Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Profesiones jurídicas - Estonia

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

Esta página ofrece una visión general de la organización de las profesiones jurídicas en Estonia.


Profesiones jurídicas

Profesiones jurídicas: introducción

Las profesiones jurídicas en Estonia están compuestas por:

  • fiscal;
  • jueces;
  • juez lego;
  • jueces auxiliares y secretarios judiciales;
  • se pronuncia a favor;
  • notario;
  • agentes judiciales;
  • administradores concursales

Fiscales

Organización

El enlace abre una nueva ventanaLa Fiscalía es un organismo gubernamental que es responsabilidad del Ministerio de Justicia. Consta de dos niveles: la Fiscalía General (como fiscalía superior) y cuatro fiscalías de distrito.

El área de trabajo de la Fiscalía General abarca toda Estonia y los ámbitos de trabajo de las fiscalías de distrito coinciden con los ámbitos de trabajo de las prefecturas policiales. La Fiscalía está dirigida por el Fiscal General, nombrado para ocupar el cargo durante cinco años por el Gobierno estonio a propuesta del Ministro de Justicia, oído el dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento estonio.

Cada año, en la sesión de primavera del Parlamento, el Fiscal General presenta a la Comisión Constitucional del Parlamento un resumen del desempeño durante el año civil anterior de las funciones asignadas a la Fiscalía por ley.

La fiscalía de distrito está dirigida por un fiscal jefe, que también es nombrado para ejercer sus funciones por cinco años por el ministro de Justicia a propuesta del Fiscal General.

En Estonia hay en total ocho tipos de fiscales: Los fiscales de la Fiscalía General son el fiscal general, los fiscales principales, los fiscales y los fiscales auxiliares; los fiscales de las fiscalías de distrito son los fiscales principales, los fiscales superiores, los fiscales especializados, los fiscales de distrito y los fiscales auxiliares.

Véase también la El enlace abre una nueva ventanaLey del Ministerio Fiscal.

Funciones y obligaciones

Con arreglo a la Ley del Ministerio Fiscal:

  • participar en la planificación de persecuciones en caliente para la prevención y detección de infracciones penales;
  • dirige los procedimientos penales previos al juicio, garantizando su legalidad y eficacia;
  • representar a la fiscalía ante los tribunales;
  • cumpla las demás funciones que la ley imponga a la Fiscalía.

La Fiscalía desempeña sus funciones con arreglo a la Ley de la Fiscalía de manera independiente.

En su calidad de líder del proceso penal, el fiscal orienta al organismo de investigación en la obtención de pruebas y decide presentar cargos contra una persona sobre la base de los hechos probados.

Con arreglo a los Estatutos de la Fiscalía:
La Fiscalía General:

  • garantizar la legalidad y la eficacia de los procesos penales previos al juicio y representar la acusación pública ante todos los tribunales a todos los niveles de delitos profesionales, económicos, militares, medioambientales, antijudiciales y de delincuencia organizada que sean transfronterizos o en los que exista un interés público elevado, delitos contra la humanidad y la seguridad internacional, delitos más graves contra el Estado, delitos cometidos por fiscales y otros delitos ordenados por el Fiscal General;
  • analiza, supervisa y asesora las actividades y los análisis de las fiscalías de distrito y generaliza las prácticas judiciales y judiciales;
  • cumpla las obligaciones derivadas de la cooperación internacional, incluida la participación en los trabajos de Eurojust;
  • participar en la elaboración de proyectos de actos, proyectos de reglamentos y órdenes del Gobierno, así como proyectos de reglamentos y directrices del Ministerio de Justicia que regulen las actividades de la Fiscalía;
  • participar en la elaboración de planes de desarrollo relacionados con la Fiscalía y sus funciones;
  • organizar las actividades de relaciones públicas de la Fiscalía e informar al público de las actividades de la Fiscalía;
  • organizar la dotación de personal y la formación de la Fiscalía y la cuestión de la salud y la seguridad en el trabajo de los funcionarios y el personal, mantener registros del personal;
  • organizar la gestión de los concursos de fiscales;
  • elaborará el proyecto de presupuesto de la Fiscalía y garantizará una utilización específica de los recursos presupuestarios;
  • organizar la administración de los bienes del Estado en posesión de la Fiscalía;
  • ejerce otras funciones que le encomienda la ley, una decisión del Riigikogu, un Decreto del Presidente de la República, un reglamento y un decreto del Gobierno de la República y un reglamento y un decreto del Ministro de Justicia.

