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Subastas judiciales - Francia

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1. Publicidad y fijación de precios de los bienes incautados

A. Medidas preparatorias de venta obligatoria

Las ventas obligatorias de bienes inmuebles son objeto de publicidad obligatoria a iniciativa del acreedor:

  • al exponer un lugar fácilmente accesible al público en los locales del órgano jurisdiccional, la notificación se referirá al edificio utilizado, con una descripción sucinta (naturaleza, posible ocupación, todos los elementos conocidos relativos a su superficie), y mencionará el importe del precio.
  • mostrando un aviso simplificado en el momento de la venta de los bienes,
  • inclusión de un dictamen en una revista jurídica para difusión local.

El acreedor podrá realizar anuncios adicionales, bajo su responsabilidad o con la autorización del juez.

La venta obligatoria de bienes muebles es objeto de publicidad obligatoria mediante el envío al ayuntamiento del municipio en el que permanece el deudor y en el punto de venta.

El comerciante podrá hacer publicidad adicional en su propio sitio web o, en el caso de los subastadores judiciales, en los sitios web pertinentes de la profesión: El enlace abre una nueva ventanaHttps:// www.interencheres.com/ o El enlace abre una nueva ventanahttps://www.interencheres.com/, a través de una prensa, un folleto o un catálogo. Esta publicidad podrá incluir la descripción de las mercancías y su estimación.

Los gabinetes puestos a la venta en subasta pública serán presentados en el momento de la venta por el subastador o por el profesional autorizado que organice la venta. Podrá llevarse a cabo una exposición previa de los bienes.

Los edificios intervenidos podrán ser visitados en fechas y horas fijadas por el juez (artículo R. 322-26 CPCE), y las visitas se realizan con el apoyo de un funcionario judicial. El mandato, que contiene, entre otras cosas, un registro de la descripción de las mercancías vendidas por un funcionario judicial y las principales condiciones de venta, puede consultarse libremente en la secretaría del tribunal competente para la venta o, en determinadas condiciones, en la legislación del bufete de abogados que la persiga.

B. Establecimiento y funcionamiento de las subastas:

Por lo que se refiere al embargo de bienes inmuebles, las condiciones de venta se establecen bajo la responsabilidad del acreedor que pretende: por lo tanto, dicho órgano jurisdiccional fija el importe del precio, que, no obstante, puede ser impugnado por el deudor, ya que el juez de ejecución debe dictar una resolución al término de la vista de orientación.

Por lo que se refiere al embargo de las garantías, el vendedor fija libremente el precio, es decir, el precio al que se venden los bienes. El comerciante que efectúe la venta podrá recurrir a los servicios de un perito si la estimación de los bienes así lo exige.

Por lo que se refiere a la subasta, la propiedad se adjudica al mejor postor y al ofertante final, teniendo en cuenta que las subastas no están limitadas en el tiempo, sino que solo pueden realizarse después de tres subastas. Las pujas no estarán supeditadas al depósito de una garantía o depósito.

Por lo que se refiere a la ejecución hipotecaria, el sistema será un sistema de subastas en el que cada subasta deba cubrir la subasta anterior; las subastas se interrumpirán cuando hayan pasado 90 segundos desde la última subasta (con un medio visual y sonoro para informar al público cada dos veces).

Los interesados que deseen participar en la subasta deberán proporcionar a su abogado una garantía bancaria irrevocable o un cheque bancario establecido por orden de la garantía bloqueada o del fondo de depósito, que represente el 10 % del importe del precio facturado (pero el importe no podrá ser inferior a 3 000 EUR). Esta cantidad se devolverá al licitador al final de la licitación, si no ha sido declarada adjudicataria.

2. Tercero autorizado a realizar la transacción de venta

Los subastadores, notarios, corredores jurados de mercancías y agentes judiciales son los únicos profesionales autorizados a organizar la venta judicial de bienes muebles (en particular, los bienes muebles embargados) a la subasta pública.

Las ventas de bienes inmuebles en subasta se realizarán exclusivamente ante el tribunal de ejecución del tribunal.

