Medidas provisionales y cautelares

En algunas ocasiones puede convenirle que se adopten medidas urgentes en un Estado miembro distinto de aquél en el que se está juzgando el asunto principal, sin esperar a la sentencia definitiva.


Puede darse el caso de que, después de iniciado un proceso judicial, las actuaciones del tribunal transcurran lentamente y usted se sienta desprotegido. Teme que su deudor se aproveche de la lentitud de los procedimientos y de las distintas posibilidades de recurso a su alcance para ponerse a salvo de sus acreedores antes de que se dicte sentencia. Por ejemplo, es posible que se vea tentado de manipular su propia insolvencia o de ocultar determinados activos. En tal caso, le conviene a usted solicitar del tribunal la aplicación de medidas provisionales.

El tribunal puede, pues, adoptar medidas provisionales o cautelares contra el patrimonio del deudor. La finalidad que se persigue con ellas anticiparse a la sentencia definitiva, atendiendo a las circunstancias del caso y durante un determinado período de tiempo, con el fin de garantizar el cumplimiento de la misma una vez que se dicte.

Sin embargo, existen grandes diferencias entre los Estados miembros en cuanto a los requisitos necesarios para la adopción de medidas de este tipo.

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Última actualización: 18/01/2019

Medidas provisionales y cautelares - Bélgica

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1 ¿Cuáles son los distintos tipos de medidas?

El objetivo de las medidas cautelares es garantizar derechos. En la práctica, con estas medidas el acreedor se protege frente al riesgo de no recibir el pago por parte de sus deudores.

Si las medidas cautelares no son suficientes, el órgano jurisdiccional puede dictar también medidas provisionales, que tienen efectos similares a los de la resolución prevista en el procedimiento sobre el fondo. La sentencia firme confirmará las medidas provisionales o las revocará.

Las medidas provisionales o cautelares se dirigen contra los bienes del deudor. El principio que se aplica en el cobro de deudas es que el deudor responde tanto con sus bienes muebles (dinero efectivo, mobiliario, joyas, acciones) como con los inmuebles (terrenos, edificios o viviendas). El acreedor también puede reclamar los derechos o títulos del deudor (cuentas bancarias, nóminas).

1.1. Medidas cautelares

A. Embargo preventivo

En caso de urgencia, el acreedor puede solicitar al órgano jurisdiccional que autorice el embargo preventivo de los bienes embargables del deudor (artículo 1413 del Código Procesal belga). El deudor pierde su capacidad de disponer de los bienes que quedan sujetos a embargo preventivo. No puede venderlos, donarlos ni hipotecarlos. El efecto de esta pérdida de capacidad dispositiva es solo relativo: se aplica únicamente a favor del acreedor que obtiene el embargo, ya que el deudor sigue siendo el titular de los derechos de propiedad y usufructo de los bienes.

B. Secuestro

El secuestro es un depósito caucional de los activos objeto del litigio, que deben conservarse hasta que se dicte resolución firme (artículos 1955 y ss. del Código Civil). El secuestro puede ser acordado por las partes (secuestro por acuerdo) o impuesto por el tribunal (secuestro judicial). A diferencia de lo que ocurre con la garantía ordinaria, el secuestro puede aplicarse también al patrimonio inmueble (artículo1959 del Código Civil).

C. Inventario

La finalidad de elaborar un inventario es determinar el valor de una herencia, una comunidad de gananciales o una propiedad indivisa de varias partes (artículo 1175 del Código Procesal), previa solicitud del acreedor, el cónyuge o un heredero. Las personas que solicitan la elaboración del inventario están facultadas para elegir al notario que levantará el acta patrimonial del inventario. De no haber acuerdo, el juez de paz designará al notario correspondiente (artículo 1178 del Código Civil). Este mismo juez será competente en caso de conflicto.

D. Precintado

El precintado de los bienes impide que se pueda seguir disponiendo de ellos. Cuando hay un interés importante que proteger, los acreedores, el cónyuge o los herederos pueden solicitar que se precinten los bienes que forman parte de la comunidad de gananciales, la herencia o la propiedad indivisa (artículo 1148 del Código Procesal). Compete ordenar el precintado al juez de paz, que puede retirarlo a petición de quien lo solicitó: acreedores, cónyuge o herederos. Si existe oposición a la retirada, corresponderá de nuevo resolver al juez de paz.

1.2. Medidas provisionales

Las medidas provisionales o provisionalmente ejecutivas pueden alzarse y no son irrevocables. Se dictan en el procedimiento sobre medidas provisionales o en el procedimiento sobre el fondo del asunto.

1.3. Ejecución provisional

La ejecución provisional o ejecución anticipada es posible en condiciones muy estrictas cuando ha habido resolución, pero esta no es aún firme. En otras palabras, cuando aún existe posibilidad de apelar o de oponerse a la sentencia, la sentencia constituye solo prueba de lo que ha sido demostrado pero no puede ejecutarse aún. Esto podría tener consecuencias negativas para la parte que pretende que la otra cumpla su obligación. En algunos casos, el demandante puede solicitar al tribunal que ordene la ejecución provisional de la sentencia. Una forma de ejecución provisional es el embargo preventivo del patrimonio del deudor.

2 ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas?

2.1 Procedimiento

A. Embargo preventivo

Cuando una persona cuenta con una sentencia a su favor, incluso si dicha sentencia ha sido dictada en otro país, puede solicitar al agente judicial que proceda al embargo preventivo de los bienes del deudor a quien afecta la resolución. Si el acreedor no dispone de una sentencia, será necesaria una orden judicial para imponer el embargo preventivo. Los tribunales arbitrales no están facultados para ordenar el embargo preventivo (Código Procesal, artículo 1696).

Las solicitudes de embargo se presentan ante el tribunal competente y se tramitan del mismo modo que el procedimiento sobre medidas provisionales (Código Procesal, artículo 1395). El plazo de notificación de la comparecencia ante el tribunal debe ser al menos de dos días, aunque puede reducirse en casos urgentes.

El abogado presenta la demanda de embargo preventivo a instancia de parte ante el tribunal competente en el procedimiento de embargo, que puede autorizar la imposición del embargo preventivo. Este debe resolver en el plazo de ocho días. El agente judicial se encarga de notificar al deudor la resolución y la orden de embargo para garantizar que aquel tenga conocimiento del embargo.

La resolución es provisionalmente ejecutiva por ministerio de la ley y su firmeza e inapelabilidad son solo relativas. El tribunal del procedimiento de embargo puede modificar o retirar la resolución en cualquier momento si se producen cambios en las circunstancias. El Real Decreto de 30 de noviembre de 1976 (Diario Oficial belga, Moniteur belge/Belgisch Staatsblad, 8 de febrero de 1977) establece la retribución de los agentes judiciales.

B. Secuestro

En el caso de que el secuestro haya sido acordado entre las partes, no es necesaria una orden judicial. Por el contrario, el secuestro judicial debe ser ordenado por un órgano jurisdiccional.

En ambos casos se designa un depositario, bien mediante acuerdo bien por decisión del tribunal. Su función consiste en gestionar con la diligencia debida el patrimonio que se le confía. Cuando el secuestro finaliza, debe reintegrar los bienes de que se trate. El depositario percibe una remuneración que está establecida por ley (Código Civil, artículo 1962, apartado 3).

C. Medidas provisionales

Las medidas provisionales deben solicitarse siempre ante los tribunales, bien en un procedimiento sobre medidas provisionales bien en un procedimiento sobre el fondo. Los tribunales arbitrales también están facultados para dictar medidas provisionales (Código Procesal, artículo 1696).

En caso de urgencia, el presidente del tribunal de primera instancia resuelve con carácter provisional en todos los asuntos que no estén por ley fuera de la competencia de los tribunales (Código Procesal, artículo 584, apartado 1). «Provisionalmente ejecutiva» significa que la sentencia es solo provisional y puede no tener efectos definitivos ni irrevocables. Los presidentes del tribunal mercantil y del tribunal laboral están facultados para dictar resoluciones provisionalmente ejecutivas en todos los asuntos urgentes dentro de sus competencias respectivas.

Una sentencia sobre medidas provisionales no puede ir en detrimento del caso mismo (el asunto principal), lo que significa que la firmeza e inapelabilidad de la sentencia son relativas. El juez que conoce del fondo no está obligado por esta resolución de ninguna manera, así pues, el juez que se ocupa del procedimiento de medidas provisionales solo puede dictar este tipo de medidas.

Por ejemplo, en los asuntos de divorcio, el presidente del tribunal de primera instancia está facultado para dictar medidas provisionales referidas a la persona, los bienes y los alimentos de los cónyuges y de sus hijos (Código Procesal, artículo 1280, apartado 1).

El agente judicial notifica formalmente a la otra parte las medidas dictadas y la insta a cumplirlas, si es necesario bajo la amenaza de intervención policial o de incautación de una multa impuesta judicialmente. El Real Decreto de 30 de noviembre de 1976 (Diario Oficial belga,Moniteur belge/Belgisch Staatsblad, 8 de febrero de 1977) establece la retribución de los agentes judiciales.

Dado que el juez de paz decide en primera instancia, puede ordenar medidas provisionales durante el período de tiempo que dure la convivencia de un matrimonio o una pareja legalmente reconocida en los casos en los que la relación se haya roto. Dichas medidas pueden referirse, por ejemplo, a asuntos como el hogar familiar o la persona y el patrimonio de los hijos. Estas medidas son de carácter puramente provisional y finalizan cuando las partes dejan de vivir juntas. Sin embargo, no constituyen una base para solicitar el divorcio. La regulación definitiva del divorcio corresponde al tribunal de primera instancia.

D. Ejecución provisional

Las resoluciones judiciales son títulos ejecutivos. Mientras no sean firmes no pueden ejecutarse. La ejecución queda en suspenso en la medida en que la ley prevea la posibilidad de oposición o apelación, salvo cuando se trate de recurrir en casación (Código Procesal, artículo 1397).

El juez que dicte sentencia definitiva podrá autorizar la ejecución provisional de la misma, excepto en los casos en que la ley lo prohíba (Código Procesal, artículo 1398). Estas excepciones son el divorcio, la separación legal, la oposición al matrimonio y la nulidad matrimonial. Además, si la resolución admite una reclamación por un importe inferior a 2 500 euros no puede ejecutarse a título provisional (Código Procesal, artículo 1399).

Si la ejecución provisional es admisible, se aplica por cuenta y riesgo del demandante. El tribunal puede imponer determinadas condiciones a la ejecutabilidad de una resolución en dichos casos, exigiendo a la parte solicitante que aporte una garantía (Código Procesal, artículo 1400, apartado 1). El demandante puede incoar la ejecución pero debe depositar una cantidad o una garantía bancaria en la Oficina de depósitos y consignaciones o gestionar una garantía bancaria, ya que existe la posibilidad de que la sentencia sea modificada en apelación y de que la otra parte tenga derecho a compensación.

2.2 Condiciones principales

A. Embargo preventivo

Únicamente puede dictarse un embargo preventivo en casos de urgencia y cuando la cantidad de la deuda sea segura, fija y exigible.

La urgencia significa aquí que la solvencia del deudor es dudosa, por lo que la pretensión del acreedor de reclamar contra los activos del deudor está en peligro. El embargo preventivo no es solo un medio de hacer presión, sino un instrumento legítimo en los casos en los que, objetivamente, la situación financiera del deudor se encuentra bajo amenaza. Debe existir cierto grado de urgencia tanto en el momento de dictar el embargo como en el momento en que el juez deba decidir sobre la ejecución del mismo.

La pretensión del solicitante debe ser segura en el sentido de tener una justificación clara y de que no existan fundamentos razonables que la pongan en duda. La reclamación de deuda debe ser asimismo fija. El importe de la deuda debe estar determinado o al menos ser susceptible de calcularse provisionalmente. Si el importe exacto de la deuda no se ha fijado aún, el tribunal que ordene el embargo hará el cálculo del mismo. Por último, la deuda debe ser exigible, es decir, el acreedor debe estar facultado para reclamarla. En el artículo 1415 del Código Procesal se define este requisito de modo más preciso, de manera que incluso las reclamaciones de ingresos periódicos (alimentos, alquileres, intereses) y de créditos eventuales pueden ser susceptibles de embargo preventivo.

B. Secuestro

El secuestro judicial puede ordenarse en el caso de bienes muebles sobre los que exista una orden de embargo, en el caso de bienes muebles o inmuebles cuya propiedad o posesión se disputen dos o más personas o en el caso de objetos que el deudor ofrezca para saldar su deuda (Código Civil, artículo 1961). En términos generales, esto se refiere a una situación en la que las circunstancias del caso justifiquen el uso del secuestro como medida cautelar con el fin de garantizar que los objetos se mantengan en su condición actual, sin perjuicio de cualquier solución definitiva que pueda alcanzarse. La urgencia es irrelevante, pero el tribunal tendrá la precaución de recurrir al secuestro solo como medida excepcional y grave cuando existan buenas razones para ello.

C. Medidas provisionales

El procedimiento sobre medidas provisionales puede iniciarse solo cuando el asunto fuese tan urgente que, de no encontrarse una solución inmediata, la parte solicitante sufriría una pérdida o un inconveniente sustanciales. La urgencia es, por tanto, uno de los principales requisitos para que se ordenen medidas provisionales.

Las medidas provisionales dictadas en la causa principal deben basarse también en motivos de urgencia. Así pues, estas medidas, que pueden solicitarse ante el juez de paz, se denominan «medidas provisionales urgentes».

D. Ejecución provisional

El criterio de los tribunales para ordenar la ejecución provisional es el riesgo que corre el demandante de que la otra parte impida o retrase innecesariamente la ejecución de la sentencia. Si el demandado presenta un recurso de oposición o apelación simplemente con el fin de evitar la ejecución de la resolución, el órgano jurisdiccional que la dictó tendrá ya razones suficientes para ordenar la ejecución provisional de la misma. La ejecución provisional está prohibida, no obstante, en determinados casos (véase más arriba).

3 Objeto y naturaleza de estas medidas

Se pretende con la adopción de una medida cautelar afrontar o cubrir la eventualidad de que durante la sustanciación de un procedimiento presente o futuro el demandado sea obligado tanto a no realizar determinados actos como a efectuar otros en su patrimonio. De esta forma se trata de impedir que se realicen por el demandado actos dirigidos a eludir la entrada en su patrimonio de bienes o derechos, a provocar o permitir daños en los bienes, a sustraer del alcance de la Justicia determinados bienes creando situaciones de insolvencia para impedir la eficacia de la eventual sentencia.

Las medidas cautelares tienen en la legislación española la característica de su jurisdiccionalidad en la medida en que su adopción es de exclusiva competencia de los Tribunales. No pueden ser adoptadas ni por árbitros ni mediadores, no se constituyen en un numero determinado y cerrado, son de carácter dispositivo (únicamente a instancia de parte se pueden adoptar), son de carácter patrimonial en cuanto afectan a bienes y derechos del demandado, tienen una finalidad asegurativa de efectividad de una eventual sentencia estimatoria, son instrumentales respecto de la resolución a recaer en un proceso principal.

Se pueden adoptar sobre bienes materiales como inmateriales. No son de carácter únicamente patrimonial en cuanto que se pueden adoptar cautelarmente medidas limitativas de derechos personales.

Se permite la adopción de órdenes y prohibiciones con lo que cabe el contenido de medidas que consistan en un hacer o no hacer.

3.1 ¿Qué tipos de bienes pueden ser objeto de estas medidas?

    A. Embargo preventivo

    Pueden ser objeto de embargo preventivo todo tipo de bienes (muebles, inmuebles e intangibles), aunque algunos no pueden embargarse o pueden ser solo objeto de embargo parcial. Los bienes podrán ser inembargables bien porque así lo estipule la ley, bien por su propia naturaleza o por su relación con el deudor.

    Los bienes inembargables se enumeran en el artículo 1408 del Código Procesal. Entre ellos se encuentran los enseres necesarios para cubrir las necesidades básicas, los objetos que el deudor o sus hijos utilizan para el estudio o la formación, el equipamiento profesional del deudor, los destinados al culto religioso, los alimentos y el combustible. En el artículo 1410, apartado 2, del Código Procesal se establece una relación de los importes excluidos del embargo, entre los que cabe citar las prestaciones familiares y los ingresos mínimos necesarios para la subsistencia.

    Los salarios y otras remuneraciones solo pueden embargarse parcialmente. Las cantidades están establecidas en el artículo 1409, apartado 1, del Código Procesal y se revisan anualmente por Real Decreto con arreglo al índice de precios al consumo. En el artículo 1410, apartado 1, del Código Procesal se amplía el alcance de esta norma de exclusión parcial a otras fuentes de ingresos, como los que se perciben en concepto de alimentos y pensiones, los subsidios de desempleo y las prestaciones por incapacidad laboral o general.

    El agente judicial hace inventario del patrimonio embargable en un documento oficial con vistas a su ulterior venta, a menos que el agente intermedie en un acuerdo con el acreedor. Disponer de los bienes consignados en el acta u ocultarlos constituye un delito y está estrictamente prohibido.

    B. Secuestro

    El tribunal puede ordenar el secuestro judicial en el caso de bienes muebles sobre los que haya una orden de embargo, en el caso de bienes muebles o inmuebles cuya propiedad se disputen dos o más personas, o en el caso de objetos que el deudor haya ofrecido para saldar su deuda (Código Civil, artículo 1961).

    C. Medidas provisionales

    Las medidas provisionales pueden dictarse en cualquier tipo de asunto. El presidente del tribunal de primera instancia es competente para conocer de todos los litigios privados de la jurisdicción civil. El juez que preside el tribunal mercantil o el tribunal laboral es el encargado de conocer de los litigios mercantiles y laborales, respectivamente.

    El juez de paz está facultado para ordenar medidas provisionales durante el período completo de tiempo que dure la convivencia en los casos en los que la relación se haya roto. Dichas medidas pueden referirse, por ejemplo, a asuntos como el hogar familiar o a la persona y el patrimonio de los hijos. Esta norma se aplica únicamente a los matrimonios (Código Civil, artículo 223, apartado 1) y a las parejas legalmente reconocidas (Código Civil, artículo 1479, apartado 1), pero no a las parejas de hecho.

    D. Ejecución provisional

    En principio, todas las sentencias son susceptibles de ejecución provisional si lo ordena el juez, excepto en los casos en que la ley lo prohíba (Código Procesal, artículo 1398). Estas excepciones son el divorcio, la separación legal, la oposición al matrimonio y la nulidad matrimonial. Además, si la resolución admite una reclamación por un importe inferior a 2 500 euros no puede ejecutarse a título provisional (Código Procesal, artículo 1399).

      3.2 ¿Qué efectos surten estas medidas?

        A. Embargo preventivo

        El propietario de los activos en cuestión no pierde los derechos de propiedad ni el disfrute (uso, alquiler, ingresos, usufructo) de los bienes embargados preventivamente. Pierde simplemente la facultad de venderlos o hipotecarlos. El hecho de que el deudor no pueda enajenar los bienes embargados significa que todas las transacciones contrarias a esta prohibición que el propietario realice serán todavía válidas, pero no podrán hacerse valer frente al acreedor al que se ha concedido el embargo. Este podrá, por tanto, hacer caso omiso de dichas transacciones y actuar como si no se hubieran producido.

        B. Secuestro

        El secuestro, como cualquier otro depósito o garantía judicial, implica que la posesión material de los bienes se transfiere al depositario, que podrá solo emprender acciones destinadas a su preservación.

        C. Medidas provisionales

        No es aplicable.

        D. Ejecución provisional

        La ejecución provisional produce el efecto de ejecutar la sentencia, a pesar de la posibilidad de que esta pueda ser modificada tras un recurso de oposición o apelación a la misma. El demandante asume los riesgos de la ejecución (véase más arriba).

          3.3 ¿Qué validez tienen estas medidas?

          A. Embargo preventivo

          El embargo preventivo está sujeto a un plazo y, en principio, será válido durante tres años. El juez que ordena el embargo está facultado, no obstante, para decidir un plazo más breve. La orden puede renovarse siempre que se esté dentro del plazo originariamente establecido. La renovación —que es, en realidad, una ampliación del plazo— se concederá cuando la solicitud esté suficientemente motivada y siga existiendo el elemento de la urgencia.

          B. Secuestro

          Los plazos del período de validez del secuestro no están establecidos por ley. El secuestro se levanta cuando deja de peligrar la conservación de los bienes en su condición actual y no existe riesgo de que no se llegue a una solución definitiva.

          C. Medidas provisionales

          La ley no estipula un plazo fijo de validez en relación con las medidas provisionales. La sentencia firme de resolución del litigio confirmará cualesquiera medidas provisionales aplicadas o las revocará.

          Las medidas provisionales urgentes dictadas por el juez de paz cesarán en el momento en que se inicie el procedimiento de divorcio o causa principal. A partir de entonces, el asunto pasará al tribunal de primera instancia y su presidente dictará medidas provisionales si lo estima preciso.

          D. Ejecución provisional

          No es aplicable.

          4 ¿Existe la posibilidad de interponer un recurso contra estas medidas?

          A. Embargo preventivo

          Cuando el juez encargado del procedimiento de embargo deniegue el embargo preventivo, el solicitante podrá recurrir la resolución en el plazo de un mes a partir de su notificación (Código Procesal, artículo 1419, apartado 1, y artículo 1031). El asunto se tratará del mismo modo que cuando se presentó ante el primer órgano jurisdiccional. La decisión será debatida por la Sección de Cuestiones Preliminares (chambre du conseil/raadkamer). Si el embargo se confirma en el procedimiento de apelación, el deudor que desee oponerse al embargo podrá remitir el caso al tribunal de apelación, presentando una demanda de oposición de tercero.

          Cuando el juez encargado del procedimiento de embargo accede a ordenar el embargo preventivo, el deudor o cualquier otra parte interesada tendrá derecho a presentar una demanda de oposición de tercero contra la resolución (Código Procesal, artículo 1419). Esta demanda deberá interponerse en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución de autorización del embargo y será oída por el juez que dictó la resolución impugnada (Código Procesal, artículo 1125). La interposición de demanda de oposición de tercero no tiene efectos suspensivos, a menos que el juez que dictó la orden de embargo decida suspender la ejecución.

          B. Secuestro

          No es aplicable en el caso del secuestro acordado entre las partes.

          El secuestro judicial es una decisión del órgano jurisdiccional contra la que se puede recurrir con arreglo a las disposiciones del Código Procesal.

          C. Medidas provisionales

          La parte que se considere perjudicada por la resolución judicial dictada en el procedimiento de medidas provisionales podrá presentar un recurso de oposición o apelación. Los recursos de apelación contra las resoluciones del presidente del tribunal de primera instancia o del tribunal mercantil son competencia del tribunal de apelación. Los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas por el presidente del tribunal laboral deben presentarse ante este tribunal.

          En el caso de que el procedimiento se incoara mediante citación o comparecencia voluntaria, cualquier recurso de oposición o apelación deberá presentarse en el plazo de un mes a partir de la fecha de traslado de la resolución. Cuando la notificación de la resolución se hubiese realizado mediante pliego judicial y la resolución se hubiese dictado como respuesta a una demanda a instancia de parte, el recurso de oposición o apelación deberá presentarse en el plazo de un mes desde la fecha de notificación.

          D. Ejecución provisional

          La orden judicial de ejecución provisional no es apelable. El tribunal de apelación no está facultado bajo ninguna circunstancia para prohibir o suspender la ejecución de una sentencia (Código Procesal, artículo 1402).


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          Última actualización: 14/11/2014

          Medidas provisionales y cautelares - Bulgaria


          1 ¿Cuáles son los distintos tipos de medidas

          Salvo excepciones, los juicios se caracterizan por su mayor o menor duración. Las demoras que pueden sufrir, que son consecuencia de las diferentes fases e instancias por las que pasa el juicio, en ocasiones pueden dar lugar a deficiencias en la tutela jurídica pretendida habida cuenta del retraso de la sentencia y del consiguiente retraso en su ejecución. A este respecto, el legislador ha establecido una serie de medidas para garantizar la eficacia de la tutela jurídica pretendida.

          Las disposiciones de los artículos 389 a 404 del Código de Procedimiento Civil rigen las cuestiones relacionadas con el aseguramiento de la pretensión, esto es, las conocidas como medidas provisionales.

          De conformidad con el artículo 391 del Código de Procedimiento Civil, el aseguramiento de una pretensión está permitido en los casos en que de no adoptarse tales medidas provisionales sería imposible o muy difícil para el demandante hacer valer los derechos derivados de la sentencia y en aquellos casos en que: a) la demanda se base en pruebas documentales sólidas o b) se deba prestar caución por una cuantía determinada por el órgano jurisdiccional de acuerdo con los artículos 180 y 181 de la Ley de obligaciones y contratos. Se puede exigir una caución aunque no existan pruebas documentales sólidas.

          Por lo tanto, el riesgo de incapacidad del demandante para hacer valer los derechos que se deriven de la sentencia a que posiblemente dé lugar la demanda que presente, siempre que esté debidamente fundamentada, es prerrequisito fundamental y condición obligatoria para acordar medidas provisionales.

          Antes de acordar una medida provisional, el juez deberá valorar si se cumplen los prerrequisitos siguientes: la necesidad de asegurar la pretensión, una justificación suficiente de la pretensión, y que la medida provisional, propuesta por el demandante, resulte apropiada y adecuada en función de las necesidades del caso concreto y de la protección jurídica explícitamente pretendida.

          De conformidad con el artículo 397, apartado 1, del Código de Procedimiento Civil, se contemplan las medidas provisionales siguientes:

          1. el embargo de bienes inmuebles;
          2. el embargo de bienes muebles y derechos crediticios pecuniarios, incluidas las acciones en una empresa;
          3. otras medidas adecuadas determinadas por el órgano jurisdiccional, como el depósito de vehículos de motor o las moratorias.

          Los órganos jurisdiccionales también pueden acordar varias medidas provisionales hasta la cuantía total de la demanda.

          2 ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas?

          2.1 Procedimiento

          Con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 34 del Código de Procedimiento Civil, se pueden adoptar medidas provisionales:

          1. de conformidad con el artículo 389 del Código de Procedimiento Civil, para todo tipo de demandas, en cualquier fase del proceso, y antes de que finalicen las actuaciones judiciales en los procesos de apelación;
          2. de conformidad con el artículo 390 del Código de Procedimiento Civil, para todo tipo de demandas, antes de la presentación de la misma.

          Solicitud de medidas provisionales en asuntos ya incoados:

          El demandante presenta esta solicitud ante el órgano jurisdiccional competente para resolver el litigio. Para que se acuerden medidas provisionales deben cumplirse los prerrequisitos establecidos en el artículo 391 del Código de Procedimiento Civil: una fundamentación suficiente de la pretensión, la necesidad de asegurar la pretensión (es decir, que exista el riesgo de no poder satisfacer la pretensión del demandante en el caso de que sea estimada) y la adecuación de la medida propuesta. De conformidad con el artículo 391, apartados 2 y 3, del Código de Procedimiento Civil, cuando las pruebas no sean suficientes, el órgano jurisdiccional podrá, discrecionalmente y en los términos que considere oportuno, exigir la prestación de una caución monetaria.