Jueces

Organización

Un juez debe ser un ciudadano estonio que haya obtenido un título de máster reconocido a nivel nacional, un título equivalente en el sentido del artículo28 (22) de la Ley de Educación de la República de Estonia o un título extranjero equivalente, que domine en estonio a nivel avanzado, tenga un elevado carácter moral y tenga las capacidades y características personales necesarias para trabajar como juez. Los jueces son nombrados para toda la vida. El Ministro de Justicia no tiene derecho de mando ni de autoridad disciplinaria sobre los jueces. Un juez solo puede ser destituido sobre la base de una sentencia judicial que haya entrado en vigor. El mandato de los jueces puede durar hasta los 67 años, pero puede prorrogarse.

No serán nombrados jueces:

  • cualquier persona condenada por un delito;
  • las personas que hayan sido destituidas del cargo de juez, notario o agente judicial;
  • personas expulsadas del Colegio de Abogados de Estonia;
  • personas que hayan sido liberadas del servicio público por falta disciplinaria;
  • personas en quiebra;
  • las personas cuyas actividades profesionales de auditoría hayan cesado, excepto el cese por solicitud de un auditor;
  • las personas que hayan sido privadas de la cualificación de agente de la propiedad industrial, salvo la privación de cualificación sobre la base de la solicitud de un agente de patentes.
  • que hayan sido privados de la profesión de traductor jurado en virtud del artículo 28 (3) 3) de la Ley de traductores Jurados.

Una persona que, tras obtener el título correspondiente, tenga al menos cinco años de experiencia jurídica o haya ejercido como consejero o abogado general durante al menos tres años y haya superado o haya sido eximida del examen de un juez, podrá ser nombrada juez de un tribunal de condado o de tribunal administrativo.

Cualquier persona que sea un abogado experimentado y reconocido y haya superado el examen judicial podrá ser nombrado juez de un tribunal de distrito. Cualquier persona que haya trabajado como juez inmediatamente antes de su nombramiento no tendrá que someterse al examen del juez.

Podrán ser nombrados abogados experimentados y reconocidos para la función de juez del Tribunal Supremo.

Los jueces son nombrados a través de un concurso general.

Un juez solo podrá ser empleado en el cargo de juez, salvo en calidad de profesor o investigador. El juez debe informar al Presidente del Tribunal de toda actividad profesional distinta de la de juez. Cualquier otro empleo que no sea el de juez no debe poner en peligro el ejercicio de sus funciones oficiales ni la imparcialidad del juez en la administración de justicia. Un juez no puede ser miembro del Riigikogu ni miembro de un consejo municipal o municipal; un miembro de un partido político; fundador, socio gerente, miembro del consejo de administración o de supervisión de una empresa o gestor de una sucursal de una sociedad extranjera; administrador concursal, miembro del panel de insolvencia o administración obligatoria de bienes inmuebles; árbitro elegido por las partes en la controversia.

Un juez solo puede ser destituido mediante sentencia judicial. Los cargos penales contra un juez de un tribunal de primera o segunda instancia solo podrán presentarse durante su mandato a propuesta del Tribunal Supremo en banco con el consentimiento del Presidente de la República. Los cargos penales contra un juez del Tribunal Supremo solo podrán presentarse durante su mandato a propuesta del Canciller de Justicia con el consentimiento de una mayoría en el Parlamento estonio.

Los requisitos aplicables a los jueces, su servicio preparatorio y sus obligaciones se establecen en la El enlace abre una nueva ventanaLey de tribunales.

Funciones y obligaciones

La profesión judicial está regulada por ley. Todos los jueces estonios que trabajan juntos (en banc) han adoptado un código deontológico. Puede encontrarse más información en el sitio web de El enlace abre una nueva ventanalos tribunales estonios y en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaTribunal Supremo.

