Profesiones jurídicas

En la aplicación de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) intervienen distintos profesionales del Derecho, como abogados, notarios, jueces, fiscales y oficiales de justicia. Todos ellos tienen diferentes títulos, y sus funciones y estatutos varían también considerablemente de unos Estados miembros a otros.


Profesiones jurídicas

Esta página ofrece información general sobre el papel y las funciones de las distintas profesiones jurídicas.

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Si necesita consultar o encontrar uno de estos profesionales en un Estado miembro de la UE, puede hacerlo en el apartado Encontrar un...

Introducción

Salvo en el caso de los abogados, la legislación de la Unión Europea no regula las condiciones para el ejercicio profesional del Derecho. La normativa aplicable a las profesiones jurídicas es normalmente de ámbito nacional. Al margen de las lógicas similitudes, los distintos sistemas nacionales muestran diferencias importantes, resultantes de antiguas tradiciones.

El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha emitido una serie de recomendaciones sobre las profesiones jurídicas. Una de ellas se refiere al ejercicio de la abogacía. Otra, a la independencia de los jueces. Las recomendaciones del Consejo de Europa y otra información sobre la cuestión pueden encontrarse en su El enlace abre una nueva ventanasitio web.

El El enlace abre una nueva ventanaConvenio Europeo de Derechos Humanos establece, por otra parte, que todo acusado tiene derecho a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene medios para pagarlo, a ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia lo exijan. Esta cláusula se refiere principalmente a los asuntos penales, pero el El enlace abre una nueva ventanaTribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la ha hecho también extensiva a los asuntos civiles.

Jueces y magistrados

Un juez o magistrado es un funcionario público que preside o forma parte de un juzgado o tribunal. Sus facultades, funciones, forma de designación, disciplina y formación varían notablemente en las distintas jurisdicciones. Desempeña un papel similar al del árbitro de una competición, conduciendo de forma imparcial y pública el juicio. Oye a todos los testigos y conoce las demás pruebas aportadas por las partes del litigio, valora la credibilidad de estas y resuelve el caso con arreglo a su interpretación de la ley y su propio juicio personal.

Puede encontrarse más información sobre esta profesión en los siguientes sitios web:

Fiscales

La fiscalía desempeña un papel muy importante en los procesos penales. Los sistemas de los Estados miembros regulan de modo muy diverso su papel, funciones y facultades.

Secretarios judiciales

Las funciones y denominaciones de los secretarios judiciales pueden ser muy distintas, por ejemplo: Greffier en Francia, Rechtspfleger en Alemania, Court clerk en Inglaterra.

Además, las funciones que desempeñan varían sensiblemente de un sistema judicial a otro: asistencia a los jueces o fiscales, administración de los tribunales, responsabilidades en determinados procedimientos. Dependiendo del país, han de tener conocimientos de Derecho, pueden ofrecer asesoramiento jurídico o gozan de formación continua.

En cualquier caso, desempeñan una función de gran importancia en los tribunales, dado que acogen a las víctimas y a los demandados y juegan un papel relevante en la eficacia global del sistema judicial.

Los miembros de esta profesión están representados a escala europea por la El enlace abre una nueva ventanaUnión Europea de Secretarios Judiciales (E.U.R.), una organización no gubernamental que reúne a las asociaciones profesionales de los distintos países. Entre los objetivos de la E.U.R. se encuentran participar en la creación, el desarrollo y la armonización del Derecho a escala europea e internacional; colaborar con las instituciones europeas; representar los intereses profesionales de sus miembros; y promocionar la profesión en interés de un sistema judicial que funcione mejor.

Oficiales de justicia (agentes judiciales)

La profesión de agente judicial está regulada por la normativa de los distintos Estados miembros y estas normas difieren de un Estado miembro a otro.

Los agentes judiciales están representados en el ámbito europeo por la El enlace abre una nueva ventanaUnión Internacional de Agentes Judiciales (UIHJ). La UIHJ representa a sus miembros en las organizaciones internacionales y mantiene la colaboración con los organismos profesionales nacionales. Promueve la mejora del Derecho procesal y los tratados internacionales, así como las ideas, los proyectos y las iniciativas que contribuyan a mejorar y elevar el estatuto independiente de los oficiales de justicia.

La El enlace abre una nueva ventanaCámara Europea de Agentes Judiciales (CEJH, en sus siglas en francés) también representa a este colectivo. La CEJH, asociación sin ánimo de lucro que se rige por el Derecho belga, aspira a promover una mayor implicación de los agentes judiciales en la acción concertada de las profesiones jurídicas en el debate europeo.

Profesionales de la abogacía

El papel del abogado, ya sea contratado por un particular, por una empresa o por el Estado, es el de asesor de confianza y representante del cliente, profesional respetado por terceros y participante indispensable en la recta administración de justicia. Como encarnación de todas estas funciones, al defender fielmente los intereses y proteger los derechos del cliente, desempeña también las funciones sociales de la abogacía: prevenir e impedir los conflictos, asegurar su resolución con arreglo a los principios reconocidos del Derecho civil, público y penal, teniendo debidamente en cuenta los derechos e intereses en juego, promover el progreso del Derecho y defender la libertad, la justicia y el imperio de la ley.

En el ejercicio de su actividad, los abogados se encuadran en organizaciones profesionales en cada Estado miembro (los colegios de abogados), encargados de establecer las reglas de conducta profesional y administrar las medidas disciplinarias pertinentes.

La legislación de la Unión Europea no regula las condiciones para el ejercicio profesional de la abogacía. No obstante, la El enlace abre una nueva ventanaDirectiva de 1998 establece los requisitos para que los abogados de un Estado miembro puedan ejercer con carácter permanente en otro Estado miembro.

En el ámbito de la Unión, los abogados están representados por el El enlace abre una nueva ventanaConsejo de la Abogacía de Europa (CCBE), asociación internacional sin ánimo de lucro fundada en 1960 que actúa como nexo entre los colegios de abogados nacionales y la UE en todas las cuestiones de interés mutuo relativas al ejercicio de la abogacía.

Notarios

Los notarios son profesionales especializados y autorizados para actuar en determinadas materias de carácter jurídico. Sus cometidos y responsabilidades les confieren una importante función en los 22 Estados miembros cuyo ordenamiento se basa en el Derecho romano. Las jurisdicciones de common law de la Unión Europea también cuentan con la profesión de notario, cuya práctica abarca una amplia panoplia de servicios jurídicos y cuyas funciones y autoridad se ejercen principalmente en relación con actos jurídicos e instrumentos que se han de emplear en jurisdicciones extranjeras. Desempeñan un papel importante en los intercambios y el comercio internacional de su jurisdicción nacional.

En particular, los cometidos del notario son los siguientes:

  • redactar contratos privados y asesorar a las partes intervinientes, estando obligados a tratar equitativamente a todas ellas. Al redactar documentos oficiales, son responsables de su legalidad, como también lo son del asesoramiento prestado al respecto. Deben informar a las partes de las implicaciones y consecuencias de las obligaciones asumidas;
  • dar fe del contenido de las escrituras en las que intervienen. Dichas escrituras podrán inscribirse en los registros oficiales o ejecutarse cuando alguna de las partes incumpla sus obligaciones, sin necesidad de intervención judicial previa;
  • desempeñar el papel de mediadores que, de forma imparcial y observando estrictamente la legislación, ayuden a las partes a alcanzar un acuerdo mutuamente aceptable.

Los notarios son funcionarios públicos (los Estados delegan su autoridad para que puedan prestar un servicio público), pero desempeñan su función como profesionales independientes.

Están sujetos a la obligación de secreto profesional. Las condiciones de su nombramiento son similares a las de los jueces, y están también sujetos a los mismos principios de independencia, inamovibilidad, imparcialidad, autoridad y ejecutividad de sus actos, bajo la supervisión del Ministerio de Justicia.

Hay aproximadamente 35 000 notarios en los 22 Estados miembros de la Unión Europea cuyos sistemas jurídicos se basan en el Derecho romano y unos 1 000 en los Estados miembros del common law (Reino Unido e Irlanda); todos ellos al servicio de los ciudadanos.

En las relaciones con las instituciones europeas, los notarios de las jurisdicciones del Derecho romano de la Unión Europea están representados por el El enlace abre una nueva ventanaConsejo de las Notarías de la Unión Europea (CNUE) creado en 1993. El CNUE representa a las notarías de todos los Estados miembros de la UE en los que existe esta figura: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, España, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Rumanía. Los notarios que ejercen su actividad en las jurisdicciones de common law del Reino Unido e Irlanda tienen sus propios órganos nacionales de representación. A nivel internacional, Inglaterra y Gales, Escocia, Irlanda e Irlanda del Norte están representados conjuntamente por el El enlace abre una nueva ventanaForo Notarial del Reino Unido e Irlanda.


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Última actualización: 21/01/2019

Profesiones jurídicas - Bélgica

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Profesiones jurídicas

Profesiones jurídicas – Introducción

En este apartado se proporciona información relativa a profesiones jurídicas como:

  • el Ministerio Fiscal,
  • los jueces,
  • los abogados,
  • los notarios y
  • los oficiales de justicia.



El Ministerio Fiscal

Organización

El Ministerio Fiscal se compone de magistrats (fiscales) adscritos a una fiscalía o a una auditoría (Fiscalía de la Magistratura de Trabajo), en cuyo caso reciben el nombre de auditeurs du travail, que cumplen las obligaciones de esta función en la demarcación del tribunal o juzgado donde están adscritos.

En los distritos judiciales, el procureur du Roi (fiscal) y sus primeros sustitutos y sustitutos representan a la Fiscalía ante el Tribunal de Primera Instancia y, en particular, ante el Tribunal de Menores, que constituye una sección del Tribunal de Primera Instancia. También comparecen ante el Tribunal o los Tribunales de policía y el Tribunal de comercio de su demarcación.

En los Juzgados de trabajo asume esta función el auditor de trabajo, asistido por sustitutos y, en su caso, por primeros sustitutos. Actúan en tal calidad también ante el Tribunal correctionnel (tribunal penal), que constituye una sección del Tribunal de Primera Instancia, y el Tribunal o Tribunales de policía en las causas penales de su competencia.

En los Tribunales de apelación y los Tribunales de trabajo, el Ministerio Público está representado por el Fiscal General, quien dirige y supervisa a los fiscales y auditores de trabajo. En la Fiscalía General, el Fiscal General es asistido por un primer Abogado General, por abogados generales y por sustitutos del Fiscal General. En la Auditoría General está asistido por un primer Abogado General, por varios abogados generales y por sustitutos generales.

En el Tribunal de Casación, la función del Ministerio Fiscal es desempeñada por el Fiscal General de este tribunal, asistido por un primer Abogado General y varios abogados generales. A pesar de la similitud de la terminología, en estas instancias la función del Ministerio Fiscal es totalmente diferente. En realidad, el Tribunal de Casación no adopta resoluciones en cuanto al fondo, sino que comprueba la legalidad y la regularidad del procedimiento seguido.

El Ministerio Fiscal es independiente en el ejercicio de las investigaciones y procesamientos individuales, sin perjuicio del derecho del ministro competente para solicitar actuaciones judiciales y adoptar órdenes vinculantes en materia de política penal, incluso en materia de investigación y procesamiento.

Función y competencias

Sobre el Ministerio Fiscal recaen una serie de tareas y misiones, que se sitúan en el ámbito del tratamiento y del seguimiento tanto de las causas penales como de las causas civiles.

  • En materia penal, los fiscales velan (en interés de la sociedad) por el desarrollo normal y la resolución de los procesos penales. Lo hacen tanto en el tratamiento del fondo del asunto como durante el proceso previo de información e instrucción (en los órganos jurisdiccionales de instrucción: cámara del consejo y sala de acusación). En la audiencia requieren la aplicación de la ley penal; al mismo tiempo, velan por que se adopten las medidas necesarias para la ejecución apropiada de las penas pronunciadas. Ante el Tribunal de lo penal el Ministerio Fiscal es ejercido por el Fiscal General del Tribunal de apelación, quien, no obstante, puede delegar sus funciones en un miembro de una fiscalía.
  • En materia civil, el Ministerio Fiscal interviene de oficio en los casos previstos por la ley y cada vez que el orden público exija su intervención. En esos casos, el Ministerio Fiscal emite un dictamen (escrito o verbal) en relación con la causa. Al Ministerio Fiscal se le deben comunicar para que emita un dictamen las causas relativas a las materias específicas que se enumeran en el artículo 764, párrafo primero, de la Ley de Enjuiciamiento. También pueden someterse a su dictamen cualquier causa que el Ministerio Fiscal considere conveniente y en la que intervenga. El órgano jurisdiccional competente también puede ordenar de oficio dichas comunicaciones (artículo 762, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento).

Además de estas tareas principales propiamente dichas, el Ministerio Fiscal también es competente, en el seno de su órgano jurisdiccional, para realizar el seguimiento y ejecutar adecuadamente las decisiones y directivas relativas a la política penal.

El Ministro de Justicia establece las directrices de la política penal tras consultar al Colegio de Fiscales Generales (compuesto por cinco fiscales generales de los Tribunales de apelación).

Este colegio depende del Ministro de Justicia y toma decisiones destinadas a elaborar y coordinar con la mayor coherencia posible la política y el buen funcionamiento general del Ministerio Fiscal.

La competencia del colegio se extiende a todo el territorio del reino y sus decisiones son vinculantes para los Fiscales Generales de los Tribunales de apelación y para todos los miembros del Ministerio Fiscal que se hallen bajo su autoridad y dirección.

Existe más información disponible en el El enlace abre una nueva ventanaSitio web del Servicio Público Federal de Justicia (Ministerio de Justicia, apartado «Ordre judiciaire» - «Parquet»).

Jueces

Organización

Se distingue entre la magistrature assise (judicatura) [jueces en los órganos jurisdiccionales de primera instancia y conseillers (magistrados) en los órganos jurisdiccionales de apelación] y la magistrature debout (ministerio público o fiscalía, véase supra).

Por lo general, los magistrats que presiden los órganos jurisdiccionales de primera instancia se denominan «jueces», mientras que los magistrados que presiden los tribunales de apelación se denominan conseillers.

Los jueces de la judicatura tienen como función aplicar la ley a la situación o al litigio que se les presente en materia civil o a las personas que hayan cometido un delito.

En algunos órganos jurisdiccionales, los jueces de carrera trabajan conjuntamente con jueces legos. Existen jueces legos en los siguientes órganos jurisdiccionales:

  • Tribunales de comercio: jueces de carrera y jueces legos del ámbito comercial.
  • Tribunales de trabajo: jueces de carrera y jueces legos del ámbito social.
  • Juzgados de Vigilancia Penitenciaria: jueces de carrera y asesores en materia de aplicación de las penas.

Autoridad responsable

El El enlace abre una nueva ventanaConsejo Superior del Poder Judicial lleva a cabo una triple misión:

  • Desempeña una función decisiva en la política de nombramiento en el seno de la magistratura, y lo hace de manera objetiva y apolítica.
  • Ejerce una supervisión externa sobre el funcionamiento del orden judicial, incluido el tratamiento de las quejas.
  • Presenta dictámenes a los responsables políticos para mejorar el funcionamiento de la magistratura.

Existe más información disponible en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaConsejo Superior del Poder Judicial.

Abogados

Función y competencias

El abogado es un profesional del Derecho y la justicia. Debe respetar unas normas deontológicas que garantizan su plena independencia. También está obligado por el secreto profesional.

Su formación le permite actuar en los diferentes ámbitos del Derecho, que a menudo están interrelacionados (Derecho de sociedades, Derecho administrativo, Derecho urbanístico, Derecho fiscal, Derecho de familia, etc.). A lo largo de su carrera, el abogado puede especializarse en uno o varios de los ámbitos en que ha adquirido una experiencia específica.

La función del abogado es atender a sus clientes no solo en los tribunales sino también en cualquier situación que requiera asesoramiento jurídico, un portavoz, un redactor e incluso apoyo moral.

Su función tiene, por tanto, tres vertientes:

  • el abogado asesora
  • el abogado concilia
  • el abogado defiende

El abogado puede actuar en juicio y representar a sus clientes ante todas las jurisdicciones del Reino (Tribunal de policía, Juez de Paz, Tribunal de Primera Instancia, Tribunal de Comercio, Tribunal de Trabajo, Tribunal de Apelación, Tribunal de Trabajo, Tribunal Penal, Consejo de Estado), y en otros países de la Unión Europea.

También presta su asistencia en los procedimientos de arbitraje o mediación, en el marco de cualquier método alternativo de solución de conflictos y en el marco de cualquier reunión o asamblea.

El abogado no solo interviene cuando existe un litigio.. Gracias a su asesoramiento y a los contratos que redacta o los que adapta, con frecuencia puede evitar el proceso.

También puede prestarle asistencia si desea usted arrendar o comprar un inmueble, crear una sociedad, si no puede hacer frente a sus deudas, si desea concluir un contrato con su nuevo empleador, si ha sido víctima de un accidente o agresión, si se le convoca ante un tribunal, si se separa de su cónyuge, etc.

Un abogado al alcance de todos

Para las personas de escasos recursos, la ley prevé un servicio de asesoramiento jurídico (antiguamente denominado pro deo) y el beneficio de justicia gratuita.

La asistencia jurídica permite disfrutar de la gratuidad total o parcial de los servicios de un abogado. Está organizada a dos niveles:

  • la asistencia jurídica de 1ª línea, accesible a todos sin requisitos de ingresos. Se trata de permanencias durante las cuales los abogados están a disposición para consultas breves: primer asesoramiento jurídico, petición de información… Las Comissions d'Aide Juridique (C.A.J.) son las responsables de esta primera línea.
  • La asistencia jurídica de 2ª línea es accesible a las personas que se encuentran en determinadas condiciones económicas o en ciertas situaciones. Esta ayuda, total o parcialmente gratuita según las circunstancias, permite designar a un abogado que le asistirá en el marco de un procedimiento judicial o administrativo, o bien le asesorará en detalle, incluso en la mediación. Los Bureaux d'Aide Juridique (B.A.J.) son los responsables de la asistencia jurídica de 2ª línea.

El beneficio de justicia gratuita da acceso a la gratuidad total o parcial de los gastos de procedimiento (derechos judiciales, de registro, gastos de agente judicial, notario, perito, etc.). Para obtenerla, el cliente puede dirigirse, por sí mismo o a través de su abogado, a la Oficina de asistencia jurídica.

Autoridades competentes

Todos los abogados están colegiados. Actualmente existen 28 Colegios de Abogados (Barreaux) en Bélgica.

La Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (AVOCATS.BE) es la organización que reúne a todos los colegios de las comunidades francófona y germanófona del país (es decir, 13 colegios francófonos y 1 colegio germanófono).

La Orde van Vlaamse Balies (O.V.B.) es la organización que agrupa a todos los colegios de la comunidad neerlandófona del país (14 colegios).

Para más información sobre la profesión de abogado, pueden consultarse las siguientes páginas de Internet:

El acceso a estas bases de datos es gratuito.

Notarios

Los notarios son funcionarios públicos nombrados por el Rey cuya función es, principalmente, autenticar los documentos presentados ante ellos. En virtud de la ley, algunos documentos requieren obligatoriamente la intervención de un notario para hacer constar un acuerdo celebrado entre las partes (documento público). Por ejemplo, es necesario recurrir a un notario para realizar la venta de un inmueble. Además de su intervención para validar documentos públicos, se puede recurrir a un notario para liquidar una sucesión, redactar un acuerdo de carácter privado u obtener asesoramiento.

La competencia de los notarios abarca principalmente tres ámbitos principales:

  • El Derecho inmobiliario (venta de inmuebles, préstamos, etc.).
  • El Derecho de familia (capitulaciones matrimoniales, sucesiones, divorcios, etc.).
  • El Derecho mercantil (constitución de sociedades, etc.).

Existe un Colegio Nacional de Notarios (Chambre nationale des Notaires). Sus principales misiones son:

  • representar a los notarios de Bélgica ante los poderes y las instituciones en los límites de sus competencias;
  • establecer las reglas deontológicas;
  • enviar a los colegios notariales recomendaciones útiles con respecto a la disciplina.

También existen colegios notariales de ámbito provincial, que son órganos disciplinarios de la profesión cuyas misiones principales son velar por el respeto de las reglas deontológicas y resolver los conflictos de carácter profesional (por ejemplo, tramitación de quejas).

Por último, los notarios también se agrupan en la Fédération Royale du Notariat Belge (FRNB) (Federación Real del Notariado Belga). La FRNB es la asociación profesional de los notarios, apoya a las notarías en su funcionamiento diario proponiéndoles servicios adaptados en cada caso, y representa al notariado en el exterior en numerosos asuntos.

Para más información, puede consultarse el El enlace abre una nueva ventanasitio web de la Federación Real del Notariado Belga.

Otras profesiones jurídicas

Oficiales de justicia

Los oficiales de justicia son funcionarios ministeriales y públicos que ejercen su función en condiciones de profesión liberal. Dicho de otro modo, poseen una doble identidad profesional: por un lado, son funcionarios públicos y, por otro lado, ejercen su función de manera independiente.

Los oficiales de justicia son funcionarios ministeriales y públicos porque el Estado ha delegado en ellos una parte de la autoridad pública. Por esta razón, no pueden negarse a atender una solicitud de intervención, a menos que su código deontológico o la ley lo prohíba, como, por ejemplo, en caso de conflicto de intereses o de ilegalidad de la solicitud. Por consiguiente, los oficiales de justicia nunca actúan por iniciativa propia, sino que lo hacen a petición de alguien que les ha confiado una misión formal. En todas las funciones que deben ejecutar han de cumplir diversas obligaciones legales. Además, los oficiales de justicia pueden reclamar el pago de su intervención para cubrir total o parcialmente sus gastos.

En calidad de titulares de una profesión liberal, los oficiales de justicia actúan de manera independiente e imparcial. Además, ponen su experiencia profesional al servicio de todos. Ello implica que no reciben un salario, ni indemnizaciones, ni ningún tipo de asistencia por parte de las autoridades. Por lo tanto, todos los gastos corren a su cargo.

Los ámbitos de intervención de los oficiales de justicia pueden clasificarse en dos grandes grupos: las intervenciones denominadas «extrajudiciales» (recuperación amistosa de créditos, atestados, etc.) y las denominadas «judiciales» (notificaciones o la ejecución de una decisión). En estas intervenciones suele ser su deber proporcionar información sobre la manera en que se pueden ejercer los derechos y responder a las preguntas relativas a su misión. Es indiferente que se soliciten sus servicios o que se sea el objeto de sus gestiones.

En cada distrito judicial existe una colegio compuesto por todos los oficiales de justicia del distrito. Sus misiones principales son velar por que los oficiales de justicia del distrito respeten las normas disciplinarias y las leyes y reglamentos que les afectan y solucionar los conflictos que puedan surgir entre oficiales de justicia.

Existe, asimismo, un Colegio Nacional de Oficiales de Justicia de Bélgica, cuyas funciones principales son las siguientes:

  • Velar por la uniformidad de la disciplina y las normas deontológicas entre los oficiales de justicia.
  • Defender los intereses de sus miembros.
  • Representarlos.

Para más información al respecto, consúltese el sitio Web del El enlace abre una nueva ventanaColegio Nacional de Oficiales de Justicia de Bélgica.

Otros profesionales

Los jueces y los fiscales son asistidos por diversos colaboradores jurídicos y administrativos: secretarios judiciales, letrados, juristas y secretarios de la Fiscalía y personal administrativo.

En cada vista el juez es asistido por un secretario judicial que prepara el trabajo del juez, por ejemplo la documentación pertinente. Durante la vista, el secretario judicial toma nota del desarrollo la misma y de las intervenciones, y vela por que los documentos se redacten correctamente. También garantiza y coordina las tareas administrativas y contables de la secretaría. Cada tribunal cuenta con una secretaría, dirigida por un secretario jefe. La secretaría puede tener varios secretarios según el tamaño del tribunal. Los secretarios judiciales son asistidos por el personal administrativo.

Los letrados son juristas que asisten a los jueces en la preparación de las resoluciones en los órganos jurisdiccionales. Colaboran en la gestión de los expedientes judiciales, bajo la responsabilidad y las instrucciones de uno o varios jueces o magistrados; estudian los expedientes y los problemas jurídicos, y preparan jurídicamente los proyectos de resolución.

Los fiscales pueden recurrir a juristas para la preparación jurídica de los expedientes. En el Ministerio Fiscal a estos se les denomina «juristas de la Fiscalía». Sus funciones incluyen realizar investigaciones jurídicas, gestionar información y preparar jurídicamente requerimientos y citaciones, bajo la responsabilidad y según las instrucciones de uno o varios fiscales.

Cada fiscalía cuenta con un secretario que actúa bajo la dirección de un secretario jefe. Los secretarios asisten a los fiscales en el trabajo de documentación e investigación, así como en la elaboración de los expedientes. Mantienen actualizados los documentos y registros de la Fiscalía, conservan los archivos, etc. El número de secretarios de la Fiscalía depende del tamaño de esta. Estos secretarios son asistidos a su vez por el personal administrativo.

En las secretarías y dependencias administrativas de la Fiscalía trabajan numerosos colaboradores administrativos. Este personal garantiza la gestión administrativa de los expedientes asignados y la introducción de datos en los ficheros. Los colaboradores administrativos se ocupan del correo y la clasificación, así como de recibir al secretario o al fiscal.

Puede encontrar más información sobre estas profesiones en este documentoPDF(376 Kb)en

Organizaciones que proporcionan asesoramiento jurídico gratuito

Todos los ciudadanos pueden obtener un primer asesoramiento jurídico gratuito proporcionado por los profesionales del Derecho. Se trata de asesoramiento jurídico de primera línea, y puede consistir en:

  • información de carácter práctico;
  • información de carácter jurídico;
  • un primer dictamen jurídico;
  • la remisión a una organización especializada.

El asunto no se resuelve inmediatamente, sino que se aporta una primera orientación. Existen turnos de guardia en los palacios de justicia, los Juzgados de paz, los centros auxiliares de justicia, determinadas administraciones municipales, la mayoría de los centros públicos de asistencia social y diversas organizaciones sin ánimo de lucro que disponen de un servicio jurídico.

Para más información, consúltese el folleto electrónico: El enlace abre una nueva ventanaAsistencia jurídica: mejor acceso a la justicia.

Bases de datos jurídicas

Existe información disponible en el El enlace abre una nueva ventanasitio web del Servicio Público Federal de Justicia (Ministerio de Justicia).

Portal del Servicio Público Federal de Justicia

Categorías

Información

  • El ABC de la justicia.
  • Funcionario de información.
  • Publicaciones.
  • Quejas.
  • Direcciones de contacto.
  • Comunicados de prensa.
  • Estadísticas.

Ordenación judicial

  • Tribunales y juzgados.
  • Fiscalías.
  • Competencia territorial.
  • Consejo Consultivo de la Magistratura.
  • Comisión de Modernización de la Carrera Judicial.

Reordenación del panorama judicial.

Enlaces relacionados

El enlace abre una nueva ventanaServicio Público Federal de Justicia


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Última actualización: 17/11/2016

Profesiones jurídicas - Bulgaria


Profesiones jurídicas

Profesiones jurídicas: Introducción

Profesiones jurídicas: introducción

Las principales profesiones jurídicas en Bulgaria son las siguientes: fiscal, magistrado instructor, juez, abogado, notario, agente ejecutivo del Estado o privado y juez de registro. Los requisitos exigidos para ejercer estas profesiones se establecen en la Constitución de la República de Bulgaria y en la Ley del Sistema Judicial.

Fiscales

Organización

En la República de Bulgaria, el Ministerio Fiscal está compuesto por el Fiscal General, la Fiscalía Suprema de Casación, la Fiscalía Suprema Administrativa, el Servicio Nacional de Investigación, la Fiscalía de Apelación, la Fiscalía de Apelación especializada, la Fiscalía de Apelación Militar, las fiscalías de distrito, la Fiscalía Especializada, las fiscalías militares de distrito y las fiscalías regionales. Dentro de la estructura de las fiscalías de distrito, hay departamentos de investigación de distrito, y dentro de la estructura de la Fiscalía Especializada, existe un Departamento de Investigación. Las fiscalías regionales cuentan con departamentos administrativos cuyos fiscales participan en procedimientos administrativos.

El Ministerio Fiscal es una estructura unificada y centralizada. Todos los fiscales y jueces de instrucción están subordinados a la Fiscalía General. Cada fiscal está subordinado al fiscal superior respectivo, y todos los fiscales y jueces de instrucción están subordinados al superior administrativo de la correspondiente fiscalía. Los fiscales y jueces de instrucción militares son independientes de las autoridades militares en el ejercicio de sus funciones.

El nombramiento (y el cese) del Fiscal General competen al Presidente de la República de Bulgaria, que actúa a propuesta del El enlace abre una nueva ventanaConsejo Supremo de la Magistratura (Vissh Sadeben Savet). Su mandato de siete años no es renovable.

El nombramiento, el ascenso y la retrogradación, el traslado y el cese de los fiscales se efectúan por decisión del Consejo Supremo de la Magistratura.

Los puestos dentro del Ministerio Fiscal y la experiencia previa exigida para ocuparlos se indican a continuación:

  • fiscal de la Fiscalía Suprema de Casación o de la Fiscalía Suprema Administrativa (se exige un mínimo de doce años de experiencia jurídica);
  • fiscal de la Fiscalía de Apelación, fiscal de la Fiscalía de Apelación Militar y fiscal de la Fiscalía de Apelación Especializada (para los dos primeros se exige un mínimo de diez años de experiencia jurídica, pero para ser fiscal en la Fiscalía de Apelación Especializada el mínimo es de doce años, al menos ocho de ellos como fiscal o juez de instrucción);
  • fiscal de una fiscalía regional, fiscal de una fiscalía militar regional y fiscal de la Fiscalía Especializada (para los dos primeros se exige un mínimo de ocho años de experiencia jurídica, pero para ser fiscal en la Fiscalía Especializada el mínimo es de diez años, al menos cinco de ellos como fiscal o juez de instrucción);
  • fiscal de una fiscalía regional (se exige un mínimo de tres años de experiencia jurídica);
  • fiscal subalterno (no se requiere experiencia).

El fiscal adquiere la condición de miembro titular del Ministerio Fiscal por decisión del Consejo Supremo de la Magistratura, dictada al término de un periodo de servicio de cinco años y tras una evaluación positiva del desempeño de sus funciones.

Cometido y funciones

El Fiscal General dirige el Ministerio Fiscal, emite directivas y orientaciones sobre las actividades de los fiscales; junto con los responsables ministeriales e instituciones públicas, establece unidades interdepartamentales especializadas para prestar asistencia en las investigaciones, bajo la dirección de un fiscal nombrado por él. Está facultado para elevar asuntos al Tribunal Constitucional.

El fiscal dirige una investigación en calidad de fiscal supervisor. Puede presentar recursos contra las medidas ilícitas y solicitar su revocación o modificación dentro de los plazos y en las condiciones establecidas por la ley. Puede suspender la ejecución de una medida hasta que la autoridad competente resuelva el recurso. Todos los actos y escritos de un fiscal son recurribles ante la fiscalía directamente superior, a menos que estén sujetos a revisión judicial. Un fiscal superior o un fiscal de una fiscalía superior pueden emprender acciones que incidan en el ámbito de competencias de fiscales subordinados, y pueden suspender o revocar sus decisiones por escrito en casos especificados por la ley.

En el ejercicio de sus funciones, el fiscal debe actuar con independencia y conforme a la ley. El fiscal debe ser políticamente neutral. Al ordenar actuaciones, el fiscal debe basarse en las disposiciones de la ley y en las pruebas reunidas en el caso de que se trate, y guiarse por su conciencia y sus convicciones íntimas.

Para más información, puede consultar la página web del El enlace abre una nueva ventanaMinisterio Fiscal de la República de Bulgaria (Prokuraturata na Republika Balgariya).

La Asociación de Fiscales de Bulgaria es una asociación voluntaria de carácter no partidista de fiscales que trabajan o han trabajado en el Ministerio Fiscal del país. El objetivo de la Asociación es agrupar a los fiscales de todo el país y constituir un foro para la prestación de información necesaria y para el intercambio de puntos de vista sobre cuestiones relacionadas con la labor de los fiscales, así como ampliar los contactos internacionales de las fiscalías y sus miembros. Para más información, puede consultar la página web de la Asociación: - El enlace abre una nueva ventanahttp://apb.prb.bg/

Magistrados instructores

Con arreglo a la Ley del Poder Judicial de la República de Bulgaria los instructores tienen el estatuto de magistrados (jueces y fiscales).

Los órganos de instrucción son el Servicio Nacional de Instrucción, los departamentos de instrucción de distrito de las fiscalías de distrito y el departamento de instrucción de la Fiscalía Especializada. El departamento de instrucción de la Fiscalía de Sofía tiene el estatus de departamento de instrucción de distrito.

El Servicio Nacional de Instrucción está dirigido por el Fiscal General, bien de manera directa o a través del Director del servicio, que actúa también como Fiscal General Adjunto a efectos de la instrucción. El Director del Servicio Nacional de Instrucción es responsable de la gestión administrativa y organizativa de los jueces de instrucción y del personal del Servicio Nacional de Instrucción y proporciona orientaciones metodológicas a los magistrados instructores de los departamentos de instrucción de distrito de las fiscalías de distrito.

Los departamentos de instrucción de distrito de las fiscalías de distrito y el departamento de instrucción de la Fiscalía Especializada están formados por magistrados instructores.

Los magistrados instructores de los departamentos de instrucción de distrito de las fiscalías de distrito y del departamento de instrucción de la Fiscalía Especializada se encargan de la instrucción de los casos que les han sido asignados por el director administrativo de la respectiva fiscalía.

Al ejercer sus funciones en relación con procesos penales, los órganos de instrucción actúan bajo la dirección y la supervisión de un fiscal.

Los autos y providencias dictados por los jueces de instrucción en el transcurso de una investigación son vinculantes para todos los organismos públicos, entidades jurídicas y ciudadanos.

Jueces

El nombramiento, el ascenso y la retrogradación, el traslado y el cese de los jueces en Bulgaria se efectúan por decisión del Consejo Supremo de la Magistratura.

Organización

Los jueces que posean la experiencia requerida pueden optar a los siguientes cargos:

  • juez del Tribunal Supremo de Casación y juez del Tribunal Supremo Administrativo (se exige un mínimo de doce años de experiencia jurídica);
  • juez de un tribunal de apelación, juez de un tribunal de apelación militar, juez del Tribunal Penal Especializado de Apelación (para los dos primeros se exige un mínimo de diez años de experiencia jurídica, pero para ser juez del Tribunal Penal Especializado de Apelación se exige un mínimo de doce años de experiencia jurídica, ocho de ellos como mínimo como juez en causas penales);
  • juez en un tribunal de distrito, juez en un tribunal administrativo, juez en un tribunal militar, juez del Tribunal Penal Especializado (para los dos primeros se exige un mínimo de diez años y para ser juez del Tribunal Penal especializado un mínimo de cinco años como juez en causas penales);
  • juez en un tribunal regional (un mínimo de tres años de experiencia);
  • juez subalterno (no se requiere experiencia).

Los jueces adquieren la condición de miembros titulares de la judicatura por decisión del Consejo Supremo de la Magistratura, dictada al término de un periodo de servicio de cinco años y tras una evaluación positiva del desempeño de sus funciones.

La Asociación de Jueces de Bulgaria se fundó en Sofía, el 28 de marzo de 1997, por iniciativa de 30 miembros de la carrera judicial entre los que había jueces y magistrados del Tribunal Supremo de Casación y de los tribunales regionales y de distrito de todo el país.

Esta Asociación es la sucesora de la Asociación de Jueces Búlgaros, que se fundó en 1919 y funcionó hasta 1945 como una organización profesional sin carácter oficial, que aunaba a la comunidad de jueces y tenía por objeto proteger sus intereses profesionales y debatir y resolver sus problemas.

Para más información puede consultar la página web de la El enlace abre una nueva ventanaAsociación de Jueces de Bulgaria (Sayuz na Sadiite v Balgariya).

La Asociación de Jueces de Bulgaria se creó para garantizar a los ciudadanos un acceso a la justicia justo y transparente.

Dentro del ordenamiento judicial, la Asociación intenta trabajar de conformidad con la Constitución y las disposiciones estatutarias, al tiempo que sigue las normas de la ética profesional. Para más información puede consultar la página web de la Asociación - El enlace abre una nueva ventanahttp://www.judgesbg.org/bg/

Cometido y funciones

La Asociación de Jueces de Bulgaria puede abrir expedientes (en particular de carácter disciplinario) contra los jueces, actúa como mediadora en los litigios entre jueces y otros funcionarios de la administración pública, presta asistencia al legislador durante el proceso legislativo, lleva registros y publica un diario.

Asistentes de juez y asistentes del Ministerio Público

En los tribunales de distrito y administrativos, los tribunales de apelación, en el Tribunal Supremo de Casación y en el Tribunal Supremo Administrativo existe la figura del asistente de juez.

En las fiscalías de distrito y de apelación, en la Fiscalía Suprema de Casación y en la Fiscalía Suprema Administrativa existe, a su vez, la figura del asistente del Ministerio Público.

Puede ser nombrado asistente de juez o asistente del Ministerio Público toda persona que reúna los requisitos establecidos para acceder al cargo de juez, de fiscal o de juez instructor y que haya superado una oposición de ingreso en la Administración de Justicia.

Los asistentes de juez son nombrados por el jefe administrativo del órgano jurisdiccional correspondiente. Los asistentes del Ministerio Público son nombrados por el Fiscal General o por el jefe administrativo de la fiscalía correspondiente.

Organización de la profesión jurídica: abogados

Abogados

La profesión de abogado es una actividad establecida por la Constitución de Bulgaria. Solo puede ejercer como abogado la persona que ha prestado juramento y está inscrita en el registro del Colegio de Abogados. Dentro de la demarcación judicial de cada tribunal de distrito hay un colegio de abogados, dependiente del Consejo Superior de la Abogacía, cuya sede está en Sofía. La Ley de la Abogacía establece el estatuto, los derechos y las obligaciones de los abogados.

El Consejo Superior de la Abogacía es una entidad con personalidad jurídica que reúne a los representantes de los colegios de abogados, a razón de un delegado por cada 40 abogados.

Las funciones del Consejo Superior de la Abogacía son las siguientes: convocar y organizar las reuniones de la Asamblea General de Abogados de Bulgaria; ejecutar sus decisiones y preparar y presentar informes ante la Asamblea General; determinar la contribución inicial y las cotizaciones anuales de los abogados a su presupuesto; emitir ordenanzas conforme a la Ley de la Abogacía; resolver los recursos contra la legalidad de decisiones de las juntas generales de los colegios de abogados y sobre la legalidad de la elección de los órganos de gobierno de los colegios de abogados; resolver los recursos y reclamaciones contra las decisiones de los colegios de abogados referentes a la admisión de abogados en prácticas y a la denegación de colegiación; y garantizar y avalar los gastos de funcionamiento de la Comisión Superior de Control y de la Comisión Disciplinaria Superior.

El Consejo Superior de la Abogacía lleva un registro de abogados, un registro de abogados en prácticas, un registro de bufetes de abogados y un registro de abogados extranjeros autorizados para actuar como letrados de la defensa ante los órganos jurisdiccionales de Bulgaria.

Bases de datos con información jurídica

Para más información puede consultar la página web del El enlace abre una nueva ventanaConsejo Superior de la Abogacía (Visshiya Advokatski Savet).

Notarios

Organización

Un notario es una persona a quien el Estado ha encomendado la realización de los actos notariales prescritos por la ley. Es independiente en el ejercicio de sus funciones y ha de regirse únicamente por la ley. El Ministerio de Justicia supervisa las actividades de todos los notarios por lo que respecta al cumplimiento de la ley y del Estatuto de la Cámara de Notarios.

El estatuto jurídico, los derechos y las obligaciones de los notarios se establecen en la Ley de Notarios y Prácticas Notariales de Bulgaria.

Cometido y funciones

La El enlace abre una nueva ventanaCámara de Notarios (Notarialnata Kamara) es una organización de notarios de la República de Bulgaria, fundada con arreglo a la Ley de Notarios y Prácticas Notariales. Todos los notarios pertenecen a ella por derecho. La Cámara de Notarios es una entidad con personalidad jurídica cuya sede está en Sofía.

Los órganos de gobierno de la Cámara de Notarios son el Pleno, la Junta de Notarios, la Comisión de Supervisión y la Comisión Disciplinaria. El presidente de la Junta de Notarios actúa como representante de la Cámara de Notarios.

La Cámara de Notarios organiza las actividades de los notarios y les apoya en su función, protege y promueve el prestigio de la profesión y mantiene relaciones con organizaciones internacionales que persiguen objetivos similares.

Para más información puede consultar la página web de la El enlace abre una nueva ventanaCámara de Notarios (Notarialnata Kamara).

Otras profesiones jurídicas

Agente ejecutivo privado

El agente ejecutivo privado es una persona en quien el Estado ha delegado la ejecución de títulos ejecutivos en el orden civil y el cobro de deudas contraídas con la administración pública. Tiene competencia para actuar en la circunscripción territorial del tribunal de distrito correspondiente.

La Cámara de Agentes Ejecutivos Privados se encarga de promover la profesión de agente ejecutivo privado y de mejorar el procedimiento de ejecución en Bulgaria, protegiendo el interés público y apoyando a sus miembros.

Bases de datos con información jurídica

La El enlace abre una nueva ventanaCámara de Agentes Ejecutivos Privados (Kamara na Chastnie Sadebni Izpalnitelni) lleva un registro de los agentes ejecutivos privados.

El registro es público y se puede acceder a él a partir de la página web de la Cámara. Cualquier persona puede hacer consultas acerca del registro y obtener extractos de él (Ley de Agentes Ejecutivos Privados).

Los agentes ejecutivos privados deben presentar al Ministerio de Justicia informes de actividad semestrales y anuales, que sirven de base al Ministerio para alimentar, mantener y desarrollar un sistema de información sobre la ejecución de las resoluciones judiciales. El acceso al sistema de información está supeditado al pago de una tasa al Ministerio de Justicia, cuya cuantía fija el Consejo de Ministros mediante la aprobación de un baremo. El acceso al sistema de información es gratuito para los órganos de la administración del Estado y los órganos de la administración local y para las personas que ejercen funciones públicas.

Agente ejecutivo del Estado

Los agentes ejecutivos del Estado se encargan de la ejecución de títulos ejecutivos en el orden civil. El Estado también puede encomendarles el cobro de deudas contraídas con la administración pública, cuando así lo prescriba la ley.

El ministro de Justicia fija el número de agentes ejecutivos del Estado.

En los tribunales regionales que no tienen agentes ejecutivos del Estado, lleva a cabo estas funciones un juez regional designado por el presidente del tribunal de que se trate, que debe notificar la designación al Ministerio de Justicia.

Los agentes ejecutivos del Estado son nombrados por el ministro de Justicia al término de una oposición. El ministro de Justicia también puede organizar una oposición a propuesta del presidente de un tribunal regional.

La El enlace abre una nueva ventanaAsociación de Agentes Judiciales del Estado de Bulgaria (Asotsiatsiya na Darzhavnite Sadebni Izpalnitelni v Balgariya) es una organización profesional independiente y de afiliación voluntaria que defiende los intereses profesionales, intelectuales, culturales, sociales y materiales de dichos agentes, y contribuye a la promoción de la profesión y de su prestigio en el Estado y en la sociedad.

Bases de datos con información jurídica

Se puede acceder al El enlace abre una nueva ventanaregistro de agentes ejecutivos del Estado (Registar na Darzhavnite Sadebni Izpalnitelni) a partir de la página web de la Asociación de Agentes Ejecutivos del Estado de Bulgaria.

Jueces de registro

Los jueces de registro ejercen sus funciones en los tribunales regionales.

Los jueces de registro ordenan o deniegan la inscripción o supresión de asientos o anotaciones en el registro de la propiedad inmobiliaria, deciden sobre la expedición de extractos y certificados y adoptan las medidas notariales o de otro tipo prescritas por la ley. Solo pueden actuar dentro su zona de competencia territorial.

El ministro de Justicia fija el número de jueces de registro.

Cuando un tribunal regional no tiene juez de registro, o cuando este no puede desempeñar sus funciones por algún motivo, le sustituye un juez regional, lo cual debe notificarse al Ministerio de Justicia.

El ministro de Justicia podrá asignar las funciones de un juez de registro a un agente ejecutivo del Estado del mismo tribunal.

Los jueces de registro son nombrados por el ministro de Justicia al término de una oposición. El ministro también puede organizar una oposición a propuesta del presidente de un tribunal regional.

La Asociación de Jueces de Registro de Bulgaria es una organización profesional independiente y de afiliación voluntaria que defiende los intereses profesionales, intelectuales, culturales, sociales y materiales de dichos jueces, y contribuye a la promoción de la profesión y de su prestigio en el Estado y en la sociedad. Para más información puede consultar la página web de la Asociación - El enlace abre una nueva ventanahttp://www.basv.free.bg

En este enlacePDF(378 Kb)en figura más información sobre el personal judicial.


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Última actualización: 17/12/2018

Profesiones jurídicas - Chequia

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Esta sección ofrece información sobre las profesiones jurídicas en la República Checa.


Profesiones jurídicas

Profesiones - Introducción

Las profesiones jurídicas comprenden jueces, fiscales, abogados, notarios y agentes judiciales.

Fiscales

Estructura

Los fiscales son profesionales jurídicos que trabajan en una fiscalía. Las fiscalías son organismos públicos que representan al Estado con el fin de proteger los intereses públicos en asuntos estrictamente especificados. Los fiscales se encargan de los asuntos que son de la competencia del Ministerio Fiscal. Ningún otro organismo o persona puede invadir su ámbito de actividad ni sustituirlos o actuar en su nombre en el desempeño de sus funciones.

La estructura del Ministerio Fiscal es la misma que la del sistema judicial (es decir, se organiza en los niveles de distrito, regional y supremo). A la cabeza del ministerio se encuentra la Fiscalía Suprema del Estado, con sede en Brno, que es la fiscalía general encargada de supervisar el Ministerio Fiscal. Corresponde al gobierno la designación y destitución del Fiscal Supremo del Estado previa recomendación del Ministerio de Justicia.

Asociación profesional de la carrera fiscal

La Unión de Fiscales de la República Checa (El enlace abre una nueva ventanaUnie státních zástupců České republiky) es una asociación profesional voluntaria cuyo objetivo es ayudar a las fiscalías a desempeñar sus funciones y promover el imperio de la ley y la independencia respecto de cualquier influencia en la adopción de decisiones. La Unión también desempeña un papel importante en la formación de fiscales y pasantes de fiscales y representa los intereses corporativos.

La profesión está regulada por el Código de Ética Profesional de los Fiscales.

Puede consultarse la lista de fiscales, desglosados por las fiscalías a las que pertenecen, a través de la página web del Ministerio de Justicia: El enlace abre una nueva ventanaMinisterstvo spravedlnosti.

Funciones y obligaciones de las fiscalías

Los fiscales son funcionarios públicos cuya misión es representar al Estado en aras de la protección del interés público, en particular iniciando acciones penales y garantizando que se cumple la ley por lo que respecta a la prisión preventiva, las penas de privación de libertad, los tratamientos médicos preventivos, la formación preventiva o como medida de reinserción, la prevención de la delincuencia y la ayuda a las víctimas de delitos.

Facultades en procedimientos penales

Los fiscales están facultados para actuar en todas las etapas del procedimiento penal. El fiscal goza de determinados derechos procesales y está sujeto a las correspondientes obligaciones procesales.

El Ministerio Fiscal opera de conformidad con lo previsto en la Ley nº 283/1993. En particular, es responsable de iniciar acciones penales y adoptar ciertas otras medidas en virtud del Código Penal. También hace un seguimiento del cumplimiento de la ley por lo que respecta a la prisión preventiva, las penas de privación de libertad, los tratamientos médicos preventivos, los centros de internamiento de menores o de asistencia institucional, y demás situaciones en las que la ley dispone la aplicación de restricciones a la libertad personal, además de actuar en procedimientos no penales y llevar a cabo otras tareas específicas según lo previsto en la ley.

Los fiscales garantizan que se cumple la ley durante la instrucción de los procedimientos penales. En virtud del Código Penal (Ley nº 141/161), la posibilidad de adoptar ciertas medidas en esta fase constituye una prerrogativa exclusiva del fiscal.

Antes de iniciar un procedimiento penal, deberán haberse notificado al fiscal los hechos que indiquen que se ha cometido un delito (Artículo 158(2) del Código Penal)

Cuando el fiscal presenta cargos formalmente (recomendando una pena) se pone en marcha el procedimiento para iniciar una acción ante el tribunal competente. Los fiscales deben asistir a la vista general, donde son los encargados de abrir el procedimiento, fijando los cargos, y de cerrarlo, presentando sus conclusiones.

Los fiscales también están facultados para llegar a acuerdos sobre culpabilidad y condena.

Los fiscales pueden recurrir alegando que se ha dictado una sentencia equivocada. Estos recursos pueden ser a favor o en contra del acusado.

El Fiscal Supremo del Estado dispone, además, de una instancia superior a la que recurrir.

Los fiscales también pueden recomendar que se celebre un nuevo juicio a favor o en contra del acusado.

En el caso de los procedimientos contra menores, el fiscal debe estar presente en todo momento, no solo en la vista principal, sino también en las vistas públicas (Ley nº 218/2003 sobre procedimientos judiciales en asuntos de menores).

La facultad decisoria sobre acuerdos alternativos en la fase de instrucción constituye una de las diversas facultades decisorias exclusivas del fiscal.

Funciones del Ministerio Fiscal en asuntos no penales

El Ministerio Fiscal también puede recomendar que se inicien acciones civiles o puede intervenir en procedimientos civiles ya en curso, pero solo en los casos permitidos por la ley.

La participación del Ministerio Fiscal en procedimientos civiles encuentra su base en el Artículo 80 de la Constitución checa, que establece que el Ministerio Fiscal puede asumir otras tareas que le encomienden las leyes además de la de iniciar procedimientos penales. En virtud de la Ley del Ministerio Fiscal, este está facultado para actuar en otros procedimientos además de en asuntos penales. Estas facultades se abordan en más detalle en el Código Civil, donde se especifican los supuestos en los que el Ministerio Fiscal puede intervenir en procedimientos civiles en curso.

Además de gozar de la posibilidad de personarse como parte en procedimientos civiles, el Ministerio Fiscal puede recomendar que el Fiscal Supremo del Estado inicie acciones, por ejemplo en asuntos de impugnación de la paternidad en virtud de la Ley de la Familia.

Titulación y demás requisitos que deben cumplir los fiscales

Los fiscales toman posesión de su cargo en el momento de su nombramiento. El Ministro de Justicia, previa recomendación del Fiscal Supremo del Estado, nombra a los fiscales por un periodo de tiempo ilimitado. Los fiscales juran su cargo ante el Ministro de Justicia.

Para poder ser nombrado fiscal hay que ser ciudadano checo y:

  • tener capacidad jurídica;
  • no tener antecedentes penales;
  • tener como mínimo 25 años en el momento del nombramiento;
  • superar estudios de postgrado en derecho por una universidad checa;
  • haber aprobado el examen final;
  • poseer las cualidades morales que garantizan que ejercerá el cargo adecuadamente; y
  • aceptar el nombramiento como fiscal y su destino a una fiscalía.

Los fiscales se nombran por un periodo de tiempo ilimitado, pero pueden ser suspendidos de sus funciones por decisión del Ministro de Justicia. Cesan en el cargo al cumplir los 70 años, en caso de fallecimiento o declaración oficial de defunción, o, por ejemplo, si pierden su capacidad jurídica o esta queda restringida, si se niegan a jurar su cargo, si pierden la nacionalidad checa, si asumen un cargo que sea incompatible con el de fiscal, si son declarados culpables de un delito, si se les declara incapacitados para desempeñar sus funciones o si su estado de salud les impide desempeñar sus funciones. Asimismo, cesarán en el cargo si se les destituye como medida disciplinaria o en caso de dimisión.

El Ministro de Justicia fija el presupuesto del Ministerio Fiscal. El cargo de fiscal está regulado por la Ley nº 283/1993.

Incompatibilidad de cargos

Salvo cuando la ley lo permita, un fiscal no puede hacer las veces de árbitro o mediador para la resolución de conflictos legales, representar a una de las partes en procesos judiciales ni actuar como agente para un demandante o cualquier parte en procesos judiciales o contencioso-administrativos. Aparte de servir como fiscales, o como fiscales jefes o subjefes, y de desempeñar funciones en el marco de una cesión temporal al Ministerio o a la Academia Judicial, los fiscales no pueden ocupar ningún puesto ni participar en ninguna otra actividad remunerada, salvo la de gestionar sus propios bienes, realizar trabajos en el ámbito académico, docente, literario, periodístico o artístico, y prestar servicios a órganos consultivos del Ministerio o del gobierno o en órganos parlamentarios.

Remuneración

La remuneración de los fiscales se establece por ley y la paga el Estado.

Responsabilidad Profesional

El Estado es responsable, según lo previsto en la ley, de cualquier daño, lesión o pérdida que pueda derivarse de las decisiones contrarias a derecho o los errores procesales de los fiscales.

Podrá procesarse a un fiscal en caso de infracción disciplinaria.

Jueces

Estructura

La disposición básica que rige el poder judicial es el Artículo 82(1) de la Constitución checa, que dispone que los jueces deben ser independientes en el ejercicio de sus funciones y que nadie puede pretender socavar su imparcialidad. La Ley nº 6/2002 desarrolla legalmente todo lo relativo al poder judicial y a los órganos jurisdiccionales.

Nombramiento y mandato

El Presidente de la República nombra jueces a quienes cumplan todos los requisitos establecidos para ello; estos toman posesión de su cargo mediante juramento. No obstante, no existe ningún derecho legal a ser nombrado juez.

La preparación para ser juez conlleva un periodo de pasantía de tres años en los tribunales. Al término de su pasantía, los aspirantes a jueces deben someterse a un examen judicial especial.

Los jueces son nombrados por un periodo de tiempo ilimitado, pero el Ministerio de Justicia puede cesarlos de sus funciones temporalmente. Los jueces cesan en el cargo al término del año en el que cumplen 70 años, en caso de fallecimiento o declaración oficial de defunción, si se les incapacita oficialmente para desempeñar sus funciones o en caso de dimisión.

Titulación y demás requisitos que deben cumplir los jueces

Para ser nombrado juez, una persona debe:

  • poseer la nacionalidad checa;
  • tener plena capacidad jurídica;
  • no tener antecedentes penales;
  • tener al menos 30 años de edad;
  • superar estudios de postgrado en derecho por una universidad checa;
  • haber aprobado el examen judicial especial;
  • poseer las cualidades morales que garantizan que ejercerá el cargo adecuadamente; y
  • aceptar el nombramiento como juez y su destino a un tribunal en particular.

Los jueces legos son nombrados de entre la ciudadanía en general (a condición de carecer de antecedentes penales). Juran el cargo ante el Presidente del tribunal y ocupan su puesto durante cuatro años.

Incompatibilidad de cargos

Además de actuar como presidente o vicepresidente de un tribunal, los jueces no pueden participar en ninguna otra actividad remunerada, salvo la de gestionar sus propios activos, realizar trabajos en el ámbito académico, docente, literario, periodístico o artístico y prestar servicios a órganos consultivos del Ministerio o del gobierno o en órganos parlamentarios

Remuneración

El nivel de remuneración de los jueces se fija por ley.

Funciones y obligaciones

El derecho y la obligación fundamentales de los jueces consisten en mantener la independencia en el desempeño de sus funciones y actuar únicamente de conformidad con la ley, interpretándola a su leal saber y entender y de acuerdo con su conciencia. No deben dejarse influir por, entre otros factores, los intereses partidistas, la opinión pública o los medios de comunicación. Está prohibido socavar o amenazar la independencia e imparcialidad de los jueces.

Los jueces deben dictar sus sentencias en un plazo de tiempo razonable y sin demoras injustificadas, y deben brindar a las partes y a sus representantes la oportunidad de hacer valer sus derechos, pero no pueden negociar con ellos sobre el fondo del asunto ni sobre cuestiones procesales que puedan afectar al asunto.

Incluso después de dejar su cargo, los jueces no deben divulgar ningún asunto que haya llegado a su conocimiento en el desempeño de sus funciones; esta obligación solo podrá dispensarse en casos excepcionales.

En la página web del Ministerio de Justicia se encuentra disponible el listado de jueces y los tribunales en los que trabajan: El enlace abre una nueva ventanaMinisterstvo spravedlnosti.

La Unión de Jueces El enlace abre una nueva ventanaSoudcovská unie no representa a todos los jueces, ya que su pertenencia es voluntaria. Su asamblea general ha adoptado un código de conducta para los jueces en el que se establecen los principios éticos por los que debe regirse el poder judicial.

Categorías y especialidades en la carrera judicial

Además de dictar resolución sobre las causas que se les someten, los jueces también pueden hacer las veces de magistrados presidentes o vicepresidentes de órganos jurisdiccionales. Son nombrados por el Presidente de la República (Tribunal Supremo y Tribunal Supremo Administrativo) o por el Ministro de Justicia (tribunales superiores, regionales y de distrito). Entre sus principales funciones se encuentra la administración de los tribunales.

Un juez también puede ser elegido para presidir un colegio del Tribunal Supremo o del Tribunal Supremo Administrativo, o para presidir el consejo de magistrados de un tribunal.

A nivel interno, los tribunales de distrito, regionales y superiores están básicamente estructurados en divisiones especializadas en los ámbitos penal, civil y administrativo para los distintos tipos de asuntos.

Responsabilidad profesional de los jueces

El Estado es responsable de cualquier daño, lesión o pérdida que pueda derivarse de errores en sus resoluciones, penas de cárcel, sentencias o medidas preventivas, o de irregularidades procesales. Se podrá exigir que un juez indemnice solo en caso de que sea declarado culpable de un delito o de falta disciplinaria. Los jueces son responsables de actuar con profesionalidad en el desempeño de sus funciones.

Notarios

Estructura

Los notarios y sus actividades están regulados por la Ley nº 358/1992 sobre el notariado y sus actividades (Código Notarial).

Los notarios deben ser miembros del Colegio Notarial, que es responsable de regular la profesión. El Colegio también organiza la formación y los exámenes de los pasantes de notarios. Se encuentra disponible un listado de los notarios, clasificados por región, en la página web del El enlace abre una nueva ventanaNotářská komora.

Nombramiento y mandato

El Ministro de Justicia, previa recomendación del Colegio, nombra y destina a los notarios, que previamente han de haber aprobado un examen de oposición, para ocupar las plazas notariales vacantes. El notario toma posesión de su cargo una vez inscrito en el registro de notarios que lleva el Colegio Notarial.

Los pasantes de notario se preparan para ejercer la profesión trabajando al servicio de un notario. La siguiente fase de la preparación se produce cuando el pasante alcanza la categoría de candidato a notario una vez cumplidos los tres años de pasantía y después de haber aprobado la oposición a notarías.

El mandato de los notarios se otorga por un periodo de tiempo ilimitado, pero puede ser suspendido. Los notarios cesan al cumplir los 70 años, en caso de fallecimiento o declaración oficial de defunción, si son destituidos, si pierden la ciudadanía checa, si pierden su capacidad jurídica, o si, por ejemplo, se niegan a jurar su cargo o si su estado de salud les impide la continuidad en sus funciones.

El número de notarías en el área de cada tribunal de distrito lo establece el Ministro de Justicia previa consulta con el Colegio Notarial.

Los notarios son independientes en el desempeño de sus funciones. Están vinculados únicamente por la ley. La práctica notarial es incompatible con el ejercicio de cualquier otra actividad remunerada (salvo que la ley establezca lo contrario).

Titulación y demás requisitos que deben cumplir los notarios

Para ser nombrado notario, una persona debe:

  • poseer la nacionalidad checa;
  • tener plena capacidad jurídica;
  • no tener antecedentes penales;
  • tener un título universitario;
  • haber completado un periodo de pasantía de al menos cinco años en una notaría;
  • haber aprobado la oposición a notarías;

Para poder ejercer como notario, una persona debe:

  • ser nombrado notario;
  • haber jurado el cargo ante el Ministro de Justicia, si no lo ha hecho antes;
  • haber obtenido el sello oficial de notario;
  • haber contratado una póliza de seguro de responsabilidad contra daños, lesiones o pérdidas que puedan derivarse del desempeño de su profesión.

Incompatibilidad de cargos

Los notarios no pueden participar en ninguna otra actividad remunerada que no sea la de gestionar sus propios activos. No obstante, pueden realizar trabajos remunerados en el ámbito académico, periodístico, docente, de interpretación de lenguas, peritaje o artístico.

Remuneración

De acuerdo con el Código Notarial, los notarios trabajan a cambio de una remuneración, que incluye esencialmente sus honorarios, un pago por el tiempo dedicado y el reembolso de los gastos soportados. Se hará cargo del pago la persona que solicita los servicios notariales. Los notarios tienen derecho a exigir el pago de un anticipo razonable sobre sus honorarios y gastos. Los pormenores de la remuneración de los notarios se establecen mediante legislación específica.

Funciones y obligaciones de los notarios

En el desempeño de sus funciones, los notarios deben cumplir las leyes y demás disposiciones legales de aplicación general; en la prestación de asistencia jurídica, los notarios también están sujetos a las instrucciones de sus clientes. Tienen derecho a abstenerse de actuar según lo requerido solo si ello entrara en conflicto con las leyes de aplicabilidad general; si ellos mismos o personas cercanas a ellos están implicados en el asunto; si ya han prestado asistencia jurídica en el mismo asunto a otra persona con intereses contrarios; o si la persona que pide asistencia no satisface el pago de un anticipo razonable sin un motivo justificado. Los notarios tienen derecho a rescindir un contrato con un cliente o persona que busca asesoramiento en caso de producirse una pérdida de confianza mutua.

