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Profesiones jurídicas - Irlanda

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Esta página ofrece una visión general de las profesiones jurídicas en Irlanda.


Profesiones jurídicas

Profesiones jurídicas — Introducción

El poder judicial es ejercido por el poder judicial de conformidad con el artículo 34 de la Constitución y determinadas leyes: principalmente la Ley de tribunales (constitución y constitución) de 1961 y la Ley de tribunales (disposiciones complementarias) de 1961, en su versión modificada. Los jueces son nombrados entre los candidatos de las profesiones jurídicas. Son totalmente independientes en el ejercicio de sus funciones. Esta independencia está consagrada en la Constitución. La profesión jurídica se divide entre solicitors (que se centran en el trabajo directo del cliente) y barristers (especializados en defensa y pleitos).

1. Jueces

El Consejo Consultivo de Nombramientos Judiciales identifica e informa al Gobierno de la idoneidad de las personas para el ejercicio de funciones jurisdiccionales. El Consejo Consultivo de Nombramientos Judiciales (JAAB) se creó en virtud de la Ley de Funcionarios Judiciales de 1995. El consejo está compuesto por el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes del Tribunal de Apelación, el Tribunal Superior, el Tribunal de Circuit y el Tribunal de Distrito, el Attorney General, representantes designados del Colegio de Abogados y de la Law Society y tres personas designadas por el Ministro de Justicia y Reforma Legislativa. Los jueces son nombrados por el Presidente con el asesoramiento del Gobierno. El poder judicial es independiente y está sujeto únicamente a la Constitución y a la ley. De conformidad con la Constitución, el número de jueces se fija ocasionalmente por ley.

El Tribunal Supremo está formado por el presidente del Tribunal, que preside el Tribunal, y siete jueces ordinarios, titulados «juez del Tribunal Supremo». El Presidente de la High Court es también miembro de oficio del Tribunal Supremo. La High Court está compuesta por el Presidente de la High Court, responsable de la organización general de los trabajos de la High Court, y por los jueces ordinarios denominados «Juez de la High Court». El presidente del Tribunal Supremo y el Presidente del Circuit Court son también miembros de oficio de la High Court. La High Court está compuesta por un Presidente y 35 jueces. El Circuit Court está compuesto por el Presidente del Circuit Court y 37 jueces ordinarios titulados como «Juez del Circuit Court». El Presidente del Tribunal de Distrito es también miembro de oficio del Circuit Court. El Tribunal de Primera Instancia está compuesto por el Presidente del Tribunal de Primera Instancia y otros 63 jueces titulados como «juez del tribunal de primera instancia». Los salarios de los jueces se fijan en la legislación promulgada de vez en cuando.

Los jueces son nombrados entre las profesiones jurídicas de solicitors o barristers cualificados con determinados años de experiencia profesional (no de investigación). Por lo que respecta al tribunal de distrito, el artículo 29 (2) de la Ley de 1961 relativa a los órganos jurisdiccionales (disposiciones complementarias) establece que una persona que ejerza la abogacía o abogacía de al menos diez años tendrá derecho a ser nombrada juez del tribunal de primera instancia. El artículo 30 de la Ley de Enjuiciamiento y Funcionarios de los Tribunales de 1995 establece que un abogado o procurador de diez años de legitimación puede ser nombrado juez del Circuit Court (Tribunal de Circuit). La Ley de Tribunales y Funcionarios de los Tribunales de 2002 establece que toda persona que sea barrister o Solicitor en ejercicio de al menos 12 años de legitimación está cualificada para ser designada como miembro del Tribunal Superior, Tribunal, Tribunal de Apelación y Tribunal Supremo. Como se ha indicado anteriormente, el poder judicial es independiente en la medida en que solo está sujeto a la Constitución y a la ley, y en el momento de asumir el cargo, en virtud del artículo 34.5.1 de la Constitución, formula la siguiente declaración:

«En presencia de Dios Almigos, prometo solemnemente y sinceramente y declararé que, a mi leal saber y entender, ejecutaré el cargo del presidente del Tribunal Supremo (o, en su caso) sin miedo ni favorito, afecto o malintencionado hacia ningún hombre, y que defenderé la Constitución y las leyes. Puede hacerme directa y sustentarme.»