          Se pueden adoptar medidas provisionales aunque el proceso esté suspendido.

          Solicitud de medidas provisionales en asuntos aún no incoados:

          La solicitud se presenta en el lugar donde el demandante tenga su domicilio permanente o en el lugar donde se encuentren los bienes que servirán para asegurar la pretensión. Cuando se solicite una moratoria, la solicitud deberá presentarse ante el órgano jurisdiccional competente en relación con el lugar de la ejecución a que se refiere la moratoria.

          Cuando se adoptan medidas provisionales respecto a una futura demanda, el órgano jurisdiccional establece un plazo para la presentación de la demanda, que no podrá ser superior a un mes. Los prerrequisitos materiales que deben cumplirse para la adopción de estas medidas provisionales son los mismos que los relativos a los de las medidas provisionales en asuntos ya incoados.

          La solicitud deberá indicar la medida provisional que se pide y el valor de la demanda. Se debe presentar ante el tribunal regional o de distrito correspondiente, dependiendo de la jurisdicción y la competencia del tribunal en virtud del artículo 104 del Código de Procedimiento Civil.

          La solicitud puede presentarla la persona interesada o su representante legal o abogado. No hace falta que se presente por duplicado, puesto que no se remite ninguna copia a la parte contraria.

          Las medidas provisionales acordadas por el tribunal pueden consistir en:

          • el embargo de bienes inmuebles, ejecutado por parte de la oficina del Registro;
          • el embargo de bienes muebles y derechos crediticios pecuniarios del deudor, ejecutado por parte de un agente judicial estatal o privado, pudiendo notificarse también mediante terceras partes, como bancos u otras entidades de crédito, actuando por cuenta de aquel;
          • medidas provisionales relacionadas con vehículos de motor, ejecutadas por la policía de tráfico;
          • en el caso de las moratorias, deberá presentarse una copia de la resolución por la que se acuerde la misma al agente judicial que haya incoado el proceso de ejecución;
          • otras medidas previstas en la ley, que son ejecutadas por el agente judicial estatal o privado correspondiente que la persona elija.

          2.2 Condiciones principales

          Los prerrequisitos materiales que deben cumplirse para la adopción medidas provisionales (según lo descrito anteriormente) se exponen en el artículo 391 del Código de Procedimiento Civil.

          Se pueden adoptar medidas provisionales en relación con reclamación de alimentos aunque no se cumplan los requisitos del artículo 391 del Código de Procedimiento Civil; en estos casos el órgano jurisdiccional puede tomar las medidas provisionales de oficio.

          También está permitido el aseguramiento parcial de la pretensión, pero solo en relación con las partes suficientemente probadas.

          3 Objeto y naturaleza de estas medidas

          3.1 ¿Qué tipos de bienes pueden ser objeto de estas medidas?

          En general, cualquier bien del deudor puede estar sujeto a medidas provisionales. Cuando se aseguren demandas pecuniarias mediante el embargo de créditos pecuniarios, estos deberán estar vencidos y ser exigibles.

          De conformidad con el artículo 393, apartado 1, del Código de Procedimiento Civil, no está permitido el aseguramiento de un crédito pecuniario con bienes del Estado, las instituciones estatales y las instalaciones sanitarias contempladas en el artículo 5, apartado 1, de la Ley de instalaciones sanitarias.

          Pueden ser objeto de medidas provisionales los siguientes tipos de bienes:

          • cuentas bancarias;
          • bienes muebles;
          • bienes inmuebles;
          • vehículos de motor, para su depósito;
          • medidas de ejecución;
          • determinados bienes del futuro deudor como se indica en otros casos establecidos de manera explícita en la ley.

          3.2 ¿Qué efectos surten estas medidas?

          Cualquier acto de disposición sobre un bien que realice el deudor puede ser anulado por el acreedor o los acreedores asociados. En cuanto a los bienes inmuebles, únicamente son anulables las disposiciones realizadas tras la inscripción de una ejecución hipotecaria en el registro, de acuerdo con el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil.

          El artículo 453 del Código de Procedimiento Civil contempla supuestos de inejecutabilidad, por parte del acreedor o de los acreedores asociados, de los derechos adquiridos tras la inscripción de una ejecución hipotecaria en el registro y tras la recepción de la notificación del embargo.

          De acuerdo con el artículo 401 del Código de Procedimiento Civil, el acreedor garantizado puede ejercitar una acción contra una tercera parte responsable por la cuantía o los bienes que dicha parte se niega a entregar de manera voluntaria.

          Los gastos relacionados con las medidas provisionales corren de cargo de la persona a petición de la cual se hayan acordado, tal como establece el artículo 514 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 401 del Código de Procedimiento Civil, que regula las medidas provisionales.

          3.3 ¿Qué validez tienen estas medidas?

          En los procesos ya incoados, se pueden adoptar medidas provisionales en cualquier momento del mismo siempre que se ejecuten antes de que se ponga fin al asunto mediante sentencia.

          Cuando se acuerdan medidas provisionales respecto a una futura demanda, el órgano jurisdiccional establece un plazo para la presentación de la demanda, que no puede ser superior a un mes. Si no se demuestra que se ha presentado la demanda dentro del plazo establecido, el órgano jurisdiccional cancela las medidas provisionales de oficio, conforme al artículo 390, apartado 3, del Código de Procedimiento Civil.

          En el caso de que se presente la demanda con respecto a la cual se han acordado medidas provisionales, que es lo habitual, las medidas provisionales siguen en vigor y tienen efecto hasta que finalice el asunto.

          El artículo 402 del Código de Procedimiento Civil rige el proceso de cancelación de las medidas provisionales ya acordadas. Establece que la parte interesada debe presentar una solicitud, una copia de la cual debe entregarse a la persona que haya solicitado la medida en cuestión. Esta última puede formular oposición en un plazo de tres días. El órgano jurisdiccional, reunido a puerta cerrada, cancela las medidas provisionales cuando está totalmente convencido de que la razón por la que se acordaron dichas medidas ya no existe o de que el demandado ha presentado una caución, dentro del plazo prescrito, mediante el depósito de la cuantía total que el demandante haya solicitado (artículo 398, apartado 2, del Código de Procedimiento Civil). La resolución de cancelación de las medidas provisionales está sujeta a apelación mediante recurso que ha de presentarse en el plazo de una semana.

          La sustitución de las medidas provisionales acordadas, tal como se establece en el artículo 398 del Código de Procedimiento Civil, puede concederse en los dos supuestos siguientes:

          • con arreglo al apartado 1: el órgano jurisdiccional, a petición de una de las partes, tras notificar a la otra parte y tomando en consideración las objeciones que haya presentado en el plazo de tres días después de la notificación, puede acordar la sustitución de un tipo de medida provisional por otra;
          • con arreglo al apartado 2: cuando se trate de una pretensión cuantificable en términos monetarios, en todo momento el demandado puede sustituir la medida autorizada, sin el consentimiento de la otra parte, por una caución dineraria o de otro tipo, tal como se establece en los artículos 180 y 181 de la Ley de obligaciones y contratos

          En los casos establecidos en el artículo 398, apartados 1 y 2, del Código de Procedimiento Civil, se revoca el embargo o la intervención.

          La ley no impide al demandado interponer una demanda contra el demandante para la compensación de los daños que las medidas provisionales le hayan causado, si se desestima la demanda sujeta a medidas provisionales o si no se presenta la demanda dentro del plazo fijado, así como si se finaliza el asunto (artículo 403 del Código de Procedimiento Civil).

          4 ¿Existe la posibilidad de interponer un recurso contra estas medidas?

          De conformidad con el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil, la resolución que por la que se acuerdan medidas provisionales puede recurrirse en el plazo de una semana. Para el demandante, este plazo de una semana empieza cuando se le da traslado de la resolución, mientras que para el demandado (la persona contra la cual se han dictado medidas provisionales) el plazo empieza el día en que el agente judicial, la oficina del Registro o el órgano jurisdiccional le notifica las medidas provisionales impuestas. Se debe entregar una copia del recurso a la parte contraria, que debe contestar en el plazo de una semana.

          En el caso de que se recurra una resolución de denegación de medidas provisionales, no se entrega ninguna copia del recurso del demandante al demandado.

          Si el tribunal de apelación confirma la resolución por la que se aprueban o deniegan medidas provisionales, dicha resolución no se puede recurrir en casación. Si el tribunal de apelación acuerda medidas provisionales que habían sido denegadas por el órgano jurisdiccional en primera instancia, la resolución del primero puede recurrirse ante el Tribunal Supremo de Casación si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil.

          De conformidad con el Código de Procedimiento Civil actualmente en vigor, tanto las medidas provisionales que se dicten, como el importe de la garantía fijado por el órgano jurisdiccional como condición para dictar las medidas provisionales, son recurribles. Sin embargo, el recurso ante el tribunal de apelación no suspende las medidas provisionales hasta que el este emite una resolución y dictamina su cancelación.


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          Última actualización: 03/01/2018

          Medidas provisionales y cautelares - Chequia


          1 ¿Cuáles son los distintos tipos de medidas

          Medidas provisionales:

          Las medidas provisionales se usan para regular las relaciones entre las partes mientras dura el proceso, es decir, de manera provisional, o en situaciones en la que se teme que se vaya a menoscabar la aplicación de una resolución judicial.

          Por regla general, las medidas provisionales decretadas antes del inicio del proceso sobre el fondo del asunto se rigen por el artículo 74 y siguientes del Código de Procedimiento Civil (Ley n.º 99/1963, en su versión modificada), mientras que las medidas provisionales decretadas tras el inicio del proceso se rigen por el artículo 102 de dicho Código. La Ley sobre procedimientos judiciales especiales (Ley n.º 292/2013) establece las medidas provisionales especiales que se aplican en ciertas situaciones específicas, en concreto, las medidas provisionales con respecto a la situación de un menor que no ha sido debidamente atendido (artículo 452 y siguientes) y las medidas provisionales de protección en casos de violencia doméstica (artículo 400 y siguientes). El artículo 12 de la Ley n.º 292/2013 también establece ciertas normas especiales que complementan las disposiciones vigentes en materia de medidas provisionales y que rigen los tipos de procedimientos que entran en el ámbito de esa Ley.

          Aseguramiento de pruebas:

          Las pruebas se aseguran cuando se teme que la práctica de pruebas en el futuro vaya a ser imposible o se vaya a ver gravemente obstaculizada (p. ej., en el caso de cumplimiento defectuoso de un contrato de compraventa cuyo objeto comprende productos perecederos o de interrogatorio de un testigo muy enfermo que se encuentra en un estado muy grave).

          2 ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas?

          2.1 Procedimiento

          Medidas provisionales:

          • El artículo 74, apartado 3, del Código de Procedimiento Civil (Ley n.º 99/1963, en su versión modificada) establece que el procedimiento para obtener una medida provisional se inicia a instancia de parte mediante solicitud.
          • Sin embargo, el artículo 12 de la Ley n.º 292/2013 establece que un órgano jurisdiccional puede ordenar una medida provisional de oficio en el caso de que también esté permitido iniciar de oficio el procedimiento en que se sustancie (p. ej., en los procedimientos sobre cuidado de menores, procedimientos de incapacidad, procedimientos de tutela y procedimientos relativos a personas desaparecidas o fallecidas). En estos casos, el órgano jurisdiccional ordena una medida provisional de oficio.
          • El órgano jurisdiccional competente para decretar una medida provisional es el que tenga competencia para conocer del fondo del asunto; las excepciones a esta norma se encuentran en los artículos 400 y 453 de la Ley n.º 292/2013.

          Las pruebas se pueden asegurar:

          • Antes del inicio del proceso sobre el fondo del asunto, previa solicitud. El órgano jurisdiccional competente es el que tendría competencia para conocer del fondo del asunto o aquel en cuyo distrito se encuentran las pruebas en peligro.
          • Las pruebas pueden asegurarse durante el proceso a instancia de parte o de oficio.

          Las partes deberán estar presentes cuando se aseguren las pruebas, excepto cuando un retraso a este respecto pudiere suponer un riesgo.

          Las pruebas también pueden asegurarse mediante acta notarial (notářský zápis) o mediante acta de un agente público de ejecución (exekutorský zápis), si dicho proceso tiene lugar en presencia de un notario o de un agente público de ejecución, o si un notario o un agente público de ejecución han testificado sobre la situación.

          2.2 Condiciones principales

          Se puede ordenar una medida provisional:

          • si para regular las relaciones entre las partes es preciso establecer disposiciones de carácter transitorio;
          • si se teme que la aplicación de la sentencia judicial está en peligro;
          • para regular las relaciones de manera provisional.

          La evaluación de si existe necesidad de establecer disposiciones de carácter transitorio para regular las relaciones entre las partes depende de las circunstancias del caso concreto. Se ordenarán medidas provisionales únicamente en el caso de que exista una necesidad demostrable de establecer disposiciones de carácter transitorio para regular las relaciones jurídicas entre las partes. Por lo que se refiere a las otras circunstancias relevantes para la ordenación de dichas medidas provisionales, es suficiente con probar al menos los hechos fundamentales para la imposición de la obligación con arreglo a la medida provisional.

          • Menoscabo de la aplicación de una sentencia

          Para ordenar una medida provisional en respuesta a los temores de que pueda resultar menoscabada la aplicación de una sentencia, la parte legitimada debe estar en posesión de una resolución u otro instrumento que justifique la aplicación de la sentencia. Las medidas provisionales solo se pueden ordenar hasta que la sentencia devenga ejecutable, o si existen motivos fundados por los que la parte legitimada no pueda (temporalmente) hacer valer, en aplicación de la sentencia, la obligación impuesta. Al mismo tiempo, deben demostrarse los hechos que justifican el temor por la aplicación de la resolución (fundamentalmente, la conducta del deudor).

          La solicitud de medidas provisionales debe contener los datos establecidos en el artículo 42, apartado 4, y el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil (Ley n.º 99/1963), que incluyen:

          • indicación del órgano jurisdiccional al que se dirige la solicitud;
          • quién presenta la solicitud y a qué asunto afecta, es decir, una relación de los hechos que justifican la medida provisional requerida;
          • lo que se pretende con la solicitud, es decir, qué medida provisional exige el solicitante;
          • la fecha en que se redactó, y la firma del solicitante o de su representante;
          • una descripción de por qué hacen falta disposiciones de carácter transitorio para regular las relaciones entre las partes, o del motivo por el que se teme que la aplicación de la resolución judicial está en peligro.

          Cualquier instrumento al que el solicitante haga referencia debe adjuntarse a la solicitud.

          Al entregar la solicitud, el solicitante debe abonar un depósito de 10 000 CZK por iniciativa propia, es decir, sin requerimiento judicial; en asuntos que afectan a relaciones entre empresas derivadas de actividades comerciales, el depósito es de 50 000 CZK. Las solicitudes relacionadas con cuestiones de bienestar social están exentas de depósito (p. ej. alimentos, desempleo o indemnización por daños personales). La solicitud se rechaza si no se cumple el requisito del depósito.

          El depósito sirve como garantía para posibles reclamaciones de indemnización por los daños u otras pérdidas que las partes o terceras partes (esto es, personas que no forman parte del procedimiento de medida provisional) puedan sufrir si se ordena una medida provisional.

          El artículo 12, apartado 3, de la Ley n.º 292/2013 recoge las exenciones de la obligación de abonar el depósito establecido por esta ley.

          Aseguramiento de pruebas:

          Antes del inicio del proceso sobre el fondo del asunto, se pueden asegurar pruebas (si así se solicita) cuando se tema que la práctica de pruebas en el futuro va a ser imposible o se va a ver gravemente obstaculizada. No se aseguran la pruebas sin relevancia para el proceso. El órgano jurisdiccional no aceptará una solicitud de aseguramiento de pruebas si sospecha que el solicitante, más que querer proteger las pruebas, en realidad busca conseguir un objetivo diferente (p. ej., obtener información sobre las actividades de otra persona, a la que de otra forma no tendría acceso).

          Además de los datos generales, una solicitud de aseguramiento de pruebas debe incluir una descripción de los hechos que las pruebas deban corroborar. Deben especificarse cuáles serán los elementos probatorios que se pretende asegurar.

          3 Objeto y naturaleza de estas medidas

          3.1 ¿Qué tipos de bienes pueden ser objeto de estas medidas?

          Medidas provisionales:

          El artículo 76 del Código de Procedimiento Civil establece que una medida provisional puede ordenar a una parte, por ejemplo, que pague alimentos, que deposite una suma de dinero ante el órgano jurisdiccional, que deje un objeto bajo custodia del mismo, que deje de disponer de ciertos bienes o derechos, que haga o deje de hacer algo, o que permita que se haga algo. La medida puede referirse a cualquier bien propiedad de la parte en cuestión.

          En virtud de una medida provisional, un órgano jurisdiccional puede imponer una obligación sobre alguien que no sea una de las partes del proceso cuando tal obligación se pueda exigir de manera justificada (p. ej., si alguien compra un bien con pleno conocimiento de que está comprándolo a un propietario que no ha cumplido debidamente sus obligaciones de pago con sus acreedores).

          Medidas provisionales especiales con arreglo a la Ley n.º 292/2013:

          Se aplican las medidas provisionales especiales que regulan la situación de los menores, con arreglo al artículo 452 y siguientes, cuando un menor no ha sido debidamente atendido, independientemente de que haya alguien o no que tenga derecho a cuidar al menor, o si la vida, el desarrollo normal u otros intereses importantes del menor están en grave peligro o se han menoscabado. La medida provisional regula la situación del menor durante el tiempo estrictamente necesario, ubicando al menor en un entorno adecuado, tal como se indique en la resolución judicial.

          Se puede imponer una medida provisional especial al demandado, en virtud del artículo 400 y siguientes, para exigirle que deje la vivienda compartida y sus inmediaciones, que se mantenga lejos de esta y que no entre en ella, que se abstenga de ponerse en contacto con el demandante, o que se abstenga de acechar y acosar al demandante en modo alguno. La solicitud debe contener una descripción de los hechos que prueben que la convivencia del demandante y del demandado en la casa o el piso en que comparten vivienda es intolerable para el demandante a causa de la violencia física o mental perpetrada contra el demandante u otra persona que resida en la vivienda compartida, o una descripción de los hechos que demuestren el acecho y acoso que padece el demandante.

          Aseguramiento de pruebas:

          La solicitud también deberá explicar por qué el solicitante pide el aseguramiento de pruebas. Pueden usarse como pruebas todos los medios por los que se pueda dilucidar el fondo de un asunto, sobre todo el interrogatorio de testigos, los dictámenes periciales, los informes y observaciones de autoridades y personas jurídicas, etc.

          Uno de los métodos especiales de asegurar pruebas implica el secuestro de un objeto probatorio en un asunto relacionado con derechos de propiedad intelectual (artículo 78 ter del Código de Procedimiento Civil de la Ley n.º 99/1963). Una persona que haya sido testigo de una violación de un derecho de propiedad intelectual tiene derecho de audiencia. El órgano jurisdiccional competente es el tribunal regional en cuya jurisdicción se haya secuestrado el objeto. Se pueden secuestrar: los productos en cuestión; los materiales y las herramientas; y los documentos relacionados con los productos en cuestión.

          3.2 ¿Qué efectos surten estas medidas?

          Medidas provisionales:

          Una medida provisional es una resolución provisional destinada a proteger al solicitante. Se dicta para proteger un derecho del solicitante que se ha infringido o que está en peligro. La adopción de una medida provisional no confiere al solicitante derechos que todavía se han de resolver. Tampoco es un modo de abordar una cuestión preliminar. Igualmente, la mera adopción de una medida provisional no afecta a la decisión del órgano jurisdiccional sobre el fondo del asunto. Los deudores pueden seguir disponiendo de sus bienes incluso después de que se dicte una medida provisional, pero deben actuar de conformidad con dicha medida.

          Si una persona obstaculiza manifiestamente la buena marcha del proceso, en especial al no comparecer, sin una razón fundada, ante el órgano jurisdiccional o al desobedecer una orden judicial, el órgano jurisdiccional puede imponerle el pago de una multa de hasta 50 000 CZK. Un órgano jurisdiccional puede ejecutar una resolución sobre una medida provisional si la parte obligada por la misma no acata la resolución de manera voluntaria. La sanción por obstruir la ejecución de una resolución oficial o de una orden de expulsión (de una vivienda compartida) también se consagra en el artículo 337, apartado 2, de la Ley n.º 40/2009 por la que se establece el Código penal, que contempla una falta por obstruir la ejecución de una resolución oficial o de orden de expulsión.

          3.3 ¿Qué validez tienen estas medidas?

          Medidas provisionales:

          • Medida provisional de duración determinada

          En la resolución por la que se dicte una medida provisional, el órgano jurisdiccional puede determinar que la medida haya de tener una duración determinada, aunque el demandante (solicitante) no lo haya requerido.

          • Imposición de una obligación de interponer una acción o de presentar otra solicitud para la incoación del proceso

          El órgano jurisdiccional que dicta una medida provisional también requiere al solicitante (demandante) que presente una solicitud al órgano jurisdiccional para la incoación del proceso (una acción) para resolver sobre el fondo del asunto dentro de un plazo fijado al mismo tiempo que se dicta la medida.

          Las medidas provisionales siguen en vigor hasta que vence o hasta que el órgano jurisdiccional la levanta.

          Las medidas provisionales se cancelan: si el solicitante no solicita la incoación del proceso dentro del plazo fijado por el órgano jurisdiccional; si no se admite a trámite la demanda; si se admite a trámite la demanda y pasados quince días desde que la sentencia que pone fin al proceso adquiere carácter ejecutivo; o cuando transcurre el plazo fijado para la medida provisional.

          El órgano jurisdiccional cancela las medidas provisionales cuando dejan de existir los motivos por los que se dictaron.

          El artículo 400 y siguientes de la Ley n.º 292/2013 establecen que las medidas provisionales surten efecto un mes a contar desde la fecha en que son ejecutables (artículo 408) y que este plazo se puede ampliar, en función de cuándo comenzó el proceso sobre el fondo del asunto.

          El artículo 452 y siguientes de la Ley n.º 292/2013 establecen que las medidas provisionales surten efecto un mes a contar desde la fecha en que son ejecutables (artículo 459) y que este plazo se puede ampliar.

          Aseguramiento de pruebas:

          Las pruebas se aseguran dentro del plazo especificado por el tribunal o bien lo más pronto posible. Las partes tienen derecho a estar presentes cuando se aseguran, excepto cuando ello acarree un retraso que conlleve un riesgo. Tras la incoación del proceso sobre el fondo del asunto, se oirá a las partes en relación con las pruebas aportadas y todas las pruebas practicadas. Además, las partes pueden ser objeto de interrogatorio.

          4 ¿Existe la posibilidad de interponer un recurso contra estas medidas?

          Medidas provisionales:

          Las decisiones sobre medidas provisionales toman la forma de órdenes judiciales. Una orden en la que se impone una medida provisional es ejecutable a partir de su publicación. Si no se publica, es ejecutable una vez se ha notificado a la parte responsable en virtud de la misma. Se suministra una copia de la medida provisional a las partes del proceso y a terceras partes (cuando una obligación les incumbe) y, si la medida se refiere a la prohibición de disponer de bienes inmuebles, también se entrega una copia al registro de la propiedad competente. Una orden en la que se dictamine una medida provisional es ejecutable a partir de su publicación (artículo 76 quinquies del Código de Procedimiento Civil) y sirve como documento ejecutivo.

          Se puede interponer recurso contra las órdenes en las que se dictaminan medidas provisionales. Los recursos deben presentarse al órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución impugnada, pero en realidad lo resuelve un tribunal en segunda instancia, esto es, los tribunales regionales o los tribunales superiores. Los recursos se deben presentar dentro de los quince días siguientes a la recepción de la copia de la resolución.

          Si la parte legitimada presenta un recurso admisible en tiempo y forma, la resolución no adquiere carácter firme hasta que el tribunal que conoce de la apelación resuelva el recurso. Sin embargo, una orden en la que se dictan medidas provisionales deviene ejecutable (esto es, se sigue el proceso de conformidad con esa orden) cuando vence el plazo para su cumplimiento, que empieza en la fecha de notificación; alternativamente, será aplicable desde que se dé traslado de la misma si no impone una ninguna obligación que la parte deba cumplir. El órgano jurisdiccional puede decidir que una orden en la que se dictan medidas provisionales sea ejecutable una vez la sentencia judicial adquiera firmeza, a no ser que la naturaleza de la medida provisional lo impida o si ello fuera en contra del fin perseguido.

          Los artículos 409 y 463 de la Ley n.º 292/2013 contienen disposiciones sobre los recursos contra las medidas provisionales especiales que se recogen en esa Ley.


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          Última actualización: 20/08/2018

          Medidas provisionales y cautelares - Irlanda


          1 ¿Cuáles son los distintos tipos de medidas

          Los distintos tipos de medidas provisionales disponibles en los tribunales irlandeses son requerimientos. Un requerimiento es una resolución judicial que ordena a una parte que haga o se abstenga de hacer una cosa en particular. El incumplimiento de un requerimiento constituye un desacato al tribunal y quien incumpla un auto de este tipo podrá ser condenado a prisión. Un requerimiento puede ser:

          i) permanente, o

          ii) para un período de tiempo determinado, o

          iii) de carácter temporal, hasta que se celebre el juicio del proceso.

          Si el demandante estima que el demandado podría eliminar o destruir elementos o documentos esenciales, puede solicitar al tribunal, sin dar audiencia a la otra parte, un auto «Anton Piller», que es una clase de requerimiento que obliga a la parte demandada a permitir que el demandante acceda a sus instalaciones para que pueda examinar los documentos u otras pruebas documentales y a llevarse cualquier objeto que pertenezca al demandante. Si a un demandante le preocupa que un demandado disponga de una parte o de la totalidad de sus bienes y que pueda no estar en condiciones de satisfacer la reclamación del demandante si finalmente gana el juicio, este puede solicitar al tribunal un «Mareva injunction» (requerimiento «Mareva») o una resolución de embargo preventivo, que impide al demandado administrar sus bienes durante la vigencia del auto. En general, un «Mareva injunction» evita que un demandado que no se encuentra en la jurisdicción pero que tiene bienes en ella los retire mientras se encuentra a la espera de juicio.