Los notarios no pueden revelar ninguna información que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones y que pueda afectar a los intereses legítimos de sus clientes o personas que buscan asesoramiento; solo las personas implicadas pueden eximirles de esta obligación.

Entre los servicios jurídicos y demás servicios prestados por los notarios se incluyen:

  • actuar como comisionados judiciales, es decir, como agentes del tribunal, en asuntos de sucesión.
  • redactar actas notariales: de protocolización de actos jurídicos, de juntas generales y juntas de personas jurídicas y de otros actos y situaciones
  • redactar contratos
  • ejercer la custodia notarial
  • redactar actas notariales de ejecución
  • redactar y depositar testamentos
  • redactar capitulaciones prematrimoniales (que deben adoptar la forma de escritura notarial), contratos de garantía y garantías de registro
  • autenticar documentos.

También expiden extractos del Registro de la Propiedad de la República Checa, etc.

Responsabilidad profesional de los notarios

Los notarios son responsables frente a sus clientes, las personas que les solicitan asesoramiento y demás personas afectadas por cualquier daño, lesión o pérdida que puedan provocar en el desempeño de sus funciones; asimismo son responsables frente al personal a su cargo por cualquier daño, lesión o pérdida que estos puedan sufrir en el desempeño de su trabajo. Para cubrir ese riesgo, deben contar con una póliza de seguro de responsabilidad.

Los notarios también están sujetos a medidas disciplinarias.

La supervisión estatal de los notarios compete al Ministerio de Justicia, el Colegio Notarial de la República Checa y los distintos colegios notariales.

Colegiación

De los colegios notariales, establecidos por ley en el área de cada tribunal regional y el tribunal municipal de Praga, son miembros todos los notarios que ejercen en el área correspondiente. Los colegios notariales tienen personalidad jurídica y cuentan con su propio presupuesto y órganos.

El Colegio Notarial de la República Checa es la organización profesional central autónoma que engloba a todos los colegios notariales. Tiene personalidad jurídica y cuenta con su propio presupuesto y órganos. Su misión incluye llevar y gestionar el registro central de testamentos, que es un listado no público en formato electrónico que incluye los testamentos, escrituras de sucesión y actos que los revocan, así como los registros de nombramiento y cese de albaceas testamentarios. El Colegio Notarial de la República Checa también lleva un registro de garantías.

Organización de la profesión legal: los profesionales del Derecho

Abogados

Los abogados deben ser miembros del Colegio de Abogados de la República Checa (El enlace abre una nueva ventanaČeská advokátní komora), la asociación privada, autónoma y central responsable de la profesión.

La abogacía está regulada por la Ley nº 85/1996, El enlace abre una nueva ventanao advokacii.

Requisitos que deben cumplir los abogados

Si una persona desea ejercer como abogado, debe estar dada de alta en el registro de abogados del El enlace abre una nueva ventanaColegio de Abogados de la República Checa. Para darse de alta en este registro, la persona debe solicitarlo por escrito y debe:

En la El enlace abre una nueva ventanaRepública Checa solo pueden prestar servicios jurídicos:

En la República Checa solo hay un tipo de abogados y no se hace distinción alguna. Cada abogado desarrolla su especialización en las distintas ramas del derecho exclusivamente a través del ejercicio de su profesión.

Derechos y obligaciones de los abogados

La inscripción en el registro confiere la condición de abogado.

Los aspirantes a abogados deben prepararse para ejercer la profesión trabajando como pasantes al servicio de un abogado.

La inscripción en el registro no está sujeta a ningún límite temporal, pero el derecho a ejercer como abogado puede suspenderse, bien de conformidad con lo previsto en la ley, bien por decisión del Colegio de Abogados de la República Checa.

El derecho a ejercer la abogacía cesa cuando el abogado es dado de baja del registro por los motivos previstos en la ley, tales como su fallecimiento o declaración oficial de defunción, si pierden su capacidad jurídica o esta queda restringida, o si son eliminados del registro como consecuencia de una medida disciplinaria, en caso de quiebra o a petición propia del abogado. El Colegio de Abogados de la República Checa también está facultado para dar de baja del registro a un abogado.

Incompatibilidad de cargos

En virtud de lo dispuesto en la ley, un abogado en ejercicio no puede trabajar ni ocupar ningún otro puesto similar de forma simultánea, excepción hecha del puesto de profesor de universidad, ni puede participar en ninguna actividad que sea incompatible con la de abogado.

Remuneración

Por lo general, los abogados ejercen a cambio del pago de honorarios por parte del cliente; los abogados pueden exigir el pago de un anticipo razonable. El método para fijar los honorarios de los abogados por la prestación de servicios jurídicos, el reembolso de los gastos soportados y la remuneración por el tiempo dedicado están regulados por una disposición vinculante de carácter general. Normalmente, los honorarios por la prestación de servicios jurídicos se recogen en un contrato con el cliente («honorarios contractuales»). De lo contrario, estos se establecerán de conformidad con el baremo de honorarios no contractuales aplicable a los abogados. En caso de que se designe a un abogado para prestar servicios jurídicos, sus honorarios correrán a cargo del Estado.

Colegiación

El Colegio de Abogados de la República Checa, con sede en Praga y sucursal en Brno, es la organización profesional autónoma de todos los abogados. Cuenta con sus propios órganos y promulga las normas profesionales vinculantes para los abogados, que se publican en el Diario Oficial del Colegio de Abogados de la República Checa.

Entre ellas se encuentran el reglamento de ética profesional y el reglamento sobre competencia, aplicables a la profesión legal en la República Checa.

Responsabilidad Profesional

Los abogados son responsables frente a sus clientes por cualquier daño, lesión o pérdida que ellos, sus empleados o representantes puedan provocar en el desempeño de su trabajo. Los abogados deben contratar un seguro que cubra esta responsabilidad.

Los abogados también serán responsables en caso de cometer infracciones disciplinarias que supongan el incumplimiento grave o reiterado de sus obligaciones.

Bases de datos de la profesión jurídica

Está disponible un listado de abogados en la página web del El enlace abre una nueva ventanaColegio de Abogados de la República Checa. Allí puede buscar abogados no solo por ubicación, sino también en función de su especialización y conocimiento de idiomas.

¿Es gratuito el acceso a esta base de datos?

Sí.

Abogados mercantilistas/asesoramiento jurídico

En la República Checa solo hay un tipo de abogados.

Otras profesiones jurídicas

Agentes judiciales

Un agente judicial es un profesional El enlace abre una nueva ventanajurídicoEl enlace abre una nueva ventanaindependiente cuya misión es hacer cumplir los El enlace abre una nueva ventanaprocedimientos ejecutorios de conformidad con lo previsto en el El enlace abre una nueva ventanaCódigo de Procedimiento Ejecutorio. Todos los agentes judiciales deben ser miembros del El enlace abre una nueva ventanaColegio de Agentes Judiciales, un organismo autónomo.

Esta profesión está regulada por la Ley nº 120/2001 de agentes judiciales y procedimiento ejecutorio (Código de Procedimiento Ejecutorio).

Los agentes judiciales son nombrados por el Ministro de Justicia.

En la República Checa, los agentes judiciales son funcionarios públicos cuyas obligaciones se consideran actos de los tribunales.

Para poder ser nombrado agente judicial hay que ser ciudadano checo y:

Nombramiento y mandato

Después de jurar su cargo, los agentes judiciales son nombrados por el Ministro de Justicia, que les destina a una plaza vacante tras un proceso de selección público. A su nombramiento, pasará a ser miembro del Colegio de Agentes Judiciales. La preparación para el cargo de agente judicial implica haber trabajado primero como pasante al servicio de un agente judicial. La siguiente etapa es la de aspirante a agente judicial; los aspirantes deben haber realizado una pasantía de al menos tres años y haber aprobado el examen de agentes judiciales antes de poder ser dados de alta en el registro.

El nombramiento no tiene una limitación temporal establecida, pero el Ministro de Justicia puede suspender de sus funciones a un agente judicial. Durante el periodo de suspensión, el agente judicial no puede ejercer como tal por lo que se procederá a nombrar a un sustituto, al igual que sucede en cualquier otro periodo de tiempo durante el cual un agente judicial no puede ejercer sus funciones (por ejemplo, bajas por enfermedad, vacaciones, etc.).

Una persona dejará de ser agente judicial desde el momento en que pierda su condición de miembro del colegio de Agentes Judiciales. Esto sucede en caso de fallecimiento o declaración oficial de defunción, si es destituido, si pierde la ciudadanía checa o si pierde su capacidad jurídica o esta queda restringida.

Incompatibilidad de cargos

Los agentes judiciales no pueden participar en ninguna otra actividad remunerada que no sea la de gestionar sus propios activos. No obstante, podrán realizar trabajos remunerados en el ámbito académico, editorial, docente, de interpretación de lenguas, peritaje o artístico.

Remuneración

Los agentes judiciales llevan a cabo sus funciones de ejecución de resoluciones judiciales y otras actividades a cambio de una remuneración, que consta principalmente de los honorarios del agente judicial, el reembolso de los gastos soportados, una remuneración por el tiempo dedicado y el reembolso por entrega de citaciones. Los honorarios de un agente judicial pueden acordarse entre el agente judicial y el usuario. De no alcanzarse un acuerdo de este tipo, los honorarios se establecerán de conformidad con las disposiciones legales generalmente aplicables. Los agentes judiciales pueden exigir un anticipo razonable de los costes de la ejecución de la resolución con fuerza ejecutiva.

Responsabilidad Profesional

Los agentes judiciales son responsables de cualquier daño, lesión o pérdida que pueda derivarse de las labores de ejecución realizadas por ellos o por sus empleados. Deben estar cubiertos por un seguro de responsabilidad.

Los agentes judiciales y los aspirantes a agentes judiciales también podrán ser sancionados por las infracciones disciplinarias derivadas del incumplimiento de sus obligaciones previstas en la ley o que provoquen un perjuicio grave o reiterado a la dignidad de la profesión.

Para más detalles, remítase a la página web del El enlace abre una nueva ventanaColegio de Agentes Judiciales

Organizaciones que prestan servicios jurídicos gratuitos

Existen varias organizaciones no gubernamentales que prestan asistencia jurídica gratuita en distintos ámbitos, tales como El enlace abre una nueva ventanaEkologický právní servis y El enlace abre una nueva ventanaluridicum remedium.

En determinados casos, el Colegio de Abogados de la República Checa también presta asesoramiento jurídico gratuito.

El Colegio de Abogados de la República Checa ofrece asesoramiento jurídico gratuito sobre cuestiones de procedimiento ejecutivo.


El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 04/12/2017

Profesiones jurídicas - Dinamarca

Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.
Ya se ha traducido a las siguientes lenguas: danés.

Esta sección ofrece información sobre las profesiones jurídicas en Dinamarca.


Profesiones jurídicas

Fiscales

Organización

El Ministerio Fiscal danés depende del Ministerio de Justicia, que es responsable de su supervisión. Lo componen el Fiscal General, los fiscales y los jefes de policía.

El Fiscal General interviene en los procesos penales ante el Tribunal Supremo y asimismo en los juicios orales ante la Comisión de Revisión de Asuntos Penales.

El Fiscal General tiene autoridad jerárquica sobre el resto de fiscales, cuyo trabajo supervisa. Se ocupa asimismo de las quejas contra las resoluciones de los fiscales en primera instancia.

Función y obligaciones

Las funciones y organización del El enlace abre una nueva ventanaMinisterio Fiscal se describen en la parte 10 (artículos 95 a 107) de la Ley de administración de la justicia.

Junto con la policía, es el responsable de perseguir los delitos con arreglo a la citada ley. Según el artículo 96, apartado 2, ha de tratar los asuntos con la celeridad que exija su carácter. A este respecto, debe garantizar que se condene a los culpables, no a los inocentes («principio de objetividad»).

Seis fiscales regionales intervienen en los procesos penales —recursos de apelación y juicios con jurado— ante las audiencias y supervisan las diligencias de los jefes de policía en las causas penales. Además, se ocupan de las quejas contra las resoluciones de los jefes de policía en materia de acusación. Por último, tratan las solicitudes de indemnización por errores judiciales y las reclamaciones contra la policía.

La Fiscalía de Delitos Económicos Graves ejerce la acusación por delitos de este tipo a escala nacional.

La Fiscalía de Delitos Internacionales Graves, por su parte, ejerce la acusación en el territorio nacional por los delitos de este tipo cometidos en el extranjero. Se incluyen entre estos delitos los de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

Los jefes de policía actúan como fiscales ante los juzgados locales (en primera instancia) y, por tanto, además de sus funciones directivas en el cuerpo de policía, son los responsables de las investigaciones llevadas a cabo por la policía municipal y la fiscalía local.

Jueces y magistrados

Organización

Salvo en lo que respecta al Presidente del Tribunal Supremo, el nombramiento de los jueces corresponde al Ministerio de Justicia, a propuesta del El enlace abre una nueva ventanaConsejo de Nombramientos Judiciales. En la práctica, el Ministerio sigue siempre estas propuestas.

Los asuntos disciplinarios relativos a los jueces y a la plantilla judicial son competencia del El enlace abre una nueva ventanaTribunal Especializado de Procesamiento y Revisión.

El El enlace abre una nueva ventanaConsejo de la Magistratura tiene la responsabilidad global de la formación de la plantilla judicial.

Función y obligaciones

En Dinamarca, los jueces de carrera no suelen especializarse en ningún ámbito jurídico. Pueden desempeñar el cargo (‘konstitueret’) con carácter permanente o temporal. Hay además jueces auxiliares y adjuntos, que suelen ocuparse de asuntos de menor entidad (como los relacionados con las ejecuciones a cargo de los oficiales de justicia).

Existen asimismo jueces legos, que son los que, con algunas excepciones importantes, intervienen en todos los asuntos penales en primera y segunda instancia. En estos casos pueden contar con la asistencia de asesores expertos legos. El mandato tanto de los jueces legos como de estos asesores es de cuatro años.

Bases de datos jurídicas

Puede encontrarse más información en las siguientes páginas web:

La página web de acceso público de la El enlace abre una nueva ventanaAsociación de Jueces

La página web de la El enlace abre una nueva ventanaAsociación de Jueces Adjuntos

Organización de las profesiones jurídicas: profesionales de la abogacía

Abogados

Abogados independientes

El Colegio de Abogados se fundó en 1919. Deben pertenecer a él todos los abogados (advokater) daneses.

Abogados internos y abogados en prácticas

La FAAF es una asociación que agrupa a los abogados internos y los abogados en prácticas, y que depende de la Asociación Danesa de Abogados y Economistas (DJØF). Esta última es la mayor asociación de estudiantes y profesionales de los ámbitos del Derecho, la administración, la gobernanza estatal, la investigación, la educación, la comunicación, la economía, la política y las ciencias sociales en Dinamarca. Cuenta con unos 50 000 miembros pertenecientes a todos estos campos. De los 1 500 miembros que integran grosso modo la FAAF, 900 son abogados internos.

Letrados de empresa

Los letrados de empresa, además de inscribirse en el Colegio de Abogados, pueden afiliarse a la Asociación de Letrados de Empresa (Danske Virksomhedsjurister, DVJ). En la actualidad, unas dos terceras partes de los miembros de esta asociación poseen un certificado de habilitación profesional para el ejercicio de la abogacía. La DVJ representa con carácter general los intereses profesionales de los letrados de empresa, además de promover el reconocimiento y comprensión de su posición y su creciente importancia para los actores comerciales, las administraciones públicas, las ONG y la sociedad en general. La DVJ es miembro de la Asociación Europea de Juristas de Empresa (ECLA).

Los abogados independientes y los letrados de empresa

En Dinamarca, los letrados de empresa que poseen el certificado de habilitación profesional están sujetos exactamente a la misma normativa que los abogados independientes. La Ley de administración de la justicia no distingue entre unos y otros, y todos pertenecen al Colegio de Abogados.

En términos generales, esto significa que los letrados de empresa tienen el mismo estatuto que los abogados por lo que se refiere, por ejemplo, al Código deontológico, al secreto profesional y a la confidencialidad de las relaciones con los clientes. Con todo, se ha ampliado el alcance del Código deontológico para garantizar que se aplica también a estos letrados, teniendo en cuanta las peculiaridades de sus circunstancias laborales.

Por tanto, el secreto profesional de los abogados independientes y de los letrados de empresa se encuentra regulado por la misma normativa. Aún está por comprobar en los tribunales, no obstante, si el grado de aplicación será igual o inferior en el caso de estos últimos.

La única excepción en cuanto a la igualdad de estatuto jurídico se refiere al tipo de cliente a quien el letrado de empresa puede representar al amparo de su certificado de habilitación profesional. De hecho, la posibilidad legal de actuar como letrado de empresa se considera una excepción tácita a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de administración de la justicia, que regula el tipo de empresa para la que puede trabajar un letrado.

Por consiguiente, el letrado de empresa sólo está facultado para representar jurídicamente a la empresa u organización para la que trabaje, salvo que actúe por su cuenta al margen de su empleo. Así pues, si la empresa le pide que asesore jurídicamente a alguno de sus clientes o miembros, no estará legitimado para ello, salvo que actúe por su cuenta al margen del empleo y asuma la representación de ese cliente o miembro como abogado independiente.

 Ahora bien, si un letrado de empresa presta asesoramiento jurídico a un cliente o miembro de la empresa sin actuar como abogado independiente, y el cliente o miembro es un consumidor y el asesoramiento jurídico se presta con fines comerciales, se aplicará a esa actividad la normativa sobre asesoramiento jurídico, con la sola excepción del asesoramiento prestado por sindicatos u organizaciones no gubernamentales. La razón es que tal asesoramiento no se hace para un fin comercial y, por lo general, se considera accesorio de los servicios ordinarios que se prestan a los miembros y que están relacionados con el objeto del sindicato.

El asesoramiento jurídico prestado a un consumidor por un empleado de un sindicato (que esté en posesión de un certificado de habilitación profesional) se regula, por tanto, exclusivamente por las normas generales de remuneración aplicables a las relaciones no contractuales y sólo indirectamente por el Código deontológico danés. Éste establece que, según el artículo 126, apartado 4, de la Ley de la administración de la justicia, ningún abogado debe mostrar (fuera de su actividad profesional) una conducta impropia de un abogado en materias de carácter empresarial o financiero.

Normativa sobre asesoramiento jurídico

Desde julio de 2006, el asesoramiento jurídico prestado a los consumidores para fines comerciales está sujeto a una normativa específica, cualquiera que sea la formación de quien lo preste. Esa normativa excluye de manera explícita el asesoramiento jurídico prestada por abogados independientes, así como por sindicatos u ONG, que no se considera de carácter comercial (véase antes). Excluye asimismo el asesoramiento jurídico que prestan los operadores financieros, ya que se encuentra sujeto a los códigos deontológicos del Ministerio de Economía y Empresas.

En todo caso, como se ha indicado, esto no significa que pueda decirse que el asesoramiento jurídico prestado por una persona en posesión de un certificado de habilitación profesional no esté regulado legalmente. Así pues, en caso de que un letrado de empresa que posea un certificado de habilitación preste asesoramiento a un consumidor (es decir, a alguien diferente de su empresa) y no actúe como abogado independiente, tal servicio estará sujeto a la normativa sobre asesoramiento jurídico si se considera que se presta para fines comerciales.

Los rasgos principales de la normativa sobre asesoramiento jurídico pueden resumirse así:

  • Todo asesor jurídico debe actuar ateniéndose al Código deontológico, lo que implica que ha de desempeñar sus obligaciones meticulosa y concienzudamente, con debida atención a los intereses del cliente y con la prontitud necesaria.
  • Los contratos para la prestación de asesoramiento jurídico deben otorgarse por escrito.
  • Los asesores jurídicos no están obligados a suscribir un seguro de responsabilidad profesional, si bien debe figurar información al respecto en el contrato de prestación de asesoramiento jurídico.
  • Todo asesor jurídico está obligado a informar al cliente del precio de sus servicios.
  • Ningún asesor jurídico puede recibir bienes en fideicomiso.
  • Ningún asesor jurídico debe prestar asesoramiento a un cliente en caso de tener un interés económico o personal particular en el resultado del caso.
  • Todo asesor jurídico está sujeto al Código deontológico del Ministerio de Justicia. El Defensor del Consumidor será el responsable de supervisar el cumplimiento por su parte de la normativa y de dicho Código.

Bases de datos jurídicas

Esta información puede consultarse en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaColegio de Abogados.

El sitio ofrece información en inglés sobre la profesión en Dinamarca. También incluye un directorio de abogados en activo (en danés).

Otras profesiones jurídicas

Organizaciones que prestan servicios jurídicos gratuitos

Existen centros de consultas jurídicas en toda Dinamarca. Para obtener asistencia jurídica, basta con ponerse en contacto con el El enlace abre una nueva ventanaServicio de Asuntos Civiles, que remite a los interesados al centro de consultas jurídicas más próximo. A continuación se detallan los datos de contacto:

Servicio de Asuntos Civiles

Gyldenløvesgade 11, 2

1600 Copenhagen V

Teléfono: +45 33 92 33 34,

Fax: +45 39 20 45 05

Correo electrónico: El enlace abre una nueva ventanacivilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

De lunes a jueves, de 10.00 a 15.00 horas, y viernes de 10.00 a 14.00 horas.


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Última actualización: 01/05/2010

Profesiones jurídicas - Alemania

Nota: la versión original de esta página alemán se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.

Esta sección ofrece información sobre las profesiones jurídicas en Alemania.


Profesiones jurídicas

Profesiones jurídicas

Fiscales (Staatsanwalt)

Función y obligaciones

La Fiscalía (Staatsanwaltschaft) es un órgano independiente de la jurisdicción penal, con el mismo nivel jerárquico que los tribunales. Es responsable de la investigación en las diligencias preliminares y ejerce la acusación pública ante los órganos jurisdiccionales penales, y es también responsable de la ejecución de las sentencias. Salvo disposición legislativa en sentido contrario, la Fiscalía se encarga también del procesamiento de las infracciones administrativas.

Siempre que haya base suficiente, la Fiscalía está obligada a intervenir en los delitos perseguibles de oficio; es decir, tiene la obligación de acusar y perseguir a los sospechosos cuando se dan los requisitos legales.

Para las investigaciones penales, la Fiscalía puede utilizar, como auxiliares, a agentes de policía, inspectores tributarios y agentes de aduanas, quienes deben seguir sus instrucciones.

Las actividades de la Fiscalía en los juicios se refieren principalmente a los procesos penales, tanto en primera instancia como en fase de recurso.

En los procesos penales es necesaria una imputación de un acusado para que pueda comenzar la instrucción. Con escasas excepciones, como las relativas a algunas faltas, es la Fiscalía la que debe ejercer la acusación y luego, durante el juicio, participar en todo momento con esas funciones.

En los procesos en primera instancia, el fiscal debe leer la acusación formal. En todos los procedimientos tiene la facultad de interrogar al acusado y a los testigos. Al término del proceso, debe formular conclusiones, evaluando los aspectos de hecho y de Derecho, y solicitar la condena del procesado, especificando una pena concreta, o su absolución.

El fiscal debe actuar imparcialmente y tener en cuenta no sólo los factores incriminatorios, sino también los exculpatorios. Si considera necesario revisar una sentencia judicial por cuestiones de hecho o de Derecho, puede interponer recurso, incluso a favor del acusado.

Organización

En general, la Fiscalía está organizada jerárquicamente, por lo que los fiscales deben seguir las instrucciones de sus superiores.

Dado el sistema federal del país, hay que distinguir entre las competencias de la Federación y las de los Estados federados.

Fiscalía Federal (Bundesanwaltschaft)

El Fiscal General del Tribunal Federal de Justicia (Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof), es la máxima autoridad fiscal en materia de seguridad nacional de la República Federal de Alemania. Representa a la Fiscalía en todos los delitos graves contra el Estado, que afecten significativamente a la seguridad interior y exterior (como los delitos políticos, especialmente los actos de terrorismo, así como la traición y el espionaje).

El Fiscal General persigue también los delitos contra el Código Penal Internacional (Völkerstrafgesetzbuch) y expone su posición sobre todos los procedimientos penales de recurso ante el Tribunal Federal de Justicia (Bundesgerichtshof).

La Fiscalía Federal está dirigida por el Fiscal General, quien también supervisa y dirige a los fiscales federales (Bundesanwälte) y a los fiscales superiores (Oberstaatsanwälte) y ordinarios (Staatsanwälte).

A su vez, la labor del Fiscal General está supervisada y dirigida por el Ministerio Federal de Justicia. El Ministerio no tiene, en cambio, facultades de control o instrucción sobre los fiscales de los Estados federados.

Fiscalías de los Estados federados (Staatsanwaltschaften der Länder)

En todos los demás casos (delitos ordinarios), es competente la Fiscalía del Estado federado de que se trate. El Fiscal General del Tribunal Federal de Justicia y las fiscalías de los Estados federados son organizaciones diferentes e independientes, sin relación jerárquica.

Cada uno de los 16 Estados federados tiene su propia Fiscalía, organizada del modo que se indica seguidamente.

Cada jurisdicción regional tiene una Fiscalía, competente también para ejercer la acusación en los juzgados municipales correspondientes.

Las fiscalías están controladas y dirigidas por las fiscalías generales de los tribunales superiores de justicia regionales, las cuales lo están a su vez por los respectivos ministerios de justicia de los Estados federados.

La Fiscalía General (Generalstaatsanwaltschaft) de cada Estado federado se encarga de los recursos y los procedimientos de revisión ante el correspondiente tribunal superior de justicia regional. Si el procedimiento es competencia del Tribunal Federal de Justicia, desempeña la acusación pública el Fiscal General.

Pueden obtener más información sobre la Fiscalía en los apartados sobre El enlace abre una nueva ventanalos tribunales y la Fiscalía del sitio web del Ministerio Federal de Justicia. Muchas fiscalías mantienen también sus propios sitios web, que pueden encontrar en los portales de la administración de justicia de los respectivos Estados federados.

Jueces y magistrados (Richter)

Organización

La normativa básica aplicable a los jueces de la Federación y los Estados federados es la Ley de la judicatura (DRiG). Hay también otras normas en la legislación de los respectivos Estados federados.

La supervisión de los jueces en los Estados federados corresponde a los respectivos ministerios de justicia. La supervisión de los magistrados de los órganos jurisdiccionales federales, salvo los del Tribunal Constitucional Federal, corresponde al ministerio federal competente.

Función y obligaciones

Jueces de carrera y jueces legos (Berufsrichter und Laienrichter)

Los jueces de carrera presiden los órganos jurisdiccionales de la Federación o de los Estados federados. En lo que respecta a estos últimos, presiden en concreto los juzgados municipales, las audiencias regionales y los tribunales superiores regionales de justicia. La mayoría de los jueces están al servicio de los Estados federados.

Los jueces de los órganos jurisdiccionales federales conocen de los casos ante el Tribunal Constitucional Federal, el Tribunal Federal de Justicia, el Tribunal Federal de Trabajo, el Tribunal Federal Económico-Administrativo, el Tribunal Federal de lo Social, el Tribunal Federal Contencioso-Administrativo y el Tribunal Federal de Patentes.

En los procesos penales, además de los jueces de carrera están presentes también los jueces legos (Schöffen), puestos honorarios a los que acceden algunos ciudadanos por designación. Esta última puede producirse, en teoría, incluso sin la autorización del designado, que sólo en casos excepcionales podría negarse a prestar ese servicio. Los jueces legos ejercen en los juzgados municipales y en las salas de lo penal y de menores de las audiencias regionales.

En principio, tienen los mismos derechos de voto que los jueces de carrera, lo que implica que deciden juntos la cuestión de la culpabilidad del acusado y la pena impuesta.

De acuerdo con el artículo 36 de la Ley orgánica de la justicia (GVG), los jueces legos deben ser elegidos cada cinco años. Sólo pueden actuar como tales los ciudadanos alemanes (artículo 31 de la GVG). Quedan excluidos quienes:

  • tengan menos de 25 años o más de 70 al inicio del servicio (artículo 33 de la GVG);
  • no residan en el municipio en cuestión;
  • no sean idóneos por motivos de salud;
  • no sean idóneos por carecer de conocimientos suficientes de la lengua alemana;
  • estén en riesgo de concurso de acreedores;
  • tengan condenas o procesos penales pendientes (artículo 32 de la GVG).

Los jueces legos tienen derecho a percibir una dieta, cuya cuantía depende de lo establecido en la correspondiente Ley de retribuciones e indemnizaciones judiciales (artículo 55 de la GVG). Los Estados federados publican folletos informativos sobre las funciones de los jueces legos, disponibles asimismo en Internet. Los Estados federados ofrecen también formación a las personas que desarrollan esas funciones.

Secretarios de juzgado (Rechtspfleger)

Los secretarios de juzgado son funcionarios de la administración judicial. Las tareas que desempeñan como «segundo pilar del tercer poder» pertenecen sobre todo al ámbito de la denominada jurisdicción voluntaria (por ejemplo: asuntos relacionados con las sucesiones, la asistencia letrada, la filiación y la adopción; los registros inmobiliario, comercial, de sociedades cooperativas y de participaciones; la insolvencia, las asociaciones, los registros marítimo y de bienes matrimoniales, etc.), pero se encargan también de otras muchas labores judiciales, por ejemplo en el ámbito de los procedimientos monitorios, la justicia gratuita, la ejecución, la liquidación o la administración forzosas, en materia de tasación de costas y de ejecución de penas, en los procedimientos ante el Tribunal Federal de Patentes y en el ámbito de las relaciones jurídicas internacionales.

En los juzgados municipales, estos funcionarios ya son más numerosos que los jueces. Su ámbito de actuación viene determinado por la Ley relativa a los secretarios de juzgado (Rechtspflegergesetz, RPflG). Al igual que los jueces, tanto en el ejercicio de sus tareas como en sus decisiones hacen ejercicio de independencia e imparcialidad y solo han de sujetarse a la ley y la justicia. En principio, las vías de recurso contra sus decisiones son las admitidas en las disposiciones procesales generales.

Bases de datos jurídicas

Las bases de datos dedicadas a las profesiones judiciales y accesibles para el público en general son las siguientes:

Puede encontrarse también información en las páginas web de agrupaciones como la El enlace abre una nueva ventanaFederación Alemana de Jueces o la El enlace abre una nueva ventanaFederación Alemana de Secretarios de Juzgado.

Abogados (Rechtsanwalt)

En Alemania hay aproximadamente unos 160 000 abogados en ejercicio. Deben haber recibido la misma formación que los jueces y pueden asesorar y representar a sus clientes en todos los asuntos jurídicos. Están autorizados a desarrollar su labor tanto dentro como fuera del proceso judicial; la legislación alemana no reserva la representación procesal a ninguna categoría especial de abogados. Pueden comparecer ante cualesquiera órganos jurisdiccionales, excepto en materia civil ante el Tribunal Federal de Justicia, que aplica procedimientos de admisión específicos.

Están sujetos a las disposiciones legales del Reglamento federal de la abogacía (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO). El ejercicio de la profesión viene también regido por otras obligaciones establecidas de manera autónoma, como el Código Deontológico de los Abogados (Berufsordnung der Rechtsanwälte, BORA) y el Código Deontológico de los Abogados Especialistas (Fachanwaltsordnung, FAO). Sus honorarios vienen determinados por la Ley sobre la remuneración de los abogados (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG).

Los abogados están organizados en 27 colegios regionales de abogados (Rechtsanwaltskammern) y el Colegio de Abogados del Tribunal Federal de Justicia. A ellos les corresponde la habilitación para el ejercicio de la abogacía y su supervisión.

Bases de datos jurídicas

Se puede obtener amplia información sobre la abogacía en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaColegio Federal de Abogados (Bundesrechtsanwaltskammer, BRAK). Además, la El enlace abre una nueva ventanaAsociación de Abogados de Alemania (Deutsche Anwaltverein, DAV), la mayor asociación de abogados del país, ofrece información exhaustiva sobre la profesión, disponible también en francés e inglés.

Los sitios web siguientes ofrecen asimismo información útil para encontrar un abogado: el El enlace abre una nueva ventanaDirectorio Federal Oficial de Abogados (Bundesweites Amtliches Anwaltsverzeichnis), en el que figuran los datos de todos los profesionales de la abogacía (disponible en alemán e inglés), y el El enlace abre una nueva ventanaServicio Federal de Información sobre los Abogados (Deutsche Anwaltauskunft).

Agentes de patentes (Patentanwalt)

En Alemania hay aproximadamente unos 3 000 agentes de patentes en ejercicio. Por lo general cuentan con una titulación universitaria en disciplinas ciéntificas o técnicas y han recibido formación jurídica complementaria. Están facultados para asesorar y representar a sus clientes en el ámbito de los derechos de la propiedad industrial (en particular, en relación con las patentes, los modelos de utilidad, las marcas y los dibujos y modelos industriales), especialmente por lo que respecta a los procedimientos de solicitud y supervisión. Los agentes de patentes pueden representar a sus clientes ante la Oficina Alemana de Patentes y Marcas, el Tribunal Federal de Patentes y, en determinados casos, el Tribunal Federal de Justicia. En las audiencias regionales y los tribunales superiores de justicia regionales, en cambio, su labor se limita a la formulación de dictámenes sobre los casos de sus clientes, sin que puedan presentar solicitudes.

Los agentes de patentes están sujetos a las disposiciones legales del Reglamento de los agentes de patentes (Patentanwaltsordnung, PAO) y afiliados al Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (Patentanwaltskammer).

Bases de datos jurídicas

El sitio web del El enlace abre una nueva ventanaColegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial ofrece información sobre la profesión y un directorio con los datos de los agentes de patentes.

Notarios (Notar)

En Alemania hay en la actualidad unos 8 000 notarios en ejercicio, quienes por lo general cuentan con la misma formación que los jueces y magistrados. Proporcionan, de manera independiente, imparcial y objetiva, asesoramiento y asistencia en relación con actos jurídicos importantes y en el ámbito de la actividad judicial precaucional. Su labor más importante es la certificación de actos jurídicos.

Debido a la estructura federal del país, existen diferentes clases de notarios. En la mayoría de los Estados federados, el notario ejerce a tiempo completo (notaría independiente), pero en algunos de ellos desempeña una función accesoria a la de abogado (notario-abogado). Además, en Baden-Württemberg hay notarios que pertenecen a la Administración Pública (Amtsnotare; hasta 2017). En todos los casos, el nombramiento y la supervisión de los notarios corresponden a la administración de justicia de los respectivos Estados federados.

Las disposiciones legales que regulan la profesión se establecen el Reglamento federal de la notaría (Bundesnotarordnung, BNotO). Los honorarios de los notarios vienen determinados por el Reglamento sobre honorarios (Kostenordnung, KostO).

Los notarios están afiliados al Colegio de Notarios de su región respectiva.

Bases de datos jurídicas

Se puede obtener amplia información sobre diversos temas relacionados con la notaría en el sitio web de la El enlace abre una nueva ventanaCámara Federal de Notarios (Bundesnotarkammer). Allí se puede consultar también el El enlace abre una nueva ventanaDirectorio de Notarios (Verzeichnis der Notare), de utilidad para encontrar un profesional en ejercicio. La información está disponible en alemán, español, francés e inglés.

Otras profesiones jurídicas

Profesiones jurídicas definidas en la Ley de servicios jurídicos (Rechtsdienstleistungsgesetz, RDG)

La Ley de servicios jurídicos permite prestar servicios jurídicos fuera de los órganos jurisdiccionales a los cobradores, los consultores de pensiones y los asesores jurídicos especializados en Derecho extranjero. En algunos casos, los cobradores de deudas y los consultores de pensiones pueden también representar a sus clientes en los órganos jurisdiccionales. Para ello deben haberse registrado para el ejercicio de esa actividad previa solicitud al órgano jurisdiccional. Puede consultarse una lista pública de estos profesionales en el Registro Oficial de Servicios Jurídicos.

No existe ninguna disposición legal que obligue a estos profesionales a afiliarse a un Colegio ni a ninguna otra organización profesional. Las profesiones de los cobradores de deudas y los consultores de pensiones están organizadas parcialmente en una serie de agrupaciones profesionales. Las de mayor tamaño son la Asociación Alemana de Sociedades de Cobro de Deudas (Bundesverband Deutscher Inkassounternehmen), la Asociación Alemana de Consejeros y Auxiliares Jurídicos (Bundesverband Deutscher Rechtsbeistände/Rechtsdienstleister) y la Asociación Alemana de Consultores de Pensiones (Bundesverband der Rentenberater).

Bases de datos jurídicas

Se puede consultar el Registro Oficial de Servicios Jurídicos, que incluye la lista de estos profesionales y los órganos jurisdiccionales responsables de su registro, a través del Portal de Justicia alemán. Los sitios web de la El enlace abre una nueva ventanaAsociación Alemana de Sociedades de Cobro de Deudas, la El enlace abre una nueva ventanaAsociación Alemana de Consejeros y Auxiliares Jurídicos y la El enlace abre una nueva ventanaAsociación Alemana de Consultores de Pensiones ofrecen diversa información complementaria.

Organizaciones que prestan servicios jurídicos gratuitos

Numerosas instituciones benéficas prestan en Alemania asesoramiento jurídico gratuito (en línea con los artículos 6 y 8 de la Ley de servicios jurídicos). Algunas de las más importantes son las siguientes:

Enlaces relacionados

El enlace abre una nueva ventanaPortal de Justicia de la Federación y los Estados federados

El enlace abre una nueva ventanaMinisterio Federal de Justicia

El enlace abre una nueva ventanaMinisterio Federal de Justicia de Alemania

El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia de Hamburgo

El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia de Berlín

El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia de Baviera

El enlace abre una nueva ventanaFederación de Jueces de Alemania

El enlace abre una nueva ventanaColegio de Abogados de Alemania

El enlace abre una nueva ventanaDirectorio Federal Oficial de Abogados

El enlace abre una nueva ventanaAsociación de Abogados de Alemania

El enlace abre una nueva ventanaServicio Federal de Información sobre los Abogados

El enlace abre una nueva ventanaColegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial

El enlace abre una nueva ventanaLista de Notarios

El enlace abre una nueva ventanaCámara Federal de Notarios

Punto de Información de Auxiliares Jurídicos Registrados

El enlace abre una nueva ventanaAsociación Federal de Bienestar de los Trabajadores

El enlace abre una nueva ventanaCáritas

El enlace abre una nueva ventanaDiakonie

El enlace abre una nueva ventanaServicio Social Central de los Judíos en Alemania

El enlace abre una nueva ventanaCruz Roja Alemana

El enlace abre una nueva ventanaAsociación Paritaria de Movimientos Sociales


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Última actualización: 04/04/2013

Profesiones jurídicas - Estonia

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Ya se ha traducido a las siguientes lenguas: estonio.

Esta página ofrece una visión general sobre la organización de las profesiones jurídicas en Estonia.


Profesiones jurídicas

Profesiones jurídicas – introducción

Las profesiones jurídicas en Estonia son las siguientes:

  • Fiscales;
  • Jueces;
  • Jueces legos;
  • Jueces auxiliares y secretarios judiciales;
  • Abogados;
  • Notarios;
  • Oficiales de justicia;
  • Administradores concursales.

Fiscales

Organización

El enlace abre una nueva ventanaLa Fiscalía (Prokuratuur) es un órgano de la Administración del Estado dependiente del Ministerio de Justicia. Se estructura en dos niveles: la Fiscalía General del Estado (como órgano superior) y cuatro fiscalías regionales.

El ámbito territorial de competencia de la Fiscalía General abarca todo el territorio de Estonia y el de cada Fiscalía regional se corresponde con el de las prefecturas de policía. La Fiscalía General está presidida por el Fiscal General, que es nombrado para un mandato de cinco años por el Gobierno estonio a propuesta del ministro de Justicia, previa consulta a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento estonio.

El Fiscal General presenta todos los años a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento durante el período de sesiones de primavera de este una memoria de las actividades realizadas durante el año civil precedente en relación con las funciones que le han sido confiadas por el ordenamiento jurídico.

Las fiscalías regionales están dirigidas por un Fiscal Jefe, que es nombrado para un mandato también de cinco años por el Ministro de Justicia a propuesta del Fiscal General.

En estonia existen ocho tipos de fiscales: Fiscal General del Estado, fiscales jefe del Estado, fiscales del Estado y fiscales adjuntos en la Fiscalía General y fiscales jefe, fiscales superiores, fiscales especiales, fiscales regionales y fiscales regionales adjuntos en las fiscalías regionales.

Véase la El enlace abre una nueva ventanaLey del Ministerio Fiscal (Prokuratuuriseadus).

Función y obligaciones

De acuerdo con la Ley del Ministerio Fiscal:

  • la Fiscalía participa en la planificación de la vigilancia requerida para la prevención y detección de las infracciones penales;
  • conduce la instrucción penal previa al juicio;
  • representa el interés público ante los órganos jurisdiccionales;
  • desempeña otras funciones que la ley le confía.

La Fiscalía ejerce sus funciones de forma independiente con arreglo a la Ley del Ministerio Fiscal.

Como conductor del procedimiento penal, el fiscal dirige la investigación para obtener pruebas y decide si se debe procesar a una persona sobre la base de los hechos comprobados.

De conformidad con la Ley del Ministerio Fiscal, la Fiscalía General del Estado:

  • conduce las investigaciones preliminares y representa el interés general ante los órganos jurisdiccionales de cualquier orden en relación con los delitos cometidos en el ejercicio de un cargo público, los delitos económicos, los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, los delitos ecológicos, los delitos contra la Administración de Justicia, los delitos relacionados con la delincuencia organizada, los delitos de carácter transfronterizo y otros delitos especialmente graves relacionados con la delincuencia organizada o los delitos que suscitan una intensa alarma social, los delitos contra la humanidad y la seguridad internacional, los delitos graves contra el Estado, los delitos cometidos por fiscales y otros delitos cuya investigación le haya confiado el Fiscal General del Estado;
  • supervisa el funcionamiento de las fiscalías regionales, a las que asesora, y analiza y extrae conclusiones generales sobre las prácticas judiciales y de la Fiscalía;
  • desempeña las obligaciones derivadas de la cooperación internacional, incluida la participación en el trabajo de EUROJUST;
  • participa en la elaboración de leyes, reglamentos y decretos del Gobierno de la República, así como de órdenes e instrucciones del Ministerio de Justicia en relación con las actividades de la Fiscalía.

Jueces

Organización

Para ser juez se exige poseer la nacionalidad estonia, haber obtenido un título de posgrado en Derecho reconocido a nivel nacional, una cualificación equivalente con arreglo al artículo 28(22) de la Ley de Educación de la República de Estonia o una cualificación extranjera equivalente, tener conocimientos avanzados de la lengua estonia, así como un cierto perfil moral y las capacidades y las características personales necesarias. El cargo de juez es vitalicio. Los jueces no están sujetos a la potestad disciplinaria del Ministerio de Justicia. Únicamente pueden ser cesados mediante resolución judicial. Los jueces pueden ejercer hasta los 67 años, pero esta edad puede aumentarse.

No pueden ser jueces:

  • las personas condenadas por haber cometido un delito penal;
  • las personas que hayan sido cesadas como juez, notario, traductor jurado u oficial de justicia;
  • las personas que hayan sido expulsadas del Colegio de Abogados de Estonia;
  • las personas que hayan sido expulsadas de la Función Pública debido a una falta disciplinaria;
  • las personas declaradas en concurso de acreedores;
  • las personas cuyas actividades profesionales como auditor hayan cesado, excepto cuando el cese lo haya solicitado el propio auditor;
  • las personas a las que se haya retirado el derecho a actuar como agente de patentes, excepto cuando así lo haya solicitado el propio agente de patentes.

Las personas que hayan finalizado el período de prácticas para convertirse en jueces o que estén exentas de dicho servicio y hayan aprobado el examen de juez pueden ser designadas jueces de un juzgado comarcal o un tribunal de lo contencioso-administrativo. Las personas que hayan trabajado durante al menos dos años como abogado o fiscal (pero no como fiscal adjunto) inmediatamente antes de aprobar el examen de juez, o las personas que hayan actuado anteriormente como juez si no han pasado más de diez años desde que cesaran en el cargo no tienen que realizar el período de prácticas para convertirse en juez.

Los juristas experimentados y de reconocido prestigio que hayan aprobado el examen de juez pueden ser designados jueces de una audiencia. Las personas que hayan actuado como jueces inmediatamente antes de su designación no están obligadas a hacer el examen de juez.

Los juristas experimentados y de reconocido prestigio pueden ser designados jueces del Tribunal Supremo.

Los jueces se designan mediante oposición pública.

Los jueces no pueden ejercer otras funciones, salvo en la enseñanza o la investigación. Los jueces deben comunicar al Presidente del Tribunal todos los empleos que tengan distintos del de juez. Los empleos distintos de los de juez no deben poner en peligro el ejercicio de las funciones del juez o su imparcialidad en la administración de la justicia. Los jueces no pueden ser diputados al Parlamento(Riigikogu) ni miembros de un consejo municipal o ayuntamiento, miembros de un partido político, fundadores, socios ejecutivos o miembros del Consejo de Administración o de Vigilancia de una sociedad, directores de una filial de una sociedad extranjera, administradores concursales, miembros de una junta de acreedores, administradores designados de inmuebles o árbitros elegidos por una de las partes de un litigio.

Los jueces solo pueden ser cesados mediante sentencia judicial. Para poder presentar cargos penales contra un juez de un órgano jurisdiccional de primera o segunda instancia durante su mandato se requiere una propuesta adoptada en sesión plenaria del Tribunal Supremo aprobada por el Presidente de la República. Para poder presentar cargos penales contra un juez del Tribunal Supremo durante su mandato se requiere una propuesta del Canciller de Justicia aprobada por la mayoría del Parlamento estonio.

Los requisitos exigidos a los jueces, su periodo de prácticas y sus obligaciones se fijan en la El enlace abre una nueva ventanaLey del Poder Judicial (Kohtute seaduses).

Función y obligaciones

La profesión de juez está regulada por ley. Existe un Código deontológico adoptado en sesión plenaria por todos los jueces de Estonia. Se puede encontrar más información en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaPoder Judicial (Kohtute) y en el sitio web del    El enlace abre una nueva ventanaTribunal Supremo (Riigikohtu).

La función del juez es la administración de justicia con arreglo a la Constitución y a las normas legales, basándose en las cuales llega a una resolución justa para las partes de un caso. Los jueces desarrollan el Derecho a través de su interpretación de las leyes y de su labor de investigación.

El juez desempeña sus obligaciones oficiales de manera imparcial y desinteresada y se atiene al interés del servicio incluso fuera del marco de su actividad profesional. El juez debe tener un comportamiento sin tacha tanto en el marco de su actividad profesional como fuera de él y abstenerse de actos que puedan dañar la reputación del tribunal. El juez no puede revelar información que conozca por una sesión del tribunal de acceso restringido o por discusiones mantenidas durante la preparación de una resolución. El deber de confidencialidad se aplica en todo momento, incluso después de jubilado el juez. El juez debe poder supervisar a candidatos a la judicatura, a candidatos a jueces auxiliares y a estudiantes universitarios en prácticas. Los jueces no deben supervisar a más de dos candidatos a la judicatura, candidatos a jueces auxiliares y estudiantes universitarios en prácticas. De un juez se espera que desarrolle con regularidad sus conocimientos y habilidades profesionales y que participe en cursos de formación.

Prestaciones sociales de los jueces

Por ley, los jueces reciben diversas prestaciones sociales, que incluyen un sueldo oficial, una remuneración adicional, una pensión de juez, vacaciones, togas oficiales y otras prestaciones.

El sueldo oficial de los jueces se establece en la Ley de sueldos oficiales de los funcionarios estatales designados por el Parlamento estonio y el Presidente de la República. Aparte de su sueldo oficial, los jueces perciben una remuneración adicional por años de servicio de un 5% del sueldo oficial a partir del quinto año, de un 10 % del sueldo oficial a partir del décimo año y de un 15 % del sueldo oficial a partir del décimo quinto año.

La pensión de los jueces está formada por su pensión de jubilación, una pensión complementaria, una pensión de invalidez y una pensión de supervivencia para los miembros de su familia. Los jueces no perciben su pensión durante el ejercicio de sus funciones. Si un juez jubilado acepta otro empleo, recibe su pensión completa independientemente de sus ingresos. Las personas cesadas en su cargo por una falta disciplinaria o por haber sido condenadas por un delito penal cometido de forma intencionada no reciben la pensión de juez. La pensión de juez se retira a las personas condenadas por un delito contra la administración de justicia.

La pensión de juez puede pagarse a las personas que hayan actuado como jueces durante al menos quince años y hayan alcanzado la edad de jubilación. Los jueces también pueden percibir una pensión de jubilación si pierden un 100 %, un 90 % o un 80 % de su capacidad laboral tras actuar durante quince años como jueces, incluso aunque no hayan alcanzado la edad de jubilación. Los jueces que hayan alcanzado la edad de jubilación tienen derecho a recibir su pensión de jubilación tras diez años de ocupar el cargo de juez si pierden un 100 %, un 90 % o un 80 % de su capacidad laboral. La pensión de los jueces es del 75 % de su último sueldo.

Se paga una pensión complementaria equivalente al 75 % del sueldo final del juez a las personas que hayan actuado como jueces durante al menos treinta años.

Los jueces que sufren una incapacidad permanente para trabajar durante el ejercicio de sus funciones tienen derecho a recibir una pensión de invalidez. La pensión de invalidez de los jueces es del 75 % de su último sueldo si la pérdida de capacidad es del 100 %, del 70 % de su último sueldo si la pérdida de capacidad es del 80 % o el 90 %, y del 30 % de su último sueldo si la pérdida de capacidad es del 40 % al 70 %.

Al fallecer un juez se paga una pensión de supervivencia equivalente al 30 % de su último sueldo a cada miembro de la familia con derecho a recibir dicha pensión, pero el total de la pensión no puede ser superior al 70 % del último sueldo del juez.

Los jueces tienen derecho a 49 días naturales de vacaciones anuales en el caso de los jueces de órganos jurisdiccionales de primera o segunda instancia, y a 56 días naturales en el caso de los jueces del Tribunal Supremo. Los jueces tienen derecho a las vacaciones complementarias contempladas en la Ley de la Función Pública.

Jueces legos

Los jueces legos (Rahvakohtunikud) trabajan en los juzgados comarcales únicamente en asuntos penales relativos a un delito en primer grado. Su estatuto, sus derechos y sus obligaciones son los mismos que los de los jueces de carrera. Los jueces legos se nombran para un periodo máximo de cuatro años, deben poseer la nacionalidad estonia y residir en el país, tener capacidad jurídica y entre 25 y 70 años de edad, un conocimiento avanzado de la lengua estonia y un perfil moral adecuado para el desempeño de las funciones asociadas al cargo. Los jueces legos no pueden ser designados para más de dos mandatos consecutivos.

No pueden ser designadas jueces legos: las personas condenadas por un delito penal, en concurso de acreedores, inaptas por motivos de salud, que hayan tenido un domicilio permanente (es decir, un domicilio inscrito en el padrón) durante menos de un año en la zona del gobierno local que las haya nominado como candidatas a juez lego, que trabajen para órganos jurisdiccionales, la Fiscalía o la policía preventiva, que formen parte de las fuerzas armadas, que sean abogados, notarios u oficiales de justicia, que sean miembros del Gobierno estonio o de un consejo municipal o un ayuntamiento, el Presidente de la República, los diputados al Parlamento y los gobernadores regionales. Las personas acusadas de un delito penal no pueden ser designadas como jueces legos durante el procedimiento correspondiente.

En esencia, su función es la de representar, en la administración de justicia, el punto de vista del ciudadano de la calle, más humanitario que jurídico. La designación de los jueces legos corresponde a la Administración local.

Jueces auxiliares (Kohtunikuabid) y secretarios judiciales (Kohtujuristid)

Los jueces auxiliares son funcionarios judiciales que desempeñan las funciones establecidas por ley. Son imparciales, pero han de seguir las instrucciones del juez hasta donde la ley se lo exija. Los jueces auxiliares son competentes para hacer las anotaciones en los registros (como el Registro de la Propiedad Inmobiliaria o el Registro Mercantil) y para emitir normas para el mantenimiento de los registros, incluidas órdenes de imposición de sanciones. Pueden aplicar un procedimiento acelerado para las órdenes de pago. A los jueces auxiliares se les aplican las mismas restricciones que a los jueces.

Pueden ser designadas jueces auxiliares las personas que hayan obtenido un título de posgrado en Derecho reconocido a nivel nacional, una cualificación equivalente con arreglo al artículo 28, apartado 2, de la Ley de Educación de la República de Estonia o una cualificación extranjera equivalente, tengan conocimientos avanzados de la lengua estonia, así como una alta moralidad y hayan completado el período de prácticas para convertirse en jueces auxiliares. Las personas que no hayan completado el período de prácticas para jueces auxiliares, pero sí el período de prácticas para jueces o que estén exentas de este y hayan aprobado el examen para jueces también podrán ser designadas jueces auxiliares.

No pueden ser jueces auxiliares las personas condenadas por haber cometido un delito penal; las personas que hayan sido cesadas como juez, notario, traductor jurado u oficial de justicia; las personas que hayan sido expulsadas del Colegio de Abogados de Estonia; las personas que hayan sido expulsadas de la Administración pública por haber cometido una infracción disciplinaria; las personas declaradas en concurso de acreedores; las personas cuyas actividades profesionales como auditor hayan cesado, excepto cuando el cese lo haya solicitado el propio auditor; las personas a las que se haya retirado el derecho a actuar como agente de patentes, excepto cuando así lo haya solicitado el propio agente de patentes, y las personas inhabilitadas durante tres años para ejercer como jueces debido a su inaptitud para el cargo, tras su designación como jueces.

Los jueces auxiliares se designan mediante oposición pública. (kohtute seaduses)

Los requisitos exigidos para ser juez auxiliar se establecen en la El enlace abre una nueva ventanaLey del Poder Judicial (Kohtute seaduses).

Los secretarios judiciales son funcionarios de la Administración de Justicia que participan, de manera autónoma o bajo la supervisión de un juez, en la preparación y la tramitación de los asuntos en la medida prevista en la Ley de Enjuiciamiento. De conformidad con esta Ley, los secretarios judiciales tienen potestad para llevar a cabo los mismos actos procesales y dictar las mismas resoluciones que los jueces auxiliares u otros funcionarios judiciales. Los secretarios judiciales gozan de independencia en el ejercicio de su cargo, pero deben atenerse a las instrucciones del juez en la medida establecida por la ley.

Los requisitos a que deben someterse los secretarios judiciales son idénticos a los de los jueces auxiliares. Las vacantes de secretarios judiciales se cubren por oposición pública.

No pueden ser secretarios judiciales las personas condenadas por haber cometido intencionadamente un delito penal; las personas condenadas por haber cometido intencionadamente un delito contra el Estado, aunque se hayan eliminado los antecedentes penales; las personas a las que se haya condenado en firme a la inhabilitación para ejercer como secretario judicial y las personas que sean parientes o parejas de una persona que supervisa directamente a un secretario judicial.

Además de los secretarios judicialesPDF(371 Kb)en y de los jueces auxiliaresPDF(373 Kb)en, otros empleos judiciales son los directores de tribunalesPDF(367 Kb)en y los secretarios de sesiones judicialesPDF(364 Kb)en.

Abogados

El término «abogados» incluye a los procuradores de los tribunales y sus ayudantes.

Los abogados han de estar colegiados y deben cumplir lo previsto en la Ley Reguladora del Colegio de Abogados de Estonia. Toda persona que reúna los requisitos establecidos en la Ley Reguladora del Colegio de Abogados y apruebe un examen de abogacía puede ser miembro del Colegio de Abogados de Estonia.

El Colegio de Abogados es una entidad profesional autónoma creada para la prestación de servicios jurídicos en defensa tanto del interés público como del privado. Protege los derechos profesionales de los abogados. El Colegio de Abogados de Estonia supervisa las actividades profesionales de sus miembros y el modo en que respetan las exigencias deontológicas profesionales. El Colegio de Abogados de Estonia organiza también cursos de formación profesional continua. A través de sus miembros, el Colegio de Abogados de Estonia garantiza la prestación de asistencia jurídica gratuita del Estado.

El Colegio de Abogados de Estonia actúa a través de sus órganos, que son la asamblea general, la junta rectora, el presidente, el comité de auditoría, el tribunal de honor y el comité de evaluación de la idoneidad profesional.

Los abogados en ejercicio están habilitados para:

  • representar y defender a clientes en procesos judiciales y prejudiciales tanto en Estonia como en el extranjero;
  • obtener pruebas;
  • elegir y utilizar los métodos y medidas legales que estimen oportunos para la prestación de servicios legales;
  • obtener de las autoridades nacionales y locales la información necesaria para prestar servicios legales, poder acceder a la documentación y obtener copias y extractos de dichos documentos, salvo que la ley excluya a los abogados de la obtención de dicha información y documentación;
  • tratar datos privados de personas que no sean clientes suyos pero que se obtengan con arreglo a un contrato u otro acto legal, incluidos datos personales sensibles, sin el acuerdo de dichas personas si ello fuera preciso para prestar servicios legales;
  • verificar las firmas y las copias de documentos presentados al órgano jurisdiccional u otros organismos oficiales como parte de los servicios legales que prestan a un cliente;
  • actuar como árbitros o conciliadores según el procedimiento establecido en la Ley de Conciliación, y
  • actuar como administradores concursales, si son miembros del Colegio.

Los asistentes de los procuradores de los tribunales tienen la autoridad de un abogado en ejercicio dentro de los límites fijados por la ley.

Los asistentes de los procuradores de los tribunales no están habilitados para actuar como árbitros o conciliadores en el procedimiento establecido en la Ley de Conciliación. No pueden representar ni defender a clientes en el Tribunal Supremo a menos que la ley especifique lo contrario. Los asistentes de los procuradores en los tribunales no están habilitados para actuar como administradores concursales.

Los asistentes de los procuradores de los tribunales solo pueden prestar servicios legales bajo la supervisión de su patrón, que debe ser un procurador.

Al prestar servicios legales, los abogados deben actuar con independencia y atenerse a la ley, los actos y decisiones legales adoptados por los órganos del Colegio de Abogados de Estonia, los requisitos de la deontología profesional de la abogacía, las buenas prácticas y su propia conciencia.

La información que se comunica a un abogado es confidencial. A un abogado o un empleado del Colegio de Abogados de Estonia o de un gabinete jurídico que declare como testigo no se le puede interrogar ni conminar a dar explicaciones sobre asuntos de los que haya tenido conocimiento cuando prestaba servicios jurídicos.

Los soportes de datos relativos a la prestación de servicios legales por parte de un abogado son inviolables.

El cumplimiento por un abogado de sus obligaciones profesiones no puede llevar a que se le identifique con un cliente o con el caso judicial de este.

Un abogado no puede ser detenido, cacheado o puesto en prisión preventiva por motivos derivados de sus actividades profesionales, a no ser por resolución de un tribunal comarcal o regional. Una oficina jurídica desde la que preste servicios legales un abogado no puede ser registrada por motivos derivados de las actividades profesionales de un abogado.

En el sitio web del Colegio de Abogados de Estonia (Eesti Advokaturi) hay una lista de abogados y gabinetes jurídicos y otros datos de interés. La función «Encontrar un abogado» permite, no obstante, localizar abogados en toda la Unión Europea.

Bases de datos jurídicas

No existen otras bases de datos aparte de las antes mencionadas.

Asesores jurídicos

La actividad de los asesores jurídicos (õigusnõustajad) no está regulada por ley en Estonia.

Notarios

Organización

Todos los notarios de Estonia tienen las mismas competencias. La profesión notarial está regulada en la El enlace abre una nueva ventanaLey del Notariado (Notariaadiseadus). Su regulación y la gestión de sus actividades profesionales son competencia del Ministerio de Justicia y del Colegio de Notarios. Este último es una entidad de Derecho público que agrupa a todos los notarios titulares. Sus tareas son velar por el desempeño concienzudo y correcto de las actividades profesionales de sus miembros, armonizar estas actividades, impartirles formación, organizar un servicio de candidaturas al cargo de notario, administrar y desarrollar el sistema de información electrónica sobre los notarios y prestar asistencia al ministro de Justicia en actividades de supervisión y de otro tipo. El sitio web del El enlace abre una nueva ventanaColegio de Notarios (Notarite koja) ofrece información sobre estos profesionales y sus obligaciones.

Función y obligaciones

Los notarios ejercen un cargo de Derecho público. Están facultados por el Estado para certificar, a petición de terceros, hechos y acontecimientos dotados de significación jurídica y para realizar otros actos investidos de fe pública.

Los notarios deben actuar con imparcialidad, lealtad e independencia. Están obligados a cerciorarse de las intenciones reales de las partes implicadas en una transacción y de las circunstancias necesarias para que esta se lleve a cabo correctamente, así como a explicar a las partes las diferentes maneras de llevar a cabo la transacción y los efectos de esta.

Los notarios deben llevar a cabo las siguientes actuaciones cuando así se les solicite:

  • dar fe notarial (contratos varios, poderes, testamentos) y certificar documentos (copias, firmas, impresiones, etc.);
  • resolver asuntos hereditarios;
  • expedir certificados de la elaboración de documentos notariales que deban ejecutarse en Estonia [que se ejecuten en Estonia y correspondan a los modelos que figuran en el anexo VI del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12 de 16.1.2001, pp. 1 a 23)];
  • declarar inválidos documentos con arreglo a la Ley del Notariado;
  • declarar ejecutables los acuerdos celebrados mediante un abogado que haya actuado como conciliador o mediante otro notario;
  • realizar apostillas de certificados;
  • a instancias de una persona jurídica, presentar sus informes financieros anuales al órgano jurisdiccional que deba registrarlos;
  • confirmar matrimonios y divorcios y preparar las inscripciones de matrimonios y divorcios;
  • aceptar depósitos de dinero, títulos y documentos;
  • proporcionar acceso a los datos y documentos del Registro de la Propiedad;
  • remitir avisos y solicitudes a instancia de una empresa, recibir documentos u otra información de las autoridades administrativas y proporcionar actos administrativos a una empresa;
  • consignar información en el registro a petición de una empresa.