En virtud de la Constitución, los jueces del Tribunal Supremo y del Tribunal Supremo solo pueden ser destituidos por conducta inapropiada o incapacidad declarada después de que se hayan dictado resoluciones a través de ambas cámaras del Oireachtas (irlandés para el Parlamento). La Ley de tribunales de justicia de 1924 y la Ley de tribunales de distrito de 1946 establecen disposiciones legales similares para los jueces de los Circuitos y los tribunales de distrito.

2. El Fiscal General y el Director de la Fiscalía General

El Fiscal General es «el asesor del Gobierno en cuestiones de Derecho y de opinión jurídica», tal como se establece en el artículo 30 de la Constitución. El fiscal general es nombrado por el presidente tras el nombramiento del Taoiseach (irlandés para el primer ministro) y está obligado a cesar en el cargo cuando lo haga el Taoiseach. El Fiscal General es, por lo general, un barrister en ejercicio y un asesor superior. No existe ninguna norma que obligue al Fiscal General a poner fin a su práctica privada, pero este ha sido el caso en los últimos años.

En su calidad de asesor jurídico del Gobierno, el Fiscal General examina todos los proyectos legislativos que el Gobierno tiene la intención de presentar ante el Oireachtas (Parlamento) para su transposición. El Fiscal General asesora también al Gobierno sobre asuntos internacionales, como la ratificación de acuerdos internacionales. Otra función del Fiscal General es representar al público en el ejercicio de los derechos públicos. Esto se hace iniciando o oponiéndose a un procedimiento judicial. Aunque fue nombrado por el Taoiseach, el Fiscal General es independiente del Gobierno. Con arreglo a la Constitución, el Fiscal General es siempre el principal demandado ante el que se impugna la constitucionalidad de la legislación.

Antes de 1976, todos los delitos graves fueron procesados en nombre del Fiscal General. La Constitución establece que esta función puede ser ejercida por otra persona legalmente habilitada para actuar a tal efecto. De este modo, la Fiscalía General del Estado fue creada por el artículo 2 de la Ley del Ministerio Fiscal de 1974, que entró en vigor en 1976, con la idea de contar con un funcionario independiente de los vínculos políticos para desempeñar estas funciones. El Director es nombrado por el Gobierno, pero es funcionario, por lo que el Director no dimitirá cuando un gobierno cae, a diferencia del fiscal general. De este modo se garantiza la continuidad en el enjuiciamiento de los delitos. La Ley de 1974 también establece que el Director de la Fiscalía es independiente en el ejercicio de sus funciones. El Director podrá ser destituido por el Gobierno, pero solo tras un informe sobre su salud o conducta por parte de una comisión compuesta por el presidente del Tribunal Supremo, un juez del Tribunal Supremo y el Fiscal General.

Por lo tanto, elEl enlace abre una nueva ventanaDirector de la Fiscalía (DPP) decide si debe imputarse a una persona un delito grave y cuál debe ser la acusación. Todos los delitos se toman en nombre de la DPP, pero la mayoría de los delitos menos graves pueden ser perseguidos por el Gardaí (policía irlandesa) sin enviar un expediente al DPP. En estos casos, el DPP tiene derecho a aconsejar al Gardaí sobre cómo tratar el asunto. Aunque el DPP ha asumido el papel del Fiscal General en el enjuiciamiento de los casos, el Fiscal General lo mantiene en relación con casos de carácter internacional, como la extradición.

3. Empleados del Servicio Judicial

Los secretarios judiciales y los secretarios judiciales están empleados por el Servicio de Tribunales

Los secretarios del Tribunal son responsables de la administración general de los tribunales. La función principal del secretario judicial es asistir al juez en el transcurso de una sesión judicial y garantizar la gestión eficaz de la administración necesaria para el buen funcionamiento de los tribunales.

