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Profesiones jurídicas - Austria

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Esta sección ofrece una visión de conjunto de las profesiones jurídicas en Austria.


Profesiones jurídicas

Profesiones jurídicas. Introducción

En la actualidad, hay 1 693 jueces profesionales que dependen del Ministerio Federal de Justicia austriaco (situación a 1 de noviembre de 2012 en equivalentes de tiempo completo, incluido el Tribunal Supremo).

Fuera del sistema judicial también se nombra a jueces, por ejemplo al Tribunal Administrativo (unos 63) y al Tribunal Federal de Asilo.

Además, para determinados asuntos se designan jueces legos que trabajan de manera voluntaria. Actúan como jueces legos o miembros del jurado en asuntos penales y como jueces asociados con conocimientos técnicos especiales en asuntos de Derecho mercantil, del trabajo y social.

Hay 375 fiscales (situación a 1 de noviembre de 2012 en equivalentes de tiempo completo, incluida la Fiscalía General) y 4 864 funcionarios y personal contratado (situación a 1 de noviembre de 2012 en equivalentes de tiempo completo, incluido el Tribunal Supremo y la Fiscalía General), que ayudan a los tribunales y a los fiscales en su labor.

En el sistema penitenciario trabajan 3 631 personas (situación a 1 de noviembre de 2012 en equivalentes de tiempo completo, incluida la Dirección de Prisiones); ese número incluye un total de 3 098 guardias (incluidas 127 personas encargadas de la formación de los prisioneros).

1. Magistrados

Formación y nombramiento

Una vez terminados, los estudios de Derecho se completan con una formación práctica que, tras haber concluido un período de aprendizaje de técnicas judiciales, se inicia en el contexto del período de práctica judicial. Todos los años se nombran aproximadamente de sesenta a ochenta candidatos a jueces. El período de práctica judicial (incluidas las técnicas judiciales) dura unos cuatro años y se realiza en tribunales de distrito y tribunales regionales, fiscalías, instituciones penitenciarias o centros de protección o asistencia a víctimas, o con homólogos profesionales (abogado, notario o fiscalía financiera). Parte de la formación se puede realizar también en los tribunales regionales superiores, el Tribunal Supremo, el Ministerio Federal de Justicia, la Dirección de Prisiones, un centro de libertad condicional, una asociación de fideicomisarios o un servicio de juventud, la oficina del Defensor del Pueblo, empresas apropiadas o el sector financiero. La práctica judicial termina con el examen de judicatura.

Una vez aprobado el examen de judicatura, los candidatos a jueces pueden presentarse a las vacantes para juez.

El nombramiento de los jueces corre a cargo del Presidente Federal, que delega esta función en el Ministerio Federal de Justicia para la mayoría de las vacantes. Solo pueden ser nombradas jueces las personas de nacionalidad austriaca.

Los denominados jueces legos deben distinguirse de los jueces profesionales; los jueces legos no precisan una formación jurídica y desempeñan sus tareas de modo voluntario. Actúan como jueces legos o miembros del jurado en asuntos penales y como jueces asociados con experiencia especial en asuntos de Derecho mercantil, del trabajo y social.

Estatuto de los magistrados

Los jueces profesionales tienen una relación de servicio de Derecho público con el Estado Federal. Además de la Constitución Federal, la Ley de Servicios de los Jueces es la principal fuente legal de la formación y el estatuto profesional de los jueces (el nombre completo de esta fuente legal es «Ley de Servicios de los Jueces y Fiscales»; en particular, numerosas disposiciones a las que están sujetos los jueces y fiscales y que rigen, por ejemplo, los procedimientos disciplinarios y las descripciones de servicio se determinan de modo similar).

Los jueces profesionales son nombrados por un período de tiempo indefinido y se jubilan al final del año en que cumplen los 65 años de edad.

Conforme a los artículos 87 y 88 de la Constitución Federal, al interpretar la ley y la jurisprudencia, los jueces actúan como agentes independientes del Estado. La independencia de los jueces se manifiesta, por una parte, en su autonomía funcional (independencia material) y, por otra, en el carácter inamovible e intransferible de su cargo (independencia personal). Los jueces solo están obligados por la ley y deciden según sus propias convicciones legales. Asimismo, no están obligados por decisiones anteriores de otros órganos jurisdiccionales en asuntos legales similares (precedentes).