3. Tipos de ventas judiciales a las que las normas solo podrían aplicarse parcialmente

Las subastas públicas voluntarias son posibles para las subastas voluntarias, que están sujetas a normas mucho más flexibles que las subastas. Son aplicables los artículos L. 321-1 y ss. y R. 321-1 y siguientes del Código de Comercio. Las ventas voluntarias no forman parte de un procedimiento de ejecución judicial.

En el caso de bienes inmuebles, la venta puede ordenarse mediante citación en el marco de una división entre los propietarios en acciones indivisibles, o por el Commissioner en el marco de un procedimiento colectivo contra el propietario. En ambos casos, las condiciones de venta se establecen en la resolución judicial que ordena la venta.

4. Información sobre los registros nacionales de la propiedad

Por lo que se refiere a la propiedad, el catastro, que es un documento administrativo y fiscal, puede proporcionar al acreedor información sobre los bienes que posee el deudor en el término municipal, así como sobre su consistencia (edificios inmuebles o no construidos, capacidad de las parcelas, naturaleza de cada habitación). Además, los servicios de publicidad inmobiliaria (servicios administrativos de la Dirección General de Finanzas Públicas) llevan un expediente inmobiliario para cada municipio, en el que se enumeran, con el nombre de cada propietario y para cada edificio, extractos de los documentos publicados, presentando así la situación jurídica de cada edificio.

Por lo que se refiere a los bienes muebles, el sistema de identificación de vehículos (RJV) proporciona información sobre el estado civil del titular del permiso de circulación de vehículos de motor y las dos ruedas sobre el número de matrícula y las características del vehículo. Existen ficheros nacionales en los que se inscriben buques (se están elaborando decretos), buques (registro de matrícula, sistema informatizado gestionado por el Ministerio de Transportes) y aeronaves (registro de matrícula gestionado por el Ministerio de Aviación Civil). Los derechos de propiedad intelectual se enumeran en un expediente nacional, a los que pueden acceder directamente los acreedores, y están en poder del INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual). Los títulos de obras cinematográficas de proyección pública en Francia figuran en el registro público cinematográfico y audiovisual, gestionado por un agente de la administración tributaria, y los títulos de las obras literarias que han sido objeto de una opción de compra de los derechos de conversión figuran en el registro de opciones.

En el ámbito de los edificios: el catastro es llevado por cada municipio, con varias series de documentos (mapa catastral, estado de la sección, matriz catastral); solo se conserva electrónicamente el estudio catastral. Los servicios locales de publicidad inmobiliaria llevan el registro de la propiedad en cada tribunal de distrito (no existe un expediente nacional).

En el caso de los vehículos de motor, cada prefectura lleva un registro, pero los SIV conservan un fichero informático nacional.

En el caso de los buques, el registro está informatizado, gestionado por el Ministerio de Transportes; en el caso de los buques, existen seis registros diferentes, también gestionados por el Ministerio de Transportes.

En el caso de las aeronaves, el Ministerio responsable de la aviación civil lleva el registro de matrícula y es accesible a través de Internet a efectos informativos.

La información relativa a los distintos derechos de propiedad intelectual está centralizada por un único organismo, el INPI, que permite acceder a diversos recursos documentales a través de su sitio web.

Los servicios catastrales son parcialmente accesibles en línea. Se trata únicamente de un servicio de reconocimiento catastral, y no de la matriz catastral (que puede utilizarse como información sobre los propietarios), al igual que el registro internacional francés, que enumera los buques francobordo, y los registros del INPI.

En general, la mayoría de los registros, cuando son públicos, están sujetos a las disposiciones del Código de relaciones entre el público y la Administración, que establecen que el acceso a los documentos administrativos puede hacerse gratuitamente, mediante consulta in situ, o mediante la expedición de una copia gratuita de los gastos de reproducción, o por correo electrónico, cuando el documento esté disponible en formato electrónico.

5. Información sobre bases de datos que permitan a los acreedores identificar los activos y créditos de un deudor

El artículo L.152-1 de la CPCE permite al funcionario judicial obtener información que permita comunicar la dirección del deudor, la identidad y la dirección de su empleador o de cualquier tercero deudor o depositario de un flujo de tesorería o de pago, así como la composición de sus bienes, a las autoridades del Estado, regiones, departamentos, municipios, establecimientos públicos u organismos inspeccionados por la autoridad administrativa.