          Si la reclamación del demandante es por una cantidad de dinero, este podrá pedir al tribunal que ordene al demandado la realización de un pago intermedio de una parte de la cantidad total reclamada en el tribunal. Y, a la inversa, un demandado, preocupado por el hecho de que si el demandante pierde su demanda puede no ser capaz de pagar las costas judiciales que la parte demandada haya contraído para defenderse en el procedimiento con éxito, puede solicitar al tribunal que ordene al demandante abonar una fianza por las costas de procedimiento mediante el pago de una cantidad de dinero en los tribunales. Si se emite un auto de «fianza por costas» en favor de un demandado, el demandante no podrá proceder con su demanda si no paga la cantidad de dinero al tribunal tal como disponga la resolución judicial.

          El Tribunal Superior (High Court) también es competente para dictar medidas cautelares en apoyo de las actuaciones en otra jurisdicción si fuere oportuno hacerlo. Puede autorizar un «requerimiento de embargo preventivo global», que se aplicaría a los bienes de otras jurisdicciones si existe miedo o temor a que el demandado pueda intentar deshacerse de sus bienes para evitar el tener que cumplir una sentencia contra él.

          2 ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas?

          2.1 Procedimiento

          La mayor parte de las solicitudes de requerimiento pueden presentarse en el tribunal de primera instancia (Circuit Court) o en el tribunal superior (High Court). Sin embargo, ciertos tipos de medidas provisionales solo se pueden obtener ante el tribunal superior, como las resoluciones de embargo preventivo, los autos «Anton Piller» y las resoluciones relacionadas con procedimientos extranjeros.

          La parte que solicita la resolución provisional debe acompañar su solicitud de una declaración jurada (affidavit). El solicitante deberá revelar de forma exhaustiva todos los datos pertinentes, especialmente si la solicitud se realiza sin previo aviso a la otra parte. La declaración jurada también debería incluir un esbozo de resolución en el que se exponga exactamente lo que se exige al tribunal. Se puede obtener más información sobre los formularios judiciales necesarios en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaCourts Service.

          Si el solicitante de un requerimiento obtiene el auto buscado, normalmente tendrá que aportar lo que se denomina «un compromiso por daños y perjuicios» por si acabare perdiendo el juicio, de manera que la parte contraria frente a la que se presentó el requerimiento pueda recuperar los gastos en que se haya incurrido a raíz del auto.

          Las solicitudes de requerimiento pueden hacerse sin dar audiencia a la otra parte o sin preaviso para esta si existen motivos justificados para actuar de este modo. Dichas solicitudes también podrán efectuarse antes de la presentación de la demanda si existe una cierta urgencia en la situación del demandante. [En el caso de medidas provisionales o cautelares del tribunal mercantil, véase la ord. 63A, r. 6(3) del El enlace abre una nueva ventanaReglamento de los tribunales superiores (Rules of the Superior Courts) de 1986].

          2.2 Condiciones principales

          Los tribunales tienen facultad discrecional para determinar si adoptan o no medidas cautelares y dictarán un auto de este tipo cuando sea justo y conveniente hacerlo. [Ord. 50 r. 6(1) del El enlace abre una nueva ventanaReglamento de los tribunales superiores (Rules of the Superior Courts) de 1986]. A la hora de decidir si procede adoptar medidas cautelares, el tribunal debería determinar:

          i) si existe una cuestión justa de buena fe que deba resolverse.

          ii) si la concesión de una indemnización o compensación sería una solución adecuada si se rechazara el requerimiento del solicitante y posteriormente ganase este el juicio.

          iii) si la ponderación de los daños que pudiere sufrir el demandante y los que pudieren irrogarse al demandado aconsejan su adopción.

          El primer requisito es que el demandante debe demostrar que existe una cuestión justa que deba dirimirse. Se trata de una traba relativamente fácil de superar por parte del solicitante, pero en los últimos años esta fase se ha vuelto más difícil de cumplir cuando la medida que el demandante solicita en la fase interlocutoria es un requerimiento que obligue a la otra parte a hacer algo. En tal caso, es obvio ahora para las autoridades que el demandante debe demostrar que tiene unos argumentos de peso con probabilidades de prosperar en la vista.

          3 Objeto y naturaleza de estas medidas

          3.1 ¿Qué tipos de bienes pueden ser objeto de estas medidas?

          Existe un gran número de motivos por los que se puede solicitar un requerimiento, entre ellos el de impedir que una parte urbanice o utilice unos terrenos incumpliendo las condiciones o convenios de ordenación territorial, el de permitir que se registre una propiedad y que se retiren objetos de la misma, el de obligar a un empresario a continuar pagando a un empleado o el de evitar que un empresario contrate nuevos trabajadores mientras se resuelve el litigio. Si se emite una resolución de embargo preventivo o un requerimiento de tipo «Mareva», la parte a la que se dirige el requerimiento no puede administrar sus bienes de manera que resulte incompatible con la resolución judicial. Por ejemplo, puede que tan solo esté autorizado a sacar determinadas cantidades de efectivo de una cuenta bancaria y que no pueda reducir el valor de sus bienes por debajo de un determinado importe, hasta que concluya el procedimiento en su totalidad.

          3.2 ¿Qué efectos surten estas medidas?

          Si una parte incumple una medida cautelar, se podrá considerar que dicha persona se encuentra en situación de desacato al tribunal y se la puede multar, condenar a prisión o confiscársele sus bienes. La primera página del auto debe contener un «auto penal» que avise al destinatario de las posibles consecuencias de un incumplimiento de las condiciones del requerimiento. Del mismo modo, si un tercero ayuda a sabiendas a un demandado a disponer de bienes objeto de una resolución de embargo preventivo, entonces esa persona también puede ser culpable de desacato al tribunal. Como consecuencia de ello, normalmente se entregarán copias de las resoluciones de embargo provisional emitidas por el tribunal a los terceros interesados, tales como directores de banco, contables o abogados contratados o al servicio de la parte a la que se dirige el auto.

          Todo contrato celebrado en contravención de un requerimiento es ilegal, y toda parte que tenga conocimiento de dicho requerimiento no podrá exigir su cumplimiento Sin embargo, la propiedad puede transferirse incluso con arreglo a un contrato ilegal y, por tanto, una vez que se ejecute tal contrato, en general no es posible recuperar el bien que se haya transferido y la única solución para el demandante en una situación como esta será la concesión de una indemnización.

          3.3 ¿Qué validez tienen estas medidas?

          Normalmente, un requerimiento es válido hasta la conclusión del juicio (una medida cautelar). Si se dictan medidas cautelares sin previo aviso a la otra parte, normalmente el requerimiento gozará de vigencia únicamente durante un período limitado de tiempo, tras el cual será necesaria otra resolución judicial.

          4 ¿Existe la posibilidad de interponer un recurso contra estas medidas?

          Así es. El demandado o cualquier parte afectada un requerimiento provisional pueden solicitar al tribunal en cualquier momento que modifique o revoque dicho requerimiento. La parte que desee recurrir el requerimiento debe notificar su solicitud al abogado de la otra parte. El tribunal podrá revocar un requerimiento cuando el demandado pueda demostrar que no debería haberse dictado desde el principio, cuando las circunstancias hayan cambiado de manera significativa desde que se dictara el auto o cuando sea justo y equitativo hacerlo. Tal como se ha mencionado anteriormente, un tribunal podrá exigir a la parte que solicita el requerimiento que pague lo que se conoce como «un compromiso por daños y perjuicios» al tribunal, de manera que, en caso de que finalmente pierda el juicio, la parte contra la que se dictó el requerimiento tenga una cierta protección en relación con los gastos en que se haya incurrido a raíz del auto.


          El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

          Última actualización: 07/11/2018

          Medidas provisionales y cautelares - Grecia


          1 ¿Cuáles son los distintos tipos de medidas

          Las medidas cautelares y preventivas, generalmente conocidas como «medidas provisionales» (asfalistiká métra), son medidas que un órgano jurisdiccional dicta en procesos sobre el fondo del asunto pendientes de resolver o a punto de iniciarse, cuando hay una demanda que requiere protección jurídica entretanto. La protección jurídica provisional de este tipo está destinada a garantizar que, en efecto, sea posible satisfacer la demanda cuyo fondo va a enjuiciarse. Las medidas que pueden dictarse son: el depósito de una fianza (engyodosía); la inscripción en el Registro de la Propiedad de un asiento hipotecario sobre bienes inmuebles del deudor (engrafí prosimeíosis ypothíkis); el embargo cautelar (syntiritikí katáschesi); el embargo judicial (dikastikí mesengýisi); la adjudicación provisional de las demandas (prosoriní epidíkasi apaitíseon); un mandato que regule los asuntos de manera provisional (prosoriní rýthmisi katástasis); el precinto (sfrágisi), el desprecinto (aposfrágisi), la elaboración de un inventario (apografí) y el depósito público (dimósia katáthesi) de bienes; y los interdictos posesorios (asfalistiká métra nomís).

          2 ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas?

          2.1 Procedimiento

          Las medidas de este tipo las debe dictar siempre un órgano jurisdiccional.

          La competencia general para dictar estas medidas recae en los juzgados de primera instancia (integrados por un único juez) (monomelés protodikeío). Sin embargo, los juzgados de primera instancia pueden perder esta competencia general ante los juzgados de paz (eirinodikeío) en asuntos relacionados con la regulación provisional de derechos de posesión o uso, y en asuntos en los que, de acuerdo con las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil, los jueces de paz son competentes para conocer de la demanda principal. El juez de paz tiene competencia exclusivas en asuntos que versen sobre la inscripción o cancelación un asiento hipotecario por acuerdo de las partes. Las medidas provisionales también pueden dictarlas los tribunales de primera instancia (integrados por varios magistrados) (polymelés protodikeío) si conocen del asunto principal de la demanda; en estos casos, su competencia coincide con la de los juzgados de primera instancia. La competencia para conocer recae normalmente en el órgano jurisdiccional que tiene competencia territorial para conocer del asunto principal de la demanda, pero también puede dictar medidas provisionales el órgano jurisdiccional más cercano al lugar donde se han de aplicar. La resolución judicial por la que se ordenan estas medidas se notifica a la parte responsable de acatarlas. Un agente judicial se encarga de hacerlas cumplir (dikastikós epimelitís). De hallarse resistencia al cumplimiento, el agente judicial puede solicitar la ayuda de la policía. Las costas son difíciles de determinar, puesto que los honorarios de abogados y agentes judiciales varían. Una estimación indicativa de las costas sería 250,00 EUR.

          2.2 Condiciones principales

          El órgano jurisdiccional dictará medidas provisionales si:

          a) existe una necesidad urgente o un riesgo inminente, con el fin de proteger o preservar un interés legítimo o regular la situación; y

          b) hay motivos fundados para creer que el derecho que fundamenta la medida provisional realmente existe.

          Se deben presentar pruebas preliminares que demuestren que existen motivos fundados para la adopción de la medida: no se necesita prueba plena, bastará con que haya pruebas incompletas que ofrezcan un grado menor de certeza por lo que respecta a los hechos que deben probarse. El órgano jurisdiccional podrá conceder protección una vez considere que los hechos alegados son probables. El órgano jurisdiccional concederá protección únicamente cuando exista una necesidad urgente o un riesgo inminente de que el deudor pueda enajenar los bienes embargables que le pertenecen de tal manera que resulte imposible satisfacer la demanda más adelante si al acreedor se le asigna un título ejecutivo una vez concluido el proceso principal.

          3 Objeto y naturaleza de estas medidas

          3.1 ¿Qué tipos de bienes pueden ser objeto de estas medidas?

          Cualquier bien del deudor, sea del tipo que sea, puede estar sujeto a estas medidas, tanto si está en su poder como en poder de una tercera parte, siempre que sea transferible con arreglo a las normas de Derecho privado y no esté legalmente exento de ejecución. En concreto, estas medidas pueden imponerse sobre bienes inmuebles y sobre bienes muebles que no se consideren inembargables, como barcos, aeronaves, vehículos de carretera, depósitos bancarios y acciones desmaterializadas.

          3.2 ¿Qué efectos surten estas medidas?

          Una vez se ha acordado una medida provisional con respecto a bienes, por ejemplo, una orden de embargo preventivo o una orden de inscripción de un asiento hipotecario sobre bienes inmuebles, el deudor no puede transferir dichos bienes a terceros. El incumplimiento de la orden conlleva una pena mínima de seis meses de prisión, en virtud del artículo 232A del Código penal.

          El Decreto Legislativo (nomothetikó diátagma) n.º 1059/1971 introdujo una obligación de confidencialidad con respecto a los depósitos bancarios y estableció una pena mínima de seis meses de prisión para los administradores, gerentes y empleados bancarios que violaran esta obligación. Esta no supone un impedimento para el embargo preventivo, puesto que la orden judicial que impone tal embargo no exige que se especifiquen qué depósitos o acciones desmaterializadas se han de embargar. La orden impide que los bancos transfieran los activos pero no infringe la obligación de confidencialidad, ya que no se pide que los bancos revelen la existencia de ningún depósito. Cualquier tercero en posesión de bienes embargados está obligado a declarar si las pretensiones o los derechos que están siendo embargados realmente existen, y si se ha producido cualquier otro embargo sobre los bienes en su poder, y, si es así, por qué valor.

          3.3 ¿Qué validez tienen estas medidas?

          De acuerdo con la ley, las medidas provisionales surten efectos:

          a) hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el proceso principal contra la parte que solicitó la orden, y la sentencia ya no sea susceptible de recurso;

          b) hasta que se dicte una sentencia definitiva para la parte que solicitó la orden, y dicha sentencia se haya ejecutado;

          c) hasta que se alcance un acuerdo entre las partes con respecto al proceso principal;

          d) durante los 30 días siguientes a la fecha de suspensión o archivo del proceso;

          e) hasta que la orden que impone la medida sea cancelada o modificada, ya sea por parte del órgano jurisdiccional que dictó la orden originalmente, sobre la base de nuevas pruebas, o por parte del órgano jurisdiccional que conozca de la demanda principal, que no depende de nuevas pruebas; o

          f) si la orden especifica un período dentro del cual el demandante debe presentar la demanda principal ante el órgano jurisdiccional, y el solicitante no lo hiciere dentro del plazo fijado.

          Si cualquiera de las partes no acude a la vista sobre la solicitud, a pesar de que se la haya emplazado a su debido tiempo, la vista se celebrará con la ausencia de esa parte. El órgano jurisdiccional examinará el asunto como si todas las partes estuvieran presentes, puesto que la incomparecencia en el procedimiento sobre medidas provisionales no se considera motivo para admitir los hechos expuestos en la solicitud. El órgano jurisdiccional puede señalar una nueva vista, solo si la parte en rebeldía lo solicita, para cancelar o modificar su resolución y debe basarse en nuevas pruebas que habrían hecho que el órgano jurisdiccional llegara a una conclusión distinta si las hubiera conocido.

          4 ¿Existe la posibilidad de interponer un recurso contra estas medidas?

          Las órdenes de medidas provisionales normalmente no son susceptibles de recurso; la única excepción son las resoluciones que regulan provisionalmente derechos de posesión y uso, que, según dispone explícitamente la ley, pueden recurrirse ante el tribunal de primera instancia competente en un plazo de diez días hábiles. El fiscal del Tribunal Supremo (Áreios Págos) puede presentar un recurso de apelación contra cualquier orden judicial, por motivos de interés general. Luego el Tribunal Supremo examina el asunto y, o bien confirma la orden impugnada, o bien la anula. Esa sentencia tiene carácter meramente transitorio. Como ya se ha mencionado, cualquier parte del proceso puede solicitar al órgano jurisdiccional que dictó la orden que la cancele o la modifique. Cualquier tercero no haya sido citado ni haya comparecido en el proceso también puede presentar una solicitud a ese efecto, siempre y cuando tenga un interés legítimo.


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          Última actualización: 04/01/2018

          Medidas provisionales y cautelares - España


          1 ¿Cuáles son los distintos tipos de medidas

          La legislación procesal civil (básicamente, la Ley de Enjuiciamiento Civil –LEC-) es la fuente primordial de medidas cautelares; pero existen medidas previstas en leyes sustantivas especiales.

          Entre las medidas previstas en la LEC (art 727), se enumeran las siguientes:

          1. El embargo preventivo de bienes, para asegurar la ejecución de las sentencias que condenen a la entrega de cantidades de dinero, o de frutos, rentas y cosas fungibles computables a metálico por aplicación de ciertos precios.
          2. La intervención o la administración judiciales de bienes productivos, cuando se pretenda sentencia de condena a entregarlos a título de dueño, usufructuario o cualquier otro que comporte interés legítimo en mantener o mejorar la productividad o cuando la garantía de ésta sea de primordial interés para la efectividad de la condena que pudiere recaer.
          3. El depósito de cosa mueble, cuando la demanda pretenda la condena a entregarla y se encuentre en posesión del demandado.
          4. La formación de inventarios de bienes, en las condiciones que el tribunal disponga.
          5. La anotación preventiva de demanda, cuando ésta se refiera a bienes o derechos susceptibles de inscripción en Registros públicos.
          6. Otras anotaciones registrales, en casos en que la publicidad registral sea útil para el buen fin de la ejecución.
          7. La orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad; la de abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta; o la prohibición temporal de interrumpir o de cesar en la realización de una prestación que viniera llevándose a cabo.
          8. La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda en la demanda, así como la consignación o depósito de las cantidades que se reclamen en concepto de remuneración de la propiedad intelectual.
          9. El depósito temporal de ejemplares de las obras u objetos que se reputen producidos con infracción de las normas sobre propiedad intelectual e industrial, así como el depósito del material empleado para su producción.
          10. La suspensión de acuerdos sociales impugnados, cuando el demandante o demandantes representen, al menos, el 1 o el 5 por 100 del capital social, según que la sociedad demandada hubiere o no emitido valores que, en el momento de la impugnación, estuvieren admitidos a negociación en mercado secundario oficial.

          Junto a estas, el último apartado del art. 727 LEC permite al Juez acordar otras medidas no comprendidas entre las anteriores, de modo que la lista no constituye un numerus clausus:

          1. Aquellas otras medidas que, para la protección de ciertos derechos, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en la sentencia estimatoria que recayere en el juicio.

          Fuera de este régimen general, existen aún otras previsiones legales en materia de tutela cautelar, entre las que deben enumerarse las siguientes.

          1. Procesos sobre la capacidad de las personas: El Art. 762 LEC permite al Tribunal adoptar de oficio las medidas que estime necesarias para la adecuada protección del presunto incapaz o de su patrimonio.
          2. Procesos sobre filiación, paternidad y maternidad: Dispone el Art. 768 LEC medidas para la protección de la persona y bienes del sometido a la potestad del que aparece como progenitor y la concesión de alimentos provisionales al demandante, incluso sin audiencia previa en caso de urgencia.
          3. Protección del patrimonio del fallecido: Pueden acordarse tanto el aseguramiento de los bienes de la herencia y los documentos del difunto como la intervención del caudal hereditario, así como la averiguación de familiares del fallecido, entre otras medidas (Art. 790 a art. 796 LEC).

          También podemos encontrar medidas cautelares específicas en normas especiales y entre ellas y sin que esta referencia tenga carácter exhaustivo, podemos citar las siguientes:

          1. Ley Propiedad Intelectual - Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril – Arts. 138 y 141 (La intervención y el depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita de que se trate. la suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública, el secuestro de los ejemplares producidos, el embargo de los equipos, aparatos y soportes materiales etc)
          2. Ley de Marcas. Ley 17/2001, de 7 de diciembre – Art. 61 (anotación preventiva de la demanda en el Registro de Marcas)
          3. Ley de Patentes Ley 24/2015, de 24 de julio – Art 11 (suspensión del procedimiento de concesión de la patente), Art. 117 y 127 y ss. (La cesación de los actos que pudieran infringir el derecho del peticionario , la retención y depósito de las mercancías presuntamente infractoras del derecho del titular de la patente, el afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios y las anotaciones registrales que procedan).
          4. Ley Concursal. Ley 22/2003 de 9 de julio. Art. 48.ter.- Embargo de bienes de administradores societarios, Art. 17 – Aseguramiento de la integridad del patrimonio, entre otras.
          5. Ley de Navegación Marítima Ley 14/2014, de 24 de julio. Art. 43, 470 y ss. (embargo preventivo de buques)
          6. Ley de Propiedad Horizontal Ley 49/1960 de 21 de julio. Art 7 (Cesación de actividad prohibida). Art. 18 (Suspensión de acuerdos adoptados en Junta de propietarios).

          2 ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas?

          2.1 Procedimiento

          Las medidas se acuerdan por el Juez o Tribunal competente por razón de la materia y del territorio, que será el que está conociendo del asunto o, si no se ha iniciado el proceso, a quien correspondería conocer del mismo.

          Las medidas cautelares pueden solicitarse antes de interponer la demanda, siempre que por su naturaleza no sea imposible acordarlas (como ocurre, por ejemplo, en el caso de la anotación preventiva de demanda), o que la ley no exija su solicitud junto con la demanda (como la cesación de actividades prohibidas o la suspensión de acuerdos comunitarios, en los casos de litigios sobre propiedad horizontal). Por su carácter excepcional (pues lo ordinario es interesarlas en la propia demanda), se exige la concurrencia simultánea de urgencia y necesidad. Pueden adoptarse sin oír a quien va a ser la parte contraria en el posterior proceso (sin perjuicio del derecho de oponerse a las mismas una vez acordadas), aunque quedan sin efecto si en el plazo de veinte días tras acordarse no se presenta la correspondiente demanda.

          Pero como se ha indicado lo más frecuente es que las medidas se soliciten junto con la presentación de la demanda en cuyo caso el Juez o Tribunal ordena la formación de un expediente separado que se tramita simultáneamente a la causa principal, en el que se pueden proponer y practicar pruebas para acreditar la concurrencia de los requisitos necesarios para obtener la tutela cautelar. La regla general es que se llame a las partes antes de la adopción de las medidas cautelares a una vista ante el Tribunal en la que se hacen las alegaciones y practica la prueba que se estime pertinente en torno a la procedencia o no de la adopción de medidas cautelares, cual fuere ésta o en su caso la garantía que quepa exigir al que interesa la medida cautelar para el caso de verse luego desestimada la demanda. Ello no obstante, el solicitante de la medida puede pedir que se adopten sin oír a la otra parte, cuando justifique que hay motivos de urgencia o que la audiencia puede comprometer el buen fin de la medida –si, por ejemplo, hay riesgo de ocultación o malbaratamiento del patrimonio del deudor- . En este caso, una vez adoptada la medida, la parte perjudicada puede formular oposición.

          También pueden pedirse medidas con posterioridad a la demanda o en fase de recurso, aunque se requiere que tal petición se fundamente en hechos y circunstancias que justifiquen el momento de la misma.

          Para solicitar la adopción de medidas cautelares se requiere Abogado y Procurador en aquellos procesos en los que la intervención de estos profesionales sea necesaria. En el caso de medidas urgentes anteriores a la demanda no es necesaria la postulación y representación procesal  (arts. 23 y 31 LEC).

          2.2 Condiciones principales

          Para que un Tribunal acuerde cualquiera de las medidas anteriormente relacionadas deben concurrir los siguientes requisitos.

          1. Riesgo por el transcurso del tiempo o periculum in mora: el mismo está constituido por el riesgo de daño que puede sufrir el demandante por la dilación temporal del proceso, que puede frustrar la ejecución de lo que se acuerde en la sentencia o resolución que ponga fin al proceso. Quien pide la medida debe acreditar que, en el caso de que se trate, podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieran o dificultaran la efectividad de la tutela que pudiera otorgarse en una sentencia estimatoria. De todas maneras, no cabe acordar la medida si la situación que provoca el riesgo ha sido soportada por el solicitante desde hace mucho tiempo, salvo que acredite razones suficientes que justifiquen el motivo por el que no ha pedido con anterioridad la medida.
          2. Apariencia de buen derecho o fumus boni iuris: El solicitante debe aportar al Tribunal razones que conduzcan a éste a formarse un juicio preliminar sobre la adecuación a Derecho de la demanda. El requisito implica que el solicitante tiene que presentar los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del Tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto (ya que las medidas cautelares las adopta en España el mismo tribunal que luego enjuiciará el caso), un juicio provisional indiciario favorable al fundamento de su pretensión en sí, art. 728.2 LEC. La prueba cabe que sea además de documental, de otra naturaleza (testigos, peritos, declaración de las partes...).
          3. Caución: salvo que expresamente se disponga lo contrario, el solicitante de la medida debe prestar caución suficiente para responder de los daños y perjuicios que la cautela pudiera producir en el patrimonio del demandado. La cuantía se determina por el Tribunal atendiendo a: a) la naturaleza y contenido de la pretensión; b) la valoración que realice del fundamento de la solicitud de la medida; y c) las razones o motivos de idoneidad o suficiencia con relación a la cuantificación de los daños y perjuicios que pudieran causar las medidas.
          4. Proporcionalidad: es un requisito que no está explícitamente recogido en la LEC, pero que los autores suelen considerar complemento de los anteriores, en cuanto el Tribunal no otorgará sino aquella medida que sea la estrictamente necesaria para conseguir el fin de aseguramiento del proceso al que sirve la tutela cautelar. Deriva de los principios del Estado de Derecho y de intervención mínima en la esfera de libertad de los individuos, que ordenan, desde la Constitución, todo el ordenamiento jurídico.
          5. Accesoriedad. Las medidas cautelares siguen la suerte del procedimiento principal del cual dependen.
          6. Variabilidad. Las medidas cautelares podrán ser modificadas alegando y probando hechos y circunstancias que no pudieron tenerse en cuenta al tiempo de su concesión o dentro del plazo para oponerse a ellas.

          3 Objeto y naturaleza de estas medidas

          Se pretende con la adopción de una medida cautelar afrontar o cubrir la eventualidad de que durante la sustanciación de un procedimiento presente o futuro el demandado sea obligado tanto a no realizar determinados actos como a efectuar otros en su patrimonio. De esta forma se trata de impedir que se realicen por el demandado actos dirigidos a eludir la entrada en su patrimonio de bienes o derechos, a provocar o permitir daños en los bienes, a sustraer del alcance de la Justicia determinados bienes creando situaciones de insolvencia para impedir la eficacia de la eventual sentencia.

          Las medidas cautelares tienen en la legislación española la característica de su jurisdiccionalidad en la medida en que su adopción es de exclusiva competencia de los Tribunales. No pueden ser adoptadas ni por árbitros ni mediadores, no se constituyen en un número determinado y cerrado, son de carácter dispositivo (únicamente a instancia de parte se pueden adoptar), son de carácter patrimonial en cuanto afectan a bienes y derechos del demandado, tienen una finalidad asegurativa de efectividad de una eventual sentencia estimatoria, son instrumentales respecto de la resolución a recaer en un proceso principal.

          Se pueden adoptar sobre bienes materiales como inmateriales. No son de carácter únicamente patrimonial en cuanto que se pueden adoptar cautelarmente medidas limitativas de derechos personales.

          Se permite la adopción de órdenes y prohibiciones con lo que cabe el contenido de medidas que consistan en un hacer o no hacer.

