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Profesiones jurídicas - Finlandia

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Esta sección ofrece una visión de conjunto de las profesiones jurídicas en Finlandia.


Profesiones jurídicas

Profesiones jurídicas: introducción

Las profesiones jurídicas en Finlandia son las de juez, fiscal, letrado de asistencia jurídica gratuita, abogado, notario público y oficial de justicia.

Fiscales

Organización

De acuerdo con la Constitución, la Fiscalía General es el órgano supremo del Ministerio Fiscal y está al frente de estos servicios.

El Ministerio Fiscal tiene una estructura a dos niveles. Consta de la Fiscalía General y 15 fiscalías locales, que disponen a su vez de 50 oficinas de servicio. En total está integrado por 581 personas, 381 de las cuales son fiscales.

Los fiscales jefe de distrito están al frente de las fiscalías locales. Existen además fiscales adjuntos y de distrito. En algunas de las fiscalías trabajan asimismo abogados jóvenes que se preparan para seguir la carrera fiscal.

Todos ellos son fiscales generales que, salvo raras excepciones, están facultados para presentar acusaciones por los delitos cometidos dentro de su jurisdicción. Los fiscales especiales, como el Defensor de Pueblo y el Canciller de Justicia, sólo son competentes para supuestos específicos y bien determinados.

Función y obligaciones

La función del fiscal, tal como está definida en la legislación, es establecer la responsabilidad en las causas penales de tal forma que queden salvaguardados los derechos de las partes y el interés público. Sus tareas han de ejercerse con imparcialidad, diligencia y economía.

El Ministerio Fiscal debe respetar en sus actuaciones los principios de imparcialidad, competencia profesional y deontología, que forman un conjunto indisoluble.

La denominación de Ministerio Fiscal alude a su carácter de servicio público; a diferencia de las demás partes intervinientes en una causa penal, el fiscal no persigue su propio interés, sino que cuida los intereses de la sociedad. Es un funcionario público que tiene el deber de velar por que las infracciones penales lleven aparejada la sanción penal apropiada. Los fiscales constituyen un órgano independiente de la administración de justicia.

La mayoría de las causas penales (unos 80.000 asuntos al año) corresponden a las fiscalías de distrito. La Fiscalía General se ocupa sobre todo de los delitos que afectan ampliamente al conjunto de la sociedad, cuyo número es de algunas docenas cada año.

La investigación de los delitos y faltas –la instrucción previa al juicio– incumbe a la policía. Una vez finalizada la instrucción, las pruebas recogidas se remiten al fiscal, quien estudia las posibles acusaciones. Esto significa que, para cada persona sospechosa y para cada acto presunto, el fiscal deberá evaluar si se ha cometido una infracción penal y si hay pruebas suficientes para el procesamiento.

Si existen indicios de infracción penal, debe imputarse al sospechoso. Si las pruebas no son suficientes, o si por cualquier otro motivo no es posible presentar una acusación (p. ej. como consecuencia de la prescripción de los delitos), el fiscal decide si debe seguir adelante o no con el procesamiento.

Bases de datos jurídicas

 Se ofrece información adicional en los sitios web Fiscalía General y El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia.

Jueces y magistrados

Organización

En Finlandia, la mayor parte de las sentencias son dictadas por jueces de carrera. En los tribunales de primera instancia existen además jueces legos (hombres o mujeres). Los jueces son miembros del poder judicial independiente. Desempeñan sus cargos en el Tribunal Supremo, en los tribunales de apelación y de primera instancia, en el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo y en los tribunales administrativos, así como en el Tribunal de Seguros, el Tribunal de Trabajo y el Tribunal de la Competencia. Son funcionarios públicos inamovibles, que sólo pueden ser separados de su cargo por resolución judicial. Tampoco pueden ser trasladados sin su consentimiento.

El capítulo 12 de la Ley de funcionarios civiles del Estado contiene las disposiciones aplicables específicamente a los jueces en su calidad de funcionarios públicos. En su virtud, no les son de aplicación las normas sobre permisos, sanciones, ceses y destituciones temporales de los demás funcionarios. Según la propia Ley, deben cesar en su cargo al cumplir la edad legal de jubilación (68 años) o en caso de incapacidad permanente.

Función y obligaciones

Jueces y magistrados

Quien desee optar a una plaza de juez debe poseer un título de estudios superiores en Derecho y haber completado un periodo de prácticas de un año como vocal de un tribunal de primera instancia. La carrera habitual de un juez se inicia como secretario principal de un tribunal de apelación y sigue con la designación como juez en un tribunal de primera instancia o de apelación. En ese momento se inicia la formación apropiada. El tribunal de apelación anuncia las vacantes, y la Comisión de selección de jueces analiza la idoneidad de los candidatos. Los jueces son nombrados por el Presidente de la República.

