos, un acreedor garantizado puede solicitar que el órgano jurisdiccional le conceda permiso para utilizar la garantía con el fin de obtener el pago. Esto es posible, por ejemplo, si los activos que sirven como activos de garantía no se consideran necesidades básicas del deudor o si el deudor no necesita los activos para llevar a cabo su trabajo.

El acreedor puede interponer una acción o iniciar otros procedimientos para conservar su derecho de ejecución o para obtener un título para su ejecución. Por regla general, a pesar de las disposiciones sobre prohibiciones relacionadas con el inicio de la reestructuración de deudas, el acreedor también puede solicitar una orden de medidas cautelares y la ejecución de dicha orden.

8 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre la continuación de los procesos en curso en el momento de la apertura de dicho procedimiento de insolvencia?

Concurso

Al inicio del concurso, el deudor pierde su poder de disposición sobre los activos de la masa concursal en beneficio del administrador. Por consiguiente, el administrador judicial estará capacitado para adoptar la condición de parte en los asuntos relativos a los activos pertenecientes a la masa concursal: se reservará al administrador judicial la posibilidad de reanudar los procedimientos judiciales pendientes entre el deudor y terceros en relación con los activos de la masa concursal. Si el administrador judicial no aprovecha esta oportunidad, el deudor puede reanudar el procedimiento. Del mismo modo, se reservará al administrador judicial la oportunidad de reanudar los procedimientos judiciales contra el deudor relativos a créditos del pasivo en concurso. Si el administrador declina responder a la acción y el deudor no está dispuesto a reanudar el procedimiento, el demandante puede solicitar que se resuelva el caso.

Reestructuración de la empresa

El deudor estará facultado para seguir ejerciendo su derecho de acción en los procedimientos judiciales pendientes o en otros procedimientos pertinentes en los cuales sea parte, a menos que el administrador judicial decida asumir el derecho de acción del deudor. La misma disposición se aplica a los procedimientos judiciales u otros procedimientos que queden pendientes tras el inicio del procedimiento de reestructuración.

El administrador judicial tiene derecho a presentar instancias e iniciar procedimientos judiciales u otros procedimientos pertinentes por cuenta del deudor, así como a ejercer el derecho de acción del deudor en dichos procedimientos. Además, el administrador judicial puede aceptar notificaciones en nombre del deudor.

Reestructuración de deudas

El inicio de la reestructuración de deudas no afectará a los procedimientos judiciales pendientes ni al derecho de acción del deudor en los procedimientos.

9 ¿Cuáles son los principales elementos de la participación de los acreedores en el procedimiento de insolvencia?

Concurso

El acreedor puede presentar una solicitud de declaración de concurso.

Los acreedores ejercen pleno poder de disposición sobre un patrimonio en concurso. El poder de disposición sobre la masa concursal será ejercido por los acreedores en la medida en que la cuestión no sea establecida por ley o decidida por el administrador judicial. Además, los acreedores pueden conservar su poder con respecto a asuntos de la administración de la masa en curso, o asignar parte de su poder al administrador judicial. El derecho a ejercer este poder por parte de los acreedores pertenecerá a aquellos acreedores que tengan un crédito en concurso contra el deudor y que hayan presentado su crédito. El poder de disposición de los acreedores en concurso empezará cuando inicie el concurso y cesará cuando este termine.

El órgano decisorio más importante es la junta de acreedores, pero también se pueden aplicar otros procedimientos de toma de decisiones. Los acreedores pueden establecer también un comité de acreedores para actuar como órgano de negociación y de enlace entre el administrador judicial y los acreedores. El peso del voto de los acreedores se determinará sobre la base de su crédito actual en el concurso. La decisión de la junta de acreedores será determinada por la opinión de aquellos acreedores cuyo peso de voto conjunto sea superior a la mitad del peso de voto total de los participantes en la votación. En los procedimientos alternativos de toma de decisiones, los votos se contarán sobre la base del peso de voto de los acreedores que expresen una opinión.

Reestructuración de la empresa

El acreedor puede solicitar un procedimiento de reestructuración.

Puede designarse un comité de acreedores que actúe como representante del conjunto de los acreedores. El comité representará a todos los grupos de acreedores y sus funciones serán ayudar al administrador judicial en el desempeño de sus funciones y supervisar las actividades del administrador judicial en nombre de los acreedores. El comité tomará sus decisiones por mayoría simple.