          3.1 ¿Qué tipos de bienes pueden ser objeto de estas medidas?

          1. Las medidas cautelares pueden recaer sobre bienes concretos y determinados, y sobre todas aquellas cosas que puedan ser cuantificables en dinero, como los productos, rentas y frutos que se obtengan de las cosas.

            Sobre estos bienes se puede solicitar su embargo, obteniendo un derecho de crédito derivado de una obligación genérica en el que las cosas debidas no se individualizan sino que se sustituye por una cantidad concreta evaluable en dinero a través de operaciones matemáticas simples.

            Sobre bienes muebles concretos cabe su depósito en manos de un depositario que será designado por el Juez en la persona que se considera idónea.

            Cabe asimismo la posibilidad de intervención de cantidades, su consignación y deposito, distinguiendo entre la intervención y depósito de ingresos procedentes de una actividad ilícita o de actividades permitidas, como de las derivadas de la propiedad intelectual
          2. Otro grupo de medidas que se pueden adoptar se refieren a actos que puede acordar el juzgador en relación a la pretensión instada en la demanda y que no recaen sobre un bien específicamente determinado.

          Así, cabe la posibilidad de intervención o administración judicial de bienes productivos en caso de pretensión condenatoria de entrega a título de dueño, usufructuario o cualquiera otro que comporte interés legítimo.

          También se puede solicitar el inventario de bienes en las condiciones que el Tribunal disponga.

          Se permite la anotación preventiva de la demanda cuando esta se refiera a bienes o derechos susceptibles de inscripción en registros públicos u otras anotaciones registrales en los casos en que la publicidad sea útil para el buen fin de la operación.

          Por último cabe dictar orden judicial de cesación provisional en una actividad; la de abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta o la de prohibición temporal de interrumpir o de cesar en la realización de una prestación que viniera llevándose a cabo.

          1. El último grupo de las cosas sobre las que recaen las medidas se refieren a los materiales y ejemplares afectos a régimen de exclusividad (en realidad es un secuestro judicial o intervención de las cosas utilizadas para la producción de derechos de propiedad industrial e intelectual).

          También cabe suspender los acuerdos sociales de cualquier tipo de sociedad mercantil.

          1. Por último, en la legislación española cabe la posibilidad de adoptar una serie de medidas indeterminadas que tiendan a proteger derechos y que prevean las leyes o que se consideren necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial. No se especifican sobre qué cosas recaen y pueden ser de cualquier naturaleza siempre que sean necesarias.

          3.2 ¿Qué efectos surten estas medidas?

          1. En el supuesto de embargo preventivo de objetos cuantificables, dinero, rentas, productos, se trata de asegurar con la medida la existencia de remanente para sufragar el demandado la eventual condena que se obtenga y sobre todo en los supuestos de que el cumplimiento de la sentencia no se efectúe de manera voluntaria.
          2. El depósito de cosa mueble solo puede acordarse cuando la solicitud de condena sea de entrega de cosa concreta y en posesión del demandado.
          3. En el supuesto de intervención o administración acordada se pretende asegurar los bienes especialmente productivos impidiendo que una deficiente administración permita que disminuyan o desaparezcan sus rendimientos productivos
          4. La intervención de los bienes productivos supone adoptar un control judicial pero no se priva al demandado de su gestión, a diferencia de la administración que supone un paso más, sustituyendo la administración del demandado por la judicial.
          5. La petición de formación de inventarios se puede acordar en cualquier tipo de procesos y cualquiera que sea la pretensión ejercitada con el único requisito de que sea necesario el inventario para asegurar la obtención de sentencia estimatoria. El juez debe establecer con claridad los extremos que deben contener y la forma de realizarlos.
          6. Los efectos de la anotación preventiva de demanda se extienden al ámbito procesal vinculado al procedimiento en que se acuerda. Trata de suspender la protección que otorga la publicidad de los registros y la fe registral en cuanto que el titular del bien o derecho con cabida en el registro, puede transmitirlo pero el tercero no puede alegar desconocimiento respecto de aquello objeto de la anotación, que le afectará. Esta anotación preventiva se puede acordar en todos los tipos de procesos y que obtengan protección en cualquier registro público, como los de la propiedad y mercantil.
          7. Limitaciones temporales de actuación del demandado. Su regulación se desarrolla en diferentes leyes especiales por lo que deberá cumplir su adopción los presupuestos que en ellas se contenga. Sus efectos se extienden a que se acuerde el cese provisional de la actividad ejercida por el demandado: orden de abstenerse de realizar temporalmente una conducta determinada o prohibición de cesar o interrumpir la realización de una prestación que se viniera llevando a cabo.
          8. Intervención, consignación y depósito de cantidades. Es una clara medida de aseguramiento y constituye un embargo preventivo al asegurar el cumplimiento de una demanda de específico contenido económico. Con esta medida se puede acordar la intervención y depósito de ingresos que procedan de una actividad ilícita. No puede ser adoptada por separado de modo que es necesario acordar ambas situaciones de intervención y depósito. Si se pretende una u otra se debe acudir a las medidas genéricas antes analizadas. Igualmente con la adopción de esta medida se puede pretender la consignación o depósito de cantidades que se reclamen como remuneración por propiedad intelectual; se trata de los derechos de los autores a percibir unas cantidades pecuniarias por su obra consistentes en una participación proporcional en los ingresos que generan las diversas manifestaciones públicas reconocidas por la Ley de propiedad Intelectual.
          9. Depósito de materiales y ejemplares afectos a régimen de exclusividad. Es una medida cautelar que tiene su origen en el ámbito de la protección de derechos de exclusividad de explotación que las leyes especiales de propiedad industrial e intelectual conceden a los titulares. Es un caso de secuestro judicial específico por el objeto sobre el que recae; sobre los ejemplares o el material necesario para la producción.
          10. Suspensión de acuerdos sociales. Su especificación recae sobre la legitimación necesaria para instar la medida; el 1% del capital social si la sociedad hubiera emitido valores que al momento de la impugnación estuvieran admitidos a cotización en mercado secundario oficial; o bien el 5% del capital social si no se dan los casos anteriores. Es aplicable a todo tipo de sociedades mercantiles.

          3.3 ¿Qué validez tienen estas medidas?

          Las medidas cautelares generalmente se adoptan tras audiencia del demandado; en caso de que el solicitante pida y acredite que concurren razones de urgencia se pueden acordar por el Juez sin más trámites, en el plazo de cinco días razonando por qué no ha oído al demandado. Una vez adoptadas se pueden modificar alegando y probando hechos y circunstancias que no se tuvieron en cuenta al momento de su adopción o en el plazo que se establece para oponerse a que se acuerde la medida.

          En el caso de dictarse sentencia desestimatoria de las pretensiones del solicitante, el juez inmediatamente ordenara el levantamiento de la medida, salvo que se solicite lo contrario atendiendo las circunstancias del caso y previo aumento de la caución.

          En caso de estimación parcial es el Juez oyendo a la parte contraria quien decidirá si se levanta o mantiene la medida.

          Si se confirmara la desestimación de la pretensión, una vez recaída sentencia firme, de oficio se levantan las medidas y el afectado por ellas puede instar una reclamación de los perjuicios causados (lo mismo procede en caso de renuncia de la acción o desistimiento de la instancia por el demandante).

          Otro caso de alteración de las medidas cautelares es el de solicitud de la medida previa a la demanda y adoptada sin audiencia del demandado. En este caso, si el solicitante no cumple y expira el plazo legalmente establecido de 20 días para presentar la demanda, se alzará de inmediato la medida y en ese momento se indemnizará al demandado de los perjuicios, recayendo en el solicitante los gastos procesales devengados.

          Tampoco cabe mantener la medida cuando el proceso quede en suspenso por causa imputable al solicitante por un periodo superior a seis meses.

          Cuando se despache ejecución provisional de sentencia se alzarán las medidas que se hubieran acordado y que guarden relación con la ejecución iniciada, que se sustituyen por las medidas ejecutivas de forma que las que se adoptaron como cautelares cambian de naturaleza.

          Por último el demandado puede solicitar al Tribunal que sustituya la medida cautelar decretada por caución suficiente que garantice el efectivo cumplimiento de la sentencia. Para ello es competente el juez que ha adoptado la medida y quien fija la caución que puede ser otorgada tanto en dinero efectivo como por aval.

          4 ¿Existe la posibilidad de interponer un recurso contra estas medidas?

          Las normas procesales prevén la posibilidad de interponer recurso ante el Tribunal superior.

          Así, cabe recurso de apelación del auto que resuelve acordando las medidas si bien su interposición no tiene efectos suspensivos. Este recurso asimismo cabe frente al auto dictado denegando las medidas.

          Pero junto a esta posibilidad de recurrir cabe en todo caso que el solicitante reproduzca su solicitud si cambian las circunstancias existentes al momento de su petición inicial.

          Contra el auto que acuerde medidas cautelares sin previa audiencia del demando no cabe recurso ya que en tal caso lo procedente es la oposición, que se tramita ante el Juez que ha adoptado la medida cautelar. Frente al auto que decide en torno a esta oposición y si la misma se ve desestimada puede el demandado interponer recurso de apelación sin efecto suspensivo, el mismo derecho de recurrir en apelación le corresponde al solicitante de las medidas cautelares en el caso en el que la oposición se hubiere visto estimada (en todo o en parte).

          Al contrario de lo expuesto, cuando se estime o se deniegue la caución no cabrá recurso alguno.

          La preparación y sustanciación del recurso de apelación no presenta ninguna especialidad de las normas generales (Artículo 458). Si son varios los recurrentes se computa el plazo individualmente.

          Como se ha mencionado anteriormente, en el procedimiento de adopción de las medidas cautelares la interposición del recurso de apelación no surtirá efecto suspensivo, es decir que el Juez continuará acordando cuantos actos considere necesario para que la medida cautelar se adopte.

          Ante el Tribunal de apelación tiene carácter preferente las resoluciones en que se deniegan las medidas, debiendo señalar lo antes posible día para la deliberación, votación y fallo.

          COSTAS DE LA MEDIDA CAUTELAR

          Las costas se rigen por el criterio del vencimiento, imponiendo éstas a la parte contraria de aquella cuya pretensión (estimación o desestimación de las medidas) se haya recogido en la resolución.


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          Última actualización: 15/11/2018

          Medidas provisionales y cautelares - Francia


          1 ¿Cuáles son los distintos tipos de medidas

          • Las medidas provisionales pueden ser dictadas con carácter urgente por el juez de medidas provisionales o juge des référés (procedimiento de urgencia, pago de una provisión, expulsión, prohibición bajo pena de multa de hacer algo, conservación de un medio de prueba).

          No existe un inventario de todas las medidas provisionales: pueden dictarse con carácter provisional las medidas urgentes que no sean objeto de controversia grave o que justifique la existencia de una disputa (pago de una provisión, expulsión de okupas, informe pericial o constatación de daños...) Además, el juez de medidas provisionales puede ordenar con carácter urgente todas las medidas necesarias para prevenir un daño inminente (particularmente obras de consolidación) o bien para poner fin a una perturbación manifiestamente ilícita.

          • Existe un régimen especial para las medidas cautelares (embargos preventivos y garantías judiciales), que son las que permiten al acreedor, normalmente con la autorización del juez, inmovilizar todos o parte de los activos del deudor o consignar sobre el bien un derecho especial de garantía, con el fin de garantizar el pago de una deuda que aún no ha sido reconocida por sentencia judicial, pero cuya subsanación peligra.

          Las medidas cautelares pueden adoptar dos formas:

          • Embargos preventivos que permiten retener derechos materiales (bienes muebles, vehículos...), intangibles (una cantidad de dinero, derechos corporativos o valores mobiliarios,...) o créditos (cuentas bancarias, alquileres...).
          • Garantías judiciales sobre inmuebles, un fondo de comercio, participaciones de socios, o valores mobiliarios (inscripción de hipoteca provisional, pignoración de las acciones o valores mobiliarios).

          2 ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas?

          2.1 Procedimiento

          • Medidas provisionales: el juez de medidas provisionales debe ser nombrado por asignación (mediante citación por un agente de la administración de justicia). Se trata de un procedimiento de urgencia, contradictorio.
          • Medidas cautelares: en principio, la autorización previa del juez es necesaria. No obstante, el acreedor está exento de dicha autorización en caso de acogerse a un título ejecutivo o a una resolución judicial que aún no sea ejecutiva. Lo mismo ocurrirá en caso de falta de pago de una letra de cambio aceptada, de un pagaré, de un cheque o de una cuota de alquiler de un inmueble (si el contrato está escrito).

          Para las medidas provisionales, la determinación del tribunal competente depende de la naturaleza de la demanda. La competencia general es la del presidente del juzgado de primera instancia. No obstante, el juez de primera instancia, el presidente del juzgado mercantil, el presidente del conseil des prud’ hommes y el del tribunal paritario para litigios de arriendos rurales, pueden también pronunciarse sobre medidas provisionales dentro de los límites de sus competencias.

          Para las medidas cautelares, el juez competente es el encargado de la ejecución, que es un magistrado del juzgado de primera instancia. El juez competente es el del lugar de residencia del deudor.

          Ante el juez encargado de la ejecución o el juez de medidas provisionales, las partes se defienden por sí mismas. No obstante, pueden ejercer su derecho a ser asistidas o representadas por un abogado.

          Los embargos preventivos deben ser realizados por un agente de la administración de justicia. Para el registro de las garantías judiciales, no está prevista la misma obligación. Sin embargo, dada la complejidad jurídica del registro de una garantía, los acreedores siempre solicitan la asistencia de un profesional del derecho.

          El coste de las medidas cautelares incumbe en definitiva al deudor, aunque el acreedor puede verse obligado a entregar un anticipo. Los gastos de ejecución están sujetos a una tarifa que determina la remuneración de los agentes de la administración de justicia por cada acto de ejecución y cada medida cautelar.

          A tenor del Decreto 96/1080, de 12 de diciembre de 1996, la retribución de los agentes de la administración de justicia comprende una suma a tanto alzado expresada ora de manera acumulativa, ora de manera alternativa, según los casos, en derechos fijos o proporcionales, sumada, cuando proceda, a un derecho por la interposición de una acción legal.

          Por lo que se refiere a las medidas cautelares, los derechos proporcionales de cobro, calculados sobre los importes recuperados, solo serán exigibles si los agentes de la administración de justicia reciben el mandato de recuperar las sumas debidas. Por otra parte, la nomenclatura anexa al citado Decreto excluye la posibilidad de honorarios adicionales negociados libremente, a excepción, no obstante, de los embargos cautelares de derechos corporativos y de valores mobiliarios.

          2.2 Condiciones principales

          El tribunal no toma la medida, la autoriza. El que toma la medida es el agente de la administración de justicia, a petición del beneficiario de la autorización.

          Si se requiere la autorización previa del juez, la deuda deberá figurar como «fundada en cuanto a principio».

          Para las medidas cautelares, no hay ningún requisito expreso de emergencia.

          El acreedor debe demostrar que existen «circunstancias que puedan comprometer el cobro de la deuda» (por ejemplo: mala fe del deudor que oculta su activo, multiplicación de acreedores, etc.).

          3 Objeto y naturaleza de estas medidas

          3.1 ¿Qué tipos de bienes pueden ser objeto de estas medidas?

          Todos los bienes del deudor que no sean declarados «inembargables» por la legislación (por ejemplo, bienes necesarios para la vida cotidiana o el ejercicio de su profesión) pueden ser objeto de embargo preventivo. Lo mismo ocurre con las deudas. Sin embargo, los salarios nunca pueden ser objeto de medidas cautelares (incluso aunque pudieran ser embargados en virtud de una decisión judicial o de cualquier otro título ejecutivo, de acuerdo con el procedimiento de embargo de retribuciones).

          3.2 ¿Qué efectos surten estas medidas?

          No se puede disponer de los bienes sujetos a embargo provisional. El deudor tendrá derecho a su disfrute bajo su responsabilidad, pero no podrá enajenarlos. En caso de apropiación indebida del bien embargado, el deudor estará cometiendo un delito punible con penas de multa y prisión.

          Las sumas de dinero embargadas se consignarán en una cuenta.

          Los bienes bajo garantía judicial pueden ser vendidos por el deudor, pero el acreedor dispone de un derecho de participación y de pago preferente sobre el precio de venta de dicho bien.

          Los bienes embargados con carácter cautelar quedan bajo la responsabilidad del deudor, que se hace custodio de ellos; el embargo no es oponible frente a terceros. Al contrario, las garantías judiciales, que son objeto de medidas de publicidad (comercial o inmobiliaria), son oponibles frente a todas las partes.

          El banco (y, de manera general, cualquier tercero) que reciba una orden de embargo cautelar de un cliente, tiene la obligación de comunicar inmediatamente al agente de la administración de justicia la totalidad de sus obligaciones respecto al deudor (es decir, la totalidad de las cuentas abiertas a nombre del deudor, así como las sumas consignadas en ellas). Si el banco no proporciona esa información, sin motivo legítimo, puede ser condenado a pagar la deuda en lugar del deudor.

          3.3 ¿Qué validez tienen estas medidas?

          La medida cautelar debe adoptarse en un plazo de tres meses tras el auto del juez que la autoriza. Si no, dicha autorización expira.

          Si el acreedor no ha incoado el procedimiento para que se le reconozca su crédito, deberá hacerlo dentro del mes en el que se adopte la medida. Si no lo hace, la medida expira.

          La medida cautelar debe ser comunicada al deudor en un plazo máximo de ocho días. El deudor podrá presentar ante el juez de la ejecución una impugnación de la medida o de su autorización. El juez puede también haber establecido de antemano una fecha para la vista en la que las partes serán llamadas para discutir dicha medida. En principio, la impugnación por el deudor será admisible en tanto el embargo cautelar no se convierta en un embargo ejecutivo, una vez que el acreedor haya obtenido una resolución judicial sobre su crédito.

          4 ¿Existe la posibilidad de interponer un recurso contra estas medidas?

          El deudor podrá impugnar la resolución al mismo tiempo que la propia medida.

          El juez encargado de la ejecución, con competencias para otorgar la autorización de medidas cautelares, también conoce de los recursos contra el auto. Sus resoluciones son susceptibles de recurso de apelación ante el tribunal de apelación.

          En la medida en que el deudor toma conocimiento de la autorización de la medida al mismo tiempo que de la propia medida, la impugnación del auto se rige por las mismas reglas que las de la medida: es admisible en tanto la medida cautelar no se haya convertido en una medida ejecutiva.

          El recurso no interrumpe el efecto de la medida cautelar, que surte efectos en tanto el juez no haya ordenado el levantamiento de los bienes embargados o declarado su nulidad.

          Enlaces relacionados

          El enlace abre una nueva ventanaLe site Legifrance

          El enlace abre una nueva ventanaLe site du Ministère de la justice

          El enlace abre una nueva ventanaLe site de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice


          El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

          Última actualización: 04/01/2018

          Medidas provisionales y cautelares - Croacia


          1 ¿Cuáles son los distintos tipos de medidas?

          En la tercera sección de la Ley de Ejecución (Ovršni zakon) [Narodne Novine (NN; Boletín Oficial de la República de Croacia), n.os 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 y 73/17], titulada «Obtención de garantías mediante medidas preliminares» (Osiguranje), se establecen las medidas siguientes:

          • la obtención de garantías mediante el establecimiento obligatorio de un derecho prendario sobre bienes inmuebles — título 28;

          • la obtención de garantías judiciales y notariales a través de un gravamen sobre la base de un acuerdo entre las partes — título 29;

          • la obtención de garantías judiciales y notariales mediante la transmisión de la propiedad de bienes y la transferencia de derechos — título 30;

          • la obtención de garantías mediante ejecución preliminar — título 31;

          • la obtención de garantías mediante medidas preliminares — título 32; y

          • medidas provisionales — título 33.

          De conformidad con la Ley de Ejecución, solo las medidas definidas como tales por esta u otra ley pueden considerarse medidas cautelares. No se permiten medidas cautelares sobre bienes o derechos que, según la Ley de Ejecución, no puedan ser objeto de ejecución, salvo que en esa ley se prevea otra cosa.

          2 ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas?

          2.1 Procedimiento

          Como medida (a largo plazo) en el sentido de la garantía obligatoria de créditos, la Ley de Ejecución permite la obtención de garantías mediante el establecimiento obligatorio de un derecho prendario sobre bienes inmuebles y muebles (p. ej., demandas pecuniarias, ingresos —salarios, pensiones, etc.—, cuentas bancarias, garantías y acciones) y la obtención de garantías mediante la transmisión de la propiedad de bienes y la transferencia de derechos. La obtención de garantías mediante el establecimiento de un derecho prendario puede ser voluntaria u obligatoria, mientras que la obtención de garantías por transmisión de propiedad de bienes y transferencia de derechos solo puede ser voluntaria, tanto en los procedimientos ante un órgano jurisdiccional como en los que se celebran ante notario.

          Otras medidas que la Ley de Ejecución contempla son la obtención de garantías mediante ejecución preliminar, la obtención de garantías mediante medidas preliminares y las medidas provisionales. Estas medidas solo podrá fijarlas un órgano jurisdiccional con carácter obligatorio, ya sea a petición de una de las partes o de oficio.

          Los órganos jurisdiccionales municipales son competentes para ordenar y aplicar la obtención de garantías, salvo que por ley se encomiende a algún otro órgano jurisdiccional, mientras que los juzgados de lo mercantil tienen competencias para ordenar y aplicar la obtención de garantías en los casos en los que sean competentes para ordenar la ejecución.

          Tiene competencias para ordenar y aplicar de oficio la obtención de garantías el órgano jurisdiccional con competencias para pronunciarse sobre la petición del acreedor garantizado, a menos que la ley disponga otra cosa.

          Tiene competencias para pronunciarse sobre peticiones de garantía de demandas pecuniarias mediante el establecimiento obligatorio de derechos prendarios sobre bienes inmuebles el órgano jurisdiccional que se ocupa del registro catastral en el que debe llevarse a cabo la inscripción basada en el documento ejecutivo en el que se determina la demanda pecuniaria. La finalidad de esta medida es garantizar la demanda pecuniaria mediante el establecimiento de un derecho prendario sobre bienes inmuebles por medio de la inscripción. El efecto de la inscripción de un derecho prendario es tal que la ejecución sobre este bien inmueble también puede llevarse a cabo contra terceros que adquieran este bien con posterioridad.

          El órgano jurisdiccional podrá dictaminar la obtención de garantías judiciales de una demanda pecuniaria mediante el establecimiento de un gravamen sobre la base de un acuerdo entre las partes por petición conjunta del acreedor garantizado y el deudor garantizado para determinados bienes con el fin de garantizar la demanda pecuniaria. La competencia territorial para pronunciarse sobre peticiones de garantía de demandas pecuniarias del acreedor garantizado sobre los bienes y derechos del deudor garantizado y para la ejecución de la garantía se determina mediante la correcta aplicación de las disposiciones de la Ley de Ejecución relativas a la competencia territorial del órgano jurisdiccional en los procedimientos de ejecución para el cobro de demandas pecuniarias sobre determinados tipos de objetos de ejecución. Las actas judiciales registran el acuerdo entre las partes sobre la existencia de una demanda y su plazo de caducidad, así como el acuerdo entre las partes con respecto a la garantía del crédito mediante el establecimiento de un derecho prendario. El acuerdo firmado tiene la fuerza de una transacción judicial.

          La obtención de garantías notariales para una demanda pecuniaria mediante el establecimiento de un gravamen sobre la base de un acuerdo entre las partes es posible si se basa en un acuerdo entre un acreedor y un deudor que tome forma de documento notarial o de documento privado legalizado en cuanto al contenido y que, además, contenga la declaración de consentimiento del deudor para crear gravámenes sobre algunos de sus bienes.

          La obtención de garantías judiciales mediante la transmisión de la propiedad de bienes y la transferencia de derechos es posible sobre la base de un acuerdo entre las partes según el cual se puede introducir en el acta de la vista un acuerdo entre ellos relativo a la transmisión de propiedad (de algunos bienes del deudor garantizado al acreedor garantizado con el propósito de garantizar la demanda pecuniaria específica del acreedor garantizado) o la transferencia de algunos de los derechos del deudor garantizado (al acreedor garantizado con el mismo fin). También se pueden garantizar demandas futuras. El acuerdo tiene el efecto de una transacción judicial. El órgano jurisdiccional con competencia territorial para pronunciarse sobre peticiones de garantía de demandas pecuniarias a través de la transmisión de la propiedad de bienes y la transferencia de derechos se determina mediante la correcta aplicación de las disposiciones de la Ley de Ejecución relativas a la competencia territorial del órgano jurisdiccional en los procedimientos para la ejecución de demandas pecuniarias sobre determinados tipos de bienes de ejecución.

          La obtención de garantías notariales mediante la transmisión de la propiedad de bienes y la transferencia de derechos, es decir, la transferencia de acciones, participaciones o de un interés de participación, es posible si se basa en un acuerdo entre el acreedor y el deudor realizado en forma de documento notarial o de documento privado legalizado en cuanto al contenido. La autorización de un notario para llevar a cabo medidas concretas de garantía dependerá de lo que dicten las normas relativas al domicilio social y la competencia territorial de los notarios públicos.

          La competencia territorial para pronunciarse sobre peticiones de ejecución preliminar y para aplicar dichas medidas de ejecución corresponde al órgano jurisdiccional que habría sido competente para la ejecución sobre la base de un título ejecutivo. El órgano jurisdiccional es quien ordena y aplica la obtención de garantías mediante ejecución preliminar. Sobre la base de una sentencia dictada en un procedimiento civil, el órgano jurisdiccional ordena una ejecución preliminar con el fin de garantizar una demanda no pecuniaria que no puede garantizarse mediante la inscripción preliminar en el registro público en caso de que el acreedor ejecutorio demuestre que, debido al aplazamiento de la ejecución hasta que la sentencia sea jurídicamente efectiva, hay un riesgo probable de que la ejecución sea imposible o considerablemente más difícil y en caso de que el acreedor ejecutorio aporte una garantía por los daños que el deudor ejecutorio pueda sufrir como consecuencia de dicha ejecución.

          La competencia territorial para pronunciarse sobre peticiones de ejecución preliminar y para aplicar tales medidas corresponde al órgano jurisdiccional que habría sido competente para la ejecución sobre de la base de un título ejecutivo con arreglo al cual se ordenó la obtención de garantías. El criterio para determinar si pueden ordenarse medidas preliminares es que el acreedor garantizado demuestre que existe un riesgo probable de que, sin esas medidas, el cumplimiento del crédito sería imposible o considerablemente más difícil. En determinados casos, el órgano jurisdiccional puede condicionar la medida preliminar a la constitución de una garantía por los daños que el deudor garantizado pueda sufrir a causa de esta orden. Una sentencia razonada en la que se ordena una medida preliminar debe incluir una indicación del valor del crédito garantizado, intereses y gastos incluidos, la medida utilizada para garantizar el crédito y el momento para el que se ordena (no más de quince días después del cumplimiento de las condiciones de ejecución).