Excepción hecha de su paso a la jubilación definitiva una vez alcanzada la edad reglamentaria, los jueces solo pueden ser separados de su cargo, trasladados a otro puesto o jubilados contra su voluntad exclusivamente en los casos y formas previstos en la ley y previa resolución judicial formal (artículo 88 de la Constitución federal).

El estatuto especial de los jueces de acuerdo con la Constitución solo se manifiesta en el ejercicio de sus funciones (al realizar todas las actividades judiciales encomendadas por la ley o según la distribución de asuntos). Existe una excepción para los asuntos de administración de la justicia (medidas para el funcionamiento del sistema judicial), pero en ese caso los jueces solo son independientes si se ocupan de estos asuntos (como la distribución de asuntos o las propuestas para la provisión de vacantes). Por lo demás, los jueces solo están obligados por las instrucciones del superior jerárquico. La distribución fija de asuntos garantiza el derecho a un juez determinado por la ley, que está consagrado en la Constitución.

Funciones y deberes

Los jueces se encargan de la adjudicación de asuntos de Derecho civil y penal, así como de la supervisión de la administración y de la protección de la Constitución en el marco de la administración y la jurisdicción constitucional.

Responsabilidad jurídica

Tribunal disciplinario: Los jueces que son culpables de incumplir las obligaciones propias de su cargo y puesto deben responder de ello ante el tribunal disciplinario, compuesto exclusivamente por jueces, pertenecientes a los tribunales regionales superiores o al Tribunal Supremo, según corresponda (el Tribunal disciplinario es competente también para las conductas indebidas de los fiscales en el ejercicio de su cargo).

Tribunal penal: cuando el juez culpable (o, en su caso, el fiscal) de contravenir las obligaciones de su cargo comete al mismo tiempo un delito, debe responder ante el tribunal de lo penal (por ejemplo, por abuso de autoridad).

Tribunal civil: las partes que, debido a una conducta culpable y contraria a Derecho de un juez (o, en su caso, de un fiscal), han sufrido algún perjuicio solo pueden hacer valer su condición de perjudicados ante el Estado. En caso de dolo o negligencia grave, el Estado puede a su vez recurrir contra el juez (o, en su caso, un fiscal).

2. Fiscales

Organización

En líneas generales, la organización jerárquica de la Fiscalía corresponde a la de los órganos jurisdiccionales.

Existe una fiscalía en cada uno de los 17 órganos jurisdiccionales de primera instancia que conocen de asuntos penales. Además, hay para toda Austria una Fiscalía General para Asuntos Económicos y de Corrupción. En los tribunales regionales superiores existe una fiscalía superior y en el Tribunal Supremo un Fiscal General del Estado. Las fiscalías superiores y el Fiscal General dependen directamente del Ministro de Justicia Federal.

Formación y nombramiento

La formación de un fiscal corresponde a la de un juez profesional.

Solo pueden ser nombradas fiscales aquellas personas que reúnan los requisitos para el nombramiento de juez.

Las vacantes de fiscales, así como las de jueces, que van a cubrirse deben publicarse. El Presidente de la República ostenta la facultad de nombrar a los fiscales, pero, al igual que sucede con los jueces, suele delegar esta función la mayoría de las veces en el Ministro Federal de Justicia.

Estatuto de los fiscales

Las fiscalías son órganos autónomos respecto a los tribunales pero no independientes. Tienen una estructura jerárquica y deben seguir las instrucciones de la Fiscalía Superior y, en última instancia, del Ministro Federal de Justicia.

El derecho de dar instrucciones está regulado por ley. Las instrucciones de la Fiscalía Superior y del Ministro Federal de Justicia solo pueden darse por escrito y con la motivación correspondiente. Además, las instrucciones deben registrarse en un expediente penal. El Ministro Federal de Justicia tiene responsabilidad ministerial, por lo que está obligado a facilitar información al Parlamento ante el que debe rendir cuentas.

El personal de cada fiscalía debe cumplir las instrucciones dadas por el director de la misma. No obstante, si considera que una instrucción es contraria a la ley, puede pedir una orden por escrito relativa a la instrucción e incluso puede solicitar no ocuparse del asunto penal de que se trate. Por lo tanto, las fiscalías están organizadas jerárquicamente, con niveles inferiores y superiores. Ello es necesario porque, a diferencia de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales, sus decisiones no pueden ser cuestionadas por vía jurídica.