Al preparar la propuesta de programa de reestructuración, el administrador judicial negociará con el comité de acreedores y, si fuera necesario, con los acreedores individuales. Además, los acreedores o grupos de acreedores cuyos créditos excedan el límite establecido por la ley tendrán derecho a defender una propuesta de programa de reestructuración. Una vez elaborada la propuesta de programa de reestructuración, se remitirá a los acreedores para su aprobación. En caso de que no haya obstáculos para la aprobación del programa, el programa podrá ser aprobado con la aceptación de todos los acreedores, la aceptación por mayoría en todos los grupos de acreedores y, en determinadas circunstancias, incluso sin la aceptación por mayoría en todos grupos de acreedores.

Reestructuración de deudas

El acreedor no puede solicitar la reestructuración de la deuda de un particular. Sin embargo, por regla general, antes de solicitar la reestructuración de la deuda, el deudor determinará si existe la posibilidad de negociar un acuerdo con los acreedores. De conformidad con las prácticas establecidas de crédito y cobro de deudas, el acreedor cooperará para llegar a un acuerdo.

Los acreedores tendrán la oportunidad de presentar una declaración motivada sobre la petición de reestructuración de la deuda y sobre la propuesta de calendario de pagos. Cuando sea necesario, los acreedores deberán proporcionar detalles de su crédito por escrito. Un calendario de pagos aprobado puede ser modificado a petición del acreedor, o puede ser extinguido por determinados motivos.

10 ¿De qué forma puede el administrador concursal utilizar o enajenar bienes de la masa?

Concurso

Los activos del concurso se gestionarán con el debido cuidado y conveniencia. Una de las funciones del administrador judicial es velar por la venta de los activos de la masa. El administrador judicial liquidará los bienes de la masa de la manera más ventajosa, de modo que el resultado de la venta sea lo mejor posible. Solo podrán venderse los activos de garantía pertenecientes a la masa si el acreedor protegido por el activo de garantía consiente a ello o si el órgano jurisdiccional concede el permiso correspondiente. Los activos pertenecientes a la masa no podrán ser transferidos al administrador judicial, ni a sus asistentes, ni a las personas relacionadas con el administrador judicial o con uno de sus asistentes.

Reestructuración de la empresa y reestructuración de deudas

Los derechos del administrador judicial se limitan al derecho de acceso a la información necesaria para cumplir sus obligaciones como administrador judicial. El deudor conservará el título y el derecho de posesión de sus bienes y el administrador judicial no tendrá derecho a utilizar o transferir activos del deudor. Sin embargo, en los procedimientos de reestructuración de deudas, se podrá ordenar al administrador judicial que liquide los activos y que lleve a cabo medidas y acuerdos relacionados, así como que transfiera los fondos resultantes a los destinatarios.

11 ¿Qué créditos deben reconocerse en la masa del deudor y qué tratamiento tienen los créditos nacidos después de la apertura del procedimiento de insolvencia?

Concurso

Un crédito dentro del pasivo de un concurso es una deuda contraída por el deudor y con una base jurídica anterior al inicio del concurso. Además, los créditos garantizados por activos de garantía y los créditos cuya base o importe sean condicionales, discutidos o poco claros por otros motivos, cuentan todos como créditos en concurso. En una relación de deuda continua, la parte de la deuda del periodo anterior al inicio del concurso se considerará crédito en concurso.

Los créditos surgidos después del inicio del concurso se consideran gastos administrativos, es decir, deuda de la masa concursal que se paga en su totalidad con los activos de la masa.

Reestructuración de la empresa

Las deudas que surjan después de la presentación de la solicitud se pagarán a su vencimiento. Lo mismo se aplica a las tasas, cargos y otros gastos sobre la base de una relación contractual continua o de un contrato de uso o posesión continuo, en la medida en que se refieran al periodo posterior a la presentación de la solicitud.

Reestructuración de deudas

La reestructuración de la deuda cubre todas las deudas del deudor existentes antes del inicio de la reestructuración. Esto incluye los pasivos de garantía y las deudas que sean condicionales, contenciosas o indefinidas en cuanto a su importe o base, así como los intereses sobre dichas deudas acumulados entre el inicio de la reestructuración de la deuda y la confirmación del calendario de pagos y los gastos de cobro y de ejecución de estas, cuando el deudor dé la orden de pagarlas.

Las deudas no afectadas por la reestructuración de la deuda serán reembolsadas a su vencimiento.

12 ¿Qué normas rigen el reconocimiento, verificación y admisión de los créditos?