El cliente debe pagar al notario los honorarios legales fijados para dichas transacciones.

Los notarios pueden ofrecer los siguientes servicios oficiales:

  • asesorar legalmente al margen del procedimiento de certificación;
  • asesorar sobre la fiscalidad y el Derecho de otros países, forme ello o no parte del procedimiento de certificación;
  • actuar como conciliadores de conformidad con la Ley de conciliación;
  • actuar como árbitros con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil;
  • supervisar subastas, votaciones, loterías y actos de votación y verificar los resultados;
  • recibir juramentos y autenticar declaraciones juradas;
  • trasladar solicitudes y avisos no relacionados con sus funciones oficiales y expedir certificados sobre el traslado o la imposibilidad de trasladar dichas solicitudes y avisos;
  • aceptar depósitos de dinero —excepto en efectivo—, títulos, documentos y similares si no se trata de un acto notarial o de una obligación oficial derivada de él;
  • certificar la exactitud de las traducciones de documentos de lenguas extranjeras al estonio hasta 2020 (desde 2015, únicamente los traductores jurados están autorizados a expedir traducciones oficiales del estonio a una lengua extranjera, y desde 2020 únicamente los traductores jurados estarán autorizados a expedir traducciones oficiales de una lengua extranjera al estonio);
  • responder a las solitudes de explicación presentadas por las empresas.

El sitio web del El enlace abre una nueva ventanaColegio de Notarios ofrece información sobre los servicios oficiales que prestan los notarios. Los honorarios por los servicios de notaría se acuerdan entre el cliente y el notario antes de la prestación.

Otras profesiones jurídicas

Oficiales de justicia

En Estonia es una profesión liberal: actúan en su propio nombre y son responsables de sus acciones. Los oficiales de justicia (kohtutäiturid) deben ser imparciales y observar sus deberes. Las funciones de los oficiales de justicia se regulan en la El enlace abre una nueva ventanaLey de los Oficiales de Justicia (kohtutäiturid seadus).

Desde enero de 2010 funciona una organización profesional conjunta de oficiales de justicia y administradores concursales, el Colegio de Oficiales de Justicia y Administradores Concursales (en lo sucesivo, el Colegio). La labor oficial de los oficiales de justicia, la supervisión de su actividad, su responsabilidad disciplinaria y las actividades de asociación profesional se regulan en la Ley de Oficiales de Justicia. La función del Colegio es promover el desarrollo de las profesiones legales liberales, lo que incluye la implantación de medidas de supervisión tendentes a observar las mejores prácticas oficiales y profesionales y elaborar recomendaciones de armonización de actividades profesionales, organizar cursos de formación, desarrollar sistemas de información, etc. El Colegio tiene también un tribunal de honor. Para más información sobre las actividades del Colegio puede consultarse su El enlace abre una nueva ventanasitio web.

Las funciones de los oficiales de justicia son:

1. aplicar procedimientos ejecutorios con arreglo a la Ley de Ejecución Forzosa;

2. trasladar y notificar documentos de acuerdo con los códigos de procedimiento;

3. inventariar fincas y administrarlas con arreglo a la Ley de Sucesión;

4. realizar, en los casos y con arreglo al procedimiento dispuesto por la ley, subastas a instancias de un órgano jurisdiccional o administrativo al margen del procedimiento ejecutorio.

Los honorarios que percibe el oficial de justicia por realizar dichas funciones profesionales se establecen en la Ley de los Oficiales de Justicia.

Los servicios oficiales que presta el oficial de justicia a instancia de una persona son:

1) realizar subastas de bienes muebles e inmuebles;

2) transmitir documentos;

3) prestar asesoría legal y redactar documentos legales cuando su nivel de educación corresponda a lo dispuesto el artículo 47, apartado 1), punto 1), de la Ley del Poder Judicial.

Los oficiales de justicia tienen derecho a rehusar la prestación de un servicio profesional.

Los términos de la prestación de los servicios profesionales y el procedimiento de remuneración se acordarán por escrito con el demandante del servicio. Los términos y la remuneración convenidos serán conformes a la buena práctica profesional.

En la prestación de servicios profesionales, los oficiales de justicia no ejercerán los derechos que la ley les otorga para el ejercicio de sus funciones profesionales o que se derivan de su cargo.

Puede encontrarse información sobre los servicios prestados por los oficiales de justicia en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaColegio. La prestación de servicios oficiales se acuerda por escrito con el demandante del servicio antes de su prestación.

El Estado supervisa las funciones oficiales de los oficiales de justicia a través del Ministerio de Justicia.

Los oficiales de justicia responden de los perjuicios causados por su culpa en el ejercicio de sus actividades profesionales, incluidos los perjuicios causados por un empleado de su oficina. Cuando las demandas de indemnización por los daños y perjuicios causados por la actuación profesional de un oficial de justicia no puedan ser satisfechas con cargo al patrimonio del oficial de justicia o de cualquier otra persona responsable del perjuicio, o cuando dichas demandas no puedan atenderse plenamente, el Colegio será responsable del perjuicio causado. La responsabilidad última de los actos de los oficiales de justicia recae sobre el Estado. El Colegio y el Estado están legitimados para recurrir contra la persona responsable del perjuicio; el Estado también está legitimado para recurrir contra el Colegio.

Administradores concursales

Los administradores concursales son personas nombradas por los órganos jurisdiccionales que, en el ejercicio de sus funciones, realizan transacciones y otras actuaciones relativas a una situación concursal y representan al deudor ante el órgano jurisdiccional en los litigios derivados de dicha situación concursal. La principal obligación de un administrador concursal es defender los derechos e intereses de todos los acreedores y del deudor y garantizar un proceso concursal legal, rápido y razonable en términos económicos. El administrador concursal lleva a cabo sus funciones en persona. Pueden actuar como administradores concursales: las personas físicas que hayan sido autorizadas por el Colegio para actuar como administradores concursales, los procuradores de los tribunales, los censores jurados de cuentas y los oficiales de justicia. El Colegio mantiene actualizada una lista de administradores concursales. Dicha lista incluye datos sobre todas las personas habilitadas para actuar como administradores concursales y puede consultarse en la página web del Colegio. El administrador que figure en la lista debe procurar que sus datos sean correctos.

Las principales obligaciones de un administrador concursal son:

1) determinar el alcance de las reclamaciones de los acreedores, administrar las propiedades en quiebra, organizar los lotes y la venta de los bienes inmuebles y satisfacer a los acreedores con el producto de los bienes;

2) determinar las razones y la fecha de la quiebra del deudor;

3) organizar, en su caso, la continuación de la actividad comercial del deudor;

4) proceder, en su caso, a la liquidación del deudor, si se trata de una persona jurídica;

5) dar información a los acreedores y al deudor en los casos dispuestos por ley;

6) elaborar un informe de sus actividades y aportar información sobre el proceso concursal al órgano judicial, al funcionario supervisor y al comité concursal.

El Ministerio de Justicia realiza la supervisión administrativa de las actividades de los administradores concursales, basándose en quejas u otra información relacionada con el administrador que den pie a creer que el administrador haya incumplido sus obligaciones. Al supervisar la actuación de un administrador, el Ministerio de Justicia tiene el derecho de comprobar la oportunidad y legalidad de dicha actuación. El Ministro de Justicia puede adoptar medidas disciplinarias contra un administrador que incumpla las obligaciones derivadas de los actos legales que establecen la actividad profesional de los administradores concursales. El Ministro de Justicia no puede adoptar medidas disciplinarias contra los procuradores de los tribunales que actúen como administradores concursales. No obstante, el Ministro tiene derecho a entablar un proceso por honor ante el Colegio de Abogados.

Además de la Administración, las actividades de los administradores concursales también se encuentran bajo la supervisión del comité concursal, la asamblea general de acreedores, el tribunal y el Colegio,  cada uno en su esfera de competencias.

Enlaces relacionados

El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia (Justiitsministeerium)

El enlace abre una nueva ventanaOrganización sin ánimo de lucro Alianza de Abogados (Mittetulundusühing Juristide Liit)

El enlace abre una nueva ventanaFundación para una Asistencia Jurídica Gratuita (Sihtasutus Õigusteenuste Büroo)

Colegio de Abogados de Estonia (Eesti Advokatuur)

El enlace abre una nueva ventanaFiscalía (Prokuratuur)

El enlace abre una nueva ventanaColegio de Notarios (Notarite Koda)

El enlace abre una nueva ventanaColegio de Oficiales de Justicia y Administradores Concursales (Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda)


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Última actualización: 03/08/2017

Profesiones jurídicas - Irlanda

Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.
Ya se ha traducido a las siguientes lenguas: inglés.

Esta sección ofrece una visión de conjunto de las profesiones jurídicas en Irlanda.


Profesiones jurídicas

Profesiones jurídicas - Introducción

El poder judicial del Estado es ejercido en Irlanda por los jueces y magistrados en virtud de lo previsto en el artículo 34 de la Constitución y en determinados instrumentos legislativos: principalmente la Ley de Órganos Jurisdiccionales (de creación y constitución) de 1961 y la Ley Complementaria de los Órganos Jurisdiccionales de 1961, con sus correspondientes modificaciones. Los jueces y magistrados son nombrados entre los candidatos pertenecientes a las profesiones jurídicas, y son plenamente independientes en el ejercicio de sus funciones. Esta independencia está consagrada en la Constitución. Entre los profesionales de la abogacía se distinguen principalmente los solicitors o asesores jurídicos, cuyo trabajo está enfocado más directamente al cliente, por un lado, y los barristers, es decir los abogados especializados en asuntos litigiosos, por otro.

1. Jueces

La Junta Consultiva de Designaciones Judiciales (Judicial Appointments Advisory Board) determina la adecuación de las personas para el cargo de juez e informa al Gobierno. El Presidente nombra a los jueces previa consulta del Gobierno. La Junta Consultiva de Designaciones Judiciales se creó en virtud de la Ley de Tribunales y Funcionarios Judiciales de 1995 (Court and Court Officers Act). La Junta está compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo, los presidentes del Tribunal Superior y de los Juzgados de Condado y de Distrito, el Fiscal General, los representantes designados por el Colegio de Abogados y el Consejo General de la Abogacía y otras tres personas designadas por el Ministro de Justicia e Igualdad. El Presidente nombra a los jueces previa consulta del Gobierno. El poder judicial es independiente y solo está sometido a la Constitución y a la ley. De conformidad con la Constitución, el número de jueces se determina por ley periódicamente.

El Tribunal Supremo está formado por el Presidente del Tribunal Supremo (Chief Justice) y siete jueces ordinarios que tienen el título de «Jueces del Tribunal Supremo». El Presidente del Tribunal Superior es también de oficio miembro del Tribunal Supremo. El Tribunal Superior (High Court) está formado por un Presidente, que se encarga de la organización general del trabajo del Tribunal, y por jueces ordinarios conocidos como «Jueces del Tribunal Superior». Los Presidentes del Tribunal Supremo y del Juzgado de Condado (Circuit Court) son también miembros de oficio del Tribunal Superior. El Tribunal Superior está compuesto por un presidente y 35 jueces. El Juzgado de Condado está compuesto por un Presidente y por jueces ordinarios conocidos como «Jueces del Juzgado de Condado». El Presidente del Juzgado de Distrito es de oficio miembro del Juzgado de Condado. El Juzgado de Distrito está formado por un Presidente y por otros jueces denominados «Jueces del Juzgado de Distrito». Los salarios de los jueces se fijan por ley periódicamente.

Los jueces se nombran entre los abogados (solicitors o barristers) con un cierto número de años de ejercicio (no cuentan los de investigación). El artículo 29, apartado 2, de la Ley de los Tribunales (Courts Act) de 1961 (disposiciones complementarias) establece que los solicitors y barristers con una experiencia profesional no inferior a diez años pueden ser nombrados Jueces de un Juzgado de Distrito. El artículo 30 de la Ley de Tribunales y Auxiliares de Justicia (Courts and Courts Officers Act) de 1995 dispone que los abogados (solicitors o barristers) con diez años de experiencia profesional pueden ser nombrados jueces de un Juzgado de Condado. La Ley de Tribunales y Auxiliares de Justicia de 2002 prevé que cuando cuenten con una experiencia profesional de al menos 12 años podrán ser designados para formar parte del Tribunal Superior o del Tribunal Supremo. Como antes se indicó, los jueces son independientes en el sentido de que solo están sujetos a la Constitución y la ley, y cuando toman posesión del cargo hacen la siguiente declaración, de conformidad con el artículo 34, apartado 5, párrafo primero, de la Constitución:

«En presencia de Dios Todopoderoso declaro solemne y verazmente que desempeñaré el cargo de Presidente del Tribunal Supremo (o el que proceda) según mi leal saber y entender, sin temor ni favor, predisposición ni desafecto por nadie, y que haré cumplir la Constitución y las leyes. Que Dios me dirija y me ayude en ello.»

Con arreglo a la Constitución, los Jueces del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior solo pueden ser separados de su cargo por mala conducta o incapacidad manifiestas, y únicamente en virtud de resoluciones aprobadas por ambas cámaras del Oireachtas (Parlamento irlandés). Las Leyes de Tribunales de Justicia de 1924 y de 1946 establecen disposiciones similares para los jueces de los Juzgados de Condado y Juzgados de Distrito.

2. El Fiscal General del Estado y el Director de la Oficina del Ministerio Público

El Fiscal General es «el asesor del Gobierno en materia de Derecho y doctrina jurídica» como reza el artículo 30 de la Constitución. Nombrado por el Presidente de la Republica a propuesta del Taoiseach (Primer Ministro) está obligado a abandonar el cargo cuando lo hace este último. El Fiscal General suele ser un senior counsel, es decir un barrister con bastantes años de experiencia. No hay ninguna norma que exija al Fiscal General abandonar la práctica privada, pero así ha venido sucediendo estos últimos años.

Como asesor jurídico del Gobierno, el Fiscal General examina todos los proyectos legislativos que el Gobierno desea presentar al Parlamento (Oireachtas) para su aprobación. También asesora al Gobierno en asuntos internacionales, como la ratificación de acuerdos. Otra de sus funciones es representar a los ciudadanos en la defensa de los derechos públicos, mediante el ejercicio de una acción o la oposición a la misma. Aunque es designado por el Taoiseach (Primer Ministro), el Fiscal General es independiente del Gobierno. Según la Constitución, es siempre el principal garante de la constitucionalidad de la legislación.

Antes de 1976, todos los delitos graves se perseguían en nombre del Fiscal General. La Constitución prevé que otra persona autorizada por la ley pueda desempeñar esta función. El artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Prosecution of Offences Act) de 1974, que entró en vigor en 1976, creó el cargo de Director del Ministerio Público (Director of Public Prosecutions) con el fin de traspasar estas funciones a una persona políticamente independiente. Aunque al Director lo nombra el Gobierno al ser un funcionario, a diferencia del Fiscal General, no tiene que dimitir cuando el Gobierno cae. De esta forma se garantiza la continuidad de la acción de la justicia. La ley de 1974 también prevé que el Director goce de independencia en el ejercicio de su cargo. Puede ser cesado por el Gobierno, pero sólo previo informe sobre su salud o comportamiento de un Comité formado por el Presidente del Tribunal Supremo, un Juez del Tribunal Superior y el Fiscal General.

El El enlace abre una nueva ventanaDirector del Ministerio Público, DPP (Director of Public Prosecutions, DPP) decide si una persona debe ser acusada de un delito grave y de cuál en particular. Todos los delitos se persiguen en nombre del DPP, pero la El enlace abre una nueva ventanaPolicía irlandesa (Gardaí) está facultada para perseguir los delitos menos graves sin necesidad de enviar el expediente al DPP. En estos casos, el DPP tiene derecho a asesorar a la policía sobre cómo tratar el caso. Aunque el DPP haya asumido el papel del Fiscal General en la persecución de los delitos, este se sigue ocupando de los asuntos de carácter internacional, como las extradiciones.

3. Personal auxiliar al servicio de la Administración de Justicia (Oficina Judicial)

Los secretarios judiciales (Court Registrars) y los oficiales de justicia (Court Clerks) prestan sus servicios en las oficinas judiciales.

Los oficiales de justicia son responsables de la administración general de los tribunales. La principal función del secretario judicial es ayudar al juez durante la celebración de las vistas y velar por un funcionamiento del engranaje judicial eficaz y sin problemas.

La Oficina Judicial (Courts Service) es un órgano independiente creado en noviembre de 1999 por el Gobierno conforme a la Ley de la Oficina Judicial (Courts Service Act) de 1998. La Oficina depende del Ministro de Justicia e Igualdad y, a través de él, del Gobierno.

La Oficina Judicial tiene cinco funciones:

  • gestionar los tribunales,
  • ofrecer a los jueces servicios de apoyo,
  • ofrecer al público información sobre el sistema judicial,
  • proporcionar, gestionar y mantener los edificios de los tribunales y
  • prestar servicios a los usuarios de los tribunales.

4 Sheriffs

Cada condado de Irlanda tiene su sheriff, que es un funcionario que se ocupa de incautarse de bienes y venderlos con el fin de saldar una deuda, una vez que un tribunal ha dictado sentencia. Se nombra a los sheriffs con arreglo a la Ley de Funcionarios Judiciales (Court Officers Act) de 1945, cuyo artículo 12, apartado 5, limita el nombramiento a los solicitors y barristers (abogados) con una experiencia profesional de cinco años o a las personas que hayan trabajado al menos cinco años como pasante o ayudante principal de un sheriff adjunto o sheriff. El artículo 12, apartado 6, letra g), de la Ley de Funcionarios Judiciales establece que el Ministro de Hacienda, previa consulta del Ministro de Justicia e Igualdad, determinará, periódicamente, las condiciones de empleo de los sheriffs sujetos a los artículos anteriores de la Ley.

5. Solicitors

El El enlace abre una nueva ventanaColegio de Abogados de Irlanda (Law Society of Ireland) supervisa la educación de los estudiantes de Derecho y tiene facultades disciplinarias sobre los solicitors. Llegar a ser solicitor requiere pasar un período de prácticas de tres años y completar los estudios planificados por el Colegio de Abogados de Irlanda. Para ser admitido a cursar los estudios debe contarse con un título universitario o equivalente – estas condiciones se conocen como el requisito de Examen Preliminar. Si se cumplen, es necesario pasar el examen final del Colegio, que se divide en secciones, la FE-1, FE-2 y FE-3. La prueba FE-1 versa sobre ocho materias centrales: Derecho de sociedades, Derecho político, Derecho contractual, Derecho penal, Equidad, Derecho comunitario, Bienes inmuebles (Law of Real Property) y Responsabilidad Civil (Tort Law). Las últimas secciones son de carácter profesional. La FE-2 se conoce como el curso profesional y consiste en 14 semanas de numerosas conferencias seguidas de un examen y una formación de 18 meses. El curso FE-3 o curso avanzado consiste en siete semanas de conferencias intensivas seguidas de un examen. Una vez que se ha completado esta sección, el estudiante puede ser admitido en la lista oficial de solicitors colegiados. De conformidad con el artículo 51 de la Ley de Asesores Jurídicos [Solicitors Amendment) Act] de 1994, los barristers en ejercicio pueden convertirse en solicitors sin tener que realizar todo el programa de formación anteriormente descrito.

Todos los solicitors en ejercicio están sujetos al régimen disciplinario del Colegio de Abogados. Con arreglo a las Leyes de Asesores Jurídicos de 1954 a 1994, el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados está autorizado para investigar las acusaciones de conducta indebida, como la malversación de fondos, y puede remitir el caso al Presidente del Tribunal Superior. Este está facultado para prohibir la práctica a un solicitor y para retirar esa prohibición. El Tribunal Disciplinario puede exigir el reembolso de fondos a los clientes, si considera que los honorarios de un abogado han sido excesivos.

La norma (Statutory Instrument) 732 de 2003, disposición jurídica por la que se incorporaron al ordenamiento jurídico irlandés las normas de la Unión Europea sobre libertad de establecimiento de los abogados, prevé que los solicitors y barristers de los Estados miembros que deseen llevar a cabo las actividades profesionales respectivas soliciten al Colegio profesional la correspondiente inscripción en el registro. Su solicitud será estudiada y, si se acepta, se emitirá un certificado de registro. Contra las decisiones denegatorias del colegio profesional de que se trate puede interponerse recurso ante el Tribunal Superior.

6. Barristers

La Honorable Society of King’s Inns ofrece formación jurídica postuniversitaria para la obtención del título de barrister at law, para quienes desean ejercer ante los tribunales. La King’s Inns funciona como sociedad de voluntarios dirigida por los decanos (Benchers), que son miembros de la judicatura y senior barristers. Se accede al curso de grado mediante un examen de entrada al que pueden presentarse todos aquellos que posean el Diploma de la King’s Inns en estudios jurídicos o sean licenciados en Derecho. El curso para obtener el Diploma de estudios jurídicos dura dos años (a tiempo parcial). Por su parte, para llegar a ser Barrister at Law hay que realizar un curso intensivo de un año o un curso dividido en módulos de dos años de duración. Una vez completados satisfactoriamente los estudios de grado, el Presidente del Tribunal Supremo (Chief Justice) inscribe a los estudiantes en el Colegio de Abogados en un acto en el Tribunal Supremo tras el cual los admitidos firman en la lista de miembros del Colegio (members of the Bar). Sin embargo, antes de que puedan empezar a ejercer deben cumplir otros requisitos.

Para ejercer ante los tribunales es preciso pertenecer a la Biblioteca Jurídica (Law Library). De este modo, se cuenta con un lugar para trabajar y se tiene acceso a textos legales y otro tipo de material a cambio de una cuota anual. Antes de hacerse miembro de la Biblioteca, el barrister debe elegir un mentor (master), que debe ser un barrister principal, con una experiencia mínima de cinco años. Durante el año que suele durar la tutela del mentor, el neófito es conocido como devil («diablo»). El mentor introduce al «diablo» en la práctica jurídica y este suele ayudarle en la preparación de alegatos e investigaciones y actúa en su nombre ante los tribunales.

El El enlace abre una nueva ventanaConsejo General de los Barristers de Irlanda, (General Council of the Bar of Ireland) que es un organismo no estatutario, supervisa la conducta de sus miembros. El Consejo es elegido anualmente por sus miembros y publica un código de conducta profesional, que los propios miembros modifican cuando se considera necesario y que establece sus obligaciones.

El Comité de Práctica Profesional del Consejo (Professional Practices Committee of the Bar Council), que incluye a miembros que no son barristers, estudia las acusaciones de infracción del código deontológico. El Comité está facultado para imponer multas y amonestar, así como para prohibir que un miembro acceda a la Biblioteca Jurídica o expulsarle de ella. Sus decisiones pueden recurrirse ante el Consejo de Apelaciones (Appeals Board), compuesto por un Juez de Condado y un miembro lego.

Tradicionalmente, los barristers debían recibir instrucciones de un solicitor y tenían prohibido acudir directamente a ellos. Esta práctica fue examinada por la Comisión de Libre Competencia, que en su informe de 1990 consideró que la prohibición general del acceso directo era una práctica restrictiva y que debía suprimirse del código de conducta. La Comisión admitió, no obstante, que en ciertos casos era deseable la intervención continuada de un solicitor. La Comisión recomendó asimismo que no hubiera normas estatutarias o de otro tipo que exigieran la presencia física del solicitor ante el tribunal para dar instrucciones al barrister. Estas recomendaciones no se han aplicado en su totalidad, habiéndose introducido solo modificaciones en el código de conducta para permitir el acceso directo de ciertos órganos profesionales autorizados.

Los barristers pueden ser adjuntos (junior counsels) o principales (senior counsels). Habitualmente, los barristers suelen ejercer como adjuntos durante varios años antes de decidir si desean pasar a ser principales. No se trata de un ascenso automático y algunos adjuntos deciden no solicitarlo. En general la decisión se toma tras unos 15 años de ejercicio. Quienes desean llegar a este grado solicitan la aprobación del Fiscal General, pero es el Gobierno quien hace el nombramiento previo dictamen del Fiscal General, que también consulta al Presidente del Tribunal Supremo, al Presidente del Tribunal Superior y al Presidente del Consejo de la Abogacía.

Por regla general, el adjunto redacta y prepara las alegaciones y lleva algunos casos cortos, normalmente ante tribunales inferiores, aunque sus funciones no se limitan a estas actividades. El principal, por su parte, examina el trabajo del adjunto y lleva los casos más difíciles ante los Tribunales Superior y Supremo.

7. Secretarios de los Juzgados de Condado (County Registrars)

Los El enlace abre una nueva ventanaSecretarios de los Juzgados de Condado (County registrars) son asesores jurídicos cualificados nombrados por el Gobierno. Realizan determinadas funciones auxiliares de tipo cuasi judicial en los Juzgados de Condado, siendo responsables de gestionar las correspondientes oficinas judiciales.

Desempeñan asimismo las funciones de sheriffs de condado (county sheriff), excepto en los condados de Dublín y Cork.

8. Notarios

El Presidente del Tribunal Supremo nombra a los notarios en una audiencia pública del Tribunal. Las principales funciones de los notarios son:

  • la legalización de documentos;
  • la comprobación y certificación de las firmas de los documentos ;
  • la ejecución de los protestos notariales en relación con documentos mercantiles, como letras de cambio y pagarés, y actuaciones en materia de Derecho Marítimo;
  • la protocolización de declaraciones, testimonios y declaraciones juradas (a excepción de las correspondientes a actuaciones ante los órganos jurisdiccionales irlandeses.

Las solicitudes se realizan a través de un escrito en el que se hace constar la residencia y empleo del solicitante, el número de notarios y habitantes del distrito y las circunstancias que apoyan la necesidad de un notario, así como los términos en que se ha producido una vacante. La petición se acompaña de una declaración jurada y un certificado de aptitud firmado generalmente por seis solicitors locales y seis líderes de la comunidad empresarial local. El escrito se eleva al Presidente del Tribunal Supremo mediante notificación que la Oficina del Tribunal Supremo transmite al Secretario del Colegio de Notarios de Irlanda (Faculty of Notaires Public), al Secretario del Colegio de Abogados y a todos los notarios en ejercicio del condado del solicitante y condados vecinos.

La práctica general es nombrar notarios sólo a solicitors. Cuando alguien que no lo es solicita el cargo, el Colegio de Abogados exige que el aspirante se comprometa ante el Presidente del Tribunal Supremo a no dedicarse a la transmisión patrimonial o al trabajo generalmente realizado por un solicitor. Para que los aspirantes puedan ser nombrados notarios deben aprobar primero un examen del Colegio de Notarios de Irlanda.

Nota:

Las preguntas sobre la remuneración actual del Fiscal General, el Director de la Oficina del Ministerio Público, los auxiliares de justicia y los sheriffs pueden

Los barristers trabajan por cuenta propia y sus ganancias varían considerablemente.

Los solicitors pueden trabajar por cuenta propia y ajena y sus ganancias varían también mucho.

Los notarios cobran por documento. Sus tasas no están establecidas por ley, pero en general cobran en función del tiempo empleado, los viajes realizados y la remuneración percibida por un profesional por un servicio similar.


El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 20/11/2018

Profesiones jurídicas - Grecia

Esta sección ofrece una visión de conjunto de las profesiones jurídicas en Grecia.

Fiscales

Jueces y magistrados

Abogados

Asesores jurídicos

Notarios

Oficiales de justicia

Secretarios judiciales


Profesiones jurídicas

Fiscales

Organización

En su condición de autoridades judiciales, las fiscalías (εισαγγελίες) pertenecen al poder judicial y participan en la administración de justicia. Los fiscales gozan de independencia funcional y personal.

En cada órgano jurisdiccional, excepto los juzgados de instrucción de faltas (πταισματοδικεία), hay una Fiscalía que interviene como órgano judicial independiente y cuya tarea principal consiste en preparar los procesos penales. Sus principales misiones son iniciar el procedimiento, supervisar las investigaciones e interponer recursos.

En Grecia no hay ninguna especialización legal entre los fiscales.

El estatuto del Ministerio Público es competencia del Ministerio de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos.

No hay ningún sitio web dedicado a los fiscales. La información sobre su estatuto figura en el Ministerio de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos.

Función y obligaciones

El fiscal

a) inicia las investigaciones preliminares;

b) incoa el proceso judicial;

c) interroga a los implicados;

d) supervisa a los servicios con funciones coercitivas en materia de prevención y persecución de los delitos;

e) presenta propuestas a los consejos judiciales y a los tribunales;

f) interpone recursos;

g) ejecuta las sentencias penales y ayuda a la ejecución de los títulos ejecutivos;

h) supervisa los centros penitenciarios

y cumple todas las demás funciones definidas por ley.

Los fiscales ordinarios son supervisados por los magistrados del Tribunal Supremo y los fiscales jefes, con arreglo a lo dispuesto en la ley.

Jueces y magistrados

Organización

La justicia es administrada por tribunales compuestos por jueces ordinarios que gozan de independencia funcional y personal.

En el ejercicio de sus funciones, los jueces únicamente están sujetos a la Constitución y las leyes y no deben aplicar disposiciones contrarias a la Constitución.

Los jueces ordinarios son supervisados por los magistrados y por los fiscales y el teniente fiscal del Tribunal Supremo (Άρειος Πάγος), con arreglo a lo dispuesto en la ley.

El estatuto de la Judicatura es competencia del Ministerio de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos.

No hay ningún sitio web dedicado a los jueces. La información sobre su estatuto figura en el Ministerio de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos.

Organización de las profesiones jurídicas: profesionales de la abogacía

Abogados

En Grecia los abogados (δικηγόροι) son funcionarios públicos no remunerados que no están especializados en ningún ámbito.

El estatuto de la abogacía es competencia del Ministerio de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos.

Existen 63 colegios de abogados (δικηγορικοί σύλλογοι), uno por cada circunscripción judicial con tribunal de primera instancia (πρωτοδικείο).

El Ministerio de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos supervisa todos los colegios de abogados del país.

Bases de datos jurídicas

Se ofrece información en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaColegio de Abogados de Atenas, pero el acceso está restringido a los colegiados.

Asesores jurídicos

En Grecia los abogados pueden ejercer también como asesores jurídicos.

Bases de datos jurídicas

Se ofrece información en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaColegio de Abogados de Atenas, pero el acceso está restringido a los colegiados.

Notarios

Los notarios (συμβολαιογράφοι) son funcionarios públicos no remunerados cuya función principal consiste en redactar y conservar actos constitutivos y declaraciones de los interesados cuando dichos documentos se requieren por ley o cuando las partes desean otorgar carácter público a tales documentos.

En Grecia los notarios no están especializados en ningún ámbito.

Por decreto presidencial, existe al menos un notario por cada circunscripción judicial con juzgado de paz.

El estatuto del notariado es competencia del Ministerio de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos.

En Grecia existen nueve colegios de notarios (συμβολαιογραφικοί σύλλογοι) en las circunscripciones judiciales con audiencia (εφετεία).

El Ministerio de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos supervisa los colegios de notarios.

Puede encontrarse información sobre los notarios en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaConsejo del Notariado griego y en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaDirectorio Europeo de Notarios del Consejo de Notariados de la Unión Europea (CNUE).

Otras profesiones jurídicas

Oficiales de justicia

Los oficiales de justicia (δικαστικοί επιμελητές) son funcionarios públicos no remunerados.

Los oficiales de justicia

a) trasladan documentos judiciales y extrajudiciales;

b) ejecutan los títulos ejecutivos mencionados en el artículo 904, apartado 2, del Código Procesal Civil, a saber: a) las sentencias firmes y las sentencias dictadas y declaradas provisionalmente ejecutables por un órgano jurisdiccional griego; b) los laudos arbitrales; c) las actas de conciliación y liquidación de costas de los órganos jurisdiccionales griegos; d) las actas notariales; e) las órdenes de pago y de desalojo dictadas por jueces griegos; f) las actas extranjeras declaradas ejecutables y g) las órdenes y actas legalmente reconocidas como ejecutables,

c) y toda otra función establecida por ley.

El estatuto de los oficiales de justicia es competencia del Ministerio de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos.

Existen ocho Asociaciones de Oficiales de Justicia en Grecia.

Secretarios judiciales

El estatuto de los secretarios judiciales es competencia del Ministerio de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos.

Oficiales de justiciaPDF(378 Kb)en

Secretarios judicialesPDF(379 Kb)en

Enlaces relacionados

El enlace abre una nueva ventanaColegio de Abogados de Atenas

El enlace abre una nueva ventanaColegio de Abogados de El Pireo

El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos

El enlace abre una nueva ventanaAsociación Helénica de Notarios

El enlace abre una nueva ventanaColegio de Notarios de Salónica


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Última actualización: 25/06/2018

Profesiones jurídicas - España

En España, se entiende por profesión jurídica aquella en cuyo ejercicio es necesaria una especial preparación jurídica por cuanto que se desarrolla en el ámbito de la aplicación del Derecho

Jueces y Magistrados
Fiscales
Letrados de la Administración de Justicia
Abogados
Asesores Jurídicos
Notarios
Registradores
Procuradores
Graduados sociales


Profesiones jurídicas

Profesiones jurídicas- Introducción

En España, se entiende por profesión jurídica aquella en cuyo ejercicio es necesaria una especial preparación jurídica por cuanto que se desarrolla en el ámbito de la aplicación del Derecho.

Las principales profesiones jurídicas en España son las de Fiscal, Jueces y Magistrados, Abogados, Notarios, Secretarios Judiciales, Registradores de la propiedad y mercantiles y Procuradores de los tribunales.

 

 

Jueces y Magistrados

Organización

La justicia, que emana del Pueblo, se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados que integran el Poder Judicial. Son los únicos que pueden administrar Justicia, tanto juzgando como haciendo ejecutar lo juzgado.

Los Jueces y magistrados son independientes de los demás poderes del Estado, estando sometidos únicamente a la Constitución y a la Ley.

El acceso a la Carrera Judicial está basado en los principios de mérito y capacidad para el ejercicio de la función jurisdiccional y el proceso de selección, garantiza, con objetividad y transparencia, la igualdad en el acceso a todos los ciudadanos que reúnan las condiciones y aptitudes necesarias, así como la idoneidad y suficiencia profesional para el ejercicio de la función jurisdiccional.

La Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que la Carrera Judicial consta de tres categorías:

  • Magistrado del Tribunal Supremo
  • Magistrado
  • Juez.

Cuantitativamente, la categoría de ingreso más relevante es la de Juez, para la que la Ley Orgánica del Poder Judicial reserva el sistema de oposición libre entre licenciados en Derecho, completada por la superación de un curso en la Escuela Judicial.

Asimismo y en menor número, el ingreso en la Carrera Judicial, también puede producirse por las categorías de Magistrado y Magistrado del Tribunal Supremo.

Por último, la designación para ser Magistrado del Tribunal Supremo se hace por el Consejo General del Poder Judicial entre magistrados con más de 15 años de antigüedad y 10 en la categoría de Magistrado y 1/5 entre juristas de reconocida competencia y 15 años de experiencia.

Funciones y tareas

Los Juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por esta u otra ley.

Para conocer los diferentes órdenes jurisdicciones, consultar " Tribunales en España".

En el ejercicio de la potestad jurisdiccional, los Jueces y Magistrados son independientes respecto a todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial.

Los Jueces y Magistrados responderán penal y civilmente en los casos y en la forma determinada en las leyes, y disciplinariamente de conformidad con lo establecido en la LOPJ.

Para mayor información, consulte la página WEB del El enlace abre una nueva ventanaConsejo General del Poder Judicial.

Fiscales

Organización

El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, y ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

El Fiscal General del Estado ostenta la jefatura superior del Ministerio Fiscal y su representación en todo el territorio español. A él corresponde impartir las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al orden interno de la institución y, en general, la dirección e inspección del Ministerio Fiscal.

Los Fiscales son funcionarios seleccionados mediante pruebas selectivas entre licenciados y doctores en Derecho. Dependen orgánicamente de la Fiscalía General del Estado y de las respectivas Fiscalías de las Comunidades Autónomas.

Funciones y tareas

El artículo 124 de la Constitución Española de 1978 establece que “El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés publico tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social”.

Sus funciones son, entre otras:

  • Velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes.
  • Intervenir en el proceso penal, instando de la autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares que procedan y la práctica de las diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos.
  • Intervenir en los procesos civiles que determine la ley cuando esté comprometido el interés social o cuando puedan afectar a personas menores, incapaces o desvalidas en tanto se provee de los mecanismos ordinarios de representación.
  • Ejercer en materia de responsabilidad penal de menores las funciones que le encomiende la legislación específica, debiendo orientar su actuación a la satisfacción del interés superior del menor.

Para mayor información, consulte la página WEB del El enlace abre una nueva ventanaMinisterio Fiscal.

Letrados de la Administración de Justicia

Organización

Los Letrados de la Administración de Justicia constituyen un Cuerpo Superior Jurídico al servicio de la Administración de Justicia. Son funcionarios públicos dependiente del Ministerio de Justicia y ejercen sus funciones con el carácter de autoridad.

Son licenciados en Derecho que, tras someterse a unas pruebas selectivas, una vez superadas éstas, realizan un curso, también selectivo, en el Centro de Estudios Jurídicos.

Los Letrados de la Administración de Justicia componen un cuerpo jerarquizado, dependiente del Ministerio de Justicia y de los Secretarios de Gobierno de cada uno de los Tribunales Superiores de Justicia, y están sometidos prácticamente al mismo régimen de incompatibilidades y prohibiciones que los jueces.

Funciones y tareas

En el ejercicio de sus funciones, los Letrados de la Administración de Justicia cumplen y velan por el cumplimiento de todas las decisiones que adoptan los jueces o tribunales en el ámbito de sus competencias; actúan siempre con sujeción al principio de legalidad e imparcialidad en todo caso, al de autonomía e independencia en el ejercicio de la fe pública judicial, así como al de unidad de actuación y dependencia jerárquica en todas las demás que les encomiende la ley.

Los Letrados de la Administración de Justicia son responsables de la actividad de documentación y formación de expedientes, dejando constancia en ellos de las resoluciones que se dictan, pero también les corresponde el impulso y ordenación de los procesos, así como la dirección técnico-procesal del personal integrante de la Oficina judicial. Además ejercen funciones de colaboración y cooperación con otros órganos y Administraciones Públicas y la elaboración de la estadística judicial.

Para mas información acerca del personal de los juzgados y tribunales en España, consultar:

Organización de las profesiones jurídicas

Abogados

La profesión de Abogado es una profesión libre e independiente que presta un servicio a la sociedad, no depende de ninguna Administración Pública, y se ejerce en régimen de libre y leal competencia (artículo 1 del Estatuto General de la Abogacía Española).

La función de los Abogados es fundamentalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos judiciales, el asesoramiento y consejo jurídico y la representación de su cliente cuando no esté reservada por ley a otras profesiones.

Para acceder a la función de abogado es necesario:

  • Tener la nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea o del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo de 2 de mayo de 1992.
  • Ser mayor de edad y no estar incurso en causa de incapacidad.
  • Poseer el título profesional de Abogado o el título de Licenciado en Derecho ( en los casos que no sea de aplicación la Ley 30/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y Preocuador de los Tribunales y normativa de desarrollo) o los títulos extranjeros que, conforme a las normas vigentes, sean homologados a aquellos.
  • Colegiarse en un Colegio de Abogados, que será el del domicilio profesional único o principal para ejercer en todo el territorio nacional.

Los honorarios profesionales se pagan en función de los servicios prestados, bien por una retribución fija, periódica o por horas. Su importe puede fijarse libremente entre el cliente y el abogado con respeto siempre a las normas deontológicas y no incurriendo en competencia desleal.

Para mayor información, consulte la página WEB del El enlace abre una nueva ventanaConsejo General de la Abogacía española.

Bases de datos legales

¿Es gratuito el acceso a las bases de datos legales?

Si, el acceso es gratuito.

Asesores Jurídicos

Ver el apartado "Abogados".

Notarios

Organización, funciones y tareas

El Notario tiene el doble carácter inescindible de funcionario y profesional del Derecho que, ante todo, ejerce la función pública de dar fe de los negocios jurídicos y demás actos extrajudiciales; que redactará conforme a la voluntad de los otorgantes la cual deberá indagar , interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico informando del valor y efectos del otorgamiento.

La actividad del notario como delegatario de una función publica estatal hace que los documentos por el autorizados o intervenidos (escrituras publicas, pólizas mercantiles o testimonios) estén dotados según su naturaleza de especiales efectos procesales y extraprocesales, según la naturaleza de cada documento público.

El notario en España esta sujeto a una organización administrativa estricta en toda su actividad (investidura por el Ministro de Justicia; acceso mediante oposición; demarcación de las plazas; retribución por Arancel fijado por el Gobierno; jubilación; régimen disciplinario). El ascenso en el escalafón notarial puede llevarse a efecto por antigüedad o por oposiciones entre Notarios, convocadas por el Ministerio de Justicia.

Se precisa ser licenciado o haber obtenido el grado en Derecho para poder participar en las oposiciones de acceso al Cuerpo de Notarios.

El Notariado se organiza mediante Colegios territoriales, coincidentes con las Comunidades Autónomas, cuya cúspide es el Consejo general del Notariado, a quien el Estado tiene encomendadas algunas funciones de control del ejercicio de la profesión.

En todo caso dependen jerárquicamente directamente del Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, a quien corresponde las funciones de inspección y control de las notarías.

Para mayor información, consulte la página Web del Consejo General del Notariado de España. www.notariado.org

Otras profesiones jurídicas

Registradores

Los Registros de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles son registros jurídicos, cuyo objeto es la publicidad de determinados derechos, actos o hechos con efectos jurídicos sustantivos frente a todos (erga omnes), gozando así de presunciones de legitimación, exactitud, veracidad e integridad. De este modo se hace innecesaria cualquier garantía adicional, (seguros de títulos, avales etc. ) para aseverar la titularidad de los derechos, constituyendo un sistema mucho más seguro y económico, ya que el pago de la inscripción es único y sus efectos inmediatos y permanentes.

Los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles son funcionarios públicos del Estado, cuya función es la llevanza de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles existentes en España. Tienen el doble carácter de funcionario público y profesional del Derecho: ejercen profesionalmente y bajo su responsabilidad las funciones públicas que les atribuyen las leyes en general y en particular la legislación hipotecaria, mercantil y administrativa, y en virtud del carácter de funcionarios públicos que les reconoce la Ley Hipotecaria, tienen los derechos reconocidos por las leyes administrativas.

El régimen de acceso a la profesión, demarcación de plazas, retribución, régimen disciplinario y jubilación esta reglado por el Estado. Para acceder al cargo se requiere ser licenciado o estar en posesión del grado en Derecho y superar una oposición convocada por el Gobierno.

Su retribución esta fijada por un arancel, aprobado por el Gobierno

Los Registradores –de la propiedad, mercantiles o de bienes muebles- están corporativamente colegiados en el Colegio Nacional de Registradores de España a quien el Estado tiene encomendadas algunas funciones de control del ejercicio de la profesión.

Además, dependen jerárquicamente del Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, a quien corresponde las funciones de inspección y control de los Registros.

Los Registradores realizan funciones de calificación de los documentos que pretenden acceder a los Registros que tienen encomendados, asesoramiento al público en lo referente a cuestiones registrales y expedición de la publicidad de los datos inscritos, controlando, en su caso, el interés legítimo de quienes la soliciten, así como protegiendo debidamente los datos sensibles.

Para mayor información, consulte la página Web del El enlace abre una nueva ventanaColegio de Registradores de la Propiedad Mercantiles y de Bienes Muebles de España.

Procuradores

Los Procuradores representan los derechos e intereses de las partes ante los Tribunales de justicia, mediante poder conferido al efecto, asegurando la fehaciencia de las comunicaciones entre éstos y aquéllas otras funciones que les encomienden, como cooperadores de la Administración de Justicia.

Para el ejercicio de la función es necesario estar en posesión del título de Procurador o del título profesional de Procurador de los tribunales, ( en este último caso en aplicación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los tribunales), darse de alta en el Colegio de Procuradores, prestar fianza y prestar juramento o promesa.

Los Procuradores dependen del Colegio de Procuradores y es la Junta de Gobierno quien vigila que el desempeño del cargo sea adecuado y eficaz.

Sus servicios se pagan mediante aranceles previamente aprobados por el Ministerio de Justicia.

Para mayor información, consulte la página Web del El enlace abre una nueva ventanaConsejo General de Procuradores de España.

Graduados sociales

Un Graduado Social es un asesor laboral, especializado en todo lo relacionado con el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que puede intervenir en los procedimientos laborales y de Seguridad Social que llegan a los juzgados.

Un graduado social puede asistir hasta el Tribunal Superior de Justicia, presentando incluso el Recurso de Suplicación. Si fuera necesario presentar un Recurso de Casación sería necesaria la presencia de Abogado.

En España hay más de 25.000 graduados sociales que prestan asesoramiento tanto a empresas como a trabajadores.

Enlaces relacionados

El enlace abre una nueva ventanaMINISTERIO DE JUSTICIA DE ESPAÑA

El enlace abre una nueva ventanaCONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE ESPAÑA

El enlace abre una nueva ventanaMINISTERIO FISCAL DE ESPAÑA

El enlace abre una nueva ventanaILUSTRE COLEGIO NACIONAL DE SECRETARIOS JUDICIALES DE ESPAÑA

El enlace abre una nueva ventanaCONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA

El enlace abre una nueva ventanaCONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE ESPAÑA

El enlace abre una nueva ventanaCONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO DE ESPAÑA

El enlace abre una nueva ventanaCOLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DE ESPAÑA

El enlace abre una nueva ventanaCONSEJO GENERAL DE COLEGIOS PROFESIONALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA


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Última actualización: 12/03/2019

Profesiones jurídicas - Francia

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Esta sección ofrece una visión de conjunto de las profesiones jurídicas en Francia.


Profesiones jurídicas

Las profesiones jurídicas - introducción

Jueces y fiscales

Organización

En Francia los miembros de la Magistratura (magistrats professionnels) se dividen en jueces (magistrats du siège) y fiscales (magistrats du parquet).

Los primeros resuelven los litigios que se les someten, mientras que los segundos representan a la sociedad y exigen la aplicación de la ley. El estatuto de los jueces y fiscales se rige por la Ordenanza nº 58-1270, de 22 de diciembre de 1958, relativa a la Ley Orgánica del Estatuto de la Magistratura. Según lo dispuesto en ella, cualquier miembro de la Magistratura puede ser llamado a ejercer en el curso de su carrera profesional las funciones de juez o fiscal: rige, pues, el principio de unidad (artículo 1), refrendado por el Consejo Constitucional, en particular, en su Resolución de 11 de agosto de 1993. Los jueces y fiscales forman parte del Poder Judicial (l'autorité judiciaire), garante de las libertades individuales en aplicación del artículo 66 de la Constitución. No obstante, existen ciertas diferencias en su estatuto, ya que los jueces no están sometidos jerárquicamente a una autoridad superior y gozan de garantía de inamovilidad, es decir, no se les puede asignar un nuevo destino sin su consentimiento.

La mayoría de los jueces acceden a la carrera judicial por oposición. Pueden presentarse a la «oposición externa» los estudiantes que estén en posesión de un título que acredite una formación de una duración mínima de cuatro años posterior al bachillerato (= Master). Los candidatos que aprueban esta primera fase de la oposición son nombrados auditores de Justicia (auditeurs de justice) y acceden a un curso de formación en la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM). También existen casos de ingreso directo, sin pasar por la ENM. Tras superar su formación en la ENM, los auditores de Justicia son nombrados mediante decreto miembros titulares de la Magistratura, adscribiéndoseles a un órgano jurisdiccional determinado.

Los Jefes de Jurisdicción (Presidente y Fiscal) y los Jefes de Tribunal (Primer Presidente y Fiscal General), desempeñan, además de sus competencias jurisdiccionales, competencias administrativas (por ejemplo, el reparto de audiencias).

A 1 de enero de 2009, la Magistratura contaba con 8 090 miembros, de los cuales 7 769 ejercían sus funciones en órganos jurisdiccionales.

Consejo Superior de la Magistratura

El régimen del Consejo Superior de la Magistratura (CSM) se recoge en el artículo 65 de la Constitución. La Ley constitucional de 23 de julio de 2008 modificó su composición y competencias (en materia de nombramientos) y previó la posibilidad de que los justiciables puedan someter un asunto a su consideración. Tras esta modificación, el Presidente de la República dejó de ser miembro del CSM.

El CSM se divide en dos salas, la de jueces y la de fiscales. La Sala de Jueces, presidida por el Primer Presidente del Tribunal de Casación, está compuesta, además, por cinco jueces y un fiscal, un consejero de Estado designado por el Consejo de Estado, un abogado así como por seis personalidades de reconocido prestigio que no pertenecen ni al Parlamento ni a la carrera judicial, ni a la carrera administrativa. El Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea Nacional y el Presidente del Senado designan, cada uno, a dos de esas personalidades.

La Sala de Fiscales está presidida por el Fiscal General del Tribunal de Casación. Además forman parte de ella, cinco fiscales y un juez, así como el consejero de Estado, el abogado y las seis personalidades de reconocido prestigio mencionadas anteriormente.

La Sala de Jueces formula propuestas para los nombramientos de los jueces del Tribunal de Casación, del Primer Presidente del Tribunal de Apelación y del Presidente del Tribunal de Primera Instancia. Para el nombramiento de los demás jueces es imperativo su dictamen favorable.

La Sala de Jueces actúa como órgano disciplinario de los jueces, en cuyo caso, además de sus miembros habituales, forma parte de ella el juez de la Sala de Fiscales.

La Sala de Fiscales emite un dictamen sobre los nombramientos de fiscales. Asimismo tiene que emitir un dictamen sobre las sanciones disciplinarias relativas a los fiscales; en este caso, además de sus miembros habituales, se integra en ella el fiscal que forma parte de la Sala de Jueces.

Ministerio Público

Organización

El Ministerio Público lo ejercen los fiscales, que se encargan de velar por los intereses de la sociedad, a la que representan, exigiendo que se aplique la ley.

Con la excepción de la Fiscalía General del Tribunal de Casación, que ocupa un lugar aparte, el Ministerio Público francés se caracteriza por su estructura piramidal jerarquizada «bajo la autoridad del Ministro de Justicia». Así, según lo dispuesto en el artículo 30 del Código de Procedimiento Penal, el Ministro de Justicia dirige la política de acción pública decidida por el Gobierno y vela por que se aplique de forma coherente en todo el territorio de la República. Con tal fin, dirige a los fiscales instrucciones generales de actuación.

En cada Tribunal de Primera Instancia, el Fiscal Jefe (procureur de la République) dirige una fiscalía integrada por uno o varios fiscales que dependen jerárquicamente de él. Organiza la fiscalía repartiendo las tareas y servicios entre los fiscales adjuntos, vicefiscales y sustitutos. El Fiscal Jefe actúa a su vez bajo el control y la dirección del Fiscal General.

Aparte de estar jerarquizada, la Fiscalía es indivisible: el sustituto no necesita una delegación de su superior para actuar y cada uno de sus actos obliga a la Fiscalía en su conjunto.

Función y competencias

El Ministerio Público tiene esencialmente competencias penales. Dirige las investigaciones y lleva a cabo o hace que se lleven a cabo todas las actuaciones necesarias para el enjuiciamiento de las infracciones. Por otra parte, valora el curso que debe darse a los asuntos penales en función del principio de oportunidad de las diligencias (por ejemplo, la apertura de una información judicial, la remisión al órgano jurisdiccional competente o el sobreseimiento). Interviene obligatoriamente en la audiencia exponiendo oralmente las observaciones y conclusiones (sobre los hechos, la personalidad del acusado o la pena que debe imponerse) que considere convenientes para el buen funcionamiento de la justicia. Además, se encarga de que se ejecuten las penas.

También se ocupa de la protección de los menores en peligro y tiene determinadas competencias en materia civil, por ejemplo en lo que respecta al estado de las personas (modificación del estado civil), así como competencias administrativas (por ejemplo, en materia de venta de bebidas, prensa, venta a domicilio, etcétera) y mercantiles (por ejemplo, en materia de procedimiento colectivo).

La función y las competencias de los jueces se detallan en las páginas sobre los órganos jurisdiccionales ordinarios.

Jueces legos

Jueces de proximidad

Creados por la Ley de Orientación y Justicia de 9 de septiembre de 2002, completada por la Ley nº 2005-47 de 26 de enero de 2005, son nombrados por decreto, previo dictamen conforme del CSM, por un período de siete años no renovable. Con determinadas salvedades, los jueces de proximidad se rigen por la Ordenanza nº 58-1270 de 20 de diciembre de 1958 a la que se ha hecho mención anteriormente.

Ejercen algunas de las funciones de los jueces de los órganos jurisdiccionales. En materia civil, conocen de las acciones personales o mobiliarias cuya cuantía no exceda de 4 000 euros, salvo que por razón de la materia competan a un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. En materia penal, conocen de las infracciones de las cuatro primeras clases, actúan como asesores en los Tribunales Correccionales y validan las acuerdos de conformidad (compositions pénales) con el Ministerio Público.

A 1 de enero de 2013, había 452 jueces de proximidad.

Jueces de los Tribunales de Conciliación (Conseillers prud’hommes)

El mandato de los jueces de los Tribunales de Conciliación es de cinco años. Su elección se efectúa por colegios electorales (empresarios y trabajadores) y secciones (agricultura, industria, comercio, gestión empresarial y actividades varias), mediante un sistema de representación proporcional, sin mezclas entre las distintas listas ni voto preferencial. Los candidatos deben ser de nacionalidad francesa, tener al menos 21 años y estar en plena posesión de sus derechos civiles.

Son electores todos los trabajadores y empresarios de al menos 16 años de edad que ejerzan una actividad profesional, así como aquellas personas que tengan un contrato de aprendizaje o carezcan de empleo por razones ajenas a su voluntad.

Asesores de los Tribunales competentes en cuestiones relativas a la Seguridad Social

Su mandato es de tres años y los nombra el Primer Presidente del Tribunal de Apelación a partir de una lista de candidatos confeccionada, en la circunscripción de cada tribunal, por el Director Regional de Juventud, Deportes y Cohesión Social a propuesta de las organizaciones profesionales más representativas.

Asesores de los Tribunales competentes en materia de incapacidades

Su mandato es de tres años y los nombra el Primer Presidente del Tribunal de Apelación en cuya circunscripción tiene su sede el Tribunal en materia de incapacidades, a partir de una lista de candidatos confeccionada por el Director Regional de Juventud, Deportes y Cohesión Social a propuesta de las organizaciones profesionales más representativas.

Asesores de los Tribunales de Menores

Su mandato es de cuatro años y los nombra el Ministro de Justicia. Son elegidos por cada tribunal de menores a partir de una lista de candidatos, cuya competencia e interés por los temas de la infancia sean manifiestos, por el Primer Presidente del Tribunal de Apelación.

Asesores de los Tribunales paritarios en materia de litigios de arrendamientos rústicos (tribunaux paritaires des baux ruraux)

Arrendadores y arrendatarios son elegidos, en número igual, por sus respectivos grupos a partir de listas electorales elaboradas por los prefectos a propuesta de la comisión encargada de confeccionar las listas electorales.

Jueces de los Tribunales Mercantiles (juges consulaires)

Son comerciantes voluntarios elegidos por otros comerciantes.

Son elegidos mediante un sistema de dos niveles previsto en los artículos L. 723-1 a L. 723-14 y R. 723-1 a R. 723-31 del Código de Comercio.

Los electores son jueces y antiguos jueces y los delegados mercantiles (délégués consulaires). Estos últimos son asimismo comerciantes, elegidos por un período de cinco años, y cuya única función es elegir a los jueces de los tribunales mercantiles.

El mandato inicial de los jueces de los tribunales mercantiles es de dos años. Los siguientes mandatos son de cuatro años. El número de mandatos sucesivos se limita a cuatro. Cumplidos esos cuatro mandatos, debe transcurrir un año antes de que puedan volver a ser elegidos.

Todos los años, durante la primera quincena del mes de octubre, se llevan a cabo elecciones en las demarcaciones jurisdiccionales en las que sea preciso cubrir vacantes de jueces.

Secretarios judiciales

El secretario judicial es un técnico del procedimiento. Asiste al juez en los actos de su competencia y se encarga de autentificar y certificar, so pena de nulidad, los actos jurisdiccionales en los casos previstos por la ley.

Colaborador natural del juez, asiste a este último en la instrucción de los expedientes y las búsquedas documentales. También puede desempeñar funciones de acogida e información del público, así como impartir clases en la Escuela Nacional de Secretarios Judiciales.

El secretario judicial desempeña normalmente sus funciones en los distintos servicios de los órganos jurisdiccionales. Dependiendo de la importancia del órgano jurisdiccional y de su organización, el secretario judicial puede asumir responsabilidades de dirección como jefe de la Secretaría, adjunto o jefe de servicio.

Abogados

Los abogados son auxiliares de la justicia. La abogacía es una profesión liberal e independiente. Su estatuto resulta principalmente de la Ley nº 71-130, de 31 de diciembre de 1971, sobre modificación de determinadas profesiones judiciales y jurídicas, y del Decreto n° 91-1197, de 27 de noviembre de 1991, sobre la organización de la profesión de abogado. La Ley n° 90-1259, de 31 de diciembre de 1990, que modifica la Ley de 1971 y sus decretos de aplicación, crearon la nueva profesión de abogado a partir de la fusión de los abogados y los asesores jurídicos.

En el ejercicio diario de su actividad, el abogado desempeña dos misiones: el asesoramiento y la defensa.

Según lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, de la Ley de 31 de diciembre de 1971, los abogados tienen un cuasi monopolio en materia de asistencia y representación de las partes ante los organismos jurisdiccionales o disciplinares de cualquier naturaleza.

Uno de los rasgos que caracteriza a la profesión es la de no contar con un colegio profesional a escala nacional. Ello se debe al deseo de los abogados de garantizar una justa representación de todos los colegios. Hay 161 colegios de abogados repartidos por la metrópoli y los territorios de ultramar. Cada uno de ellos está «presidido» por un decano (bâtonnier) y es administrado por una Junta de Gobierno, competente para tratar todos los temas que afectan al ejercicio de la profesión y velar por la observancia de los deberes de los abogados, así como por la protección de sus derechos.

El Consejo Nacional de Colegios de Abogados (Conseil national des barreaux - CNB), creado por la Ley de 31 de diciembre de 1990 (artículo 15), es una entidad de utilidad pública dotada de personalidad jurídica, que se encarga de representar a la profesión de abogado ante los poderes públicos así como de velar por la armonización de las normas y usos de la profesión.

El Consejo Nacional de Colegios de Abogados dispone de una página web a través de la cual se puede acceder, libre y gratuitamente, a información sobre la organización de la profesión, temas de actualidad relacionados con la misma y a un anuario de todos los abogados inscritos en los colegios franceses. La mayoría de los colegios importantes disponen de sus propias páginas web, de acceso libre y gratuito, cuyas direcciones figuran en el anuario disponible en la página web del CNB.

Los abogados del Consejo de Estado y del Tribunal de Casación constituyen una profesión aparte: son funcionarios ministeriales, nombrados mediante una orden del Ministro de Justicia (le Garde des Sceaux) y son los únicos habilitados para actuar ante los órganos jurisdiccionales supremos cuando la asistencia letrada es obligatoria. Su estatuto se rige esencialmente por la Ordenanza de 10 de septiembre de 1817, por la que se crea el Colegio de Abogados ante el Consejo de Estado y el Tribunal de Casación; el Decreto nº 91-1125, de 28 de octubre de 1991, relativo a las condiciones de acceso a la profesión; y el Decreto n° 2002-76, de 11 de enero de 2002, relativo a las normas de disciplina aplicables a esta profesión.

La Ordenanza de 10 de julio de 1814 fijó el número de abogados ante el Consejo en sesenta. No obstante, el Decreto de 22 de abril de 2009 autoriza al Ministro de Justicia a crear, mediante decreto, nuevas plazas de abogados del Consejo de Estado y del Tribunal de Casación, por motivos de buena administración de la justicia, a la vista, en particular, de la evolución de los litigios que se sustancien en esos dos órganos jurisdiccionales.

Los abogados del Consejo y del Tribunal de Casación cuentan con su propio colegio, a cuya cabeza se encuentra un presidente asistido por una junta integrada por once miembros. Este órgano colegial desempeña funciones disciplinarias y se encarga de representar a la profesión.

La página web del El enlace abre una nueva ventanaColegio de Abogados del Consejo de Estado y del Tribunal de Casación recoge esta información.

¿Existe alguna base de datos en este ámbito?

Existe una base de datos gestionada por el Consejo Nacional de Colegios de Abogados a partir de la lista de abogados inscritos en cada colegio de abogados existente en Francia.

¿El acceso a esta información es gratuito?

El acceso a esta base de datos de la página web del El enlace abre una nueva ventanaConsejo Nacional de Colegios de Abogados es gratuito.

Notarios

Organización

Los notarios son funcionarios públicos y ministeriales, nombrados mediante decreto por el Ministro de Justicia. No obstante, ejercen su profesión en un marco liberal. Su estatuto resulta principalmente de la Ley de 25 de Ventoso del año XI, de la Ordenanza nº 45-2590 de 2 de noviembre de 1945 y el Decreto nº 45-0117 de 19 de diciembre de 1945, relativos a la organización del Notariado; del Decreto nº 73-609, de 5 de julio de 1973, relativo a la formación profesional y las condiciones de acceso al Notariado; y del Decreto nº 78-262, de 8 de marzo de 1978, por el que se establecen las tarifas de los notarios.

La profesión se organiza en colegios departamentales y en consejos regionales, que se encargan de la supervisión y la disciplina de los notarios del ámbito territorial de su competencia. Su órgano de representación ante los poderes públicos a escala nacional es el Consejo Superior del Notariado.

