Tipos de profesiones jurídicas

Dinamarca

En esta sección, se ofrece una visión de conjunto de las profesiones jurídicas en Dinamarca.

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Dinamarca

Fiscales

Organización

El Ministerio Fiscal danés (den danske Anklagemyndighed) depende del Ministerio de Justicia. El Ministerio Fiscal está compuesto por el Fiscal General (Rigsadvokaten), los fiscales (statsadvokaterne) y los jefes de policía (politidirektørerne).

El Fiscal General interviene en los procesos penales ante el Tribunal Supremo (Højesteret) y en las vistas ante el Tribunal de Recursos Específicos (Den Særlige Klageret).

El Fiscal General tiene autoridad jerárquica sobre el resto de los fiscales, cuyo trabajo supervisa. Se ocupa, asimismo, de los recursos contra las resoluciones adoptadas por los fiscales en primera instancia.

Función y responsabilidades

Las funciones y la organización del Ministerio Fiscal se establecen en el capítulo 10 de la Ley de Administración de la Justicia (retsplejeloven) (artículos 95 a 107).

Junto con la policía, es el responsable de perseguir los delitos con arreglo a la citada ley. § Según el artículo 96, apartado 2, ha de tratar los asuntos con la celeridad que exija su carácter. A este respecto, debe garantizar que se condene a los culpables, no a los inocentes («principio de objetividad»).

Seis fiscales regionales intervienen en los procesos penales —recursos de apelación y juicios con jurado— ante los tribunales superiores (Rigsretten) y supervisan las diligencias de los jefes de policía en los asuntos penales. Además, se ocupan de los recursos contra las resoluciones de los jefes de policía en materia de enjuiciamiento penal. Por último, tratan las solicitudes de indemnización por errores judiciales y las reclamaciones contra la policía.

La Fiscalía de Delitos Económicos Graves (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet) ejerce la acusación por delitos de este tipo a escala nacional.

La Fiscalía de Delitos Internacionales Graves (Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager), por su parte, ejerce la acusación en el territorio nacional por los delitos de este tipo cometidos en el extranjero. Se incluyen entre estos delitos los de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

Los jefes de policía actúan como fiscales ante los tribunales municipales (byret) (en primera instancia) y, por tanto, además de sus funciones directivas en el cuerpo de policía, son los responsables de las investigaciones llevadas a cabo por la policía municipal y la fiscalía local.

Jueces

Organización

Salvo en lo que respecta al presidente del Tribunal Supremo, el nombramiento de los jueces corresponde al Ministerio de Justicia, a propuesta del Consejo de Nombramientos Judiciales (Dommerudnævnelsesrådet). En la práctica, el Ministerio sigue siempre estas propuestas.

Los asuntos disciplinarios relativos a los jueces y al personal judicial son competencia del Tribunal de Recursos Específicos.

El Consejo de la Magistratura (Domstolsstyrelsen) tiene la responsabilidad global de la formación del personal judicial.

Función y responsabilidades

En Dinamarca, los jueces de carrera no suelen especializarse en ningún ámbito jurídico. Pueden desempeñar el cargo con carácter permanente o temporal. Hay además jueces auxiliares (retsassessorer) y adjuntos (dommerfuldmægtige), que suelen ocuparse de asuntos de menor entidad (como agentes judiciales).

Existen, asimismo, jueces legos (lægdommere), que son los que, con algunas excepciones importantes, intervienen en todos los asuntos penales en primera y segunda instancia. En los asuntos civiles, pueden intervenir peritos (sagkyndige domsmænd) en primera y segunda instancia. El mandato tanto de los jueces legos como de los peritos es de cuatro años.