Concurso

Para tener derecho a un desembolso, el acreedor deberá presentar el crédito por escrito (carta de presentación) ante el administrador judicial no más tarde de la fecha de presentación indicada. La carta de presentación indicará, por ejemplo, el importe del capital del crédito, los intereses devengados y la base del crédito y de los intereses. La presentación también podrá ser revisada o complementada después de la fecha de presentación. También puede presentarse un crédito de manera retrospectiva si el acreedor paga al administrador judicial un cargo adicional, a menos que hubiera un motivo válido para no presentar el crédito en la fecha indicada. El administrador judicial puede tener en cuenta un determinado crédito en la propuesta de lista de desembolsos sin haber recibido su presentación, en caso de que no se discutan la base o el importe del crédito.

El administrador judicial confirmará la legitimidad de los créditos presentados y su posible orden de prioridad. Los créditos que confieran derecho de desembolso se indicarán en la propuesta de lista de desembolsos. El administrador judicial, un acreedor o el deudor pueden impugnar un crédito incluido en la propuesta de lista de desembolsos. La discusión de un crédito debe detallar los motivos de la controversia. Cuando se haya impugnado el crédito de un acreedor, el administrador judicial reservará al acreedor la oportunidad de ser oído al respecto y de presentar pruebas en apoyo de su crédito. Un crédito que no haya sido impugnado en su momento se considerará aceptado.

Después de esto, el administrador judicial establecerá una lista de desembolsos tomando en cuenta las controversias y las declaraciones y presentará la lista para su certificación por parte del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional oirá las controversias y otros desacuerdos. Si una controversia no puede resolverse en la audiencia, esta se resolverá por separado en un procedimiento civil. Por último, el órgano jurisdiccional certificará la lista de desembolsos.

Reestructuración de la empresa

El deudor adjuntará un informe sobre los acreedores, las deudas y sus activos de garantía, en el momento de solicitar el inicio del procedimiento de reestructuración. Cuando el órgano jurisdiccional emita la orden sobre el inicio del procedimiento de reestructuración, fijará la fecha límite para que los acreedores presenten sus créditos por escrito al administrador judicial, en caso de diferir de los declarados por el deudor.

Cuando el proyecto de programa de reestructuración se haya entregado al órgano jurisdiccional, este reservará a las partes en cuestión la oportunidad de presentar por escrito al administrador judicial sus objeciones a los créditos mencionados en la propuesta, presentar por escrito una opinión motivada sobre la propuesta dentro de un periodo determinado, o ser oídas por el órgano jurisdiccional. Tanto el administrador judicial como el deudor pueden presentar objeciones en nombre del deudor. Si es posible, se decidirá sobre las objeciones y sobre la propuesta de forma conjunta. De lo contrario, el asunto de las objeciones podrá ser resuelto en un procedimiento judicial separado. Una vez que el órgano jurisdiccional haya tomado una decisión sobre la reestructuración de deudas poco claras, la persona que ha preparado la propuesta tendrá la oportunidad de rectificar, revisar o completar la propuesta. Después de esto, los acreedores votarán la propuesta de programa de reestructuración.

Por regla general, la deuda que no haya sido declarada por el deudor o por el acreedor y que no haya sido notificada al administrador judicial de ningún otro modo antes de la aprobación del programa de reestructuración, expirará con la aprobación del programa de reestructuración.

Reestructuración de deudas

Al emitir la orden de inicio de la reestructuración de la deuda, el órgano jurisdiccional enviará copias de la orden judicial, la petición y la propuesta de calendario de pagos del deudor a los acreedores. El órgano jurisdiccional fijará también un plazo para las notificaciones escritas de los acreedores sobre el importe de las deudas susceptibles de reestructuración, si estos difieren de las declarados por el deudor, así como un plazo para la presentación escrita de las opiniones motivadas de los acreedores sobre la petición y la propuesta de calendario de pagos del deudor y posibles objeciones a las deudas incluidas en el propuesta.

Las objeciones se tratarán en relación con el procedimiento de reestructuración de la deuda y se establecerán en el calendario de pagos, si fuera posible, sin causar un retraso sustancial en la reestructuración de la deuda. De lo contrario, el órgano jurisdiccional dictaminará que el asunto se resuelva en una acción separada o por medio de otros procedimientos. Seguidamente, el calendario de pagos puede ser confirmado, siempre que se conceda al deudor la reestructuración de la deuda.