Aparte de su función de representación ante los poderes públicos, el Consejo Superior del Notariado desempeña una misión de prevención y conciliación de los conflictos de carácter profesional entre notarios pertenecientes a distintos consejos regionales. El El enlace abre una nueva ventanaConsejo Superior del Notariado dispone de una página web gratuita en la que se describen las principales características de la profesión y se incluye un anuario de los notarios y los colegios provinciales y regionales.

Función y competencias

Los notarios están facultados para expedir documentos auténticos dotados de fuerza ejecutoria sin que sea necesario recurrir a una resolución judicial.

También desempeñan una misión de asesoramiento a particulares y empresas, asociada o no a la redacción de documentos, y pueden intervenir, de forma accesoria, en la gestión de patrimonios y la negociación inmobiliaria.

Otras profesiones jurídicas

Agentes judiciales

Los agentes judiciales son funcionarios públicos y ministeriales nombrados por decreto del Ministro de Justicia. No obstante, ejercen su profesión en un marco liberal. Su estatuto resulta en particular de la Ley de 27 de diciembre de 1923, de la Ordenanza nº 45-2592 de 2 de noviembre de 1945, del Decreto nº 56-222 de 29 de febrero de 1956 y del Decreto nº 75-770 de 14 de agosto de 1975.

Sólo ellos están facultados para notificar los actos procesales y ejecutar las resoluciones judiciales, así como los actos o títulos con fuerza ejecutiva. Además, pueden levantar actas, ya sea por mandato de los tribunales, ya sea a petición de particulares. También tienen la posibilidad de ejercer con carácter accesorio, y previo informe al colegio profesional al que pertenezcan así como al Fiscal General ante el Tribunal de Apelación de la demarcación territorial en la que tengan su oficina, las actividades de mediador, administrador de inmuebles y agente de seguros.

Los agentes judiciales perciben por los actos desempeñados en el ejercicio de sus funciones en los ámbitos civil y mercantil unos emolumentos fijados con arreglo a lo dispuesto en el Decreto nº 96-1080 de 12 de diciembre de 1996.

La profesión está representada por colegios provinciales y regionales en todas las demarcaciones territoriales de los Tribunales de Apelación. Además, un colegio nacional representa a toda la profesión ante los poderes públicos y resuelve los conflictos entre colegios y entre agentes judiciales pertenecientes a colegios regionales diferentes. El El enlace abre una nueva ventanaColegio Nacional de Agentes Judiciales dispone de una página web gratuita en la que se describen las características principales de la profesión y que contiene un anuario de los profesionales.

Otros auxiliares de la justicia

En los Tribunales Mercantiles desarrollan su labor los secretarios de los Tribunales Mercantiles, que son funcionarios públicos cuyas principal misión consiste en asistir a los miembros del Tribunal en la audiencia y al presidente en todas las tareas administrativas que le son propias. Dirigen los servicios de secretaría y se encargan de llevar el Registro Mercantil y de Sociedades (registre du commerce et des sociétés - RCS), así como los repertorios y expedientes del Tribunal. Expiden copias auténticas y copias, custodian los sellos judiciales y las sumas depositadas en la secretaría, redactan los actos de la secretaría y se ocupan de los trámites de su competencia.

Esta profesión está regulada por los artículos L.741-1 y siguientes a R.741-1 del Código de Comercio.

La profesión está representada ante los poderes públicos por el Consejo Nacional de Secretarios de los Tribunales Mercantiles (CNGTC), entidad de utilidad pública dotada de personalidad jurídica, encargada de defender los intereses colectivos de la profesión. El CNGTC organiza la formación inicial y permanente de los secretarios y del personal de la secretaría y los exámenes de acceso a la profesión, facilita la obtención de cursos de prácticas y se encarga de su seguimiento. La página web del El enlace abre una nueva ventanaConsejo Nacional de Secretarios de los Tribunales Mercantiles recoge toda esta información.

Asesores jurídicos y abogados de empresa

La profesión de asesor jurídico se fusionó con la de abogado en virtud de la Ley n°90-1259 de 31 de diciembre de 1990.

Los abogados de empresa no están sujetos a una reglamentación profesional específica.

Enlaces relacionados

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Última actualización: 03/09/2013

Profesiones jurídicas - Croacia

Nota: la versión original de esta página croata se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.


Profesiones jurídicas

Abogados en órganos jurisdiccionales

Los jueces (suci; sing. sudac).

Requisitos académicos: Haber obtenido un título universitario o un máster en Derecho y superado el examen nacional de acceso a la profesión.

Un ciudadano croata puede ser designado juez.

Quien tenga un título de la Escuela Estatal de Funcionarios Judiciales (Državna škola za pravosudne dužnosnike) puede ser nombrado juez de un tribunal de faltas (prekršajni sud), un tribunal municipal (općinski sud), un tribunal mercantil (trgovački sud) o un tribunal contencioso-administrativo (upravni sud).

Quien haya trabajado como funcionario judicial durante al menos ocho años podrá ser nombrado juez de un tribunal de distrito (zupanijski sud), del Tribunal Superior de Faltas de la República de Croacia (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske), del Tribunal Superior Mercantil de la República de Croacia (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) y del Tribunal Superior Administrativo de la República de Croacia (Visoki upravni sud Republike Hrvatske).

Para ser nombrado juez del Tribunal Supremo de la República de Croacia (Vrhovni sud Republike Hrvatske), se debe haber trabajado durante al menos 15 años como funcionario judicial, abogado, notario o profesor universitario de Derecho (en este último caso, la experiencia laboral pertinente es la adquirida tras aprobar el examen nacional de ingreso en la profesión), o ser un abogado de reconocido prestigio que haya superado el examen nacional de abogados, tenga al menos 20 años de experiencia laboral y haya demostrado su valía con su trabajo en un ámbito particular del Derecho y su trabajos profesionales y académicos.

El enlace abre una nueva ventanaLey de Tribunales (Zakon o sudovima)

El enlace abre una nueva ventanaLey del Consejo del Poder Judicial (Zakon o državnom sudbenom vijeću)

El enlace abre una nueva ventanaLey de retribución de jueces y otros funcionarios judiciales (Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika)

Empleados judiciales

El número de empleados de la administración de justicia y del personal auxiliar necesario para el desempeño de tareas profesionales, burocráticas y técnicas lo fija el ministro de Justicia.

Los puestos de empleados estatales y personal judicial auxiliar, su retribución y otros derechos, obligaciones y responsabilidades, así como su responsabilidad por falta profesional, se rigen por los reglamentos sobre empleados estatales y personal auxiliar y por los reglamentos laborales generales.

Las vacantes judiciales solo pueden cubrirse previa aprobación del ministerio de Justicia.

Cuando en un órgano jurisdiccional se contrate personal judicial y personal auxiliar, debe cuidarse de que haya representación de personas pertenecientes a minorías nacionales.

Los reglamentos relativos a los requisitos académicos del personal judicial y el personal auxiliar, los períodos de prácticas, las condiciones para presentarse al examen estatal especializado, el plan de estudios y el método de dicho examen y otros asuntos conexos los adopta el ministro de Justicia.

El personal judicial puede ser trasladado a otro órgano jurisdiccional por decisión del ministro de Justicia atendiendo a necesidades del servicio. Un órgano jurisdiccional puede tener consejeros (sudski savjetnici; sing. sudski savjetnik ) y consejeros expertos (viši sudski savjetnici; sing. viši sudski savjetnik).

Una persona con un título universitario de Derecho que haya superado el examen nacional de abogados puede trabajar como consejero judicial.

Una persona con un título universitario en Derecho que haya superado el examen nacional de abogados y haya trabajado un mínimo de dos años como consejero judicial, funcionario judicial, abogado o notario, o que haya trabajado durante al menos cinco años en otros asuntos jurídicos tras superar el examen nacional de abogados, podrá ser nombrada para un puesto de consejero experto o de consejero del Tribunal Supremo de la República de Croacia.

Una persona que haya trabajado durante al menos cuatro años como consejero judicial, funcionario judicial, abogado o notario, o que haya trabajado durante al menos 10 años en otros asuntos jurídicos tras superar el examen nacional de abogado podrá ser nombrada para un puesto de consejero experto del Tribunal Supremo de la República de Croacia.

Competencias de los consejeros judiciales y de los consejeros expertos

Los consejeros judiciales y los consejeros expertos participan en los juicios y pueden realizar determinados trámites judiciales de forma independiente a fin de valorar las pruebas y establecer los hechos.

Sobre la base de dichos trámites, un consejero judicial o consejero experto presenta una propuesta a un juez habilitado al efecto por el presidente del tribunal, basándose en la cual adoptará su resolución dicho juez. El consejero judicial o consejero experto publicará dicha resolución previa autorización del juez.

Si el juez no aceptara el proyecto presentado por el consejero judicial o consejero experto, deberá realizar él mismo los trámites.

Con arreglo a las disposiciones aplicables de la Ley de Tribunales, los consejeros judiciales y los consejeros expertos están facultados para realizar trámites y presentar propuestas de resoluciones en las circunstancias siguientes:

  1. en los procedimientos civiles, en litigios relativos al pago de una demanda pecuniaria o una indemnización cuando el importe en cuestión no exceda de 100 000,00 HRK y en litigios comerciales cuando la cantidad en cuestión no supere 500 000,00 HRK;
  2. en conflictos laborales derivados de convenios colectivos;
  3. en contenciosos administrativos referidos a actuaciones legales relativas a cuestiones sobre las que se vaya a adoptar una resolución basada en una sentencia firme en un litigio tipo, o actuaciones legales contra un acto u omisión atribuible a un organismo de Derecho público, y en litigios administrativos en los que el importe controvertido no exceda de 100 000,00 HRK;
  4. en procedimientos ejecutivos;
  5. en procedimientos sucesorios;
  6. en procedimientos del registro de la propiedad;
  7. en procedimientos por faltas;
  8. en procedimientos no contenciosos, excepto en los relativos a la privación de capacidad jurídica, la disolución de asociaciones de copropiedad o fijación de límites y en procedimientos relativos a la Ley de la familia (obitelkski zakon);
  9. en procedimientos de registro;
  10. en procedimientos de insolvencia simplificados;
  11. en relación con las tasas procesales.

Los consejeros judiciales y los consejeros expertos están habilitados para actuar y adoptar resoluciones en procedimientos particulares si así lo establece leyes especiales.

En los procedimientos de apelación y en los procedimientos de recurso extraordinario, los consejeros judiciales y los consejeros expertos establecen informes sobre el estado de los asuntos y redactan las propuestas de resolución.

Jueces en prácticas (Opća sjednica; sing. sudački vježbenik)

Cada año, el Ministerio de Justicia decide del número de puestos de prácticas en tribunales según los fondos disponibles asignados para ello en el presupuesto del Estado.

Las condiciones de contratación de los jueces en prácticas en tribunales, las modalidades, la duración y las condiciones de los períodos de prácticas se rigen por una ley distinta.

Peritos asociados (stručni suradnici; sing. stručni suradnik)

Los tribunales pueden contar también con personal que haya completado la formación profesional pertinente o cursado los estudios correspondientes de grado o de posgrado y tenga la experiencia profesional requerida en defectología, sociología, educación, economía, contabilidad y finanzas u otro campo pertinente.

Los peritos asociados y los peritos asistentes (stručni pomoćnici; sing. stručni pomoćnik) asisten a los jueces en los casos que requieren conocimientos especializados.

Jueces legos (suci porotnici; sing. sudac porotnik)

Para ser nombrado juez lego, es necesario ser ciudadano croata adulto y estar capacitado para ocupar dicho puesto.

Los jueces legos se nombran por un período de cuatro años renovable.

Si al expirar el mandato de un juez lego, no se ha nombrado otro, el juez deberá seguir desempeñando sus funciones hasta que ello ocurra.

A los jueces legos de los tribunales municipales y de distrito los designa la junta de distrito (skupština županijska) o, en el caso de Zagreb, el consistorio municipal de Zagreb (Gradska skupština Grada Zagreba), previa presentación de propuestas por parte de la administración municipal o ciudadana, los sindicatos, la asociación de empresarios y la cámara de comercio.

A los jueces legos del Tribunal Supremo de la República de Croacia los nombra el Parlamento croata a propuesta del ministro de Justicia de una manera tal que estén representados todos los distritos.

Para nombrar a jueces legos es necesario obtener el dictamen del presidente del tribunal de que se trate sobre los candidatos propuestos.

Director de administración judicial (ravnatelj sudske uprave)

Un órgano jurisdiccional compuesto de más de 40 jueces puede tener un director de la administración de justicia.

Varios órganos jurisdiccionales de distinto grado y tipo que estén situados en la jurisdicción del tribunal de distrito y tengan más de 40 jueces en total pueden tener un director común de la administración de justicia que realice tareas para ellos. Los órganos jurisdiccionales que tienen un administrador común establecen acuerdos sobre la ejecución conjunta de las tareas de las que sea responsable dicho director de la administración de justicia.

El director de la administración de justicia es responsable de la ejecución adecuada y puntual de las labores periciales, administrativas, técnicas y de otra clase y, en particular, de:

  • ocuparse del mantenimiento de los edificios de los juzgados, las instalaciones y el equipamiento de trabajo y la inversión;
  • organizar y coordinar la elaboración del plan anual de contratación de conformidad con las disposiciones legales y las necesidades del tribunal;
  • efectuar los trámites de contratación pública;
  • supervisar las operaciones materiales y financieras y efectuar las tareas técnicas burocráticas y las tareas técnicas accesorias;
  • cuidar y supervisar la utilización del presupuesto y de los recursos propios,
  • participar en la preparación y ejecución de los proyectos de la administración judicial y supervisar la ejecución de los mismos;
  • cuidar y responsabilizarse del correcto funcionamiento del sistema informático del tribunal;
  • asegurarse de que las estadísticas relativas a la actividad del tribunal se elaboren correctamente y a tiempo;
  • cooperar con las autoridades locales y regionales en la adquisición de equipos y la asignación de recursos para las actividades específicas de los tribunales;
  • desempeñar otras tareas que le encomiende el presidente del tribunal.

El director de la administración judicial rendirá cuentas por su trabajo al presidente del tribunal.

Para ser nombrado director de la administración judicial, el interesado debe estar en posesión de un título universitario en Derecho o economía y tener experiencia correspondiente en tareas organizativas y financieras.

Secretario judicial (tajnik suda)

Un órgano jurisdiccional que tenga más de 15 jueces puede tener un secretario. Este asiste al presidente del tribunal en el ejercicio de las funciones administrativas. Para ser nombrado secretario judicial es necesario tener un título universitario en Derecho.

Para desempeñar el cargo de secretario del Tribunal Supremo de la República de Croacia, el Tribunal Superior de Comercio de la República de Croacia, el Tribunal Superior Administrativo de la República de Croacia y el Tribunal Superior de Faltas de la República de Croacia, deben reunirse los requisitos de consejero judicial experto en el órgano de que se trate.

El secretario judicial es responsable de la adecuada y puntual ejecución de las tareas burocráticas y otras tareas del tribunal y, en concreto, de:

  • organizar el trabajo del personal judicial y del personal auxiliar y responsabilizarse del mismo;
  • controlar y planificar la formación del personal y del personal auxiliar, y supervisar su desempeño;
  • con el consentimiento del presidente del tribunal, adoptar decisiones sobre la asignación del personal judicial y del personal auxiliar;
  • por delegación del presidente del tribunal, ocuparse de las peticiones y las quejas de las partes acerca de la labor del tribunal,
  • desempeñar otras tareas de las que sea responsable la administración judicial y que le asigne el presidente del tribunal,
  • desempeñar otras tareas que establezca una legislación específica.

El secretario judicial debe rendir cuentas por su trabajo al presidente del tribunal.

Portavoz judicial ( glasnogovornik suda)

Un órgano jurisdiccional cuenta con un portavoz.

El portavoz judicial es un juez, un consejero judicial o una persona designada por el presidente del tribunal en el programa de trabajo anual.

El presidente de un tribunal de distrito puede designar a un juez de dicho tribunal como portavoz de dicho órgano y de los juzgados municipales de su jurisdicción. También puede designarse un portavoz suplente.

El portavoz judicial informa del trabajo del tribunal de conformidad con la Ley de Tribunales, el reglamento procesal (Sudski poslovnik) y la Ley de libertad de información (Zakon o pravu na pristup informacijama).

Fiscales (državni odvjetnici; sing. državni odvjetnik)

Requisitos académicos: Tener un título universitario o un máster en Derecho y haber aprobado el examen nacional de acceso a la profesión.

Un fiscal es responsable de la realización de las tareas que se inscriban en la competencia de la Oficina de la Fiscalía del Estado (državno odvjetništvo) que él represente y gestione.

La Oficina de la Fiscalía del Estado es un órgano judicial independiente y autónomo que tiene la facultad y la obligación de actuar contra los autores de delitos y otras infracciones punibles, de emprender actuaciones judiciales a fin de proteger los activos de la República de Croacia y de utilizar vías de recursos en defensa de la Constitución y la legislación.

La Oficina de la Fiscalía del Estado ejerce sus competencias basándose en la Constitución, la legislación, los tratados internacionales que forman parte del ordenamiento jurídico de la República de Croacia y de otras normas que se hayan adoptado de acuerdo con la Constitución, un tratado internacional o una ley de la República de Croacia.

La Fiscalía del Estado de la República de Croacia se constituyó para cubrir la totalidad del territorio de la República de Croacia. Para cubrir el territorio de uno o más juzgados municipales se han creado oficinas municipales de la Fiscalía (općinska državna odvjetništva; sing. općinsko državno odvjetništvo), y para cubrir el territorio de un tribunal de distrito o un tribunal mercantil y la jurisdicción de un tribunal administrativo, se han constituido oficinas de distrito (županijska državna odvjetništva; državno odvjetništvo sing. županijsko).

FISCALÍA DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DE CROACIA

OFICINA DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA (URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA [USKOK])

OFICINAS DE DISTRITO (15)

OFICINAS MUNICIPALES (33)

Oficina de la Fiscalía del Estado de la República de Croacia
Gajeva 30a, 10000 Zagreb
El enlace abre una nueva ventanahttp://www.dorh.hr/

Fiscal General del Estado de la República de Croacia
Tfno. : +385 1 459 18 88
Fax : +385 1 459 18 54
Correo electrónico : El enlace abre una nueva ventanatajnistvo.dorh@dorh.hr

Departamento de lo Penal (kazneni odjel)

Tfno. : +385 1 459 18 00
Fax : +385 1 459 18 05
Correo electrónico : El enlace abre una nueva ventanatajnistvo.kazneni@dorh.hr

Departamento de lo Contencioso-Administrativo (građansko upravni odjel)

Tfno.: +385 1 459 18 61
Fax : +385 1 459 19 12
Correo electrónico : El enlace abre una nueva ventanatajnistvo.gradjanski@dorh.hr

Oficinas municipales (općinska državna odvjetništva)PDF(370 Kb)hr

Oficinas de distrito (zupanijska državna odvjetništva)PDF(284 Kb)hr

El enlace abre una nueva ventanaLey de la Fiscalía del Estado (Zakon o državnom odvjetništvu)

El enlace abre una nueva ventanaLey de jurisdicción de las oficinas de la Fiscalía del Estado (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava)

La nueva Ley de jurisdicción de las oficinas de la Fiscalía del Estado, que racionaliza la red de oficinas municipales de la Fiscalía del Estado, entró en vigor el 1 de abril de 2015.

El enlace abre una nueva ventanaLey de la Oficina de Prevención de la Corrupción y la Delincuencia Organizada (Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta)

Los abogados (odvjetnici; sing. odvjetnik)

Requisitos académicos: Haber obtenido un título universitario o un máster en Derecho nacional y haber superado el examen nacional de abogado.

La profesión de abogado constituye un servicio independiente que proporciona asistencia jurídica a personas físicas y jurídicas para que puedan ejercer y defender sus derechos e intereses legales. La profesión jurídica se rige por la Ley de abogados (Zakon o odvjetništvu).

La autonomía y la independencia de la profesión jurídica están garantizadas por abogados que ejercen su profesión liberal de forma autónoma e independiente. Los abogados están organizados en el Colegio de Abogados de Croacia (Hrvatska komora odvjetnička), una asociación autónoma e independiente de los abogados que ejercen en el territorio de la República de Croacia.

Los abogados pueden organizarse en despachos de abogados (odvjetnički ured), gabinetes de abogados asociados (zajednički odvjetnički ured) o gabinetes jurídicos (odvjetničko društvo); en este último caso, constituyen una sociedad comercial de derecho público (javno trgovačko društvo) o una sociedad de responsabilidad limitada (društvo s ograničenom odgovornošću). Los abogados ofrecen sus servicios letrados de forma profesional y no pueden desempeñar otras tareas.

Los abogados deben afiliarse al Colegio de Abogados de Croacia, organización independiente y autónoma dotada de personalidad jurídica. El Colegio de Abogados de Croacia representa la profesión de abogado en la República de Croacia. Los órganos del Colegio son la asamblea (skupština), el consejo de administración (upravni odbor), el comité ejecutivo (izvršni odbor), el presidente (predsjednik) y otros órganos previstos en sus estatutos.

Los abogados pueden ofrecer cualquier tipo de asistencia jurídica y especialmente:

  • prestar asesoramiento jurídico;
  • redactar documentos (contratos, testamentos, declaraciones, etc.) y preparar demandas, interponer denuncias, presentar solicitudes, peticiones y reclamaciones, interponer recursos extraordinarios y presentar otro tipo de escritos;
  • representar a sus clientes.

Un abogado puede ejercer su profesión jurídica de manera autónoma, en un despacho de abogados asociados o en un bufete de abogados.

Salvo que la ley disponga otra cosa, solo los abogados pueden ofrecer asistencia letrada. Los profesores y profesores ayudantes (docenti) que impartan el Derecho en una universidad de la República de Croacia pueden prestar, con carácter remunerado, asesoramiento jurídico y emitir dictámenes. No pueden redactar escritos (contratos, testamentos, declaraciones, etc.) iniciar trámites, interponer denuncias, presentar solicitudes, peticiones y reclamaciones, interponer recursos extraordinarios o presentar otro tipo de escritos. No pueden prestar otras modalidades de asistencia jurídica y tienen obligación de notificar su intención de prestar asistencia jurídica al Colegio de Abogados de Croacia para que este lo registre.

Para tener derecho a ejercer la profesión de abogado en el territorio de la República de Croacia, es necesario inscribirse en el repertorio de abogados y prestar juramento. La decisión relativa a la inclusión de una persona en el repertorio de abogados incumbe al Colegio de Abogados de Croacia.

Colegio de Abogados Croata
Koturaška 53/II, 10000 Zagreb
tfno.: +385 1 6165 200
fax: +385 1 6170 686
El enlace abre una nueva ventanahok-cba@hok-cba.hr
El enlace abre una nueva ventanahttp://www.hok-cba.hr/
El enlace abre una nueva ventanaLey de profesiones jurídicas

Los notarios ((javni bilježnici; sing. javni bilježnik)

Requisitos académicos: Haber obtenido un título universitario o un máster en Derecho y haber superado el examen estatal de acceso a la profesión notarial.

Los notarios no representan a sus clientes. Actúan en calidad de especialistas experimentados a solicitud de los clientes. Su objetivo es ayudar a estos en la gestión de sus asuntos evitándoles litigios largos y costosos. Son además imparciales, dado que no actúan en favor de los intereses de una parte sino que tratan de garantizar un máximo de certeza jurídica y no pueden negarse a prestar sus servicios sin motivos válidos. Tienen obligación de mantener la confidencialidad de la información que obtengan en el desempeño de sus funciones.

Los servicios notariales incluyen la redacción y expedición de documentos públicos sobre transacciones jurídicas, declaraciones y exposiciones de hechos de los que se deriven derechos, la certificación de documentos privados, la aceptación para su custodia en lugar seguro de documentos, dinero y objetos de valor para su transmisión a otras personas o a las instancias competentes, y la ejecución de los trámites previstos por la ley por orden de los tribunales u otros organismos públicos. La organización y las modalidades de funcionamiento de los notarios en el desempeño de sus funciones de servicio público están reguladas en la Ley de notarios (Zakon o javnom bilježništvu).

Los notarios llevan a cabo sus funciones en calidad de profesionales autónomos e independientes que ejercen la fe pública notarial. Son nombrados por el ministro de Justicia. La oficina notarial de los notarios en el territorio para el que hayan sido nombrados lo establece el ministerio de Justicia, y el territorio oficial donde ejercen sus funciones corresponde al del tribunal municipal definido por la ley en que se haya establecido su oficina notarial. Los notarios están facultados para representar a sus clientes ante los tribunales y otros órganos públicos en asuntos no contenciosos cuando dichos asuntos estén directamente relacionados con escritos que hayan otorgado ellos mismos, en cuyo caso tendrán los derechos y obligaciones de los abogados.

Los notarios que ejerzan su profesión en la República de Croacia deben registrarse en el Colegio de Notarios de Croacia (Hrvatska javnobilježnička komora), que tiene su oficina en Zagreb. El Colegio vela por la reputación y el honor de los notarios, defiende sus derechos e intereses y establece además sus derechos, obligaciones y responsabilidades. Los órganos del Colegio son su asamblea (skupština), el consejo de administración (upravni odbor) y el presidente (predsjednik).

La labor de los notarios la supervisan el ministerio de Justicia y el Colegio de Notarios.

Colegio de Notarios de Croacia
Radnička cesta 34/II, 10000 Zagreb
tel.: +385 1 4556 566
fax: +385 1 4551 544
correo electrónico: El enlace abre una nueva ventanahjk@hjk.hr
El enlace abre una nueva ventanahttp://www.hjk.hr/Uredi
El enlace abre una nueva ventanaLey de notarios (Zakon o javnom bilježništvu)
El enlace abre una nueva ventana Ley de remuneración de notarios (Zakon o javnobilježničkim pristojbama)

Los abogados en las administraciones nacionales, locales y regionales

Requisitos académicos: Haber obtenido un título universitario o un máster en Derecho y haber superado el examen nacional de la profesión (para los puestos en que se represente al empleador).

El estatuto de los funcionarios (incluidos los abogados) de la administración del Estado se regula en la Ley de funcionarios públicos, y el de los funcionarios (incluidos los abogados) de la administración local y regional, en la Ley de autogobierno de los organismos locales y regionales (Zakon o lokalnoj područnoj regionalnoj samoupravi).

Abogados en empresas comerciales

Requisitos académicos: Haber obtenido un título universitario o un máster en Derecho y haber superado el examen de abogado (para puestos en que representen a la empresa).

Los abogados de empresas comerciales están autorizados a representar a su empresa como mandatarios asalariados ante toda autoridad pública y en todas las relaciones jurídicas, tales como procedimientos civiles, celebración de contratos, cuestiones relativas al Derecho laboral, a la propiedad y al estatuto, así como como en procedimientos por faltas y penales. Los abogados de empresa pueden presentarse al examen de abogados en las condiciones que establece la ley.

La República de Croacia no tiene colegio que represente a los abogados de empresa. Por esta razón, algunos de ellos se han asociado en organizaciones de la sociedad civil, creadas para promover los intereses de la profesión en las empresas y obtener una formación profesional avanzada en las mismas.

La condición de los abogados de empresa no está regulada por disposiciones particulares en la República de Croacia.

Juristas en las instituciones y en el ámbito académico

Requisitos: Haber obtenido un título universitario o un máster en Derecho y haber superado el examen nacional de la profesión (para las puestos en que representa al empleador).

Requisitos para trabajar en instituciones académicas o ejercer funciones de carácter científico y pedagógico: La persona en cuestión debe haber obtenido un título universitario o un máster en Derecho o un doctorado, haber presentado ponencias en congresos científicos o profesionales en el ámbito pertinente y haber publicado trabajos científicos y académicos.

Consejo Nacional del Poder Judicial (Državno sudbeno vijeće)

El Consejo Nacional del Poder Judicial es un organismo autónomo e independiente que garantiza la autonomía y la independencia del Poder judicial de la República de Croacia. Decide de forma autónoma, de acuerdo con la Constitución y la Ley, sobre nombramientos, ascensos, traslados, ceses y adopción de medidas disciplinarias de jueces y presidentes de tribunales, excepto en el caso del Presidente del Tribunal Supremo de la República de Croacia. El Presidente del Tribunal Supremo es elegido y destituido por el Parlamento croata sobre la base de una propuesta del Presidente de Croacia, previo dictamen del Tribunal Supremo de la República de Croacia reunido en sesión plenaria (opća sjednica) y de la comisión parlamentaria competente del Parlamento. El Presidente del Tribunal Supremo de la República de Croacia es elegido para un mandato de cuatro años.

El Consejo Nacional del Poder Judicial consta de 11 miembros, de los que siete son jueces, dos, profesores universitarios de Derecho y dos, diputados del Parlamento, uno de ellos de un partido de la oposición.

El Consejo de la Fiscalía del Estado

(Državnoodvjetničko vijeće)

El Consejo de la Fiscalía del Estado nombra, cesa y decide sobre sanciones disciplinarias de los fiscales y sus sustitutos, a excepción del Fiscal General de la República de Croacia. El Fiscal General de la República de Croacia es nombrado para un mandato de cuatro años por el Parlamento croata a propuesta del Gobierno y previo dictamen de la comisión parlamentaria competente.

El Consejo Nacional de la Fiscalía del Estado se compone de 11 miembros, de los cuales siete son sustitutos del Fiscal, dos, profesores universitarios de Derecho y dos, diputados del Parlamento, uno de ellos de un partido de la opo

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Última actualización: 07/09/2016

Profesiones jurídicas - Italia

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Esta sección ofrece una visión de conjunto de las profesiones jurídicas en Italia.


Profesiones jurídicas

Profesiones jurídicas – Introducción

En Italia, las profesiones jurídicas principales son: los magistrati (jueces y fiscales), los abogados y los notarios.

Magistratura

La Constitución regula el ejercicio de las funciones jurisdiccionales por parte de jueces y fiscales

Jueces

La justicia se administra en nombre del pueblo. Los jueces solo están sometidos a la ley (artículo 101 de la Constitución).

La función jurisdiccional es ejercida por los jueces y fiscales ordinarios, nombrados según las normas del sistema judicial, a las que están sujetos.

No se pueden nombrar jueces extraordinarios o especiales, sino únicamente secciones especializadas dentro de los órganos jurisdiccionales ordinarios. La ley regula los casos y la forma de participación directa del pueblo en la administración de la justicia.

El acceso a la magistratura es por concurso. No obstante, pueden nombrarse jueces o fiscales honorarios para el desempeño de las funciones atribuidas a jueces individuales.

Autonomía e independencia

La magistratura constituye un órgano autónomo e independiente de cualquier otro poder (artículo 104 de la Constitución).

La independencia de la magistratura está asegurada por su órgano de autogobierno, el Consejo Superior de la Magistratura (Consiglio Superiore della Magistratura), que se ocupa de los nombramientos, los destinos, los traslados, la carrera y las medidas disciplinarias aplicables a jueces y fiscales (artículo 105 de la Constitución).

Los jueces y fiscales (magistrati) se distinguen entre sí por las diversas funciones que desempeñan.

Los jueces y fiscales son inamovibles. Solo pueden ser cesados o suspendidos en sus funciones por decisión del Consejo Superior de la Magistratura, adoptada por los motivos y las garantías previstas al respecto en el sistema judicial o con el consentimiento del interesado.

Fiscales

Organización

La Constitución también sanciona el principio de independencia y autonomía de los fiscales (artículo 107).

El artículo 112 de la Constitución establece el principio de obligatoriedad de la acción penal: una vez denunciado el delito, el fiscal competente debe iniciar la investigación y someter los resultados a la valoración del juez, formulando las peticiones pertinentes. La obligatoriedad de la acción penal contribuye a garantizar la independencia de la fiscalía en el ejercicio de sus funciones, y la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

El ministerio fiscal está constituido ante el tribunal de casación, los tribunales de apelación, los tribunales ordinarios y los tribunales de menores.

Función y obligaciones

El fiscal interviene en todos los procesos penales, en representación del Estado.
Interviene en los procesos civiles en los casos previstos en la ley (p. ej. en determinados casos relacionados con el Derecho de familia o con las personas que carecen de capacidad jurídica, etc.).

Organización de las profesiones jurídicas: abogados y notarios

Abogados

El abogado es un profesional liberal que representa y asesora a su cliente, que puede ser una persona física, una empresa o el Estado, ante un juez civil, penal o administrativo.

El abogado defiende a su cliente en virtud de un mandato y recibe honorarios por ello.

En cada órgano jurisdiccional existe un consejo del colegio de abogados (Consiglio dell'ordine) compuesto por abogados elegidos por los abogados inscritos en el registro profesional correspondiente.

El órgano nacional de la abogacía (Consiglio nazionale forense) es elegido por los consejos del colegio de abogados reunidos por circunscripciones.

Notarios

El notario es un El enlace abre una nueva ventanaprofesional liberal que ejerce una El enlace abre una nueva ventanafunción pública: dar fe de los actos celebrados en su presencia.

La profesión de notario está regulada por la Ley nº 89, de 16 de febrero de 10913, «Regulación del notariado y de los archivos notariales».

El órgano nacional de los notarios es el Consejo nacional del notariado (Consiglio nazionale del notariato).


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Última actualización: 02/10/2017

Profesiones jurídicas - Chipre

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Profesiones jurídicas

Profesiones jurídicas - Introducción

Profesión de abogado - Introducción

La profesión de abogado en la República de Chipre (Κυπριακή Δημοκρατία) se rige por lo dispuesto en el capítulo 2 de la Ley de la abogacía (Ο περί Δικηγόρων Νόμος), que se modifica periódicamente.

De conformidad con dicha Ley, toda persona que desee ejercer como abogado debe:

  • poseer una licenciatura u otra titulación en Derecho reconocida por el Consejo Jurídico (Νομικό Συμβούλιο);
  • haber completado un período de formación de un año en un despacho en el que al menos un abogado haya venido ejerciendo su profesión durante un mínimo de cinco años en la época de tal instrucción;
  • haber aprobado los exámenes que realiza el Consejo Jurídico o que se celebran bajo su supervisión.

Otras profesiones afines

No existen profesiones afines en Chipre, como la de notario público. Todo lo que tenga que ver con actos jurídicos se considera cuestión jurídica y únicamente a los miembros del Colegio de Abogados de Chipre (Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος) se les permite actuar de conformidad con la normativa aplicable. Los abogados jubilados pueden seguir actuando como asesores jurídicos internos tanto en despachos de abogados como en otras entidades.

Una actividad que puede considerarse afín es la del personal jurídico asimilado (δικηγορικοί υπάλληλοι), para el que existe una normativa específica. Las personas que deseen ejercer tal actividad deben haber completado el ciclo de enseñanza secundaria, además de haber trabajado al menos seis meses consecutivos en un despacho de abogados, demostrar una conducta intachable y presentar una solicitud ante el Registro del tribunal del distrito en el que se ubique el despacho para el que trabaje el candidato.

Fiscales (Δημόσιοι Κατήγοροι)

Organización

Generalidades

Además de su capacidad como asesor jurídico del Estado, el Fiscal General (Γενικός Εισαγγελέας) de la República dirige la Oficina Jurídica (Νομική Υπηρεσία) y actúa como Director del Ministerio Público (Υπευθύνου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ποινικών Υποθέσεων).

La plantilla de la Oficina Jurídica, dirigida por el Fiscal General, está compuesta por abogados, algunos de los cuales están especializados en Derecho penal y se ocupan de los asuntos que son competencia de las audiencias penales. En todos los asuntos, el Fiscal General es informado y emite las directrices pertinentes.

Además de los miembros de la Oficina Jurídica, pueden actuar como fiscales los componentes del Cuerpo de Policía de Chipre (Αστυνομική Δύναμη Κύπρου) con una licenciatura en Derecho y las cualificaciones pertinentes para ejercer como abogados. Aunque son agentes de policía, informan al Fiscal General y responden ante éste en el ejercicio de su actividad como fiscales. El Fiscal General tiene las mismas competencias en relación con la labor realizada por estos agentes que con las tareas que lleva a cabo el personal de la Oficina Jurídica.

En casos excepcionales, el Fiscal General está facultado para instruir a abogados eminentes en ejercicio para tratar determinados asuntos.

Función y obligaciones de los fiscales

La actuación de la fiscalía (Κατηγορούσα Αρχή) ante los tribunales penales de distrito se encomienda a abogados (letrados) que trabajan en los departamentos correspondientes de la policía, aunque, lógicamente, esto no impide que, en determinados casos, un miembro de la Oficina Jurídica pueda ser instruido para llevar a cabo este tipo de labor. La actuación de la fiscalía ante las audiencias penales se encomienda a abogados de la Oficina Jurídica. En todos los casos, tales actuaciones se someten a la jurisdicción del Fiscal General, que puede intervenir en cualquier momento y, en ocasiones, puede poner fin a las acciones penales iniciadas.

El Fiscal General dirige la Oficina Jurídica con la ayuda del Fiscal General adjunto (Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας), así como de los abogados de la República (Εισαγγελείς της Δημοκρατίας), los letrados principales de la República (Ανώτεροι Δικηγόροι της Δημοκρατίας) y los letrados de la República (Δικηγόροι της Δημοκρατίας). Uno de los abogados de la República dirige la Sección de lo Penal (Τμήμα Ποινικού Δικαίου), bajo la supervisión de nuevo en este caso del Fiscal General.

Las vistas tienen carácter oral. La fiscalía presenta sus pruebas y los testigos citados por ella se someten a interrogatorio, repreguntas y reexamen. Una vez oíos todos los testigos llamados por la fiscalía, el tribunal debe declarar si existen indicios de infracción penal. En caso de que existan, se solicita al acusado que presente sus alegaciones, y el tribunal le informa de que puede citar a sus propios testigos y declarar bajo juramento, en cuyo caso tanto sus testigos, como el propio acusado se someten a las repreguntas de la fiscalía. Como alternativa, puede realizar una declaración no jurada, en cuyo caso no se formularán repreguntas.

El tribunal dicta sentencia a la conclusión de la vista. En caso de absolución, el acusado es puesto en libertad. En caso de condena, se brinda a la defensa la oportunidad de solicitar la reducción de la pena y, una vez culminado el procedimiento, el tribunal dicta la sentencia pertinente.

Jueces y magistrados

Organización

La estructura de los órganos jurisdiccionales en Chipre es muy sencilla.

Tribunal Supremo (Ανώτατο Δικαστήριο)

El Tribunal Supremo se creó en virtud de la Ley (disposiciones diversas) de la administración de justicia de 1964 (O περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμος του 1964) [Ley 33/1964] tras la dimisión de los Presidentes del Tribunal Supremo y del Tribunal Supremo Constitucional (Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο) y la disolución tácita de estos dos órganos jurisdiccionales una vez que los representantes de la comunidad turca en los distintos órganos del Estado dejaron de asistir y de contribuir a la adopción de las decisiones pertinentes.

Los miembros del Tribunal Supremo son designados por el Presidente de la República de Chipre. Actualmente son trece, uno de los cuales es nombrado para ejercer como Presidente. Sólo pueden aspirar a tal designación las personas de conducta intachable con un mínimo de 12 años de servicio encomiable en la práctica del Derecho.

Audiencias penales (Κακουργιοδικεία)

Las audiencias penales actúan como órganos jurisdiccionales superiores de primera instancia en asuntos penales y están formadas por tres magistrados (el Presidente, un juez superior de un tribunal de distrito y un juez de un tribunal de distrito). Sus miembros son designados por el Tribunal Supremo por un período de dos años, elegidos entre Presidentes, jueces superiores y jueces de tribunales de distrito, respectivamente.

Tribunales de distrito (Επαρχιακά Δικαστήρια)

Hay un tribunal de distrito en cada provincia de la República de Chipre. Tienen jurisdicción ilimitada, de la que se excluyen los asuntos que competen al Tribunal Supremo y a los órganos jurisdiccionales especializados que se refieren más adelante. Sus magistrados se dividen en Presidentes, jueces superiores y jueces. Las competencias para su designación, traslado y ascenso corresponden al Tribunal Supremo.

Tribunales de familia (Οικογενειακά Δικαστήρια)

Los tribunales de familia, creados por la Ley de tribunales de familia (Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμος) (Ley 23/90), están formados por tres miembros (un presidente y dos jueces legos), todos ellos letrados que hayan ejercido el derecho con éxito Derecho previamente a su designación.

Tribunal de control de los arrendamientos (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων)

Estos órganos jurisdiccionales especializados constan de tres miembros: un presidente y dos jueces legos. El presidente ha de ser un letrado que haya ejercido el Derecho con éxito al menos el mismo número de años que se requieren para ser miembro de un tribunal de distrito.

Tribunales de conflictos laborales (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών)

Como los tribunales de control de los arrendamientos, estos órganos jurisdiccionales están formado por tres miembros: un presidente y dos jueces legos. El primero ha de ser un letrado que haya ejercido el Derecho durante cinco años previamente a su designación.

Tribunal militar (Στρατιωτικό Ποινικό Δικαστήριο)

El último de los órganos jurisdiccionales especializados es el Tribunal militar, presidido por un letrado de prestigio con las cualificaciones que se requieran para formar parte de un tribunal de distrito. El presidente debe ser oficial del Ejército en servicio con una graduación mínima de coronel. Los miembros legos han de ser personal militar profesional.

Directorio (Ευρετήριο)

En el sitio web del Tribunal Supremo puede consultarse un directorio que contiene información general sobre los órganos jurisdiccionales de Chipre.

Función y obligaciones

Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo actúa como órgano de recurso contra las sentencias dictadas por todos los tribunales de rango inferior en la República de Chipre y como tribunal de primera instancia en asuntos contencioso-administrativos y de Derecho marítimo. Tiene asimismo la competencia para dictar mandamientos certiorari, mandamus y otros, supervisa la actuación de todos los órganos jurisdiccionales de orden inferiores para garantizar su actuación correcta y ejerce un control disciplinario sobre los miembros del poder judicial.

Audiencias penales

Salvo en el caso de ciertos delitos muy graves, las audiencias penales son los órganos competentes para juzgar en primera instancia todas las infracciones tipificadas en el Código penal (Ποινικός Κώδικας) o en cualquier otra norma que se cometan dentro de las fronteras de la República o en las áreas chipriotas de las bases soberanas y que atañan a chipriotas como demandantes o demandados, o en cualquier otro país cuando el acusado se encuentre al servicio de la República, o a bordo de un buque o una aeronave en la República, o en otros lugares, o en las circunstancias previstas en la legislación.

Juzgados de distrito

Los juzgados de distrito, constituidos por un presidente, tienen competencia para juzgar y dictar sentencia en primera instancia.

 En materia civil, los jueces superiores de distrito y los jueces de distrito son competentes (con ciertas excepciones) para dictar sentencia en los asuntos en los que la suma en disputa o el valor de la diferencia en cuestión no exceda de 500.000 euros, en el caso de un juez superior, y de 100.000, en el de un juez de distrito.

En materia penal, la competencia de los juzgados de distrito abarca todos los delitos cometidos dentro de los límites del distrito de que se trate para los que la ley prevea una pena de privación de libertad no superior a cinco años de privación o una multa de 50.000 euros, o ambas, o para los que el juzgado pueda imponer el pago de una indemnización de hasta 6.000 euros a la víctima.

Todas las sentencias dictadas por los juzgados de distrito, tanto en asuntos penales como civiles, son recurribles ante el Tribunal Supremo, sin restricción.

Órganos jurisdiccionales especializados

La jurisdicción de los tribunales de familia se extiende a casi todos los conflictos conyugales. La de los tribunales de control de los arrendamientos se limita a los conflictos en las cuestiones que indica su propia denominación. La jurisdicción de los tribunales de conflictos laborales únicamente abarca las relaciones entre empresarios y trabajadores, sobre todo en casos de presunto despido improcedente. El Tribunal militar es competente para conocer de los asuntos penales referidos a los miembros de la Guardia Nacional (Εθνική Φρουρά) o en los que se ha infringido la normativa de esta institución.

Todas las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales mencionados son recurribles ante el Tribunal Supremo.

Organización de las profesiones jurídicas: abogados (Δικηγόροι)

El sistema de prestación de servicios jurídicos en la República de Chipre está normalizado y a todos los que ofrecen tales servicios se les denomina abogados, independientemente del país en el que hayan estudiado y del título universitario que hayan obtenido en el curso de sus estudios de Derecho.

Existe un directorio de letrados en Internet al que abogados y jueces tienen libre acceso y al que puede acceder el público en general previo pago de una cuota de suscripción.

Bases de datos jurídicas

El sitio web El enlace abre una nueva ventanaleginetcy contiene leyes, reglamentos y sentencias, y es gratuito para abogados, jueces y órganos de la administración pública. Cualquier otra persona que desee acceder debe abonar una suscripción. El sitio El enlace abre una nueva ventanacylaw contiene sentencias y es gratuito para quien desee acceder.

Abogados y asesores jurídicos (Νομικοί Σύμβουλοι)

La práctica de los abogados y asesores jurídicos está normalizada.

Notarios públicos (Συμβολαιογράφοι)

La profesión de notario público se desconoce en Chipre. De la labor que suelen llevar a cabo estos profesionales se ocupan los abogados.

Otras profesiones jurídicas

En la República de Chipre, están relacionadas con la profesión jurídica las profesiones que se indican seguidamente.

Registradores (Πρωτοκολλητές)

Se trata de funcionarios judiciales designados por el Tribunal Supremo; suelen ser abogados. Los registradores tienen las obligaciones específicas que les impone la ley correspondiente. El de más alta categoría es el Registrador designado por el Tribunal Supremo entre el personal de los juzgados, que es responsable de la supervisión general del resto de registradores.

Oficiales de justicia

Hay dos tipos: los oficiales de justicia del sector privado, cuya competencia se limita a la notificación de diversos documentos procesales, y los que figuran en la nómina de los tribunales, dedicados fundamentalmente a la ejecución de las sentencias.

Pasantes (Δικηγορικοί Υπάλληλοι)

La titulación para ejercer como pasante se obtiene tras un período de seis meses de trabajo en un despacho de abogados, previa solicitud al secretario del tribunal del distrito en el que se ubique el despacho para el que trabaje el candidato.

Enlaces relacionados

El enlace abre una nueva ventanaFiscalía General

El enlace abre una nueva ventanaTribunal Supremo


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Última actualización: 25/06/2013

Profesiones jurídicas - Letonia

Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.
Ya se ha traducido a las siguientes lenguas: letón.

Esta sección ofrece una visión de conjunto de las profesiones jurídicas en Letonia.


Profesiones jurídicas

Fiscales

Organización

El enlace abre una nueva ventanaEl Ministerio Fiscal (Prokuratūra) es una autoridad judicial unitaria y centralizada en un sistema a tres niveles. Está dirigido por el Fiscal General (ģenerālprokurors) y su misión es reaccionar ante las infracciones de la ley y garantizar que los asuntos relacionados con tales infracciones se resuelvan conforme a la ley. El Ministerio Fiscal se compone de  instituciones que se sitúan a los niveles siguientes;

  1. Fiscalía General del Estado (Ģenerālprokuratūra)
  2. Fiscalías regionales (tiesu apgabalu prokuratūras)
  3. Fiscalías de distrito o municipales (rajona vai republikas pilsētu prokuratūras)
  4. Fiscalías especializadas (specializētas prokuratūras).

En caso necesario, el Fiscal General puede crear una fiscalía sectorial especializada con el mismo rango que una fiscalía de distrito o municipal. Actualmente en Letonia hay cinco fiscalías especializadas:

  • Fiscalía especializada en la delincuencia organizada y otros sectores (Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra);
  • Fiscalía multisectorial especializada (Specializētā vairāku nozaru prokuratūra);
  • Fiscalía del transporte por carretera de Riga (Rīgas autotransporta prokuratūra);
  • Fiscalía para la investigación de la delincuencia económica y financiera (Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra); y
  • Fiscalía para la investigación de los delitos relacionados con el tráfico ilegal de estupefacientes (Narkotiku nelegālas aprites noziegumu izmeklēšanas prokuratūra).

El Ministerio Fiscal también puede supervisar la actividad de determinados órganos públicos que, aunque no ejercen funciones de fiscalización, pueden realizar ciertas tareas en los procesos penales que son de su competencia. Estos órganos son creados, reorganizados y disueltos por el Fiscal General, que también decide sobre su estructura y personal en función de los fondos asignados por el presupuesto del Estado. Hasta la fecha solo se ha creado un órgano de este tipo: el El enlace abre una nueva ventanaServicio contra el blanqueo de capitales (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests).

Las distintas Fiscalías forman parte del sistema jurisdiccional. Esto significa que actúan independientemente de los poderes legislativo y ejecutivo. El Parlamento letón (Saeima), el Gobierno y el Presidente pueden ordenar al Ministerio Fiscal que realice comprobaciones de hechos relativos a infracciones y ofrezca explicaciones, pero no pueden interferir en el trabajo del Ministerio Fiscal, ni siquiera en el caso de investigaciones de infracciones de alto interés nacional.

Los fiscales pueden presentar objeciones a las normas adoptadas por el Gobierno y los poderes públicos que no sean conformes a la ley. El Fiscal General y los Fiscales jefe de los servicios de la Fiscalía General pueden participar en las reuniones del Consejo de Ministros y dar su opinión sobre los temas del debate.

Función y tareas

Las tareas del Ministerio Fiscal en la fase de instrucción se regulan en el artículo 2 de la El enlace abre una nueva ventanaLey del Ministerio Fiscal.

El Ministerio Fiscal:

  1. supervisa el trabajo de investigación sobre el terreno que realizan las autoridades  responsables de la investigación y otros organismos;
  2. organiza, dirige y realiza la investigación previa al juicio e imparte instrucciones a las autoridades responsables sobre la forma de realizar la instrucción penal;
  3. inicia y dirige la acción penal;
  4. protege los derechos y los intereses legítimos de las personas y del Estado;
  5. en los casos previstos en la ley, presenta un escrito de demanda o de incoación del procedimiento.

Con arreglo al artículo 36, apartado 1, de la El enlace abre una nueva ventanahttp://www.likumi.lv/doc.php?id=107820, el Fiscal supervisa y realiza las investigaciones, persigue los delitos, presenta los cargos de acusación en nombre del Estado y desempeña otras funciones en el curso del proceso penal.

Fiscal supervisor

El Fiscal supervisor supervisa la investigación de delitos particulares, y puede

  1. anular las decisiones del funcionario que dirige el procedimiento o de los miembros del equipo de investigación;
  2. pedir que el superior inmediato del instructor sustituya al funcionario que dirige el procedimiento o modifique la composición del equipo de investigación en caso de incumplimiento de las instrucciones o de infracción del procedimiento que ponga en peligro el curso del proceso penal;
  3. tomar en consideración las quejas contra las actuaciones o decisiones del funcionario que emprenda diligencias, un miembro del equipo de investigación, el superior inmediato del instructor o una persona que intervenga en el procedimiento;
  4. adoptar decisiones para la incoación del proceso penal o someter el asunto a otra autoridad de investigación;
  5. realizar actuaciones relacionadas con el proceso tras informar de ello al funcionario encargado del mismo.

Funcionario responsable del procedimiento

El Fiscal supervisor (u otro Fiscal, por orden de un Fiscal jefe) puede convertirse en el funcionario responsable del procedimiento (procesa virzītājs). Esto implica asumir la dirección del proceso penal y la decisión de incoarlo o no. En circunstancias excepcionales, el Fiscal General, el Departamento de Derecho penal del Ministerio Fiscal o el Fiscal jefe de un tribunal local pueden designar a un Fiscal como funcionario responsable del procedimiento en la fase de investigación.

En su calidad de funcionario responsable del procedimiento, el Fiscal puede:

  1. llegar a un acuerdo con el acusado sobre la declaración de culpabilidad;
  2. decidir abrir una causa penal ante un tribunal;
  3. someter el asunto a un procedimiento especial;
  4. poner fin al proceso penal por motivos imperiosos y legítimos.

El funcionario responsable del procedimiento puede tomar decisiones procesales y emprender actuaciones procesales, o bien encargárselas a algún miembro del equipo de investigación o  persona que intervenga en el procedimiento.

Fiscal superior

Con arreglo a la ley, el Fiscal superior comprueba si los fiscales desempeñan las funciones que se les han confiado y decide sobre las demandas y amonestaciones relativas a las decisiones y actuaciones del Fiscal supervisor y del funcionario/fiscal responsable del procedimiento. El Fiscal superior puede, por ejemplo, adoptar una decisión sobre una propuesta del Fiscal supervisor para cambiar al superior inmediato de un investigador o de un órgano de investigación, o sobre la justificación y la legitimidad de retirar cargos.

El Fiscal superior puede:

  1. anular las decisiones de un instructor, de un miembro de un equipo de investigación o de un fiscal adjunto;
  2. designar o sustituir a un Fiscal supervisor o a un funcionario/fiscal responsable del procedimiento, cuando la supervisión y la acción fiscal no estén plenamente garantizadas, o bien asumir él o ella la responsabilidad al respecto;
  3. crear un equipo de investigación si el volumen de trabajo pudiera entorpecer la conclusión del proceso penal en un periodo de tiempo razonable;
  4. pedir que se nombre a otro superior inmediato del instructor, o asignar la investigación penal a un órgano de investigación diferente.

Por decisión del Fiscal superior, puede incluirse a un Fiscal en un equipo de investigación. El funcionario responsable del procedimiento podrá pedir al Fiscal que realice una o más tareas en relación con el procedimiento.

Jueces

Organización

La base constitucional de la judicatura son los artículos 82 a 86 de la El enlace abre una nueva ventanaConstitución, que establecen que la función judicial es exclusiva de los tribunales. Los jueces son independientes y responsables ante la ley. La judicatura está regulada por la El enlace abre una nueva ventanaLey del Poder Judicial. Con arreglo a las leyes y reglamentos letones, los jueces son funcionarios públicos.

Las autoridades públicas, las organizaciones sociales y políticas y otras personas físicas y jurídicas deben tener en cuenta y respetar la independencia de los tribunales y la inmunidad de los jueces. Nadie tiene derecho a exigir que un juez rinda cuentas o explique cómo ha llevado un asunto, ni a interferir en la administración de justicia, independientemente de la finalidad que se persiga. Al cumplir con sus responsabilidades en la administración de justicia, el juez es inviolable. El cargo de juez es incompatible con la pertenencia a un partido político u organización política de otro tipo.

Función y tareas

La tarea del juez es administrar justicia en los asuntos civiles, administrativos y penales, de conformidad con la ley.

En los asuntos civiles, los jueces examinan y deciden sobre los litigios relativos a la protección de los derechos civiles, laborales, familiares y de otro tipo, y de los legítimos intereses de las personas físicas y jurídicas.

En los casos penales, los jueces reciben acusaciones contra determinadas personas sobre las que deben pronunciarse en cuanto a su validez. Pueden absolver a los inocentes o declarar culpables de delitos e imponer penas.

En los asuntos administrativos, los jueces ejercen el control jurisdiccional de la legalidad de los actos del ejecutivo (actuaciones o actos administrativos dictados por el ejecutivo) y conocen de  los conflictos derivados de las relaciones reguladas por el Derecho público. Los jueces también clarifican los derechos y obligaciones legales de las personas físicas con arreglo al Derecho público. Asimismo, examinan los asuntos relativos a la comisión de infracciones administrativas y se pronuncian al respecto.

Las obligaciones profesionales de los jueces son las previstas en el Derecho procesal para los jueces y los tribunales.

Bases de datos jurídicos

La judicatura tiene su propio El enlace abre una nueva ventanaPortal de los tribunales nacionales, que actualmente solo está disponible en lengua letona. Contiene información sobre el sistema de los tribunales letones, la lista de los tribunales y los jueces letones, estadísticas de los tribunales, una breve descripción de los procedimientos aplicables en los procesos judiciales, en la que se señalan las principales características y diferencias entre ellos, así como información sobre cómo someter un asunto a las autoridades judiciales. Permite asimismo acceder a una selección de resoluciones judiciales de interés y al calendario de audiencias judiciales, entre otras informaciones .

Al introducir el número de referencia del asunto o de la citación judicial en la sección ‘e-services’ (e‑pakalpojumi)  del portal, se obtiene información sobre la evolución del proceso, la instancia y el tribunal que conoce del asunto, un calendario de las próximas audiencias, las eventuales resoluciones dictadas y las objeciones presentadas, así como el resultado del procedimiento.

También se publican Informes sobre los tribunales en el sitio web de la  El enlace abre una nueva ventanaAdministración de los tribunales.

La información sobre temas de actualidad del sistema judicial se publica también en el sitio web del Ministerio de Justicia.

La información en línea sobre el Tribunal Supremo y sus actividades se encuentra en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaTribunal Supremo.

Estos portales están disponibles también en ingles.

Organización de la profesión jurídica: abogados

Abogados

Los abogados son considerados funcionarios del sistema judicial. Son profesionales independientes que:

  • actúan ante cualquier tribunal y en la fase de investigación previa al juicio, si así lo deciden las partes en el litigio, los acusados o las partes interesadas (sus clientes), y en su nombre, así como en los casos previstos El enlace abre una nueva ventanaen la ley, en nombre del Presidente del tribunal, del jefe del órgano de investigación prejudicial o del Colegio de Abogados de Letonia (Latvijas zvērinātu advokātu padome);
  • prestan asesoramiento jurídico;
  • redactan documentos judiciales;
  • prestan otras formas de asistencia jurídica.

En Letonia, pueden ejercer como abogados, siempre que cumplan determinadas condiciones:

  1. los abogados habilitados (zvērināti advokāti);
  2. los asistentes de los abogados habilitados (zvērinātu advokātu palīgi);
  3. los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea que hayan obtenido las cualificaciones para ejercer de abogado en cualquier Estado miembro de la Unión Europea;
  4. los abogados extranjeros no pertenecientes a Estados miembros de la UE que puedan ejercer la profesión en Letonia en virtud de acuerdos internacionales sobre asistencia jurídica vinculantes para Letonia.

En Letonia, los abogados habilitados son miembros de la profesión jurídica representada por el Colegio de Abogados de Letonia (Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija), que es un organismo profesional e independiente a nivel nacional. Los órganos del Colegio de Abogados de Letonia son: la Asamblea general de abogados habilitados, el Consejo de abogados habilitados de Letonia, el Comité de auditores y la Comisión disciplinaria.

Bases de datos jurídicos

La información sobre las actividades del Colegio de abogados y del Consejo de abogados habilitados de Letonia, las leyes y los reglamentos sobre los abogados y los tribunales en los que ejercen (con datos de contacto), así como la información sobre otros temas relativos a la profesión jurídica en Letonia, se encuentran en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaConsejo de abogados habilitados de Letonia.

Notarios

Organización

La misión confiada a los notarios (zvērināti notāri) es supervisar cuestiones notariales bajo el control de los tribunales y con arreglo a los procedimientos previstos en la El enlace abre una nueva ventanaley. En Letonia, los notarios habilitados son considerados funcionarios del sistema judicial que desempeñan las funciones previstas en la ley y relacionadas con el ejercicio de la autoridad pública.

Con arreglo a la El enlace abre una nueva ventanaLey sobre los notarios, estos están facultados para:

  • dictar actos notariales;
  • emitir certificados notariales;
  • admitir dinero, garantías y documentos para su custodia;
  • admitir valores objeto de una obligación para su custodia;
  • gestionar sucesiones;
  • elaborar propuestas de división de bienes en los casos debidamente previstos por la ley;
  • tramitar casos de divorcio (siempre que ambos cónyuges lo hayan acordado por escrito y no exista un conflicto manifiesto);
  • realizar otros actos previstos en las leyes.

Los notarios habilitados constituyen una profesión jurídica. No obstante, en el ejercicio de su profesión son considerados funcionarios público del sistema judicial que ejercen en los tribunales regionales y cumplen las obligaciones que les impone la ley. En el ejercicio de su profesión, los notarios certificados son independientes económicamente, y sus tarifas son fijadas por el Gobierno.

Los notarios habilitados de Letonia están representados por el Colegio de notarios habilitados de Letonia (Latvijas Zvērinātu notāru kolēģija), que es un órgano profesional e independiente a nivel nacional. El Consejo de notarios habilitados de Letonia(Latvijas Zvērinātu notāru padome) es el órgano representante y supervisor de los notarios habilitados y el órgano administrativo y ejecutivo del Colegio de notarios habilitados de Letonia. Sus tareas se regulan en el artículo 230 de la Ley sobre los notarios.

Bases de datos jurídicos

La información sobre las actividades y el número de notarios habilitados, los lugares donde ejercen y otras cuestiones relativas al sistema notarial de Letonia figuran en el sitio web El enlace abre una nueva ventanaNotarios letones

Otras profesiones jurídicas

Agentes judiciales habilitados

Los agentes judiciales habilitados (Zvērināti tiesu izpildītāji) son considerados funcionarios del sistema judicial. Están adscritos a los tribunales regionales, aplican las decisiones de los órganos judiciales y de otro tipo y realizan actos previstos en las leyes.

Los agentes judiciales constituyen una profesión jurídica, pero en el desempeño de sus  funciones se les considera funcionarios públicos. Desempeñan sus funciones con independencia y solo responden ante la ley. Las demandas y órdenes dictadas por los agentes judiciales para el cumplimiento de las sentencias y otras resoluciones judiciales tienen fuerza ejecutiva en Letonia.

Los agentes judiciales desempeñan sus funciones en el ámbito territorial de la jurisdicción del tribunal regional al que están adscritos. El número de agentes judiciales, sus puestos, competencias y límites de actuación los fija el Gobierno.

En el desempeño de sus funciones, los agentes judiciales habilitados aplican la El enlace abre una nueva ventanaLey de enjuiciamiento civily otras leyes y reglamentos, y utilizan la metodología aprobada por el Consejo de agentes judiciales habilitados de Letonia (Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome, órgano de representación y supervisión de los agentes judiciales de Letonia) y  recomendaciones basadas en la jurisprudencia.

Bases de datos jurídicos

La información sobre la ubicación de las oficinas de los agentes judiciales habilitados, las leyes y reglamentos que regulan la profesión de agente judicial y las leyes y reglamentos que regulan las actividades del Consejo de agentes judiciales figura en el El enlace abre una nueva ventanasitio web del Consejo de agentes judiciales habilitados de Letonia. Actualmente, este portal solo está disponible en letón.