Bases de datos jurídicas

Para obtener más información, véanse los sitios web siguientes:

Sitio web de la Asociación de Jueces daneses (Den Danske Dommerforening)

Página web de la Asociación de Jueces Adjuntos (Dommerfuldmægtigforeningen)

Información sobre el personal administrativo judicial  PDF (361 Kb) en

Organización de las profesiones jurídicas: abogados (advokater)

Abogados

Abogados independientes

Los abogados daneses son miembros del Colegio de Abogados (Advokatsamfundet), que se fundó en 1919.

Abogados internos y abogados en prácticas (advokatfuldmægtige)

Los abogados y los abogados internos y en prácticas pertenecen a la Asociación de Abogados y Abogados Internos y en Prácticas (Foreningen af Advokater og Advokatfuldmægtige, FAAF), que depende de la Asociación Danesa de Juristas y Economistas (Danmark Jurist- og Økonomforbund, Djøf). Esta última es la mayor asociación de estudiantes y profesionales de los ámbitos del Derecho, la administración, la gobernanza estatal, la investigación, la educación, la comunicación, la economía, la política y las ciencias sociales en Dinamarca. Cuenta con unos 50 000 miembros pertenecientes a todos estos campos. De los 1 500 miembros que integran aproximadamente la FAAF, 900 son abogados en ejercicio.

Abogados de empresa

Los abogados de empresa, además de inscribirse en el Colegio de Abogados, pueden afiliarse a la Asociación de Abogados de Empresa (Danske Virksomhedsjurister, DVJ). En la actualidad, unas dos terceras partes de los miembros de esta asociación poseen un certificado de habilitación profesional para el ejercicio de la abogacía. La DVJ representa con carácter general los intereses profesionales de los abogados de empresa, además de promover el reconocimiento y comprensión de su posición y su creciente importancia para los actores comerciales, las administraciones públicas, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y la sociedad en general. La DVJ es miembro de la Asociación Europea de Abogados de Empresa (ECLA).

Diferencias entre los abogados independientes y los abogados de empresa

En Dinamarca, los abogados de empresa que poseen el certificado de habilitación profesional están sujetos exactamente a la misma normativa que los abogados independientes. La Ley de Administración de la Justicia no distingue entre unos y otros, y todos pertenecen al Colegio de Abogados.

En términos generales, esto significa que los abogados de empresa tienen el mismo estatuto que los abogados por lo que se refiere, por ejemplo, al código deontológico (advokatetiske regler), al secreto profesional y a la confidencialidad de las relaciones con los clientes. Con todo, se ha ampliado el alcance del código deontológico para garantizar que se aplica también a los abogados de empresa, teniendo en cuenta las peculiaridades de sus circunstancias laborales.

Por tanto, el secreto profesional de los abogados independientes y de los abogados de empresa se encuentra regulado por la misma normativa. Aún está por comprobar en los órganos jurisdiccionales, no obstante, si el grado de aplicación será igual o inferior en el caso de estos últimos.

La única excepción en cuanto a la igualdad de estatuto jurídico se refiere al tipo de cliente a quien el abogado de empresa puede representar al amparo de su certificado de habilitación profesional. De hecho, la posibilidad legal de actuar como abogado de empresa se considera una excepción tácita a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Administración de la Justicia, que regula el tipo de empresa para la que puede trabajar un abogado.

Por consiguiente, el abogado de empresa solo está facultado para representar jurídicamente a la empresa u organización para la que trabaje, salvo que actúe por su cuenta al margen de su empleo. Así pues, si la empresa le pide que asesore jurídicamente a alguno de sus clientes o miembros, no estará legitimado para ello, salvo que actúe por su cuenta al margen del empleo y asuma la representación de ese cliente o miembro como abogado independiente.

Ahora bien, si un abogado de empresa presta asesoramiento jurídico a un cliente o miembro de la empresa sin actuar como abogado independiente, y el cliente o miembro es un consumidor y el asesoramiento jurídico se presta con fines comerciales, se aplicará a esa actividad la Ley sobre el asesoramiento jurídico (lov om juridisk rådgivning), con la sola excepción del asesoramiento prestado por sindicatos u ONG. La razón es que tal asesoramiento no se hace para un fin comercial y, por lo general, se considera accesorio de los servicios ordinarios que se prestan a los miembros y que están relacionados con el objeto del sindicato.