El calendario de pagos puede ser modificado a petición del deudor o de un acreedor si se tiene conocimiento de una deuda susceptible de reestructuración después de la confirmación del calendario. Si aparece una deuda susceptible de reestructuración después de que finalice el calendario de pagos, el deudor pagará la deuda según el importe que habría sido asignado al acreedor si la deuda hubiera sido incluida en el calendario de pagos.

13 ¿Qué normas rigen la distribución de los créditos? ¿Qué prelación tienen los créditos y los derechos de los acreedores?

Por regla general, en todos los tipos de procedimientos de insolvencia, a todos los créditos se les da la misma consideración, es decir, cada acreedor tiene el mismo derecho a recibir un pago de los fondos desembolsados en proporción a su crédito. Las excepciones a esta regla se refieren a las disposiciones sobre créditos preferentes y créditos de menor prioridad.

Concurso

En un concurso, los desembolsos a los acreedores se pagarán de acuerdo con la lista de desembolsos certificada. Las disposiciones relativas a la prioridad de los créditos en los casos en que los activos del deudor sean insuficientes para cubrir todos los créditos, se establecen en la Ley relativa a la prioridad de cobro de los créditos (Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä 1578/1992).

Los créditos garantizados por un activo de garantía o el derecho de retención son créditos con prioridad, así como los créditos que surgen en relación con la reestructuración de una empresa, la pensión alimenticia pagadera a un menor y las hipotecas comerciales. Los créditos que están subordinados a otros créditos y su orden de preferencia se especifican mediante disposiciones separadas. Tales créditos incluyen, por ejemplo, los intereses y sanciones por demora en relación con un crédito sin prioridad acumulados hasta el inicio del concurso, así como otros cargos basados en el derecho público como pagos de multas y sanciones.

Reestructuración de la empresa

Los acreedores que, fuera del procedimiento de reestructuración de la deuda, tendrían el mismo derecho de pago de sus créditos, tendrán condiciones equivalentes dentro de las disposiciones del programa de reestructuración. No obstante, en el programa de reestructuración se puede determinar que los acreedores con créditos menores reciban el pago íntegro.

Las medidas aplicables a las deudas garantizadas son limitadas, ya que el capital de una deuda garantizada no puede reducirse. Las condiciones de la deuda no afectarán a la existencia o el contenido del derecho de garantía real de un acreedor. En las disposiciones de la deuda, los intereses y otros costes de crédito devengados durante el procedimiento de reestructuración por deudas que no sean deudas garantizadas se considerarán de menor prioridad.

Reestructuración de deudas

Los fondos disponibles del deudor y los fondos procedentes de la liquidación de sus activos se repartirán entre las deudas ordinarias en proporción a su importe. Pueden aplicarse a las deudas ordinarias todas las medidas de reestructuración disponibles, pero no es posible anular la obligación de pago relativa a las deudas garantizadas. Las condiciones de la deuda no afectarán a la existencia o el contenido del derecho de garantía real de un acreedor. Se utilizará el mecanismo menos perjudicial para el acreedor que al mismo tiempo permita remediar la situación financiera del deudor. Se asignará menor prioridad al pago, a partir de los fondos disponibles y los fondos de liquidación del deudor, a las deudas que tendrían consideración de subordinadas en caso de que el deudor fuese declarado en concurso y de los intereses devengados entre el inicio de la reestructuración de la deuda y la confirmación del calendario de pagos.

14 ¿Qué condiciones y efectos tiene la conclusión de los procedimientos de insolvencia (en particular mediante convenio)?

Concurso

El procedimiento concursal ante el órgano jurisdiccional termina con el establecimiento de la lista de asignación. El concurso termina una vez que los acreedores han aprobado la liquidación definitiva de las cuentas. El administrador judicial establecerá una liquidación definitiva de las cuentas una vez que la masa concursal haya sido contabilizada y los activos pertenecientes a la masa hayan sido liquidados. Es posible establecer la liquidación definitiva de las cuentas incluso si la masa está parcialmente sin contabilizar debido a que no se han vendido los activos de garantía u otros activos de poco valor, o porque un crédito en concurso o una parte insignificante de los créditos no está clara.

La celebración de un convenio puede concluir el procedimiento concursal si este convenio está respaldado por el deudor y por la mayoría de los acreedores. Con la certificación de un convenio cesará el nombramiento del administrador judicial y se extinguirá el poder de disposición de los acreedores en concurso.