La función de un juez es administrar justicia de conformidad con la Constitución y los actos jurídicos, sobre cuya base el juez decide una solución justa para las partes en el asunto. Un juez desarrolla el Derecho mediante la interpretación de los actos jurídicos y la investigación.

Un juez desempeña sus funciones oficiales de manera imparcial y sin interés propio y observa los intereses del servicio incluso fuera de sus actividades profesionales. El juez debe comportarse impecablemente tanto dentro como fuera de sus actividades profesionales y abstenerse de actos que puedan dañar la reputación del tribunal. Un juez no podrá revelar información de la que tenga conocimiento en una audiencia celebrada en privado o en debates celebrados al llegar a una transacción. El deber de confidencialidad se aplica en todo momento, incluso después de que el juez se haya jubilado. El juez debe encargar a los jueces de primera instancia con menos de tres años de servicio, a los que lleven a cabo un programa preparatorio para jueces auxiliares y estudiantes en prácticas. Un juez no puede tener más de dos mentores al mismo tiempo. Los jueces están obligados a desarrollar sus conocimientos y competencias profesionales con regularidad y a participar en la formación.

Garantías sociales para los jueces

Los jueces gozan de distintas garantías sociales por ley: salarios, primas, pensiones de los jueces, permisos de los jueces, ropa de los jueces y otras garantías sociales.

El salario de un juez se establece en El enlace abre una nueva ventanala Ley sobre los salarios oficiales del personal del Estado superior.

La base para determinar la pensión del juez se establece en la El enlace abre una nueva ventanaLey de tribunales.

La pensión de un juez es una pensión de jubilación de un juez, una pensión de jubilación de un juez, una pensión de invalidez de un juez y una pensión de supervivencia de un miembro de la familia del juez. La pensión de un juez no se paga durante su actividad como juez. Si un juez jubilado trabaja en otro lugar, recibe la pensión íntegra del juez con independencia de los ingresos. La pensión de un juez no se paga a ninguna persona expulsada de su cargo por una infracción disciplinaria o condenada por una infracción penal cometida intencionadamente. La pensión de un juez se retira a cualquier persona condenada por un delito contra la administración de justicia.

El juez tiene derecho a vacaciones anuales. Las vacaciones anuales serán de 35 días naturales y las vacaciones adicionales se concederán hasta siete días naturales en total por el período de trabajo judicial en las condiciones descritas en la Ley de tribunales.

Jueces legos

Los jueces legos solo participan en la administración de justicia en los tribunales de condado en asuntos penales relativos a un delito de primer grado. Un juez lego tiene el mismo estatuto, derechos y deberes que un juez en la administración de justicia. Un ciudadano estonio de entre 25 y 70 años de edad que resida en Estonia y tenga conocimientos de estonio de nivel C1 o equivalente de conformidad con la Ley de Lenguas y posea las características morales adecuadas para el ejercicio de un juez lego podrá ser nombrado juez lego por un período de cuatro años. Los jueces legos no podrán ser nombrados para más de dos mandatos consecutivos.

No podrá nombrarse juez lego a ninguna persona que: condenado por un delito; deudor concursado; no apto por razones sanitarias; tenía un domicilio permanente, es decir, cuya dirección está inscrita en el padrón de población, durante menos de un año en el territorio del municipio que lo ha nombrado juez legado; un tribunal, una fiscalía o un servicio de policía de seguridad; servicio militar; abogado, notario o agente judicial; Miembro del Gobierno de la República; Miembro de un gobierno municipal o municipal; Presidente de la República. Diputado al Parlamento estonio. Las personas acusadas de un delito no podrán ser nombradas jueces legos durante el proceso penal.

En esencia, el papel de un juez lego consiste en representar, en la administración de justicia, la perspectiva de una persona ordinaria que conoce de un procedimiento judicial más desde un punto de vista humanitario que jurídico. Los consejos de gobierno local son responsables de elegir a los candidatos para el puesto de juez lego.