Funciones y deberes

Las fiscalías son órganos especiales, no integrados en los órganos jurisdiccionales. Su función es salvaguardar el interés público en la administración de la justicia penal. A este respecto, se ocupan fundamentalmente de la presentación de acusaciones en los procesos penales, por lo que también se les denomina órganos de acusación. En los procesos penales se encargan asimismo de las diligencias previas.

Los fiscales presentan las acusaciones tanto ante las audiencias regionales como ante los tribunales de distrito del área territorial correspondiente. En general, en los tribunales de distrito esa presentación la hacen los fiscales de distrito, que son funcionarios con conocimientos técnicos especializados pero a quienes no se exige titulación académica.

La Fiscalía General para Asuntos Económicos y de Corrupción ocupa una posición especial. Conoce a nivel federal de delitos públicos y de corrupción y de delitos económicos de importe superior a cinco millones de euros. También conoce de los delitos financieros de importe superior a cinco millones de euros, de asuntos elegibles de fraude social, de perjuicios causados por los deudores a los acreedores y de delitos conforme a la Ley de Sociedades Anónimas o la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada cometidos en grandes empresas (con un capital social de al menos cinco millones de euros o con más de 2 000 empleados).

Los fiscales superiores están jerárquicamente por encima de los fiscales ordinarios y están adscritos a los tribunales superiores regionales de Viena, Graz, Linz e Innsbruck. Además de ocuparse de los asuntos en los tribunales regionales superiores, son responsables de la supervisión de las fiscalías en su área territorial y dependen directamente del Ministro Federal de Justicia.

La Fiscalía General, constituida en el Tribunal Supremo, ocupa una posición especial. Depende directamente del Ministro Federal de Justicia y no está facultada para dictar instrucciones a las fiscalías ordinarias ni a las fiscalías superiores. Tampoco presenta acusaciones, sino que asiste al Tribunal Supremo. Para ello, puede presentar los denominados «recursos de nulidad para observancia de la ley» en asuntos penales en los que las partes carezcan de posibilidades (ulteriores) de recurso ante el Tribunal Supremo. Así pues, desempeña una importante función en la garantía de la uniformidad de la ley de la seguridad jurídica en las causas penales.

Responsabilidad jurídica

La responsabilidad disciplinaria, civil y penal de los fiscales se regula igual que la de los jueces.

3. Secretarios judiciales

Organización

En Austria los secretarios judiciales son un pilar imprescindible de la administración de justicia. Actualmente, más del 80 % de las decisiones judiciales en asuntos civiles corren a cargo de los 662 secretarios judiciales (situación a 1 de noviembre de 2012 en equivalentes de tiempo completo, incluido el personal destacado).

Formación

Para ser admitidos a la formación de secretario judicial, hay que haber aprobado el examen final de bachillerato o formación profesional. Esos exámenes pueden sustituirse por una formación como aprendiz, los estudios en una escuela técnica o la aprobación de una prueba de acceso a la universidad.

Antes de ser admitido para realizar los estudios de secretario judicial, el interesado debe trabajar un mínimo de dos años en una secretaría judicial y aprobar el examen exigido a los empleados de estas secretarías, así como un examen especial. A partir de ese momento, el presidente del Tribunal Regional Superior puede admitir al aspirante a los estudios de secretario judicial.

La formación del secretario judicial dura tres años y comprende:

  • la colaboración, en uno o más órganos jurisdiccionales, en la preparación de los tramites del ámbito de actuación escogido;
  • la participación en un curso de conocimientos básicos y en otro sobre el ámbito laboral escogido, así como
  • el examen de secretario judicial, que consta de dos partes.

Una vez aprobado el examen de secretario judicial, el aspirante recibe un título expedido por el Ministro Federal de Justicia.

Este título hay que diferenciarlo del que se extiende una vez finalizada la formación de tres años, que acredita la habilitación para ejercer las funciones de secretario judicial. Esta última acreditación faculta a su titular para encargarse de los asuntos propios de su ámbito de actividad en la jurisdicción del territorio federal.