El órgano jurisdiccional dictará una orden de extinción del concurso si los fondos de la masa concursal son insuficientes para los costes del procedimiento concursal o si no fuera conveniente continuar con el concurso por cualquier otro motivo. Sin embargo, no se dictará ninguna orden judicial de extinción del concurso si el concurso continúa bajo tutela judicial. Las razones para continuar con el proceso bajo tutela judicial pueden incluir, por ejemplo, la necesidad de que el deudor sea sometido a inspección. La tutela judicial termina con la liquidación definitiva de las cuentas.

Se puede ordenar revertir el concurso por una razón válida dentro de los ocho días posteriores a la declaración de concurso.

La responsabilidad de las deudas continuará también después del concurso. El deudor no será eximido de la responsabilidad por las deudas del concurso que no se hayan pagado en su totalidad durante este.

Reestructuración de la empresa

El procedimiento judicial de reestructuración finaliza con la aprobación del programa de reestructuración. La aprobación del programa devolverá al deudor su libertad de acción y cesará los efectos jurídicos relacionados con la apertura del procedimiento, tales como la prohibición de pagos y cobro de deudas. Tras la aprobación del programa de reestructuración, los términos de las deudas de reestructuración se regirán por el programa de reestructuración y, por regla general, quedarán extinguidas las deudas de reestructuración desconocidas.

A petición del supervisor o de un acreedor, el órgano jurisdiccional puede ordenar la extinción del programa de reestructuración si el deudor ha violado el programa y esta violación no es banal. El programa de reestructuración también se extinguirá si el deudor se declara en concurso antes de la conclusión del programa. El órgano jurisdiccional también puede ordenar la extinción de un acuerdo sobre una deuda del programa de reestructuración si, por ejemplo, el deudor ha descuidado sus obligaciones con el acreedor en virtud del programa. Tras la extinción, el acreedor tendrá los mismos derechos que tenía antes de la aprobación del programa de reestructuración.

Al finalizar el programa de reestructuración, el supervisor o, en su defecto, el deudor, presentará un informe final sobre la aplicación del programa.

Reestructuración de deudas

El procedimiento judicial de reestructuración de deudas termina una vez que el órgano jurisdiccional confirma el calendario de pagos. Una vez confirmado el calendario de pagos, los términos de reestructuración de las deudas se regirán por el calendario de pagos. Las obligaciones establecidas en el calendario de pagos serán vinculantes para el deudor hasta que haya cumplido todas las obligaciones especificadas. Independientemente de la terminación del calendario de pagos, las obligaciones del deudor especificadas en el mismo permanecerán en vigor hasta que se hayan cumplido. El deudor no será eximido del pago de las deudas restantes hasta que haya cumplido todas las obligaciones establecidas en el calendario de pagos.

El calendario de pagos quedará anulado si el deudor se declara en concurso antes de la conclusión del calendario. A petición del deudor o de un acreedor, el órgano jurisdiccional puede ordenar la anulación del calendario de pagos si el deudor ha descuidado sus obligaciones según lo especificado por la ley. Tras la extinción, el acreedor tendrá los mismos derechos que tenía antes de la reestructuración de la deuda.

15 ¿Qué derechos tienen los acreedores tras la conclusión del procedimiento de insolvencia?

Concurso

La responsabilidad por las deudas también continuará vigente después del concurso: el deudor seguirá siendo responsable de las deudas en concurso que no se hayan pagado en su totalidad durante el mismo.

Reestructuración de la empresa

Los acreedores tienen derecho a recibir el pago de los créditos detallados en el programa de reestructuración, y la reestructuración no terminará hasta que se hayan cumplido las obligaciones del programa. Así pues, después de la conclusión del programa, los acreedores ya no tendrán derecho a recibir pagos.

Reestructuración de deudas

Los términos de reestructuración de las deudas se regirán por el calendario de pagos. Se determinará la duración del calendario de pagos. Independientemente de la terminación del calendario de pagos, las obligaciones del deudor especificadas en el mismo continuarán vigentes hasta que se hayan cumplido. Después de la conclusión del calendario de pagos, los acreedores ya no tendrán derecho a recibir pagos.

16 ¿Quién asume las costas y los gastos en los que se incurre en los procedimientos de insolvencia?

Concurso

Los costes del procedimiento concursal consistirán en las tasas judiciales del procedimiento, los honorarios del administrador judicial y demás costes derivados del control y administración de la masa.

Los costes del procedimiento concursal se cubrirán con los fondos de la masa concursal. Si los fondos de la masa concursal son insuficientes para sufragar los costes, un acreedor puede asumir la responsabilidad de los costes para evitar la extinción del concurso.