Jueces auxiliares y secretarios judiciales

Un juez auxiliar es un funcionario del tribunal que desempeña las funciones especificadas en la ley. Un juez auxiliar es independiente, pero debe cumplir las instrucciones de un juez en la medida prescrita por la ley. Un juez auxiliar es competente para realizar inscripciones en los registros (por ejemplo, el catastro o el registro mercantil) y para dictar reglamentos sobre la llevanza de registros, incluidas las resoluciones sancionadoras. Los jueces auxiliares pueden aplicar un procedimiento acelerado para las órdenes de pago. Las restricciones al ejercicio del cargo de juez también se aplican a los jueces auxiliares.

Una persona que haya obtenido un título de máster reconocido a nivel nacional en el ámbito jurídico, un título correspondiente en el sentido del artículo28 (22) de la Ley de Educación de la República de Estonia, o una cualificación extranjera correspondiente, conocimientos estonios de nivel C1 o equivalente de conformidad con la Ley de Lenguas, tenga un elevado carácter moral, haya completado un programa preparatorio para jueces auxiliares, no haya sido eximido por el tribunal de selección. Una persona que haya superado el examen de un juez también podrá ser nombrada juez auxiliar.

No podrán ser nombrados jueces auxiliares: cualquier persona condenada por un delito; las personas que hayan sido destituidas del cargo de juez, notario o agente judicial; personas expulsadas del Colegio de Abogados de Estonia; personas que hayan sido liberadas del servicio público por falta disciplinaria; personas en quiebra; las personas cuyas actividades profesionales de auditoría hayan cesado, excepto el cese por solicitud de un auditor; las personas que hayan sido privadas de la cualificación de agente de la propiedad industrial, salvo la privación de cualificación sobre la base de la solicitud de un agente de patentes. a quien se ha retirado la invitación de un traductor jurado sobre la base del artículo 28 (3) (3) de la Ley de traductores Jurados; persona destituida del cargo de juez por falta de aptitud para el cargo, durante un período de tres años a partir de su nombramiento para el cargo.

Los jueces auxiliares son nombrados a través de una oposición general.

Los requisitos para los jueces auxiliares se establecen en la El enlace abre una nueva ventanaLey de tribunales.

Un secretario judicial es un funcionario del tribunal que participa, con independencia o bajo la supervisión de un juez, en la preparación y tramitación de los asuntos en la medida prevista en la Ley por la que se rige el procedimiento judicial. El secretario judicial está facultado para realizar todos los mismos actos y dictar las mismas sentencias que un juez auxiliar u otro funcionario judicial de conformidad con la Ley por la que se rige el procedimiento judicial. El secretario judicial es independiente en el ejercicio de sus funciones, pero debe cumplir las instrucciones de un juez en la medida prescrita por la ley.

Los requisitos impuestos a los secretarios judiciales son los mismos que los que se imponen a los jueces auxiliares. Un puesto vacante de secretario judicial se provee mediante concurso público.

No podrán ser nombrados secretarios judiciales: cualquier persona que haya sido sancionada por un delito cometido intencionadamente; cualquier persona que haya sido castigada por un delito cometido intencionadamente contra el Estado, con independencia de que los datos de la condena hayan sido expulsados; toda persona cuyo derecho a trabajar en calidad de secretario judicial haya sido revocado en virtud de una sentencia judicial con fuerza de cosa juzgada; cualquiera que sea el familiar o la pareja de una persona que supervise directamente a un secretario judicial.

Además del Abogado GeneralPalabra(521 Kb) y deljuezESadjunto (373 Kb), lossecretariosEDICIÓN EN PDFjudiciales incluyen al directorESdel Tribunal (367 Kb) y al SecretarioEDICIÓN EN PDFde la vista (364ESKb). fileDownload.do?id=79497cee-fb0b-444e-94a0-401347158b4f

Abogados

Entre los abogados figuran los abogados y sus asistentes.

Los abogados son miembros del Colegio de Abogados de Estonia y están regulados por la Ley del Colegio de Abogados. Toda persona que cumpla los requisitos establecidos en la Ley del Colegio de Abogados y haya superado el examen de colegiación podrá ser miembro del Colegio de Abogados de Estonia.