          Antes de iniciar un procedimiento contencioso o cualquier otro procedimiento judicial sobre una demanda sobre la que se esté dirimiendo la obtención de garantías, la competencia territorial para pronunciarse sobre peticiones de garantía mediante medidas provisionales corresponde al órgano jurisdiccional que, de otro modo, habría sido competente para pronunciarse sobre peticiones de ejecución. La competencia territorial para aplicar medidas provisionales corresponde al órgano jurisdiccional que, de otro modo, habría sido competente para llevar a cabo la ejecución. Una vez iniciado el procedimiento, la competencia para pronunciarse sobre peticiones de garantía mediante medidas provisionales corresponde al órgano jurisdiccional ante el cual se haya iniciado el procedimiento. Si las circunstancias específicas del caso lo justifican, también podrá presentarse una petición ante el órgano jurisdiccional con competencia territorial para llevar a cabo la ejecución. El órgano jurisdiccional que hubiera sido competente para pronunciarse sobre una solicitud de ejecución sobre la base de un título ejecutivo presentado en un procedimiento administrativo también será competente para pronunciarse sobre peticiones de adopción de medidas provisionales tras la conclusión de dicho procedimiento. El órgano jurisdiccional dicta las medidas provisionales sobre la base de una solicitud presentada antes de entablar un procedimiento judicial o administrativo o judicial, durante su curso o una vez concluido, hasta que se lleve a cabo la ejecución. Las resoluciones relativas a la imposición de medidas provisionales tienen la autoridad de un mandamiento ejecutorio. El tipo de medidas provisionales depende del hecho de si la medida provisional en cuestión garantiza una demanda pecuniaria o no pecuniaria. El órgano jurisdiccional, en función de las circunstancias del caso, podrá dictar varias medidas provisionales, si es preciso.

          Los gravámenes, los derechos o prohibiciones sobre bienes muebles, acciones, participaciones e intereses de participación se inscriben sobre la base de una resolución judicial, es decir, un documento notarial o un documento privado legalizado en cuanto al contenido, en el registro de créditos de los acreedores sujetos a garantía judicial y notarial (Registro de gravámenes) (Upisnik založnih prava) que el Organismo Financiero mantiene, una base de datos única de gravámenes, derechos o prohibiciones inscritos. Por su parte, la inscripción de gravámenes o cambios en los derechos de propiedad de los bienes inmuebles se registra mediante inscripción en los registros catastrales.

          2.2 Condiciones principales

          Al ordenar la obtención de garantías mediante el establecimiento obligatorio de un derecho prendario sobre bienes inmuebles, el órgano jurisdiccional resuelve una petición de garantía de demandas pecuniarias sobre la base de un título ejecutivo en virtud del cual se dictó el crédito pecuniario. No existen requisitos especiales para ordenar la obtención de garantías. El órgano jurisdiccional ordena la obtención de garantías basándose en la petición. En relación con los bienes inmuebles inscritos en el registro catastral, el órgano jurisdiccional impone la inscripción del derecho prendario del acreedor garantizado. Además, indica la ejecutabilidad de la petición. Si el deudor garantizado no está inscrito en el registro catastral como propietario de los bienes inmuebles, el acreedor garantizado podrá presentar, junto con la petición, un documento adecuado para la inscripción del derecho de propiedad del deudor garantizado.

          El acreedor garantizado y el deudor garantizado, a los efectos de constituir una garantía para la demanda pecuniaria del acreedor garantizado mediante la obtención de un derecho prendario sobre determinados bienes de garantía, podrán pedir de forma consensuada al órgano jurisdiccional que ordene y lleve a cabo, en beneficio del acreedor garantizado, el registro de un gravamen sobre los bienes inmuebles, bienes muebles, créditos pecuniarios y otros bienes y derechos del deudor garantizado, o podrán concertar tal acuerdo en forma de documento notarial o documento privado, incluida una declaración de acuerdo del deudor que disponga que puede establecerse un gravamen sobre algún bien suyo.

          El registro judicial firmado, esto es, un documento notarial o un documento privado legalizado en cuanto al contenido, también tiene la fuerza de una transacción judicial contra la persona que haya aceptado que se establezca un gravamen sobre su bien o derecho. Sobre la base de estos documentos, tiene el fin de cobrar el crédito garantizado y proponer directamente la ejecución contra la persona sobre cuyo bien se obtuvo un gravamen con objeto de obtener un crédito.

          Las partes podrán pedir conjuntamente al órgano jurisdiccional que programe una vista y que incluya en el acta de dicha vista su acuerdo sobre la transmisión de la propiedad de algunos de los bienes del deudor garantizado al acreedor garantizado con el fin de garantizar una demanda pecuniaria concreta del acreedor garantizado, o que transfiera derechos del deudor garantizado al acreedor garantizado a tal efecto. También se pueden garantizar demandas futuras. Un acuerdo de este tipo puede firmarse como documento notarial o como documento privado, legalizados en cuanto al contenido. El acuerdo debería disponer el plazo de vencimiento del crédito garantizado, así como la forma de determinarlo. El deudor garantizado también puede ser una persona contra la que el acreedor garantizado no tenga el crédito que se está garantizando, es decir, un tercero que consienta que se garantice este tipo de crédito. El acuerdo también puede aplicarse a la garantía de demandas no pecuniarias; ahora bien, en tal caso el acuerdo debe especificar el valor pecuniario de la demanda. La demanda debería verificarse o ser verificable. Además, podrá añadirse al acuerdo una declaración de consentimiento del deudor garantizado que permita al acreedor garantizado solicitar directamente, de conformidad con el acta, la ejecución contra él por la entrega del objeto de la garantía una vez que el crédito garantizado haya vencido. Las actas que contienen este tipo de declaraciones constituyen un título ejecutivo. Cuando, en virtud del acuerdo, se transfiera la propiedad de un bien inmueble inscrito en el registro catastral, dicho acuerdo debe contener la declaración de consentimiento del deudor garantizado de que la transferencia puede ejecutarse directamente en el registro catastral sobre la base del acuerdo y de que la inscripción en el registro catastral transferirá la propiedad del bien inmueble al acreedor garantizado, con una anotación relativa a que la transferencia se ha llevado a cabo con el fin de garantizar una demanda específica del acreedor garantizado. Salvo que se disponga otra cosa, el deudor garantizado está autorizado a seguir usando el bien cuya propiedad se haya transferido al acreedor garantizado, es decir, a ejercer el derecho transferido al acreedor garantizado, mientras que el acreedor garantizado está autorizado a vender la propiedad del bien o el derecho que se le haya transferido una vez vencido su crédito, o a gravar el bien inmueble con una hipoteca.

          Puede ordenarse la obtención de garantías mediante medidas preliminares con el fin de garantizar demandas pecuniarias que estén basadas en una decisión de un órgano jurisdiccional o un organismo administrativo que aún no se hayan hecho legalmente efectivas, que estén basadas en un acuerdo alcanzado ante un órgano jurisdiccional o un organismo administrativo, en caso de que la demanda determinada en ella todavía no haya vencido, o que estén basadas en una decisión o documento notarial, en caso de que la demanda determinada en ellos todavía no haya vencido. Sobre la base de estos documentos, el órgano jurisdiccional ordenará una medida preliminar si el acreedor garantizado demuestra que existe un riesgo probable de que la realización del crédito sea imposible o mucho más difícil en caso de no estar garantizado. El riesgo se considera probable si se ha propuesto la adopción de una medida preliminar sobre la base de: un requerimiento de pago o mandamiento ejecutorio basado en un documento auténtico expedido con arreglo a un documento público o un documento legalizado ante notario, una letra de cambio o un cheque, contra el que se haya formulado una objeción dentro de plazo; una sentencia dictada en un proceso penal relativo a una demanda de derecho de propiedad contra la que sea posible un nuevo juicio; una resolución que deba ejecutarse en el extranjero; una sentencia sobre la base de una admisión contra la que se haya interpuesto recurso; un acuerdo que se haya impugnado en la forma prevista por ley; o una decisión o documento notarial, si el crédito que ahí se determina todavía no ha vencido y está siendo impugnado en la forma prevista por la ley. El órgano jurisdiccional podrá rechazar la petición de garantía mediante una medida preliminar, es decir, revocar una medida preliminar concreta y suspender el procedimiento, si el deudor garantizado demuestra como probable que no existe riesgo o que ha dejado de existir.

          Se puede proponer la obtención de garantías mediante medidas provisionales antes de entablar el procedimiento judicial o administrativo, durante su curso o una vez concluido, hasta que se lleve a cabo la ejecución. En una petición de adopción de una medida provisional, un acreedor garantizado debe formular una solicitud en la que debe indicar con exactitud la demanda que desea obtener, determinar el tipo de medida que desea y su duración y, si es preciso, los medios para garantizar que la medida provisional se ejecute obligatoriamente, así como el objeto de la garantía. La petición debe contener una indicación de los hechos sobre los que se basa la solicitud de una medida provisional y aportar pruebas que corroboren estas declaraciones. El acreedor garantizado está obligado a adjuntar estas pruebas a la petición, si es posible. Se puede adoptar una medida provisional si es para garantizar créditos no vencidos y condicionales, pero no se permite si se cumplen las condiciones para ordenar una medida preliminar que permita obtener el mismo efecto de garantía. Podrá dictarse la adopción de una medida provisional para garantizar una demanda pecuniaria si el acreedor garantizado demuestra como probable la existencia de la demanda y el riesgo de que, sin esa medida, el deudor garantizado pueda impedir o dificultar considerablemente el cobro de la demanda enajenando sus bienes, ocultándolos o disponiendo de ellos de alguna otra forma. Un acreedor garantizado no tiene que probar un riesgo si demuestra que es probable que el deudor garantizado solo sufriría daños insignificantes con la medida propuesta y se considera que el riesgo ha quedado demostrado si la demanda debe ejecutarse en el extranjero. A los efectos de garantizar una demanda no pecuniaria, se podrá dictar una medida provisional si el acreedor garantizado demuestra que la existencia de su demanda es probable, y si demuestra como probable el riesgo de que el deudor garantizado, sin esa medida, impida o dificulte considerablemente la ejecución de la demanda, en particular alterando la situación actual, o si demuestra que la medida probablemente sea necesaria para evitar violencia o la aparición de un daño irreparable. Por otra parte, un acreedor garantizado no necesita demostrar que existe un riesgo si demuestra que es probable que el deudor garantizado solo sufriría daños insignificantes con la medida propuesta, y se considera que el riesgo ha quedado demostrado si la demanda debe ejecutarse en el extranjero. El órgano jurisdiccional podrá ordenar una medida provisional a propuesta del acreedor garantizado, aun cuando no haya demostrado que sea probable la existencia de un crédito y de un riesgo, si previamente, dentro de un plazo fijado por el órgano jurisdiccional, ha constituido una garantía del perjuicio que el deudor garantizado pueda sufrir debido a la orden y la aplicación de una medida provisional. Si el acreedor garantizado no proporciona el depósito de garantía dentro del plazo establecido, el órgano jurisdiccional rechazará la petición de garantía. En virtud de las circunstancias del caso, el órgano jurisdiccional podrá dictar varias medidas provisionales, si lo estima necesario. En caso de que fuera posible dictar varias medidas provisionales, el órgano jurisdiccional dictará la que sea más adecuada para lograr el propósito de la garantía (y si todas son igualmente apropiadas, el órgano jurisdiccional dictará la que sea menos onerosa para el deudor garantizado).

          3 Objeto y naturaleza de estas medidas

          3.1 ¿Qué tipos de bienes pueden ser objeto de estas medidas?

          El objeto de las medidas de garantía o medidas provisionales puede ser cualquier bien o derecho que sea propiedad del deudor garantizado, p. ej., bienes inmuebles, bienes muebles, demandas pecuniarias, pensiones, prestaciones por discapacidad, depósitos en efectivo en cuentas bancarias o cuentas de ahorro y otros derechos de propiedad en la medida en que no sean elementos exentos de ejecución en virtud de la ley o que no exista un derecho legalmente restringido sobre esos bienes (p. ej., bienes que no estén en circulación, parcelas y edificios agrícolas de campesinos en la medida necesaria para su subsistencia y la de los miembros de su familia y otras personas a las que legalmente deba sustentar, etc.).

          3.2 ¿Qué efectos surten estas medidas?

          La garantía de bienes inmuebles mediante el establecimiento de un derecho prendario (voluntario u obligatorio, judicial o notarial) se establece mediante la imposición de un gravamen en el registro catastral en el que se inscribe el bien inmueble.

          Por medio de una garantía judicial o notarial que implique la transmisión de la propiedad de bienes y la transferencia de derechos, el acreedor garantizado se convierte en el propietario de un bien o derecho mediante la inscripción en los libros o registros públicos exigidos por ley. El acreedor y el deudor garantizados, a los efectos de constituir una garantía para la demanda pecuniaria del acreedor garantizado mediante la obtención de un gravamen sobre determinados bienes de garantía, podrán pedir de forma consensuada al órgano jurisdiccional que ordene y ejecute, en beneficio del acreedor garantizado:

          1. el registro de un gravamen sobre los bienes inmuebles del deudor garantizado;

          2. la consignación de un acuerdo entre las partes sobre el establecimiento de un derecho prendario sobre bienes inmuebles no inscritos en los registros catastrales ante el órgano jurisdiccional de dicho registro;

          3. la imposición de un gravamen sobre los bienes muebles del deudor garantizado;

          4. la imposición de un gravamen sobre la demanda pecuniaria del deudor garantizado;

          5. la imposición de un gravamen sobre una parte de los ingresos del deudor garantizado obtenidos por un contrato de trabajo o servicio;

          6. la imposición de un gravamen sobre una parte de la pensión, prestación de incapacidad o indemnización por el lucro cesante;

          7. la imposición de un gravamen sobre la demanda del deudor garantizado frente a una cuenta bancaria o libreta de ahorro;

          8. la imposición de un gravamen sobre una demanda de entrega de bienes muebles o de entrega de bienes inmuebles;

          9. la imposición de un gravamen sobre otros bienes o derechos reales;

          10. la imposición de un gravamen sobre títulos de acciones y otros valores y su entrega para custodia;

          11. la imposición de un gravamen sobre acciones para las que no se hayan expedido títulos de acción y sobre participaciones e intereses de participación en empresas;

          12. la inscripción de valores retenidos en la empresa depositaria (Depozitno društvo);

          Obtención de garantías mediante medidas preliminares: con el fin de garantizar una ejecución no pecuniaria que no pueda garantizarse mediante una inscripción condicional en un registro público, el órgano jurisdiccional podrá ordenar, sobre la base de una sentencia dictada en un proceso civil, una ejecución preliminar.

          Obtención de garantías mediante medidas preliminares; los órganos jurisdiccionales pueden ordenar las medidas preliminares siguientes:

          1. el registro de un gravamen sobre los bienes inmuebles del deudor garantizado o sobre un derecho inscrito sobre bienes inmuebles;

          2. la consignación del acuerdo entre las partes sobre el establecimiento de un derecho prendario sobre bienes inmuebles no inscritos en los registros catastrales ante el órgano jurisdiccional de dicho registro;

          3. la imposición de un gravamen sobre los bienes muebles del deudor garantizado;

          4. la imposición de un gravamen sobre la demanda pecuniaria del deudor garantizado;

          5. la imposición de un gravamen sobre una parte de los ingresos del deudor garantizado obtenidos por un contrato de trabajo o servicio;

          6. la imposición de un gravamen sobre una parte de la pensión, prestación de incapacidad o indemnización por el lucro cesante;

          7. la imposición de un gravamen sobre la demanda del deudor garantizado frente a una cuenta bancaria o libreta de ahorro;

          8. la imposición de un gravamen sobre una demanda de entrega de bienes muebles o de entrega de bienes inmuebles;

          9. la imposición de un gravamen sobre otros bienes o derechos reales;

          10. la imposición de un gravamen sobre títulos de acciones y otros valores y su entrega para custodia;

          11. la imposición de un gravamen sobre acciones para las que no se hayan expedido títulos de acción y sobre participaciones e intereses de participación de empresas;

          12. la inscripción de valores retenidos en la empresa depositaria (Depozitno društvo);

          13. la prohibición de que un banco pague desde la cuenta de un deudor garantizado o un tercero un importe por el que se haya ordenado una medida preliminar.

          Un acreedor garantizado puede obtener un gravamen sobre el objeto de la garantía basado en una medida preliminar. En caso de que se haya dictado una prohibición de pago sobre una cantidad de dinero del deudor garantizado depositada en un banco, esa cantidad no podrá transferirse desde la cuenta mientras dure la prohibición, salvo para pagar el crédito garantizado.

          Medidas provisionales

          - Con el objetivo de garantizar una demanda pecuniaria, puede ordenarse cualquier medida que logre ese propósito, especialmente las siguientes:

          1. prohibir al deudor garantizado enajenar o gravar bienes muebles, incautar estos bienes y confiarlos al acreedor garantizado o a un tercero para su custodia;

          2. embargar y depositar efectivo, valores y similares ante un órgano jurisdiccional o notario;

          3. prohibir al deudor garantizado enajenar o gravar bienes inmuebles o derechos reales que estén inscritos sobre un bien inmueble a su favor, con una anotación de esa prohibición en el registro catastral;

          4. prohibir al deudor del deudor garantizado el cumplimiento voluntario de su obligación para con el deudor garantizado y prohibir al deudor garantizado la recepción del cumplimiento de esta obligación, es decir, disponer de sus créditos;

          5. ordenar al banco que rechace el pago procedente de la cuenta del deudor garantizado al deudor garantizado o a un tercero a petición del deudor garantizado, por el importe establecido en la medida provisional.

          - Con el objetivo de garantizar una demanda no pecuniaria, puede ordenarse cualquier medida que logre el objetivo de tal garantía, especialmente las siguientes:

          1. prohibir la enajenación y el gravamen de los bienes muebles contra los que se dirige la demanda, su embargo y su custodia por parte del acreedor garantizado o de un tercero;

          2. prohibir la enajenación y el gravamen de acciones, participaciones o intereses de participación contra los que se dirija la demanda, con una anotación de la prohibición en el registro de acciones, y si es necesario en las actas judiciales; prohibir el uso o el ejercicio de derechos sobre la base de tales acciones o valores accionariales; confiar a la gestión de un tercero acciones, participaciones o intereses de participación; establecer un órgano de gestión provisional en una empresa;

          3. prohibir la enajenación y el gravamen de otros derechos contra los que se dirija la demanda y confiar la gestión de estos derechos a un tercero;

          4. prohibir la enajenación y el gravamen de bienes inmuebles contra los que se dirija la demanda o los derechos reales inscritos sobre el bien inmueble contra el que se dirija la demanda, con una anotación de la prohibición en el registro catastral; embargar el bien inmueble y confiarlo al acreedor garantizado o a un tercero para su custodia;

          5. prohibir a un deudor del deudor garantizado que le ceda un bien, transfiera un derecho o asuma cualquiera otra obligación no pecuniaria contra la que se dirija la demanda;

          6. prohibir al deudor garantizado que emprenda cualquier acción que pueda perjudicar al acreedor garantizado y prohibir cualquier alteración de los bienes contra los que se dirija la demanda;

          7. ordenar al deudor garantizado que emprenda determinadas acciones necesarias para conservar los bienes muebles e inmuebles o para mantener el estado actual de los bienes;

          8. autorizar al acreedor garantizado a retener los bienes del deudor garantizado que tenga en su poder y a los que hace referencia la demanda hasta que se resuelva el litigio;

          9. autorizar al acreedor garantizado a emprender determinadas acciones o a obtener determinados bienes por su cuenta o mediante un representante, en especial con el propósito de restablecer una situación anterior;

          10. restituir al trabajador temporalmente en su trabajo; pagar una indemnización durante un litigio laboral, si es necesario para su manutención y la de las personas que está obligado a sustentar por ley.

          3.3 ¿Qué validez tienen estas medidas?

          La garantía judicial y notarial mediante prenda o transmisión de la propiedad de bienes y la transferencia de derechos es, por lo general, válida hasta que el procedimiento concluya definitivamente.

          Una sentencia en la que se ordena una medida preliminar debe incluir una indicación del valor del crédito garantizado, incluidos los intereses y los gastos, la medida utilizada para garantizar el crédito y el plazo para cuando se ordena. El plazo para el que se ordena la medida preliminar no puede ser superior a quince días a partir de que se cumplan de las condiciones de ejecución. En caso de que el plazo finalice antes de que la resolución sobre la base de la cual se haya ordenado la medida preliminar haya sido declarada ejecutiva, el órgano jurisdiccional ampliará el plazo en cuestión, si el acreedor garantizado se lo pide antes de que expire el plazo de la medida provisional y si las circunstancias bajo las que se ordenó esta medida no han cambiado.

          La sentencia por la que se ordena una medida provisional también define la duración de esta medida y, en caso de que la medida se ordene antes de que se haya interpuesto una demanda o se haya incoado algún otro procedimiento, también define el plazo del que el acreedor garantizado dispone para interponer una demanda, es decir, para presentar una petición para iniciar otro procedimiento, con el fin de justificar la medida. El órgano jurisdiccional, a petición del acreedor garantizado, ampliará la duración de la medida provisional siempre que las circunstancias bajo las que se ordenó esta medida no hayan cambiado.

          4 ¿Existe la posibilidad de interponer un recurso contra estas medidas?

          Puede presentarse recurso contra una sentencia dictada en primera instancia en un plazo de ocho días desde que se notificó la sentencia en primera instancia, salvo que la Ley de Ejecución prevea otra cosa. Como norma general, la presentación de un recurso no supone el aplazamiento de la ejecutabilidad de una sentencia. Un tribunal de apelación se encarga de resolver el recurso.

          Un recurso contra una resolución relativa a una demanda de adopción de una medida provisional no se envía a la parte contraria para que responda, y el tribunal de apelación resuelve el recurso en un plazo de treinta días a partir de su recepción.

          No existe ningún recurso judicial disponible contra un documento notarial o un documento privado legalizado en cuanto a su contenido; sin embargo, un deudor puede presentar sus objeciones contra la garantía notarial en un litigio especial en el que deberá impugnar los acuerdos. Los terceros pueden presentar sus objeciones contra la garantía notarial en un proceso celebrado ante un órgano jurisdiccional de conformidad con las normas aplicables a las objeciones contra garantías judiciales.

          En los procedimientos de garantía, tan solo se permite una revisión si la sentencia dictada en segunda instancia depende de la solución de una cuestión de fondo o de procedimiento importante para garantizar la aplicación uniforme de la ley y la igualdad de todas las partes en su aplicación, de conformidad con las normas procesales. No se permiten nuevos juicios, y el restablecimiento de un estado anterior tan solo se permite en caso de no respetarse el plazo para presentar recursos de apelación u objeciones.


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          Última actualización: 25/09/2018

          Medidas provisionales y cautelares - Italia

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          1 ¿Cuáles son los distintos tipos de medidas

          Las medidas provisionales comprenden dos subgrupos principales: medidas de salvaguardia (misure conservative), que incluyen el embargo de bienes, y medidas preventivas (misure anticipatorie), frecuentes en el Derecho de Familia. También hay medidas urgentes (provvedimenti d’urgenza, artículo 700 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), cuyo contenido lo establece el órgano jurisdiccional en función del caso, de acuerdo con la necesidad cautelar que deba protegerse.

          Los rasgos principales de las medidas provisionales y cautelares son los siguientes: siguen procedimientos simples y rápidos, como norma tienen carácter provisional y son auxiliares respecto del procedimiento principal del litigio. Sin embargo, esta dependencia del litigio principal no es una característica absoluta. Desde el año 2005, las medidas provisionales en algunos casos específicos no necesitan venir seguidas de una resolución judicial sustantiva. En estos casos, la medida provisional se convierte de facto en un instrumento independiente y permanente, incluso si no se trata de un tipo de medida que podría ser ordenada como parte de una sentencia sobre el fondo del litigio.

          2 ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas?

          Para poder ordenar una medida provisional, existen dos requisitos:

          A) El periculum in mora, es decir, el temor bien fundado de que, a la espera de una resolución judicial sobre el fondo del asunto, pueda lesionarse de manera irreparable el derecho que busca salvaguardar la medida provisional;

          B) El concepto fumus boni juris, es decir, la verosimilitud del carácter fundado de la demanda.

          2.1 Procedimiento

          La solicitud de una medida provisional debe presentarse ante el órgano jurisdiccional competente, que por norma es el mismo que conoce del asunto principal. El órgano jurisdiccional revisa el caso brevemente, toma declaración a ambas partes, y después ordena una medida provisional. La medida provisional puede ordenarse sin la declaración de la otra parte, si su citación puede impedir la aplicación de la medida.

          2.2 Condiciones principales

          La adopción de una medida provisional está sujeta a los dos requisitos mencionados anteriormente: periculum in mora y fumus boni juris.

          3 Objeto y naturaleza de estas medidas

          Su naturaleza es de carácter provisional mientras está pendiente una sentencia sobre el procedimiento principal. Sin embargo, si bien esto siempre es así en el caso de las medidas de salvaguardia, que requieren que esté pendiente el proceso respecto del litigio principal, en el caso de las medidas preventivas esto ocurre solo en parte, pues las medidas preventivas tienen efecto haya proceso pendiente o no, aunque no tienen el mismo peso que una sentencia firme, que resuelve los asuntos en cuestión.

          El contenido de las medidas provisionales varía en función del tipo de peligro que buscan evitar. Por ejemplo, el embargo se aplica a los bienes del deudor. La orden de readmitir a un empleado despedido injustamente, por contra, supone la obligación de realizar una acción.

          3.1 ¿Qué tipos de bienes pueden ser objeto de estas medidas?

          De acuerdo con la necesidad en cuestión, las medidas pueden aplicarse a los bienes muebles o inmuebles, pero también pueden aplicarse a trabajos sujetos a la propiedad intelectual o a los derechos de autor.

          3.2 ¿Qué efectos surten estas medidas?

          Las medidas de salvaguardia están pensadas para preservar la situación de hecho y de derecho que existe en el momento de su aplicación, así como para garantizar que el tiempo que será necesario para completar el proceso principal no lesionará los derechos del demandante. Las medidas preventivas, por otro lado, están pensadas para anticipar los efectos de la sentencia firme respecto del procedimiento principal.

          3.3 ¿Qué validez tienen estas medidas?