Jueces legos

En los tribunales de primera instancia actúan “jueces legos” que colaboran en la toma de decisiones en determinadas causas. Intervienen fundamentalmente en causas penales, aunque también pueden conocer en causas civiles y en conflictos derivados de contratos de arrendamiento. En los tribunales de primera instancia, las sesiones son presididas por un juez ordinario asistido por tres jueces legos. Estos últimos están facultados para actuar de forma independiente, por lo que, en caso necesario, las resoluciones se someten a votación y se adoptan por mayoría. En caso de empate, en las causas penales prevalece la opinión más favorable para el acusado, mientras que en las causas civiles el juez presidente tiene voto de calidad.

Los jueces legos son designados por los ayuntamientos para un mandato de cuatro años. Cada municipio debe nombrar un mínimo de dos, aunque los municipios de mayor tamaño pueden designar un número bastante superior. Los jueces legos deben reproducir con la mayor fidelidad posible la estructura de edades, sexos, lenguas y profesiones del municipio.

Los jueces legos han de tener nacionalidad finlandesa y una edad superior a 25 años e inferior a 63. No pueden ser designados quienes desempeñen algún cargo en un órgano jurisdiccional o establecimiento penitenciario, o ejerzan como fiscales, abogados o agentes de policía. El juez lego debe prestar juramento o hacer una declaración solemne antes de tomar posesión de su cargo.

Se pretende que los jueces legos participen en un juicio aproximadamente una vez al mes, es decir, 12 veces al año. El tribunal de primera instancia les abona una dieta por cada juicio, además de reembolsarles los ingresos que hayan perdido.

Letrados asesores de asistencia jurídica gratuita

Organización

Los letrados asesores de asistencia jurídica son juristas contratados por las Oficinas de Asistencia Jurídica Gratuita. Tienen la condición de funcionarios del Estado y son nombrados por el Ministro de Justicia, del que dependen funcionalmente dichas Oficinas.

Para optar al puesto de letrado en las Oficinas de Asistencia Jurídica Gratuita es preciso poseer un máster en Derecho (oikeustieteen kandidaatti) y experiencia suficiente en la práctica de la abogacía. Muchos de ellos tienen asimismo el título honorario de varatuomari (máster en Derecho con formación en tribunales)

Ejercen la defensa y representación jurídica ante los tribunales. En el ejercicio de sus actividades están obligados a respetar las normas deontológicas de los abogados. A estos efectos están sometidos a la potestad disciplinaria del Colegio de Abogados, del que más de la mitad son miembros. En todo caso, ejercen sus funciones con total independencia y autonomía.

Organización de las profesiones jurídicas: profesionales de la abogacía

Abogados

Únicamente los miembros del Colegio de Abogados tienen derecho a utilizar el título profesional de “asianajaja o “advokat”. Algunos de los requisitos exigidos para ingresar en el Colegio de Abogados son los siguientes:

  • haber obtenido un máster en Derecho (LL.M.), que capacita para la práctica jurídica;
  • ser persona de integridad reconocida;
  • tener experiencia de varios años en la práctica del Derecho o en otras actividades de carácter judicial;
  • aprobar un examen específico que versa sobre los elementos básicos de la profesión jurídica y sobre la deontología profesional;
  • mantener la independencia y autonomía respecto a cualesquiera influencias del Gobierno o de otras instancias, con la única excepción de los clientes; y
  • disponer de otras cualificaciones.

Responsabilidades de los abogados y supervisión de su actuación profesional

Por cuanto se refiere a la responsabilidad penal o civil, en el caso de los abogados no difiere en principio de la que tienen los demás ciudadanos. No obstante, los abogados están obligados a contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños producidos por cualquier causa, salvo dolo o negligencia grave. El Colegio de Abogados ha creado un fondo de indemnización para atender los daños derivados de la conducta delictiva de sus miembros.

Por otra parte, el abogado sí tiene una responsabilidad profesional. La Junta Rectora del Colegio de Abogados vigila el desempeño de sus funciones por parte de sus miembros de acuerdo con la ética profesional. En caso de incumplimiento, inicia un procedimiento disciplinario, normalmente como consecuencia de una reclamación por escrito. El Canciller de Justicia recibe información sobre las decisiones adoptadas en este sentido por el Colegio y puede recurrirlas ante el Tribunal de Apelación de Helsinki.

El Colegio de Abogados finlandés es un organismo de derecho público que se rige por la Ley de la abogacía de 1958 y que sucede a un órgano registrado bajo el mismo nombre. Los miembros de uno y otro son abogados, tanto en el caso del Colegio actual como del anterior.

El Colegio de Abogados cuenta con unos 1.850 miembros, denominados “abogados” (en finés: asianajaja; en sueco: advokat). Los despachos de abogados emplean a unos 600 asociados, 120 de los cuales son asesores jurídicos oficiales. Las Oficinas de Asistencia Jurídica emplean además a más de 100 letrados que no son miembros del Colegio de Abogados.

La expulsión del Colegio de Abogados en virtud de un procedimiento disciplinario no impide seguir ejerciendo la profesión bajo un título profesional diferente, aunque en tal caso sin estar sujeto a las obligaciones propias de un abogado ni a la supervisión del Colegio.