Organizaciones de servicios jurídicos gratuitos

No hay ninguna lista de tales organizaciones en Letonia.

Enlaces

El enlace abre una nueva ventanaMinisterio Fiscal, El enlace abre una nueva ventanaServicio contra el blanqueo de capitales, El enlace abre una nueva ventanaPortal de los tribunales nacionales, El enlace abre una nueva ventanaAdministración de los tribunales, El enlace abre una nueva ventanaConsejo de abogados habilitados de Letonia, El enlace abre una nueva ventanaNotarios letones, El enlace abre una nueva ventanaConsejo de agentes judiciales habilitados de Letonia, Ministerio de Justicia de la República de Letonia


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Última actualización: 06/01/2016

Profesiones jurídicas - Lituania

Esta sección ofrece una visión de conjunto de las profesiones jurídicas en Lituania.


Profesiones jurídicas

Profesiones jurídicas – Introducción

En Lituania, se consideran profesiones jurídicas las siguientes:

  • Fiscales (prokurorai)
  • Jueces y magistrados (teisėjai)
  • Abogados (advokatai)
  • Notarios (notarai)
  • Oficiales de justicia (antstoliai)

Fiscales

Organización

En Lituania hay 56 secciones territoriales de la Fiscalía:

  • 51 de estas secciones son regionales, y
  • 5 de distrito.

La Fiscalía General (Generalinė prokuratūra) tiene a su cargo las secciones territoriales de la Fiscalía (teritorinės prokuratūros). El Fiscal General es nombrado para un mandato de siete años por el Presidente de la República (Lietuvos Respublikos Prezidentas), con la aprobación del Parlamento (Seimas).

El Fiscal General responde ante el Parlamento y el Presidente de la República. Las categorías de fiscales son:

  • Fiscal General (generalinis prokuroras)
  • Fiscales jefes a nivel territorial (regionales o de distrito) (vyriausieji (apylinkių arba apygardų) prokurorai)
  • Fiscales de otro tipo

Entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía no existen relaciones de subordinación, de jurisdicción compartida ni de otro tipo.

Función y obligaciones

Las funciones de los fiscales son:

  • Organizar y dirigir la instrucción de los sumarios
  • Presentar acusaciones en nombre del Estado en los asuntos penales
  • Defender los intereses del Estado
  • Garantizar la aplicación de la justicia
  • Colaborar con los jueces en la administración de la justicia

Los fiscales intervienen en todas las causas penales y, en función del tipo de demanda, también en las causas civiles o contencioso-administrativas.

Jueces y magistrados

Organización

En Lituania no existen distintas categorías de jueces; todos ellos son jueces de carrera (profesionalūs teisėjai).

Los principios generales del poder judicial son los definidos en la Constitución y en la Ley de la judicatura. Los jueces ejercen sus funciones con independencia y cuentan con los siguientes organismos autónomos:

  • Consejo General de la Magistratura (Visuotinis teisėjų susirinkimas)
  • Consejo Judicial (Teisėjų taryba)
  • Tribunal de Honor Judicial (Teisėjų garbės teismas)

Los tribunales cuentan con la asistencia de la Administración Judicial de Lituania (Nacionalinė teismų administracija).

Organización de las profesiones jurídicas: profesionales de la abogacía

Abogados

En Lituania los abogados pueden ser titulares (advokatai) o pasantes (advokatų padėjėjai). Los abogados pasantes pueden representar a sus clientes en los procesos civiles y defenderlos en los penales, siempre que estén autorizados por el abogado titular y que se trate de los casos contemplados por la legislación.

Los abogados titulares y los pasantes no se diferencian entre sí por especialidades. Los abogados pueden elegir libremente las áreas del Derecho en las que deseen especializarse.

Bases de datos jurídicas

Puede encontrarse más información en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaColegio de Abogados de Lituania (Lietuvos advokatūra).

¿Es gratuito el acceso a esta base de datos?

Sí, el acceso al sitio web del Colegio de Abogados de Lituania es gratuito.

Asesores jurídicos

En Lituania no está diferenciada legalmente la profesión de asesor jurídico, ni la de procurador de los tribunales.

Notarios

Organización

Solo hay un tipo de clase de notarios (notarai) en Lituania Los notarios no disponen en Lituania de un régimen cerrado. El Ministro de Justicia (Teisingumo ministerija) determina su número, destino y ámbito jurisdiccional, procediendo igualmente a su nombramiento y destitución.

Los notarios han de inscribirse en el Colegio de Notarios (Notarų rūmai). Éste somete anualmente al Ministerio de Justicia un informe anual detallado de las actividades realizadas, junto con las previsiones y orientaciones para el año siguiente.

La reglamentación de los notarios emana del Ministerio de Justicia, oída la Junta de Gobierno del Colegio de Notarios (Notarų rūmų prezidiumas).

Si el Ministro de Justicia estima que una resolución del Colegio de Notarios es contraria a la legislación, puede presentar recurso de apelación ante el Tribunal Regional de Vilnius (Vilniaus apygardos teismas) para su revocación.

Véase la información adicional publicada en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaColegio de Notarios de Lituania.

Función y obligaciones

Los principales cometidos del Colegio de Notarios de Lituania son los siguientes:

  1. Coordinación de las actividades notariales.
  2. Promoción profesional de los notarios.
  3. Protección y representación de los intereses de los notarios ante las instituciones oficiales y la Administración pública.
  4. Elaboración de proyectos de instrumentos jurídicos relacionados con el notariado, para su presentación al Ministerio de Justicia.
  5. Uniformidad de la práctica notarial.
  6. Supervisión de los notarios en el ejercicio de sus funciones y en el cumplimiento de las normas de ética profesional.
  7. Garantía de la conservación y utilización de los documentos redactados como consecuencia de las actuaciones notariales.
  8. Formación de los notarios en prácticas.
  9. Otras tareas asignadas por el Reglamento del Colegio de Notarios (Notarų rūmų statutas).

Otras profesiones jurídicas

Oficiales de justicia

Hay un tipo de oficial de justicia (antstoliai) en Lituania.

Véase la información publicada en el El enlace abre una nueva ventanasitio web de la Asociación profesional de oficiales de justicia y en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaColegio de Oficiales de Justicia (Antstolių rūmai).


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Última actualización: 18/02/2019

Profesiones jurídicas - Luxemburgo

Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.
Ya se ha traducido a las siguientes lenguas: francés.

Aquí encontrará un resumen de las diferentes profesiones jurídicas.


Profesiones jurídicas

Profesiones jurídicas - Introducción

Esta sección contiene información sobre las profesiones jurídicas (descripción, condiciones de acceso, etc.).

Resumen del sistema judicial

En Luxemburgo, los órganos jurisdiccionales se organizan en dos órdenes, es decir, el poder judicial y el orden administrativo. El criterio que sigue esta organización es la naturaleza del litigio.

El poder judicial se compone de 3 Juzgados de paz, de 2 Tribunales de distrito, de 1 Tribunal de apelación y de 1 Tribunal de casación. Estos órganos jurisdiccionales son básicamente competentes para conocer de los litigios en el ámbito del Derecho civil, mercantil, penal y laboral. Tanto los jueces (magistrados) como los auxiliares o procuradores (fiscales) forman parte de este orden.

El orden administrativo se compone de 1 Juzgado de lo Administrativo y de 1 Tribunal Administrativo. Estos órganos jurisdiccionales resuelven los litigios de naturaleza administrativa fiscal (impuestos directos).

El Tribunal Constitucional se compone de magistrados que forman parte del poder judicial y del orden administrativo. Este Tribunal controla la conformidad de la ley con respecto a la Constitución, que es la norma jurídica suprema del país.

Magistrados

Hay dos vías de acceso a la Magistratura:

Selección mediante concurso-oposición

Los futuros magistrados, es decir, los jueces de menor antigüedad, son seleccionados mediante concurso-oposición. Para ser admitido a la oposición, es preciso cumplir las siguientes condiciones:

  1. tener nacionalidad luxemburguesa;
  2. disfrutar de plenos derechos civiles y políticos y presentar las garantías de honorabilidad requeridas;
  3. ser titular de un diploma luxemburgués de fin de estudios universitarios en Derecho que corresponda al grado de máster reconocido o de un título extranjero de fin de estudios universitarios en Derecho que corresponda al grado de máster reconocido y homologado por el Ministerio de Enseñanza Superior con arreglo a la Ley modificada de 18 de junio de 1969 sobre la educación superior y la homologación de títulos y cualificaciones extranjeros de educación superior;
  4. tener un conocimiento adecuado de las lenguas luxemburguesa, francesa y alemana;
  5. haber completado el período de prácticas judicial o notarial durante al menos 12 meses;
  6. cumplir las condiciones de aptitud física y mental requeridas, que se determinan mediante un reconocimiento médico y un examen psicológico.

La Comisión de Selección y Formación de Jueces de Menor Antigüedad, compuesta exclusivamente por magistrados (en lo sucesivo denominada «la Comisión»), organiza el concurso-oposición para la selección para la magistratura. Dicho concurso-oposición consta de tres ejercicios escritos relativos a Derecho civil y procedimiento civil, Derecho penal y procedimiento penal, y Derecho administrativo y contencioso-administrativo. Las pruebas consisten esencialmente en la redacción de un proyecto de resolución o sentencia. Para aprobar el concurso-oposición, los candidatos deben obtener al menos las tres quintas partes de todos los puntos de todas las pruebas y al menos la mitad del máximo de puntos en cada una de ellas. La Comisión clasifica a los candidatos con arreglo al orden de las notas finales. Se contrata a los candidatos por orden de clasificación.

Selección mediante expediente

Se trata de una vía de selección subsidiaria a la que únicamente se recurre en caso de que el número de jueces fijado anualmente por el Ministerio de Justicia no se alcance mediante concurso-oposición.

Los candidatos deben cumplir las siguientes condiciones:

  1. cumplir determinadas condiciones exigidas para la admisión al concurso-oposición, más concretamente las mencionadas en los puntos 1 a 4 y 6;
  2. estar en posesión del título de finalización del período de prácticas judicial;
  3. haber ejercido la profesión de abogado durante 5 años como mínimo.

La Comisión convoca a los candidatos a una entrevista personal. Un psicológico participa en dicha entrevista y emite un dictamen motivado sobre cada candidato. Los criterios de selección de los candidatos son los resultados de los exámenes que acreditan los cursos complementarios de Derecho luxemburgués y el examen final del período de prácticas judicial, la experiencia profesional, las eventuales cualificaciones complementarias, así como las publicaciones. La Comisión selecciona a los candidatos.

La Constitución garantiza la independencia de los miembros de la magistratura con respecto al poder político. Por ello, son inamovibles. Solo pueden ser privados de su plaza o suspendidos por una sentencia. Su traslado sólo puede llevarse a cabo por nuevo nombramiento y con su consentimiento. No obstante, en caso de enfermedad o de conducta desordenada, podrán ser suspendidos, revocados o trasladados con arreglo a las condiciones establecidas por la ley.

La función de magistrado es incompatible con la calidad de miembro del Gobierno, con los cargos de diputado, alcalde, concejal, con cualquier función asalariada pública o privada, con las funciones de notario, oficial de justicia, con la carrera militar y la carrera eclesiástica, y con la profesión de abogado. Los magistrados son imparciales y deben guardar el secreto profesional. Su retribución está establecida por ley.

Para más información, véase la El enlace abre una nueva ventanapágina sobre la profesión de magistrado en el sitio web del Ministerio de Justicia.

Abogados

La profesión de abogado está regulada por la ley modificada, de 10 de agosto de 1991, relativa a la profesión de abogado.

La profesión de abogado es una profesión liberal e independiente. Puede ejercerse a título individual. Los abogados pueden asociarse en forma de persona jurídica. Los abogados son los únicos capaces de asistir o de representar a las partes, postular y defenderlas ante los órganos jurisdiccionales de la naturaleza que fuere, recibir sus documentos y títulos para presentarlos antes los jueces, redactar y firmar los documentos necesarios para la regularidad del proceso, y hacer que el litigio esté listo para sentencia.

Sólo los abogados pueden ofrecer, con carácter habitual y a cambio de una retribución, consultas jurídicas, o redactar para terceros documentos privados. Los abogados representan o asisten también a sus clientes ante los órganos jurisdiccionales internacionales, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los abogados deben guardar el secreto profesional, que es de orden público, y cuya violación está sancionada penalmente.

Para ejercer la profesión de abogado en Luxemburgo, es obligatorio estar inscrito en un Colegio de Abogados establecido en el Gran Ducado de Luxemburgo. Esta condición se aplica también a los abogados europeos que deseen ejercer en Luxemburgo con su título profesional de origen.

El Colegio de Abogados incluye seis El enlace abre una nueva ventanalistas:

Lista 1: abogados ante los tribunales

Lista 2: abogados

Lista 3: abogados honorarios

Lista 4: abogados de la Unión Europea que ejercen en virtud de su título de origen

Lista 5: abogados habilitados para actuar ante los tribunales

Lista 6: otras sociedades de abogados

Para inscribirse en un Colegio de Abogados de Luxemburgo hay que reunir las siguientes condiciones:

  • presentar la garantía suficiente de honorabilidad;
  • justificar el cumplimiento de los requisitos de admisión al período de prácticas o haber superado la prueba de aptitud prevista para los abogados de otro Estado miembro de la Unión Europea por la ley modificada de 10 de agosto de 1991, en virtud de la cual se determina, para la profesión de abogado, el sistema general de reconocimiento de títulos de formación superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de 3 años; o justificar las condiciones para estar inscrito como abogado que ejerce en el Gran Ducado de Luxemburgo con su título profesional de origen, en aplicación de la ley modificada, de 13 de noviembre de 2002, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico luxemburgués la Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título, y dominar el idioma de la legislación y los idiomas administrativos y judiciales con arreglo a la ley de 24 de febrero de 1984, sobre el régimen lingüístico;
  • ser de nacionalidad luxemburguesa o ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea;
  • dominar la lengua de la legislación y las lenguas administrativas y judiciales con arreglo a la ley, de 24 de febrero de 1984, sobre el régimen lingüístico, sin perjuicio del artículo 31, apartado 1, de la ley modificada de 10 de agosto de 1991. El nivel de competencia exigido en las lenguas luxemburguesa y alemana es el nivel B2 del marco europeo común de referencia para la comprensión oral, y el nivel B1 para la expresión oral y para el alemán, el nivel B 2. Para la lengua francesa, se exige el nivel B2 de dicho marco tanto en comprensión como en expresión oral y escrita.
  • No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los abogados europeos mencionados en el artículo 10 de la Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título, en el momento de su admisión en la lista 1 del Colegio de Abogados deben dominar la lengua de la legislación con arreglo a la ley, de 24 de febrero de 1984, sobre el régimen lingüístico, en la medida en que limiten sus actividades profesionales a aquellas que no requieran el dominio de otras lenguas con arreglo a la ley de 24 de febrero de 1984. El nivel de conocimientos lingüísticos exigido es el mencionado en el párrafo anterior.

Algunas precisiones sobre los requisitos lingüísticos

Los abogados registrados a título individual deben dominar la lengua de la legislación con arreglo a la ley de 24 de febrero de 1984 sobre el régimen lingüístico, así como cualquier otra lengua necesaria para el ejercicio de sus actividades profesionales, sin perjuicio de lo anterior.

Los abogados registrados en la lista 2 también deben dominar las lenguas administrativas y judiciales del Gran Ducado de Luxemburgo que sean necesarias para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las prácticas judiciales.

El abogado que acepte encargarse de un asunto determinado deberá poseer las cualificaciones profesionales y lingüísticas necesarias, so pena de sanción disciplinaria.

La Junta del Colegio de abogados podrá dispensar de la condición de nacionalidad al candidato de un país no miembro de la Unión Europea, previo dictamen del Ministro de Justicia y siempre que se demuestre la reciprocidad al respecto en dicho país. Lo mismo se aplicará a los candidatos que tengan la condición de refugiados políticos y que dispongan de derecho de asilo en el Gran Ducado de Luxemburgo.

Los abogados inscritos en la lista 1 de abogados son los únicos autorizados a utilizar el título de abogado del Tribunal. Para ello, deberán:

  • haber realizado, como abogados inscritos en la lista 2 de abogados, un período de prácticas judiciales de 2 años y superado el examen final de prácticas judiciales,
  • o haber superado la prueba de aptitud prevista para los abogados de otro Estado miembro de la Unión Europea por la ley modificada, de 10 de agosto de 1991, en virtud de la cual se determina, para la profesión de abogado, el sistema general de reconocimiento de títulos de formación superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de 3 años,
  • o, como abogado europeo autorizado a ejercer con su título profesional de origen, justificar una actividad efectiva y regular de una duración de al menos 3 años en Luxemburgo y respecto del Derecho luxemburgués, incluido el Derecho de la Unión Europea, o acogerse a las disposiciones del artículo 9, apartado 2, de la ley modificada, de 13 de noviembre de 2002, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico luxemburgués la Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título.

Los abogados del Tribunal son los únicos habilitados para llevar a cabo las acciones respecto de las cuales las leyes y reglamentos prescriben la intervención de un procurador, es decir, para representar a las partes ante el Tribunal Constitucional, los órganos jurisdiccionales del orden administrativo, el Tribunal Supremo de Justicia y ante los Tribunales de distrito que conocen de lo civil, para concluir por ellas, recibir sus documentos y títulos para presentarlos ante el juez, y hacer que se firmen los documentos necesarios para la regularidad del proceso y para hacer que el litigio esté listo para sentencia.

Los abogados inscritos en la lista II de abogados, así como los abogados europeos autorizados a ejercer con su título profesional de origen que estén inscritos en la lista IV de abogados sólo podrán llevar a cabo estas mismas acciones si están asistidos por un abogado del Tribunal inscrito en la lista I de abogados. Dado que la representación de las partes es libre ante todos los órganos jurisdiccionales que no exijan la intervención de un procurador, los abogados inscritos en la lista 2 o en la lista 4 de abogados podrán representar ante dichos órganos a las partes sin la asistencia de un abogado del Tribunal.

El acceso a la formación de abogado, regulado por el Reglamento granducal, de 10 de junio de 2009, relativo a la organización de las prácticas judiciales y que regula el acceso al notariado, pasa por una formación profesional compuesta por un período de clases complementarias de Derecho luxemburgués y por un período de prácticas.

Tras la obtención del diploma de formación complementaria en Derecho luxemburgués, los estudiantes en prácticas quedan registrados en la lista 2 de uno de los Colegios de Abogados de Luxemburgo.

El objetivo de las prácticas judiciales es el aprendizaje del ejercicio de la profesión de abogado. Los estudios universitarios le permiten al estudiante en prácticas adquirir unos conocimientos sólidos del Derecho, y con el Curso Complementario en Derecho Luxemburgués (CCDL) completa estos conocimientos aprendiendo las particularidades del Derecho luxemburgués. Durante las prácticas judiciales, se hace básicamente hincapié en el aprendizaje del ejercicio de la profesión de abogado, tanto bajo la dirección de un jefe de prácticas, como asistiendo a clases cuyo objetivo es precisamente el aprendizaje de la profesión.

Las prácticas, cuya duración es de al menos 2 años, finalizan con un examen final de prácticas. Una vez superado este examen, el candidato se convierte en abogado del Tribunal y se inscribe en la lista I.

El Comité de dirección podrá autorizar al estudiante en prácticas, mediante solicitud motivada y justificada, a realizar un mínimo de 3 meses y un máximo de 6 meses de sus prácticas judiciales en un bufete de abogados situado en un Estado miembro de la Unión Europea. Este período de prácticas debidamente autorizado se contabilizará en el tiempo de prácticas judiciales.

Los abogados se agrupan en un Colegio que es una corporación independiente de los poderes públicos y de la magistratura. Existe un Colegio de Abogados de Luxemburgo y un Colegio de Abogados de Diekirch. Cada Colegio tiene personalidad civil. El Colegio de Abogados se compone de los siguientes órganos: la Asamblea, el Consejo del Colegio, el Decano, y, para toda la profesión, el Consejo Disciplinario y Administrativo.

Para obtener más información, véase la El enlace abre una nueva ventanapágina sobre la profesión de abogado en la página web del Ministerio de Justicia.

Notarios

El número de notarios se establece por Reglamento granducal, en virtud del artículo 13 de la ley modificada, de 9 de diciembre de 1976, relativa a la organización del notariado. Actualmente el número de notarios asciende a 36 para todo el país.

Los notarios son los funcionarios públicos designados para protocolizar todos los documentos y contratos a los que las partes deben o quieren conferir el carácter de autenticidad vinculado a los actos de la autoridad pública, y para asegurar su fecha, conservar su depósito y expedir primeras copias y copias auténticas.

Los notarios no pueden por sí mismos ni a través de un intermediario, de manera directa o indirecta: ejercer el comercio; ser gerentes, comanditarios, administradores delegados o liquidadores de una sociedad comercial o de un establecimiento industrial o comercial; inmiscuirse en la administración y el control de sociedades, empresas o agencias cuyo objeto sea la compra, la venta, la urbanización o la construcción de inmuebles, o que tengan cualquier interés en él; tener con las citadas sociedades, empresas o agencias relaciones permanentes que obstaculicen la libre elección del notario por las partes; dedicarse habitualmente a operaciones de banca, de descuento y de corretaje o a especulaciones de bolsa, salvo operaciones de descuento realizadas con motivo de los actos de su actividad; recibir depósitos de fondos, salvo depósitos que se realicen para o con motivo de actos de su actividad o de liquidación de sucesiones; prestar su servicio en ningún asunto en el que tengan algún tipo de interés; servirse de testaferros para las acciones que no puedan realizar directamente; tener a su servicio, con el carácter que fuere, a agentes comerciales o inmobiliarios.

Los documentos notariales son auténticos conforme a las disposiciones del Código Civil; son ejecutorios si tienen fuerza ejecutoria. Los notarios están obligados a utilizar el francés o el alemán, a elección de las partes, para redactar documentos.

Los notarios ejercen sus funciones en todo el territorio nacional. En virtud de sus funciones, participan en el ejercicio del poder público.

La Cámara de Notarios se compone de siete miembros elegidos entre los notarios del país por la asamblea general de notarios.

Además de los poderes que las leyes y reglamentos confieren a la Cámara de Notarios, ésta cuenta en particular con las siguientes atribuciones:

  • mantener la disciplina entre los notarios y ejercer el poder disciplinario a través de su consejo disciplinario; prevenir o conciliar cualquier desacuerdo entre notarios y, en caso de no conciliación, emitir su opinión a través de un dictamen;
  • conciliar cualquier desacuerdo entre notarios y terceras personas;
  • dar su opinión sobre las dificultades relativas a los honorarios, emolumentos, salarios, dietas, gastos y desembolsos contabilizados por los notarios, así como sobre cualquier desacuerdo sometido a este respecto al Tribunal Civil;
  • recibir en depósito la relación de las minutas; controlar la contabilidad de los notarios;
  • representar a los notarios del Gran Ducado para defender los derechos e intereses de la profesión.

El Consejo Disciplinario se compone del Presidente del Tribunal de distrito de Luxemburgo o del juez que lo sustituya como Presidente, y de cuatro miembros de la Cámara de Notarios designados según su antigüedad en la profesión.

El Consejo Disciplinario ejerce el poder de disciplina sobre todos los notarios por: violación de las disposiciones legales y reglamentarias relativas al ejercicio de la profesión; faltas y negligencias profesionales; hechos contrarios a la delicadeza y a la dignidad profesional, así como al honor y a la probidad; todo ello, sin perjuicio de la acción judicial que pueda surgir de los mismos hechos. Las decisiones del Consejo Disciplinario podrán ser recurridas por vía de apelación, tanto por el notario condenado como por el procurador general del Estado. La apelación se presentará ante la sala de lo civil del Tribunal Supremo de Justicia, que resuelve por resolución definitiva.

Para acceder a las funciones de notario, hay que:

  • tener la nacionalidad luxemburguesa o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea,
  • gozar de los derechos civiles y del ejercicio de los derechos políticos,
  • tener 25 años cumplidos y haber obtenido el diploma de candidato a notario con arreglo a la legislación luxemburguesa (régimen vigente), o el El enlace abre una nueva ventanacertificado de fin de prácticas exigido para poder acceder a la función de notario (régimen anterior),
  • dominar la lengua de la legislación y las lenguas administrativas y judiciales con arreglo a la ley, de 24 de febrero de 1982, sobre el régimen lingüístico.

Para obtener más información, véase la El enlace abre una nueva ventanapágina sobre la profesión de notario en el sitio web del Ministerio de Justicia.

Otras profesiones jurídicas

Oficiales de justicia

El oficial de justicia es un funcionario judicial que sólo tiene competencia para:

  • notificar los actos y las diligencias y realizar las notificaciones previstas por las leyes y reglamentos cuando el modo de notificación no esté regulado por ley;
  • proceder a la ejecución de las resoluciones judiciales, así como de los actos o títulos ejecutivos.

El oficial de justicia puede proceder:

  • al cobro amistoso o judicial de cualquier crédito. Esta competencia incluye el derecho a firmar en nombre de los requirentes solicitudes para obtener una orden de pago o un embargo de retención de prestaciones periódicas.
  • a la tasación y venta pública de muebles, efectos mobiliarios y cosechas, adaptándose a las leyes y reglamentos relativos a éstos.

Designado judicialmente, puede realizar:

  • constataciones puramente materiales, exclusivas de cualquier dictamen sobre las consecuencias de hecho o de derecho que puedan resultar;
  • constataciones de la misma naturaleza a instancia de particulares; en cualquiera de los dos casos, estas constataciones son auténticas hasta que se demuestre lo contrario.

Las tarifas de los oficiales de justicia están fijadas por reglamento granducal.

El Colegio profesional de oficiales de justicia representa a la profesión a nivel nacional. Está dirigido por un Consejo de tres miembros, entre los cuales figuran el presidente, el secretario y el tesorero. El presidente representa al Colegio de oficiales de justicia en los ámbitos judicial y extrajudicial.

Para obtener más información, véase la El enlace abre una nueva ventanapágina sobre la profesión de oficial de justicia en el sitio web del Ministerio de Justicia.

Secretarios judiciales

El Secretario judicial en jefe ejerce las funciones de jefe de la Secretaría y del personal. Las tareas administrativas del Secretario en jefe incluyen la expedición de copias a abogados y particulares (por ejemplo, certificados de divorcio para su transcripción en el extranjero), la expedición de documentos procesales, los depósitos de testamentos ológrafos, las declaraciones en el marco de una sucesión, el juramento de los secretarios, la preparación de las asambleas generales, las estadísticas, así como la tenencia de los archivos. Por último, recibe las actas de recusación de los magistrados.

La función de los secretarios judiciales es asistir al juez en todos los actos y actas de los que son responsables, es decir, durante las audiencias, la comparecencia de las partes, las investigaciones, las inspecciones, las autopsias, los inventarios de quiebra, la redacción de las sentencias y las audiencias de personas bajo tutela o curatela. El juez no puede actuar sin la intervención de su secretario judicial.

Las funciones de los secretarios judiciales son fijadas por el artículo 78 y siguientes de la Ley modificada sobre la organización judicial.

El enlace abre una nueva ventanaRecopilación de leyes especiales pp. 7-40.

El acceso a la profesión se rige por la Ley modificada de 16 de abril de 1979 por la que se establece el Estatuto general de los funcionarios del Estado.

http://www.fonction-publique.public.lu/fr/publications/Reformes/Recueils/1_Statut.pdf

Enlaces relacionados

El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia


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Última actualización: 27/09/2016

Profesiones jurídicas - Hungría

Esta sección ofrece una visión de conjunto de las profesiones jurídicas en Hungría.

Profesiones jurídicas – introducción
Fiscales
Jueces
Abogados
Notarios
Otras profesiones jurídicas


Profesiones jurídicas

Profesiones jurídicas - introducción

El presente capítulo ofrece un resumen de las profesiones jurídicas en Hungría: fiscales, jueces y magistrados, abogados, notarios y oficiales de justicia.

En Hungría los representantes de las profesiones jurídicas (abogados, notarios, oficiales de justicia) actúan con independencia mediante un sistema de autorregulación profesional a través de colegios. La pertenencia a un colegio es un requisito previo para el ejercicio de la actividad profesional y los colegios tienen el derecho de ejercicio del control profesional sobre sus miembros con objeto de garantizar que los miembros de la profesión prestan un nivel adecuado de servicios.

Fiscales (ügyész)

Organización

Los preceptos constitucionales establecen que el Ministerio Fiscal (Ügyészség) ejerce las facultades conferidas por las leyes en el ámbito de las investigaciones judiciales, actuando como acusador ante los tribunales y comprobando la legalidad de las condenas.

El Ministerio Fiscal contribuye a garantizar que las normas del Derecho sean universalmente respetadas, actuando en defensa de las mismas en caso de incumplimiento, en el marco de sus competencias legales.

El Ministerio Fiscal (Ügyészség) es un órgano centralizado dirigido por el Fiscal General (legfőbb ügyész), que responde ante el Parlamento. El Fiscal General nombra y destituye a los fiscales.

El mandato de los fiscales es inicialmente por tres años, transcurridos los cuales se puede prorrogar por tiempo indefinido.

Las normas aplicables a la administración del Ministerio Fiscal son las estipuladas por las leyes.

Función y obligaciones

Las funciones, obligaciones y estatuto jurídico de los fiscales están regulados por ley. El Ministerio Fiscal es un órgano homogéneo en el que todos los fiscales gozan de idénticas prerrogativas legales.

La Fiscalía (ügyészség):

  • Investiga los asuntos definidos por las normas que regulan el procedimiento penal.
  • Verifica que las investigaciones se realizan de conformidad con las disposiciones legales pertinentes.
  • Ejerce las restantes facultades relacionadas con las investigaciones.
  • Prepara y presenta las actas de acusación, ejerciendo esta en los procesos penales, como también el derecho legal de recurso.
  • Comprueba que las sentencias se ejecutan de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
  • Participa en otros procesos de tipo civil, laboral, contencioso-administrativo y mercantil. El fiscal actúa en los procesos regulados por el Código de procedimiento civil (polgári perrendtartás) cuando, por cualquier motivo, la persona que reivindica sus derechos no está en condiciones de defenderlos.
  • En el contexto de la defensa general de la legalidad (általános törvényességi felügyelet), impone la observancia de las normas jurídicas.
  • Adopta las medidas oportunas de protección a la infancia, en el caso de delitos cometidos contra menores de edad.
  • Da cumplimiento a las obligaciones derivadas de los tratados internacionales, y en particular las correspondientes a la asistencia jurídica gratuita.
  • Lleva a cabo las actividades relacionadas con Eurojust.
  • Contribuye a fomentar el respeto de la Ley por parte de todas las organizaciones sociales, órganos de la administración pública y ciudadanos particulares, y actúa en defensa del Estado de Derecho combatiendo las infracciones.

Bases de datos jurídicas

Puede obtenerse más información en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaMinisterio Fiscal de la República de Hungría (Magyar Köztársaság Ügyészsége).

Jueces

Organización

Según la Constitución, los jueces gozan de independencia, adoptando sus resoluciones conforme a Derecho y de acuerdo con sus convicciones, no pudiendo aceptar instrucciones ni sugerencias en el desempeño de sus funciones.

El derecho a nombrar jueces y magistrados corresponde al Presidente de Hungría (köztársasági elnök).

Los aspirantes a jueces deben satisfacer los criterios siguientes:

  • Tener la nacionalidad húngara.
  • Carecer de antecedentes penales.
  • Gozar del derecho de voto.
  • Poseer un título universitario en Derecho.
  • Haber superado el examen de la abogacía húngara (szakvizsgával rendelkezik)
  • Declarar su situación económica, con arreglo a las disposiciones legales.
  • Tener como mínimo un año de experiencia como secretario de juzgado (bírósági titkár) o secretario de fiscal de distrito (ügyészségi titkár), o bien como magistrado de un tribunal constitucional o militar, fiscal, notario público, letrado asesor o abogado, o haber desempeñado algún cargo en un órgano administrativo central (központi közigazgatási szerv) para el que se exija superar el examen de abogado.

Jueces legos asesores

Las normas constitucionales prevén asimismo la participación de jueces legos (nem hivatásos bíró/ülnök) en los procesos judiciales.

Los candidatos deben carecer de antecedentes penales, tener nacionalidad húngara, gozar de derecho de voto y ser mayores de 30 años. Los jueces asesores militares (katonai ülnök), además de los requisitos anteriores, tienen que haber prestado servicio en las Fuerzas Armadas húngaras (Magyar Honvédség) o en los Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los jueces legos se designan para un mandato de cuatro años.

En los procesos penales, los órganos jurisdiccionales locales se constituyen en tribunales formados por un juez de carrera (hivatásos bíró y dos jueces legos asesores cuando el delito juzgado se castigue con una pena de privación de libertad de ocho o más años. La audiencia provincial (megyei bíróság) que actúe como órgano jurisdiccional de primera instancia puede constituirse asimismo en tribunal (tanács) formado por un juez de carrera y dos jueces legos asesores.

En los procesos civiles puede constituirse asimismo en tribunal compuesto por un juez de carrera y dos jueces legos asesores, cuando la normativa así lo prevea.

Secretarios judiciales, auxiliares de justicia

Los titulados en Derecho pueden trabajar como secretarios judiciales o auxiliares de justicia con el objeto de adquirir conocimientos y experiencia con vistas a una futura carrera en la judicatura. Solo pueden desempeñar las funciones de juez en procesos específicos y observando lo estipulado por la legislación.

Puede obtenerse fichas de información sobre el personal judicial en los siguientes enlaces:

  1. titularesPDF(407 Kb)en
  2. secretarios judicialesPDF(382 Kb)en
  3. auxiliares de justiciaPDF(286 Kb)hu
  4. trabajadores físicosPDF(280 Kb)hu

Abogados (ügyvéd)

En el desempeño de su profesión, los abogados (ügyvéd) ayudan a sus clientes a ejercer sus derechos y a cumplir con sus obligaciones. Pueden actuar como representantes legales para cualquier asunto y ante cualquier órgano. Realizan sus tareas profesionales de forma independiente, lo que significa que no deben dejarse influir ni incurrir en obligaciones que pongan en peligro su independencia.

Las actividades retribuidas que solo pueden ser realizadas por un abogado son:

  • la representación y defensa en los procedimientos penales;
  • el asesoramiento jurídico;
  • la redacción y revisión de documentos jurídicos;
  • la custodia de dinero y objetos de valor en concepto de depósito, cuando tenga relación con las actividades anteriores.

Aunque no son funciones que correspondan en exclusiva a los abogados, las exigencias de la vida económica actual hacen que estos ejerzan también tareas de asesoramiento fiscal, intermediación en operaciones inmobiliarias y mediación extrajudicial (peren kívüli közvetítés).

Cualquier persona que haya sido admitida al ejercicio de la abogacía (kamara) que haya prestado el juramento exigido (ügyvédi eskü) puede realizar la actividad de abogado.

Para ser admitido al ejercicio de la abogacía se deben cumplir los requisitos siguientes:

  • Tener la nacionalidad de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo (Európai Gazdasági Térség);.
  • Carecer de antecedentes penales.
  • Ser titulado universitario y haber superado el examen profesional húngaro sobre temas de Derecho (jogi szakvizsga);.
  • Disponer de un seguro de responsabilidad civil y de un espacio para oficinas adecuado.

En Hungría, los abogados de los Estados miembros de la Unión Europea pueden prestar sus servicios profesionales básicamente de tres maneras: como prestadores de servicios ad hoc mediante su título profesional de origen, de forma regular, también con su título profesional de origen, y como abogados autorizados para ejercer la profesión en Hungría. Los prestadores de servicios ad hoc tienen obligación de notificar sus servicios en el Colegio de Abogados (ügyvédi kamara) del lugar en que vayan a prestar dichos servicios, mientras que los que deseen ejercer con regularidad la abogacía deben registrarse en el Colegio de Abogados competente.

Los abogados de la Unión Europea (európai közösségi ügyvéd) inscritos en el registro colegial pueden solicitar el acceso al ejercicio de la profesión, en las mismas condiciones que los profesionales húngaros, si cumplen los requisitos establecidos por la ley (por ejemplo, realizar el período de prácticas estipulado, demostrar sus conocimientos del Derecho húngaro y comunitario, y tener un dominio suficiente de la lengua húngara para ejercer su actividad, etc.). Los abogados de la Unión Europea a los que se haya autorizado el ejercicio de la profesión tienen derecho a utilizar el título profesional de abogado (ügyvédi cím) y están sujetos a las mismas normas que los abogados húngaros.

Los abogados están sujetos a la obligación de confidencialidad respecto a todos los hechos y datos que lleguen a su conocimiento en el desempeño de su labor profesional.

Por regla general, los honorarios de los abogados se pactan libremente entre estos y sus clientes. Dichos honorarios solo se hallan regulados cuando el abogado actúa como defensor de oficio (kirendelt védő) en un procedimiento judicial.

Bases de datos jurídicas

Puede obtenerse más información en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaColegio de Abogados húngaro (Magyar Ügyvédi Kamara).

Asesores jurídicos (jogtanácsos)

La función básica de los asesores jurídicos (jogtanácsosok) consiste en contribuir al buen funcionamiento de la entidad para la que trabajan. Ejercen la representación legal de la entidad de la son empleados, prestan asesoramiento e información de carácter jurídico, y redactan escritos, contratos y otros documentos, participando en la organización del trabajo jurídico. A diferencia de los abogados, los asesores jurídicos desempeñan generalmente sus funciones (que no suelen ser tan amplias como las de aquéllos) en calidad de empleados. Su retribución se basa en la normativa de tipo laboral.

Cualquier persona inscrita en el correspondiente registro de las audiencias provinciales y, en el caso de la capital, del Tribunal Metropolitano de Budapest (Fővárosi Bíróság), puede trabajar como asesor jurídico. Los candidatos deben:

  • Tener la nacionalidad de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás).
  • Carecer de antecedentes penales.
  • Poseer un título universitario en Derecho.
  • Haber superado el examen profesional húngaro sobre temas de Derecho.
  • Estar inscrito en el correspondiente registro.

En determinados casos, el Ministro de Justicia (az igazságügyért felelős miniszter) puede eximir del requisito de la nacionalidad.

Notarios (közjegyző)

En el marco de las facultades que les confieren las leyes, los notarios públicos (közjegyző) cumplen funciones relacionadas con la administración de justicia, formando parte del sistema judicial del Estado.

La finalidad de sus actividades consiste en ayudar a prevenir los conflictos jurídicos, estando facultados para ejercer las mismas solo si se hallan inscritos en el Colegio Notarial (Közjegyzői Kamara). De acuerdo con la ley, el nombramiento de los notarios compete al Ministro de Justicia, que también decide el lugar donde deben ejercer sus funciones por un plazo indeterminado.

Los notarios tienen la obligación de suscribir un seguro de responsabilidad civil y de mantenerlo en vigor durante todo el tiempo que ejerzan sus actividades profesionales.

Entre las funciones notariales exclusivas cabe mencionar el registro en documento público (közokirat) de las operaciones, actos y manifestaciones de carácter jurídico Una de las tareas tradicionales de los notarios consiste en llevar a cabo los procedimientos de legalización y otros actos que no tengan carácter litigioso. Otra función importante es la de mantener el registro de hipotecas sobre bienes muebles así como la administración, con la autorización de las partes interesadas, de depósitos de dinero, valores y títulos, los cuales serán restituidos a la parte que tenga derecho a ellos.

Como remuneración por las operaciones que se puedan considerar normales en cuanto a su duración, complejidad jurídica y responsabilidad, los notarios tienen derecho a recibir unos aranceles oficiales. En casos excepcionales (los relativos, por ejemplo, a problemas complejos que requieren un nivel superior de conocimientos especializados), dicha remuneración puede diferir de las tarifas habituales. Cuando sea posible cuantificar el valor de la transacción objeto de la fe notarial, los aranceles se definirán en función de ese valor. En caso contrario, los honorarios se calculan en función del tiempo dedicado a la actividad profesional. Por la legalización notarial de copias de documentos se abona un arancel fijo.

Dado que la nacionalidad húngara es un requisito fundamental para poder ejercer como juez, fiscal, secretario judicial, oficial de justicia o notario, los ciudadanos extranjeros no pueden desempeñar estas profesiones en Hungría.

Bases de datos jurídicas

Es posible obtener más información en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaColegio Notarial de Hungría (Magyar Országos Közjegyzői Kamara).

Otras profesiones jurídicas

Oficiales de justicia

Las tareas de ejecución de las sentencias están encomendadas a los oficiales de justicia (que en unos casos son independientes (önálló bírósági végrehajtó) y en otros son funcionarios dependientes de las audiencias provinciales (megyei bírósági végrehajtó).

Por lo general, el cobro de las indemnizaciones fijadas en las sentencias dictadas (bírósági határozat) en los procedimientos civiles corre a cargo de oficiales de justicia independientes, nombrados por el Ministro de Justicia, quien procede a asignarlos a un determinado órgano jurisdiccional local (helyi bíróság) para un ámbito de competencias concreto.

Los oficiales de justicia independientes no son funcionarios públicos; su retribución es por cuenta de los clientes, quienes deberán compensarles por el trabajo realizado.

Sus tareas incluyen las siguientes:

  • Medidas de ejecución basadas en un certificado judicial (végrehajtási lap).
  • Medidas de ejecución basadas en un mandamiento emitido (végrehajtási záradék) por un juzgado.
  • Medidas de ejecución basadas en una orden judicial de embargo o traba de bienes, transferencia de dominio (végrehajtást elrendelő, letiltó, átutalási végzés), o mandamiento judicial. (közvetlen bírósági felhívás).

Los oficiales de justicia dependientes de los tribunales regionales realizan sus funciones tanto en estos últimos como en el Tribunal regional Metropolitano de Budapest (Fővárosi Törvényszék). Son nombrados por los presidentes de las audiencias provinciales por un período indefinido de tiempo para desempeñar sus funciones en un tribunal regional específico. El puesto de oficial de justicia dependiente de un tribunal regional se publicará por el presidente de dicho tribunal. El oficial de justicia dependiente de un tribunal regional está empleado por este y recibe una serie de beneficios sobre la base de esta relación laboral.

Los oficiales de justicia dependientes de los tribunales regionales ejecutan las «reclamaciones judiciales» (cuando el legítimo reclamante es el Estado); son reclamaciones judiciales los gastos de los procesos civiles o penales sufragados anticipadamente por el Estado. El cobro de los gastos de los procesos penales, el decomiso de bienes o el cobro de otras sanciones de carácter económico son funciones que corresponden a los oficiales de justicia dependientes de las audiencias provinciales. La pensiones alimenticias de los hijos satisfechas anticipadamente por el órgano jurisdiccional se consideran reclamaciones judiciales y caen dentro del ámbito de competencia de los oficiales de justicia dependientes de las audiencias provinciales. Además les compete las medidas de ejecución si el reclamante legítimo es el órgano jurisdiccional, el Consejo Nacional de los Tribunales, la Oficina de este organismo, el Ministerio de Justicia, un instituto de expertos judiciales o el Estado.

El área geográfica en la que tienen competencias los oficiales de justicia coincide con la del tribunal correspondiente.

Bases de datos jurídicas

Es posible obtener más información en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaColegio de Oficiales de Justicia húngaros (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara).

Organizaciones que prestan servicios jurídicos gratuitos

Las universidades y algunas de las organizaciones no gubernamentales que actúan en este campo, tanto húngaras como internacionales, mantienen consultorios jurídicos.

Enlaces relacionados

El enlace abre una nueva ventanaPágina principal del Colegio Notarial de Hungría (A Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapja)

El enlace abre una nueva ventanaPágina principal del Colegio de Oficiales de justicia húngaros (A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara honlapja)

El enlace abre una nueva ventanaPágina principal del Ministerio Fiscal de la República de Hungría (A Magyar Köztársaság Ügyészségének honlapja)

El enlace abre una nueva ventanaPágina principal del Colegio de Abogados húngaro (A Magyar Ügyvédi Kamara honlapja)


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Última actualización: 15/02/2017

Profesiones jurídicas - Malta

Esta sección ofrece una visión de conjunto de las profesiones jurídicas en Malta.

Profesiones jurídicas – introducción

Fiscales

Jueces

Abogados

Notarios

Otras profesiones jurídicas

Secretario y personal de los juzgados


Profesiones jurídicas

Profesiones jurídicas - Introducción

Las profesiones jurídicas en Malta son las de abogado, notario y procurador de los tribunales.

  • Los abogados (advocates) pueden actuar en juicio ante todos los tribunales.
  • Los notarios tienen la consideración de funcionarios públicos, y elaboran y legalizan escrituras públicas.
  • Los procuradores de los tribunales (legal procurators) pueden actuar en juicio ante los órganos jurisdiccionales inferiores: en la práctica, la mayor parte de su trabajo consiste en llevar a cabo actuaciones judiciales, tanto en relación con procesos como en relación con otras reclamaciones en las secretarías de los mismos.

La profesión jurídica en Malta se organiza con arreglo a un sistema unitario, y los fiscales son designados entre abogados en ejercicio.

Fiscales

Organización

Al Fiscal General se le confieren competencias constitucionales en virtud del artículo 91 de la Constitución, y la Fiscalía General se configura como órgano de la Administración en la Ley de la Fiscalía General, capítulo 90 de la Legislación de Malta.

Constitucionalmente, el Fiscal General goza en el desempeño de sus funciones de las mismas garantías que un juez, aplica su criterio jurídico independiente en los procesos penales y lleva a cabo las funciones en este ámbito en el Código penal.

El Fiscal General cuenta con la asistencia del Fiscal General adjunto, el Fiscal General auxiliar y otros funcionarios judiciales.

Función y obligaciones

El Fiscal General ejerce su función ante el Tribunal Penal y el Tribunal Penal de Apelación. Ciertos procedimientos incoados por la policía requieren su consentimiento previo.

En el ejercicio de las facultades que le confiere la ley para incoar, instruir o suspender procesos penales, el Fiscal General no está sujeto a la dirección o el control de ninguna otra persona o autoridad.

Actúa asimismo como asesor jurídico de la Administración, y los funcionarios judiciales de la Fiscalía General representan a la Administración ante los tribunales civiles y el Tribunal Constitucional.

La Fiscalía General constituye asimismo el órgano competente en la mayoría de las cuestiones de cooperación jurídica en los ámbitos del Derecho civil, mercantil y penal.

Representa a la República de Malta ante los tribunales internacionales, y a la Administración en las reuniones internacionales sobre cooperación jurídica y judicial.

Asimismo, la Fiscalía elabora legislación y contribuye a su aprobación por el Parlamento.

Jueces y magistrados

Organización

Los jueces y los magistrates (jueces de asuntos de menor importancia) son designados por el Presidente de la República, previa recomendación del Primer Ministro. Son independientes del poder ejecutivo y gozan de garantías en el desempeño de sus funciones. Se requiere haber ejercido como abogado en Malta durante un período no inferior a siete años para optar a la designación como magistrate, y de doce años para ser nombrado juez (judge). Pueden ser destituidos de su cargo por el Presidente en caso de incapacidad verificada para desempeñar las funciones de su cargo (ya sea derivada de enfermedades del cuerpo o la mente, o de cualquier otra causa) o por una mala conducta comprobada, previa petición de la Cámara de Representantes respaldada por los votos de no menos de dos tercios del total de sus diputados.

Organización de las profesiones jurídicas: profesionales de la abogacía

Abogados

Función y obligaciones

Los abogados son profesionales habilitados para prestar servicios de asesoramiento y dictamen jurídico, así como para representar a sus clientes ante los tribunales u otros foros jurídicos.

Para el ejercicio de la abogacía en Malta es necesario estar en posesión de un certificado expedido por el Presidente de la República con el sello de Malta. Una vez obtenido dicho certificado, antes de empezar a ejercer, el interesado debe prestar juramento de fidelidad y de toma de posesión en sesión pública ante el Tribunal de Apelación.

Organización

El Colegio de Abogados de Malta (Malta Chamber of Advocates) es el órgano que reúne a las personas habilitadas para ejercer la abogacía en Malta. Se trata de una entidad voluntaria no política ni integrada en la Administración, financiada con las cuotas de sus miembros y por los fondos recaudados en las actividades que organiza, y legalmente reconocida como órgano consultivo y participativo de los abogados en las materias relacionadas con la organización y la administración de justicia.

Existe un solo tipo de abogado en Malta, y para designarlo se utilizan indistintamente los términos «letrado» (lawyer) y «abogado» (advocate). De la regulación de la profesión se encarga la Comisión de la Administración de Justicia, compuesta por el Presidente de Malta, el Juez presidente del Tribunal Constitucional (Chief Justice), el Presidente del Colegio de Abogados y otros miembros del poder judicial, así como otros profesionales del Derecho. Todas las quejas contra abogados son examinadas por una comisión de cinco letrados que se encarga de formular recomendaciones a dicha Comisión de la Administración de Justicia sobre las medidas disciplinarias que deban adoptarse. Tres de esos cinco letrados son designados por el Colegio de Abogados, lo que confiere a este en la práctica facultades para la regulación de la profesión.

El Colegio de Abogados mantiene un sitio web informativo dedicado a la profesión, que incluye un directorio. Este último se divide en dos partes: una accesible al público en general, en la que figuran los datos pormenorizados de todos los miembros del Colegio, y otra privada en la que constan los datos detallados de todos aquellos letrados de los que el Colegio tiene conocimiento.

En los últimos años, el Colegio ha organizado varias conferencias y seminarios académicos, así como una serie de charlas mensuales, en el marco de una campaña para promover una cultura de formación jurídica permanente de todos los abogados.

Bases de datos jurídicas

En el sitio web oficial del El enlace abre una nueva ventanaColegio de Abogados se ofrece información sobre esta institución y se incluyen noticias, un calendario de eventos y una base de datos de abogados. Existe asimismo un área restringida en la que se prestan servicios adicionales a los colegiados.

¿Es gratuito el acceso a esta base de datos?

Sí, el acceso a la base de datos es gratuito.

Notarios

Función y obligaciones

Los notarios son funcionarios públicos habilitados para recibir los actos celebrados por las personas durante su vida (inter vivos) y los testamentos, otorgándoles fe pública. Como consecuencia de su función y obligaciones, son asimismo responsables de la custodia de esos documentos y pueden expedir copias de los mismos. El capítulo 55 de la Legislación de Malta (Ley de la profesión notarial y de los archivos notariales) establece las facultades y funciones de los notarios.

Los notarios prestan juramento de fidelidad y de toma de posesión ante el Tribunal de Apelación antes de iniciar el ejercicio de su profesión.

La supervisión de los notarios, los archivos notariales y el Registro público la ejerce un tribunal especial denominado Tribunal de Revisión de Actas Notariales (Court of Revision of Notarial Acts), cuyos miembros son designados por el Ministro responsable de los asuntos notariales entre jueces y magistrados retirados, abogados y notarios.

Si lo considera oportuno, el Tribunal puede visitar e inspeccionar sin previo aviso los archivos, el Registro público o el despacho de cualquier notario.

En enero de cada año, el Boletín Oficial (Malta Government Gazette) publica los datos pormenorizados de todos los notarios en ejercicio en el país.

Organización

El Consejo Notarial (Notarial Council) es el órgano general de supervisión de la profesión y está facultado, por propia iniciativa o previa queja, para investigar la conducta de todo notario que se considere contraria al decoro de la profesión. El Consejo puede ocuparse asimismo de toda acusación de negligencia o abuso formulada contra un notario en el ejercicio de sus funciones, o en relación con asuntos profesionales, salvo en los casos en los que las competencias a tal efecto se hayan otorgado a otra institución con arreglo a los artículos 85 y 94 de la Ley de la profesión notarial y los archivos notariales, capítulo 55 de la Legislación de Malta, o a cualquier otra ley.

Bases de datos jurídicas

El sitio web del El enlace abre una nueva ventanaConsejo Notarial (Malta) contiene información sobre el Consejo Notarial, información general de utilidad para el público y para los notarios, así como un directorio con detalles de los notarios en ejercicio en Malta. La base de datos se encuentra a disposición del público en general y el acceso a la misma es gratuito.

Otras profesiones jurídicas

Procuradores de los tribunales

Para el ejercicio de la profesión de procurador de los tribunales (legal procurator) es necesario estar en posesión de un certificado expedido por el Presidente de la República con el sello de Malta. Los titulares de dicho certificado deben, antes de empezar el ejercicio, prestar juramento de fidelidad y de toma de posesión en sesión pública ante el Tribunal de Apelación.

La principal tarea de los procuradores de los tribunales es ayudar a los abogados por los que son contratados en lo que se refiere a los procedimientos judiciales. En este sentido, participan en la presentación de documentos escritos en las secretarías de los tribunales en nombre de los clientes y, en general, prestan otros servicios relacionados con la preparación de los litigios por los abogados.

Pueden intervenir ante cualesquiera órganos jurisdiccionales y prestar asesoramiento.

La Comisión para la Administración de Justicia es el órgano responsable de la regulación de esta profesión en Malta. Una El enlace abre una nueva ventanasección del sitio web del Ministerio de Asuntos de Interior y Seguridad Nacional está dedicada a los procuradores de los tribunales y puede ser consultada por el público en general.

Secretarios judiciales y personal judicial

Los secretarios judiciales (Registrars of the Courts) son responsables de la secretaría de los tribunales y los funcionarios asignados a la misma, de la presentación y la notificación o traslado de los actos judiciales, de la formalización de títulos ejecutivos, como las sentencias y autos, a través de los oficiales de justicia designados por los tribunales, de las ventas judiciales mediante subasta, de los juicios ante jurado y de otros procedimientos penales.

Secretario adjuntoPDF(377 Kb)en

Asistente JudicialPDF(374 Kb)en

Encargado del RegistroPDF(378 Kb)en

Enlaces relacionados

El enlace abre una nueva ventanaColegio de Abogados (Malta)

El enlace abre una nueva ventanaConsejo Notarial (Malta)


El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 03/10/2016

Profesiones jurídicas - Países Bajos

En esta página se da un panorama de las profesiones jurídicas en los Países Bajos.

Fiscales

Jueces

Abogados

Notarios

Otras profesiones jurídicas


Profesiones jurídicas

Fiscales

Organización

El Ministerio Fiscal (Openbaar Ministerie u OM) es un órgano nacional con fiscalías territoriales en todas las regiones. Existe igualmente una Fiscalía nacional que se concentra en luchar contra la delincuencia organizada (internacional) y una Fiscalía Funcional que se dedica a combatir los delitos medioambientales y financieros y el fraude.

Existen 10 fiscalías de distrito, en las que los fiscales, asistidos por expertos administrativos y jurídicos, tramitan varios cientos de miles de asuntos cada año. Si se interpone recurso, el asunto se remite a una de las cuatro fiscalías regionales. El representante del Ministerio Fiscal en estas fiscalías es denominado Abogado General (Advocaat-Generaal). Estas fiscalías están a cargo de fiscales principales y abogados generales principales. A nivel nacional, el Ministerio Fiscal está gobernado por el Consejo Fiscal (College van Procureurs-generaal), con sede en La Haya. La responsabilidad política del Ministerio Fiscal corresponde al Ministro de Justicia. El Ministro decide las prioridades en materia de investigación y enjuiciamiento, en colaboración con el Consejo Fiscal.

Función y obligaciones

El Ministerio Fiscal se ocupa de todas las personas sospechosas de haber cometido un delito penal. En los Países Bajos, el Ministerio Fiscal es el único órgano que puede llevar a juicio a los sospechosos. Se encarga de que los delitos penales se investiguen y se inicie el enjuiciamiento.

Colabora con la policía y otros servicios de investigación. Los fiscales se encargan de las investigaciones. Asimismo, el Ministerio Fiscal supervisa la correcta aplicación de las resoluciones judiciales, el pago de multas, el cumplimiento de condenas de privación de libertad y la realización de servicios comunitarios. El Ministerio Fiscal y los jueces forman parte de la judicatura. Por consiguiente, el Ministerio Fiscal no es en absoluto un ministerio en la acepción habitual de la palabra.

Jueces

Organización

Para ser nombrado juez, se exige experiencia profesional de al menos siete años. Esta experiencia puede adquirirse mediante un curso de formación interna dentro de la carrera judicial o en cualquier otro ámbito jurídico. El sistema judicial imparte la formación necesaria.

El nombramiento de los jueces corresponde a la Corona, bajo la responsabilidad del Ministro de Seguridad y Justicia. Únicamente pueden ser nombrados jueces personas con nacionalidad holandesa. Los candidatos deben poseer un título de Derecho de una universidad de los Países Bajos.

La propuesta de nombramiento exige la recomendación previa por un comité de selección nacional, compuesto por miembros de la carrera judicial, el ministerio fiscal y personas de relevancia social.

El juez es nombrado para administrar justicia en un tribunal determinado. Este nombramiento solo es posible a propuesta del tribunal para el que vaya a ser nombrado. Estos requisitos garantizan un sistema de nombramiento lo más objetivo posible.

El juez es un funcionario con un estatuto especial. Tras su primer nombramiento, no está obligado necesariamente a aceptar un nombramiento en otro lugar.

El juez puede permanecer en sus funciones hasta la edad de 70 años. Antes de cumplirlos, solo puede ser cesado contra su voluntad por la más alta instancia judicial de los Países Bajos, el Tribunal Supremo (Hoge Raad der Nederlanden), a instancias del Procurador General del mismo. Este sistema ofrece garantías suficientes frente a las influencias políticas en nombramientos y ceses.

Función y obligaciones

La misión del juez es dictar una resolución imparcial en los conflictos jurídicos, incluso en los casos en los que sea parte la Administración. Para garantizar la imparcialidad frente a esta, se aplica, pues, un sistema especial de selección y nombramiento. De ahí que el estatuto jurídico de los jueces sea diferente al de los demás funcionarios.

La Constitución confiere al poder judicial la facultad de dirimir conflictos y contiene disposiciones que regulan el estatuto jurídico de sus miembros.

Los jueces pueden examinar las causas según su propio arbitrio y observando la legislación vigente, así como determinar, en gran medida, el desarrollo práctico de los procesos (fijando plazo, por ejemplo).

Si durante el proceso cualquiera de las partes tuviera dudas sobre la imparcialidad del juez, la ley le ofrece la posibilidad de recusarle. Cualquiera de las partes puede estar también insatisfecha con la actuación del juez. Aquí la ley distingue entre la resolución dictada y la actuación del juez.

  1. Si la insatisfacción se refiere a la sentencia, la parte tiene normalmente la posibilidad de recurrir.
  2. Si se refiere a la actuación del juez, puede presentarse una queja a la presidencia del tribunal. Cada tribunal dispone de un procedimiento para la tramitación de este tipo de quejas.

Son varias las disposiciones legales que regulan la actuación de los jueces. Su objetivo es garantizar una actuación imparcial.

Los jueces deben tener al menos dos especialidades. Generalmente se ocupan de asuntos de una de esas especialidades y luego pasan a la otra. Con ello se pretende impedir que se centren excesivamente y demasiado tiempo en una sola especialidad.

Los jueces trabajan, ante todo, en juzgados de distrito (rechtbanken). Estos comprenden al menos cuatro secciones: de lo civil, de lo penal, de lo contencioso-administrativo y sección cantonal. Los jueces que trabajan en esta última se denominan «jueces cantonales» (kantonrechter); los demás, simplemente «jueces» (rechter). Los que ejercen en los tribunales de apelación y en el Tribunal Supremo se llaman «consejeros» (raadsheeren).

La composición de los juzgados y tribunales es la siguiente:

  • Los jueces cantonales suelen actuar como jueces únicos.
  • Los jueces suelen actuar también como jueces únicos, aunque en determinados casos lo hacen como miembros de un tribunal formado por tres magistrados.
  • Los jueces de los tribunales de apelación actúan normalmente como miembros de un tribunal formado por tres magistrados, salvo cuando lo hacen como jueces únicos. La legislación establece las normas al respecto.
  • En el Tribunal Supremo, los asuntos son examinados por cinco jueces.

La responsabilidad de la regulación de la profesión corresponde al Consejo del Poder Judicial (rechtspraak).

Base de datos jurídica

Para más información, consúltese el sitio web sobre la El enlace abre una nueva ventanaadministración de justicia en los Países Bajos, accesible al público general.

Organización de las profesiones jurídicas: profesionales de la abogacía

Abogados

El El enlace abre una nueva ventanaColegio de Abogados de los Países Bajos es el organismo profesional de Derecho público que acoge a estos profesionales en los Países Bajos. Su función básica, legalmente regulada, es la de supervisar la calidad de los servicios de sus miembros. Esta calidad se garantiza, entre otras cosas, mediante:

  • un programa global de formación para las profesiones de abogado;
  • la elaboración de reglamentos y otras normas vinculantes para los abogados;
  • el ejercicio de procedimientos disciplinarios;
  • el suministro de información y la prestación de servicios a los miembros; y
  • el asesoramiento al Gobierno sobre las políticas previstas y los proyectos de disposiciones.

Por mandato legal, todo abogado debe ser miembro del Colegio. En 2012 había 17 000 abogados colegiados.

Asesores jurídicos

No existe ningún organismo centralizado que regule estas profesiones.

Notarios

Organización

Véase la página en Internet de la El enlace abre una nueva ventanaReal Organización de la Profesión Notarial.

Función y obligaciones

La ley exige el uso de un instrumento notarial en el otorgamiento de determinados contratos y transacciones jurídicas. Los casos más importantes son los siguientes:

  1. La transmisión de bienes inmuebles.
  2. La creación y cancelación de hipotecas.
  3. La constitución de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada y la modificación de sus estatutos.
  4. El establecimiento de fundaciones o asociaciones (incluidas las cooperativas) y la modificación de sus estatutos.
  5. La redacción, modificación y otorgamiento de testamentos.
  6. La redacción y modificación de capitulaciones matrimoniales (generalmente antes del matrimonio) y de contratos de constitución de parejas de hecho inscritas.
  7. La transmisión de acciones nominativas.
  8. Las autorizaciones de firma.
  9. La entrega de regalos y las donaciones mediante instrumento notarial.