El Servicio de Tribunales es una entidad corporativa independiente creada en noviembre de 1999 por el Gobierno con arreglo a la Courts Service Act de 1998. El Servicio de Tribunales es responsable ante el Ministro de Justicia e Igualdad y, a través del Ministro, ante el Gobierno.

El Servicio Judicial tiene cinco mandatos:

  • Gestionar los tribunales
  • Prestar servicios de apoyo a los jueces
  • Facilitar información al público sobre el sistema judicial
  • Proporcionar, gestionar y mantener edificios judiciales
  • Proporcionar facilidades a los usuarios de los tribunales

4 El Sheriff

Cada condado de Irlanda cuenta con un Sheriff que es un funcionario público y parte de su responsabilidad es tomar y vender mercancías para liquidar una deuda tras la obtención de una sentencia judicial. Los sheriffs son nombrados con arreglo a la Ley de funcionarios judiciales de 1945 y artículo 12 (5) de la Ley, que limita el nombramiento del puesto a las personas que sean barristers o solicitors que hayan ejercido durante cinco años o a aquellos que hayan actuado durante un período no inferior a cinco años como administrativo gestor o asistente principal de un empleado o asistente subordinado. El artículo 12 (6) (g) de la Ley establece que las condiciones de empleo de todos los Sheriff sujetos a las secciones anteriores de la Ley serán fijadas periódicamente por el Ministro de Hacienda, previa consulta al Ministro de Justicia e Igualdad.

5. Notarios

El enlace abre una nueva ventanaLa Law Society of Ireland controla la educación de los estudiantes que desean convertirse en solicitors y tienen competencias disciplinarias sobre los abogados cualificados. Para convertirse en solicitor, los individuos deben completar los exámenes finales (FE-1), que se celebran dos veces al año, normalmente en primavera y otoño. El examen FE-1 consta de ocho documentos; Derecho de sociedades, Derecho Constitucional, Derecho contractual, Derecho penal, equidad, Derecho de la Unión Europea, Ley de la propiedad inmobiliaria y Derecho de la tortura. A continuación, las personas deben encontrar un abogado (en ejercicio) adecuado para actuar como solicitor de formación con el fin de iniciar el curso de prácticas profesionales I (CPIP I). La CPIP I se extiende de septiembre a marzo y las siguientes materias se abordan a lo largo de todo el curso: Ley del Suelo Aplicada, Probate & Tax, Business Law, Foundation Councils, Litigation (Civil & Criminal), Legal Practice Irish (LPI) and skills including (Civil and Advocacy, Interviewing & Advising, Legal Research, Legal Presentation Skills, Legal Writing & Drafting Negociación & Desarrollo Profesional) El contrato de formación de los candidatos comenzará 14 días después del examen final de la PPC I. Puede ser admitido en el curso de la CPIP II. Los temas tratados en la CPIP II son el ejercicio profesional, la conducta y la gestión (obligatorio) y una serie de opciones elegidas en los tres epígrafes Business, Practice & Procedure y cliente privado. Normalmente comienza en abril de cada año y dura 11 semanas, incluidos los exámenes. Una vez completada la CPIP II, las personas deben volver a la oficina del solicitor de formación y completar el período de tiempo restante: diez meses si el becario no ha obtenido crédito por el trabajo realizado antes de la CPIP I, o seis meses si se ha obtenido un crédito.

Los becarios podrán solicitar la inscripción de sus nombres en el Registro de Solicitors cuando:

  • han superado todos los exámenes
  • hayan completado con éxito el período de formación, y
  • el solicitor de formación ha prestado juramento de que el becario es una persona capacitada y adecuada para convertirse en solicitor.

Por último, puede solicitarse un certificado de ejercicio una vez que el nombre de las personas haya sido admitido en el Registro de Solicitors.