          Las medidas provisionales tienen efecto hasta que se dicta sentencia en el proceso principal, que las sustituye. Las medidas de salvaguardia, para las que es necesario que se inicie el proceso principal (por ejemplo, una autorización para el embargo judicial al amparo del artículo 670 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o un embargo preventivo en virtud del artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), también pierden su efecto si no se inicia el proceso principal, si no se continúa dentro de los plazos previstos en la legislación o determinados por el órgano jurisdiccional, o si no se aporta la fianza que haya sido requerida por el órgano jurisdiccional. Las medidas preventivas, incluidas aquellas más atípicas (cuyo contenido lo determina el órgano jurisdiccional, no la legislación, en virtud del artículo 700 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), incluso cuando no pueden formar parte de la sentencia judicial firme, continúan teniendo efecto incluso si el proceso principal no se inicia o lo hace pero se interrumpe posteriormente.

          4 ¿Existe la posibilidad de interponer un recurso contra estas medidas?

          Las resoluciones sobre medidas provisionales, tanto si permiten como si rechazan la aplicación de dichas medidas, pueden recurrirse (artículo 669 terdecies), ya sea porque contengan defectos o en caso de que se presenten ante el tribunal de apelación circunstancias y motivos que no estuvieran incluidos en la solicitud inicial.


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          Última actualización: 09/01/2018

          Medidas provisionales y cautelares - Lituania


          1 ¿Cuáles son los distintos tipos de medidas

          El artículo 145 del Código de Procedimiento Civil (Civilinio proceso kodeksas) dispone los diferentes tipos de medidas provisionales. Las medidas provisionales pueden consistir en:

          1. el embargo de los bienes inmuebles del demandado;
          2. la inscripción en el registro público de la prohibición de enajenar;
          3. el embargo de bienes muebles, fondos o derechos reales pertenecientes al demandado, estén en posesión del demandado o de terceras personas;
          4. el secuestro de bienes de propiedad del demandado;
          5. el nombramiento de un administrador del patrimonio del demandado;
          6. la prohibición de que el demandado participe en determinadas transacciones o lleve a cabo ciertas acciones;
          7. la prohibición de que terceros transfieran bienes al demandado o satisfagan otras obligaciones;
          8. en circunstancias excepcionales, la prohibición de que el demandado abandone su domicilio habitual o de que traslade a un menor de su residencia habitual sin la autorización del órgano jurisdiccional;
          9. la suspensión de la realización de bienes cuando se ha presentado una demanda de cancelación del embargo de los mismos;
          10. la suspensión de un proceso ejecutivo;
          11. la asignación de alimentos de manera temporal o la imposición de restricciones temporales;
          12. la orden de que se adopten medidas para evitar que ocurran daños o que aumenten;
          13. otras medidas establecidas por ley u ordenadas por el órgano jurisdiccional que de no adoptarse pueden dificultar o hacer imposible el cumplimiento de la sentencia.

          2 ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas?

          A petición de las partes implicadas en el asuntos u otras personas con interés legítimo, el órgano jurisdiccional podrá imponer medidas provisionales si estas fundamentan suficientemente su petición y si de no adoptar estas medidas se dificultase o imposibilitase el cumplimiento de la sentencia.

          El órgano jurisdiccional puede adoptar medidas provisionales de oficio solo cuando sea necesario para proteger el interés general y cuando de no adoptar estas medidas se violasen los derechos e intereses legítimos de una persona, de una empresa o del Estado.

          Se pueden aplicar medidas provisionales en cualquier fase de un procedimiento civil e incluso antes de presentar la demanda.

          2.1 Procedimiento

          Son competentes para conocer de las peticiones relacionadas con medidas provisionales los juzgados de primera instancia o, en los casos dispuestos en la El enlace abre una nueva ventanaLey de arbitraje comercial (Komercinio arbitražo įstatymas), el Tribunal Regional de Vilna (Vilniaus apygardos teismas). Cuando la petición de medidas provisionales se incluya en la demanda, la cuestión de las medidas provisionales se decidirá únicamente tras resolverse la admisibilidad de la demanda en la que se piden tales medidas. El órgano jurisdiccional falla sobre la petición de medidas provisionales lo más pronto posible, por medio de un procedimiento escrito, en un plazo de tres días laborales tras recibir la petición. Cuando el órgano jurisdiccional lo estime necesario, se informará al demandado acerca del examen de la petición de medidas provisionales.

          Las partes tienen derecho a presentar peticiones de medidas provisionales ante el tribunal de apelación o el tribunal de casación que deba resolver sobre el fondo.

          El órgano jurisdiccional puede dictar medidas provisionales sobre la base de una petición escrita y razonada que la persona interesada presente antes de interponer una acción judicial. En esta petición, el solicitante debe exponer las razones por las que la acción no se haya interpuesto junto a dicha solicitud, aportar pruebas del riesgo existente para los intereses de la parte solicitante y constituir un depósito equivalente a la mitad de la tasa judicial aplicada a las peticiones de medidas provisionales, es decir, 100 LTL. El depósito es de 1 000 LTL en el caso de peticiones de medidas provisionales relacionadas con causas pendientes de resolución por tribunales de arbitraje nacionales o extranjeros, o por órganos jurisdiccionales extranjeros. El órgano jurisdiccional puede reducir la cuantía del depósito a la luz de la difícil situación financiera del solicitante si este ha presentado una petición motivada a este fin debidamente justificada. Al imponer medidas provisionales, el órgano jurisdiccional fija un plazo para interponer la acción. Este plazo no puede ser superior a catorce días. Si la acción debe interponerse ante un órgano jurisdiccional extranjero o ante un tribunal de arbitraje, el plazo no puede ser superior a 30 días. Si no se interpone ninguna acción dentro del plazo fijado, se levantan las medidas provisionales; si ello obedece a la culpa de la persona interesada, no se le devuelve el depósito.

          La petición de medidas provisionales debe presentarse ante el mismo órgano jurisdiccional que ha de resolver sobre la acción de conformidad con las normas de competencia. Las peticiones de medidas provisionales relacionadas con asuntos pendiente de resolver ante un órgano jurisdiccional extranjero o un tribunal de arbitraje nacional o extranjero deben presentarse ante el Tribunal Regional de Vilna.

          Ante la petición motivada de las partes o de terceros con interés legítimo, el órgano jurisdiccional puede sustituir una medida provisional por otra. En estos casos, se debe informar a las partes o a los terceros con interés legítimos de cualquier petición de este tipo, y estos tienen derecho a oponerse a ella.

          El órgano jurisdiccional puede decidir no imponer medidas provisionales si el demandado deposita la cantidad solicitada en la cuenta del órgano jurisdiccional o se constituye una garantía. Además, el demandado puede dejar sus bienes en prenda al demandante.

          2.2 Condiciones principales

          (Véase la sección 2)

          3 Objeto y naturaleza de estas medidas

          3.1 ¿Qué tipos de bienes pueden ser objeto de estas medidas?

          Las medidas provisionales pueden aplicarse con respecto a bienes inmuebles, bienes muebles, fondos y derechos de propiedad.

          3.2 ¿Qué efectos surten estas medidas?

          Las medidas provisionales son medidas que de no adoptarse pueden dificultar o imposibilitar el cumplimiento de la sentencia. En los asuntos que impliquen la restricción temporal de los derechos de propiedad sobre un bien en régimen de copropiedad, se puede imponer el embargo únicamente sobre la parte de la propiedad que pertenece a la persona sujeta a las medidas provisionales. Cuando no se pueda establecer esa parte, se podrá embargar todo el bien hasta que se identifique esa parte.

          Tras el embargo de fondos en cuentas bancarias u otras entidades de crédito, solo se podrán utilizar esos fondos para las operaciones autorizadas en la resolución judicial.

          Cuando se embarguen mercancías en libre circulación, materias primas, productos semielaborados o prefabricados, el titular de dichos bienes podrá cambiar su composición y su forma solo si su valor total no disminuye, a menos que la resolución judicial disponga otra cosa.

          La persona cuyos bienes hayan sido embargados es responsable de cualquier vulneración de las restricciones impuestas desde el momento en que se le notifica la orden de embargo de los bienes y si no se pudiese efectuar la notificación, en particular cuando se adopta la resolución relativa a las medidas provisionales en ausencia de esa persona, desde el momento en que se inscribe la orden en el registro de bienes embargados.

          3.3 ¿Qué validez tienen estas medidas?

          Si el órgano jurisdiccional desestima la pretensión, se mantiene cualquier medida provisional previa hasta que la sentencia comienza a desplegar efectos. El levantamiento de las medidas provisionales debe decidirse mediante sentencia.

          Si se estima la pretensión, cualquier medida provisional previa se mantiene hasta que se ejecute la sentencia. El agente judicial encargado de ejecutar la sentencia informará al registro público correspondiente sobre la cancelación de las medidas provisionales del asunto en cuestión.

          En caso de embargo de bienes muebles que no pueden registrarse en el Registro de la Propiedad, o si en el día en que se adoptan las medidas el tribunal desconoce el valor y la naturaleza de los bienes del demandado, la persona que solicite las medidas provisionales deberá presentar al agente judicial una solicitud para localizar e inventariar los bienes del demandado. Si no se presenta tal solicitud al agente judicial y no se aclaran los detalles de los bienes embargados, las medidas provisionales siguen siendo válidas durante catorce días desde la fecha de resolución en que se adoptaron. A petición de las partes o de terceros con interés legítimo, el órgano jurisdiccional que deba resolver sobre el fondo del asunto puede dejar sin efecto las medidas provisionales.

          El órgano jurisdiccional cancelará las medidas provisionales de oficio si la persona que las hubiese solicitado no interpusiere ninguna acción dentro del plazo que aquel haya fijado para ello. Las resoluciones a este efecto no están sujetas a apelación. El órgano jurisdiccional también puede cancelar medidas provisionales de oficio cuando sea necesario para proteger el interés público y cuando no cancelarlas viole los derechos y los intereses legítimos de una persona, de una empresa o del Estado.

          Si las medidas provisionales impuestas por el órgano jurisdiccional limitan, infringen o restringen los derechos de terceros, estos tienen derecho a pedir al órgano jurisdiccional que deba resolver sobre el fondo que cancele las medidas provisionales que les han impuesto.

          4 ¿Existe la posibilidad de interponer un recurso contra estas medidas?

          Las partes pueden impugnar cualquier resolución sobre medidas provisionales que el juez de primera instancia haya adoptado de conformidad con el procedimiento aplicable mediante la interposición de un recurso ante un tribunal superior, excepto en una serie de casos dispuestos en el Código de Procedimiento Civil. Los terceros pueden presentar un recurso únicamente con respecto a las resoluciones del juez de primera instancia que desestimen sus peticiones de cancelación de las medidas provisionales que se les hayan impuesto. La presentación de un recurso no suspende el proceso.

          Las resoluciones judiciales sobre medidas provisionales no están sujetas a recurso de casación.


          El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

          Última actualización: 05/01/2018

          Medidas provisionales y cautelares - Luxemburgo


          1 ¿Cuáles son los distintos tipos de medidas

          En Derecho luxemburgués existen distintos tipos de medidas destinadas a proteger los derechos de las partes, a la espera de que en el proceso en que se trata el fondo del asunto se dicte una resolución definitiva sobre las pretensiones.

          Pueden distinguirse dos tipos de medidas:

          • Las medidas adoptadas por el órgano jurisdiccional sin debate contradictorio. En este caso, el órgano jurisdiccional recibe la solicitud unilateral de la parte que pide la adopción de la medida provisional y se pronuncia únicamente sobre la información suministrada por una parte;
          • Las medidas adoptadas por el órgano jurisdiccional después de un debate contradictorio. En este caso, el órgano jurisdiccional no dicta su resolución hasta después de celebrar una audiencia pública (en algunos casos, una reunión a puerta cerrada) en la que las partes tienen la posibilidad de defender sus opiniones. Se convoca a la audiencia por citación (diligencia practicada por el agente judicial) o por la secretaría, en función de las modalidades previstas por las leyes procesales.

          2 ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas?

          En todos los casos de emergencia, el juez de medidas provisionales (juge des référés) puede ordenar de manera provisional todas las medidas frente a las que no haya una oposición seria o que justifique la existencia de una discrepancia.

          También puede decidir acerca de las dificultades relativas a la ejecución de sus propios autos.

          De igual modo, siempre puede prescribir como provisionales las medidas cautelares o de restauración que se impongan, ya sea para evitar un perjuicio inminente o para hacer cesar un problema manifiestamente ilícito.

          2.1 Procedimiento

          La demanda se interpone compareciendo en una audiencia celebrada con este fin en el día y la hora habitual de los procedimientos de urgencia.

          Si, no obstante, el caso requiere celeridad, el presidente del tribunal o el juez que le sustituya podrá emitir una citación para que la persona que desea solicitar las medidas comparezca en audiencia pública, a la hora indicada, incluso en días festivos o habitualmente no laborables, ya sea en el tribunal o en su propio domicilio.

          En caso de emergencia, el presidente del tribunal de distrito (tribunaux d'arrondissement) o el juez que le sustituya podrá ordenar de manera provisional todas las medidas frente a las que no haya una oposición seria o que justifique la existencia de una discrepancia. También puede decidir sobre las dificultades relativas a la ejecución de una sentencia o de otro título ejecutivo. Cuando el objeto de la medida provisional se refiera a dificultades relativas a la ejecución de un título o de una sentencia, el juez competente será el del lugar donde se demande la ejecución.

          El presidente del tribunal o el juez que le sustituya siempre puede ordenar como provisionales las medidas cautelares o de restauración que se impongan, ya sea para evitar un perjuicio inminente o para poner fin un problema manifiestamente ilícito. Para evitar la desestimación de pruebas, puede ordenar cualquier medida de instrucción útil, incluida la declaración de testigos.

          Existe un gran número de disposiciones legales específicas que organizan medidas provisionales o conservadoras aplicables en cuestiones determinadas (como, por ejemplo, en materia de contratos de arrendamiento, posesión indivisa, copropiedad, sucesiones, regímenes matrimoniales, etc.). Las normas de competencia se establecen normalmente de forma específica en normas jurídicas que autorizan al juez a adoptar una medida provisional. No existe una norma de competencia general, más allá de que habitualmente la competencia en materia de adopción de medidas provisionales se atribuye al presidente de la jurisdicción en la que se debe dilucidar el fondo del litigio.

          Cuando no hay previsto ningún procedimiento especial, la parte que desee que se adopte una medida provisional deberá dirigirse al órgano jurisdiccional de medidas provisionales. En función de la cuantía, habrá que dirigirse al juez de paz (justices de paix), hasta 10 000 EUR, o al juez de medidas provisionales del tribunal de distrito. Estos jueces gozan de competencia general para prescribir las medidas cautelares o de reparación necesarias, ya sea para evitar un perjuicio inminente o para hacer cesar un problema manifiestamente ilícito.

          En general, no es obligatorio recurrir a la asistencia letrada de un abogado.

          2.2 Condiciones principales

          La adopción de estas medidas por el juez está supeditada generalmente a una condición de necesidad o de urgencia, que corresponde apreciar al juez.

          Cuando un acreedor pide autorización para practicar un embargo, el juez, con arreglo a los documentos y explicaciones que ha recibido, debe comprobar si la deuda está bien fundada en principio.

          3 Objeto y naturaleza de estas medidas

          3.1 ¿Qué tipos de bienes pueden ser objeto de estas medidas?

          Las medidas provisionales pueden afectar a cualesquiera bienes muebles de la persona. Solo algunos bienes indispensables para la vida cotidiana se consideran inembargables por ley.

          El Derecho luxemburgués permite el embargo preventivo de los sueldos y remuneraciones de la persona, e incluso el embargo de las rentas sustitutivas (pensiones, rentas, etc.). No obstante, hay una parte de los ingresos que es inembargable, que es la cantidad considerada necesaria para hacer frente a los gastos indispensables de la vida.

          En cambio, no puede practicarse el embargo preventivo de los bienes inmuebles. Este tipo de embargo solo es posible mediante una resolución judicial con fuerza de cosa juzgada.

          3.2 ¿Qué efectos surten estas medidas?

          En la mayoría de los asuntos, corresponde al juez determinar los efectos de la medida que debe dictar. También puede limitar temporalmente los efectos de la orden o dirigirla únicamente a determinados bienes o actos.

          En el caso de los embargos autorizados por un juez a petición unilateral de una parte, la ley prescribe los plazos fijos en los que debe presentarse la solicitud de autorización al juez. Si no se respetan dichos plazos, el embargo es nulo de pleno derecho.

          3.3 ¿Qué validez tienen estas medidas?

          Hablamos de medidas provisionales cuando la ley permite al juez regular temporalmente una situación litigiosa entre varias partes en espera de una solución definitiva tras un proceso sobre el fondo del asunto.

          Se trata de medidas «que se adoptan para garantizar la protección de los derechos cuyo reconocimiento, por otra parte, se pide al juez que conoce del fondo del asunto, manteniendo el mismo tiempo el statu quo, tanto de hecho como de Derecho», según la definición dada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

          Se trata también de medidas adoptadas para impedir el deterioro de una situación.

          En la práctica, estas medidas permiten, por ejemplo, que un acreedor se proteja contra un riesgo de impago, recurriendo a dos técnicas: bien haciendo inalienables los bienes del deudor, bien gravándolos con garantías reales que confieran al acreedor un derecho de participación cuando estos bienes cambien de propietario.

          4 ¿Existe la posibilidad de interponer un recurso contra estas medidas?

          Los autos dictados por el juez en los procedimientos de urgencia tras un debate contradictorio son susceptibles de recurso. El plazo de recurso es de 15 días a partir de la fecha de notificación de la resolución.

          Las resoluciones adoptadas por un juez a petición unilateral de una de las partes no pueden ser recurridas. No obstante, la parte que considere que la medida se ha adoptado erróneamente podrá dirigirse al juez encargado de las medidas provisionales para que este adopte una nueva medida cautelar que consista en suspender los efectos de la medida adoptada por el juez que actuó en función de la información suministrada solo por una parte.

          Enlaces relacionados

          El enlace abre una nueva ventanahttp://www.legilux.lu/


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          Última actualización: 02/05/2019

          Medidas provisionales y cautelares - Malta


          1 ¿Cuáles son los distintos tipos de medidas?

          Los diferentes tipos de medidas cautelares son las que siguen a continuación:

          • orden de inventario (warrant of description);
          • orden de embargo (warrant of seizure);
          • orden de embargo de una sociedad operativa (warrant of seizure of a commercial going concern);
          • auto de retención (garnishee order);
          • auto para impedir la salida (warrant of impediment of departure);
          • orden de embargo preventivo de buques marítimos (warrant of arrest of sea vessels);
          • orden de embargo preventivo de aeronaves;
          • orden de interdicción prohibitoria (warrant of prohibitory injunction).

          2 ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas?

          Estas medidas están reguladas en el Capítulo 12 de la Legislación de Malta, concretamente en los artículos 829 y siguientes. También pueden aplicarse disposiciones de leyes especiales en algunos casos.

          2.1 Procedimiento

          Las medidas anteriormente mencionadas deben pedirse a través de una solicitud jurada elaborada por el solicitante, que debe contener el origen y tipo de deuda o reclamación que quiere asegurarse: cuando el derecho que se quiere asegurar es una deuda o reclamación que puede satisfacerse a través del pago de una suma de dinero, la cantidad en cuestión debe indicarse en la reclamación.

          2.2 Condiciones principales

          Estas órdenes las dicta un órgano jurisdiccional. La orden de inventario o la orden para impedir la salida mediante la referencia al juramento del demandado no pueden dictarlos el Tribunal de Magistrados (Malta) ni el Tribunal de Magistrados (Gozo) en su jurisdicción inferior. Además, no se pueden dictar órdenes de embargo o de retención contra el Gobierno para asegurar derechos o reclamaciones. No se pueden dictar órdenes de embargo o de retención para asegurar derechos o reclamaciones contra miembros de las fuerzas armadas o de buques fletados totalmente al servicio del Gobierno de Malta, si la persona en cuestión se encuentra en Malta con las fuerzas armadas o en el buque en que está enrolado. No se puede dictar un auto para impedir la salida para asegurar ningún derecho o reclamación contra ningún capitán de barco, marinero u otra persona alistada regularmente, si el buque al que pertenece ha obtenido su autorización de salida, ni contra ningún maquinista de cualquier rango empleado en un buque a vapor.

          Debe hacerse referencia siempre a los artículo 829 y siguientes del Capítulo 12 de la Legislación de Malta. También pueden aplicarse disposiciones de leyes especiales en algunos casos.

          3 Objeto y naturaleza de estas medidas

          3.1 ¿Qué tipos de bienes pueden ser objeto de estas medidas?

            Los bienes objeto de estas medidas son bienes muebles e inmuebles. Puede dictarse también una orden de embargo sobre una sociedad operativa. Puede dictarse una orden de embargo preventivo sobre buques marítimos de más de diez metros, así como sobre aeronaves.

              3.2 ¿Qué efectos surten estas medidas?

                Su efecto varía según la naturaleza de la medida pero, en general, los activos tanto si son muebles como inmuebles no pueden venderse o traspasarse a terceros.

                Puede dictarse una orden de inventario para asegurar un derecho sobre bienes muebles: en este caso, con el fin de que el solicitante pueda ejercer dicho derecho, es necesario que dichos bienes muebles permanezcan en su ubicación y estado actuales. En una orden de embargo de bienes muebles, el secretario embarga al deudor el artículo o artículos indicados en la solicitud. El objetivo de una orden de embargo de una sociedad operativa es preservar la totalidad de los activos de la sociedad operativa, incluidas las licencias y el fondo de comercio, y ordenar que no se venda ni en parte ni en su totalidad y que permanezca funcionando, en cualquier caso. El órgano jurisdiccional no aceptará una solicitud para dictar una orden de embargo si considera que existen otros medios para garantizar la cantidad debida. De la misma manera, el objetivo de una orden de embargo preventivo de buques marítimos y aeronaves es embargar al deudor un buque marítimo de más de diez metros de eslora o una aeronave para ponerlo/a en manos de la autoridad del lugar donde se encuentra el bien, y también ordenar que dicha autoridad no libere dicho buque o aeronave ni que permita que el deudor se deshaga de él por ningún medio, en parte o en su totalidad, ni que otorgue o renuncie a favor de otra persona cualquier derecho sobre el mismo. El objetivo de la orden de interdicción prohibitoria es impedir que una persona haga cualquier cosa que pueda ser perjudicial para la persona que solicita la orden.

                  3.3 ¿Qué validez tienen estas medidas?

                  Hasta que las rescinde un órgano jurisdiccional o las retira la parte que las solicita, cada orden cautelar permanecerá en vigor quince días a partir de la fecha en la que la demanda se convierte en res iudicata.

                  4 ¿Existe la posibilidad de interponer un recurso contra estas medidas?

                  No es posible recurrir estas medidas. Sin embargo, existe la posibilidad de dictar una contraorden. En este caso, el demandado contra quien se dicta la medida cautelar puede presentar una solicitud ante el órgano jurisdiccional que dictó la medida cautelar. Si se ha emprendido una acción judicial, el demandado puede presentar una solicitud ante el órgano jurisdiccional que lleva el asunto solicitando que se revoque la medida cautelar, total o parcialmente, por una de las siguientes razones:

                  • la medida cautelar ya no está en vigor;
                  • cualquiera de las condiciones requeridas por ley para dictar una medida cautelar ha dejado de darse;
                  • existen otras garantías adecuadas para asegurar la reclamación de la persona que solicitó la medida cautelar, bien a través de otra medida cautelar o si esa otra garantía adecuada puede asegurar adecuadamente la reclamación a juicio del órgano jurisdiccional,
                  • se demuestra que la cantidad reclamada no está justificada o es excesiva a primera vista,
                  • el órgano jurisdiccional considera que la garantía proporcionada es suficiente, o
                  • se demuestra que, dadas las circunstancias, resultaría poco razonable mantener en vigor la medida cautelar en parte o en su totalidad, o que la medida cautelar en parte o en su totalidad ya no es necesaria o justificable.

                  El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

                  Última actualización: 22/03/2017

                  Medidas provisionales y cautelares - Países Bajos


                  1 ¿Cuáles son los distintos tipos de medidas

                  ¿Cuáles son los distintos tipos de medidas?

                  Hay dos tipos de medidas: medidas provisionales y medidas cautelares.

                  Las medidas provisionales son medidas anteriores a las sentencias que resuelven el fondo de un asunto. La sentencia que el tribunal dicte sobre el fondo del asunto puede confirmar la medida provisional o anularla.

                  Las medidas cautelares son aquellas diseñadas para garantizar que el deudor cumpla con sus obligaciones. Estas medidas permiten que los acreedores puedan protegerse contra el riesgo de no recibir lo que se les debe.

                  El órgano jurisdiccional puede aplicar medidas provisionales y cautelares contra los bienes del deudor. El acreedor tiene derecho por ley a solicitar determinadas medidas antes de que se dicte sentencia, e incluso antes de que se incoe el proceso, para preservar los derechos que tan solo se podrán hacer valer tras la sentencia. La intención es impedir que la otra parte haga ilusorio el derecho de recuperación del acreedor, por ejemplo, vendiendo bienes, ocultándolos, donándolos o gravándolos con una prenda o hipoteca.

                  1.1. Medidas provisionales

                  Las medidas provisionales pueden adoptarse en procedimientos cuyo objeto sea expresamente su adopción o en procedimientos sobre el fondo que están pendientes de resolver.

                  Existen normas especiales para las medidas provisionales en demandas de divorcio.

                  1.2. Medidas cautelares

                  A. Embargo (conservatoir beslag)

                  El órgano jurisdiccional puede autorizar que el acreedor embargue los bienes del deudor, con vistas a conservar los bienes hasta que se haya reconocido el derecho que reclama la persona que practica el embargo.

                  Hay cuatro tipos de embargo:

                  1. Embargos para el cobro de deudas vencidas y exigibles (conservatoire verhaalsbeslagen). Los bienes se embargan una vez que el órgano jurisdiccional ha dictaminado que debe satisfacerse una demanda pecuniaria.
                  2. Embargo con el fin de conseguir la cesión de bienes muebles o la entrega de bienes (conservatoir beslag tot afgifte van roerende zaken of levering van goederen). En este caso, el embargo se impone sobre el deudor para garantizar la preservación de derechos de propiedad o de recibir la entrega de bienes.
                  3. El embargo matrimonial preventivo (conservatoir marital beslag). El cónyuge que pretende el divorcio, la separación legal o la liquidación del régimen económico matrimonial puede practicar este embargo con el fin de evitar que se enajenen los bienes del régimen económico matrimonial antes de su liquidación.
                  4. El embargo para conservar pruebas (conservatoir bewijsbeslag). El propósito de este embargo es el aseguramiento pruebas.

                  B. Consignación

                  Esta medida se refiere principalmente a casos en los que existe riesgo de que se hagan desaparecer los bienes embargados. A petición de la persona que practica el embargo, el órgano jurisdiccional ordena que los bienes embargados o que se han de embargar se entreguen a un custodio designado por el órgano jurisdiccional.

