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Insolvencia - Hungría

ÍNDICE

1 ¿Contra quién puede incoarse un procedimiento de insolvencia?

Los procedimientos de insolvencia para personas jurídicas están regulados por la Ley XLIX de 1991 relativa a los procedimientos concursales y de liquidación (Ley concursal).

La Ley concursal regula dos tipos de procedimientos de insolvencia: procedimientos concursales y de liquidación.

Los procedimientos concursales son procedimientos de reorganización cuyo objetivo es conceder a un deudor afectado por una situación de insolvencia un aplazamiento del pago, con el objeto de llegar a un acuerdo voluntario e intentar concertar dicho acuerdo a fin de reestablecer la solvencia.

Los procedimientos de liquidación son procedimientos cuyo objetivo es que los acreedores obtengan satisfacción de acuerdo con determinadas normativas cuando un deudor insolvente es disuelto sin herederos en el curso de un procedimiento cuyo propósito es dividir el total del activo de la masa de insolvencia del deudor entre los acreedores. Sin embargo, el procedimiento de liquidación debe finalizarse en caso de que el deudor haya pagado por completo su deuda y los costes del procedimiento, o en caso de que se llegue a un acuerdo voluntario sobre las condiciones de la regularización de la deuda con los acreedores y este sea aprobado por el órgano jurisdiccional.

Las leyes que regulan las filiales húngaras de empresas con sede social en el extranjero, organizaciones de la sociedad civil y empresas del sector financiero (entidades de crédito, empresas financieras, empresas de seguros, empresas de servicios de inversión, depósitos públicos), por ejemplo, incluyen normas derogatorias especiales.

Los procedimientos concursales no existen para empresas del sector financiero, aunque los órganos de supervisión tienen la posibilidad de intervenir en las primeras etapas de cualquier deterioro de su capacidad financiera, a fin de evitar situaciones de insolvencia, y deben crearse fondos (Fondo de Compensación de Daños, Fondo de Protección de Inversores, Fondo de Garantía de Depósitos) para proteger a los clientes y compensarlos.

En el caso de empresas del sector financiero, el Banco Central de Hungría, en el marco de sus competencias como autoridad de supervisión financiera, puede llevar la liquidación de las mismas ante un tribunal tras revocar su licencia para continuar con sus actividades.

La Ley relativa a organizaciones de la sociedad civil incluye algunas normas derogatorias en relación con los procedimientos concursales y de liquidación de las estas organizaciones (asociaciones, fundaciones), pero por lo demás se aplica lo dispuesto en la Ley concursal.

Procedimientos de regularización de deudas de personas físicas (quiebra personal)

La Ley CV de 2015 relativa a la regularización de deudas de personas físicas entró en vigor el 1 de septiembre de 2015. Esta Ley tiene como objetivo establecer un marco jurídico para regularizar las deudas, además de ofrecer protección frente a la insolvencia mediante la cooperación entre el deudor y sus acreedores. La Ley protege principalmente a los deudores hipotecarios, en particular a aquellos que han tenido atrasos prolongados, que están endeudados con varios acreedores y cuya propiedad residencial podría verse afectada por una venta forzosa.

Los procedimientos empiezan de manera extrajudicial, coordinados por el primer prestamista hipotecario. Si no se llega a un acuerdo extrajudicial, se inicial los procedimientos concursales judiciales. En un principio, los procedimientos judiciales también tienen como objetivo llegar a un acuerdo, pero si dicho acuerdo no se aprueba, el órgano jurisdiccional determina las condiciones de regularización de la deuda.

El Gobierno ha establecido el Servicio de insolvencia para familias del Estado. Esta organización desempeña un papel importante en los procedimientos de regularización de deudas. El Servicio de insolvencia para familias verifica si el deudor cumple con los requisitos legales, guarda un registro público de los datos de los procedimientos y emplea a administradores familiares. Los administradores familiares llevan a cabo tareas preparatorias y colaborativas para el órgano jurisdiccional en el curso de la regularización de la deuda ante el tribunal, ejecutan las resoluciones judiciales, apoyan al deudor, supervisan la gestión del hogar del deudor, venden los activos del deudor con valor comercial y pagan a los acreedores.