A continuación, el presidente del Tribunal Regional Superior decide en qué órgano jurisdiccional y, si es necesario, con qué límites temporales el interesado actuará como secretario judicial. Una vez ya en el órgano jurisdiccional, la autoridad competente del mismo asignará al funcionario a una de las secciones del tribunal dirigida por un juez (o, en su caso, a varias). Dentro de la sección compete al juez encargado el reparto de asuntos.

Estatuto de los secretarios judiciales

Los secretarios judiciales son funcionarios de tribunales con una formación específica que, en virtud del artículo 87a de la Constitución Federal y de la Ley de Secretarios Judiciales, se ocupan en primera instancia de una serie de asuntos civiles claramente delimitados. Están sujetos a las instrucciones del juez competente en cada asunto según la distribución de tareas judiciales. El propio juez puede recuperar la gestión del asunto en cualquier etapa del proceso. Los secretarios judiciales solo pueden dictar autos, contra los que cabe recurso ante el juez, sin perjuicio de que pueda solicitarse asimismo la remisión del asunto a este.

En la práctica, los secretarios judiciales trabajan de la manera más autónoma posible. No es habitual que reciban instrucciones del juez; solo las reciben en raras ocasiones.

Funciones y deberes

Competen a los secretarios de justicia los siguientes ámbitos:

  • asuntos de procedimiento civil, de ejecución y de insolvencia («procedimientos de liquidación»);
  • asuntos de jurisdicción voluntaria;
  • asuntos relativos al registro de la propiedad y al registro de buques y
  • asuntos del registro mercantil.

Cada uno de estos ámbitos de actuación requiere una formación especial y una solicitud concreta para encargarse de ellos.

Delimitación de competencias entre jueces y secretarios judiciales

El ámbito de actuación del secretario judicial no alcanza a todas las tareas y decisiones propias de las causas mencionadas. Las actividades que pueden ejercerse en ese ámbito de actuación están establecidas con precisión en la Ley de Secretarios Judiciales austriaca, y el alcance de dicho ámbito varía ampliamente según las áreas de trabajo.

El secretario judicial es competente, entre otras, en las siguientes materias:

  • los procesos monitorios;
  • la confirmación de la eficacia jurídica y la ejecutabilidad de las sentencias dictadas por los jueces en su ámbito de actuación;
  • la resolución sobre las solicitudes de asistencia jurídica en los procesos de su competencia;
  • la ejecución de actos oficiales en virtud de solicitudes de auxilio judicial formuladas por órganos jurisdiccionales o autoridades nacionales.

4. Abogados

Aspectos generales

Los abogados son los responsables y encargados de representar a las partes en todas las causas judiciales y extrajudiciales de Derecho público o privado ante todos los órganos jurisdiccionales y autoridades de la República de Austria.

Para ejercer la abogacía en Austria no es necesario ningún nombramiento oficial; sin embargo, hay que reunir los requisitos que se exponen más adelante.

Las bases jurídicas sustantivas son el Estatuto Orgánico de la Abogacía (RGBl. nº 96/1896), el Estatuto Disciplinario para Abogados y Pasantes (BGBl. nº 474/1990), la Ley Federal de Tarifas de Abogados (BGBl. nº 189/1969) y la Ley del Examen de Acceso a la Abogacía (BGBl. nº 556/1985).

Requisitos para el ejercicio profesional

Una vez acaba la carrera de Derecho austriaco, la persona interesada en el ejercicio de la abogacía debe demostrar en total al menos una experiencia profesional jurídica de cinco años, de los cuales al menos cinco meses en un tribunal o una fiscalía y tres años como pasante con un abogado austriaco.

Puede accederse al «examen de abogacía», que es necesario aprobar para ejercer la profesión, una vez adquirida la experiencia profesional de tres años, de los que al menos cinco meses deben haber transcurrido en un órgano jurisdiccional y dos años con un abogado. Para presentarse al examen es además imprescindible participar en las actividades de formación obligatorias de los colegios de abogados.

La persona que cumpla las condiciones anteriores puede inscribirse en la lista del colegio de abogados en cuya jurisdicción desea ejercer.

En determinadas circunstancias, los abogados procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro país signatario del Espacio Económico Europeo o de Suiza están facultados en Austria para:

  • ejercer actividades de abogado de forma temporal;
  • tras pasar una prueba de idoneidad, solicitar la inscripción en la lista de abogados del colegio correspondiente, o
  • presentando la acreditación profesional de su Estado de origen, establecerse directamente en Austria sin necesidad de prueba de idoneidad previa y transcurridos tres años de ejercicio profesional «efectivo y regular» en el país, integrarse plenamente en la abogacía austriaca.