Todo abogado cualificado está sujeto a las competencias disciplinarias de la Law Society. En virtud de las Leyes de los Solicitors de 1954 a 1994, el Tribunal disciplinario de la Law Society está facultado para investigar las acusaciones de conducta indebida, como la malversación de monies.Cuando se constata una falta, el propio Tribunal puede imponer una sanción al abogado (que puede incluir una orden de devolución de una cantidad no superior a 15,000 EUR a cualquier parte perjudicada) o el Tribunal puede remitir su conclusión y recomendación al presidente de la High Court, que decidirá en última instancia sobre la naturaleza de la sanción. El Presidente está facultado para suspender la práctica de un abogado y levantar la suspensión. El Tribunal disciplinario tiene la facultad de exigir el reembolso de los fondos a los clientes si consideran que un abogado ha incurrido en sobrecostes.

El Statutory Instrument 732 of 2003, European Communities (Lawyers’ Establishment) Regulations 2003, establece que los abogados de los Estados miembros que deseen ejercer las actividades profesionales de un abogado o abogado deberán solicitarlo al Colegio de Abogados o a la Sociedad de Derecho para su inscripción. Se examina la solicitud y, si se acepta, se expide un certificado de registro. El recurso contra la denegación del Colegio de Abogados o del Colegio de Abogados corresponde a la High Court (Tribunal Superior).

6. Representantes procesales

La Honorable Society of King’ s Inns ofrece formación jurídica de posgrado, que da lugar a la concesión del grado de abogacía, a quienes desean ejercer en el Colegio de Abogados como profesión de forma colectiva. Los Inns del Rey funcionan como una sociedad voluntaria bajo el control de los Benchers of the Honorable Society of King’ Inns, que son miembros de la judicatura y altos barristers. La entrada al curso es mediante un examen de entrada para titulados del Diploma de Inns del Rey en Ciencias Jurídicas o licenciados en Derecho. La duración del curso del Diploma en Estudios Jurídicos es de dos años (a tiempo parcial) y el curso de Derecho de Barster-at es un curso a tiempo completo de un año o un curso modular de dos años. Una vez finalizado con éxito el curso de grado, los estudiantes son convocados al Colegio de Abogados del Tribunal Supremo por el presidente del Tribunal Supremo y los barristers llamados a firmar el censo de miembros del Colegio de Abogados después de la ceremonia. Sin embargo, existen requisitos adicionales antes de poder desempeñar un trabajo legal remunerado.

Los barristers deben ser miembros de la Biblioteca de Derecho para poder ejercer. La Biblioteca de Derecho ofrece un lugar de trabajo y acceso a textos y materiales jurídicos a cambio de una tasa anual. Antes de convertirse en miembro de la Biblioteca de Derecho, un barrister debe seleccionar un máster, un barrister establecido con al menos cinco años de experiencia. Mientras que bajo la dirección del capitán, que suele ser de un año, el barrister recién cualificado se conoce como un mal. El maestro introduce el mal en el trabajo práctico de un barrister y, por lo general, le pedirá que le ayude en la redacción de los escritos procesales, la investigación jurídica y que comparezca ante el tribunal en su nombre.

El enlace abre una nueva ventanaEl Consejo General del Colegio de Abogados de Irlanda, que es un organismo no estatutario, supervisa la conducta de los barristers. El Consejo es elegido anualmente por los abogados y publica un código profesional de conducta, que los miembros del Colegio de Abogados modifican periódicamente. El presente código de conducta establece lo que se exige a los barristers.

Las alegaciones de incumplimiento del Código de conducta son investigadas por el Comité de Prácticas Profesionales del Colegio de Abogados, que incluye a no miembros del Colegio de Abogados. El Comité está facultado para imponer multas y amonísos y para suspender o excluir a un miembro de la Biblioteca de Derecho. Sus decisiones pueden recurrirse ante la Comisión de Recursos, que incluye a un juez del Circuit Court e incluye también a un miembro profano.

Tradicionalmente se exigía a un abogado que recibiera instrucciones de un abogado y se prohibía el acceso directo a los barristers. Esta práctica fue examinada por la Comisión de Comercio Justo, que en su informe de 1990 recomendaba que la prohibición general del acceso directo fuera una práctica restrictiva y debía suprimirse del Código de Conducta. La Comisión aceptó que, en algunos casos, era deseable mantener la participación de un abogado. La Comisión recomendó que no hubiera normas legales o de otro tipo que exijan la comparecencia física de un abogado ante un tribunal para instruir a un abogado. Estas recomendaciones no se han aplicado íntegramente, pero se han introducido una serie de modificaciones en el Código de Conducta para permitir el acceso directo de determinados colegios profesionales autorizados.