El Colegio de Abogados de Estonia es un colegio profesional autónomo creado para prestar servicios jurídicos, tanto en interés público como privado, y proteger los derechos profesionales de los abogados. El Colegio de Abogados de Estonia supervisa las actividades profesionales de sus miembros y su cumplimiento de los requisitos de ética profesional. El Colegio de Abogados de Estonia también organiza la formación profesional de los abogados y la prestación de asistencia jurídica gratuita. A través de sus miembros, el Colegio de Abogados garantiza la prestación de asistencia jurídica gratuita estatal.

El Colegio de Abogados de Estonia actúa a través de sus órganos. Entre ellos figuran la asamblea general, el consejo de administración, el presidente, el comité de auditoría, el tribunal de honor y el comité de evaluación de la idoneidad profesional.

Los abogados tienen autoridad:

  • representar y defender a los clientes ante los tribunales y en los procedimientos previos y de otro tipo tanto en Estonia como en el extranjero;
  • reunir pruebas;
  • seleccionar a voluntad y utilizar medios y medidas legales al prestar servicios jurídicos;
  • obtener de las autoridades nacionales y locales la información necesaria para prestar servicios jurídicos, acceder a documentos y obtener copias y extractos de los mismos, a menos que la ley prohíba a los abogados obtener dicha información y documentación;
  • tratar datos personales de personas distintas del cliente obtenidos por contrato o por ley, incluidas categorías especiales de datos personales, sin su consentimiento, cuando sea necesario para la prestación de un servicio jurídico;
  • verificar las firmas y copias de los documentos presentados ante el órgano jurisdiccional y otros organismos oficiales como parte de los servicios jurídicos prestados a un cliente;
  • prestar el servicio de una persona de contacto;
  • actuar como árbitros o como árbitros en el procedimiento establecido en la Ley de Conciliación;
  • actuar como administradores concursales, si son miembros de la Cámara.

Los asistentes de abogado tienen la autoridad de un abogado dentro de los límites establecidos por la ley.

Los abogados adjuntos no están autorizados a actuar como árbitros ni como árbitros en el procedimiento establecido en la Ley de Conciliación. No tienen autoridad para representar o defender a los clientes ante el Tribunal Supremo, salvo disposición legal en contrario. Los abogados adjuntos no podrán actuar como administradores concursales.

El asistente jurídico solo podrá prestar servicios jurídicos bajo la supervisión de su patrono, que es un abogado.

Al prestar servicios jurídicos, un abogado actúa con independencia y de conformidad con la ley, los actos jurídicos y las decisiones adoptados por los órganos del Colegio de Abogados de Estonia, los requisitos relativos a la ética profesional de los abogados, las buenas prácticas y su conciencia.

La información revelada a un abogado es confidencial. Un abogado o empleado del Colegio de Abogados o de un despacho de abogados que sea oído como testigo no podrá ser interrogado ni requerido para que proporcione explicaciones sobre asuntos de los que haya tenido conocimiento en el marco de la prestación de servicios jurídicos.

Los soportes de datos relacionados con la prestación de servicios jurídicos por un abogado son inviolables.

El ejercicio por un abogado de sus funciones profesionales no podrá dar lugar a que se identifique a un cliente o a la causa judicial del cliente.

Los abogados no podrán ser detenidos, registrados o detenidos por motivos profesionales, salvo en virtud de una orden dictada por el tribunal de condado. Un bufete de abogados a través del cual un abogado presta servicios jurídicos no puede ser buscado por motivos derivados de las actividades profesionales del abogado.

En el sitio web del Colegio de El enlace abre una nueva ventanaAbogados de Estonia puede encontrarse una lista de abogados y bufetes de abogados y otra información útil. Sin embargo, la función de «encontrar abogado» permiteencontrar un abogado en toda la Unión Europea.

Bases de datos

No existen bases de datos distintas de las enumeradas anteriormente.

Asesores jurídicos

Estonia no cuenta con abogados ni asesores jurídicos regulados por ley.