Si se culmina con éxito una regularización de la deuda, la deuda liquidada durante los procedimientos no puede ser reclamada más tarde al deudor y los acreedores reciben una proporción específica de su reclamación en un periodo de tiempo previsible.

Los procedimientos de regularización de la deuda de personas físicas todavía no se notifican con arreglo al Reglamento (UE) n.º 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo.

De acuerdo con la Ley concursal, la organización deudora podrá iniciar los procedimientos concursales con la aprobación de su principal órgano decisorio, utilizando un formulario (la representación legal es obligatoria durante los procedimientos). El deudor no podrá presentar dicha reclamación si está sujeto a un procedimiento concursal pendiente o se ha dictado una decisión de primera instancia ordenando su liquidación. Las condiciones y limitaciones temporales para la admisión de una solicitud renovada de procedimiento concursal son el pago de los créditos del acreedor que existieron o surgieron durante el procedimiento concursal previo, el plazo de dos años desde la conclusión final del procedimiento concursal previo o, en caso de que se rechazara de oficio la solicitud previa, el plazo de un año desde que se anunciara la resolución definitiva en dicho asunto.

Como norma general, en caso de que el deudor sea insolvente, los procedimientos de liquidación podrán ejecutarse previa petición del deudor o sus acreedores, o de oficio por el tribunal, en determinados casos especificados en la Ley concursal. La Ley concursal establece de manera explícita quién podrá ejecutar los procedimientos de liquidación y regula las normas de procedimiento, ya sea previa petición o de oficio.

Ambos tipos de procedimientos son procedimientos de regularización de deuda colectivos, los acreedores del deudor deben participar en los procedimientos y no deben reclamar sus créditos por otra vía o en otros procedimientos contra el deudor durante estos procedimientos.

2 ¿Cuáles son las condiciones para la apertura de un procedimiento de insolvencia?

Procedimientos concursales:

Los procedimientos concursales podrán ser solicitados por el director de la entidad deudora, aunque se exige obligatoriamente la representación por parte de un abogado o un consejero jurídico.

Solo podrá iniciarse un procedimiento concursal a la vez contra el mismo deudor, y no podrá estar pendiente ningún procedimiento de liquidación contra el mismo. Únicamente podrán renovarse los procedimientos concursales si el deudor ha saldado las deudas reclamadas en el procedimiento anterior y si no han transcurrido dos años desde entonces. Además, si el órgano jurisdiccional rechazó el procedimiento concursal anterior de oficio por defecto de forma, no podrá iniciarse ningún procedimiento concursal durante un año.

Procedimientos de liquidación

Los procedimientos de liquidación podrán ser interpuestos por el deudor, un acreedor, el administrador que participó en el procedimiento de liquidación anterior o un órgano jurisdiccional o autoridad administrativa en casos especificados por la ley. Por ejemplo, un procedimiento de liquidación podrá ser interpuesto por el órgano jurisdiccional si no se ha llegado a un acuerdo voluntario durante el procedimiento concursal, o si se ordena la disolución de una empresa que infrinja gravemente la ley de conformidad con sus facultades de supervisión jurídica como tribunal mercantil.

3 ¿Qué bienes forman parte de la masa del deudor? ¿Cómo se tratan los activos que son adquiridos por el deudor o que se le transfieren tras la apertura del procedimiento de insolvencia?

Los activos del deudor de la masa de insolvencia son la suma de todos los activos fijos y los activos circulantes en el sentido de la legislación en materia de contabilidad.

Todo aumento de activos durante los procedimientos concursales también forma parte de los activos de la masa de insolvencia.