Por razones prácticas, los notarios a menudo también dan fe pública de otros tipos de transacciones jurídicas y pueden redactar otros tipos de contratos. Entre ellos se incluyen, por ejemplo, los de sociedad (sociedad colectiva, comanditaria, civil), los de cohabitación y los de protección frente a terceros de las sociedades de responsabilidad limitada no cotizadas.

Otras profesiones jurídicas

La El enlace abre una nueva ventanaReal Organización Profesional de Oficiales de Justicia (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders o KBvG) fue establecida por la Ley de oficiales de justicia, que entró en vigor el 15 de julio de 2001. En ella se encomendó a esta institución, a la que deben pertenecer todos los oficiales de justicia, la función de fomentar las buenas prácticas en la profesión.

Los oficiales de justicia neerlandeses son responsables de la recepción y transmisión de documentos de conformidad con lo previsto en el Reglamento n.º 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil. Los documentos que hayan de notificarse o trasladarse en los Países Bajos deben remitirse directamente a uno de sus oficiales de justicia. Las solicitudes de este servicio deben presentarse en neerlandés o en inglés.

No es posible remitir las solicitudes a la entidad central neerlandesa responsable, la Real Organización Profesional de Oficiales de Justicia. Tan solo cabe pedir su ayuda en los casos excepcionales a que se refiere el artículo 3, letra c), del Reglamento mencionado.

Servicios jurídicos gratuitos

Para obtener asesoramiento jurídico básico, puede solicitar ayuda en alguna de las ventanillas de servicios jurídicos. En ellas puede pedir la aclaración de cuestiones jurídicas, así como información y asesoramiento. Representan la primera línea en la prestación de asistencia jurídica gratuita.

Si es necesario, se le remitirá a un abogado o un mediador, que actuará como segunda línea de asistencia jurídica gratuita.

Todos estos servicios de información son gratuitos. Se prestan sobre la marcha o en el marco de una hora de consulta (máximo 60 minutos). Se pueden plantear problemas de Derecho civil, administrativo, penal o de inmigración.

En los Países Bajos hay 30 ventanillas de servicios jurídicos. Están distribuidas por todo el territorio, a fin de que cualquier ciudadano neerlandés tenga fácil acceso a ellas.

Para más información, véase el sitio web de las El enlace abre una nueva ventanaventanillas de servicios jurídicos.

Enlaces relacionados

El enlace abre una nueva ventanaMinisterio Fiscal de los Países Bajos (Openbaar Ministerie), El enlace abre una nueva ventanaSistema judicial de los Países Bajos (Rechtspraak), El enlace abre una nueva ventanaColegio de Abogados de los Países Bajos (Nederlandse Orde van Advocaten Koninklijke), El enlace abre una nueva ventanaReal Organización de la Profesión Notarial (Notariële Beroepsorganisatie Koninklijke), El enlace abre una nueva ventanaReal Organización de Oficiales de Justicia (Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders), El enlace abre una nueva ventanaVentanillas de Servicios Jurídicos (Het Juridisch Loket); Fact sheet Court StaffPDF(389 Kb)en


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Última actualización: 07/10/2016

Profesiones jurídicas - Austria

Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.
Ya se ha traducido a las siguientes lenguas: alemán.

Esta sección ofrece una visión de conjunto de las profesiones jurídicas en Austria.


Profesiones jurídicas

Profesiones jurídicas. Introducción

En la actualidad, hay 1 693 jueces profesionales que dependen del Ministerio Federal de Justicia austriaco (situación a 1 de noviembre de 2012 en equivalentes de tiempo completo, incluido el Tribunal Supremo).

Fuera del sistema judicial también se nombra a jueces, por ejemplo al Tribunal Administrativo (unos 63) y al Tribunal Federal de Asilo.

Además, para determinados asuntos se designan jueces legos que trabajan de manera voluntaria. Actúan como jueces legos o miembros del jurado en asuntos penales y como jueces asociados con conocimientos técnicos especiales en asuntos de Derecho mercantil, del trabajo y social.

Hay 375 fiscales (situación a 1 de noviembre de 2012 en equivalentes de tiempo completo, incluida la Fiscalía General) y 4 864 funcionarios y personal contratado (situación a 1 de noviembre de 2012 en equivalentes de tiempo completo, incluido el Tribunal Supremo y la Fiscalía General), que ayudan a los tribunales y a los fiscales en su labor.

En el sistema penitenciario trabajan 3 631 personas (situación a 1 de noviembre de 2012 en equivalentes de tiempo completo, incluida la Dirección de Prisiones); ese número incluye un total de 3 098 guardias (incluidas 127 personas encargadas de la formación de los prisioneros).

1. Magistrados

Formación y nombramiento

Una vez terminados, los estudios de Derecho se completan con una formación práctica que, tras haber concluido un período de aprendizaje de técnicas judiciales, se inicia en el contexto del período de práctica judicial. Todos los años se nombran aproximadamente de sesenta a ochenta candidatos a jueces. El período de práctica judicial (incluidas las técnicas judiciales) dura unos cuatro años y se realiza en tribunales de distrito y tribunales regionales, fiscalías, instituciones penitenciarias o centros de protección o asistencia a víctimas, o con homólogos profesionales (abogado, notario o fiscalía financiera). Parte de la formación se puede realizar también en los tribunales regionales superiores, el Tribunal Supremo, el Ministerio Federal de Justicia, la Dirección de Prisiones, un centro de libertad condicional, una asociación de fideicomisarios o un servicio de juventud, la oficina del Defensor del Pueblo, empresas apropiadas o el sector financiero. La práctica judicial termina con el examen de judicatura.

Una vez aprobado el examen de judicatura, los candidatos a jueces pueden presentarse a las vacantes para juez.

El nombramiento de los jueces corre a cargo del Presidente Federal, que delega esta función en el Ministerio Federal de Justicia para la mayoría de las vacantes. Solo pueden ser nombradas jueces las personas de nacionalidad austriaca.

Los denominados jueces legos deben distinguirse de los jueces profesionales; los jueces legos no precisan una formación jurídica y desempeñan sus tareas de modo voluntario. Actúan como jueces legos o miembros del jurado en asuntos penales y como jueces asociados con experiencia especial en asuntos de Derecho mercantil, del trabajo y social.

Estatuto de los magistrados

Los jueces profesionales tienen una relación de servicio de Derecho público con el Estado Federal. Además de la Constitución Federal, la Ley de Servicios de los Jueces es la principal fuente legal de la formación y el estatuto profesional de los jueces (el nombre completo de esta fuente legal es «Ley de Servicios de los Jueces y Fiscales»; en particular, numerosas disposiciones a las que están sujetos los jueces y fiscales y que rigen, por ejemplo, los procedimientos disciplinarios y las descripciones de servicio se determinan de modo similar).

Los jueces profesionales son nombrados por un período de tiempo indefinido y se jubilan al final del año en que cumplen los 65 años de edad.

Conforme a los artículos 87 y 88 de la Constitución Federal, al interpretar la ley y la jurisprudencia, los jueces actúan como agentes independientes del Estado. La independencia de los jueces se manifiesta, por una parte, en su autonomía funcional (independencia material) y, por otra, en el carácter inamovible e intransferible de su cargo (independencia personal). Los jueces solo están obligados por la ley y deciden según sus propias convicciones legales. Asimismo, no están obligados por decisiones anteriores de otros órganos jurisdiccionales en asuntos legales similares (precedentes).

Excepción hecha de su paso a la jubilación definitiva una vez alcanzada la edad reglamentaria, los jueces solo pueden ser separados de su cargo, trasladados a otro puesto o jubilados contra su voluntad exclusivamente en los casos y formas previstos en la ley y previa resolución judicial formal (artículo 88 de la Constitución federal).

El estatuto especial de los jueces de acuerdo con la Constitución solo se manifiesta en el ejercicio de sus funciones (al realizar todas las actividades judiciales encomendadas por la ley o según la distribución de asuntos). Existe una excepción para los asuntos de administración de la justicia (medidas para el funcionamiento del sistema judicial), pero en ese caso los jueces solo son independientes si se ocupan de estos asuntos (como la distribución de asuntos o las propuestas para la provisión de vacantes). Por lo demás, los jueces solo están obligados por las instrucciones del superior jerárquico. La distribución fija de asuntos garantiza el derecho a un juez determinado por la ley, que está consagrado en la Constitución.

Funciones y deberes

Los jueces se encargan de la adjudicación de asuntos de Derecho civil y penal, así como de la supervisión de la administración y de la protección de la Constitución en el marco de la administración y la jurisdicción constitucional.

Responsabilidad jurídica

Tribunal disciplinario: Los jueces que son culpables de incumplir las obligaciones propias de su cargo y puesto deben responder de ello ante el tribunal disciplinario, compuesto exclusivamente por jueces, pertenecientes a los tribunales regionales superiores o al Tribunal Supremo, según corresponda (el Tribunal disciplinario es competente también para las conductas indebidas de los fiscales en el ejercicio de su cargo).

Tribunal penal: cuando el juez culpable (o, en su caso, el fiscal) de contravenir las obligaciones de su cargo comete al mismo tiempo un delito, debe responder ante el tribunal de lo penal (por ejemplo, por abuso de autoridad).

Tribunal civil: las partes que, debido a una conducta culpable y contraria a Derecho de un juez (o, en su caso, de un fiscal), han sufrido algún perjuicio solo pueden hacer valer su condición de perjudicados ante el Estado. En caso de dolo o negligencia grave, el Estado puede a su vez recurrir contra el juez (o, en su caso, un fiscal).

2. Fiscales

Organización

En líneas generales, la organización jerárquica de la Fiscalía corresponde a la de los órganos jurisdiccionales.

Existe una fiscalía en cada uno de los 17 órganos jurisdiccionales de primera instancia que conocen de asuntos penales. Además, hay para toda Austria una Fiscalía General para Asuntos Económicos y de Corrupción. En los tribunales regionales superiores existe una fiscalía superior y en el Tribunal Supremo un Fiscal General del Estado. Las fiscalías superiores y el Fiscal General dependen directamente del Ministro de Justicia Federal.

Formación y nombramiento

La formación de un fiscal corresponde a la de un juez profesional.

Solo pueden ser nombradas fiscales aquellas personas que reúnan los requisitos para el nombramiento de juez.

Las vacantes de fiscales, así como las de jueces, que van a cubrirse deben publicarse. El Presidente de la República ostenta la facultad de nombrar a los fiscales, pero, al igual que sucede con los jueces, suele delegar esta función la mayoría de las veces en el Ministro Federal de Justicia.

Estatuto de los fiscales

Las fiscalías son órganos autónomos respecto a los tribunales pero no independientes. Tienen una estructura jerárquica y deben seguir las instrucciones de la Fiscalía Superior y, en última instancia, del Ministro Federal de Justicia.

El derecho de dar instrucciones está regulado por ley. Las instrucciones de la Fiscalía Superior y del Ministro Federal de Justicia solo pueden darse por escrito y con la motivación correspondiente. Además, las instrucciones deben registrarse en un expediente penal. El Ministro Federal de Justicia tiene responsabilidad ministerial, por lo que está obligado a facilitar información al Parlamento ante el que debe rendir cuentas.

El personal de cada fiscalía debe cumplir las instrucciones dadas por el director de la misma. No obstante, si considera que una instrucción es contraria a la ley, puede pedir una orden por escrito relativa a la instrucción e incluso puede solicitar no ocuparse del asunto penal de que se trate. Por lo tanto, las fiscalías están organizadas jerárquicamente, con niveles inferiores y superiores. Ello es necesario porque, a diferencia de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales, sus decisiones no pueden ser cuestionadas por vía jurídica.

Funciones y deberes

Las fiscalías son órganos especiales, no integrados en los órganos jurisdiccionales. Su función es salvaguardar el interés público en la administración de la justicia penal. A este respecto, se ocupan fundamentalmente de la presentación de acusaciones en los procesos penales, por lo que también se les denomina órganos de acusación. En los procesos penales se encargan asimismo de las diligencias previas.

Los fiscales presentan las acusaciones tanto ante las audiencias regionales como ante los tribunales de distrito del área territorial correspondiente. En general, en los tribunales de distrito esa presentación la hacen los fiscales de distrito, que son funcionarios con conocimientos técnicos especializados pero a quienes no se exige titulación académica.

La Fiscalía General para Asuntos Económicos y de Corrupción ocupa una posición especial. Conoce a nivel federal de delitos públicos y de corrupción y de delitos económicos de importe superior a cinco millones de euros. También conoce de los delitos financieros de importe superior a cinco millones de euros, de asuntos elegibles de fraude social, de perjuicios causados por los deudores a los acreedores y de delitos conforme a la Ley de Sociedades Anónimas o la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada cometidos en grandes empresas (con un capital social de al menos cinco millones de euros o con más de 2 000 empleados).

Los fiscales superiores están jerárquicamente por encima de los fiscales ordinarios y están adscritos a los tribunales superiores regionales de Viena, Graz, Linz e Innsbruck. Además de ocuparse de los asuntos en los tribunales regionales superiores, son responsables de la supervisión de las fiscalías en su área territorial y dependen directamente del Ministro Federal de Justicia.

La Fiscalía General, constituida en el Tribunal Supremo, ocupa una posición especial. Depende directamente del Ministro Federal de Justicia y no está facultada para dictar instrucciones a las fiscalías ordinarias ni a las fiscalías superiores. Tampoco presenta acusaciones, sino que asiste al Tribunal Supremo. Para ello, puede presentar los denominados «recursos de nulidad para observancia de la ley» en asuntos penales en los que las partes carezcan de posibilidades (ulteriores) de recurso ante el Tribunal Supremo. Así pues, desempeña una importante función en la garantía de la uniformidad de la ley de la seguridad jurídica en las causas penales.

Responsabilidad jurídica

La responsabilidad disciplinaria, civil y penal de los fiscales se regula igual que la de los jueces.

3. Secretarios judiciales

Organización

En Austria los secretarios judiciales son un pilar imprescindible de la administración de justicia. Actualmente, más del 80 % de las decisiones judiciales en asuntos civiles corren a cargo de los 662 secretarios judiciales (situación a 1 de noviembre de 2012 en equivalentes de tiempo completo, incluido el personal destacado).

Formación

Para ser admitidos a la formación de secretario judicial, hay que haber aprobado el examen final de bachillerato o formación profesional. Esos exámenes pueden sustituirse por una formación como aprendiz, los estudios en una escuela técnica o la aprobación de una prueba de acceso a la universidad.

Antes de ser admitido para realizar los estudios de secretario judicial, el interesado debe trabajar un mínimo de dos años en una secretaría judicial y aprobar el examen exigido a los empleados de estas secretarías, así como un examen especial. A partir de ese momento, el presidente del Tribunal Regional Superior puede admitir al aspirante a los estudios de secretario judicial.

La formación del secretario judicial dura tres años y comprende:

  • la colaboración, en uno o más órganos jurisdiccionales, en la preparación de los tramites del ámbito de actuación escogido;
  • la participación en un curso de conocimientos básicos y en otro sobre el ámbito laboral escogido, así como
  • el examen de secretario judicial, que consta de dos partes.

Una vez aprobado el examen de secretario judicial, el aspirante recibe un título expedido por el Ministro Federal de Justicia.

Este título hay que diferenciarlo del que se extiende una vez finalizada la formación de tres años, que acredita la habilitación para ejercer las funciones de secretario judicial. Esta última acreditación faculta a su titular para encargarse de los asuntos propios de su ámbito de actividad en la jurisdicción del territorio federal.

A continuación, el presidente del Tribunal Regional Superior decide en qué órgano jurisdiccional y, si es necesario, con qué límites temporales el interesado actuará como secretario judicial. Una vez ya en el órgano jurisdiccional, la autoridad competente del mismo asignará al funcionario a una de las secciones del tribunal dirigida por un juez (o, en su caso, a varias). Dentro de la sección compete al juez encargado el reparto de asuntos.

Estatuto de los secretarios judiciales

Los secretarios judiciales son funcionarios de tribunales con una formación específica que, en virtud del artículo 87a de la Constitución Federal y de la Ley de Secretarios Judiciales, se ocupan en primera instancia de una serie de asuntos civiles claramente delimitados. Están sujetos a las instrucciones del juez competente en cada asunto según la distribución de tareas judiciales. El propio juez puede recuperar la gestión del asunto en cualquier etapa del proceso. Los secretarios judiciales solo pueden dictar autos, contra los que cabe recurso ante el juez, sin perjuicio de que pueda solicitarse asimismo la remisión del asunto a este.

En la práctica, los secretarios judiciales trabajan de la manera más autónoma posible. No es habitual que reciban instrucciones del juez; solo las reciben en raras ocasiones.

Funciones y deberes

Competen a los secretarios de justicia los siguientes ámbitos:

  • asuntos de procedimiento civil, de ejecución y de insolvencia («procedimientos de liquidación»);
  • asuntos de jurisdicción voluntaria;
  • asuntos relativos al registro de la propiedad y al registro de buques y
  • asuntos del registro mercantil.

Cada uno de estos ámbitos de actuación requiere una formación especial y una solicitud concreta para encargarse de ellos.

Delimitación de competencias entre jueces y secretarios judiciales

El ámbito de actuación del secretario judicial no alcanza a todas las tareas y decisiones propias de las causas mencionadas. Las actividades que pueden ejercerse en ese ámbito de actuación están establecidas con precisión en la Ley de Secretarios Judiciales austriaca, y el alcance de dicho ámbito varía ampliamente según las áreas de trabajo.

El secretario judicial es competente, entre otras, en las siguientes materias:

  • los procesos monitorios;
  • la confirmación de la eficacia jurídica y la ejecutabilidad de las sentencias dictadas por los jueces en su ámbito de actuación;
  • la resolución sobre las solicitudes de asistencia jurídica en los procesos de su competencia;
  • la ejecución de actos oficiales en virtud de solicitudes de auxilio judicial formuladas por órganos jurisdiccionales o autoridades nacionales.

4. Abogados

Aspectos generales

Los abogados son los responsables y encargados de representar a las partes en todas las causas judiciales y extrajudiciales de Derecho público o privado ante todos los órganos jurisdiccionales y autoridades de la República de Austria.

Para ejercer la abogacía en Austria no es necesario ningún nombramiento oficial; sin embargo, hay que reunir los requisitos que se exponen más adelante.

Las bases jurídicas sustantivas son el Estatuto Orgánico de la Abogacía (RGBl. nº 96/1896), el Estatuto Disciplinario para Abogados y Pasantes (BGBl. nº 474/1990), la Ley Federal de Tarifas de Abogados (BGBl. nº 189/1969) y la Ley del Examen de Acceso a la Abogacía (BGBl. nº 556/1985).

Requisitos para el ejercicio profesional

Una vez acaba la carrera de Derecho austriaco, la persona interesada en el ejercicio de la abogacía debe demostrar en total al menos una experiencia profesional jurídica de cinco años, de los cuales al menos cinco meses en un tribunal o una fiscalía y tres años como pasante con un abogado austriaco.

Puede accederse al «examen de abogacía», que es necesario aprobar para ejercer la profesión, una vez adquirida la experiencia profesional de tres años, de los que al menos cinco meses deben haber transcurrido en un órgano jurisdiccional y dos años con un abogado. Para presentarse al examen es además imprescindible participar en las actividades de formación obligatorias de los colegios de abogados.

La persona que cumpla las condiciones anteriores puede inscribirse en la lista del colegio de abogados en cuya jurisdicción desea ejercer.

En determinadas circunstancias, los abogados procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro país signatario del Espacio Económico Europeo o de Suiza están facultados en Austria para:

  • ejercer actividades de abogado de forma temporal;
  • tras pasar una prueba de idoneidad, solicitar la inscripción en la lista de abogados del colegio correspondiente, o
  • presentando la acreditación profesional de su Estado de origen, establecerse directamente en Austria sin necesidad de prueba de idoneidad previa y transcurridos tres años de ejercicio profesional «efectivo y regular» en el país, integrarse plenamente en la abogacía austriaca.

En determinadas circunstancias, los miembros de un colegio profesional de un Estado signatario del Acuerdo General de Comercio y Servicios pueden asimismo realizar en Austria con carácter transitorio algunas actividades de abogado delimitadas con exactitud.

Responsabilidad jurídica

Los abogados que incumplan sus obligaciones o perjudiquen la reputación de su profesión deben responder de ello ante un consejo disciplinario elegido por el colegio local. Las facultades sancionadoras del consejo lo habilitan para retirar de la lista de abogados a la persona de que se trate. En segunda instancia decide la comisión disciplinaria superior para abogados y pasantes. Se compone de cuatro personas, dos de las cuales son jueces del Tribunal Supremo y las otras dos abogados.

Además, como es lógico, responden también penal y civilmente de su actuación profesional.

Colegio de Abogados, Asociación de Colegios de Abogados de Austria

Un Colegio de Abogados está formado por los abogados y pasantes inscritos en la lista correspondiente de una región federal (Bundesland). Los colegios de abogados son corporaciones de derecho público y órganos autónomo de autogobierno.

A efectos de la coordinación de sus tareas, delegados de los colegios de abogados de cada región federal forman un órgano de representación a nivel federal, el Colegio de Abogados Austriaco (El enlace abre una nueva ventanahttp://www.rechtsanwaelte.at/).

5. Notarios

Aspectos generales

El notario es la autoridad independiente e imparcial de la administración de justicia que está a disposición de los ciudadanos para ocuparse de las relaciones de Derecho privado.

Su principal tarea consiste en participar en los actos jurídicos y prestar asistencia jurídica a las personas que lo soliciten. El notario escritura documentos públicos, custodia bienes ajenos, redacta documentos privados y representa a las partes, sobre todo en el ámbito de la jurisdicción voluntaria. Además, compete también al notario actuar como comisionado del tribunal en litigios de jurisdicción voluntaria. En particular, se ocupa de los litigios de sucesiones en calidad de comisionado judicial.

El notario debe velar por la seguridad del patrimonio del fallecido y por que este se transmita a sus herederos legítimos. Esta actividad requiere conocimientos especiales de Derecho de sucesiones y procedimientos de jurisdicción voluntaria, de ahí que siempre se solicite su intervención para otorgar testamentos y, en general, para asesorar y representar en asuntos sucesorios.

El notario desempeña un cargo público y sin embargo no es funcionario. Asume el riesgo económico de la notaría, pero no lleva un negocio. Está próximo a las profesiones liberales y, al mismo tiempo, ejerce funciones de órgano jurisdiccional en calidad de comisario judicial. El trabajo como notario es una ocupación plena y no puede combinarse con el trabajo como abogado.

El número de notarías y sus sedes se establece por decreto del Ministerio de Justicia. Actualmente hay en Austria unas 490 notarías.

Las bases jurídicas sustantivas para esta actividad son el Código del Notariado (RGBl. nº 75/1871), la Ley de Actos Notariales (RGBl. nº 76/1871), la Ley de Honorarios de los Notarios (BGBl. nº 576/1973), la Ley de Oposiciones para Notarios (BGBl. nº 522/1987), la Ley de Comisarios de los Tribunales (BGBl. nº 343/1970) y la Ley relativa al baremo de los honorarios de los notarios en su función de auxiliares de un tribunal (BGBl. nº 108/1971).

Formación

Una vez terminada la carrera de Derecho, la persona interesada por esta profesión debe buscar un notario que lo contrate como empleado y lo inscriba en la lista de candidatos a notario.

La inscripción en la lista del correspondiente colegio notarial solo se permite a los candidatos que puedan demostrar haber concluido un periodo de prácticas jurídicas de cinco meses en los tribunales o fiscalías y que no hayan cumplido 35 años la primera vez que se inscriban.

Para ser admitido al examen, el candidato debe asistir a las actividades de formación a las que obliga el colegio notarial.

El examen de notaría se divide en dos partes.

  • La primera puede realizarse como pronto tras 18 meses en calidad de candidato y, a más tardar, al final del quinto año de candidatura; en caso contrario, el nombre del candidato se suprime de la lista de candidatos a notario.
  • La segunda parte puede realizarse tras al menos otro año más de experiencia profesional como candidato a notario y, como muy tarde, una vez transcurrido el décimo año como candidato a notario; en caso contrario, el nombre del candidato se suprime de la lista de candidatos a notario.

Nombramiento

Las notarías vacantes o las de nueva creación deben publicarse antes de su provisión. El artículo 6 de la Ley notarial exige, entre otras cosas, a los candidatos a notario que:

  • estén en posesión de la nacionalidad de un Estado miembro de la UE o de un Estado perteneciente al EEE o de la nacionalidad suiza;
  • hayan finalizado con éxito la carrera de Derecho austriaco;
  • hayan aprobado el examen de notaría y
  • puedan demostrar una experiencia de siete años como profesionales del Derecho, de los que al menos tres hayan sido en calidad de candidatos a notario tras el examen de notaría.

Sin embargo, estos requisitos básicos no habilitan aún para ser nombrado notario. En el procedimiento de provisión de puestos, los colegios notariales locales competentes y las secciones de personal de los correspondientes tribunales de primera instancia y del tribunal regional superior asignan a los candidatos una calificación y orden numérico en los que adquiere gran importancia la duración de la experiencia profesional. Los colegios notariales y las dos secciones de personal presentan una triple propuesta al Ministerio Federal de Justicia. La propuesta no es vinculante, pero en la práctica se nombra a uno de los candidatos mencionados en ella.

El notario se puede mantener en su cargo hasta el 31 de enero del año siguiente a aquel en el que cumple 70 años de edad. No se permiten los traslados de oficio de un notario a otra notaría.

Supervisión de los notarios. Responsabilidad jurídica

Por su calidad de autorizantes de documento público y de comisarios judiciales, los notarios están sometidos a un control especial. Este control compete al ministro federal de justicia, a la administración de justicia y, de forma inmediata, a los colegios notariales.

Los notarios se someten a su propio Derecho disciplinario. Las faltas disciplinarias son sancionadas en primera instancia por el Tribunal Regional Superior y en segunda instancia por el Tribunal Supremo, actuando como tribunales disciplinarios cuyas salas encargadas de estos asuntos incluyen también notarios. La lista de sanciones del tribunal disciplinario llega hasta la separación del cargo. Las meras infracciones reglamentarias son sancionadas por la cámara de notarios.

Además de estar sometidos a la responsabilidad disciplinaria, los notarios responden también, como es lógico, civil y penalmente.

Cuando el notario actúa en calidad de comisario judicial se considera un funcionario a efectos penales y, en consecuencia, es responsable de los delitos que cometa en el ejercicio de sus funciones, en particular del abuso de su cargo. La responsabilidad a efectos civiles se regula por separado. Cuando actúa como comisario judicial está sometido a la misma normativa que se aplica a jueces y fiscales. Las partes no pueden demandar al notario directamente, sino que deben presentar sus reclamaciones al Estado. En caso de dolo o negligencia grave el Estado puede inhibirse. Fuera de su ámbito de actividad como comisario judicial, el notario tiene responsabilidad civil directa frente a las partes.

Colegios de notarios. Cámara de Notarios de Austria

Los notarios que tienen sus despachos en una región federal y las personas que figuran en la lista de candidatos a notario de esa región federal forman un colegio de notarios. Las regiones federales de Viena, la baja Austria y Burgenland tienen un colegio de notarios conjunto, al igual que las regiones federales de Tirol y Vorarlberg.

El Colegio es responsable de garantizar el honor y la dignidad de la profesión y de representar sus intereses.

Cada colegio de notarios debe elegir una cámara de notarios de entre sus miembros. La Cámara de Notarios se compone de un notario como presidente y de seis notarios (doce en Viena) y tres candidatos a notario (seis en Viena) como miembros.

La El enlace abre una nueva ventanaCámara de Notarios de Austria (www.notar.at) está formada por las cámaras de notarios de las regiones federales. La Cámara de Notarios de Austria tiene la función de representar a los notarios y defender sus derechos y preocupaciones en asuntos que afectan a los notarios austriacos en su conjunto o que van más allá de una cámara de notarios específica.

Enlaces:

El enlace abre una nueva ventanaProfesiones jurídicas - Austria


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Última actualización: 25/06/2013

Profesiones jurídicas - Polonia


Profesiones jurídicas

Fiscales (prokuratorzy)

Organización

La estructura descrita a continuación se refiere al Ministerio Fiscal y otros servicios relacionados con el mismo sobre la base de la Ley de 9 de octubre de 2009.

El Ministerio Fiscal de Polonia está constituido por:

  • el Fiscal General (Prokurator Generalny);
  • los fiscales de las unidades organizativas ordinarias y militares (prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i prokuratorzy wojskowi), dependientes del Fiscal General;
  • los fiscales del Instituto de la Memoria Nacional (prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej) y de la Comisión de Persecución de Crímenes contra la Nación Polaca (Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu).

El Fiscal General es la máxima autoridad del Ministerio Fiscal y es nombrado por el Presidente de Polonia a partir de una lista de candidatos propuestos por el Consejo Nacional de la Judicatura y el Consejo Nacional de la Fiscalía. El Fiscal General presenta informes anuales de sus actividades al Primer Ministro. Los fiscales de las unidades organizativas ordinarias y militares son nombrados por el Fiscal General a partir de una lista de candidatos sugeridos por el Consejo Nacional de la Fiscalía.

Los fiscales ordinarios se integran en fiscalías divididas en cuatro niveles:

  • La fiscalía general (Prokuratura Generalna)
  • La fiscales de los tribunales de apelación (prokuratura apelacyjna)
  • Las fiscalías provinciales (prokuratura okregowa)
  • Las fiscalías de distrito (prokuratura rejonowa).

Los fiscales militares se integran en fiscalías divididas en tres niveles:

  • La alta fiscalía militar (Naczelna Prokuratura Wojskowa)
  • Las fiscalías militares de distrito (Wojskowe Prokuratury Okręgowe)
  • Las fiscalías militares de guarnición (Wojskowe Prokuratury Garnizonowe)

Los fiscales del Instituto de la Memoria Nacional - Comisión de Persecución de Crímenes contra la Nación Polaca (Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu) se organizan en:

  • fiscales de la Comisión Principal de Persecución de Crímenes contra la Nación Polaca (Główna Komisja ds. Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu);
  • fiscales de los departamentos de la Comisión Principal de Persecución de Crímenes contra la Nación Polaca (Główna Komisja ds. Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu);
  • fiscales de la Oficina de Investigación (Biuro lustracyjne);
  • fiscales de los departamentos de la Oficina de Investigación (Biuro lustracyjne)

El sistema judicial polaco distingue entre los fiscales públicos, que son profesionales nombrados por el Fiscal General, y los fiscales privados, que intervienen como partes en procedimientos penales y que, de acuerdo con las normas de procedimiento, pueden asistir a los fiscales públicos en su trabajo.

Existen varios órganos autónomos en el marco del Ministerio Público. Entre ellos se incluyen el Consejo de la Fiscalía (Rada Prokuratorów) de la Fiscalía General, las asambleas y las juntas de recurso de ámbito regional. Todos ellos, sin embargo, son de ámbito estrictamente interno y organizativo y no mantienen sitios web ni prestan servicios electrónicos.

Para más información sobre la Fiscalía en Polonia acúdase al sitio web de la Fiscalía General.

Funciones y obligaciones del Ministerio Fiscal

Las principales funciones del Ministerio Fiscal es garantizar el cumplimiento de la Ley y supervisar los procesos penales.

Para el cumplimiento de sus misiones, corresponde a los fiscales :

  • iniciar, instruir y supervisar las diligencias penales prejudiciales;
  • ejercer las funciones de acusador público ante los órganos jurisdiccionales;
  • ejercitar las acciones penales y civiles, formular propuestas y participar en los procesos penales y procesos en materia de empleo y seguridad social en defensa de la legalidad, del interés púbico, de la propiedad y de los derechos de los ciudadanos;
  • adoptar las medidas que le atribuya la ley para garantizar una correcta y uniforme aplicación de la ley;
  • llevar a cabo investigaciones en materia de delitos, su prevención y control;
  • recoger, tratar y analizar los datos obtenidos en las investigaciones que hayan llevado a cabo o supervisado;
  • cooperar con el Gobierno en la prevención de la delincuencia y otro tipo de violación de la ley;
  • cooperar y participar en procedimientos coordinados por autoridades internacionales en materia de aplicación de la ley y prevención de la delincuencia.

Derechos y obligaciones de los fiscales:

El fiscal está obligado a actuar dentro de la legalidad, guiado por el principio de imparcialidad e igualdad de trato a los ciudadanos. A pesar de la organización jerárquica del Ministerio Fiscal, el fiscal es independiente en el ejercicio de sus funciones oficiales. Un fiscal no puede estar implicado en actividades políticas ni ejercer otro empleo adicional.

Los fiscales se ocupan principalmente de causas penales. Sin embargo, en ocasiones intervienen en procesos civiles, fundamentalmente en materia de declaración de paternidad, confiscaciones o incapacitación jurídica, y en asuntos administrativos referidos a inmuebles o al régimen de edificación. En cada fiscalía regional hay un fiscal que ha recibido formación en cooperación internacional en materia penal.

Órganos jurisdiccionales ordinarios

Organización

En Polonia los órganos jurisdiccionales ordinarios son los:

  • tribunales de distrito (sądy rejonowe),
  • tribunales regionales (sądy okręgowe),
  • tribunales de apelación (sądy apelacyjne).

Los órganos jurisdiccionales ordinarios imparten justicia (en asuntos que quedan al margen de la competencia de los tribunales administrativos, los tribunales militares o del Tribunal Supremo) y ejercen otros cometidos en materia de protección jurídica encomendados por Ley. El Tribunal Supremo supervisa la actividad judicial de los órganos jurisdiccionales conforme a Derecho.

Los tribunales de distrito tienen competencias sobre uno o más municipios (en casos justificados, más de un tribunal de distrito puede operar en un único municipio, por ejemplo en grandes ciudades).

Para el tribunal de distrito, la jurisdicción de apelación (y el tribunal de primera instancia en determinados asuntos) son los tribunales regionales. Estos tienen competencias sobre al menos dos tribunales de distrito (su distrito judicial).

Los tribunales de apelación son la jurisdicción de recurso para los tribunales regionales, si la causa se tramita ante estos últimos en primera instancia. Los tribunales de apelación tienen competencias sobre al menos dos tribunales regionales (su área de competencia).

Todos los órganos jurisdiccionales están presididos por un presidente. Se le designa por un periodo determinado (cuatro años en los tribunales de distrito y seis años en los tribunales regionales y tribunales de apelación).

Profesiones jurídicas en los tribunales

En Polonia, los órganos jurisdiccionales ordinarios imparten justicia (en asuntos que quedan al margen de la competencia de los tribunales administrativos, tribunales militares o del Tribunal Supremo) y ejercen otros cometidos en materia de protección jurídica que les son encomendados por Ley. Solo los jueces y magistrados tienen la potestad de administrar justicia. Los encargados de desarrollar las tareas relacionadas con la justicia distintas de su administración son los jueces asesores y los jueces asesores de mayor rango (aunque también pueden llevarlas a cabo los jueces y magistrados en caso de imposibilidad por parte de los jueces asesores).

Jueces y Magistrados

El ordenamiento jurídico polaco distingue entre jueces de carrera y jueces legos.

Los jueces son los encargados de impartir justicia y son nombrados por un periodo indefinido por el Presidente de la República a propuesta del Consejo Nacional de la Judicatura (Krajowa Rada Sądownictwa).

En el desarrollo de sus cometidos los jueces son independientes y solo están sujetos a la Constitución y las leyes.

La independencia de los órganos jurisdiccionales y de los jueces y magistrados está garantizada por el El enlace abre una nueva ventanaConsejo Nacional de la Judicatura, que es un órgano constitucional.

La inmunidad de los jueces y magistrados y su inamovilidad están consagradas en la Constitución, en garantía de su independencia.

Los jueces y magistrados están sujetos a la aplicación de medidas disciplinarias por incumplimiento de sus deberes profesionales. Los tribunales de apelación conocen en primera instancia los asuntos de índole disciplinaria que afecten a jueces y magistrados, mientras que en apelación es el Tribunal Supremo.

Jueces legos (ławnicy)

La función de los jueces legos en la administración de justicia se consagra en la Constitución polaca. Los jueces legos gozan de independencia y, como los jueces de carrera, solo están sujetos a la Constitución y las leyes. Les asisten los mismos derechos que a los jueces a la hora de resolver asuntos. A diferencia de estos últimos, sin embargo, los jueces legos no pueden presidir un tribunal, sesión o (en principio) desempeñar tareas al margen de los juicios.

En procedimientos tanto civiles como penales, los juicios suelen celebrarse en presencia de un solo juez, es decir, sin el concurso de jueces legos. No obstante, las normas por las que se rigen estos dos tipos de procedimientos establecen categorías de asuntos en cuya tramitación, en razón de su relevancia social, intervienen jueces legos.

Los jueces legos son designados por los consejos municipales que se encuentran en la jurisdicción de los tribunales de que se trate. Su mandato es de cuatro años.

Jueces asesores (referendarze sądowi)

Los jueces asesores desarrollan su actividad en los tribunales de distrito y regionales. Se ocupan de cuestiones relacionadas con la administración de justicia que la legislación confiere a los órganos jurisdiccionales. Los jueces asesores desempeñan sus funciones a partir de la fecha que consta en su acta de nombramiento. El presidente del tribunal de apelación designa a los jueces asesores y establece la relación de trabajo entre ellos.

En los procedimientos civiles, los jueces asesores ejercen las competencias del tribunal en el marco de las tareas que tiene asignadas, salvo disposición en contrario de la legislación. No obstante, en procedimientos penales, de faltas y delitos de índole tributaria, los jueces asesores están autorizados a formular recomendaciones y, cuando así lo disponga la ley, dictar resoluciones y órdenes.

Por tanto, se trata de funcionarios judiciales dotados de la capacidad para desarrollar tareas relacionadas con la administración de justicia y que, dentro de los límites de sus competencias, ejercen funciones de juez. En este contexto, son independientes por lo que respecta al contenido de las resoluciones y órdenes judiciales establecidas en la legislación. Esta independencia implica que sus actividades judiciales se encuentran separadas, tanto desde el punto de vista organizativo como funcional, de las de otros órganos, con el fin de garantizar que desempeñan de forma independiente los cometidos encomendados por Ley.

Ficha informativa sobre los jueces asesoresPDF(374 Kb)en

Jueces asistentes (asystenci sędziego)

Los jueces asistentes ejercen en el tribunal funciones destinadas a preparar las vistas y velar por el correcto funcionamiento interno del tribunal (administración de justicia y tareas afines). La selección de los candidatos se lleva a cabo mediante oposición.

Ficha informativa sobre los jueces asistentesPDF(374 Kb)en

Agentes judiciales (urzędnicy sądowi)

Los agentes judiciales desempeñan sus funciones en todos los órganos jurisdiccionales ordinarios y desarrollan tareas de apoyo administrativo distintas de las reservadas a otros grupos profesionales, como, por ejemplo, levantar acta en los juicios, gestionar la agenda de los jueces y magistrados y organizar la secretaría del juzgado. La Ley relativa al personal judicial y la Fiscalía establece sus derechos y obligaciones, así como sus condiciones de empleo. La selección de los candidatos se lleva a cabo mediante oposición.

Ficha informativa sobre la profesión de agente judicialPDF(379 Kb)en

Organización de las profesiones jurídicas

Abogados (adwokaci)

Los abogados prestan servicios jurídicos relacionados con la protección de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Prestan asistencia jurídica y elaboran dictámenes jurídicos. Garantizan asimismo la representación de las partes en causas penales, civiles, de familia y menores, laborales y de la seguridad social, así como en los procedimientos ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo.

Es importante señalar que no existe una especialización profesional oficial en Polonia, de modo que cada abogado puede elegir su propio ámbito de interés. Sin embargo, toda vez que el ordenamiento jurídico garantiza la representación jurídica de oficio de las partes económicamente desfavorecidas, todo abogado debe estar capacitado para prestar servicios jurídicos en asuntos de índole diversa.

Hay 24 colegios regionales de abogados (okręgowe rady adwokackie) y un Consejo General de Colegios de Abogados (Naczelna Rada Adwokacka) a nivel nacional. Estos órganos autónomos se ocupan de la representación y la protección de los derechos profesionales de los abogados, la mejora de las competencias profesionales, la formación profesional de los abogados en prácticas y el establecimiento y fomento de normas deontológicas, así como la garantía de su observancia.

Bases de datos jurídicas

Puede encontrarse más información en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaConsejo Supremo de la Abogacía.

Asesores jurídicos (radcowie prawni)

Los asesores jurídicos prestan servicios jurídicos a empresas, entidades y personas físicas. Ofrecen asistencia jurídica y elaboran dictámenes jurídicos. A diferencia de los abogados, pueden actuar por cuenta de terceros. Desde el 1 de julio de 2015, abogados y asesores jurídicos gozan de los mismos derechos procedimentales: estos últimos pueden asumir el papel de defensa en procedimientos penales, siempre que no trabajen por cuenta de terceros. Asimismo pueden actuar en procedimientos de faltas y asumir el papel de la defensa en procedimientos disciplinarios.

La profesión de asesor jurídico se articula en torno a 19 cámaras regionales (okręgowe izby radców prawnych) y la Cámara Nacional de Asesores Jurídicos (Krajowa Izba Radców Prawnych), de ámbito nacional. Estas asociaciones se encargan de representar y proteger los derechos de estos profesionales, desarrollar sus capacidades profesionales, ofrecer formación y establecer, promover y hacer aplicar normas de desempeño profesional.

Bases de datos jurídicas

Puede obtenerse más información en el sitio web de la El enlace abre una nueva ventanaCámara Nacional de Asesores Jurídicos.

Notarios (notariusze)

Organización

El ministro de Justicia designa a los notarios y les asigna su mandato previa solicitud de los interesados y tras consultar al consejo de la Cámara de Notarios. El ministro de Justicia también está facultado para proceder a su destitución.

El ministro de Justicia mantiene un registro de las notarías y establece las tarifas máximas en concepto de los distintos trámites notariales.

Los notarios forman una asociación profesional que consta de 11 cámaras notariales y la Cámara Nacional de Notarios.

Función y responsabilidades

La misión de los notarios es llevar a cabo negocios jurídicos que han de formalizarse en escritura pública (por ejemplo, transmisiones de la titularidad de la propiedad), o en casos en los que las partes así lo decidan.

La profesión notarial se basa en la confianza pública. En su calidad de personas que gozan de confianza pública, los notarios han de garantizar la seguridad de las transacciones de bienes inmuebles.

Los notarios desempeñan las funciones siguientes: levantamiento de actas notariales, certificados de herencia y otros certificados; formulación de declaraciones; redacción de actas, redacción de protestos de pagarés y cheques; custodia de efectivo, títulos-valores, documentos y datos en soporte informático; introducir datos en documentos y realizar copias y extractos de los mismos; otorgamiento de escrituras, redacción de declaraciones y otros documentos a instancia de parte y desarrollo de otras actividades al amparo de otras disposiciones.

Se considera que los negocios notariales llevados a cabo por un notario de conformidad con la legislación constituyen documentos oficiales.

Los notarios desarrollan su actividad profesional en los despachos notariales. Un notario solo puede administrar un despacho notarial, mientras que varios notarios pueden gestionar conjuntamente un único despacho notarial, constituido como sociedad civil o asociación de personas. En ese caso, sin embargo, cada notario desempeña sus propias funciones y es responsable de los negocios por él tramitados.

Bases de datos jurídicas

El sitio web de los El enlace abre una nueva ventanaNotarios de Polonia contiene información adicional (únicamente en polaco).

Otras profesiones jurídicas

El ordenamiento jurídico polaco distingue entre las siguientes profesiones jurídicas: oficiales de justicia.

Oficiales de justicia (komornicy sądowi)

En el ordenamiento jurídico polaco, los oficiales de justicia son agentes auxiliares del poder judicial. Tienen categoría de funcionarios públicos porque solo ello les confiere la legitimidad suficiente para desempeñar su actividad, que incide en gran medida en los derechos y libertades de los ciudadanos. Entre sus funciones se incluye, en primer lugar, la adopción de medidas coercitivas necesarias para la ejecución de las resoluciones judiciales y la tutela del derecho constitucional a un juicio justo.

Entre las competencias de los oficiales de justicia se encuentra el desarrollo de procedimientos de ejecución en asuntos civiles.

Los designa el ministro de Justicia a partir de una lista restringida de candidatos que han de cumplir los requisitos establecidos en la Ley relativa a los oficiales de justicia y la ejecución. Entre estos requisitos se incluye estar en posesión de una formación jurídica de grado superior, haber efectuado un periodo de prácticas, aprobado un examen y completado un periodo de prueba de al menos dos años en un puesto de oficial de justicia asesor.

La supervisión de los oficiales de justicia es responsabilidad del ministro de Justicia y de los magistrados presidentes de los tribunales en los que ejerzan sus funciones los oficiales de justicia, así como de las asociaciones de oficiales de justicia: el Consejo Nacional de Oficiales de Justicia (Krajową Radą Komorniczą) y los consejos de cámaras de oficiales de justicia.

Consúltese el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia y del El enlace abre una nueva ventanaColegio de Oficiales de Justicia.

Organizaciones que prestan servicios jurídicos gratuitos

Son muchas las organizaciones que prestan tales servicios en Polonia, como las siguientes:

  • la «Línea Azul» del Ministerio de Trabajo y Políticas Públicas, para combatir la violencia doméstica. Puede encontrarse más información al respecto en el sitio web de la El enlace abre una nueva ventanaLínea Azul. Asimismo, puede llamarse al número siguiente: +48 22 668 70 00;
  • las «Kliniki Prawa» ofrecen asistencia jurídica gratuita. Corren a cargo de estudiantes de las Facultades de Derecho de todas las universidades más importantes de Polonia.

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Última actualización: 13/10/2016

Profesiones jurídicas - Portugal

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Profesiones jurídicas

Magistrados de los tribunales ordinarios y de los tribunales especiales administrativos y tributarios

Tal y como establece la Constitución Portuguesa, los jueces están adscritos a un órgano de soberano, los Tribunales.

Sometidos únicamente a la ley, administran justicia en nombre del pueblo.

Los jueces de los tribunales ordinarios se rigen por la Constitución y el Estatuto de la Magistratura (Estatuto dos Magistrados Judiciais). De acuerdo con la jerarquía de los respectivos tribunales, se distinguen tres tipos de jueces:

  • jueces del Tribunal Supremo de Justicia (Supremo Tribunal de Justiça), con categoría de consejeros (Conselheiros);
  • jueces de los tribunales de segunda instancia (Tribunais das Relaçoes), denominados jueces de segunda instancia (Desembargadores);
  • jueces de los tribunales de primera instancia, denominados jueces de Derecho (Juízes de direito).

Los jueces de la jurisdicción administrativa y tributaria se rigen por lo dispuesto en la Constitución, el Estatuto de los Tribunales Administrativos y Tributarios (Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais) y, con carácter subsidiario, en el Estatuto de la Magistratura (Estatuto dos Magistrados Judiciais). De acuerdo con la jerarquía de los respectivos tribunales, se distinguen tres tipos de jueces de los tribunales administrativos y tributarios:

  • jueces del Tribunal Supremo Administrativo (Supremo Tribunal Administrativo), con categoría de consejeros (Conselheiros);
  • jueces de los tribunales administrativos centrales, con categoría de jueces de segunda instancia (Desembargadores);
  • jueces de los tribunales administrativos comarcales y de partido y de los tribunales tributarios, con categoría de jueces de primera instancia (Juízes de Direito).

Se accede a la profesión de juez a través de un proceso de tres fases que consiste en un concurso-oposición, un curso de formación teórico-práctica realizado en el Centro de Estudios Judiciales (Centro de Estudos Judiciários) y un periodo de prácticas. Aquellas personas que superen con éxito las tres fases serán nombradas jueces de Derecho (Juízes de Direito).

Los jueces seguirán formándose durante toda su trayectoria profesional.

El Consejo Superior de la Magistratura (Conselho Superior da Magistratura) lleva a cabo inspecciones periódicas en los tribunales de primera instancia, y el Consejo Superior de los Tribunales Administrativos y Tributarios (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) realiza dichas inspecciones entre los jueces de estos tribunales. Tras cada inspección, los jueces son clasificados en función de sus méritos, utilizando las siguientes categorías: muy bueno, bueno con distinción, bueno, suficiente y mediocre. La clasificación de «mediocre» implica la suspensión de las funciones de magistrado y la apertura de un proceso de investigación para evaluar su aptitud para el ejercicio de la magistratura.

Los nombramientos, destinos, traslados y ascensos y el ejercicio de la acción disciplinaria en relación con los jueces de los tribunales judiciales y de los tribunales administrativos y tributarios competen al Consejo Superior de la Magistratura y al Consejo Superior de los Tribunales Administrativos y Tributarios.

A fin de garantizar la independencia y la imparcialidad de los jueces, la Constitución establece que los jueces en ejercicio no pueden desempeñar ninguna otra función pública o privada, salvo las funciones docentes o de investigación científica de naturaleza jurídica no remuneradas. Solo se podrá trasladar, suspender, retirar o apartar de sus funciones a los jueces en los casos previstos en la ley; no podrán ser responsabilizados de sus decisiones salvo en las excepciones establecidas en la ley.

Fiscales (Ministério Público)

A los fiscales les compete representar al Estado, ejercer la acción penal y defender el Estado de derecho democrático y los intereses que la ley determine. Gozan de estatuto propio y de autonomía, con arreglo a lo establecido en la ley.

Se accede a la profesión de fiscal a través de un concurso-oposición que consiste en pruebas de conocimientos, una evaluación del currículo y un examen psicológico de selección realizados en el Centro de Estudios Judiciales (Centro de Estudos Judiciários).

Los candidatos admitidos son nombrados aprendices en prácticas (auditores de justiça). Una vez aprobado el curso de formación teórico-práctica realizado en el Centro de Estudios Judiciales son nombrados fiscales adjuntos en periodo de prácticas.

La carrera profesional de un fiscal tiene cinco niveles, con arreglo al siguiente orden jerárquico:

  • Fiscal General de la República (Procurador-Geral da República);
  • Vicefiscal General de la República (Vice-Procurador-Geral da República);
  • Fiscal General Adjunto (Procurador-General Adjunto);
  • Fiscal de la República (Procurador da República);
  • Fiscal Adjunto de la República (Procurador da República Adjunto).

La Fiscalía General de la República (Procuraduría-Geral da República) es el órgano superior del Ministerio Público, está presidida por el Fiscal General y comprende además el Consejo Superior del Ministerio Público (Conselho Superior do Ministério Público), el Consejo Consultivo (Conselho Consultivo), auditores jurídicos y servicios de apoyo.

Los nombramientos, destinos, traslados, ascensos y el ejercicio de la acción disciplinar en relación con los magistrados del Ministerio Público competen al Consejo Superior del Ministerio Público.

Abogados (Advogados)

El abogado es un profesional del Derecho que, una vez inscrito en el Colegio de Abogados, ejerce la representación legal y ofrece asesoramiento jurídico consistente en la interpretación y aplicación de las normas de Derecho, a petición de terceros.

En Portugal, para practicar actos propios de la abogacía es obligatorio inscribirse en el Colegio de Abogados (Ordem dos Advogados).

Para acceder a la profesión, la persona interesada debe:

  • haber obtenido la licenciatura de Derecho en Portugal o un título universitario en Derecho fuera de Portugal, siempre que dicha cualificación se considere equivalente a la licenciatura o haya sido reconocida como del mismo nivel;
  • realizar un periodo de prácticas de una duración total de 18 meses, dividido en dos fases de formación: la inicial, de seis meses, y la complementaria, de doce meses;
  • aprobar el examen escrito y oral del Colegio de Abogados.

Los ciudadanos extranjeros licenciados por cualquier facultad de Derecho de Portugal pueden inscribirse en el Colegio de Abogados en las mismas condiciones que los nacionales de Portugal, siempre que su país de origen conceda iguales derechos a estos últimos.

El establecimiento permanente en Portugal de abogados de la Unión Europea con la intención de ejercer su actividad con el título profesional de origen depende de su inscripción previa en el Colegio de Abogados. Sin embargo, solo pueden ejercer la representación y el mandato judiciales ante los tribunales bajo la tutela de un abogado inscrito en el Colegio de Abogados. Para poder ejercer su actividad con los mismos derechos y obligaciones que los abogados portugueses, han de inscribirse en el Colegio de Abogados y someterse a una prueba de conocimientos oral y escrita en portugués.

El Colegio de Abogados es la asociación pública que representa a los profesionales que ejercen la abogacía de conformidad con el estatuto del Colegio. Garantiza el acceso al Derecho, regula el ejercicio de la profesión y ejerce la jurisdicción disciplinaria contra los abogados y los abogados en prácticas (en exclusiva), vela por la función social, la dignidad y el prestigio de la profesión de abogado y promueve el acceso al conocimiento y aplicación del Derecho.

Asesores jurídicos (Consultores jurídicos)

El sistema jurídico portugués no distingue la figura del abogado de la del asesor jurídico.

Procuradores (Solicitadores)

Los procuradores son profesionales liberales que prestan asesoramiento jurídico y ejercen la representación legal ante los tribunales dentro de los límites establecidos en su estatuto y en la legislación procesal, pudiendo representar a las partes cuando no sea obligatoria la representación legal por medio de un abogado (advogado).

Los procuradores pueden también ejercer la representación legal de los ciudadanos y las empresas fuera de los tribunales ordinarios, por ejemplo, ante la administración tributaria, las notarías, las oficinas del registro y las administraciones públicas.

Para acceder a la profesión, la persona interesada debe:

  • poseer una licenciatura en Derecho de reconocimiento oficial y no estar inscrita en el Colegio de Abogados, o poseer una licenciatura en Procuraduría por una universidad reconocida oficialmente en Portugal o, en el caso de los nacionales de otro Estado miembro de la UE, ser titular de las habilitaciones académicas y profesionales requeridas legalmente para el ejercicio de la profesión en el respectivo Estado de origen;
  • realizar un período de prácticas de entre 12 y 18 meses;
  • realizar con aprovechamiento el periodo de prácticas, bajo la tutela de un abogado con experiencia (patrono) o en un centro de prácticas, y aprobar un examen de ámbito nacional conforme a las normas pertinentes.

Los profesionales de otro Estado miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo pueden inscribirse en el Colegio de Procuradores (Colégio dos Solicitadores) de conformidad con la Ley n.º 9/2009 de 4 de marzo de 2009, modificada por la Ley n.º 41/2012 de 28 de agosto de 2012 y la Ley n.º 25/2014 de 2 de mayo de 2014.

El Colegio de Procuradores y de Agentes de ejecución (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE) es la asociación pública que representa a estos profesionales del Derecho. Le corresponde, entre otras cosas, ejercer la jurisdicción disciplinaria sobre sus miembros y emitir dictámenes sobre la legislación relativa a sus competencias.

Se puede consultar más información en el siguiente sitio web: El enlace abre una nueva ventanahttp://www.osae.pt/.

Agentes de ejecución (Agentes de execução)

Los agentes de ejecución son profesionales dotados de autoridad pública a escala nacional en el ejercicio de las actividades de ejecución de actos en el ámbito civil. Son profesionales independientes e imparciales y no representan a las partes, pero a ellos compete realizar todos los trámites necesarios para la ejecución, incluido el embargo, la notificación y el traslado de documentos, los avisos y la venta de bienes embargados. En algunos casos sus funciones pueden ser realizadas por un oficial de Justicia.

Los agentes de ejecución son designados por la parte que procura la ejecución o por el tribunal.

Deberán poseer una licenciatura en Procuraduría o Derecho y:

  • tener la nacionalidad portuguesa;
  • no estar limitados por ninguna de las restricciones previstas en los estatutos del Colegio de Procuradores o del Colegio de Abogados;
  • no haber sido incluidos en la lista pública oficial de deudores durante los últimos diez años;
  • haber concluido, con aprovechamiento, el periodo de prácticas de agente de ejecución;
  • realizar el examen de auxiliares de justicia tras haber trabajado durante más de tres años como agente de ejecución y obtener una valoración positiva de la Comisión de Auxiliares de Justicia (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, CAAJ);
  • inscribirse en la asociación profesional pertinente en un plazo de tres años desde la conclusión, con aprovechamiento, del periodo de prácticas;
  • disponer de las instalaciones y los medios informáticos mínimos definidos por un reglamento aprobado por la asamblea general.

El Colegio de Procuradores y de Agentes de ejecución y el Colegio de Especialidad de los Agentes de Ejecución (Colégio de Especialidade dos Agentes de Execução) son los órganos responsables de regular la profesión.

La CAAJ, que es independiente del Colegio de Procuradores y de Agentes de ejecución, es el órgano responsable de supervisar y ejercer la acción disciplinaria sobre los agentes de ejecución.

Se puede consultar más información en los siguientes sitios web: El enlace abre una nueva ventanahttp://www.osae.pt/ y El enlace abre una nueva ventanahttp://www.caaj-mj.pt/.

Notarios (Notários)

Los notarios son profesionales especialistas autorizados para realizar tareas en determinados contextos legales. Desempeñan un importante papel en el comercio, tanto a escala nacional como internacional.

Los notarios tienen competencias para:

  • celebrar contratos privados y asesorar a las partes otorgándoles un trato justo a ambas; redactar documentos oficiales, responsabilizándose de su legalidad y de cualquier asesoramiento prestado; informar a las partes de las implicaciones y consecuencias de los compromisos que pretendan contraer (los notarios están obligados a hacerlo);
  • llevar a cabo las transacciones jurídicas acordadas en su presencia; el acto puede registrarse directamente en el registro oficial o, si una de las partes incumple sus obligaciones, puede ejecutarse sin la intervención de un juez;
  • actuar como mediadores, con imparcialidad y en pleno cumplimiento de la ley, para permitir a las partes alcanzar un acuerdo mutuamente aceptable;
  • redactar documentos para los procesos de inventario y los términos de estos, salvo para los asuntos que no puedan decidirse en procesos de inventario debido a la naturaleza o a la complejidad jurídica o fáctica del tema; dichos asuntos deberán ser decididos por el juez del tribunal de distrito (tribunal de comarca) que corresponda a la notaría donde se inició el proceso (Ley n.º 23/2013 de 5 de marzo de 2013 por la que se aprueba el régimen jurídico del proceso de inventario, por la que se atribuye esta facultad a los notarios, creando así un sistema de poderes compartidos).

La reforma de la profesión del notariado y la consecuente privatización del sector implica que los notarios desempeñan una doble función: son agentes públicos y también profesionales liberales, pero ya no son funcionarios.

Como agentes públicos, los notarios dependen del Ministerio de Justicia, que tiene poderes reguladores, así como la facultad de adoptar medidas disciplinarias contra los notarios. Dado el nuevo carácter liberal de la profesión, desde 2006 el Colegio de Notarios ha regulado las actividades de los notarios, junto con el Ministerio de Justicia, para garantizar que los notarios se atienen al código deontológico que deben observar y para velar por el interés público en la medida en que les corresponde; esto no afecta a los poderes de intervención del Ministerio, los cuales, dada la naturaleza de la profesión, le está conferido por ley.

Registradores (Conservadores)

Los registradores son servidores públicos responsables del registro y de la publicidad de los hechos y actos jurídicos relacionados con la propiedad mueble e inmueble que deban ser registrados, la actividad empresarial y los acontecimientos de las vidas de las personas. Su función consiste esencialmente en realizar comprobaciones legales en relación con los documentos mencionados y otros relacionados y garantizar que los derechos contenidos en los documentos que dan fe de los hechos que se han de registrar están correctamente definidos y cumplen el orden de inscripción legalmente estipulado; también son responsables de publicar esta información y tienen la capacidad de decidir si inscribir o no el hecho o acto jurídico en el registro.

Dependiendo del ámbito en el que ejercen sus funciones, pueden ser:

  • Registradores del Registro Civil (conservadores do registo civil), entre cuyas funciones se encuentran la definición y la publicidad de los hechos y actos jurídicos relativos a las vidas de las personas. Sus competencias incluyen la inscripción de actos como el nacimiento, el matrimonio, la defunción, la adopción y la declaración de maternidad o paternidad; la organización de procedimientos como los relativos al divorcio y la separación de mutuo acuerdo; y la expedición de certificados y copias relativos a los hechos registrados.
  • Secretarios del Registro de la Propiedad Inmobiliaria (conservadores do registo predial), que publican el estado legal de los bienes inmuebles a fin de garantizar la seguridad jurídica de las transacciones relativas a la propiedad.
  • Secretarios del Registro de la Propiedad Mobiliaria (conservadores do registo de veículos), encargados de la publicidad de los derechos relativos a los bienes muebles sujetos a registro (automóviles, navíos y aeronaves), así como del estado legal de los automóviles y los remolques a fin de garantizar la seguridad jurídica de las transacciones a ellos referidas.
  • Registradores del Registro Mercantil (conservadores do registo commercial), que publican la situación jurídica de los empresarios individuales, las sociedades mercantiles, las sociedades civiles con objeto mercantil, los establecimientos individuales con responsabilidad limitada y otras entidades que deban ser inscritas en el registro mercantil a fin de garantizar la seguridad jurídica de las transacciones.

Para acceder a la profesión se requiere una licenciatura en Derecho de una universidad portuguesa u otra cualificación académica equivalente. Los candidatos deberán aprobar además los exámenes de aptitud y realizar un curso de extensión universitaria de seis meses de duración especializado en los temas jurídicos y relacionados con el registro que son necesarios para ejercer la profesión de registradores. A continuación deberán realizar un período de prácticas de un año de duración, seguido de un concurso público. Los candidatos se evalúan en cada una de las etapas de este proceso y pueden ser eliminados si no superan alguna de dichas etapas. La última fase consiste en un concurso público organizado por el Instituto de los Registros y del Notariado (Instituto dos Registos e do Notariado).

El Instituto de los Registros y del Notariado es responsable de la dirección, coordinación, apoyo, evaluación y fiscalización de la actividad de los registradores.