Notarios

Organización

Todos los notarios de Estonia tienen la misma competencia. La profesión notarial está regulada por El enlace abre una nueva ventanala Ley de Notarios. Tanto el Ministerio de Justicia como la Cámara de Notarios son responsables de la regulación y gestión de las actividades profesionales de los notarios. La Cámara de Notarios es una persona jurídica de Derecho público, y todos los notarios nombrados para el cargo son miembros. Entre las funciones de su competencia se encuentra el control de si los notarios ejercen su actividad profesional de manera consciente y correcta, la armonización de las actividades profesionales de los notarios, la organización de la formación de los notarios, la organización del servicio candidato, la gestión y el desarrollo del sistema electrónico de información en relación con los notarios, la asistencia al Ministro de Justicia en materia de actividades de control, etc. La página web de la Cámara de Notarios ofrece información sobre los notarios y las El enlace abre una nueva ventanafunciones notariales.

Función y competencias

El notario es titular de un cargo de Derecho público. El Estado le faculta para acreditar, a petición de personas, hechos y acontecimientos que tengan un significado jurídico, y realizar otros actos notariales con el fin de garantizar la seguridad jurídica.

Los notarios deben ser imparciales, fiables e independientes en sus actividades. Están obligados a comprobar las intenciones reales de las partes de una transacción y las circunstancias requeridas para la correcta ejecución de la misma, así como a explicar a las partes las diferentes modalidades de ejecución de la operación y las consecuencias de la misma.

Los notarios realizan los siguientes actos notariales, cuando así se solicita:

  • aportar la certificación notarial (varios contratos, actos de delegación, testamentos) y la autenticación notarial (copias, firmas, impresiones, etc.);
  • resolver asuntos sucesorios;
  • La expedición, sobre la base del artículo 60 y del anexo II del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 351 de 20.12.2012, p. 1-32), de un certificado relativo a la expedición de un documento notarial con fuerza ejecutiva en Estonia;
  • La expedición, sobre la base del artículo 59, apartado 1, y del anexo II del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (DO L 201 de 27.07.2012, p. 107-134), la expedición de un certificado relativo a la fuerza jurídica de un documento notarial en Estonia y la expedición de un certificado sobre la expedición de un documento notarial con fuerza ejecutiva en Estonia con arreglo al artículo 60, apartado 2, y al anexo II;
  • la expedición, sobre la base del artículo 48, apartado 3, y de los anexos III y IV del Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos (DO L 007, 10.01.2009, p. 1-79), un extracto del documento notarial que debe ejecutarse en Estonia;
  • declare inválidos los documentos de autorización de conformidad con la Ley de Notarisation.
  • declare ejecutivos los acuerdos celebrados a través de un abogado que actúa como conciliador o a través de otro notario.
  • expedir certificados (apostilles);
  • a petición de personas jurídicas, presentar sus informes financieros anuales al órgano jurisdiccional que lleva el registro;
  • confirmar matrimonios y divorcios y preparar las entradas de matrimonio y divorcio;
  • aceptar depósitos de dinero, valores y documentos;
  • permitir el acceso a los datos inscritos en el registro del departamento o departamento de registro de la propiedad o a un documento que figure en el registro;
  • presentar anuncios y solicitudes a petición de una empresa, recibir documentos u otra información de las autoridades administrativas económicas y entregar un acto administrativo a una empresa;
  • inscripción en el registro de datos a petición del operador económico;
  • suministro de datos sobre la titularidad real a petición de una persona jurídica o un fideicomisario.

El cliente deberá pagar al notario los honorarios legalmente establecidos para estas operaciones.