                  La consignación también se puede ordenar con independencia del embargo.

                  C. Administración judicial

                  El órgano jurisdiccional puede colocar bajo administración los bienes cuya propiedad es objeto de litigo; por ejemplo, cuando hay un conflicto sobre el derecho de traspaso de una empresa, el embargo y la consignación de los bienes de la empresa podrían obstaculizar el mantenimiento de su actividad comercial. El administrador puede dirigir la empresa mientras prosigue el proceso.

                  D. Precinto e inventario

                  Con la autorización del juez cantonal (kantonrechter), el notario puede precintar los bienes derivados de una sucesión o determinados bienes de propiedad conjunta. No se requiere ningún abogado para ello. Se trata de una medida que no se usa casi nunca. La pueden solicitar, por ejemplo, los herederos, el cónyuge o el miembro de una pareja de hecho registrada supérstites, los albaceas y las personas con derecho (limitado) a una parte de bienes de propiedad conjunta.

                  La petición de desprecinto también debe hacerse al juez cantonal.

                  A petición de las personas mencionadas, entre otras, el juez cantonal puede ordenar que un notario elabore un inventario. No se requiere ningún abogado para ello. Esta medida sirve para determinar el tamaño (y valor) del patrimonio. La solicitud puede presentarse junto con una petición de precinto o desprecinto. La medida consta de una breve descripción de todo el activo y el pasivo del patrimonio y, a petición de una de las partes, de una valoración de los bienes muebles. Si las partes no se ponen de acuerdo en la designación del tasador (o tasadores) certificado, lo nombra el notario.

                  1.3. Ejecución provisional

                  Si es necesario, el órgano jurisdiccional puede declarar su sentencia provisionalmente ejecutable en todo tipo de asuntos, a no ser que la legislación o la naturaleza de la causa determinen otra cosa. Si la orden de ejecución provisional no se desprende de la ley, debe solicitarla el demandante. El órgano jurisdiccional no puede pronunciarse sobre esta cuestión de oficio.

                  Una sentencia declarada provisionalmente ejecutable puede ejecutarse de manera inmediata aunque se interponga escrito de oposición, recurso o recurso de casación contra la resolución. La orden de ejecución puede hacer referencia a toda la sentencia o a una parte. La sentencia también podría ejecutarse sin ser declarada provisionalmente ejecutable, aunque en este caso su ejecución quedaría suspendida si se interpusiera un recurso. Si una sentencia se declara provisionalmente ejecutable, su ejecución sigue su curso al margen de que se interponga un recurso contra la sentencia.

                  2 ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas?

                  2.1 Procedimiento

                  A. Embargo

                  El embargo se practica con la autorización del juez distrito que conoce de las solicitudes de medidas provisionales. La solicitud de autorización la realiza un abogado. En principio, el juez puede basarse en la pretensión del demandante. En principio, no se oye al deudor. La orden judicial normalmente se emite el mismo día. En el caso de demandas pecuniarias, el juez determina la cuantía por la que se concede la autorización. El juez puede ordenar la constitución de una garantía para cubrir los daños que el embargo pueda causar.

                  El embargo se practica por mandato por parte de un agente judicial. Si una persona practica un embargo y posteriormente se descubre que lo ha practicado injustamente, puede exigírsele que pague los daños.

                  El procedimiento de solicitud de embargo acarrea una serie de costas, como por ejemplo: la tasa judicial (El enlace abre una nueva ventanahttp://www.rechtspraak.nl/), las costas incurridas por el nombramiento de un abogado (El enlace abre una nueva ventanahttp://www.advocatenorde.nl/) y las tasas de los agentes judiciales (El enlace abre una nueva ventanahttp://www.kbvg.nl/).

                  B. Consignación

                  El juez de distrito que conoce de las solicitudes de medidas provisionales ordena la consignación a petición de la parte que practica el embargo. Se oye a la parte embargada y a cualquier otra parte interesada, a no ser que circunstancias urgentes lo impidan. No cabe recurso contra la resolución. El juez puede ordenar la constitución de una garantía.

                  El juez de distrito que conoce de las solicitudes de medidas provisionales puede ordenar la consignación al margen del embargo.

                  El procedimiento para solicitar una consignación acarrea una serie de costas, como por ejemplo: la tasa judicial (El enlace abre una nueva ventanahttp://www.rechtspraak.nl/), las costas incurridas por el nombramiento de un abogado (El enlace abre una nueva ventanahttp://www.advocatenorde.nl/) y las tasas de los agentes judiciales.

                  C. Administración judicial

                  Por petición de la parte interesada, el juez de distrito que conoce de las solicitudes de medidas provisionales coloca los bienes en conflicto bajo administración. La medida no está relacionada con los posibles embargos que se puedan practicar o hayan practicado. Los embargos practicados no limitan los poderes del administrador. La medida puede incluir cualquier tipo de bien: bienes muebles e inmuebles y derechos de propiedad. La administración es especialmente importante para garantizar que un tercero siga gestionando los bienes de empresas, por ejemplo, mientras dura el proceso.

                  El procedimiento para solicitar la imposición de administración judicial acarrea una serie de costas, como por ejemplo: la tasa judicial (El enlace abre una nueva ventanahttp://www.rechtspraak.nl/), las costas incurridas por el nombramiento de un abogado (El enlace abre una nueva ventanahttp://www.advocatenorde.nl/) y la retribución del administrador.

                  D. Medidas provisionales

                  Los procedimientos provisionales no tienen por qué ir seguidos de procedimientos sobre el fondo y, si lo hacen, pueden llevarse a cabo de manera completamente independiente a ellos.

                  El juez de distrito que conoce de las solicitudes de medidas provisionales tiene competencia para acordarlas, cuando proceda, en todo tipo de asuntos. El juez cantonal también tiene competencia en los asuntos en los que debe resolver sobre el fondo. Además de la competencia territorial normal, el órgano jurisdiccional en cuyo ámbito de competencia debe adoptarse la medida tiene es competente. Toda orden o prohibición que pudiera solicitarse durante el proceso sobre el fondo puede solicitarse también en un procedimiento provisional. Las demandas pecuniarias pueden autorizarse en determinadas condiciones (véase el apartado 2.2.).

                  En los procesos relativos a medidas provisionales, el demandante debe contar con la asistencia de un abogado. El demandado puede contar con la asistencia de un abogado. En los procesos ante un juez cantonal, las partes pueden proceder sin abogado. La vista es oral e informal. La sentencia normalmente se emite a las pocas semanas. El juez puede declarar de oficio que la medida provisional sea provisionalmente ejecutable. «Provisional» significa que la resolución es jurídicamente revocable. La sentencia que resuelva sobre el fondo del asunto puede disponer un régimen diferente.

                  Este procedimiento acarrea las costas siguientes: la tasa judicial (El enlace abre una nueva ventanahttp://www.rechtspraak.nl/), la tasa del agente judicial (El enlace abre una nueva ventanahttp://www.kbvg.nl/) y las costas incurridas por el nombramiento de un abogado (El enlace abre una nueva ventanahttp://www.advocatenorde.nl/).

                  También pueden adoptarse medidas provisionales en los procesos sobre el fondo del asunto. Las medidas se aplican mientras dura el litigio. Las medidas provisionales que se soliciten deben guardar relación con la pretensión del proceso principal. Este procedimiento se utiliza poco.

                  En casos de divorcio, se pueden solicitan medidas provisionales mientras dure el proceso y algún tiempo después. Estas medidas se pueden referir, entre otras cosas, a: el domicilio conyugal, los bienes de uso diario, los hijos y la pensión compensatoria entre los cónyuges.

                  Estas medidas deben solicitarse mediante una petición separada, antes, durante e incluso tras el inicio del proceso de divorcio, y hasta el momento en que dejen de tener efecto. El juicio oral debe empezar, a más tardar, a las tres semanas de presentarse la demanda, y el juez se pronunciará lo antes posible.

                  Este procedimiento acarrea las costas siguientes: la tasa judicial (El enlace abre una nueva ventanahttp://www.rechtspraak.nl/) y las costas incurridas por el nombramiento de un abogado (El enlace abre una nueva ventanahttp://www.advocatenorde.nl/).

                  E. Ejecución provisional

                  En los procedimientos ordinarios, el órgano jurisdiccional puede declarar, a petición del demandante, su sentencia, o parte de ella, provisionalmente ejecutable, a no ser que la legislación o la naturaleza de la causa determinen otra cosa. Puede hacer que la ejecutividad provisional esté sujeta a la condición de constitución de una garantía. En procedimientos provisionales, el órgano jurisdiccional puede declarar la ejecutividad provisional de oficio. Lo mismo ocurre en los procedimientos de petición.

                  2.2 Condiciones principales

                  A. Embargo

                  La petición debe contener determinada información: la naturaleza del embargo que se ha de practicar y el derecho invocado por el peticionario, y, en el caso de una demanda pecuniaria, también la cuantía (máxima) de la misma. Además de esto, dependiendo del embargo que haya de practicarse, debe demostrarse si el temor de que se enajenen los bienes es fundado. No se requiere un interés urgente.

                  B. Consignación

                  En el caso de las solicitudes hechas por personas que practican un embargo, no se requiere urgencia. En los procedimientos provisionales, sin embargo, el demandante debe tener un interés urgente. No es preciso demostrar el temor de que se enajenen los bienes.

                  C. Administración judicial

                  La administración judicial como medida provisional debe tramitarse en un procedimiento provisional, de modo que el demandante debe tener un interés urgente. No es preciso demostrar el temor de que se enajenen los bienes.

                  D. Medidas provisionales

                  En procedimientos provisionales, el demandante debe tener un interés urgente, el órgano jurisdiccional valora los intereses de las partes y dicta mediante una resolución las medidas provisionales. No es preciso que el interés urgente del demandante radique en las circunstancias relacionadas con el demandado. La demanda puede ser impugnada o impugnable. En los procedimientos provisionales, se aplican requisitos más estrictos con respecto a la admisibilidad de las demandas pecuniarias. El interés urgente del demandante es objeto de controles adicionales, a la vez que se tendrá que tener en cuenta el riesgo de imposibilidad de reembolso —que podría conducir a la imposibilidad de la reparación— a la hora de valorar los intereses. Los procedimientos provisionales de cobro de deudas son posibles en todos los juzgados de distrito para créditos no impugnados o créditos que racionalmente no pueden impugnarse derivados de un acuerdo con respecto a bienes entregados o servicios prestados.

                  En las medidas provisionales de procedimientos de divorcio u otros procedimientos sobre el fondo, no se aplican requerimientos respecto a la impugnabilidad o urgencia del caso. El temor de que se enajenen los bienes también es irrelevante.

                  E. Ejecución provisional

                  No aplicable.

                  3 Objeto y naturaleza de estas medidas

                  El propósito de las medidas cautelares es mantener una situación de hecho o de derecho para la conservación de derechos (o de la futura reparación). El propósito de las medidas provisionales es crear una situación de hecho o de derecho anterior a la sentencia en los procedimientos sobre el fondo.

                  3.1 ¿Qué tipos de bienes pueden ser objeto de estas medidas?

                  A. Embargo

                  En principio, el embargo se puede practicar sobre todo tipo de bienes, con la excepción de los bienes destinados a servicios públicos y los bienes estipulados en los artículos 447, 448 y 712 del Código de Procedimiento Civil (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Una parte de los ingresos salariales y otros créditos para pagos periódicos no pueden ser objeto de embargo. El embargo también se puede practicar sobre un derecho limitado o sobre una parte de un activo. Las normas para el embargo de estos activos son aplicables en ese caso mutatis mutandis (artículo 707 del Código de Procedimiento Civil).

                  B. Consignación

                  Bienes muebles que no estén inscritos en registro alguno.

                  C. Administración judicial

                  Todos los bienes cuya titularidad esté en conflicto.

                  D. Medidas provisionales

                  Todos los tipos de bienes pueden ser objeto de un procedimiento provisional o de una solicitud de medidas provisionales en un procedimiento sobre el fondo.

                  E. Ejecución provisional

                  No aplicable.

                  3.2 ¿Qué efectos surten estas medidas?

                  A. Embargo

                  La consecuencia del embargo es que los activos embargados quedan trabados jurídicamente. La parte embargada ya no puede vender, donar, gravar o arrendar los bienes, etc. Esta incapacidad de disponer de los bienes es relativa: tiene efecto solo en relación con la persona que practique un embargo. En el caso de embargo de bienes de terceros, el embargado también debe abstenerse de hacer cualquier otro pago o de transferir bienes. Sin embargo, los terceros adquirientes de buena fe están protegidos en determinadas condiciones. En caso de embargo de bienes de terceros, el embargado está obligado a declarar qué custodia en nombre de la parte embargada. La enajenación de bienes embargados es un hecho punible.

                  B. Consignación

                  La enajenación de bienes consignados es un hecho punible.

                  C. Administración judicial

                  La administración de los bienes se transfiere al administrador.

                  D. Medidas provisionales

                  A menudo se exige el cumplimiento mediante una multa coercitiva.

                  3.3 ¿Qué validez tienen estas medidas?

                  A. Embargo

                  Al autorizar un embargo, el órgano jurisdiccional siempre debe especificar el plazo dentro del cual se debe presentar el escrito de demanda de la acción principal. Si no hay ninguna acción principal pendiente, el órgano jurisdiccional especifica un plazo en la autorización de embargo, que ha de ser de al menos ocho días a partir del embargo, dentro del cual se debe interponer la acción principal. Solo se pueden considerar como acción principal aquellos procedimientos destinados a obtener una orden de ejecución para el pago de la demanda, para el cual se practicó el embargo como garantía. Mientras tanto, el órgano jurisdiccional puede levantar el embargo por petición de la persona cuyos bienes han sufrido el embargo o por petición de otra parte interesada. Si se supera el plazo fijado por el órgano jurisdiccional, el embargo expira.

                  El embargo será ejecutorio en cuanto la persona que practica el embargo haya obtenido una orden de ejecución ejecutable y dicha orden haya sido notificada a la parte embargada (y en el caso de embargo de terceros, también al tercero).

                  Si se desestima la pretensión de la acción principal de manera irrevocable, el embargo expira. El embargo se puede levantar por petición de la parte embargada.

                  B. Consignación

                  El juez que conoce de las solicitudes de medidas provisionales puede levantar la consignación a petición de cada una de las partes interesadas del procedimiento provisional. El juez determina, si es preciso, a qué parte debe entregar los bienes el custodio. El levantamiento del embargo en el que se basa la consignación resulta en el levantamiento de la consignación. El custodio entrega los bienes a la parte embargada. El custodio transfiere los bienes a esta persona una vez se ha determinado, mediante una sentencia firme o provisionalmente ejecutable, qué parte tiene derecho a los bienes.

                  C. Administración judicial

                  Si la demanda de la acción principal todavía no se ha presentado ante el órgano jurisdiccional, debe presentarse dentro de un plazo que debe fijar el mismo. Si se supera este plazo, la administración termina.

                  El administrador transfiere los bienes a esta persona una vez se ha determinado, mediante una sentencia firme o provisionalmente ejecutable, qué parte tiene derecho a los bienes. La administración se levanta mediante una decisión conjunta de las partes o, a petición de una de ellas, por parte del juez que conoce de las solicitudes de medidas provisionales.

                  D. Medidas provisionales

                  Las medidas provisionales se aplican hasta que el órgano jurisdiccional ha dictado una resolución sobre el fondo del asunto.

                  El juez que conoce de los procedimientos provisionales también puede limitar el período de validez de las medidas o hacer que estas estén sujetas a la condición de que se incoen procesos sobre el fondo dentro de un plazo determinado. Los requerimientos provisionales dictados en procesos sobre el fondo también terminan si la el asunto termina antes de tiempo.

                  En los procedimientos de divorcio los requerimientos provisionales pueden seguir vigentes durante algún tiempo después del divorcio. También pueden modificarse o retirarse. Los requerimientos provisionales dictados antes del inicio del procedimiento de divorcio expiran si no se presenta la demanda de divorcio a las cuatro semanas de la resolución que otorgó esos requerimientos.

                  E. Ejecución provisional

                  El tribunal de apelación puede suspender la ejecución. La suspensión también se puede obtener mediante un procedimiento de ejecución.

                  4 ¿Existe la posibilidad de interponer un recurso contra estas medidas?

                  Normas generales

                  Se puede interponer un escrito de oposición, un recurso o un recurso de casación contra una sentencia.

                  La parte declarada en rebeldía puede presentar un escrito de oposición en un plazo de cuatro semanas (la fecha a partir de la cual se computa varía) ante el órgano jurisdiccional que dictó la sentencia en rebeldía.

                  La parte perdedora puede interponer recurso (cuando la cuantía sea superior a 1 750 EUR) ante el tribunal de apelación en un plazo de tres meses desde la fecha de pronunciamiento de la sentencia.

                  La parte perdedora puede interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo de los Países Bajos (Hoge Raad der Nederlanden) en un plazo de tres meses desde la fecha de pronunciamiento de la sentencia tanto en la primera o la más alta instancia, como en apelación.

                  Es posible interponer recurso ante el tribunal de apelación y recurso de casación ante el Tribunal Supremo de los Países Bajos contra una orden.

                  El demandante y las partes interesadas que comparecieron en el procedimiento pueden interponer recurso en un plazo de tres meses desde la fecha de pronunciamiento de la sentencia, o, en el caso de otras partes interesadas, en un plazo de tres meses desde que se les notificó la resolución judicial.

                  Pueden interponer recurso de casación las partes que comparecieron ante uno de los tribunales anteriores en un plazo de tres meses desde la fecha de pronunciamiento de la sentencia.

                  Estos recursos jurídicos supondrán la suspensión de la ejecución, a no ser que la sentencia fuera declarada provisionalmente ejecutable.

                  A. Embargo

                  No cabe recurso superior contra la autorización de practicar un embargo (artículo 700, apartado 2, del Código de Procedimiento Civil). La persona que practica el embargo puede interponer un recurso y luego un recurso de casación contra la resolución que desestime la demanda.

                  B. Consignación

                  Si se ha ordenado la consignación a petición de la persona que practica el embargo, no cabe recurso superior contra la orden.

                  El demandante puede interponer un recurso y luego un recurso de casación contra la desestimación de la demanda.

                  Se puede interponer un escrito de oposición, un recurso o un recurso de casación contra una orden judicial provisional.

                  C. Administración judicial

                  Se puede interponer un escrito de oposición, un recurso o un recurso de casación contra la imposición de un régimen de administración judicial.

                  D. Medidas provisionales

                  Se puede interponer un escrito de oposición, un recurso o un recurso de casación contra requerimientos provisionales otorgados en procedimientos provisionales o en procedimientos sobre el fondo. No se permite recurso o recurso de casación contra los requerimientos provisionales otorgados en procedimientos de divorcio.

                  E. Ejecución provisional

                  Si una sentencia no se ha declarado provisionalmente ejecutable, dicha declaración puede obtenerse en el recurso o recurso de casación o a través del procedimiento de ejecución. Si una sentencia se declara provisionalmente ejecutable, el tribunal de apelación puede suspender la ejecución. Esto no es posible en virtud de un recurso de casación. La suspensión también se puede obtener mediante un procedimiento de ejecución.


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                  Última actualización: 12/09/2018

                  Medidas provisionales y cautelares - Polonia

                  Nota: la versión original de esta página polaco se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.


                  1 ¿Cuáles son los distintos tipos de medidas

                  El tipo de medida depende de la naturaleza de la demanda que se ha de asegurar. En virtud del artículo 747 del Código de Procedimiento Civil (kodeks postępowania cywilnego), las demandas pecuniarias se aseguran a través de:

                  • el embargo de bienes muebles, salarios, cuentas en bancos u otras entidades de crédito, o cualquier otro derecho de propiedad;
                  • el gravamen de bienes inmuebles del demandando con una hipoteca obligatoria;
                  • la prohibición de enajenar o gravar bienes inmuebles que no estén inscritos en el Registro de la Propiedad o cuyo asiento de inscripción en dicho Registro de la propiedad se haya perdido o destruido;
                  • el gravamen de buques o buques en construcción con una hipoteca naval;
                  • la prohibición de enajenar el derecho de uso de una vivienda de una cooperativa de viviendas;
                  • la administración judicial de una empresa o explotación agrícola del demandado o un establecimiento que forme parte de una empresa o de una parte de este, o una parte de una explotación agrícola del demandado.

                  En los litigios pecuniarios, el órgano jurisdiccional puede adoptar la medida provisional que considere adecuada en el caso concreto, sin excluir las medidas provisionales propias de los litigios pecuniarios (artículo 755 del Código de Procedimiento Civil). En particular, el órgano jurisdiccional podrá:

                  • normalizar los derechos y obligaciones de las partes u otros participantes en el proceso mientras duren tal proceso;
                  • prohibir la enajenación de los bienes o derechos objeto del proceso;
                  • suspender los procedimientos de ejecución u otros procedimientos encaminados al cumplimiento de la sentencia;
                  • regular las cuestiones relacionadas con la custodia de los hijos (menores) y el contacto con ellos;
                  • decretar la inscripción de una anotación preventiva en el Registro de la Propiedad inmobiliaria o cualquier otro registro pertinente.

                  Los intereses de las partes o los participantes en el proceso deberán tenerse en consideración cuando se seleccione el tipo de medida provisional, con el fin de asegurar una protección jurídica adecuada para la parte actora y no sobrecargar en exceso a la parte demandada.

                  2 ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas?

                  2.1 Procedimiento

                  Los procedimientos de adopción de medidas provisionales se instruyen:

                  • A instancia de una parte o un participante en el proceso, por parte del órgano jurisdiccional competente para conocer del asunto en primera instancia. Si no se puede determinar dicho órgano jurisdiccional, será competente aquel del lugar donde se va a ejecutar medida provisional o, de no darse esta circunstancia o si la medida provisional se fuese a ejecutar en la jurisdicción de órganos jurisdiccionales diferentes, será el tribunal distrito (sąd rejonowy) de Varsovia capital. El propio órgano jurisdiccional que sea competente para conocer de la instancia lo será también para resolver sobre las solicitudes de medidas provisionales, salvo cuando dicho órgano sea el Tribunal Supremo (Sąd Najwyższy). En tales casos, el órgano jurisdiccional de la primera instancia decidirá si se debe adoptar la medida provisional (artículo 734 del Código de Procedimiento Civil).
                  • De oficio en los casos en que el proceso se pueda incoar de oficio (artículo 732 del Código de Procedimiento Civil).

                  Las solicitudes de medidas provisionales se presentan por escrito. Las solicitudes deberán cumplir los requisitos de las alegaciones y especificar el tipo de medida provisional pretendida y, en el caso de tratarse de una demanda pecuniaria, también la cuantía objeto de la medida (que no podrá exceder el importe de la demanda presentada, calculada junto con los intereses a contar desde la fecha en que se dicte medida provisional, además de los costes de ejecución de la medida, y también puede incluir las costas previstas del proceso), así como detallar las circunstancias que justifiquen la solicitud. Cuando se presente la solicitud antes de la incoación del proceso, también se deberá describir brevemente el objeto del litigio (artículo 736 del Código de Procedimiento Civil).

                  Se pueden imponer medidas provisionales en cualquier momento del procedimiento, así como antes de que se inicie el mismo. Cuando la parte actora haya obtenido un título ejecutivo, solo se podrán dictar medidas provisionales encaminadas a asegurar una obligación que no haya vencido aún (artículo 736, apartado 2, del Código de Procedimiento Civil).

                  Cuando se dicta una medida provisional antes de que se incoe el proceso, el órgano jurisdiccional establecerá el plazo en el que se deberá presentar la demanda que dé comienzo al proceso, so pena de cancelación de la medida provisional (artículo 733 del Código de Procedimiento Civil).

                  Las solicitudes de medidas provisionales se deberán tramitar sin dilaciones indebidas, en el plazo de una semana desde la fecha en la que se presentaron ante el órgano jurisdiccional, a menos que existan disposiciones especiales en sentido contrario. Si un acto jurídico dispone que las solicitudes se tramiten durante la vista, dicha vista deberá señalarse en el plazo de un mes desde la fecha en la que se presentó la solicitud (artículo 733 del Código de Procedimiento Civil).

                  Las medidas provisionales se adoptan mediante resolución judicial.

                  2.2 Condiciones principales

                  Se pueden solicitar medidas provisionales en todos los asuntos civiles de los que conocen la jurisdicción ordinaria o los tribunales de arbitraje (artículo 730 del Código de Procedimiento Civil).

                  Los requisitos para imponer una medida provisional son los siguientes: la demanda y el interés legítimo en que se imponga aquella deberán estar motivados. Existe dicho interés legítimo si, de no adoptar la medida provisional, será imposible o muy difícil ejecutar la futura sentencia o, alternativamente, será imposible o muy difícil conseguir el propósito del proceso (artículo 7301del Código de Procedimiento Civil).

                  El objeto de una medida provisional no puede ser el de satisfacer una demanda, a menos que una norma estipule lo contrario (artículo 731 del Código de Procedimiento Civil).

                  El órgano jurisdiccional podrá condicionar la aplicación de la resolución por la que se adopte una medida provisional a la prestación de un depósito por parte de la parte actora, salvo que la parte demandada sea la Hacienda Pública o que la medida provisional se dicte en relación con demandas de manutención, pensiones de invalidez o importes debidos a un empleado en materia de Derecho laboral en una parte que no excedan un salario mensual completo del empleado (artículo 739 del Código de Procedimiento Civil).

                  3 Objeto y naturaleza de estas medidas

                  3.1 ¿Qué tipos de bienes pueden ser objeto de estas medidas?

                  Se pueden dictar medidas provisionales sobre:

                  • bienes muebles;
                  • salarios;
                  • cuentas en bancos u otras entidades de crédito, o cualquier otro derecho de propiedad;
                  • bienes inmuebles;
                  • buques o buques en construcción;
                  • derechos de uso de una vivienda de una cooperativa de viviendas;
                  • una empresa o explotación agrícola, un establecimiento que forme parte de una empresa o una parte de la misma, o una parte de una explotación agrícola.

                  No se pueden dictar medidas provisionales sobre bienes, deudas o derechos exentos por ley de ejecución. Los bienes perecederos podrán servir como garantía si la parte demandada no tiene otros bienes con los que asegurar la pretensión de la parte demandante y los bienes se pueden vender rápidamente.

                  3.2 ¿Qué efectos surten estas medidas?

                  El objetivo principal de los procedimientos de adopción de medidas provisionales es asegurar que la parte actora (frecuentemente un acreedor) quede protegida contra los posibles efectos adversos de la demora en la resolución sobre el fondo del asunto y mejorar la situación de la parte actora en los procedimientos de ejecución cuando cuente con un título ejecutivo. Hasta cierto punto, la medida provisional podrá permitir a la parte actora recibir pagos en efectivo.