En determinadas circunstancias, los miembros de un colegio profesional de un Estado signatario del Acuerdo General de Comercio y Servicios pueden asimismo realizar en Austria con carácter transitorio algunas actividades de abogado delimitadas con exactitud.

Responsabilidad jurídica

Los abogados que incumplan sus obligaciones o perjudiquen la reputación de su profesión deben responder de ello ante un consejo disciplinario elegido por el colegio local. Las facultades sancionadoras del consejo lo habilitan para retirar de la lista de abogados a la persona de que se trate. En segunda instancia decide la comisión disciplinaria superior para abogados y pasantes. Se compone de cuatro personas, dos de las cuales son jueces del Tribunal Supremo y las otras dos abogados.

Además, como es lógico, responden también penal y civilmente de su actuación profesional.

Colegio de Abogados, Asociación de Colegios de Abogados de Austria

Un Colegio de Abogados está formado por los abogados y pasantes inscritos en la lista correspondiente de una región federal (Bundesland). Los colegios de abogados son corporaciones de derecho público y órganos autónomo de autogobierno.

A efectos de la coordinación de sus tareas, delegados de los colegios de abogados de cada región federal forman un órgano de representación a nivel federal, el Colegio de Abogados Austriaco (El enlace abre una nueva ventanahttp://www.rechtsanwaelte.at/).

5. Notarios

Aspectos generales

El notario es la autoridad independiente e imparcial de la administración de justicia que está a disposición de los ciudadanos para ocuparse de las relaciones de Derecho privado.

Su principal tarea consiste en participar en los actos jurídicos y prestar asistencia jurídica a las personas que lo soliciten. El notario escritura documentos públicos, custodia bienes ajenos, redacta documentos privados y representa a las partes, sobre todo en el ámbito de la jurisdicción voluntaria. Además, compete también al notario actuar como comisionado del tribunal en litigios de jurisdicción voluntaria. En particular, se ocupa de los litigios de sucesiones en calidad de comisionado judicial.

El notario debe velar por la seguridad del patrimonio del fallecido y por que este se transmita a sus herederos legítimos. Esta actividad requiere conocimientos especiales de Derecho de sucesiones y procedimientos de jurisdicción voluntaria, de ahí que siempre se solicite su intervención para otorgar testamentos y, en general, para asesorar y representar en asuntos sucesorios.

El notario desempeña un cargo público y sin embargo no es funcionario. Asume el riesgo económico de la notaría, pero no lleva un negocio. Está próximo a las profesiones liberales y, al mismo tiempo, ejerce funciones de órgano jurisdiccional en calidad de comisario judicial. El trabajo como notario es una ocupación plena y no puede combinarse con el trabajo como abogado.

El número de notarías y sus sedes se establece por decreto del Ministerio de Justicia. Actualmente hay en Austria unas 490 notarías.

Las bases jurídicas sustantivas para esta actividad son el Código del Notariado (RGBl. nº 75/1871), la Ley de Actos Notariales (RGBl. nº 76/1871), la Ley de Honorarios de los Notarios (BGBl. nº 576/1973), la Ley de Oposiciones para Notarios (BGBl. nº 522/1987), la Ley de Comisarios de los Tribunales (BGBl. nº 343/1970) y la Ley relativa al baremo de los honorarios de los notarios en su función de auxiliares de un tribunal (BGBl. nº 108/1971).

Formación

Una vez terminada la carrera de Derecho, la persona interesada por esta profesión debe buscar un notario que lo contrate como empleado y lo inscriba en la lista de candidatos a notario.

La inscripción en la lista del correspondiente colegio notarial solo se permite a los candidatos que puedan demostrar haber concluido un periodo de prácticas jurídicas de cinco meses en los tribunales o fiscalías y que no hayan cumplido 35 años la primera vez que se inscriban.

Para ser admitido al examen, el candidato debe asistir a las actividades de formación a las que obliga el colegio notarial.

El examen de notaría se divide en dos partes.