Los notarios pueden ofrecer los siguientes servicios oficiales:

  • asesoramiento jurídico al margen del procedimiento de certificación;
  • asesoramiento sobre Derecho fiscal y Derecho extranjero, ya sea en el marco de un procedimiento de certificación;
  • ofrecer conciliación de conformidad con la Ley de Conciliación;
  • Actuar como árbitro sobre la base del Código de Procedimiento Civil;
  • celebrar subastas, votaciones, loterías y la división de lotes, y verificar los resultados;
  • la toma de juramento y la autenticación de los certificados jurados;
  • remítanse peticiones y avisos no relacionados con las funciones oficiales y expidan certificados relativos a la transmisión o imposibilidad de transmitir dichas peticiones o avisos.
  • la prestación del servicio de una persona de contacto;
  • aceptar depósitos de dinero — con excepción del efectivo — valores, documentos y otros objetos si no se trata de un documento notarial o de una obligación oficial derivada de un documento notarial;
  • responder a una solicitud de explicación presentada por una empresa

La información sobre los servicios oficiales ofrecidos por los notarios puede consultarse en el sitio web de la Cámara de El enlace abre una nueva ventanaNotarios. Los honorarios de los servicios notariales se acuerdan entre el cliente y el notario antes de la prestación del servicio.

Otras profesiones jurídicas

Agentes judiciales

En Estonia, se trata de una profesión liberal: los agentes judiciales actúan en su propio nombre y asumen la responsabilidad de sus actos. El agente judicial debe ser imparcial y responsable en el desempeño de sus funciones. Las actividades oficiales de los agentes judiciales están reguladas por la El enlace abre una nueva ventanaLey de agentes judiciales.

Desde enero de 2010 está en funcionamiento una organización profesional conjunta de agentes judiciales y administradores concursales, la Cámara de agentes judiciales y administradores concursales (en lo sucesivo, «la Cámara»). Las actividades oficiales de los agentes judiciales, su supervisión, la responsabilidad disciplinaria y las actividades de asociación profesional están reguladas por la Ley de agentes judiciales. La tarea de la Sala es desarrollar y promover las profesiones jurídicas gratuitas, incluido el desarrollo y la supervisión de buenas prácticas profesionales y profesionales, la elaboración de recomendaciones para la armonización de las prácticas profesionales, la organización de la formación continua, el desarrollo de sistemas de información, etc. La Sala también dispone de un Tribunal de Justicia honorario. Puede obtenerse más información sobre las actividades del hemiciclo en su sitio El enlace abre una nueva ventanaweb.

Las funciones profesionales del agente judicial son las siguientes:

  1. llevar a cabo procedimientos de ejecución de conformidad con el Código de Procedimiento de Ejecución;
  2. notificar documentos de conformidad con los códigos de procedimiento;
  3. elaborar inventarios de las fincas y de la administración de las fincas de conformidad con la Ley de sucesiones;
  4. en los casos y con arreglo a los procedimientos establecidos por la ley, a petición de un órgano jurisdiccional o de un órgano administrativo, la realización de una subasta al margen del procedimiento de ejecución;
  5. mediación de alimentos extranjeros en virtud de la Ley de prestaciones familiares.

Los honorarios del agente judicial por el ejercicio de estas funciones oficiales se establecen en la Ley de agentes judiciales.

A petición de una persona, el agente judicial podrá prestar los siguientes servicios profesionales:

  1. realización de subastas de bienes muebles e inmuebles
  2. entregar documentos;
  3. prestar asesoramiento jurídico y elaborar documentos jurídicos si su formación se ajusta a lo dispuesto en el artículo 47 (1) (1) de la Ley de tribunales;
  4. prestar un servicio de investigación de hechos jurídicos al margen de los procedimientos judiciales;
  5. Actuar como conciliador de conformidad con la Ley de Conciliación;
  6. actuar como árbitros con arreglo al Código de Procedimiento Civil.

Los agentes judiciales tienen derecho a negarse a prestar un servicio profesional.

Las condiciones para la prestación de servicios profesionales y las condiciones de remuneración se acordarán con el solicitante por escrito antes de la prestación del servicio. Las condiciones y la remuneración acordadas se ajustarán a las buenas prácticas profesionales.

En el marco de la prestación de servicios profesionales, los agentes judiciales no podrán ejercer los derechos que les hayan sido conferidos por ley para el ejercicio de sus funciones profesionales o que se deriven de su cargo.

La información relativa a los servicios prestados por los agentes judiciales puede consultarse en el sitio web de la Cámara. El enlace abre una nueva ventanahttp://www.kpkoda.ee/

El control administrativo de las actividades de los agentes judiciales corresponde al Ministerio de Justicia y a la Cámara.