El deudor conserva derechos relacionados con la gestión de los activos de la masa de insolvencia, pero bajo la supervisión del administrador. En los procedimientos de liquidación, el deudor no conserva los derechos relacionados con la gestión de los activos de la masa de insolvencia: dichos derechos se transfieren al liquidador. El liquidador es el representante legal de la organización deudora y lleva a cabo el registro y la evaluación de los derechos del acreedor, la realización de los bienes y la distribución de los ingresos entre los acreedores bajo la supervisión del tribunal.

4 ¿Qué competencias tienen el deudor y el administrador concursal, respectivamente?

En los procedimientos concursales y de liquidación, un deudor en el sentido de la Ley concursal podrá ser un agente económico de los enumerados en dicha Ley. En los procedimientos concursales, el procedimiento es interpuesto por el deudor, quien podrá continuar sus actividades económicas durante el procedimiento. Los directivos y propietarios de la entidad deudora no están restringidos en el ejercicio de sus derechos, pero solo podrán ejercerlos sin infringir los derechos del administrador contemplados por la ley. El deudor lleva a cabo el registro y la clasificación de los créditos en colaboración con el administrador y, con la participación del mismo, prepara un programa y una propuesta para la negociación del convenio, de cara a lograr un convenio centrado en restaurar o conservar la situación de solvencia. El convenio contiene el acuerdo entre el deudor y los acreedores sobre las condiciones de la regularización de la deuda y todo lo que consideren importante para la reorganización.

Hasta el inicio de los procedimientos concursales y de liquidación, se considera un acreedor a una persona que tiene créditos pecuniarios atrasados o créditos expresados en términos monetarios de acuerdo con una decisión definitiva y ejecutable de un tribunal o autoridad pública o que sean reconocidos o no sean impugnados por el deudor. En los procedimientos concursales, el acreedor también es toda persona cuyos créditos vencidos durante el procedimiento concursal o después hayan sido registrados por el administrador, o , en un procedimiento de liquidación, cualquier otra persona cuyos créditos hayan sido registrados por el liquidador.

En los procedimientos concursales, un administrador es una persona jurídica nombrada por un órgano jurisdiccional, autorizada a desempeñar las funciones de un administrador concursal. El administrador debe nombrar a uno de sus empleados, con las calificaciones apropiadas, para llevar a cabo las actividades del administrador. La obligación de esta persona consiste en controlar las actividades económicas del deudor a fin de llegar a un convenio, al tiempo que tiene en cuenta los intereses del acreedor, registrar los créditos del acreedor, colaborar en la redacción de una propuesta de convenio y refrendar las actas de las resoluciones adoptadas en las negociaciones del convenio.

El liquidador es toda organización liquidadora (una persona jurídica autorizada para desempeñar las funciones de un administrador concursal) nombrada por un tribunal, representante legal de la organización en liquidación que garantiza también los intereses de los acreedores y desempeña las funciones previstas por la ley. La legislación establece requisitos personales y profesionales estrictos para las organizaciones liquidadoras, entre los que se incluyen la formación profesional regular.

La organización liquidadora nombra a un administrador concursal para que lleve a cabo las actividades de un liquidador.

El nombre de la organización liquidadora y el administrador concursal también se introducen en el registro de personas jurídicas del tribunal.

Los procedimientos concursales y de liquidación son procedimientos civiles de jurisdicción voluntaria ante un tribunal. En asuntos no regulados por la Ley concursal se aplica lo dispuesto en el Código Civil, con excepciones que tienen su origen en las características de los procedimientos de jurisdicción voluntaria. Los procedimientos concursales son ordenados por el órgano jurisdiccional, mientras que los procedimientos de liquidación son ordenados por el órgano jurisdiccional como consecuencia de la declaración de insolvencia del deudor o, en otros casos especificados por la ley o a raíz de una petición de otro órgano jurisdiccional, autoridad pública o del administrador. En el inicio del procedimiento el órgano jurisdiccional nombra al administrador o liquidador de una lista de liquidadores. Cuando se interponen procedimientos de liquidación, el tribunal nombra (a petición de los acreedores) un liquidador con competencias de administrador temporal para que supervise las actividades del deudor hasta que se ordene la liquidación.

