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Profesiones jurídicas - Dinamarca

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Esta sección ofrece información sobre las profesiones jurídicas en Dinamarca.


Profesiones jurídicas

Fiscales

Organización

El Ministerio Fiscal danés depende del Ministerio de Justicia, que es responsable de su supervisión. Lo componen el Fiscal General, los fiscales y los jefes de policía.

El Fiscal General interviene en los procesos penales ante el Tribunal Supremo y asimismo en los juicios orales ante la Comisión de Revisión de Asuntos Penales.

El Fiscal General tiene autoridad jerárquica sobre el resto de fiscales, cuyo trabajo supervisa. Se ocupa asimismo de las quejas contra las resoluciones de los fiscales en primera instancia.

Función y obligaciones

Las funciones y organización del El enlace abre una nueva ventanaMinisterio Fiscal se describen en la parte 10 (artículos 95 a 107) de la Ley de administración de la justicia.

Junto con la policía, es el responsable de perseguir los delitos con arreglo a la citada ley. Según el artículo 96, apartado 2, ha de tratar los asuntos con la celeridad que exija su carácter. A este respecto, debe garantizar que se condene a los culpables, no a los inocentes («principio de objetividad»).

Seis fiscales regionales intervienen en los procesos penales —recursos de apelación y juicios con jurado— ante las audiencias y supervisan las diligencias de los jefes de policía en las causas penales. Además, se ocupan de las quejas contra las resoluciones de los jefes de policía en materia de acusación. Por último, tratan las solicitudes de indemnización por errores judiciales y las reclamaciones contra la policía.

La Fiscalía de Delitos Económicos Graves ejerce la acusación por delitos de este tipo a escala nacional.

La Fiscalía de Delitos Internacionales Graves, por su parte, ejerce la acusación en el territorio nacional por los delitos de este tipo cometidos en el extranjero. Se incluyen entre estos delitos los de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

Los jefes de policía actúan como fiscales ante los juzgados locales (en primera instancia) y, por tanto, además de sus funciones directivas en el cuerpo de policía, son los responsables de las investigaciones llevadas a cabo por la policía municipal y la fiscalía local.

Jueces y magistrados

Organización

Salvo en lo que respecta al Presidente del Tribunal Supremo, el nombramiento de los jueces corresponde al Ministerio de Justicia, a propuesta del El enlace abre una nueva ventanaConsejo de Nombramientos Judiciales. En la práctica, el Ministerio sigue siempre estas propuestas.

Los asuntos disciplinarios relativos a los jueces y a la plantilla judicial son competencia del El enlace abre una nueva ventanaTribunal Especializado de Procesamiento y Revisión.

El El enlace abre una nueva ventanaConsejo de la Magistratura tiene la responsabilidad global de la formación de la plantilla judicial.

Función y obligaciones

En Dinamarca, los jueces de carrera no suelen especializarse en ningún ámbito jurídico. Pueden desempeñar el cargo (‘konstitueret’) con carácter permanente o temporal. Hay además jueces auxiliares y adjuntos, que suelen ocuparse de asuntos de menor entidad (como los relacionados con las ejecuciones a cargo de los oficiales de justicia).

Existen asimismo jueces legos, que son los que, con algunas excepciones importantes, intervienen en todos los asuntos penales en primera y segunda instancia. En estos casos pueden contar con la asistencia de asesores expertos legos. El mandato tanto de los jueces legos como de estos asesores es de cuatro años.

Bases de datos jurídicas

Puede encontrarse más información en las siguientes páginas web:

La página web de acceso público de la El enlace abre una nueva ventanaAsociación de Jueces

La página web de la El enlace abre una nueva ventanaAsociación de Jueces Adjuntos

Organización de las profesiones jurídicas: profesionales de la abogacía

Abogados

Abogados independientes

El Colegio de Abogados se fundó en 1919. Deben pertenecer a él todos los abogados (advokater) daneses.

Abogados internos y abogados en prácticas

La FAAF es una asociación que agrupa a los abogados internos y los abogados en prácticas, y que depende de la Asociación Danesa de Abogados y Economistas (DJØF). Esta última es la mayor asociación de estudiantes y profesionales de los ámbitos del Derecho, la administración, la gobernanza estatal, la investigación, la educación, la comunicación, la economía, la política y las ciencias sociales en Dinamarca. Cuenta con unos 50 000 miembros pertenecientes a todos estos campos. De los 1 500 miembros que integran grosso modo la FAAF, 900 son abogados internos.

Letrados de empresa

Los letrados de empresa, además de inscribirse en el Colegio de Abogados, pueden afiliarse a la Asociación de Letrados de Empresa (Danske Virksomhedsjurister, DVJ). En la actualidad, unas dos terceras partes de los miembros de esta asociación poseen un certificado de habilitación profesional para el ejercicio de la abogacía. La DVJ representa con carácter general los intereses profesionales de los letrados de empresa, además de promover el reconocimiento y comprensión de su posición y su creciente importancia para los actores comerciales, las administraciones públicas, las ONG y la sociedad en general. La DVJ es miembro de la Asociación Europea de Juristas de Empresa (ECLA).

Los abogados independientes y los letrados de empresa

En Dinamarca, los letrados de empresa que poseen el certificado de habilitación profesional están sujetos exactamente a la misma normativa que los abogados independientes. La Ley de administración de la justicia no distingue entre unos y otros, y todos pertenecen al Colegio de Abogados.