Los agentes judiciales son responsables de los daños causados ilícitamente en el ejercicio de sus actividades profesionales, incluso si los daños han sido causados por un empleado de su oficina. Si las demandas de indemnización de daños causados por el acto profesional de un agente judicial no pueden satisfacerse con los bienes de un agente judicial o de cualquier otra persona responsable del daño, o si tales reclamaciones no pueden satisfacerse íntegramente, la Sala será responsable de los daños causados. El Estado es responsable en última instancia de las acciones de los agentes judiciales. Tanto la Sala como el Estado tienen derecho a recurrir contra la persona responsable del daño; el Estado también tiene derecho a recurrir contra la Cámara.

Administradores concursales

El síndico es una persona designada por un tribunal que, en virtud de su función, realiza transacciones y otros actos relacionados con la masa concursal y representa al deudor ante los tribunales en los litigios relativos a la masa concursal. La principal obligación de un administrador concursal es defender los derechos e intereses de todos los acreedores y del deudor y garantizar procedimientos de quiebra legales, rápidos y razonables desde el punto de vista financiero. El síndico de la quiebra desempeña sus funciones personalmente. Pueden actuar como administradores concursales: las personas físicas a las que la Cámara, los abogados, los auditores legales y los agentes judiciales hayan otorgado la facultad de actuar como administradores concursales. La Cámara mantendrá una lista de administradores concursales. La lista incluye datos sobre todas las personas autorizadas a actuar como administradores concursales y es accesible al público en el sitio web de la Cámara. Un fideicomisario inscrito en la lista deberá asegurarse de que los datos son exactos.

Las principales obligaciones de un administrador concursal son las siguientes:

  1. determinar los créditos de los acreedores, administrar la masa concursal y organizar la constitución y venta de la masa y la satisfacción de los créditos de los acreedores.
  2. determinar los motivos y la fecha de insolvencia del deudor;
  3. organizar, en caso necesario, la continuación de las actividades empresariales del deudor;
  4. llevar a cabo, en caso necesario, la liquidación del deudor, si éste es una persona jurídica;
  5. facilitar información a los acreedores y al deudor en los casos previstos por la ley;
  6. informar sobre sus actividades y facilitar información sobre el procedimiento de quiebra al tribunal, al funcionario supervisor y al comité de quiebra.

La supervisión administrativa de las actividades de los administradores concursales se lleva a cabo por el Ministerio de Justicia, sobre la base de las reclamaciones u otros datos que se le transmiten en relación con el administrador fiduciario y que dan motivos para creer que este no ha cumplido sus obligaciones. El Ministerio de Justicia tiene derecho, al supervisar las actividades de un administrador, a verificar la idoneidad y la legalidad de las actividades profesionales del administrador. El Ministro de Justicia podrá adoptar medidas disciplinarias contra el síndico que incumpla las obligaciones derivadas de actos jurídicos que establezcan las actividades profesionales de los administradores concursales. El Ministro de Justicia no podrá adoptar medidas disciplinarias contra los abogados que actúen como administradores concursales. No obstante, el Ministro tiene derecho a recurrir a los tribunales de honor en el Colegio de Abogados.

Además de la supervisión administrativa, las actividades de los administradores concursales también son supervisadas por el comité concursal, la junta general de acreedores, el tribunal y la Sala dentro de su ámbito de competencia.

Enlaces

El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia

El enlace abre una nueva ventanaOrganización sin ánimo de lucro Alianza de Abogados

El enlace abre una nueva ventanaFundación de la Oficina de Servicios Jurídicos

El enlace abre una nueva ventanaColegio de Abogados de Estonia

El enlace abre una nueva ventanaFiscalía

El enlace abre una nueva ventanaCámara de Notarios

El enlace abre una nueva ventanaConsejo de Agentes Judiciales y Síndicos


Esta versión se ha generado con traducción automática. El dueño de esta página no acepta responsabilidad alguna sobre la calidad de la traducción.

Última actualización: 02/10/2020