Las objeciones presentadas contra toda medida ilegal u omisión por parte del administrador o liquidador son consideradas por el órgano jurisdiccional, y en caso de una medida ilegal u omisión, el órgano jurisdiccional requiere que el administrador o liquidador desempeñe sus actividades de acuerdo con la ley y, si esta se infringe, se retira al administrador o liquidador del procedimiento y se nombra a uno nuevo.

Durante los procedimientos concursales el deudor está protegido frente a la insolvencia, los procedimientos de ejecución se suspenden y se concede al deudor un aplazamiento del pago o una moratoria al pago de deudas contraídas previamente.

Si la mayoría prevista por la Ley concursal acepta el acuerdo voluntario y este cumple los requisitos legales, el órgano jurisdiccional aprueba el acuerdo y el deudor está vinculado por él.

Si no se llega a un acuerdo voluntario, el órgano jurisdiccional ordena que el deudor sea disuelto de oficio.

También puede llegarse a un acuerdo entre el deudor y los acreedores en los procedimientos de liquidación. El órgano jurisdiccional establece una fecha para las negociaciones del convenio durante el procedimiento de liquidación y, si el voto respecto al acuerdo voluntario es favorable y dicho acuerdo cumple la legislación, el órgano jurisdiccional lo aprueba. En los procedimientos de liquidación, las condiciones para la aprobación de un acuerdo voluntario son que, mediante el acuerdo, el deudor deje de ser insolvente y que se liquiden los créditos prioritarios o que se disponga de garantías para su pago.

El órgano jurisdiccional decide si cerrar o abandonar los procedimientos concursales o de liquidación .

Si se cierran los procedimientos de liquidación sin un sucesor del deudor, una vez recibida la notificación del órgano jurisdiccional, el tribunal mercantil elimina al deudor disuelto por liquidación del registro mercantil, o a la organización de la sociedad civil del registro de organizaciones cívicas.

En los procedimientos de liquidación el pago de los salarios de los empleados está garantizado por el Fondo de Garantía Salarial, sujeto a las condiciones establecidas en la Ley relativa al Fondo de Garantía Salarial.

Consecuencias jurídicas de interponer los procedimientos:

Durante los procedimientos concursales, el órgano jurisdiccional adopta medidas para publicar un aplazamiento temporal inmediato del pago en el Boletín del Registro Mercantil a petición del deudor, de acuerdo con la Ley concursal. Posteriormente se examina la pertinencia de la solicitud, cuando el órgano jurisdiccional emite su decisión de rechazar la solicitud de oficio en casos especificados por la ley o, si no es ese el caso, toma la decisión de ordenar procedimientos concursales. Los procedimientos concursales empiezan con la publicación de dicha orden en el Boletín del Registro Mercantil. Como consecuencia de la apertura de los procedimientos concursales, se concede al deudor un aplazamiento del pago para la ejecución de los créditos pecuniarios hasta las 00:00 horas del segundo día hábil después de 120 días (con algunas excepciones), y la moratoria podrá prolongarse incluso hasta 365 días. Durante el periodo de aplazamiento del pago, solo podrá efectuarse el pago de los créditos indicados en el acto jurídico, no se producen consecuencias jurídicas relativas a la no ejecución o ejecución tardía de la obligación de pago, y se suspende la ejecución de los créditos pecuniarios contra el deudor, por lo que este consigue una oportunidad realista de elaborar un programa centrado en restaurar la situación de solvencia y saldar sus deudas.