El órgano jurisdiccional también puede decidir que el concurso continúe bajo tutela judicial, si lo considera justificado debido, por ejemplo, a que la masa concursal no dispone de medios suficientes. En tal caso, cesará el nombramiento del administrador judicial y el poder de disposición de los acreedores en concurso. Los costes de los procedimientos concursales llevados a cabo bajo tutela judicial se pagarán con fondos estatales en la medida en que los fondos de la masa concursal sean insuficientes.

Reestructuración de la empresa

Los costes del procedimiento, tales como los honorarios del administrador judicial, se deben pagar con los activos del deudor. También puede asumir la responsabilidad por los costes otra parte, ya que uno de los obstáculos para la reestructuración es la posibilidad de que los activos del deudor sean insuficientes para cubrir los costes del procedimiento.

El pago de los costes del comité de acreedores será responsabilidad de los acreedores. Toda persona que desee ejercer el derecho a presentar una propuesta de programa de reestructuración será responsable de los costes de preparación de dicha propuesta.

Reestructuración de deudas

Los costes del procedimiento consistirán en un importe razonable por los servicios del administrador judicial y el pago de los gastos incurridos por el mismo. Por regla general, el deudor cubrirá los honorarios y los gastos del administrador judicial, en un importe que no exceda el de los fondos disponibles del deudor, durante los cuatro meses siguientes a la confirmación del calendario de pagos o del calendario de pagos modificado. La parte de los honorarios y de los gastos no cubiertos por el deudor se pagará con fondos estatales. Si se rechaza la petición de reestructuración de la deuda, la totalidad de los honorarios y de los gastos serán pagados con fondos estatales.

17 ¿Cuáles son las normas relativas a la nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos perjudiciales para el conjunto de los acreedores?

Las disposiciones relativas a la recuperación se aplican a todo tipo de procedimientos de insolvencia.

Los activos transferidos antes de la apertura de un procedimiento de insolvencia que reúnan las condiciones establecidas por la ley pueden ser reintegrados mediante la interposición de una acción para su recuperación, una acción relativa a un título o una acción por daños y perjuicios. En todos los tipos de procedimientos de insolvencia se aplicarán a la recuperación las disposiciones de la Ley relativa a la reintegración en la masa del concurso (Ley 758/1991). Deben existir motivos para la recuperación.

Las condiciones para la existencia de un motivo de recuperación y, por tanto, para revertir la transacción, son las siguientes:

- La transacción se ha utilizado para favorecer de manera inadecuada a un acreedor a expensas de los demás acreedores, para transferir activos fuera del alcance de los acreedores o aumenta el importe total de la deuda en detrimento de los acreedores;

- El deudor era insolvente en el momento de la transacción, o la transacción contribuyó a que el deudor se volviera insolvente; si la transacción es una donación, otra condición es que el deudor estuviera sobreendeudado o se hubiera sobreendeudado debido a la transacción;

- La otra parte en la transacción tenía o debería haber tenido conocimiento de que el deudor era insolvente/estaba sobreendeudado o de los efectos de la transacción en la situación financiera del deudor, así como de otros factores que hacían que la transacción fuera inadecuada.

Si la otra parte de la transacción era familiar cercano del deudor, se considerará que la persona en cuestión tenía conocimiento de los factores antes mencionados, a menos que pueda demostrar que actuó de buena fe. Si una transacción se concluyó más de cinco años antes de la apertura del procedimiento de insolvencia, solo podrá revertirse si un familiar cercano del deudor fue parte en la transacción.

Los reembolsos de deudas efectuados más de tres meses antes de la fecha de solicitud del procedimiento de insolvencia se revertirán si el reembolso se efectuó utilizando medios de pago inusuales, si se hizo prematuramente o si el importe reembolsado se considera importante teniendo en cuenta los fondos de la masa. Sin embargo, los reembolsos no se revertirán si se consideran ordinarios, teniendo en cuenta las circunstancias. Los pagos cobrados mediante embargo también podrán ser revertidos, siempre que el embargo se haya realizado más de tres meses antes del plazo límite. El plazo límite aplicado es más largo en caso de intervenir familiares cercanos del deudor. El pago se revertirá incluso si el acreedor ha actuado de buena fe.

También existen disposiciones separadas que rigen la reversión, por ejemplo, de donaciones, división de bienes, compensaciones y activos de garantía.


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Última actualización: 21/02/2018