El asesoramiento jurídico prestado a un consumidor por un empleado de un sindicato (que esté en posesión de un certificado de habilitación profesional) se regula, por tanto, exclusivamente por las normas generales de remuneración aplicables a las relaciones no contractuales y solo indirectamente por el código deontológico danés. Este establece que, según el artículo 126, apartado 4, de la Ley de la administración de la justicia, ningún abogado debe mostrar (fuera de su actividad profesional) una conducta impropia de un abogado en materias de carácter empresarial o financiero.

Ley sobre el asesoramiento jurídico

Desde julio de 2006, el asesoramiento jurídico prestado a los consumidores para fines comerciales está sujeto a una ley específica, cualquiera que sea la formación de quien lo preste. Esa ley excluye de manera explícita el asesoramiento jurídico prestado por abogados independientes, así como por sindicatos u ONG, que no se considera de carácter comercial (véase supra). Excluye asimismo el asesoramiento jurídico que prestan los operadores financieros, ya que se encuentra sujeto a la Ley de empresas financieras, siempre que el Ministerio de Economía y Empresas haya dictado normas sobre buenas prácticas en el ámbito en cuestión.

En todo caso, como se ha indicado, esto no significa que pueda decirse que el asesoramiento jurídico prestado por una persona en posesión de un certificado de habilitación profesional no esté regulado legalmente. Así pues, en caso de que un abogado de empresa que posea un certificado de habilitación preste asesoramiento a un consumidor (es decir, a alguien diferente de su empresa) y no actúe como abogado independiente, tal servicio estará sujeto a la Ley sobre asesoramiento jurídico si se considera que se presta para fines comerciales.

Los rasgos principales de la Ley sobre asesoramiento jurídico pueden resumirse de la forma siguiente:

  • Todo asesor jurídico debe actuar ateniéndose a las buenas prácticas sobre asesoramiento jurídico, lo que implica que ha de desempeñar sus obligaciones meticulosa y concienzudamente, con debida atención a los intereses del cliente y con la prontitud necesaria.
  • Los contratos para la prestación de asesoramiento jurídico deben otorgarse por escrito.
  • Los asesores jurídicos no están obligados a suscribir un seguro de responsabilidad civil, si bien debe figurar información al respecto en el contrato de prestación de asesoramiento jurídico.
  • Todo asesor jurídico está obligado a informar al cliente del precio de sus servicios.
  • Ningún asesor jurídico puede recibir bienes en fideicomiso.
  • Ningún asesor jurídico debe prestar asesoramiento a un cliente en caso de tener un interés económico o personal particular en el resultado del asunto.
  • Todo asesor jurídico está sujeto a las buenas prácticas sobre asesoramiento jurídico del Ministerio de Justicia. El Defensor del Consumidor será el responsable de supervisar el cumplimiento por su parte de la Ley y de dichas buenas prácticas.

Bases de datos jurídicas

Esta información está disponible en el sitio web del Colegio de Abogados de Dinamarca.

El sitio web contiene información sobre la profesión de abogado en Dinamarca y una lista de abogados en ejercicio.

Otras profesiones jurídicas

Organizaciones que prestan asistencia jurídica gratuita

Existen instituciones que prestan asistencia jurídica gratuita en toda Dinamarca. Para obtener asistencia jurídica, basta con ponerse en contacto con el Departamento de Asuntos Civiles (Civilstyrelsen), que remite a los interesados a la institución pertinente más próxima. A continuación, se detallan los datos de contacto:

Departamento de Asuntos Civiles

Toldboden 2, 2. floor.

8800 Viborg.

Teléfono: +45 33923334

Correo electrónico: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk.

Última actualización: 15/05/2023

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