Si el órgano jurisdiccional declara insolvente al deudor porque se dan todas las causas de la insolvencia definidas en el acto jurídico, se ordena la liquidación del deudor en un auto y, tras su entrada en vigor, se nombra a un liquidador mediante un auto publicado en el Boletín del Registro Mercantil, en el que también se insta a los acreedores a notificar sus créditos. Los derechos de propiedad cesan cuando se ordena el procedimiento de liquidación, que sirve para proteger los activos de la masa de insolvencia, y a partir de la fecha de inicio de la liquidación solo el liquidador, como representante del deudor, podrá realizar una declaración legal relativa a los activos del deudor. Todas las deudas del agente económico expiran en la fecha de inicio de la liquidación (vencen).

La liquidación tiene como objetivo distribuir todos los activos del deudor entre sus acreedores, debiendo finalizarse incluso los procedimientos de ejecución contra los activos sujetos a los procedimientos de liquidación. Los procedimientos contenciosos y los de jurisdicción voluntaria iniciados antes de la fecha de inicio de la liquidación continúan ante el tribunal que conozca del asunto. Tras la fecha de inicio de la liquidación, todos los créditos pecuniarios relativos a los activos de la masa de insolvencia solo podrán alegarse en el marco del procedimiento de liquidación. Toda restricción en la enajenación o carga establecidas sobre los bienes inmuebles u otros activos del deudor cesa en la fecha de inicio de la liquidación, mientras que los derechos de recompra y las opciones de compra, así como los derechos de prenda, cesan cuando se vende el activo. Una persona autorizada podrá satisfacer sus créditos a partir de un depósito de garantías generales proporcionado por el deudor hasta la fecha de inicio de la liquidación. Después, la persona autorizada deberá devolver el importe restante al liquidador.

5 ¿En qué condiciones pueden reclamarse las compensaciones?

Durante el procedimiento de liquidación, los acreedores podrán hacer valer un crédito contra el deudor si se registra en el procedimiento; no pueden realizarse compensaciones extrajudiciales, excepto para liquidaciones aplicadas de conformidad con convenios comerciales internacionales. No obstante, en caso de que haya una demanda previa pendiente entre el acreedor y el deudor, el acreedor podrá compensar todos los créditos alegados en la demanda con su deuda respecto al deudor.

6 ¿Qué efectos tienen los procedimientos de insolvencia sobre los contratos en curso de los que el deudor es parte?

La apertura de los procedimientos de liquidación en sí no tiene el efecto jurídico de finalizar los contratos asumidos previamente por el deudor. Los contratos pueden rescindirse como parte del procedimiento, en el caso de procedimientos concursales bajo la supervisión del administrador y, en el caso de procedimientos de liquidación, el liquidador rescinde los contratos como representante legal del deudor. El liquidador tiene derecho a rescindir los contratos con efecto inmediato o a cancelarlos.

7 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre los procedimientos incoados por acreedores individuales (con excepción de los procesos en curso)?

Los activos del deudor no pueden ser objeto de la ejecución, un acreedor que sea acreedor prendario no puede vender la prenda, mientras que las deudas se saldan durante los procedimientos de liquidación.

8 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre la continuación de los procesos en curso en el momento de la apertura de dicho procedimiento de insolvencia?

Las demandas interpuestas previamente son concluidas por el órgano jurisdiccional ante el que se presentaron. Si el deudor pierde la demanda, la parte que ha ganado participa como acreedor en el procedimiento de liquidación. Si el deudor gana la demanda, todos los activos o fondos debidos se incluyen en los activos de la masa de insolvencia. La Ley concursal establece en varios puntos que aportar información a los acreedores es obligación del administrador o liquidador.

9 ¿Cuáles son los principales elementos de la participación de los acreedores en el procedimiento de insolvencia?

Los acreedores podrán formar comités de acreedores o elegir a un representante con el que el liquidador debe consultar, al que el liquidador está obligado a informar y cuyo consentimiento implícito o explícito debe obtenerse para adoptar determinadas medidas.

10 ¿De qué forma puede el administrador concursal utilizar o enajenar bienes de la masa?

El liquidador podrá vender los activos del deudor al comprador que haya hecho la mejor oferta durante un procedimiento de venta pública en un portal de ventas en línea auditado.