                  Asimismo, la medida provisional podrá ser una respuesta a las acciones de la parte demandada cuando vayan en detrimento de los intereses legítimos de la parte actora.

                  Los efectos de las medidas provisionales para la parte demandada difieren dependiendo del tipo de medida de que se trate, y podrán ser los siguientes:

                  • una vez se embargan bienes muebles, los actos de disposición de dichos bienes que se hagan a posteriori no tendrán efectos ante los tribunales y se podrán emprender procedimientos de ejecución en relación con dichos bienes contra quien los adquiriese;
                  • si se embarga la cuenta bancaria de una empresa o de un propietario de una explotación agrícola, la parte deudora solo podrá disponer de los importes especificados por el órgano jurisdiccional para el pago de salarios vencidos, el impuesto sobre la renta de las personas físicas y otros importes establecidos por ley, así como gastos los generales;
                  • se podrá hacer un uso limitado de otras deudas y derechos de propiedad embargados (el órgano jurisdiccional determinará el modo de uso);
                  • un agente judicial venderá todos los bienes embargados junto con los derechos de los instrumentos financieros registrados en una cuenta de valores u otra cuenta de conformidad con la normativa sobre operaciones con instrumentos financieros, y el importe obtenido se depositará en la cuenta de depósitos del órgano jurisdiccional;
                  • se prohíbe la enajenación o gravamen de bienes inmuebles y el derecho de uso de una vivienda de una cooperativa de viviendas;
                  • se grava con una hipoteca naval un buque o buque en construcción;
                  • se priva a la parte demandada de los derechos de administración y se establece una administración judicial, sirviendo los ingresos de tal administración judicial como garantía;
                  • en asuntos relativos a alimentos, la parte demandada debe pagar una suma concreta a la parte actora bien de forma puntual bien de forma periódica.

                  3.3 ¿Qué validez tienen estas medidas?

                  La parte demandada podrá pedir en cualquier momento que la resolución jurídicamente vinculante por la que se impone una medida provisional sea cancelada o modificada si el motivo que la fundamenta deja de existir o cambia (artículo 742 del Código de Procedimiento Civil).

                  Los siguientes supuestos son motivo de cancelación de las medidas provisionales:

                  • la parte demandada deposita en garantía en la cuenta de depósitos del órgano jurisdiccional el importe solicitado por la parte actora en la solicitud de medida provisional;
                  • se desestima la demanda o la pretensión;
                  • no se admite a trámite la demanda o se archiva el procedimiento;
                  • la parte actora no demanda la totalidad de la pretensión en el proceso o solicita otras pretensiones distintas de aquellas para las que se dictaron medidas provisionales antes de que se incoase el proceso;
                  • una sentencia que estima el fondo de una demanda garantizada con una medida provisional devenga firme (la medida provisional se cancela un mes después de que la sentencia devenga firme);
                  • la parte actora no solicita otras medidas de ejecución en el plazo de dos semanas desde que la sentencia que estima el fondo de la demanda deviene firme en los casos en que la medida provisional se constituyó mediante el embargo de bienes muebles, salarios, cuentas en bancos u otras entidades de crédito, cualquier otro derecho de propiedad o mediante el establecimiento de administración judicial sobre la empresa o la explotación agrícola de la parte demandada o un establecimiento que forme parte de una empresa o una parte de la misma, o una parte de una explotación agrícola de la parte demandada.

                  4 ¿Existe la posibilidad de interponer un recurso contra estas medidas?

                  Tanto la parte actora como la parte demandada podrán recurrir la decisión del órgano jurisdiccional de la primera instancia con respecto a la medida provisional (artículo 741 del Código de Procedimiento Civil).


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                  Última actualización: 08/01/2018

                  Medidas provisionales y cautelares - Rumania


                  1 ¿Cuáles son los distintos tipos de medidas?

                  Los diferentes tipos de medidas cautelares incluyen la intervención cautelar y judicial y el embargo cautelar. Las medidas cautelares incluyen el embargo procesal y la prohibición de disponer que los órganos jurisdiccionales ordenan sobre los activos del deudor con el fin de impedir que la parte demandada destruya, enajene o grave los bienes afectados.

                  La intervención cautelar consiste en el embargo de los activos localizables del deudor con el fin de conservarlos hasta que el acreedor obtenga una orden de ejecución. El Código de Procedimiento Civil contiene una serie de disposiciones especiales en relación con el procedimiento para la ejecución de la intervención cautelar de buques mercantes.

                  La intervención judicial consiste en el embargo de bienes, que se confían a un agente de embargos para que los custodie.

                  La intervención judicial puede aplicarse siempre que se haya iniciado un proceso en relación con un derecho de propiedad o de algún otro derecho real superior, en relación con la propiedad de bienes inmuebles o en relación con el uso y la gestión compartida de bienes. Solo los órganos jurisdiccionales tienen competencia para aprobar la intervención judicial de un bien.

                  El embargo cautelar se puede aplicar a fondos, depósitos u otros activos muebles intangibles localizables que una tercera persona debe al deudor.

                  El embargo ejecutivo es una forma de ejecución indirecta mediante la cual se recuperan los fondos, depósitos u otros activos muebles intangibles localizables.

                  Algunas sentencias de los juzgados de primera instancia son provisionalmente ejecutables desde el punto de vista legal cuando su objetivo es establecer el ejercicio de la patria potestad, el derecho a tener una relación personal con el menor y la residencia de este; la retribución, la prestación por desempleo; la indemnización por accidente de trabajo; las rentas, las obligaciones de alimentos; la asignación por hijo y las pensiones; la indemnización por fallecimiento o lesión corporal o daños a la salud; las reparaciones urgentes; el precinto, el desprecinto o el inventariado; las demandas relacionadas con la posesión; las sentencias dictadas en virtud del allanamiento del demandado, etc. Estas sentencias serán provisionalmente ejecutables.

                  El órgano jurisdiccional puede dictar la ejecución provisional de las sentencias relacionadas con activos.

                  En cuanto a la práctica de pruebas, cualquier persona que esté interesada en establecer, con carácter de urgencia, el testimonio de una persona, el dictamen de un perito o la condición de determinados activos o en que se le reconozca un alegato, un hecho o un derecho, estará autorizada a solicitar, tanto antes como durante el juicio, la práctica de estas pruebas.

                  2 ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas?

                  2.1 Procedimiento

                  En cuanto a la intervención y el embargo cautelares, es preciso contar con una resolución para trabar los bienes identificables o importes del deudor. Solo pueden dictar estas órdenes el juez de primera instancia con competencia para conocer del asunto (intervención judicial, embargo cautelar), el juez de primera instancia que conozca del caso o el juez en la jurisdicción donde se encuentren los bienes (intervención judicial). En estos procedimientos especiales no se precisa la asistencia de un abogado. Un agente judicial se encargará de ejecutar las sentencias relacionadas con la intervención cautelar y el embargo cautelar. El agente de embargos puede preparar todos los documentos para la conservación y administración, recibir cualquier ingreso y cantidad que se deba y pagar las deudas existentes y las deudas establecidas con arreglo a una orden de ejecución. En un principio, las costas solo se extienden a los derechos de timbre judiciales, que, de conformidad con el artículo 11, apartado 1, letra b), del Decreto de Urgencia del Gobierno n.º 80, de 26 de junio de 2013, sobre los derechos de timbre judiciales, ascienden a 100 RON para demandas relacionadas con medidas cautelares y a 1 000 RON para demandas relacionadas con el embargo de buques y aeronaves. Se puede obligar al acreedor a depositar en garantía la cuantía fijada por el órgano jurisdiccional. Si el acreedor no indica por escrito su petición, el depósito se fija por ley en la mitad de la cuantía reclamada.

                  Se encarga de aplicar el embargo ejecutorio, a instancia del acreedor, un agente judicial cuya oficina se encuentre dentro de la jurisdicción del tribunal de apelación donde el deudor o la tercera parte sujetos al embargo ejecutorio tienen su domicilio, o, en el caso de cuentas bancarias, un agente judicial del lugar donde el deudor tiene su domicilio/domicilio social o del lugar donde la entidad de crédito tiene su oficina central/filial.

                  En cuanto a la ejecución provisional, la petición puede presentarse ante el órgano jurisdiccional por escrito u oralmente en juicio hasta la conclusión del mismo. El órgano jurisdiccional puede aceptar la ejecución provisional de requerimientos aplicables a bienes siempre que considere que la medida es necesaria en relación con los fundamentos jurídicos o con el manifiesto estado de insolvencia del deudor, y cuando estime que no aplicar una orden de este tipo perjudicaría claramente al acreedor. En estos casos, el órgano jurisdiccional puede obligar al acreedor a depositar una suma en garantía.

                  En cuanto a la práctica de pruebas, la solicitud debe dirigirse, antes del inicio del proceso, al juez de primera instancia de la jurisdicción donde se encuentra el testigo o el objeto del hallazgo y, durante el proceso, al órgano jurisdiccional que conozca del asunto en primera instancia. La parte establece en su petición las pruebas y los hechos que intenta demostrar, así como la justificación de la necesidad de practicar estas pruebas o de contar con el consentimiento de la parte contraria.

                  2.2 Condiciones principales

                  En cuanto a la intervención y el embargo cautelares, solo se pueden adoptar en relación con asuntos en curso. En el caso de la intervención judicial, se puede dictar un requerimiento aun cuando no se haya incoado el proceso. Un acreedor que no cuente con una orden de ejecución puede solicitar la ejecución de la intervención o el embargo cautelares si demuestra que ha presentado una demanda.

                  En causas urgentes, se puede formular una solicitud de intervención cautelar de un buque incluso antes de iniciar un proceso sobre el fondo del asunto.

                  Un órgano jurisdiccional puede aceptar la solicitud de intervención judicial o embargo cautelar si la medida resulta necesaria para preservar el derecho correspondiente y existe un asunto en curso en relación con la propiedad u otro derecho real superior, la posesión de los activos o el uso y la administración de la bienes de propiedad conjunta.

                  La intervención judicial se puede aprobar, incluso a falta de un procedimiento judicial sobre el fondo relativo a un activo que el deudor ofrece para su liberación, con el fin de trabar un bien con respecto al cual la parte afectada tiene motivos fundados para temer que el propietario lo puede eliminar, destruir o alterar. En cuanto a los activos muebles que representan la garantía del acreedor, la intervención judicial se puede aprobar cuando el acreedor declara la insolvencia de su deudor o cuando el acreedor tiene motivos para sospechar que el deudor eludirá la ejecución o para temer la eliminación o el deterioro de los bienes.

                  Los órganos jurisdiccionales dictan la resolución con respecto a la solicitud de una intervención cautelar o embargo cautelar con carácter urgente y a puerta cerrada, sin citar a las partes, con arreglo a una resolución ejecutable que fija, si procede, el valor de la fianza y el plazo para pagarla. Las solicitudes de intervención judicial se deben tratar con carácter de urgencia, citando a las partes. En el caso de que se conceda, el órgano jurisdiccional puede obligar al demandante a depositar una suma en garantía, que, en el caso de bienes inmuebles, se anotará en el Registro de la Propiedad.

                  No hay requisitos en cuanto a la urgencia de la solicitud, pero el acreedor tiene la posibilidad de demostrar que la orden no podrá ejecutarse a causa de la enajenación o la destrucción por parte del deudor del bien afectado, en el caso de la intervención cautelar y del embargo cautelar, aunque la demanda no sea pagadera.

                  El embargo ejecutorio se establece sin previo aviso, con arreglo a una resolución que reconoce la ejecución, mediante una nota que indica la orden de ejecución, que se ha de enviar a la tercera persona, junto con dicha resolución. También se informa al deudor sobre el requerimiento. La orden judicial de embargo informa a la tercera persona, que pasa a ser una tercera persona embargada, de que tiene prohibido pagar al deudor la suma o bienes muebles que debe o deberá, indicando que esta parte está sujeta al embargo en la medida en que es necesario cumplir la obligación impuesta.

                  En cuanto a la práctica de pruebas, el requisito es que debería haber un riesgo de que las pruebas pudieran desaparecer o fueran difíciles de hallar en el futuro. Si la parte contraria da su consentimiento, la solicitud puede presentarse aun a falta de urgencia. El órgano jurisdiccional emplazará a las partes y entregará una copia de la solicitud a la parte contraria. Se dará curso a la solicitud a puerta cerrada dictando finalmente una resolución. Cuando no exista riesgo de demora, el órgano jurisdiccional puede admitir la solicitud de emplazar a las partes.

                  3 Objeto y naturaleza de estas medidas

                  3.1 ¿Qué tipos de bienes pueden ser objeto de estas medidas?

                  Las cuentas bancarias, los activos intangibles, los depósitos, etc., pueden ser objeto de un embargo cautelar.

                  Los bienes muebles tangibles, los vehículos matriculados, los bienes inmuebles, etc., pueden ser objeto de un embargo cautelar.

                  Los bienes inmuebles, los bienes muebles, etc., puede ser objeto de una intervención judicial.

                  Los fondos, los depósitos u otros bienes muebles intangibles pueden ser objeto de embargo ejecutorio.

                  3.2 ¿Qué efectos surten estas medidas?

                  En cuanto a la intervención y el embargo cautelares, los bienes intervenidos solo se podrán recuperar una vez el acreedor haya obtenido una orden de ejecución.

                  Los requerimientos de embargo cautelar de buques se aplican mediante la retención del buque por parte de la capitanía del puerto donde se encuentre la embarcación. En este caso, la capitanía no entregará los documentos de embarque y no permitirá que el buque abandone el puerto.

                  Se impone una multa a modo de sanción solo cuando el demandante consigue una medida cautelar de mala fe que es perjudicial para el demandado. En virtud del Derecho penal, el demandado/deudor puede ser objeto de sanción por el incumplimiento de las sentencias judiciales.

                  Si el deudor aporta una garantía suficiente, el órgano jurisdiccional puede desestimar el requerimiento de intervención cautelar a petición del deudor. La petición para la liberación de activos se tramita a puerta cerrada, con carácter de urgencia. A las partes se las cita con poca antelación mediante una resolución.

                  De la misma forma, si la petición principal subyacente a la solicitud de una medida cautelar se ha anulado, desestimado o ha quedado obsoleta mediante una sentencia firme o si la persona que presentó la petición renunció a su pretensión, el deudor puede solicitar la liberación de los activos al órgano jurisdiccional que dictó el requerimiento. El órgano jurisdiccional dicta una sentencia firme con respecto a la solicitud, sin citar a las partes.

                  En cuanto al embargo ejecutorio, todos los fondos y activos objeto de embargo quedan trabados desde el día en que se envía el requerimiento de embargo a la tercera parte objeto de embargo. Desde el momento del embargo hasta el pago íntegro de las obligaciones indicadas en la orden de ejecución, la tercera parte objeto de embargo no hará ningún pago o realizará ninguna operación que puedan reducir los bienes trabados. Cuando la demanda esté asegurada con una hipoteca u otro tipo de garantía real, el acreedor que practica el embargo tendrá derecho a solicitar que el embargo conste en el Registro de la Propiedad o en otros registros públicos.

                  3.3 ¿Qué validez tienen estas medidas?

                  En cuanto a la intervención y el embargo cautelares, se pueden fijar, con arreglo a una resolución judicial, plazos que no cubran el período del requerimiento ordenado por el órgano jurisdiccional (por ejemplo, el plazo para que el acreedor deposite una suma en garantía sujeto a sanción de liberación de activos).

                  El requerimiento es válido hasta que se dicte la resolución sobre la solicitud de liberación de activos en caso de que dicha solicitud se haya desestimado, haya quedado obsoleta o no se haya tomado en consideración, o bien, en caso de que se admita la solicitud, hasta la ejecución de la sentencia o hasta que el deudor haya ofrecido garantías suficientes.

                  Para resolver los recursos siempre se cita a las partes.

                  En cuanto al embargo ejecutorio, todos los fondos y activos objeto de embargo quedan trabados desde el día en que se envía el requerimiento de embargo a la tercera parte embargada. Desde el momento del embargo hasta el pago íntegro de las obligaciones indicadas en la orden de ejecución, incluido el período de suspensión de la ejecución mediante embargo, la tercera parte objeto de embargo no hará ningún pago o realizará ninguna operación que pueda reducir los bienes trabados, a no ser que la ley especifique otra cosa.

                  Una tercera parte sujeta a embargo debe presentar la suma de dinero o liberar los bienes muebles intangibles embargados dentro de un plazo de cinco días desde la notificación del embargo o desde la fecha de vencimiento de las sumas adeudadas en el futuro. El agente judicial liberará o asignará la suma de dinero consignada.

                  Si una tercera parte sujeta a embargo no cumple sus obligaciones, el acreedor, el deudor o el agente judicial pueden comunicarlo al órgano jurisdiccional que conozca de la ejecución con el fin de realizar el embargo. Si las pruebas practicadas demuestran que la tercera parte sujeta a embargo debe dinero al deudor, el órgano jurisdiccional dictará una resolución para realizar el embargo, obligando a la tercera parte sujeta a embargo a pagar al acreedor la cantidad adeudada al deudor y, si no, resuelve rechazar el embargo. Si el embargo se ha ejecutado sobre bienes muebles intangibles que, en el momento de la ejecución, eran propiedad de la tercera parte sujeta a embargo, el órgano jurisdiccional los liquidará.

                  En cuanto a la práctica de pruebas, las pruebas aportadas se examinan durante el juicio al determinar su admisibilidad y su valor. Todas las partes pueden servirse de todas las pruebas al margen de que solicitasen su práctica o no. El órgano jurisdiccional que conoce del fondo del asunto registra los gastos incurridos en la práctica de las pruebas.

                  4 ¿Existe la posibilidad de interponer un recurso contra estas medidas?

                  En el caso de la intervención y el embargo cautelares, la resolución que las adopta tan solo se puede recurrir ante el tribunal jerárquicamente superior en un plazo de cinco días desde que se dicten o se notifiquen, dependiendo de si se emplazó o no a las partes al juicio. Si la competencia para conocer en primera instancia pertenece a un tribunal de apelación, el recurso será de apelación. El sentido de estos recursos es bien la liberación de los bienes, bien el mantenimiento de la medida cautelar. Cualquier parte interesada puede formular una objeción contra la ejecución de la intervención o el requerimiento de embargo.

                  Para el embargo ejecutorio, la resolución dictada con respecto a la validación del embargo tan solo puede recurrirse en los cinco días siguientes a la notificación. La resolución definitiva relativa a la validación tiene los efectos de una estimación de demanda y cuenta como una orden de ejecución contra un tercero susceptible de ser embargado con el límite de las cantidades por la que se acordó la validación. Tras la validación del embargo, el tercero susceptible de ser embargado procede al registro o al pago dentro de los límites de la cantidad indicada explícitamente en la resolución relativa a la validación.

                  En el caso de la ejecución provisional, puede estar sujeta a recurso si el juez de primera instancia desestimó la petición. La suspensión de la ejecución provisional puede solicitarse mediante el recurso interpuesto o separadamente a través de un recurso de apelación. Hasta que no se haya resuelto la petición de suspensión, se puede admitir la ejecución de manera provisional mediante orden judicial incluso antes de la llegada del archivo del asunto.

                  En cuanto a la práctica de pruebas, la resolución por la que se admite la solicitud de práctica de pruebas es plenamente aplicable y no está sujeta a ningún tipo de recurso. Una resolución que desestime la solicitud tan solo se puede recurrir en un plazo de cinco días desde la fecha de la resolución, si se ha citado a las partes, y desde la fecha de notificación, si no se ha citado a las partes.

                  Las pruebas tan solo se pueden práctica tan pronto se pueda o dentro del plazo fijado a ese respecto. La práctica de las pruebas se determina en una resolución que no está sujeta a ningún tipo de recurso.


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                  Última actualización: 05/01/2018

                  Medidas provisionales y cautelares - Eslovaquia


                  1 ¿Cuáles son los distintos tipos de medidas

                  La legislación eslovaca reconoce los conceptos de «medidas urgentes», «medidas cautelares» y «protección de pruebas». Las disposiciones correspondientes se encuentran en los artículos 324 y ss. de la Ley 160/2015 (Código de procedimientos contenciosos civiles) y, para los procedimientos especiales, en los artículos 360 y ss. de la Ley 161/2015 (Código de procedimientos no contenciosos civiles).

                  Como medida cautelar, un órgano jurisdiccional puede imponer una garantía sobre las propiedades, los derechos u otros bienes del deudor, con el fin de asegurar la demanda pecuniaria del acreedor, cuando se tema que su ejecución podría verse dificultada.

                  Un órgano jurisdiccional puede ordenar una medida urgente cuando las circunstancias requieran una regulación inmediata o cuando se tema que la ejecución podría verse dificultada, siempre y cuando el objetivo perseguido no pueda lograrse mediante una medida cautelar. La adopción de esta decisión puede servir además de garantía para la efectiva ejecución de una futura sentencia.

                  El concepto de protección de pruebas posibilita la protección de las pruebas (ya sean de un testigo, de un experto o de otro tipo) antes del procedimiento, previa presentación de una solicitud (no a instancia del órgano jurisdiccional). Es de esperar que dicha solicitud la presente una persona que esté facultada para solicitar el inicio de un procedimiento en el cual podrían usarse los resultados de esta protección de pruebas.

                  2 ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas?

                  2.1 Procedimiento

                  Todo órgano jurisdiccional de distrito con competencia para conocer de un caso es competente para ordenar una medida urgente o cautelar.

                  Un órgano jurisdiccional ordena una medida urgente o cautelar tras la presentación de una solicitud. Si la medida urgente o cautelar se inscribe en procedimientos que han sido iniciados de oficio por un órgano jurisdiccional, no será necesaria la presentación de una solicitd.

                  La ley no contempla la obligatoriedad de la representación legal.

                  La ley correspondiente establece una tasa judicial de 33 EUR para la solicitud de una medida o de su extinción.

                  No se establece ninguna tasa para la protección de pruebas. El Estado paga los costes de las pruebas que no han sido cubiertos por adelantado. Sin embargo, el órgano jurisdiccional puede ordenar a una parte que no cumpla los requisitos para la exención de las tasas judiciales que deposite un anticipo de los costes de las pruebas, sin perder por ello el derecho a su reembolso.

                  En este caso, la ley tampoco exige la obligatoriedad de representación legal.

                  Este procedimiento de protección de pruebas es aplicable tanto a los procedimientos contenciosos como a los no contenciosos.

                  2.2 Condiciones principales

                  Todo órgano jurisdiccional puede ordenar medidas urgentes antes, durante y después de los procedimientos. Por lo que respecta a las medidas cautelares, el derecho de garantía se inscribe mediante la adopción de la orden de medida cautelar.

                  Antes, durante y después de los procedimientos principales, existe la posibilidad de solicitar la protección de pruebas, cuando se tema que posteriormente la obtención de estas será muy difícil o imposible. La protección de pruebas compete al órgano jurisdiccional con competencia para conocer de un caso o bien al órgano jurisdiccional en cuyo territorio jurisdiccional se encuentre la prueba en riesgo. Además de las disposiciones generales, el Código de procedimientos contenciosos civiles contiene disposiciones especiales sobre la protección de pruebas en materia de propiedad intelectual.

                  3 Objeto y naturaleza de estas medidas

                  3.1 ¿Qué tipos de bienes pueden ser objeto de estas medidas?

                  Todo órgano jurisdiccional puede dictar una medida urgente que exija, en concreto, que una de las partes:

                  a) pague los alimentos en la medida en que sea necesario;

                  b) coloque al menor bajo custodia del otro progenitor o de otra persona designada por el órgano jurisdiccional;

                  c) entregue al menos parte de su sueldo, en caso de tener un empleo, cuando el demandante no pueda trabajar por razones importantes;

                  d) deposite una suma de dinero o un bien bajo custodia judicial;

                  e) no enajene determinados bienes o derechos;

                  f) lleve a cabo, se abstenga de llevar a cabo o tolere una determinada actividad;

                  g) se abstenga temporalmente de entrar en una vivienda en la que resida una persona allegada o una persona que esté a su cargo o bajo su tutela, cuando exista una sospecha razonable de que ha ejercido violencia contra esa persona;

                  h) se abstenga de todo acto que infrinja o ponga en peligro un derecho de propiedad intelectual.

                  3.2 ¿Qué efectos surten estas medidas?

                  Se han definido estas medidas urgentes solo a título de ejemplo, lo que significa que un órgano jurisdiccional podría dictar medidas urgentes relacionadas con otras áreas.

                  Una medida urgente o cautelar en virtud de la cual una de las partes debe abstenerse de enajenar bienes o derechos, constituye una prohibición de enajenar bienes o derechos cuando, por ejemplo, existe el temor de que el demandado pudiera dilapidarlos (cederlos a otra persona, destruirlos o dañarlos, etc.).

                  Todo órgano jurisdiccional puede introducir una medida urgente o cautelar sin previa audiencia de las partes. En otras palabras, no es necesario que las partes sean oídas antes de dictar la medida. Esto se debe a que una audiencia podría frustrar la finalidad de la medida urgente o cautelar en cuestión, y a que, en principio, la admisión de pruebas no corresponde a ese tipo de actividad judicial. Esto no significa que el órgano jurisdiccional no pueda ordenar la audiencia de las partes. En tal caso, deberá cumplir todas las normas sobre la obtención procesal de pruebas. Si únicamente se obtienen pruebas mediante documentos, el órgano jurisdiccional no practica dichas pruebas en audiencia pública, sino que  ejerce su capacidad de apreciación sin interactuar con las partes.

                  Una medida urgente es ejecutoria a partir de su notificación, salvo que una ley especial lo prevea de otro modo.

                  3.3 ¿Qué validez tienen estas medidas?

                  Una medida urgente o cautelar queda suspendida:

                  a) al vencimiento del periodo para el cual ha sido dictada;

                  b) si ha sido dictada tras el inicio de un procedimiento principal y el tribunal de primera instancia o el tribunal de apelación desestima la acción o sobresee el caso;

                  c) si, en su resolución, el órgano jurisdiccional establece un plazo para presentar una instancia en relación con el procedimiento principal pero, al vencimiento del plazo, esta no ha sido presentada;

                  d) si el órgano jurisdiccional estima una pretensión en el procedimiento principal;

                  e) cuando ya no se requiere en virtud del estado de ejecución.

                  4 ¿Existe la posibilidad de interponer un recurso contra estas medidas?

                  Se puede interponer un recurso de apelación contra el auto que impone una medida urgente o cautelar. El órgano jurisdiccional competente para conocer de un recurso es el órgano jurisdiccional de apelación, es decir, el tribunal de segunda instancia superior al tribunal de primera instancia que ordenó la medida urgente o cautelar.

                  Se puede interponer recurso de apelación en un plazo de 15 días a partir de la comunicación de la resolución, ante el órgano jurisdiccional que la ha dictado. La interposición de un recurso de apelación no tiene efecto suspensivo.


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                  Última actualización: 14/01/2019