Los barristers son abogados júnior o de alto nivel. La tradición es que los abogados ejerzan como letrados júnior durante varios años antes de considerar la posibilidad de convertirse en abogados superiores. No se trata de una promoción automática, y algunos letrados junior no optarán nunca por presentar su candidatura. En general, la mayoría de los barristers consideran la posibilidad de convertirse en asesores superiores tras 15 años de práctica. Quienes desean convertirse en asesores superiores solicitan la aprobación del Fiscal General, pero el nombramiento es realizado por el Gobierno previo consejo del Fiscal General, que también mantiene contactos con el presidente del Tribunal Supremo, el presidente del Tribunal Supremo y el Consejo del Colegio de Abogados.

En general, el abogado junior redacta y elabora escritos procesales y tramita algunos asuntos judiciales, generalmente en los tribunales inferiores, pero no exclusivamente. Las funciones de un asesor superior consistirían en examinar los proyectos de alegaciones elaborados por un letrado junior y llevar a cabo los casos más difíciles ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo.

7. Registradores de Condado

El enlace abre una nueva ventanaLos registradores de distrito son abogados cualificados y son nombrados por el Gobierno. Desempeñan funciones cuasijudiciales en relación con el tribunal de circuito y son responsables de la gestión de las oficinas judiciales del circuito.

También actúan como County Sheriff (excepto en Dublín y Cork).

8. Notarios

Los notarios públicos son nombrados por el presidente del Tribunal de Justicia en sesión pública. El Notario desempeña las siguientes funciones principales:

  • Autenticación de documentos
  • Certificación y verificación de firmas en documentos
  • Ejecución de protestas notariales en relación con documentos comerciales tales como letras de cambio y pagarés, y asuntos marítimos
  • Toma de declaraciones, declaraciones y (salvo en el caso de procedimientos ante los tribunales irlandeses) declaraciones juradas.

Las solicitudes se presentan mediante una petición en la que se indica la residencia y la ocupación del peticionario, el número de notarios públicos en la comarca, la población del distrito y las circunstancias que demuestran la necesidad de un notario público o cómo se ha producido una vacante. La petición debe ser verificada por una declaración jurada del peticionario, en la que se presenta un certificado de aptitud, generalmente firmado por seis abogados locales y seis dirigentes de la comunidad empresarial local. La petición se presenta ante el presidente del Tribunal Supremo mediante la notificación de la moción, que se notifica a través de la Oficina del Tribunal Supremo al Secretario de la Facultad de Notarios Pública de Irlanda, al Secretario de la Law Society y a todos los notarios públicos que practican en los condados del demandante y en los condados contiguos.

La práctica general consiste en designar a los procuradores únicamente como notarios públicos. Cuando una persona que no sea Solicitor solicite ser un notario público, la Law Society exigirá que el peticionario contraiga el compromiso del presidente del Tribunal Supremo de no llevar a cabo actividades de transmisión o trabajo jurídico habitualmente realizado por un abogado. Para que todos los peticionarios sean nombrados Notarios, primero deben superar un examen establecido por la Facultad de Notarios Pública de Irlanda.

 

Nota:

Las preguntas sobre la remuneración actual del Fiscal General, el Director de la Fiscalía, los Secretarios del Tribunal y los Sheriffs pueden ser

Los barristers son autónomos y sus ingresos varían considerablemente.

Los solicitors pueden ser autónomos (propietarios de sus propias prácticas) o empleados y sus ingresos también varían considerablemente.

Los notarios cobran una tasa por documento notarial. No existe legislación que regule la tasa cobrada, pero los notarios cobran generalmente en función del tiempo, del viaje y del importe que se espera que un profesional cobre por un servicio.


Esta versión se ha generado con traducción automática. El dueño de esta página no acepta responsabilidad alguna sobre la calidad de la traducción.

Última actualización: 19/11/2020