11 ¿Qué créditos deben reconocerse en la masa del deudor y qué tratamiento tienen los créditos nacidos después de la apertura del procedimiento de insolvencia?

Tanto las deudas contraídas previamente como aquellas que surjan tras la apertura de los procedimientos de insolvencia podrán ser alegadas por el acreedor al notificar su reclamación en el procedimiento concursal o el procedimiento de liquidación como acreedor.

12 ¿Qué normas rigen el reconocimiento, verificación y admisión de los créditos?

El administrador concursal (el administrador en los procedimientos concursales o el liquidador en los procedimientos de liquidación) registra los créditos de los acreedores y presenta los créditos impugnados ante el órgano jurisdiccional que desarrolla el procedimiento concursal o de liquidación para que dicte sentencia.

13 ¿Qué normas rigen la distribución de los créditos? ¿Qué prelación tienen los créditos y los derechos de los acreedores?

El liquidador utiliza los ingresos procedentes de la venta de una prenda (después de deducir una serie de gastos) para el pago de la misma. El importe restante se distribuye entre los acreedores de acuerdo con la distribución de activos, teniendo en cuenta la clasificación para satisfacer los créditos de los acreedores establecida en la Ley concursal, y según el balance de liquidación provisional o el balance de liquidación final.

Tras la venta de otros activos, los ingresos podrán distribuirse después de que se haya aceptado el balance de liquidación provisional o el balance de liquidación final, teniendo en cuenta la distribución de activos aprobada por el órgano jurisdiccional y la clasificación para la satisfacción de los acreedores estipulada en la Ley concursal.

14 ¿Qué condiciones y efectos tiene la conclusión de los procedimientos de insolvencia (en particular mediante convenio)?

El deudor podrá llegar a un acuerdo voluntario con acreedores en un procedimiento concursal o en un procedimiento de liquidación. Si el acuerdo cumple la legislación, el órgano jurisdiccional lo aprueba y declara que el procedimiento ha sido cerrado. En dichos casos, el deudor continúa sus actividades. Los créditos del acreedor se satisfacen del modo y en la medida indicados en el acuerdo, el deudor está exento de pagar cualquier otro importe.

15 ¿Qué derechos tienen los acreedores tras la conclusión del procedimiento de insolvencia?

En un procedimiento concursal cerrado por un acuerdo voluntario aprobado por el órgano jurisdiccional, los créditos del acreedor se satisfacen en las condiciones y según el plazo indicados en el acuerdo. Si el deudor no respeta el acuerdo, los acreedores podrán interponer un procedimiento de ejecución o iniciar la liquidación del deudor.

16 ¿Quién asume las costas y los gastos en los que se incurre en los procedimientos de insolvencia?

Los acreedores pagan una tasa de registro. La interposición de procedimientos de insolvencia (procedimientos concursales, procedimientos de liquidación) está sujeta a una tasa. De lo contrario, todos los gastos incurridos serán asumidos por el deudor.

17 ¿Cuáles son las normas relativas a la nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos perjudiciales para el conjunto de los acreedores?

El liquidador o los acreedores podrán impugnar dichas transacciones presentando una petición y podrán solicitar que la transacción sea declarada «no válida». Por tanto, todos los activos devueltos al deudor aumentan los activos de la masa de insolvencia.

El liquidador o los acreedores podrán interponer demandas contra los antiguos directivos de la entidad deudora por aquellas actividades que fueran perjudiciales para los intereses de los acreedores, ya porque los antiguos directivos no tuvieron en cuenta estos intereses al desempeñar sus funciones directivas, lo que llevó a una disminución de los activos del agente económico, ya porque frustró la satisfacción completa de los créditos de los acreedores o porque eludió el pago de las tasas medioambientales. Si esto se demuestra, el antiguo director de la entidad deudora debe compensar a los acreedores por los daños causados.


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Última actualización: 03/12/2018