Puede ser admitido como abogado cualquier ciudadano finlandés u originario de otro país del Espacio Económico Europeo mayor de 25 años, de reconocida honradez y cuyas aptitudes y estilo de vida sean los adecuados para el ejercicio de esta profesión. Se exige además haber obtenido el título académico finlandés pertinente y poseer las competencias necesarias para el ejercicio de la abogacía, así como experiencia en la práctica de la profesión. No puede haber sido declarado en quiebra y debe tener plena capacidad jurídica.

De acuerdo con las obligaciones internacionales asumidas por Finlandia, pueden ser admitidos también como abogados quienes, sin tener la titulación académica ni la experiencia práctica requeridas en Finlandia, posean la condición profesional de abogados en otro país del Espacio Económico Europeo. En tal caso, deberán demostrar, mediante un examen organizado por el Colegio de Abogados, que conocen suficientemente la legislación y la práctica jurídica finlandesas.

Por otra parte, podrán ser admitidos como abogados sin necesidad de superar ese examen quienes tengan la titulación de abogados de un Estado miembro de la Unión Europea, siempre que hayan estado inscritos durante un plazo mínimo de tres años en el registro del Colegio de Abogados como personas en posesión del título profesional de su Estado miembro de origen, y se hallen habilitados para ejercer la abogacía en otro Estado miembro (Registro de la UE). Deberán demostrar, por otro lado, que han ejercido regularmente la abogacía en Finlandia, como mínimo durante el plazo indicado.

Bases de datos jurídicas

Puede encontrarse más información en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaColegio de Abogados.

Asesores jurídicos

En Finlandia, cualquier persona puede asesorar o prestar asistencia en temas jurídicos, incluso como actividad remunerada. Sin embargo, son pocos los asesores que no tienen un máster en Derecho.

Los letrados que actúan profesionalmente sin pertenecer al Colegio de Abogados lo hacen normalmente porque no cumplen los requisitos exigidos a un abogado o porque prefieren no someterse a las obligaciones de la profesión. Es lo que sucede, por ejemplo, a los que han concluido recientemente sus estudios universitarios, a los que han comenzado hace poco a ejercer la profesión o a quienes provienen de otros ámbitos del Derecho, así como a los que trabajan con dedicación parcial.

Notarios públicos

En Finlandia, la actividad de los notarios públicos está regulada legalmente. Estos profesionales desempeñan su labor en las oficinas locales de registro y las oficinas jurisdiccionales de distrito. Para actuar como notario público se exige un máster en Derecho (oikeustieteen kandidaatti).

A pesar de las numerosas semejanzas existentes, las facultades de los notarios públicos finlandeses difieren notablemente de las de los notarios del resto de Europa y de los Estados Unidos. Aunque en Finlandia son siempre funcionarios públicos, no ejercen sus funciones con dedicación exclusiva, ya que la mayoría son registradores en las oficinas locales de registro. Debido a la libertad de forma en la contratación civil, la autenticación notarial no constituye un requisito para la validez de los contratos. En Finlandia, el único contrato civil que requiere su protocolización ante notario es el de transmisión de inmuebles.

Los notarios públicos son responsables, entre otras cosas, de certificar la autenticidad de las firmas, de las copias de certificados y de los curricula vitae. Pueden también emitir los denominados “certificados con apostilla” con los que se confirma que el firmante del documento ocupa el cargo que se indica en él y está autorizado para otorgarlo.

Otras profesiones jurídicas

Oficiales de justicia

Organización

Las tareas de ejecución de las sentencias están encomendadas a los oficiales de justicia de distrito, los jefes de la policía rural y los oficiales de justicia de la provincia de Åland. Todos ellos cuentan con la ayuda de oficiales auxiliares, que son quienes llevan a cabo en la práctica la mayor parte de los actos de ejecución. Cuentan asimismo con personal administrativo. Los oficiales de justicia son funcionarios del Estado.

La gestión general, el control y la supervisión de estos servicios corresponden al Ministerio de Justicia. También los directores provinciales de la administración de justicia desempeñan funciones de control y supervisión de las actuaciones de ejecución de sentencias, en la medida en que han de resolver, por ejemplo, las reclamaciones relacionadas con el comportamiento de los oficiales de justicia. Sin embargo, ni el Ministerio de Justicia ni dichos directores tienen competencias para modificar o anular una medida concreta de ejecución o de otro tipo.

En Finlandia, la ejecución de sentencias suele referirse al cobro de deudas, por lo que está estrechamente relacionada con algún proceso judicial en el que se haya investigado la validez de la pretensión del acreedor y se haya ordenado el pago de la deuda al acreedor. Si las resoluciones judiciales no se cumplen de forma voluntaria, se impone su ejecución. Algunas clases de créditos, como los impuestos y las cotizaciones sociales, pueden ejecutarse incluso sin necesidad de resolución judicial.

Los oficiales de justicia velan por los intereses tanto del acreedor como del deudor. Han de intentar en primer lugar que el deudor pague su deuda voluntariamente, enviando una carta de reclamación. En caso de impago, proceden a embargar el salario, pensiones, rentas profesionales y bienes. Los bienes embargados pueden venderse en pública subasta.


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Última actualización: 08/02/2018