El ujier puede solicitar directamente a FICOBA (el expediente de cuenta bancaria nacional, gestionado por la administración tributaria y financiado por los bancos), que obtenga información sobre la existencia de cuentas bancarias abiertas a nombre del deudor y los lugares donde se llevan estas cuentas.

El ujier puede dirigirse a las cajas del seguro de enfermedad o de desempleo.

Con arreglo al artículo L. 152-2 de la CPCE, los bancos están obligados a comunicar al funcionario judicial habilitado por el acreedor una o varias cuentas abiertas a nombre del deudor y los lugares en los que se mantienen dichas cuentas, con exclusión de cualquier otra información.

El sistema de identificación de vehículos (RJAV), al que puede tener acceso el funcionario judicial autorizado por el acreedor, permite obtener información sobre el estado civil del titular del permiso de circulación de vehículos de motor y las dos ruedas sobre el número de matrícula y las características del vehículo.

El acreedor no puede acceder directamente a estas bases de datos, pero puede hacerlo a través de la competencia del funcionario judicial habilitado para llevar a cabo el procedimiento de ejecución forzosa.

6. Información sobre ventas judiciales en línea

Existen dos tipos de subastas por internet en el sistema de subastas de bienes muebles en Francia:

  • ventas «en directo», o ventas «en directo», parcialmente desmaterializadas: La venta tiene lugar físicamente en un lugar determinado y se transmite en directo en línea, en el sitio web del comerciante o en uno de los sitios web pertinentes disponibles para la profesión de subastador (https://www.interencheres.com/ El enlace abre una nueva ventanaoEl enlace abre una nueva ventanahttps://www.drouotlive.com). Estas ventas judiciales están permitidas, ya que nada les impide, y actualmente están en aumento.
  • Las ventas en línea, totalmente sin papel: la venta se realiza únicamente por Internet, sin presencia física alguna en un lugar determinado. Estas ventas no son posibles en asuntos judiciales (a diferencia de las ventas voluntarias), como afirman los textos, ya que existen obstáculos técnicos legales para ello.

las ventas (parciales) sin papel solo son posibles para bienes muebles.

Los comerciantes que realizan ventas pueden hacer publicidad transfronteriza, y las subastas pueden proceder de cualquier adjudicatario, independientemente de su ubicación y nacionalidad, independientemente de si la venta está «en directo» o no (también existen mecanismos de subasta a distancia: órdenes de compra transmitidas por escrito o por teléfono).

Para participar en una subasta sin papel, la persona (posible ofertante) no tiene que facilitar su firma, pero el comerciante responsable de la venta puede exigir un sello de la tarjeta bancaria. El registro debe obtenerse del comerciante responsable de la venta y, en principio, puede llevarse a cabo por cualquier medio, con mayor probabilidad de registrarse a través del sitio web en el que se retransmite la venta. Las órdenes de compra por escrito son posibles, sea cual sea el soporte.

El comerciante encargado de la venta establecerá las modalidades de pago aceptadas.

No es necesario que el licitador a distancia esté presente personalmente (puede, si así lo desea). Podrá seguir la lonja en directo y enviar su pedido en tiempo real. También podrá registrar una o varias órdenes de compra antes de la venta, en cuyo caso la subasta se incrementará progresivamente, teniendo en cuenta desde el momento de la salida de la subasta propuesta. También suele ser posible un enlace telefónico durante la subasta.

Las posibilidades de traducción dependen de la capacidad del comerciante encargado de la venta y de sus auxiliares, ya que las normas no imponen ninguna obligación al respecto.

En el caso de las configuraciones de sitios web de ventas, solo las personas registradas para las ventas en línea pueden acceder a las ventas a través del sitio web. En cambio, el público tiene acceso a la venta en el lugar donde tiene lugar.


Esta versión se ha generado con traducción automática. El dueño de esta página no acepta responsabilidad alguna sobre la calidad de la traducción.

Última actualización: 25/09/2020