  • La primera puede realizarse como pronto tras 18 meses en calidad de candidato y, a más tardar, al final del quinto año de candidatura; en caso contrario, el nombre del candidato se suprime de la lista de candidatos a notario.
  • La segunda parte puede realizarse tras al menos otro año más de experiencia profesional como candidato a notario y, como muy tarde, una vez transcurrido el décimo año como candidato a notario; en caso contrario, el nombre del candidato se suprime de la lista de candidatos a notario.

Nombramiento

Las notarías vacantes o las de nueva creación deben publicarse antes de su provisión. El artículo 6 de la Ley notarial exige, entre otras cosas, a los candidatos a notario que:

  • estén en posesión de la nacionalidad de un Estado miembro de la UE o de un Estado perteneciente al EEE o de la nacionalidad suiza;
  • hayan finalizado con éxito la carrera de Derecho austriaco;
  • hayan aprobado el examen de notaría y
  • puedan demostrar una experiencia de siete años como profesionales del Derecho, de los que al menos tres hayan sido en calidad de candidatos a notario tras el examen de notaría.

Sin embargo, estos requisitos básicos no habilitan aún para ser nombrado notario. En el procedimiento de provisión de puestos, los colegios notariales locales competentes y las secciones de personal de los correspondientes tribunales de primera instancia y del tribunal regional superior asignan a los candidatos una calificación y orden numérico en los que adquiere gran importancia la duración de la experiencia profesional. Los colegios notariales y las dos secciones de personal presentan una triple propuesta al Ministerio Federal de Justicia. La propuesta no es vinculante, pero en la práctica se nombra a uno de los candidatos mencionados en ella.

El notario se puede mantener en su cargo hasta el 31 de enero del año siguiente a aquel en el que cumple 70 años de edad. No se permiten los traslados de oficio de un notario a otra notaría.

Supervisión de los notarios. Responsabilidad jurídica

Por su calidad de autorizantes de documento público y de comisarios judiciales, los notarios están sometidos a un control especial. Este control compete al ministro federal de justicia, a la administración de justicia y, de forma inmediata, a los colegios notariales.

Los notarios se someten a su propio Derecho disciplinario. Las faltas disciplinarias son sancionadas en primera instancia por el Tribunal Regional Superior y en segunda instancia por el Tribunal Supremo, actuando como tribunales disciplinarios cuyas salas encargadas de estos asuntos incluyen también notarios. La lista de sanciones del tribunal disciplinario llega hasta la separación del cargo. Las meras infracciones reglamentarias son sancionadas por la cámara de notarios.

Además de estar sometidos a la responsabilidad disciplinaria, los notarios responden también, como es lógico, civil y penalmente.

Cuando el notario actúa en calidad de comisario judicial se considera un funcionario a efectos penales y, en consecuencia, es responsable de los delitos que cometa en el ejercicio de sus funciones, en particular del abuso de su cargo. La responsabilidad a efectos civiles se regula por separado. Cuando actúa como comisario judicial está sometido a la misma normativa que se aplica a jueces y fiscales. Las partes no pueden demandar al notario directamente, sino que deben presentar sus reclamaciones al Estado. En caso de dolo o negligencia grave el Estado puede inhibirse. Fuera de su ámbito de actividad como comisario judicial, el notario tiene responsabilidad civil directa frente a las partes.

Colegios de notarios. Cámara de Notarios de Austria

Los notarios que tienen sus despachos en una región federal y las personas que figuran en la lista de candidatos a notario de esa región federal forman un colegio de notarios. Las regiones federales de Viena, la baja Austria y Burgenland tienen un colegio de notarios conjunto, al igual que las regiones federales de Tirol y Vorarlberg.

El Colegio es responsable de garantizar el honor y la dignidad de la profesión y de representar sus intereses.

Cada colegio de notarios debe elegir una cámara de notarios de entre sus miembros. La Cámara de Notarios se compone de un notario como presidente y de seis notarios (doce en Viena) y tres candidatos a notario (seis en Viena) como miembros.

La El enlace abre una nueva ventanaCámara de Notarios de Austria (www.notar.at) está formada por las cámaras de notarios de las regiones federales. La Cámara de Notarios de Austria tiene la función de representar a los notarios y defender sus derechos y preocupaciones en asuntos que afectan a los notarios austriacos en su conjunto o que van más allá de una cámara de notarios específica.

Enlaces:

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Última actualización: 25/06/2013