En términos generales, esto significa que los letrados de empresa tienen el mismo estatuto que los abogados por lo que se refiere, por ejemplo, al Código deontológico, al secreto profesional y a la confidencialidad de las relaciones con los clientes. Con todo, se ha ampliado el alcance del Código deontológico para garantizar que se aplica también a estos letrados, teniendo en cuanta las peculiaridades de sus circunstancias laborales.

Por tanto, el secreto profesional de los abogados independientes y de los letrados de empresa se encuentra regulado por la misma normativa. Aún está por comprobar en los tribunales, no obstante, si el grado de aplicación será igual o inferior en el caso de estos últimos.

La única excepción en cuanto a la igualdad de estatuto jurídico se refiere al tipo de cliente a quien el letrado de empresa puede representar al amparo de su certificado de habilitación profesional. De hecho, la posibilidad legal de actuar como letrado de empresa se considera una excepción tácita a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de administración de la justicia, que regula el tipo de empresa para la que puede trabajar un letrado.

Por consiguiente, el letrado de empresa sólo está facultado para representar jurídicamente a la empresa u organización para la que trabaje, salvo que actúe por su cuenta al margen de su empleo. Así pues, si la empresa le pide que asesore jurídicamente a alguno de sus clientes o miembros, no estará legitimado para ello, salvo que actúe por su cuenta al margen del empleo y asuma la representación de ese cliente o miembro como abogado independiente.

 Ahora bien, si un letrado de empresa presta asesoramiento jurídico a un cliente o miembro de la empresa sin actuar como abogado independiente, y el cliente o miembro es un consumidor y el asesoramiento jurídico se presta con fines comerciales, se aplicará a esa actividad la normativa sobre asesoramiento jurídico, con la sola excepción del asesoramiento prestado por sindicatos u organizaciones no gubernamentales. La razón es que tal asesoramiento no se hace para un fin comercial y, por lo general, se considera accesorio de los servicios ordinarios que se prestan a los miembros y que están relacionados con el objeto del sindicato.

El asesoramiento jurídico prestado a un consumidor por un empleado de un sindicato (que esté en posesión de un certificado de habilitación profesional) se regula, por tanto, exclusivamente por las normas generales de remuneración aplicables a las relaciones no contractuales y sólo indirectamente por el Código deontológico danés. Éste establece que, según el artículo 126, apartado 4, de la Ley de la administración de la justicia, ningún abogado debe mostrar (fuera de su actividad profesional) una conducta impropia de un abogado en materias de carácter empresarial o financiero.

Normativa sobre asesoramiento jurídico

Desde julio de 2006, el asesoramiento jurídico prestado a los consumidores para fines comerciales está sujeto a una normativa específica, cualquiera que sea la formación de quien lo preste. Esa normativa excluye de manera explícita el asesoramiento jurídico prestada por abogados independientes, así como por sindicatos u ONG, que no se considera de carácter comercial (véase antes). Excluye asimismo el asesoramiento jurídico que prestan los operadores financieros, ya que se encuentra sujeto a los códigos deontológicos del Ministerio de Economía y Empresas.

En todo caso, como se ha indicado, esto no significa que pueda decirse que el asesoramiento jurídico prestado por una persona en posesión de un certificado de habilitación profesional no esté regulado legalmente. Así pues, en caso de que un letrado de empresa que posea un certificado de habilitación preste asesoramiento a un consumidor (es decir, a alguien diferente de su empresa) y no actúe como abogado independiente, tal servicio estará sujeto a la normativa sobre asesoramiento jurídico si se considera que se presta para fines comerciales.

Los rasgos principales de la normativa sobre asesoramiento jurídico pueden resumirse así:

  • Todo asesor jurídico debe actuar ateniéndose al Código deontológico, lo que implica que ha de desempeñar sus obligaciones meticulosa y concienzudamente, con debida atención a los intereses del cliente y con la prontitud necesaria.
  • Los contratos para la prestación de asesoramiento jurídico deben otorgarse por escrito.
  • Los asesores jurídicos no están obligados a suscribir un seguro de responsabilidad profesional, si bien debe figurar información al respecto en el contrato de prestación de asesoramiento jurídico.
  • Todo asesor jurídico está obligado a informar al cliente del precio de sus servicios.
  • Ningún asesor jurídico puede recibir bienes en fideicomiso.
  • Ningún asesor jurídico debe prestar asesoramiento a un cliente en caso de tener un interés económico o personal particular en el resultado del caso.
  • Todo asesor jurídico está sujeto al Código deontológico del Ministerio de Justicia. El Defensor del Consumidor será el responsable de supervisar el cumplimiento por su parte de la normativa y de dicho Código.

Bases de datos jurídicas

Esta información puede consultarse en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaColegio de Abogados.

El sitio ofrece información en inglés sobre la profesión en Dinamarca. También incluye un directorio de abogados en activo (en danés).

Otras profesiones jurídicas

Organizaciones que prestan servicios jurídicos gratuitos

Existen centros de consultas jurídicas en toda Dinamarca. Para obtener asistencia jurídica, basta con ponerse en contacto con el El enlace abre una nueva ventanaServicio de Asuntos Civiles, que remite a los interesados al centro de consultas jurídicas más próximo. A continuación se detallan los datos de contacto:

Servicio de Asuntos Civiles

Gyldenløvesgade 11, 2

1600 Copenhagen V

Teléfono: +45 33 92 33 34,

Fax: +45 39 20 45 05

Correo electrónico: El enlace abre una nueva ventanacivilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

De lunes a jueves, de 10.00 a 15.00 horas, y viernes de 10.00 a 14.00 horas.


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Última actualización: 01/05/2010