Oficiales de Justicia (Oficiais de Justiça)

Los oficiales de Justicia constituyen una categoría de personal de la administración de justicia (funcionário de justiça) que, entre otras funciones, prestan apoyo en los tribunales o en los servicios del Ministerio Público. No obstante, el concepto de oficial de Justicia también incluye a los técnicos informáticos, así como al personal administrativo, técnico y auxiliar y a los operarios de mantenimiento.

El acceso a la carrera de oficial de Justicia empieza por las funciones básicas de auxiliar administrativo (escribano auxiliar) en el servicio judicial y de técnico auxiliar de Justicia (técnico de justiça auxiliar) en los servicios del Ministerio Público. Pueden acceder a ella las personas habilitadas mediante la realización de un curso de capacitación profesional y que hayan superado el proceso de admisión.

Los oficiales de Justicia se rigen por un estatuto específico (Estatuto dos Funcionários de Justiça), tal y como se establece en el Decreto-ley n.º 343/1999 de 26 de agosto 1999. Desempeñan un importante papel en materia de cooperación judicial internacional, principalmente en relación con la aplicación de las directivas y los reglamentos europeos.

La Dirección General de la Administración de Justicia (Direção-Geral de Administração da Justiça) es el organismo del Ministerio de Justicia al que compete contratar, gestionar y supervisar a los oficiales de Justicia.

El Consejo de los Oficiales de Justicia (Conselho dos Oficiais de Justiça) es el órgano que evalúa el mérito profesional de los oficiales de Justicia y ejerce la potestad disciplinaria sobre ellos.

Mediadores (Mediadores)

De conformidad con el artículo 2, letra b), de la Ley 29/2013 de 19 de abril de 2013, un mediador es «(...) un tercero, imparcial e independiente, desprovisto de poderes de imposición a las partes que reciben la mediación, a las que ayuda a alcanzar un acuerdo final sobre el objeto de litigio». Dicha Ley define además la categoría de los mediadores que trabajan en Portugal y fija disposiciones para su inclusión en las listas de cada uno de los sistemas de mediación; esto se hace a través de un proceso de selección establecido en virtud de la Orden Ministerial (Portaria) n.º 282/2010 de 25 de mayo de 2010.

La labor de los mediadores reviste una gran importancia ya que ayudan a las partes a alcanzar un acuerdo, lo que, a su vez, ayuda a mantener y, en algunos casos, a restaurar la paz social. En Portugal, hay mediadores especializados en asuntos familiares, laborales y penales. No hay ninguna ONG que trabaje en el ámbito de la mediación, pero hay asociaciones privadas que ofrecen servicios de mediación y formación para mediadores.

No existe ningún código deontológico para los mediadores a escala nacional, pero la Ley sobre mediación mencionada anteriormente incluye un capítulo sobre los derechos y los deberes de los mediadores, que deben actuar además de conformidad con los principios establecidos en el Código de conducta europeo para mediadores, que se incluyen en su formación.

La conducta de los mediadores es supervisada por el sistema público de mediación, que se divide en tres partes: civil, laboral y penal. Cada parte del sistema público de mediación está gestionada por una autoridad pública identificada en los estatutos de la autoridad.

En Portugal, los mediadores no reciben formación de un organismo público; en su lugar, son formados por entidades privadas certificadas por la Dirección General de Política de Justicia (Direção Geral da Política de Justiça, DGPJ) de conformidad con la Orden Ministerial n.º 345/2013 de 27 de noviembre de 2013, centrada particularmente en el cumplimiento de los requisitos de calidad.

La DGPJ, a través de su Oficina de resolución alternativa de litigios (Gabinete de Resolução Alternativa de Litígios, GRAL), gestiona los sistemas públicos de mediación. A pesar de que no facilita información sobre cómo encontrar un mediador, dispone de listas de mediadores, los cuales pueden inscribirse en dichas listas participando en el proceso de selección establecido en las normas aprobadas en virtud de la Orden Ministerial n.º 282/2010 de 25 de mayo de 2010.

Se puede consultar más información en el siguiente sitio web: El enlace abre una nueva ventanahttp://www.dgpj.mj.pt/.

Administradores Judiciales (Administradores Judiciais)

Los administradores judiciales son responsables de supervisar y coordinar los actos relacionados con el proceso especial de recuperación (processo especial de revitalização); también gestionan o liquidan la masa de la insolvencia en los procedimientos de insolvencia, y desempeñan todas las demás funciones que les han sido conferidas con arreglo al estatuto o la ley. La designación de un fiduciario, administrador de insolvencia o administrador judicial temporal dependerá de las tareas que realice durante los procedimientos.

La función del administrador judicial está establecida en la Ley n.º 22/2013 de 26 de febrero de 2013.

Un administrador judicial deberá:

  • a) poseer un título universitario pertinente y la experiencia profesional adecuada;
  • b) completar un periodo de prácticas de formación de seis meses para administradores judiciales;
  • c) aprobar el examen de admisión diseñado específicamente para evaluar los conocimientos adquiridos durante el periodo de prácticas;
  • d) no hallarse en una situación incompatible con el ejercicio de la actividad;
  • e) ser una persona idónea para el ejercicio de la profesión.

La Comisión de Auxiliares de Justicia (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça, CAAJ) es responsable del proceso de admisión de los administradores judiciales y supervisa su trabajo.

Agente Oficial de la Propiedad Industrial (Agente Oficial da Propriedade Industrial)

El Agente oficial de la propiedad industrial es un profesional especializado en propiedad industrial, a quien pueden recurrir las empresas y los particulares para que les ayude a defender mejor sus derechos e intereses.

Son agentes oficiales de la propiedad industrial las personas a quienes el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) haya reconocido la capacidad para efectuar, bajo su tutela, actos relacionados con la propiedad industrial en nombre y en interés de sus clientes, con dispensa de la presentación de procuración.

El ejercicio de la profesión de agente oficial de la propiedad industrial del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial está regulado legalmente por el Decreto-ley n.º 15/95 de 24 de enero.

Organizaciones que prestan servicios jurídicos gratuitos (pro bono)

El Ministerio de Justicia, en cooperación con el Colegio de Abogados y las autoridades locales, velan por la existencia en todo el territorio portugués de bufetes o asesorías jurídicas (Gabinetes de Consulta Jurídica) en las que los ciudadanos pueden recibir asesoramiento jurídico gratuito de juristas profesionales. La lista de estos bufetes, con los datos de contacto correspondientes, puede obtenerse en línea en el sitio web de la Dirección General de Política de Justicia (El enlace abre una nueva ventanahttp://www.dgpj.mj.pt).


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Última actualización: 24/10/2016

Profesiones jurídicas - Rumania

Nota: la versión original de esta página rumano se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.

Esta sección ofrece una visión de conjunto de las profesiones jurídicas en Rumanía.


Profesiones jurídicas

Profesiones jurídicas - Introducción

En Rumanía existen las profesiones jurídicas siguientes:

Fiscales

Organización

El Ministerio Público rumano consta de:

  • las fiscalías de los tribunales de apelación, tribunales ordinarios, tribunales de menores y de familia y tribunales de distrito.
  • las fiscalías de los tribunales militares.
  1. En el nivel jerárquico superior se encuentra la Fiscalía del Tribunal Supremo, incluidas las estructuras especializadas (la Dirección Nacional de Lucha contra la Corrupción y la Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y el Terrorismo).
  2. Primer nivel: fiscalías de los juzgados de primera instancia (176).
  3. Segundo nivel: fiscalías de los tribunales de distrito (42) y fiscalías del Tribunal de Menores y de Familia (1).
  4. Tercer nivel: fiscalías de los tribunales de apelación (15).

El El enlace abre una nueva ventanaConsejo Superior de la Magistratura es el órgano central del sistema judicial responsable de la regulación de la profesión de fiscal. La formación profesional inicial y continuada de los jueces y fiscales corresponde al El enlace abre una nueva ventanaInstituto Nacional de la Magistratura, un organismo público con personalidad jurídica coordinado por el Consejo Superior de la Magistratura. El Ministerio Público ejerce sus competencias a través de los fiscales adscritos a las fiscalías. Estas, a su vez, están adscritas a todos los órganos jurisdiccionales, excepto los tribunales especializados en las infracciones en el ejercicio profesional.

Procesos penales incoados por las fiscalías adscritas a los tribunales de apelación, los tribunales ordinarios o los tribunales de menores y de familia

Su orden jerárquico es el siguiente:

  1. En el nivel jerárquico superior se encuentra la Fiscalía del Tribunal Supremo (Fiscalía General), encabezada por el Fiscal General de Rumanía. Este órgano coordina la actividad de las fiscalías de los 15 tribunales de apelación.
  2. Las fiscalías de los tribunales de apelación coordinan las actividades de las fiscalías de los 43 tribunales de distrito (incluido el Tribunal Especializado de Menores y de Familia), a cuyo frente se encuentra un fiscal general.
  3. Las fiscalías de los tribunales ordinarios coordinan las actividades de las de los 176 juzgados de primera instancia, a cuyo frente se encuentra un fiscal principal.
  4. Las fiscalías de los 176 juzgados de primera instancia representan el nivel jerárquico inferior y están encabezadas por los fiscales principales.

La Fiscalía del Tribunal Supremo de Casación y Justicia está dividida en dos estructuras especializadas:

  • La Dirección Nacional de Lucha contra la Corrupción (DNA), encargada de la investigación y persecución penal de los delitos de corrupción, encabezada por un fiscal jefe.
  • La Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y el Terrorismo (DIICOT) se encarga de la investigación y persecución penal de la delincuencia organizada y del terrorismo y está encabezada por un fiscal jefe, que opera en coordinación con el Fiscal General del Estado.

Procesos penales incoados por las fiscalías adscritas a los tribunales militares

Los procesos penales por delitos cometidos por militares son incoados por las fiscalías militares, que tienen el estatuto jurídico de unidades militares y están adscritas a los tribunales militares, al Tribunal Militar Territorial de Bucarest y al Tribunal Militar de Apelación de Bucarest.

Jerarquía funcional de los fiscales

Los fiscales actúan con arreglo a los principios de legalidad, imparcialidad y control jerárquico.

Los fiscales ejercen sus funciones conforme a la ley, respetan y protegen la dignidad humana y defienden los derechos de las personas.

Los fiscales dependen del jefe de cada fiscalía, quien, a su vez, rinde cuentas al jefe de la fiscalía de nivel jerárquico superior.

El control del Fiscal General de la Fiscalía del Tribunal Supremo, del fiscal jefe de la Dirección Nacional de Lucha contra la Corrupción y del fiscal general de cada tribunal de apelación sobre los fiscales subordinados puede ejercerse directamente o a través de fiscales designados al efecto.

Funciones y obligaciones

Hay dos categorías de fiscales:

  1. Fiscales civiles, encargados de la investigación y persecución de los delitos cometidos por civiles.
  2. Fiscales militares, encargados de la investigación y persecución de los delitos cometidos en general por el personal militar.

A escala nacional, operan las categorías de fiscales siguientes:

  • El Fiscal General del Estado (jefe de la Fiscalía del Tribunal Supremo).
  • El Fiscal Jefe (jefe del DNA y del DIICOT).
  • Fiscales generales (jefes de las fiscalías de los tribunales de apelación).
  • Fiscales principales (jefes de las fiscalías de los tribunales de distrito y los juzgados de primera instancia).
  • Fiscales jefes de sección (jefes de las secciones internas de las fiscalías).
  • Fiscales jefes de servicio (jefes de los servicios internos de las fiscalías).
  • Fiscales jefes de oficina (jefes de las oficinas internas de las fiscalías).
  • Fiscales

Cuando se considera necesario, de oficio o a instancia del Consejo Superior de la Magistratura, el Ministro de Justicia puede ejercer un control sobre los fiscales a través de fiscales designados al efecto por el Fiscal General del Estado, el fiscal jefe de la Dirección Nacional de Lucha contra la Corrupción o el propio Ministro, a fin de controlar lo siguiente:

  • la eficiencia de gestión de los fiscales;
  • el rendimiento y el cumplimiento de las tareas de los fiscales y
  • la calidad de sus relaciones de trabajo con los ciudadanos y otras personas interesadas en las actividades de las fiscalías.

Este control no se extiende a las diversas medidas que pueden adoptar los fiscales en el curso de la persecución penal ni a las resoluciones resultantes.

El Ministro de Justicia puede solicitar al Fiscal General del Estado o, en su caso, al Fiscal General de la Dirección Nacional de Lucha contra la Corrupción informes sobre las actividades de las fiscalías y dictar instrucciones sobre las medidas necesarias pare prevenir y combatir eficazmente la delincuencia.

La Fiscalía del Tribunal Supremo transmite un informe anual sobre sus actividades al Consejo Superior de la Magistratura y al Ministro de Justicia, quien presenta sus conclusiones sobre el informe al Parlamento.

Jueces y magistrados

Organización

El órgano central del sistema judicial responsable de la regulación de la profesión de juez es el El enlace abre una nueva ventanaConsejo Superior de la Magistratura (CSM). La formación profesional inicial y continuada de los jueces y fiscales corresponde al El enlace abre una nueva ventanaInstituto Nacional de la Magistratura, un organismo público con personalidad jurídica coordinado por el Consejo Superior de la Magistratura.

Funciones y obligaciones

Los jueces y magistrados están especializados en la resolución de los tipos de asuntos siguientes:

  • Derecho civil y ejecución civil.
  • Derecho penal y ejecución penal.
  • Derecho mercantil (jueces síndicos).
  • Derecho de familia y menores.
  • Derecho contencioso-administrativo y fiscal.
  • Derecho laboral y seguridad social.
  • Derecho constitucional.
  • Derecho militar.

Organización de las profesiones jurídicas: abogados

Abogados

El órgano central de la abogacía es la El enlace abre una nueva ventanaUnión Nacional de Colegios de Abogados de Rumanía (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, UNBR), persona jurídica de interés público compuesta por todos los colegios de abogados del país y encargada de velar por la habilitación para el ejercicio del derecho de defensa, la competencia y disciplina profesionales y la protección de la dignidad y el honor de los abogados miembros. Todos los colegios de abogados del país están integrados en la UNBR.

Bases de datos jurídicas

Puede obtenerse información sobre los abogados rumanos en el sitio web de la El enlace abre una nueva ventanaUnión Nacional de Colegios de Abogados.

¿Es gratuito el acceso a esta base de datos?

Sí, el acceso a la base de datos es gratuito.

Asesores jurídicos

Conforme a la ley, los asesores jurídicos pueden asociarse en estructuras provinciales, por sectores o ámbitos de actividad, según sus intereses profesionales y, en su caso, a escala nacional, con arreglo a la ley de asociaciones y fundaciones. Entre las asociaciones profesionales constituidas en virtud de la ley de asociaciones y fundaciones cabe mencionar la Orden de Asesores Jurídicos de Rumanía (UCCJR). Está integrada por todas las asociaciones de asesores jurídicos de todas las provincias. Los asesores jurídicos también pueden formar parte de otras asociaciones profesionales. Puede accederse a las listas de asesores jurídicos por provincia en los sitios web individuales de las asociaciones que integran la UCCJR. Los enlaces están disponibles en el sitio web de la UCCJR.

Notarios públicos

Organización

Conforme a la ley, el Ministerio de Justicia delega el ejercicio de la actividad notarial en la El enlace abre una nueva ventanaUnión Nacional de Notarios Públicos (Uniunea Nationala a Notarilor Publici, UNNP),El enlace abre una nueva ventana órgano profesional de los notarios encargado de la organización del notariado, la salvaguarda de los intereses profesionales de sus miembros y la defensa del prestigio de la profesión. Todos los notarios públicos pertenecen a la Unión. Los notarios están organizados en 15 colegios, cada uno de los cuales está adscrito al tribunal de apelación correspondiente.

Funciones y obligaciones

En Rumanía, los notarios prestan los servicios jurídicos siguientes:

  • Redacción de los actos de sucesión legal (herencias) y testamentaria (testamentos).
  • Celebración de contratos (compraventa, transmisión, alimentos, donaciones, hipoteca, prenda, arrendamiento y alquiler) y otros actos (garantías exigidas por diversas instituciones a sus administradores).
  • Redacción de los actos de constitución de sociedades mercantiles y civiles y fundaciones.
  • Legalización de documentos.
  • Legalización de firmas, muestras de firmas y sellos.
  • Otros servicios legalmente establecidos.

Otras profesiones jurídicas

Oficiales de justicia (agentes judiciales de ejecución)

El enlace abre una nueva ventanaLa Unión Nacional de Agentes Judiciales de Ejecución (Uniunea Natională a Executorilor Judecătoreşti din România, UNEJ) es una organización profesional con personalidad jurídica de los agentes judiciales de ejecución, que vela por la reputación y la autoridad de la profesión y tiene por cometido principal la representación y la defensa de los intereses profesionales de sus miembros. Los agentes judiciales de ejecución están organizados en 15 colegios correspondientes a cada tribunal de apelación.

Puede consultarse una lista de estos agentes en el El enlace abre una nueva ventanasitio web de la Unión Nacional de Agentes Judiciales de Ejecución y en el del El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia. Estas dos bases de datos están organizadas, no obstante, de modo diferente.

Secretarios judiciales

El órgano central, dentro del sistema judicial, responsable de regular la profesión de secretario es el El enlace abre una nueva ventanaConsejo Superior de la Magistratura (CSM).

La Escuela Nacional de Secretarios (SNG) es un organismo público dotado de personalidad jurídica coordinado por el Consejo Superior de la Magistratura y encargado de la formación profesional inicial y continuada de los secretarios judiciales.

Existen las categorías de secretarios siguientes:

  • Secretarios de audiencia.
  • Secretarios estadísticos.
  • Secretarios de investigación.
  • Secretarios informáticos.
  • Secretarios de archivo.
  • Secretarios registrales.

Puede obtenerse más información sobre esta categoría profesional en este documentoPDF(390 Kb)en.


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Última actualización: 03/11/2016

Profesiones jurídicas - Eslovenia

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Esta sección ofrece una visión de conjunto de las profesiones jurídicas en Eslovenia.

Fiscales
Jueces y magistrados
Abogados
Notarios
Abogados del Estado


Profesiones jurídicas

Organización de las profesiones jurídicas:

Profesiones jurídicas

En la República de Eslovenia, las personas licenciadas en Derecho pueden ejercer numerosas profesiones del ámbito de la justicia, como juez, fiscal, abogado del Estado, abogado y notario.





Fiscales (Tožilci)

Organización

De conformidad con el artículo 135 de la Constitución de la República de Eslovenia, los fiscales del Estado (državni tožilci) instan y ejercitan la acción penal y ejercen otras competencias establecidas por ley. Sus competencias y organización se establecen, fundamentalmente, en la Ley de la Fiscalía del Estado (Zakon o državnem tožilstvu) y en la Ley procesal penal (Zakon o kazenskem postopku).

Hay 11 fiscalías de distrito (okrožno državno tožilstvo) en Eslovenia (Celje, Koper, Kranj, Krško, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo Mesto, Ptuj, Slovenj Gradec), una Fiscalía  Especializada (Specializirano državno tožilstvo) a escala nacional y una Fiscalía General del Estado (El enlace abre una nueva ventanaVrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije) en Liubliana.

La Fiscalía Especializada es responsable de la persecución de las actividades delictivas en los ámbitos de la delincuencia organizada y los delitos económicos, el terrorismo, la corrupción y otras actividades delictivas que deben ser detectadas y perseguidas por fiscales especialmente organizados y formados. La Sección para la Investigación y el Enjuiciamiento de Funcionarios con Competencias Especiales (Odelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili, conocido como posebni oddelek o «sección de investigaciones especiales») funciona como unidad organizativa independiente dentro de la Fiscalía Especializada. Los fiscales de esta sección de investigaciones especiales son responsables de la persecución de los delitos cometidos por funcionarios de policía, de agencias de asuntos de interior con competencias policiales, de la policía militar, de los servicios de seguridad e inteligencia del Ministerio de Defensa y de la Agencia Eslovena de Seguridad e Inteligencia. También ofrecen orientación a los funcionarios de policía que trabajan para el Departamento.

La Fiscalía General del Estado es la de mayor rango del país y cuenta con:

  • fiscales superiores (vrhovni državni tožilci) y generales (višji državni tožilci),
  • fiscales en comisión temporal de servicios o a tiempo parcial.

Los fiscales superiores del Estado presentan recursos ante los tribunales superiores de justicia (višja sodišča) de Eslovenia. En los recursos extraordinarios en materia penal, civil y contencioso-administrativa, los fiscales generales actúan ante el Tribunal Supremo de la República de Eslovenia (Vrhovno sodišče Republike Slovenije).

La Fiscalía General está estructurada en

  • tres secciones [sección de lo penal (kazenski oddelek), sección de lo civil y de lo contencioso-administrativo (civilno-upravni oddelek) y sección de formación y supervisión pericial (oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor)] y
  • el Centro de Información Pericial (Strokovno informacijski center), cuyo cometido incluye la prestación de asistencia pericial en el ámbito fiscal, financiero, contable y en otras disciplinas necesarias para la actuación eficiente de los fiscales del Estado y la garantía del desarrollo, la unidad y el apoyo informativo para el buen funcionamiento de las fiscalías del Estado.

Función y obligaciones

La principal función y obligación de los fiscales del Estado es la persecución de los delitos. En este contexto, son responsables de:

  • adoptar todas las medidas necesarias para detectar las actividades delictivas y localizar a los delincuentes, y dirigir el trabajo de la policía durante la fase de instrucción, en la que la policía actúa de manera independiente de la fiscalía en términos organizativos;
  • presentar solicitudes de investigación;
  • formular querellas y acusaciones ante el tribunal competente e
  • interponer recursos contra las sentencias judiciales que no sean firmes, y recursos extraordinarios contra las sentencias judiciales firmes (el fiscal que formuló la querella o la acusación ante el tribunal de primera instancia interpone los recursos contra las sentencias dictadas por los tribunales de primera instancia, mientras que los fiscales generales interponen los recursos extraordinarios).

La legislación penal en vigor permite que los fiscales, en determinadas circunstancias, opten por recursos alternativos al proceso penal para combatir ciertas formas de asociación delictiva. Estos incluyen, en primer lugar, remitir el asunto a un procedimiento de arbitraje y la suspensión condicional del proceso si el imputado está dispuesto a actuar conforme a las instrucciones del fiscal y a cumplir sus órdenes. Si el arbitraje o la suspensión condicional del proceso prosperan, el fiscal puede archivar la causa, es decir, el asunto se resuelve extrajudicialmente. El fiscal puede también proponer al órgano jurisdiccional que imponga al acusado una sanción o una medida específica sin celebrar la vista.

Además, la Fiscalía General del Estado desempeña tareas ajenas al ámbito del Derecho penal. En una de las tres secciones de la Fiscalía General del Estado, la sección de lo civil y de lo contencioso-administrativo, los fiscales generales pueden promover una acción para la protección de la legalidad (zahteva za varstvo zakonitosti) contra las resoluciones dictadas por los órganos de apelación (pritožbeno sodišče) en procedimientos litigiosos, no contenciosos y otros procedimientos civiles. El requisito previo para la presentación de este recurso extraordinario es la protección del interés público, que solo puede determinar la Fiscalía General del Estado. Por consiguiente, las partes del procedimiento no pueden ejercer acciones para la protección de la legalidad.

Jueces y magistrados

Organización

Jueces de carrera y jueces legos

El estatuto judicial (sodniki) se rige por los artículos 125 a 134 de la Constitución de la República de Eslovenia y la Ley de la carrera judicial (Zakon o sodniški službi). Los jueces son funcionarios elegidos por la Asamblea Nacional (Državni zbor) sobre la base de una propuesta del Consejo de la Magistratura (Sodni svet). El cargo de juez es permanente y la edad y las condiciones para ser elegido se establecen por ley.

Para ser elegido juez, una persona debe cumplir las condiciones generales siguientes:

  1. ser ciudadano esloveno y tener un dominio activo de la lengua eslovena;
  2. tener capacidad jurídica y estar en buen estado de salud;
  3. tener como mínimo 30 años de edad;
  4. haber obtenido en Eslovenia el título de licenciado en Derecho o de diplomado en Derecho y de máster en Derecho o un título equivalente en el extranjero acreditado por un certificado de cualificación acompañado de un dictamen sobre esta, o por una decisión que reconozca la cualificación a efectos de empleo, o por un certificado de homologación (odločba o nostrifikaciji);
  5. haber superado el examen estatal de Derecho;
  6. carecer de antecedentes penales;
  7. no ser objeto de una acusación firme o, sobre la base de un cargo, objeto de un procedimiento relacionado con un delito penal perseguido de oficio.

Una vez finalizado su mandato, los jueces que hayan dictado resoluciones o sentencias en procedimientos en fases de instrucción o en procesos judiciales en los que se hayan violado derechos humanos y libertades fundamentales no serán aptos para su elección como jueces.

Los jueces tienen el estatuto de funcionarios públicos y ejercen sus funciones en cumplimiento de la Constitución y las leyes. El cargo judicial no es compatible con empleos públicos o en órganos de partidos políticos, ni con otros cargos y actividades previstos por la ley. No existe una especialización académica entre los jueces. El ámbito jurídico en el que trabaja el juez se define por la organización interna del órgano jurisdiccional, que, con objeto de resolver los diversos tipos de litigios, tiene varios departamentos jurídicos a los que son asignados los jueces con arreglo a su programa de trabajo anual. El Consejo de la Magistratura decide sobre la promoción a un cargo judicial superior y la promoción en el escalafón. El Consejo Judicial también propone a la Asamblea Nacional la remoción de un juez de su cargo cuando, en el ejercicio de sus funciones, haya vulnerado la Constitución o la ley o haya cometido un delito doloso abusando de su cargo judicial. Los porcentajes de promoción de los jueces en la carrera judicial se establecen en la organización judicial eslovena. Los jueces pueden ser de tribunales locales (okrajni sodniki), de distrito (okrožni sodniki), superiores (višji sodniki) o del Tribunal Supremo (vrhovni sodniki).

Los jueces están agrupados en la Asociación de Jueces de Eslovenia, miembro de la Asociación Internacional de Jueces. La inscripción en dicha asociación es voluntaria.

Las salas judiciales pueden estar formadas por jueces de carrera (poklicni sodniki) y jueces legos (sodniki porotniki). Cuando la ley exija el enjuiciamiento por una sala, esta estará formada por un juez de carrera, que presidirá la sala, y dos jueces legos en calidad de miembros de la sala, salvo disposición legal en contrario. Cuando la ley exija el enjuiciamiento por una sala de cinco miembros, esta estará formada por un juez de carrera, que presidirá la sala, otro juez de carrera y tres jueces legos en calidad de miembros de la sala, salvo disposición legal en contrario. Podrá ser juez lego cualquier ciudadano de la República de Eslovenia mayor de 30 años, que no haya sido condenado en sentencia firme por un delito penal perseguido de oficio, que tenga la disposición adecuada y goce de un buen estado de salud general para la magistratura y posea un conocimiento activo del idioma esloveno. La duración del mandato de los jueces legos es de cinco años, y el mandato puede ser renovado. El juez que preside un tribunal superior nombra y destituye a los jueces legos de los tribunales de primera instancia pertenecientes a la jurisdicción de dicho tribunal superior.

Consejo de la Magistratura

El El enlace abre una nueva ventanaConsejo de la Magistratura (Sodni svet) es el órgano central responsable de la regulación de la profesión.

El Consejo de la Magistratura está integrado por 11 miembros.

Cinco miembros son elegidos por la Asamblea Nacional, a propuesta del Presidente de la República de Eslovenia, entre una selección de profesores universitarios de Derecho y abogados, y seis miembros son elegidos entre una selección propuesta por jueces que ejercen la magistratura a tiempo completo. Los miembros del Consejo seleccionan a su Presidente de entre sus miembros.

El Consejo de la Magistratura tiene las siguientes facultades:

  • proponer candidatos para la elección al cargo judicial a la Asamblea Nacional;
  • proponer a la Asamblea Nacional la remoción de un juez de su cargo;
  • nombrar y destituir a los presidentes de los tribunales, excepto el presidente del Tribunal Supremo de la República de Eslovenia;
  • decidir sobre la promoción a una función judicial superior, sobre una promoción más rápida en el escalafón, sobre la promoción a la función de juez superior (svetnik) o a un cargo judicial de mayor rango y sobre la promoción extraordinaria a una función judicial superior;
  • resolver los recursos contra las decisiones de traslado o de nombramiento para un cargo judicial, una función judicial o el cargo de juez superior y contra la decisión de clasificar en una categoría;
  • decidir sobre cuestiones de incompatibilidad de funciones públicas que afecten a la judicatura;
  • ofrecer un dictamen sobre el proyecto de presupuesto para los tribunales y proporcionar a la Asamblea Nacional un dictamen sobre las leyes que rigen los derechos y deberes estatutarios de los jueces y del personal de la judicatura;
  • aprobar un código de conducta judicial;
  • aprobar los criterios para la selección de candidatos para puestos judiciales, previo dictamen del Ministro de justicia, y los criterios para evaluar la calidad del desempeño de la función judicial;
  • aprobar la política de detección y gestión del riesgo y la exposición de los tribunales a la corrupción y supervisar su aplicación;
  • nombrar los miembros del Comité de Ética e Integridad  (Komisija za etiko in integriteto);
  • oír y decidir sobre los motivos del recurso de un juez que considere que se han vulnerado sus derechos legales, o su independencia o la independencia judicial;
  • tratar otros asuntos, si así lo dispone la ley.

Salvo disposición legal en contrario, se requiere una mayoría de dos tercios de los miembros del Consejo de la Magistratura para decidir sobre las propuestas relativas a:

  • la elección de jueces;
  • el nombramiento, la promoción y la clasificación de jueces en el escalafón;
  • los recursos contra las decisiones de traslado o de nombramiento para un cargo judicial, una función judicial o el cargo de juez superior;
  • los recursos contra la decisión de clasificar en una categoría;
  • la remoción de jueces de su cargo;
  • los criterios para la selección de candidatos a cargos judiciales y los criterios para determinar la calidad del desempeño de la función judicial y la calidad del trabajo de los órganos jurisdiccionales;
  • el reglamento interno del Consejo de la Magistratura.

Abogados

El artículo 137 de la Constitución de la República de Eslovenia dispone que la abogacía (odvetništvo) es un servicio independiente dentro del sistema de justicia regulado por ley. La Ley de la abogacía (Zakon o odvetništvu) establece que, en el desempeño de sus funciones, los abogados (odvetniki) proporcionan asesoramiento jurídico, representan y defienden a las partes ante los tribunales y otros organismos públicos, redactan documentos y representan a las partes en sus relaciones jurídicas. Solo un abogado puede representar a una parte ante los tribunales a título oneroso, salvo disposición legal en contrario.

Para ser abogado, deben cumplirse las condiciones generales siguientes:

  1. ser ciudadano esloveno;
  2. tener capacidad operativa;
  3. haber obtenido el siguiente título en Eslovenia o un título equivalente en el extranjero que haya sido reconocido de conformidad con la Ley de reconocimiento y evaluación de la educación:
    • título de licenciado en Derecho;
    • título de graduado en Derecho y maestro en Derecho;
    • título de maestro en Derecho con arreglo al programa de maestría de segundo ciclo de Bolonia.
  4. haber superado el examen estatal de Derecho;
  5. tener cuatro años de experiencia laboral como abogado con título de licenciado en Derecho, de los cuales uno al menos, tras haber superado el examen estatal de Derecho, en un bufete de abogados, órgano jurisdiccional, fiscalía, oficina de abogado del Estado o notaría en una relación laboral fija regulada por un contrato laboral a tiempo completo;
  6. tener un dominio activo de la lengua eslovena;
  7. ser digno de confianza para el ejercicio de la abogacía;
  8. disponer del equipo y las instalaciones necesarios para el ejercicio de la abogacía;
  9. haber superado un examen de conocimiento de la Ley de la Abogacía, la tarifa oficial de los honorarios profesionales de los abogados y el Código Deontológico de los abogados en el Colegio de Abogados de Eslovenia (Odvetniška zbornica Slovenije).

La Ley de la abogacía (Zakon o odvetništvu) establece que, en el desempeño de sus funciones, los abogados:

  • proporcionan asesoramiento jurídico;
  • representan y defienden a las partes ante los tribunales y otros organismos públicos;
  • redactan documentos y
  • representan a las partes en sus relaciones jurídicas.

Solo un abogado puede representar a una parte ante los tribunales a título oneroso; en algunos casos, un pasante puede sustituir al abogado.

Solo un abogado puede asesorar al acusado en un proceso penal.

En los procesos civiles, las partes pueden estar representadas ante los tribunales locales por cualquier persona con capacidad para obrar  plena, mientras que solo un abogado u otra persona que haya superado el examen estatal de Derecho puede actuar como representante autorizado ante los tribunales de primera instancia, los tribunales superiores o el Tribunal Supremo. En la tramitación de los recursos extraordinarios, sin embargo, la representación por un abogado es obligatoria (salvo que la parte o su representante legal hubieran superado el examen estatal de Derecho).

La representación por un abogado también es obligatoria en todos los procedimientos jurisdiccionales en virtud de la Ley de Salud Mental (Zakon o duševnem zdravju).

El abogado extranjero a quien se haya otorgado el derecho de ejercer como abogado en su país de origen podrá hacer lo siguiente en la República de Eslovenia en las condiciones establecidas por la Ley de la abogacía:

  • prestar servicios específicos relacionados con el ejercicio de la abogacía;
  • ejercer como abogado con el título de su país de origen;
  • ejercer como abogado con el título de «abogado» (odvetnik).

El país de origen de un abogado es el país en el que está habilitado para ejercer como abogado con el título obtenido con arreglo a la legislación de ese país.

En virtud de la Ley de la abogacía, un abogado de otro país que sea un Estado miembro de la Unión Europea es un abogado habilitado para ejercer como abogado en cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea con el título obtenido con arreglo a la legislación de ese país. Un abogado de otro país que sea un Estado miembro de la Unión Europea es inscrito en el directorio de abogados extranjeros que pueden ejercer como abogados en la República de Eslovenia con el título de «abogado» y con todos los derechos y obligaciones de un abogado en ejercicio que cumpla las condiciones legales y haya superado el examen de conocimiento de la legislación nacional de la República de Eslovenia. En el Decreto sobre el examen a los abogados de otros países (Uredba o preizkusnem izpitu za odvetnike iz drugih držav) se detalla el examen y el procedimiento de acceso.

Los abogados pueden publicitar sus servicios bajo determinadas condiciones, habida cuenta de que la Ley establece las formas de publicidad autorizadas. Pueden ejercer individualmente o en un bufete de abogados. Los abogados se asocian en el Colegio de Abogados de Eslovenia (Odvetniška zbornica Slovenije), que tiene su propio estatuto. El derecho a ejercer como abogado se adquiere mediante la inscripción en el directorio de abogados del Colegio de Abogados de Eslovenia. Los abogados que adquieren un nivel de especialización pueden, bajo determinadas circunstancias, solicitar al Colegio de Abogados de Eslovenia que reconozca su condición de abogado especializado. El pago de los servicios de abogacía se establece en la tarifa oficial de los honorarios profesionales de los abogados, publicada por el Colegio de Abogados, previa aprobación del Ministro de Justicia.

Bases de datos jurídicas

El enlace abre una nueva ventanaLa legislación básica aplicable a los abogados está disponible en inglés en el sitio web del Colegio de Abogados.

El Colegio de Abogados ofrece un El enlace abre una nueva ventanamotor de búsqueda (en esloveno y en inglés) que permite buscar un abogado por:

  • nombre,
  • región,
  • conocimiento de lenguas extranjeras y
  • ámbito del Derecho.

Notarios

Organización

El segundo apartado del artículo 137 de la Constitución de la República de Eslovenia dispone que el notariado (notarji) es un servicio público regulado por ley. La Ley del Notariado (Zakon o notariatu) dispone que los notarios, en su condición de fedatarios públicos, redactan, con arreglo a lo dispuesto en dicha Ley, documentos públicos sobre transacciones jurídicas; consignan declaraciones de voluntad o hechos que generan derechos; reciben documentos, dinero y valores para su entrega a terceros o a organismos públicos y, a instancia de los órganos jurisdiccionales, desempeñan las tareas que les pueden ser delegadas de conformidad con la ley.

Para ser notario, deben cumplirse las condiciones siguientes:

  1. ser ciudadano de la República de Eslovenia, de otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, o ciudadano de la Confederación Suiza o de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico;
  2. tener capacidad jurídica y estar en buen estado de salud;
  3. haber obtenido en Eslovenia el título de licenciado en Derecho, de diplomado en Derecho y de máster en Derecho o un título equivalente en el extranjero acreditado por un certificado de cualificación acompañado de un dictamen sobre esta o por una decisión que reconozca la cualificación a efectos de empleo o por un certificado de homologación;
  4. haber superado el examen estatal de Derecho;
  5. tener cinco años de experiencia laboral como abogado con un título universitario, de los cuales uno año al menos en una notaría y un año en un órgano jurisdiccional, fiscalía u oficina de abogado del Estado;
  6. ser digno de confianza para el ejercicio de la abogacía;
  7. tener un dominio activo de la lengua eslovena;
  8. disponer del equipo y las instalaciones apropiados para el ejercicio de la abogacía;
  9. tener menos de 64 años de edad.

No obstante lo dispuesto en el punto 1 del apartado anterior, los ciudadanos de otro país que no sea un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, la Confederación Suiza o un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico también podrán ser nombrados notarios en régimen de reciprocidad jurídica y real.

La función de notario es incompatible con la de abogado o con la de cualquier cargo o función remunerados.

Los notarios no están autorizados a desempeñar tareas incompatibles con la respetabilidad y la integridad requeridas para el ejercicio de la función de notario o que puedan menoscabar la confianza en la imparcialidad del notario o en la credibilidad de los documentos que redacta.

Los notarios son nombrados para ocupar vacantes por el Ministro de Justicia. Antes de nombrar a un notario, el ministro recaba el dictamen del Consejo del Notariado (Notarska zbornica Slovenije) sobre los candidatos presentados. El número de notarios es limitado y se determina con arreglo a los criterios establecidos por el Ministro de Justicia. Si comete alguna infracción definida por ley, el notario es destituido por el Ministro de Justicia. Los notarios se asocian en el Colegio de Notarios.

La ley exige que los notarios sean miembros del El enlace abre una nueva ventanaColegio de Notarios de Eslovenia.

Funciones y obligaciones

Los notarios prestan un servicio público referido fundamentalmente al otorgamiento de documentos públicos y privados, que reviste una gran importancia para garantizar la seguridad en las transacciones jurídicas.

Los documentos públicos notariales adoptan la forma de escrituras o de actas. Aunque los notarios pueden elaborar cualquier tipo de contrato escrito para las partes, hay ciertos tipos de contratos y estatutos de sociedades que solo son válidos, en virtud de la legislación, si revisten la forma de actas notariales. Los notarios también pueden registrar testamentos. Asimismo, en ocasiones, las copias de determinados documentos y las firmas han de estar legalizados por notario para garantizar su validez ante el tribunal. Los documentos y los avales se pueden depositar ante notario.

Bases de datos jurídicas

El sitio web del Colegio de Notarios ofrece acceso a un El enlace abre una nueva ventanalistado de todos los notarios de Eslovenia que incluye los datos de contacto y un motor de búsqueda básico.

Es posible acceder a los tres registros que gestiona el Colegio de Notarios desde su sitio web:

Otras profesiones jurídicas

Asistente Judicial (Sodniški pomočnik)PDF(372 Kb)en

Abogados del Estado

La función de los abogados del Estado (državni pravobranilci) se define en la Ley de la abogacía del Estado (državnem Zakon o pravobranilstvu). La Abogacía del Estado (El enlace abre una nueva ventanaDržavno pravobranilstvo) representa al Estado, sus órganos y sus organismos administrativos con personalidad jurídica ante los tribunales y desempeña otras funciones de conformidad con la ley. Las tareas de la Abogacía del Estado son desempeñadas por el Abogado General del Estado (generalni državni pravobranilec), los abogados del Estado y los abogados del Estado adjuntos (pomočniki državnega pravobranilca). Los abogados del Estado y los abogados del Estado adjuntos son nombrados por el Gobierno esloveno a propuesta del Ministro de Justicia, previa consulta del Abogado General del Estado. Su mandato tiene una duración de ocho años y es renovable. Las condiciones para el nombramiento al cargo de abogado del Estado son las mismas que para el cargo judicial, con requisitos adicionales en materia de experiencia laboral. Los abogados del Estado cumplen sus funciones de conformidad con la Constitución y las leyes. Deben representar al Estado de oficio. Los abogados del Estado y los abogados del Estado adjuntos tienen derecho al salario básico correspondiente al grado del empleo para el que son nombrados. Las disposiciones relativas a la incompatibilidad de las funciones judiciales son aplicables, mutatis mutandis, a las funciones de la abogacía del Estado. También representan a la República de Eslovenia en los procesos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Enlaces relacionados

El enlace abre una nueva ventanaInformación sobre las profesiones jurídicas del sitio web de la Fiscalía General de la República de Eslovenia

El enlace abre una nueva ventanaInformación sobre las profesiones jurídicas del sitio web del Consejo de la Magistratura

El enlace abre una nueva ventanaInformación sobre las profesiones jurídicas del sitio web del Poder Judicial de Eslovenia

El enlace abre una nueva ventanaInformación sobre las profesiones jurídicas del sitio web del Colegio de Abogados de Eslovenia

El enlace abre una nueva ventanaInformación sobre las profesiones jurídicas del sitio web del Colegio de Notarios de Eslovenia

El enlace abre una nueva ventanaInformación sobre las profesiones jurídicas del sitio web de la Abogacía del Estado


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Última actualización: 16/02/2017

Profesiones jurídicas - Eslovaquia

Esta sección ofrece una visión general de las profesiones jurídicas en Eslovaquia.

Fiscales

Jueces

Abogados

Asesores jurídicos

Notarios


Profesiones jurídicas

Profesiones jurídicas - Introducción

Fiscales

Organización

El El enlace abre una nueva ventanaMinisterio Fiscal de la República Eslovaca es un órgano independiente a cuyo frente se encuentra el Fiscal General. En el ámbito de sus competencias, protege los derechos y los intereses legítimos de las personas físicas y jurídicas y del Estado.

El Ministerio Fiscal cuenta con un capítulo presupuestario propio en los presupuestos del Estado.

El estatuto y las funciones del Ministerio Fiscal y del Fiscal General se rigen por la Constitución de la República Eslovaca (Artículo 149) y por la Ley n.º 153/2001 sobre el Ministerio Fiscal, que también regula las competencias del Fiscal General y de los demás fiscales y la organización y gestión del Ministerio Fiscal. El estatuto, los derechos y las responsabilidades de los fiscales se establecen en la Ley n.º 154/2001 sobre fiscales y fiscales en prácticas.

Jerarquía

Habida cuenta de su función de autoridad defensora de la legalidad, el El enlace abre una nueva ventanaMinisterio Fiscal ha de organizarse jerárquicamente con el fin de garantizar la aplicación uniforme tanto de las leyes y demás normas de aplicación general como de la política penal.

En el Ministerio Fiscal existe una relación de jerarquía entre los fiscales, estando todos ellos subordinados al Fiscal General.

Competencias

El Ministerio Fiscal tiene las siguientes competencias:

  • enjuiciamiento penal de los sospechosos de la comisión de delitos y control del cumplimiento de la ley antes de dicho enjuiciamiento y durante las diligencias previas;
  • control del cumplimiento de la ley en lo relativo a los lugares y condiciones de detención de las personas que hayan sido privadas de libertad o cuya libertad haya sido restringida en virtud de la decisión de un órgano jurisdiccional o de otros organismos estatales autorizados;
  • ejercicio de sus competencias en los procesos judiciales;
  • representación del Estado en procesos judiciales en los casos previstos por la ley;
  • supervisión, en la medida prevista por la ley, del cumplimiento de la ley por los órganos de la Administración;
  • participación en la elaboración y aplicación de medidas para evitar la infracción de leyes y otras normas de aplicación general;
  • apoyo en la eliminación de las causas y circunstancias de las actividades delictivas, así como en la prevención y represión del delito;
  • apoyo en la elaboración de la legislación (participación en el proceso legislativo);
  • cumplimiento de cualesquiera otras obligaciones previstas en leyes especiales o en tratados internacionales válidamente promulgados.

Funciones

El Fiscal General y los demás fiscales desempeñan todas las funciones que sean competencia del Ministerio Fiscal y hacen uso de todos los medios legalmente disponibles en el cumplimiento de sus funciones y obligaciones. Tienen la obligación de:

  • aplicar, según su leal saber y entender, la Constitución de la República Eslovaca, las leyes constitucionales, las leyes ordinarias, los tratados internacionales válidamente promulgados y las demás normas de aplicación general;
  • respetar y proteger la dignidad humana, los derechos y libertades fundamentales, y evitar cualquier forma de discriminación;
  • proteger el interés público;
  • actuar siempre con iniciativa, justicia, imparcialidad y sin demoras indebidas.

Jerarquía

El sistema organizativo del Ministerio Fiscal de la República Eslovaca está integrado por los siguientes organismos:

La Fiscalía General es la más alta autoridad y dirige el sistema de acción pública. La Fiscalía General comprende:

  • la Fiscalía Especial, creada para la detección y persecución de los casos de corrupción y de criminalidad organizada;
  • la Sección Militar de la Fiscalía;
  • las Fiscalías Regionales (8), superiores jerárquicamente a las Fiscalías de Distrito, y la Fiscalía Central Militar (1), superior jerárquicamente a las Fiscalías Militares Regionales;
  • las Fiscalías de Distrito (55) y las Fiscalías Militares Regionales (3).

Corresponde al Ministerio de Defensa dotar de los recursos materiales y económicos necesarios a la Sección Militar de la Fiscalía General y a las fiscalías militares.

La sede de la Fiscalía General se encuentra en Bratislava.

Las sedes y los ámbitos de competencia territorial de las fiscalías subordinadas se corresponden con las sedes y ámbitos de competencia de los respectivos órganos jurisdiccionales. No obstante, ni unas ni otros coinciden con la división territorial administrativa del país.

Los fiscales desempeñan sus funciones en el marco de una relación de servicio que se establece en el momento de su designación. Los fiscales son designados por el Fiscal General para cargos de fiscal sin límite temporal. Los fiscales deben prestar un juramento incondicional al tomar posesión de sus cargos.

Cualificaciones

Los fiscales han de ser nacionales eslovacos y cumplir los siguientes requisitos. Deben:

  • tener al menos 25 años de edad en el momento del nombramiento;
  • estar en posesión de un título de Derecho;
  • gozar de plena capacidad jurídica;
  • carecer de antecedentes penales y contar con la integridad personal necesaria para desempeñar sus funciones correctamente;
  • tener un perfecto dominio del idioma eslovaco;
  • tener domicilio permanente en el territorio de la República Eslovaca;
  • no ser miembro de ningún partido o movimiento político;
  • superar el examen de acceso a la fiscalía;
  • contar con el consentimiento manifestado por escrito para ser designado como fiscal en una fiscalía concreta.

Para convertirse en fiscal en una fiscalía militar hay que cumplir los siguientes requisitos:

  • haber servido como soldado profesional en el ejército;
  • haber sido nombrado o ascendido al rango de oficial o general;
  • haber sido designado para desempeñar funciones en una fiscalía militar con arreglo a la legislación aplicable.

Únicamente podrán presentarse al examen de fiscalía los fiscales en prácticas en el Ministerio Fiscal. Las vacantes para los puestos de fiscal en prácticas se proveerán mediante examen selectivo.

A efectos de la ley correspondiente, se considerará que los exámenes de perito judicial, del Colegio de Abogados y de notarías son también exámenes de fiscalía.

Para ser promovido al puesto de fiscal jefe o a cualquier otro de rango superior en una fiscalía es imprescindible superar una oposición.

El desempeño de las tareas propias del fiscal en una fiscalía diferente en régimen de comisión temporal de servicios está sujeto a la aceptación personal. Los fiscales únicamente podrán ser trasladados a otra fiscalía si consienten en el traslado, lo solicitan o son trasladados en virtud de una medida disciplinaria de la que hayan sido objeto.

El Fiscal General puede suspender a un fiscal en caso de enjuiciamiento por delito doloso o de incoación de un procedimiento disciplinario por actos que pudieran dar lugar a su cese.

La relación de servicio de los fiscales solo puede extinguirse por los motivos legalmente previstos.

Funciones y responsabilidades

El fiscal debe velar por el cumplimiento de la ley antes del enjuiciamiento y durante las diligencias previas. En el desempeño de sus funciones de control, los fiscales están facultados para:

  • dictar instrucciones vinculantes a los agentes de policía antes del inicio del proceso penal y durante la investigación e instrucción, y establecer plazos de tramitación de los casos. Las instrucciones deben incluirse en el expediente correspondiente;
  • solicitar expedientes, documentos, materiales e informes sobre la situación de las investigaciones policiales una vez comenzado el enjuiciamiento, para comprobar si la policía ha actuado con prontitud y corrección;
  • participar en actuaciones policiales, llevar a cabo actividades de investigación concretas o dirigir la totalidad de la investigación o de la instrucción del sumario y, en cualquier caso, adoptar una decisión. En el desarrollo de estas funciones, los fiscales deben actuar con arreglo a la Ley correspondiente; las decisiones de los fiscales podrán impugnarse de la misma manera que las decisiones policiales;
  • volver a remitir el asunto a la Policía con instrucciones para completar la investigación o la instrucción del sumario y establecer un plazo para ello. El fiscal notificará la decisión de volver a remitir el asunto a la Policía tanto al investigado como al perjudicado;
  • anular decisiones ilegales o injustificadas de la Policía y sustituirlas por otras propias. Los fiscales podrán, en un plazo de treinta días, suspender la acción penal pública o atribuirla a otra instancia en los casos en que el fiscal sustituya una decisión policial por una propia por un motivo distinto de la impugnación de la decisión por una de las partes que tengan derecho a ello; podrán impugnarse las decisiones del fiscal o de la Policía; El fiscal puede también dictar instrucciones vinculantes para iniciar una investigación o la instrucción de un sumario.

Sólo el fiscal puede:

  • presentar cargos;
  • concluir con el acusado un acuerdo relativo a su culpabilidad y a la pena correspondiente y presentar una propuesta de resolución al órgano jurisdiccional para su aprobación;
  • interrumpir la acción penal pública;
  • poner término, definitiva o provisionalmente, a la acción penal pública;
  • aprobar acuerdos de conciliación o prejudiciales y poner fin a la acusación;
  • dictar órdenes de embargo de los bienes de los acusados y determinar cuáles de ellos no deben embargarse, así como cancelar los embargos;
  • asegurar lo reclamado por el perjudicado, cancelar las pretensiones total o parcialmente o retirar cualquier elemento de las mismas;
  • ordenar la exhumación de cadáveres;
  • solicitar autorización para ejercer la acción penal pública contra una persona o proceder a su detención en los casos en que se requiera el consentimiento del Consejo Nacional de la República Eslovaca, el Consejo Judicial de la República Eslovaca, el Tribunal Constitucional o el Parlamento Europeo;
  • solicitar al órgano jurisdiccional la detención de un acusado o la ampliación del plazo de detención;
  • solicitar la repatriación de un acusado;
  • realizar diligencias previas en procesos de extradición, salvo disposición legal en contrario;
  • a solicitud de una autoridad extranjera competente, solicitar al órgano jurisdiccional el embargo preventivo de los bienes de las personas procesadas en el extranjero, cuando parte de ellos se encuentren en el territorio de la República Eslovaca.

En el ejercicio de sus competencias de control de la observancia de la legalidad en los lugares de detención de personas que hayan sido privadas de su libertad o cuya libertad haya sido restringida, los fiscales deben garantizar:

que el internamiento se realice exclusivamente en virtud de resolución judicial o de otra autoridad competente en dependencias de la policía o establecimientos de detención, penitenciarios, de protección, de rehabilitación de delincuentes menores de edad, de hospitalización o de tratamiento en centros médicos especializados;

la observancia de las leyes y otras normas de aplicación general.

En los procesos civiles, el fiscal puede:

  1. Solicitar la apertura de un procedimiento para:
  • imponer medidas de rehabilitación protectora a delincuentes menores de edad de más de 12 y menos de 14 años que hayan cometido delitos castigados con la pena de cadena perpetua con arreglo al Código penal;
  • determinar la ilegalidad de huelgas o despidos colectivos;
  • determinar la nulidad de la transmisión de bienes propiedad del Estado con arreglo a la Ley sobre la prueba del origen de fondos en caso de privatización, a la Ley por la que se establecen las condiciones para la transmisión a otras personas de bienes propiedad del Estado, o a la Ley sobre la administración de la propiedad del Estado;
  • examinar la legalidad de cualquier resolución dictada por órganos de la Administración por las que se desestime una impugnación efectuada por un fiscal;
  • revocar las resoluciones ilegales de los municipios, si estos no lo hicieran a solicitud suya.
  1. Intervenir en procesos civiles pendientes relativos a:
  • capacidad jurídica
  • declaración de fallecimiento
  • educación de los hijos
  • tutela
  • inscripciones en el Registro Mercantil
  • concurso y restructuración

Al controlar el cumplimiento de las leyes y demás normas de aplicación general por parte de los organismos de la Administración, el fiscal tiene derecho a examinar la legalidad de:

  • las normas de aplicación general dictadas por organismos de la Administración;
  • las normas administrativas internas dictadas por los organismos de la Administración para garantizar el desempeño de sus tareas;
  • las resoluciones adoptadas en diversas materias por los órganos de la Administración;
  • los procedimientos seguidos por órganos de la Administración al dictar normas internas y adoptar resoluciones en el ámbito de la Administración pública.

Jueces

Organización

Personal de los órganos jurisdiccionales

  1. Administrador-asistente principalPDF(382 Kb)sk
  2. Secretario judicialPDF(460 KB)sk
  3. Agente judicial jefePDF(460 KB)sk
  4. Asistente de magistrado del Tribunal SupremoPDF(291 Kb)sk

Abogados

Bases de datos jurídicas

Para obtener información adicional, véase el El enlace abre una nueva ventanasitio web del Colegio de Abogados Eslovaco.

Asesores jurídicos

Bases de datos jurídicas

Para obtener información adicional, véase el El enlace abre una nueva ventanasitio web del Centro Eslovaco de Asistencia Jurídica.

Notarios

Los notarios de la República Eslovaca deben estar en posesión del título de Derecho pertinente.

Su función es la justicia preventiva y el otorgamiento de documentos oficiales autenticados.

La supervisión de la actividad notarial corresponde al Ministerio de Justicia.

Deben inscribirse en el Colegio de Notarios de la República Eslovaca.

Bases de datos jurídicas

El El enlace abre una nueva ventanasitio web del Colegio de Notarios ofrece únicamente apoyo intranet para notarios. El acceso es gratuito, pero la información disponible es limitada.

La base de datos ofrece acceso a:

  • registros públicos
  • un listado de notarios (datos de contacto, lenguas empleadas, horarios);
  • legislación

El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 18/03/2019

Profesiones jurídicas - Finlandia

Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.
Ya se ha traducido a las siguientes lenguas: finés.

Esta sección ofrece una visión de conjunto de las profesiones jurídicas en Finlandia.


Profesiones jurídicas

Profesiones jurídicas: introducción

Las profesiones jurídicas en Finlandia son las de juez, fiscal, letrado de asistencia jurídica gratuita, abogado, notario público y oficial de justicia.

Fiscales

Organización

De acuerdo con la Constitución, la Fiscalía General es el órgano supremo del Ministerio Fiscal y está al frente de estos servicios.

El Ministerio Fiscal tiene una estructura a dos niveles. Consta de la Fiscalía General y 15 fiscalías locales, que disponen a su vez de 50 oficinas de servicio. En total está integrado por 581 personas, 381 de las cuales son fiscales.

Los fiscales jefe de distrito están al frente de las fiscalías locales. Existen además fiscales adjuntos y de distrito. En algunas de las fiscalías trabajan asimismo abogados jóvenes que se preparan para seguir la carrera fiscal.

Todos ellos son fiscales generales que, salvo raras excepciones, están facultados para presentar acusaciones por los delitos cometidos dentro de su jurisdicción. Los fiscales especiales, como el Defensor de Pueblo y el Canciller de Justicia, sólo son competentes para supuestos específicos y bien determinados.

Función y obligaciones

La función del fiscal, tal como está definida en la legislación, es establecer la responsabilidad en las causas penales de tal forma que queden salvaguardados los derechos de las partes y el interés público. Sus tareas han de ejercerse con imparcialidad, diligencia y economía.

El Ministerio Fiscal debe respetar en sus actuaciones los principios de imparcialidad, competencia profesional y deontología, que forman un conjunto indisoluble.

La denominación de Ministerio Fiscal alude a su carácter de servicio público; a diferencia de las demás partes intervinientes en una causa penal, el fiscal no persigue su propio interés, sino que cuida los intereses de la sociedad. Es un funcionario público que tiene el deber de velar por que las infracciones penales lleven aparejada la sanción penal apropiada. Los fiscales constituyen un órgano independiente de la administración de justicia.

La mayoría de las causas penales (unos 80.000 asuntos al año) corresponden a las fiscalías de distrito. La Fiscalía General se ocupa sobre todo de los delitos que afectan ampliamente al conjunto de la sociedad, cuyo número es de algunas docenas cada año.

La investigación de los delitos y faltas –la instrucción previa al juicio– incumbe a la policía. Una vez finalizada la instrucción, las pruebas recogidas se remiten al fiscal, quien estudia las posibles acusaciones. Esto significa que, para cada persona sospechosa y para cada acto presunto, el fiscal deberá evaluar si se ha cometido una infracción penal y si hay pruebas suficientes para el procesamiento.

Si existen indicios de infracción penal, debe imputarse al sospechoso. Si las pruebas no son suficientes, o si por cualquier otro motivo no es posible presentar una acusación (p. ej. como consecuencia de la prescripción de los delitos), el fiscal decide si debe seguir adelante o no con el procesamiento.

Bases de datos jurídicas

 Se ofrece información adicional en los sitios web Fiscalía General y El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia.

Jueces y magistrados

Organización

En Finlandia, la mayor parte de las sentencias son dictadas por jueces de carrera. En los tribunales de primera instancia existen además jueces legos (hombres o mujeres). Los jueces son miembros del poder judicial independiente. Desempeñan sus cargos en el Tribunal Supremo, en los tribunales de apelación y de primera instancia, en el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo y en los tribunales administrativos, así como en el Tribunal de Seguros, el Tribunal de Trabajo y el Tribunal de la Competencia. Son funcionarios públicos inamovibles, que sólo pueden ser separados de su cargo por resolución judicial. Tampoco pueden ser trasladados sin su consentimiento.

El capítulo 12 de la Ley de funcionarios civiles del Estado contiene las disposiciones aplicables específicamente a los jueces en su calidad de funcionarios públicos. En su virtud, no les son de aplicación las normas sobre permisos, sanciones, ceses y destituciones temporales de los demás funcionarios. Según la propia Ley, deben cesar en su cargo al cumplir la edad legal de jubilación (68 años) o en caso de incapacidad permanente.

Función y obligaciones

Jueces y magistrados

Quien desee optar a una plaza de juez debe poseer un título de estudios superiores en Derecho y haber completado un periodo de prácticas de un año como vocal de un tribunal de primera instancia. La carrera habitual de un juez se inicia como secretario principal de un tribunal de apelación y sigue con la designación como juez en un tribunal de primera instancia o de apelación. En ese momento se inicia la formación apropiada. El tribunal de apelación anuncia las vacantes, y la Comisión de selección de jueces analiza la idoneidad de los candidatos. Los jueces son nombrados por el Presidente de la República.

Jueces legos

En los tribunales de primera instancia actúan “jueces legos” que colaboran en la toma de decisiones en determinadas causas. Intervienen fundamentalmente en causas penales, aunque también pueden conocer en causas civiles y en conflictos derivados de contratos de arrendamiento. En los tribunales de primera instancia, las sesiones son presididas por un juez ordinario asistido por tres jueces legos. Estos últimos están facultados para actuar de forma independiente, por lo que, en caso necesario, las resoluciones se someten a votación y se adoptan por mayoría. En caso de empate, en las causas penales prevalece la opinión más favorable para el acusado, mientras que en las causas civiles el juez presidente tiene voto de calidad.

Los jueces legos son designados por los ayuntamientos para un mandato de cuatro años. Cada municipio debe nombrar un mínimo de dos, aunque los municipios de mayor tamaño pueden designar un número bastante superior. Los jueces legos deben reproducir con la mayor fidelidad posible la estructura de edades, sexos, lenguas y profesiones del municipio.

Los jueces legos han de tener nacionalidad finlandesa y una edad superior a 25 años e inferior a 63. No pueden ser designados quienes desempeñen algún cargo en un órgano jurisdiccional o establecimiento penitenciario, o ejerzan como fiscales, abogados o agentes de policía. El juez lego debe prestar juramento o hacer una declaración solemne antes de tomar posesión de su cargo.

Se pretende que los jueces legos participen en un juicio aproximadamente una vez al mes, es decir, 12 veces al año. El tribunal de primera instancia les abona una dieta por cada juicio, además de reembolsarles los ingresos que hayan perdido.

Letrados asesores de asistencia jurídica gratuita

Organización

Los letrados asesores de asistencia jurídica son juristas contratados por las Oficinas de Asistencia Jurídica Gratuita. Tienen la condición de funcionarios del Estado y son nombrados por el Ministro de Justicia, del que dependen funcionalmente dichas Oficinas.

Para optar al puesto de letrado en las Oficinas de Asistencia Jurídica Gratuita es preciso poseer un máster en Derecho (oikeustieteen kandidaatti) y experiencia suficiente en la práctica de la abogacía. Muchos de ellos tienen asimismo el título honorario de varatuomari (máster en Derecho con formación en tribunales)

Ejercen la defensa y representación jurídica ante los tribunales. En el ejercicio de sus actividades están obligados a respetar las normas deontológicas de los abogados. A estos efectos están sometidos a la potestad disciplinaria del Colegio de Abogados, del que más de la mitad son miembros. En todo caso, ejercen sus funciones con total independencia y autonomía.

Organización de las profesiones jurídicas: profesionales de la abogacía

Abogados

Únicamente los miembros del Colegio de Abogados tienen derecho a utilizar el título profesional de “asianajaja o “advokat”. Algunos de los requisitos exigidos para ingresar en el Colegio de Abogados son los siguientes:

  • haber obtenido un máster en Derecho (LL.M.), que capacita para la práctica jurídica;
  • ser persona de integridad reconocida;
  • tener experiencia de varios años en la práctica del Derecho o en otras actividades de carácter judicial;
  • aprobar un examen específico que versa sobre los elementos básicos de la profesión jurídica y sobre la deontología profesional;
  • mantener la independencia y autonomía respecto a cualesquiera influencias del Gobierno o de otras instancias, con la única excepción de los clientes; y
  • disponer de otras cualificaciones.

Responsabilidades de los abogados y supervisión de su actuación profesional

Por cuanto se refiere a la responsabilidad penal o civil, en el caso de los abogados no difiere en principio de la que tienen los demás ciudadanos. No obstante, los abogados están obligados a contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños producidos por cualquier causa, salvo dolo o negligencia grave. El Colegio de Abogados ha creado un fondo de indemnización para atender los daños derivados de la conducta delictiva de sus miembros.

Por otra parte, el abogado sí tiene una responsabilidad profesional. La Junta Rectora del Colegio de Abogados vigila el desempeño de sus funciones por parte de sus miembros de acuerdo con la ética profesional. En caso de incumplimiento, inicia un procedimiento disciplinario, normalmente como consecuencia de una reclamación por escrito. El Canciller de Justicia recibe información sobre las decisiones adoptadas en este sentido por el Colegio y puede recurrirlas ante el Tribunal de Apelación de Helsinki.

El Colegio de Abogados finlandés es un organismo de derecho público que se rige por la Ley de la abogacía de 1958 y que sucede a un órgano registrado bajo el mismo nombre. Los miembros de uno y otro son abogados, tanto en el caso del Colegio actual como del anterior.

El Colegio de Abogados cuenta con unos 1.850 miembros, denominados “abogados” (en finés: asianajaja; en sueco: advokat). Los despachos de abogados emplean a unos 600 asociados, 120 de los cuales son asesores jurídicos oficiales. Las Oficinas de Asistencia Jurídica emplean además a más de 100 letrados que no son miembros del Colegio de Abogados.

La expulsión del Colegio de Abogados en virtud de un procedimiento disciplinario no impide seguir ejerciendo la profesión bajo un título profesional diferente, aunque en tal caso sin estar sujeto a las obligaciones propias de un abogado ni a la supervisión del Colegio.

Puede ser admitido como abogado cualquier ciudadano finlandés u originario de otro país del Espacio Económico Europeo mayor de 25 años, de reconocida honradez y cuyas aptitudes y estilo de vida sean los adecuados para el ejercicio de esta profesión. Se exige además haber obtenido el título académico finlandés pertinente y poseer las competencias necesarias para el ejercicio de la abogacía, así como experiencia en la práctica de la profesión. No puede haber sido declarado en quiebra y debe tener plena capacidad jurídica.

De acuerdo con las obligaciones internacionales asumidas por Finlandia, pueden ser admitidos también como abogados quienes, sin tener la titulación académica ni la experiencia práctica requeridas en Finlandia, posean la condición profesional de abogados en otro país del Espacio Económico Europeo. En tal caso, deberán demostrar, mediante un examen organizado por el Colegio de Abogados, que conocen suficientemente la legislación y la práctica jurídica finlandesas.

Por otra parte, podrán ser admitidos como abogados sin necesidad de superar ese examen quienes tengan la titulación de abogados de un Estado miembro de la Unión Europea, siempre que hayan estado inscritos durante un plazo mínimo de tres años en el registro del Colegio de Abogados como personas en posesión del título profesional de su Estado miembro de origen, y se hallen habilitados para ejercer la abogacía en otro Estado miembro (Registro de la UE). Deberán demostrar, por otro lado, que han ejercido regularmente la abogacía en Finlandia, como mínimo durante el plazo indicado.

Bases de datos jurídicas

Puede encontrarse más información en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaColegio de Abogados.

Asesores jurídicos

En Finlandia, cualquier persona puede asesorar o prestar asistencia en temas jurídicos, incluso como actividad remunerada. Sin embargo, son pocos los asesores que no tienen un máster en Derecho.

Los letrados que actúan profesionalmente sin pertenecer al Colegio de Abogados lo hacen normalmente porque no cumplen los requisitos exigidos a un abogado o porque prefieren no someterse a las obligaciones de la profesión. Es lo que sucede, por ejemplo, a los que han concluido recientemente sus estudios universitarios, a los que han comenzado hace poco a ejercer la profesión o a quienes provienen de otros ámbitos del Derecho, así como a los que trabajan con dedicación parcial.

Notarios públicos

En Finlandia, la actividad de los notarios públicos está regulada legalmente. Estos profesionales desempeñan su labor en las oficinas locales de registro y las oficinas jurisdiccionales de distrito. Para actuar como notario público se exige un máster en Derecho (oikeustieteen kandidaatti).

A pesar de las numerosas semejanzas existentes, las facultades de los notarios públicos finlandeses difieren notablemente de las de los notarios del resto de Europa y de los Estados Unidos. Aunque en Finlandia son siempre funcionarios públicos, no ejercen sus funciones con dedicación exclusiva, ya que la mayoría son registradores en las oficinas locales de registro. Debido a la libertad de forma en la contratación civil, la autenticación notarial no constituye un requisito para la validez de los contratos. En Finlandia, el único contrato civil que requiere su protocolización ante notario es el de transmisión de inmuebles.

Los notarios públicos son responsables, entre otras cosas, de certificar la autenticidad de las firmas, de las copias de certificados y de los curricula vitae. Pueden también emitir los denominados “certificados con apostilla” con los que se confirma que el firmante del documento ocupa el cargo que se indica en él y está autorizado para otorgarlo.

Otras profesiones jurídicas

Oficiales de justicia

Organización

Las tareas de ejecución de las sentencias están encomendadas a los oficiales de justicia de distrito, los jefes de la policía rural y los oficiales de justicia de la provincia de Åland. Todos ellos cuentan con la ayuda de oficiales auxiliares, que son quienes llevan a cabo en la práctica la mayor parte de los actos de ejecución. Cuentan asimismo con personal administrativo. Los oficiales de justicia son funcionarios del Estado.

La gestión general, el control y la supervisión de estos servicios corresponden al Ministerio de Justicia. También los directores provinciales de la administración de justicia desempeñan funciones de control y supervisión de las actuaciones de ejecución de sentencias, en la medida en que han de resolver, por ejemplo, las reclamaciones relacionadas con el comportamiento de los oficiales de justicia. Sin embargo, ni el Ministerio de Justicia ni dichos directores tienen competencias para modificar o anular una medida concreta de ejecución o de otro tipo.

En Finlandia, la ejecución de sentencias suele referirse al cobro de deudas, por lo que está estrechamente relacionada con algún proceso judicial en el que se haya investigado la validez de la pretensión del acreedor y se haya ordenado el pago de la deuda al acreedor. Si las resoluciones judiciales no se cumplen de forma voluntaria, se impone su ejecución. Algunas clases de créditos, como los impuestos y las cotizaciones sociales, pueden ejecutarse incluso sin necesidad de resolución judicial.

Los oficiales de justicia velan por los intereses tanto del acreedor como del deudor. Han de intentar en primer lugar que el deudor pague su deuda voluntariamente, enviando una carta de reclamación. En caso de impago, proceden a embargar el salario, pensiones, rentas profesionales y bienes. Los bienes embargados pueden venderse en pública subasta.


El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 08/02/2018

Profesiones jurídicas - Suecia

Esta sección ofrece una visión general de las profesiones jurídicas en Suecia

Fiscales
Jueces
Abogados
Notarios
Otras profesiones jurídicas


Profesiones jurídicas

Profesiones jurídicas: introducción

Fiscales

Organización

Integran el ministerio público la El enlace abre una nueva ventanaFiscalía General de Suecia (Åklagarmyndigheten) y la El enlace abre una nueva ventanaOficina Sueca de Delitos Económicos (Ekobrottsmyndigheten). Ambas dependen directamente al Gobierno (Ministerio de Justicia). La primera está dirigida por el Fiscal General, la segunda por un Director General. El Fiscal General (Riksåklagare) es el fiscal de mayor rango jerárquico del país. Es responsable del ministerio público y dirige su labor.

El Fiscal General es responsable del desarrollo legislativo, de las actividades del El enlace abre una nueva ventanaTribunal Supremo y de otras tareas administrativas. Los fiscales principales son responsables de ámbitos determinados del ministerio fiscal. Los fiscales son nombrados por el Fiscal General, y están organizados en distritos en los que trabajan fiscales de distrito. Algunos de ellos están especializados en un ámbito concreto. Hay 32 fiscalías de distrito. Existen también tres fiscalías internacionales y cuatro fiscalías de ámbito nacional que tramitan asuntos especiales. Cada fiscalía de distrito está dirigida por un Fiscal Jefe.

Todos los fiscales del ministerio público gozan de plena independencia para la toma de decisiones, de modo que ningún fiscal principal puede indicar qué decisiones debe adoptar un fiscal subordinado en un caso atribuido a este. Para convertirse en fiscal es necesario ser ciudadano sueco. Antes de poder optar a un puesto de fiscal es necesario haber obtenido el título sueco de Derecho y haber completado unas prácticas jurídicas preparatorias, es decir, haber trabajado durante dos años como secretario de juzgado en un tribunal de primera instancia o administrativo. Bajo ciertas condiciones, la formación jurídica adquirida en otro país escandinavo puede ser convalidada con el título sueco de Derecho. En un primer momento, los fiscales son contratados como fiscales en prácticas durante un periodo de nueve meses en el que un tutor los orienta en su labor. Transcurrido ese periodo, simultanean su actividad con un curso de formación de dos años de duración, al final del cual son nombrados fiscales de distrito.

Existen tres centros de desarrollo de la fiscalía situados en Estocolmo, Gotemburgo y Malmö, dirigidos por un Fiscal Principal. La labor de estos centros de desarrollo es llevar a cabo actividades metodológicas y de desarrollo jurídico dentro de sus ámbitos penales respectivos y servir de centros de referencia en sus ámbitos de responsabilidad. También realizan labores de supervisión y seguimiento jurídico; por ejemplo, los centros de desarrollo conocen de todos los recursos contra decisiones de los fiscales.

Funciones y deberes

Los fiscales tienen tres competencias principales:

  • dirigir las investigaciones de los delitos;
  • decidir si debe formularse una acusación;
  • comparecer ante los tribunales.

El fiscal dirige la investigación preliminar de los delitos no considerados menores y que quepa razonablemente imputar a una persona determinada. Los fiscales también podrán dirigir la investigación en otros casos cuando existan motivos especiales para ello. Como director de la investigación preliminar, el fiscal es responsable de garantizar que se investigue el delito de forma óptima. En el caso de los delitos menos graves, es la policía quien realiza toda la investigación.

Cuando la investigación preliminar es dirigida por un fiscal, este contará con la asistencia de la Policía. El fiscal supervisará de forma permanente la investigación y tomará las decisiones necesarias tanto sobre las medidas investigativas como sobre otras cuestiones. Una vez completada la investigación preliminar, el fiscal decide sobre la pertinencia de incoar un proceso judicial (lo anterior es también válido para las investigaciones preliminares encomendadas a la autoridad policial).

Otro aspecto importante de la labor del fiscal es la preparación de los asuntos y la comparecencia ante los tribunales. Mediante la decisión de formular una acusación y su descripción del delito, el fiscal sienta el marco para el proceso penal ante el tribunal. La mayoría de los fiscales pasan un mínimo de uno o dos días por semana en los juzgados.

El Fiscal General es el único facultado para incoar o seguir una causa ante el Tribunal Supremo. No obstante, puede nombrar a un fiscal ayudante en la Oficina del Fiscal General o designar a otro fiscal para que lo represente ante el Tribunal Supremo.

Bases de datos jurídicas

Se puede obtener más información sobre los fiscales en el El enlace abre una nueva ventanasitio web de la Fiscalía General, accesible para todos los ciudadanos.

Jueces

Organización

Los jueces titulares (ordinarie domare) son nombrados por el Gobierno a recomendación de un órgano consultivo pública independiente, la Comisión de Propuestas de Nombramientos Judiciales (Domarnämnden). En principio, un juez titular solo puede ser removido de su cargo en los casos establecidos en el documento de rango constitucional conocido como Instrumento de Gobierno (regeringsformen).

Para convertirse en juez es necesario ser ciudadano sueco. Para poder optar a la judicatura, hay que estar también en posesión de un título sueco de Derecho. Bajo ciertas condiciones, la formación jurídica adquirida en otro país escandinavo se considerará equivalente al título sueco de Derecho. La mayoría de los jueces titulares ocupan su plaza en tribunales de primera instancia o administrativos o en tribunales de apelación ordinarios o administrativos. Al presidente de un tribunal de apelación ordinario o administrativo se le denomina president, mientras que el presidente de un tribunal de primera instancia o administrativo es conocido como lagman. Los jueces del Tribunal Supremo y del Tribunal Supremo Administrativo reciben la denominación de magistrados (justitieråd).

Muchos de los jueces titulares han seguido una carrera tradicional, ejerciendo primero dos años como secretario de juzgado en un tribunal de primera instanciaPDF(329 Kb)sv o administrativoPDF(281 Kb)sv, para solicitar a continuación un puesto de secretario ponente (fiskal) en un tribunal de apelación ordinario o administrativo. Tras un mínimo de un año en tal órgano, el juez en formación debe ejercer durante al menos dos años como secretario ponente en un tribunal de primera instancia o administrativo. A continuación debe ejercer un mínimo de un año como juez asociado en funciones en un tribunal de apelación ordinario o administrativo. Tras completar con éxito y superar este período de aprendizaje, el juez en formación es nombrado juez de apelación asociado en un tribunal de apelación ordinario o administrativo. Los secretarios ponentes y los jueces asociados son ambos jueces interinos que pueden ejercer en los órganos jurisdiccionales. Los tribunales también emplean a cierto número de juristas redactoresPDF(280 Kb)sv y ponentesPDF(281 Kb)sv.

En todos los tribunales de primera instancia, de apelación, administrativos y administrativos de apelación ejerce un número determinado de jueces legos (nämndemän). Los jueces legos son nombrados por un periodo de cuatro años por:

  • el consejo municipal en los municipios pertenecientes al ámbito territorial de jurisdicción del tribunal de primera instancia;
  • el consejo de demarcación en las demarcaciones pertenecientes al ámbito territorial de jurisdicción del tribunal administrativo y del tribunal de apelación ordinario o administrativo.
    Cada juez lego tiene un voto en las votaciones relacionadas con las deliberaciones del tribunal.

Bases de datos jurídicas

Para obtener información adicional sobre los jueces y los jueces legos, véase el El enlace abre una nueva ventanasitio web de los órganos jurisdiccionales suecos. Para obtener información específica sobre los jueces, véase el sitio web de El enlace abre una nueva ventanala Asociación Sueca de Jueces.

Organización de la profesión jurídica: Abogados

Abogados

Según la ley sueca, solo los miembros del El enlace abre una nueva ventanaColegio de Abogados Sueco (Sveriges advokatsamfund) están autorizados a utilizar el título profesional de advokat (abogado). Para poder convertirse en miembro del Colegio de Abogados, es necesario:

  • ser residente en Suecia, en otro país de la UE o del EEE, o en Suiza;
  • haber obtenido la cualificación académica que permite al titular convertirse en juez (en Suecia, el LL. M. –magister legum– en Derecho, un título de postgrado);
  • tener tres años de experiencia práctica en el ámbito jurídico, y estar en ejercicio en el momento de presentación de la solicitud de colegiación;
  • haber completado la formación del Colegio de Abogados y superado el posterior examen;
  • ser íntegro y apto, en general, para el ejercicio de la abogacía.
  • A los solicitantes de otros países de la UE, del EEE o de Suiza que satisfagan los requisitos de formación para convertirse en abogados en sus países de origen se les aplican normas especiales.
  • Las decisiones de admisión de nuevos miembros son tomadas por el Consejo del Colegio de Abogados.
  • El Colegio de Abogados de Suecia fue fundado a iniciativa privada en 1887 y recibió reconocimiento oficial en 1948, con la entrada en vigor del actual Código del Procedimiento Judicial. En la actualidad cuenta con más de 4 700 miembros.
  • El Colegio se rige por el Código de Procedimiento Judicial y por su propio Estatuto, que es aprobado por el Gobierno. El Colegio, un organismo de Derecho privado, tiene los siguientes objetivos:
  • observar los más elevados principios deontológicos y profesionales en el ejercicio de la abogacía;
  • realizar un seguimiento de la evolución legislativa y garantizar que esta tenga en cuenta la experiencia y conocimientos del Colegio;
  • salvaguardar los intereses profesionales generales de los colegiados y promover la unidad y el consenso entre ellos.
    El Colegio ejerce también algunas funciones de carácter público. En virtud de lo dispuesto en el Código de Procedimiento Judicial, se le han delegado algunas tareas de naturaleza administrativa, en cuyo desempeño actúa en calidad de organismo público, particularmente en asuntos disciplinarios.
    Las normas reguladoras del Colegio de Abogados tienen por finalidad garantizar la calidad de la asistencia letrada y del asesoramiento jurídico ofrecido a quienes lo demandan. El Código de Procedimiento Judicial establece que los colegiados tienen el deber de respetar el código deontológico profesional y están sujetos a la autoridad reguladora y supervisora del Colegio de Abogados y del Ministro de Justicia. Están sujetos al control de la Comisión de Disciplina del Colegio de Abogados. Si esta considera que un abogado ha vulnerado el código deontológico de la profesión, puede decidir imponerle una sanción disciplinaria.

Bases de datos jurídicas

Para obtener información adicional, véase el El enlace abre una nueva ventanasitio web del Colegio de Abogados Sueco.

Asesores jurídicos

En los procedimientos judiciales, no se exige que el asesor jurídico sea abogado, siempre que sea considerado apto por el tribunal. No obstante, en principio, solo los abogados pueden ser designados abogados de oficio.

Notarios

Organización

En Suecia solo existe la figura del notario (véase más adelante), no existen notarios especiales.

Los notarios son nombrados por el Consejo de Gobierno de Demarcación (länsstyrelsen). Para ser notario es necesario contar con formación jurídica, conocer el idioma sueco y reunir otros requisitos de aptitud.

Funciones y deberes

Bases de datos jurídicas

Para esta profesión no existe ningún directorio público ni sitio web de información.

No obstante, algunos de los sitios web de los Consejos de Gobierno de Demarcación ofrecen más información sobre los notarios.

La función de los notarios es prestar asistencia con respecto a varias materias, tales como:

  • legitimaciones de firmas, copias, traducciones y demás información relativa al contenido de documentos;
  • comparecer como testigo ante los tribunales en determinados casos;
  • supervisar los sorteos de lotería;
  • tras los oportunos controles y verificaciones, levantar acta de sus observaciones;
  • tomar declaración sobre circunstancias de naturaleza jurídica o económica y entregar las correspondientes actas de manifestaciones a un tercero;
  • confirmar que un organismo público o persona está facultado para la realización de determinados actos;
  • autentificación de documentos en virtud del Convenio de la Haya, de 5 de octubre de 1961, por el que se suprimen los requisitos de legalización de los documentos públicos extranjeros (apostilla).

Bases de datos jurídicas

Para esta profesión no existe ningún directorio público ni sitio web de información.

No obstante, algunos de los sitios web de los Consejos de Gobierno de Demarcación ofrecen más información sobre los notarios.

Otras profesiones jurídicas

La El enlace abre una nueva ventanaAutoridad Sueca de Ejecuciones Forzosas (Kronofogdemyndigheten) se encarga del cobro y ejecución forzosa de deudas y otras obligaciones. Los agentes judiciales de ejecución (kronofogde) actúan en nombre de la citada Autoridad, y están encargados de garantizar que la ejecución forzosa se desarrolle conforme a Derecho. En Suecia, es posible recibir una formación específica para convertirse en agente judicial de ejecución. Para poder recibirla, es necesario tener la nacionalidad sueca, contar con el título sueco de Derecho o un título equivalente, y haber obtenido la cualificación de secretario de juzgado (notarie). También es posible sustituir dicha cualificación por un período de prácticas determinado específicamente o por un procedimiento de dispensa.


El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 20/02/2017

Profesiones jurídicas - Inglaterra y Gales

Esta página ofrece una visión general sobre algunas de las principales profesiones jurídicas ejercidas en las jurisdicciones de Inglaterra y Gales, dentro del Reino Unido. En ella se incluye información sobre los jueces, los fiscales y los diferentes tipos de abogados.


Profesiones jurídicas

El Poder Judicial

En el sistema judicial de Inglaterra y Gales, los jueces y magistrados, con diferentes estatutos jurídicos, ejercen sus funciones, a tiempo completo o a tiempo parcial, en los diversos órganos jurisdiccionales de Inglaterra y Gales. Encontrará más información sobre el Poder Judicial en Inglaterra y Gales en su El enlace abre una nueva ventanapágina web oficial.

 

 

 

 

Jueces a tiempo completo

  • El Lord Chief Justice (decano de los jueces lores) es el presidente del Poder Judicial de Inglaterra y Gales, así como el presidente de sus órganos jurisdiccionales. Esta última función la comenzó a ejercer el 3 de abril de 2006, fecha en que se le transfirieron las funciones judiciales del Lord Chancellor (lord canciller) en virtud de la Constitutional Reform Act (Ley de Reforma Constitucional) de 2005. El Lord Chief Justice es asimismo la máxima autoridad en materia de justicia penal.
  • Los Heads of division (presidentes de sala), cuatro magistrados de reconocida competencia, presiden las demás jurisdicciones: el Master of the Rolls (presidente de la Sala de lo Civil) del Court of Appeal (Tribunal de Apelación); y , del High Court of Justice (Tribunal Superior de Justicia), el President of the Queen’s Bench Division (presidente de la Sala de la Reina), el President of the Family Division (presidente de la Sala de Asuntos de Familia), y el presidente de la Chancery Division (Sala de la Cancillería). Si desea más información, consulte la página web del El enlace abre una nueva ventanaPoder Judicial de Inglaterra y Gales.
  • Los Lords Justices of Appeal (magistrados de apelación) ejercen su labor en el Court of Appeal, que conoce de causas tanto penales como civiles.
  • Los High Court Judges (magistrados del Tribunal Superior) desarrollan su actividad en este órgano jurisdiccional, que conoce de las causas civiles más complejas. También se ocupan de los asuntos penales más graves y delicados que se someten al Crown Court (Tribunal de la Corona), como, por ejemplo, los de asesinato.
  • Los Circuit Judges (jueces de partido judicial) conocen normalmente de asuntos penales, civiles y de familia.
  • Los District Judges (jueces de distrito) se ocupan de asuntos de Derecho civil. La mayor parte de su labor se lleva a cabo a puerta cerrada (no en audiencias públicas). Pueden conocer de cualquier causa que se sustancie en County Courts (juzgados de condado), cuando la sanción sea de una cuantía inferior a un determinado límite (que se revisa periódicamente); cuando se supera ese límite, el asunto compete a los Circuit Judges. Los District Judges resuelven más del 80 % del total de los litigios civiles en Inglaterra y Gales.
  • Los District Judges (magistrates’ courts) (jueces de distrito adscritos a juzgados de paz) se ocupan de los asuntos que son competencia de estos (vid. infra). Intervienen, sobre todo, en asuntos en los que se abordan materias de mayor complejidad.
  • Los High Court Masters and Registrars (asesores y secretarios del Tribunal Superior) actúan como procedural judges (jueces procesales) en la mayoría de los asuntos civiles de la Chancery Division y de la Queen's Bench Division del High Court.

Jueces a tiempo parcial

Suelen designarse para un período no inferior a cinco años, sin perjuicio del límite de edad máxima correspondiente. Los principales tipos de jueces a tiempo parcial son:

  • Los Deputy High Court Judges (jueces adjuntos del Tribunal Superior), que ejercen su labor en una o varias de las salas de dicho órgano jurisdiccional.
  • Los Recorders (jueces auxiliares), con competencia similar a la de los Circuit Judges, aunque, en general, se ocupan de los asuntos menos complejos o graves.
  • Los Deputy District Judges (jueces de distrito adjuntos), que ejercen en los County Courts y en las secretarías de distrito del High Court. Se ocupan de los asuntos menos complejos sujetos a la competencia de los District Judges.
  • Los Deputy District Judges (Magistrates’ Courts) (jueces de distrito adjuntos adscritos a los juzgados de paz) llevan a cabo una labor similar a la de sus homólogos a tiempo completo.
  • Los Deputy High Court Masters and Registrars (asesores y secretarios adjuntos del Tribunal Superior) se ocupan de asuntos similares a los de sus homólogos a tiempo completo.

Jueces de órganos jurisdiccionales especializados

Los tribunals (órganos jurisdiccionales especializados) conocen de casi 800 000 asuntos al año, relativos a muy diversas cuestiones, como impuestos, pensiones o inmigración.

Suelen estar constituidos por varios magistrados, entre los que figura un presidente o juez con formación jurídica, al que asisten legos en Derecho especializados en diversos ámbitos específicos. No se contempla la figura del jurado, y carecen de competencias para imponer penas de privación de libertad. Su función principal consiste en procurar resolver eficazmente los litigios y, en algunos casos, adoptar una decisión sobre la cuantía de la indemnización o reparación que ha de otorgarse a la parte ganadora.

Jueces legos

Los magistrates (jueces legos), también conocidos como justices of the peace o JP (jueces de paz), resuelven aproximadamente el 95 % de los asuntos penales en Inglaterra y Gales. Más de 30 000 de estos jueces llevan a cabo sus funciones en el ámbito local, normalmente un mínimo de 26 medias jornadas al año. No se les exige formación jurídica y no reciben remuneración por su labor.

Normalmente ejercen su función en benches (estrados) compuestos por tres miembros, uno de los cuales se encuentra cualificado para actuar como presidente, orienta al grupo en el desempeño de sus funciones y actúa como portavoz del mismo. Cada estrado cuenta en todo caso con la asistencia de un funcionario con formación jurídica que asesora en materia de legislación y procedimiento.

Los jueces legos conocen de faltas, como los hurtos menores, la responsabilidad penal por daños dolosos, los desórdenes públicos y las infracciones de tráfico. También se ocupan de diversas cuestiones de familia y de menores, así como de las reclamaciones relacionadas con cánones.

Fiscales

Organización

La El enlace abre una nueva ventanaCrown Prosecution Service o CPS (Fiscalía de la Corona) es el órgano independiente responsable de la acusación en las causas penales que haya investigado la policía en Inglaterra y Gales. Se encuentra bajo la supervisión del attorney general (Fiscal General del Estado), que responde ante el Parlamento en nombre de la CPS. Inglaterra y Gales se encuentran divididas en 42 fiscalías territoriales, cada una de las cuales es dirigida por un Chief Crown Prosecutor (Fiscal Jefe de la Corona). Además, existen cuatro fiscalías especializadas de ámbito nacional: delincuencia organizada, delincuencia especial, lucha contra el terrorismo y lucha contra el fraude. Un servicio telefónico denominado CPS Direct ofrece asesoramiento y orientación en horario extralaboral a los agentes de policía en el territorio de Inglaterra y Gales.

Al frente de la CPS se encuentra el Director of Public Prosecutions o DPP (Director de la Fiscalía Pública), que adopta decisiones sobre los asuntos más complejos y sensibles y asesora a la policía en materia penal. El DPP asume la responsabilidad general de las acusaciones formuladas por la CPS y responde ante el Fiscal General del Estado.

La CPS se compone de fiscales y fiscales adjuntos, así como de gestores y administradores. Los fiscales de la Corona son barristers o lawyers (abogados o letrados) con experiencia, que ejercen la acusación en las causas penales en nombre de la Corona. Los fiscales adjuntos preparan y presentan una serie limitada de casos en los juzgados de paz.

Funciones y obligaciones

El personal de la CPS:

  • asesora a la policía y revisa las pruebas de los asuntos para el posible enjuiciamiento;
  • decide sobre la acusación (en todos los asuntos, salvo los menos graves) cuando se acuerda la apertura de juicio; y
  • prepara los asuntos y los presenta ante el órgano jurisdiccional.

Los fiscales de la Corona tienen la consideración de funcionarios públicos y su selección se lleva a cabo mediante oposición libre. Para poder entrar en la carrera fiscal, los candidatos deben ser:

  • solicitors colegiados en Inglaterra y Gales en posesión de un certificado vigente que les habilite para el ejercicio pleno de la profesión;
  • barristers colegiados que hayan completado un período de formación específico (pupilage);
  • ciudadanos del Espacio Económico Europeo o de la Commonwealth (los abogados que no obtuvieron su título en Inglaterra o Gales están obligados a aprobar un examen de aptitud para el ejercicio de la profesión).

Organización de la profesión jurídica letrada

Barristers (abogados)

El El enlace abre una nueva ventanaBar Council (Consejo de la Abogacía) es el órgano de gobierno de los barristers en Inglaterra y Gales. Se constituyó para velar por los intereses de la profesión, formular y poner en práctica iniciativas esenciales y mantener las normas, la honorabilidad y la independencia de la Abogacía. De conformidad con la Legal Services Act (Ley de Servicios Jurídicos) de 2007, la tarea de regular el ejercicio de la profesión se ha delegado en el Bar Standards Board (Consejo de Regulación de la Abogacía), órgano independiente y autónomo. Los barristers son profesionales que prestan asesoramiento jurídico especializado y ejercen su labor de defensa ante los órganos jurisdiccionales. Por lo general, son trabajadores por cuenta propia que llevan a cabo su actividad en grupos, en oficinas denominadas bufetes (chambers), en las que se les conoce como tenants (inquilinos). Los barristers reciben formación centrada fundamentalmente en el ejercicio de la abogacía, es decir, se les instruye para representar a sus clientes en los órganos jurisdiccionales superiores. Los barristers también dedican mucho tiempo a asesorar a sus clientes y a preparar los asuntos, así como a ampliar sus conocimientos técnicos en su ámbito de especialización. En torno al 10 % de los barristers en ejercicio son Queen’s Counsels o QC (asesores de la Reina), es decir, abogados de categoría superior que se ocupan de los asuntos más complejos e importantes.

Solicitors (asesores jurídicos con poder de representación ante los órganos jurisdiccionales inferiores)

La labor de un solicitor consiste en prestar a sus clientes (personas físicas o jurídicas, organizaciones de voluntariado, instituciones benéficas, etc.) servicios jurídicos especializados de asesoramiento y representación (incluida la que se lleva a cabo antes determinados órganos jurisdiccionales). Sus funciones son muy diversas. La mayoría de solicitors ejercen en despachos privados (private practice), constituidos por varios de ellos al servicio de sus clientes. Pueden desarrollar su labor en un despacho generalista, que abarque numerosas áreas del Derecho, o en un despacho especializado en un campo específico. Otros actúan como solicitors por cuenta ajena para las Administraciones central y local, la Fiscalía, los jueces de paz, organismos mercantiles o laborales u otras entidades. Los solicitors pueden elegir el tipo de medio profesional que más les convenga.

En general, prestan asesoramiento jurídico a sus clientes. Si estos, con posterioridad, necesitan que les representen en los órganos jurisdiccionales superiores de Inglaterra o Gales, el solicitor, normalmente, informará a un barrister para que este último se encargue de tal representación. No siempre se requiere un barrister, puesto que a los solicitors debidamente cualificados les asiste el derecho de audiencia (es decir, de representar a sus clientes) ante los órganos jurisdiccionales superiores.

La El enlace abre una nueva ventanaLaw Society es el colegio que agrupa y representa a los solicitors en Inglaterra y Gales. Sus funciones van desde la negociación con las autoridades que gobiernan la profesión, la Administración y otras instituciones y el ejercicio de presión a favor de sus intereses sobre dichos interlocutores, hasta la prestación de servicios de formación y asesoramiento. El papel de la Law Society consiste en ayudar, proteger y promover a los solicitors de Inglaterra y Gales.

La El enlace abre una nueva ventanaSolicitors Regulation Authority o SRA (el órgano de ordenación profesional de los solicitors) se ocupa de los asuntos regulatorios y disciplinarios y de establecer las normas que atañen a los solicitors de Inglaterra y Gales, así como de supervisar y garantizar su aplicación. Se denominaba anteriormente Law Society Regulation Board, y actúa únicamente al servicio del interés público.

La El enlace abre una nueva ventanaOffice for Legal Complaints (Oficina de Reclamaciones Legales) está a disposición de los ciudadanos que desean formular una reclamación sobre un solicitor. Este órgano independiente e imparcial, conocido anteriormente como Legal Complaints Service (Servicio de Reclamaciones Legales), trabaja para resolver de manera rápida y eficaz todo tipo de problemas.

Notaries (notarios)

Los notarios constituyen la tercera y más antigua rama de la profesiones jurídicas en Inglaterra y Gales. La El enlace abre una nueva ventanaFaculty Office (Oficina de Notarios) es el órgano que les faculta para ejercer la profesión (el Arzobispo de Canterbury fue el primero en desempeñar esta función en 1279) y el Court of Faculties (Tribunal de Notarios) se ocupa de regular dicho ejercicio. Los notarios sirven de puente entre el Derecho continental (civil law) y el Derecho angloamericano (common law).

Todos cuentan con formación jurídica y, aunque la mayoría de ellos también pueden ser solicitors, para ejercer como notario es preciso superar exámenes específicos e independientes. Todos los notarios deben realizar el mismo curso inicial para poder desempeñar la profesión: el El enlace abre una nueva ventanacurso de práctica notarial impartido por el University College de Londres. Una vez cumplidas las condiciones exigidas, los notarios pueden ejercer en cualquier lugar de Inglaterra y Gales y gozan todos de las mismas competencias. Además de redactar y expedir actas notariales y escrituras públicas, los notarios también pueden prestar asesoramiento en materia de sucesión (elaboración de testamentos, administración de la masa hereditaria, traslación del dominio y otros temas afines).

Las actividades notariales se han reconocido en todo el mundo durante siglos y esto ha permitido a personas físicas y jurídicas circular libremente. En este sentido, los notarios facilitan el comercio y la vida de los ciudadanos de a pie, al posibilitar que gestionen sus asuntos cotidianos y sus negocios libremente, con un coste razonable y sin demoras indebidas.

Cada notario posee un sello oficial y las actas notariales en Inglaterra y Gales tienen valor probatorio. Las actas notariales pueden adoptar forma privada o pública; a estas últimas también se las conoce como «actas notariales auténticas» (notarial acts in authentic form). Las actas notariales en las que figuran la firma y el sello de un notario tienen fuerza probatoria en cualquier país al considerarse expedidas por un fedatario público.

Los notarios están sujetos a normas profesionales similares a las de los solicitors y están obligados a renovar anualmente los certificados que les habilitan para el ejercicio de la profesión, así como a contratar un seguro de responsabilidad civil profesional y un seguro de caución. La renovación está sujeta al cumplimiento de la normativa aplicable. El nombramiento notarial se realiza a título personal e individualizado. El El enlace abre una nueva ventanaNotaries Society (Consejo del Notariado) representa a aproximadamente 800 notarios. El Society of Scrivener Notaries (Consejo de Notarios Escribanos) representa a aproximadamente 30 scrivener notaries (notarios escribanos), que ejercen principalmente en el centro de Londres y son nombrados por la El enlace abre una nueva ventanaScriveners Company (Sociedad de Escribanos), un antiguo gremio.

Abogados especializados en patentes y marcas (patent and trade mark attorneys)

Son abogados especializados en materia de propiedad intelectual que ofrecen asesoramiento jurídico en este ámbito, especialmente en relación con las patentes, las marcas comerciales, los diseños y los derechos de autor, y también representan a sus clientes ante los órganos jurisdiccionales especializados en asuntos de propiedad intelectual (algunos pueden ampliar sus competencias tras obtener una cualificación como abogados con derecho de audiencia). La mayor parte de los abogados especializados en marcas y patentes se dedican al ejercicio libre de la profesión. Muchos trabajan en bufetes especializados, mientras que otros se asocian con solicitors. Por otra parte, un número considerable de ellos trabaja en empresas. Los abogados especializados en marcas y patentes con derecho de audiencia pueden representar a sus clientes ante los órganos jurisdiccionales, al igual que los solicitors, en asuntos de propiedad intelectual, pudiendo encargar a un barrister que lleve el asunto. El El enlace abre una nueva ventanaChartered Institute of Patent Attorneys o CIPA (Instituto de Abogados de Patentes) representa a los abogados especializados en patentes de todo el Reino Unido. Entre sus funciones figuran cooperar con el Gobierno en materia de legislación sobre propiedad intelectual, ofrecer cursos y formar a abogados especializados en patentes y a becarios y cooperar con las autoridades reguladoras de la profesión. El CIPA promueve la legislación en materia de propiedad intelectual y las profesiones relacionadas con ella. El El enlace abre una nueva ventanaInstitute of Trade Mark Attorneys o ITMA (Instituto de Abogados de Marcas) representa a los abogados especializados en marcas de todo el Reino Unido. Entre sus obligaciones figuran hacer labores de grupo de presión y negociar con el Gobierno, el organismo autónomo regulador y otras organizaciones pertinentes. Facilita cursos, formación y asesoría al sector de los abogados especializados en marcas y es el responsable de promover la profesión y la propiedad intelectual. El El enlace abre una nueva ventanaIntellectual Property Regulation Board o IPReg (Consejo Regulador de la Propiedad Intelectual) se ocupa de todas las cuestiones regulatorias y disciplinarias y establece, supervisa y aplica las normas para los abogados especializados en patentes y marcas en todo el Reino Unido. Actúa en defensa del interés público y mantiene registros obligatorios de los abogados y bufetes especializados en patentes y en marcas.

Otras profesiones jurídicas

Con la excepción de aquellos que trabajan en juzgados de paz, no es obligatorio que el personal no judicial que desarrolla su labor en los órganos jurisdiccionales de Inglaterra y Gales cuente con formación jurídica. Son funcionarios públicos que se encargan de asuntos administrativos y prestan asistencia a los jueces, mas no pueden proporcionar asesoramiento jurídico. Como miembros de la función pública, dependen del El enlace abre una nueva ventanaServicio de la Judicatura de Su Majestad (Her Majesty's Courts and Tribunals Service).

Si desea más información sobre el personal de la Oficina Judicial, puede consultar aquíPDF(456 Kb)es.

En los juzgados de paz la situación es diferente. Como los magistrates (jueces legos) no cuentan con formación jurídica, se sirven del asesoramiento de personal de la Oficina Judicial que sí la tiene; los hay de dos tipos: los justices’ clerks (letrados de la Administración de Justicia) y los legal advisers o court clerks (consejeros judiciales).

  • Los justices’ clerks son los principales asesores jurídicos de los magistrates. Son barristers o solicitors con una experiencia profesional pertinente de al menos cinco años, que asesoran a los magistrates en cuestiones de Derecho material y procesal, tanto en los juicios como fuera de estos. Son asimismo responsables de la gestión y la formación de los legal advisers, de la calidad de los servicios jurídicos prestados y de la provisión de asesoramiento jurídico coherente en todo su ámbito de actuación administrativa.

  • Los legal advisers asisten a los juicios y asesoran a los magistrates en lo que se refiere a la legislación, la práctica y los procedimientos. Estos profesionales también cuentan con una titulación jurídica (normalmente, están habilitados para ejercer como solicitors o barristers).

De la ejecución de los distintos tipos de resoluciones del High Court se encargan en la actualidad los High Court enforcement officers (agentes de ejecución del Tribunal Superior), que son nombrados y destinados a un distrito determinado por el Lord Chancellor o la persona delegada por este. Son responsables de ejecutar las resoluciones judiciales, procediendo al cobro de los importes adeudados con arreglo a una sentencia del High Court o de un county court trasladada al High Court. Pueden embargar y enajenar bienes para cubrir el importe de la deuda. Asimismo, efectúan y supervisan los desahucios y las restituciones de bienes.

Los county court bailiffs (agentes judiciales de los juzgados de condado) son funcionarios públicos del Servicio de la Judicatura de Su Majestad que se ocupan de la ejecución de las sentencias y autos dictados y publicados por los juzgados de condado. Se encargan de que se cumplan las órdenes de ejecución, de recuperar la posesión de bienes raíces en virtud de una orden de desahucio y de la recuperación de bienes conforme a órdenes de restitución de los mismos. La regulación de la actividad de los bailiffs encargados de la ejecución de resoluciones judiciales se recoge en los artículos 85 a 111 de la County Courts Act (Ley de Juzgados de Condado) de 1984. Los procedimientos de ejecución se regulan en las normas de enjuiciamiento civil. Además, los county court bailiffs llevan a cabo otras tareas, por ejemplo, la notificación y el traslado en persona de documentos y órdenes de detención. Las normas sobre detención se recogen en los artículos 118 a 122 de la County Courts Act.

Los certificated bailiffs (agentes judiciales certificados) son agentes judiciales privados titulares de un certificado expedido de conformidad con la normativa relativa al embargo por impago de alquileres (distress for rent); la autorización para que puedan ejercer su labor debe expedirla un circuit judge adscrito a un county court. Por embargo por impago de alquileres se entiende la incautación de los bienes de un inquilino por parte del propietario de la vivienda para garantizar el cobro de los atrasos en el pago de las rentas sin que medie la intervención de un órgano jurisdiccional. De conformidad con otros textos legales, los certificated bailiffs también están autorizados a ejecutar el cobro de otro tipo de deudas, como las relativas a impuestos municipales o al impuesto sobre locales comerciales.

Enlaces relacionados

El enlace abre una nueva ventanaFiscalía de la Corona (Crown Prosecution Service);
El enlace abre una nueva ventanaOficina de Notarios (Faculty Office);
El enlace abre una nueva ventanaConsejo del Notariado (Notaries Society);
El enlace abre una nueva ventanaPoder Judicial de Inglaterra y Gales (Judiciary of England and Wales);
El enlace abre una nueva ventanaThe Law Society;
El enlace abre una nueva ventanaSolicitors Regulation Authority;
El enlace abre una nueva ventanaOficina de Reclamaciones Legales (Office for Legal Complaints);
El enlace abre una nueva ventanaComisión de Servicios Jurídicos (Legal Services Commission);
El enlace abre una nueva ventanaInstituto de Abogados de Patentes (Chartered Institute of Patent Attorneys);
El enlace abre una nueva ventanaInstituto de Abogados de Marcas (Institute of Trade Mark Attorneys);
El enlace abre una nueva ventanaConsejo Regulador de la Propiedad Intelectual (Intellectual Property Regulation Board);
El enlace abre una nueva ventanaServicio de la Judicatura de Su Majestad (Her Majesty's Courts and Tribunals Service).


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Última actualización: 30/06/2017

Profesiones jurídicas - Irlanda del Norte

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Esta sección ofrece una visión general de las profesiones jurídicas en el sistema jurídico de Irlanda del Norte (Reino Unido)


Profesiones jurídicas

Profesiones jurídicas – introducción

Las profesiones jurídicas en Irlanda del Norte incluyen a:

  • Jueces
  • Fiscales
  • Barristers: abogados que pueden actuar en todos los tribunales, especialmente en los tribunales superiores
  • Solicitors: abogados que ejercen como asesores jurídicos y que únicamente pueden actuar en los tribunales inferiores. Ejercen asimismo las labores desempeñadas por los procuradores en España

 

 

Organización de las profesiones jurídicas: jueces

La Judicatura en Irlanda del Norte se divide en las siguientes categorías:

  • Lord Chief Justice (Lord Principal de Justicia), el más alto cargo de la Judicatura
  • Lord Justices of Appeal, Lores Jueces de Apelación
  • High Court Judges, Jueces del Tribunal Superior
  • Masters of the Supreme Court, Magistrados del Tribunal Supremo
  • County Court Judges, Jueces de los Tribunales de Condado
  • District Judges (county courts), Jueces de Distrito que desempeñan sus funciones en los Tribunales de Condado
  • District Judges (magistrate court), Jueces de Distrito que desempeñan sus funciones en los Juzgados de Paz
  • Lay Magistrates, jueces legos, carentes de formación jurídica, que desarrollan sus funciones fundamentalmente en los Juzgados de Paz
  • Coroners o Jueces de la Coroner's Court, tribunal encargado de investigar las muertes por causa desconocida

Organización de las profesiones jurídicas: fiscales

Organización

El Ministerio Fiscal de Irlanda del Norte (Public Prosecution Service for Northern Ireland, PPS) es el principal órgano instructor de Irlanda del Norte. Además de instruir los asuntos investigados por la policía en Irlanda del Norte, también se ocupa de los asuntos investigados por otras autoridades oficiales, como la Inspección Financiera y Tributaria y de Aduanas, (HM Revenue and Customs).

Al frente del PPS se halla el Fiscal Jefe para Irlanda del Norte. Existe, además, un Fiscal Jefe Adjunto. Este último goza de las mismas competencias que el Fiscal Jefe, pero tiene que ejercerlas bajo su dirección y supervisión. Ambos puestos se proveen mediante nombramiento público del Fiscal General para Irlanda del Norte.

El PPS es un servicio administrativo no ministerial. Con arreglo a la Ley sobre la Justicia de Irlanda del Norte [Justice (Northern Ireland) Act] de 2002, el Fiscal Jefe goza de total independencia en el ejercicio de sus funciones. La Ley de 2002 establece que el Fiscal Jefe y el Fiscal Jefe Adjunto deben consultarse entre sí cada cierto tiempo acerca de cualquier cuestión sobre la que el Fiscal General sea responsable ante la Asamblea de Irlanda del Norte. En la actualidad existen algunas cuestiones relacionadas con la Justicia que siguen siendo competencia del Parlamento de Westminster. Las obligaciones relacionadas con tales cuestiones recaen en al Abogado General para Irlanda del Norte.

Funciones y obligaciones

La función básica del PPS consiste en decidir si se debe ejercer o no la acusación contra una persona por la comisión de un delito y, en su caso, por qué delitos se le debe procesar.

El PPS también ejerce la acusación pública en los tribunales. El fiscal presenta las pruebas al tribunal competente en nombre de la Corona. Los fiscales proponen testigos e interrogan tanto a estos como a los testigos de la defensa. Al final del proceso elevan sus conclusiones al tribunal en nombre de la Corona.

Organización de las profesiones jurídicas: abogados

Abogados ante los tribunales superiores Barristers (Advocates)

En Irlanda del Norte, los barristers se dividen en abogados senior (senior counsels) también conocidos como abogados de la Reina (Queen’s Counsels) y abogados junior (junior counsels). El Colegio de Abogados (Bar) es un órgano de abogados especializados con experiencia en litigios, al que el público tiene acceso a través de los solicitors. En un número limitado de casos, algunos miembros de determinadas organizaciones profesionales pueden dirigirse directamente al Colegio en busca de asesoramiento profesional.

El El enlace abre una nueva ventanaColegio de barristers de Irlanda del Norte (Bar of Northern Ireland) es una asociación de abogados (barristers) independientes con sede en la Biblioteca de los Abogados (Bar Library) de Belfast. A 1 de septiembre de 2012 había casi 600 barristers en ejercicio privado.

Solicitors

En Irlanda del Norte, el El enlace abre una nueva ventanaColegio de solicitors (Law society) es el órgano de gobierno de los solicitors que regula su formación, cuentas, disciplina y conducta profesional. Su función consiste en mantener la independencia, las normas deontológicas, la competencia profesional y la calidad de los servicios prestados al público. Los solicitors pueden estar especializados en una determinada materia o ser profesionales generalistas.

Notarios

En Irlanda del Norte, todos los solicitors son fedatarios públicos, lo que significa que pueden dar fe de documentos oficiales (salvo los elaborados por ellos mismos o la parte contraria en un asunto).

Además, algunos solicitors son notarios (notaries public), lo que significa que pueden dar fe de documentos que vayan a ser utilizados en el extranjero. Puede encontrarse más información al respecto en la página web del  El enlace abre una nueva ventanaColegio de solicitors de Irlanda del Norte (Law Society Northern Ireland)

Abogados especializados en patentes y marcas de comercio

Los abogados especializados en patentes y marcas de comercio son asesores especializados en materia de propiedad intelectual. Proporcionan asesoramiento jurídico a sus clientes en este campo, en especial en lo relacionado con patentes, marcas de comercio, diseños y derechos de autor. También representan a sus clientes en los tribunales especializados en propiedad intelectual (algunos pueden ampliar sus competencias tras obtener una cualificación como abogados procesalistas).

La mayor parte de los abogados especializados en patentes y marcas de comercio se dedican al ejercicio libre de la profesión. Muchos trabajan en bufetes especializados, mientras que otros trabajan en asociación con solicitors. Además, un número considerable de estos profesionales trabaja en empresas industriales.

Los abogados especializados en patentes y marcas de comercio cualificados como abogados procesalistas pueden representar a sus clientes en los tribunales, al igual que los solicitors, en asuntos de propiedad intelectual, lo que incluye encargar a un barrister que lleve el asunto.

El El enlace abre una nueva ventanaInstituto de Abogados especializados en Patentes (Chartered Institute of Patent Attorneys, CIPA) representa a los abogados especializados en patentes de todo el Reino Unido. Entre sus funciones están cooperar con el gobierno en materia de legislación sobre propiedad intelectual, ofrecer educación y formación a los abogados y becarios y cooperar con las autoridades reguladoras de la profesión. El CIPA promueve la legislación en materia de propiedad intelectual y las profesiones relacionadas con ella.

El El enlace abre una nueva ventanaInstituto de Abogados especializados en Marcas de Comercio (Institute of Trade Mark Attorneys, ITMA) representa a los abogados especializados en marcas de comercio de todo el Reino Unido. Entre sus obligaciones se incluyen hacer labores de lobby y negociar con el gobierno, el organismo autónomo regulador en materia de propiedad intelectual (IPReg) y otras organizaciones pertinentes. Facilita educación y formación y asesoramiento a los profesionales especializados en marcas de comercio y es el responsable de promover la profesión y la propiedad intelectual.

El El enlace abre una nueva ventanaConsejo Regulador de la Propiedad Intelectual (Intellectual Property Regulation Board, IPReg) se ocupa de todos las cuestiones reglamentarias y disciplinarias y establece, supervisa y aplica las normas por las que se rigen los abogados especializados en patentes y marcas de comercio, ya sean personas físicas o jurídicas.

Otras profesiones jurídicas

Secretarios judiciales (Court Clerks)

Los secretarios judiciales (Court Clerks) y otro personal al servicio de los tribunales de Irlanda del Norte son funcionarios sin formación jurídica que se ocupan de cuestiones administrativas.

Los secretarios judiciales se encargan de que los jueces y magistrados dispongan de toda la documentación necesaria para dirigir el proceso, registran las resoluciones que adoptan y prestan cualquier otro apoyo administrativo que los jueces puedan requerir. Si bien el personal de los tribunales puede ofrecer orientación sobre los procedimientos judiciales, no puede prestar asesoramiento jurídico ni recomendar las actuaciones o litigios que procede iniciar. Todo los miembros del personal de los tribunales son funcionarios públicos del El enlace abre una nueva ventanaServicio de los tribunales y juzgados de Irlanda del Norte (Northern Ireland Courts and Tribunals Service), organismo dependiente del Departamento de Justicia de Irlanda del Norte.

Agentes judiciales (Enforcement officers)

Los agentes judiciales (Enforcement officers) son funcionarios públicos del Servicio de los Tribunales y Juzgados de Irlanda del Norte. Se encargan de la ejecución de las sentencias civiles a través de la Oficina de Ejecución de Sentencias (Enforcement of Judgements Office). Dicha oficina ejecuta las sentencias civiles dictadas por los Juzgados de Paz (Magistrates Courts) y los Tribunales de Condado (County Courts), incluidos los tribunales de demandas de menor cuantía (Small Claims Courts), así como las sentencias del Tribunal Superior (High Court). La ejecución de resoluciones judiciales está regulada por la Orden sobre ejecución de sentencias de Irlanda del Norte [Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order] de 1981 y por el Reglamento de ejecución de sentencias en Irlanda del Norte [Judgment Enforcement Rules (Northern Ireland)] de 1981, en su versión modificada.

Enlaces relacionados

El enlace abre una nueva ventanaMinisterio Fiscal de Irlanda del Norte (Public Prosecutuion Service)

El enlace abre una nueva ventanaColegio de barristers de Irlanda del Norte (Bar of Northern Ireland)

El enlace abre una nueva ventanaColegio de solicitors (Law society)

El enlace abre una nueva ventanaServicio de los tribunales y juzgados de Irlanda del Norte (Northern Ireland Courts and Tribunals Service)


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Última actualización: 03/10/2018

Profesiones jurídicas - Escocia

Nota: la versión original de esta página inglés se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.

Esta sección ofrece un resumen general de las principales profesiones jurídicas en Escocia. Incluye información sobre jueces, fiscales y abogados.


Profesiones jurídicas

Jueces y magistrados

En Escocia no existe una carrera independiente de juez como tal. Solamente los asesores jurídicos (solicitors) y los abogados (advocates) con experiencia pueden llegar a ser jueces. En el territorio de Escocia, la magistratura abarca los cargos siguientes:

  • El Lord Presidente del Tribunal Superior de Justicia (Lord President of the Court of Session).
  • El Lord Justice Clerk.
  • Los jueces principales (sheriff principals), al frente de cada uno de los seis partidos judiciales del país.
  • Cuando ejercen sus funciones en el Tribunal Superior de Justicia, los jueces reciben el nombre de Senators of the College of Justice.
  • Cuando las ejercen en el Tribunal Superior de lo Penal, su denominación pasa a ser Lords Commissioners of Justiciary.
  • Jueces de primera instancia (sheriffs).
  • Existen jueces de primera instancia a tiempo parcial (part-time sheriffs) para cubrir las ausencias de los jueces permanentes.
  • Los jueces de paz (justices of the peace) son jueces legos que actúan en los juzgados de distrito, formados por uno o tres jueces con la asistencia de un funcionario con formación jurídica en funciones de asesor.

Fiscales

Organización

En Escocia, la acusación penal está encomendada a la El enlace abre una nueva ventanaFiscalía de la Corona y Servicio de la Fiscalía General (Crown Office and Procurator Fiscal Service). A su frente se encuentran el Fiscal General (Lord Advocate), que es también Ministro del Gobierno Escocés, y su adjunto el Fiscal-Jefe (Solicitor General).

La Fiscalía de la Corona y Servicio de la Fiscalía General (Crown Office and Procurator Fiscal Service, COPFS) tiene competencias exclusivas para formular acusaciones, instruir diligencias en caso de muerte súbita o sospechosa, e investigar las reclamaciones formuladas contra la policía.

El artículo 48 de la Ley de Escocia de 1998 dispone que el Fiscal General (en su calidad de Presidente del Servicio de procesamientos e investigación de fallecimientos de Escocia) adopta sus decisiones de forma independiente, sin obligación de atenerse a las de ninguna otra persona o instancia.

Solamente los abogados cualificados pueden optar a la carrera fiscal.

Función y obligaciones

La policía (o los restantes servicios de investigación especializados, como HM Revenue and Customs) practica las primeras diligencias, presentando el correspondiente informe al fiscal local competente, quien, una vez estudiado el mismo, decide si los intereses generales aconsejan emprender acciones ulteriores. Para adoptar esta decisión, el fiscal valorará si existen pruebas suficientes y, en caso afirmativo, el tipo de acciones que procede emprender, esto es, presentar acusaciones, aplicar una medida disciplinaria (como una multa por incumplimiento de las obligaciones tributarias) o archivar las diligencias. En las causas que deban someterse a un jurado, el fiscal interrogará a los testigos y reunirá las pruebas de carácter forense o de otro tipo, antes de formular la acusación. Acto seguido informará al Crown Counsel, quien tomará la decisión de proseguir o no con la misma.

Organización de las profesiones jurídicas: profesionales de la abogacía

Abogados (advocates)

Los abogados (advocates) están inscritos en el Colegio de Abogados de Escocia. Pueden actuar ante cualquier órgano jurisdiccional del país, aunque normalmente realizan su trabajo en los tribunales superiores (Tribunal Superior de Justicia y Tribunal Superior de lo Penal), además de elaborar dictámenes especializados en temas jurídicos. Los abogados de mayor antigüedad reciben el nombre de Queen's Counsel. Todos los abogados son miembros de la El enlace abre una nueva ventanaColegio de Abogados de Escocia.

Asesores jurídicos (solicitors)

Los asesores jurídicos (solicitors) constituyen el grupo más numerosos de profesionales del Derecho. Pueden asesorar en todos los asuntos de carácter jurídico, pero también representar a sus clientes ante los tribunales. Todos ellos pertenecen a la El enlace abre una nueva ventanaLaw Society of Scotland, consagrada a promover los intereses de la profesión y del público en sus relaciones con ésta.

Hay también asesores jurídicos-abogados (solicitor-advocates) que son miembros de la Law Society de Escocia. Al igual que los abogados (véase el apartado anterior), pueden actuar ante el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Superior de lo Penal.

Notarios

Los notarios públicos son asesores jurídicos que registran determinadas transacciones y legalizan documentos legales específicos. No constituyen por derecho propio una profesión jurídica distinta.

Abogados especializados en patentes y marcas de comercio

Los abogados especializados en patentes y marcas de comercio son asesores especializados en materia de propiedad intelectual. Proporcionan asesoramiento jurídico a sus clientes en este campo, en especial en lo relacionado con los procesos y el registro de patentes, dibujos y marcas registradas, así como en otros aspectos de la propiedad intelectual como la protección de los , derechos de autor. A diferencia del Derecho civil y penal, más generales, la legislación sustantiva en materia de propiedad intelectual se aplica en todo el Reino Unido. En Escocia, los litigios en materia de derechos de propiedad intelectual suelen dirimirse ante el Tribunal Superior de Justicia (Court of Session), que tiene competencias exclusivas en materia de patentes y en la mayoría de los derechos de propiedad intelectual registrados (en particular, marcas y dibujos comunitarios). Cuenta con una serie de jueces especializados en propiedad intelectual y con normas específicas para la tramitación de estos asuntos. Los abogados especializados en patentes y marcas de comercio pueden representar a sus clientes directamente ante los tribunales de condado competentes en materia de patentes y por vía de recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido ante la Sala de patentes del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales. Los abogados especializados en patentes que están habilitados para litigar también pueden llevar el asunto ante el Tribunal Superior de Londres, pero actualmente estos abogados no pueden representar a sus clientes en los litigios sobre propiedad intelectual que se dirimen en los tribunales escoceses. Así, actualmente en Escocia, los litigios sobre derechos de propiedad intelectual los suelen llevar abogados especialistas en propiedad intelectual que suelen trabajar conjuntamente con los abogados (attorneys) especializados en patentes y marcas de comercio.

La mayoría de los abogados especializados en patentes y marcas de comercio establecidos en Escocia se dedican al ejercicio libre de la profesión en bufetes especializados, aunque algunos trabajan en empresas industriales.

El Instituto de Abogados especializados en Patentes (El enlace abre una nueva ventanaThe Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) representa a los abogados especializados en patentes de todo el Reino Unido. Entre sus funciones están cooperar con el gobierno en materia de legislación sobre propiedad intelectual, ofrecer educación y formación a los abogados y becarios y cooperar con las autoridades reguladoras de la profesión. El CIPA promueve la legislación en materia de propiedad intelectual y las profesiones relacionadas con ella.

El Instituto de Abogados especializados en Marcas de Comercio El enlace abre una nueva ventanaThe Institute of Trade Mark Attorneys (ITMA) representa a los abogados especializados en marcas de comercio de todo el Reino Unido. Entre sus obligaciones se incluyen hacer labores de lobby y negociar con el gobierno, el organismo autónomo regulador en materia de propiedad intelectual (IPReg) y otras organizaciones pertinentes. Facilita educación y formación y asesoramiento a los profesionales especializados en marcas de comercio y es el responsable de promover la profesión y la propiedad intelectual.

El Consejo Regulador de la Propiedad Intelectual, El enlace abre una nueva ventanaThe Intellectual Property Regulation Board (IPReg) se ocupa de todos las cuestiones reglamentarias y disciplinarias y establece, supervisa y aplica las normas para los abogados especializados en patentes y marcas de comercio, ya sean personas físicas o jurídicas.

Otras profesiones jurídicas

En Escocia, los oficiales de juzgado (sheriff officers) y los agentes judiciales (messengers-at-arms) son funcionarios encargados de la notificación y entrega de los documentos y la ejecución de las resoluciones judiciales. Todos ellos trabajan para empresas privadas y perciben honorarios definidos en los correspondientes reglamentos.

El artículo 60 de la Ley de concursos y administración concursal (Escocia) de 2007 suprimió los cargos de messenger-at-arms y sheriff officer, sustituyéndolos por el de oficial de justicia (judicial officer). Su nombramiento corresponde al Lord Presidente del Tribunal Superior de Justicia, oídas las recomendaciones de la Comisión de Ejecución en Procesos Civiles de Escocia.

Enlaces relacionados

El enlace abre una nueva ventanaCancillería de la Corona y Fiscalía General (Crown Office and Procurator Fiscal Service), El enlace abre una nueva ventanaFaculty of Advocates, El enlace abre una nueva ventanaLaw Society of Scotland, El enlace abre una nueva ventanaAsociación Escocesa de Institutos JurídicosEl enlace abre una nueva ventanaInstituto de Abogados especializados en Patentes , El enlace abre una nueva ventanaInstituto de Abogados especializados en Marcas de Comercio, El enlace abre una nueva ventanaConsejo Regulador de la Propiedad Intelectual


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Última actualización: 10/11/2014