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Profesiones jurídicas - Portugal

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Profesiones jurídicas

Juecesde los tribunales de justicia y jueces de los tribunales administrativos y fiscales

Fiscales

Abogados

Asesores jurídicos

Notarios

Agentes encargados de la ejecución#n06

Notarios

Conservadores

Funcionarios judiciales#n09

Mediadores

Administradores judiciales ( Administradores Judiciais)

Agente Oficial da Propriedade Industrial (Agente Oficial da Propriedade Industrial)

Organizaciones que prestan servicios jurídicos gratuitos (pro bono)

Jueces de los tribunales de justicia y jueces de los tribunales administrativos y fiscales

Como se establece en la Constitución portuguesa, los jueces pertenecen a un órgano soberano: los tribunales.

Solo en virtud de la ley, los jueces administran la justicia en nombre del pueblo.

Los jueces de los tribunales judiciales se rigen por la Constitución y el Estatuto de los Magistrados Judiciais (Estatuto dos Magistrados Judiciais). De acuerdo con la jerarquía de los respectivos tribunales, existen tres tipos de jueces judiciales:

  • Jueces del Tribunal Supremo de Justiça, designados Conselheiros;
  • Jueces de los tribunales de apelación (Tribunais das Relações), designados como Desembargadores;
  • Jueces de 1ª Instancia, llamados Juízes de Direito.

Los jueces de los tribunales administrativos y tributarios se rigen por la Constitución, el Estatuto de los Tribunales Administrativos y Fiscales (Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais) y, con carácter subsidiario, por el Estatuto dos Magistrados Judiciais (Estatuto de los Magistrados Judiciais). De acuerdo con la jerarquía de los respectivos tribunales, existen tres tipos de jueces administrativos y fiscales:

  • Jueces del Supremo Tribunal Administrativo, designados Conselheiros;
  • Jueces de los Tribunales Administrativos Centrales, designados como Desembargadores;
  • Jueces de los tribunales de lo contencioso-administrativo y de los tribunales tributarios, designados como Juízes de Direito.

El acceso a la profesión de juez es un proceso en tres fases que comprende: un concurso público, un curso de formación teórica y práctica impartido en el Centro de Estudos Judiciários, y un aprendizaje. Si superan las tres fases, serán nombrados Juízes de Direito.

Los jueces continúan su formación a lo largo de toda su carrera.

El Consejo Superior de la Magistratura lleva a cabo inspecciones periódicas en los tribunales de primera instancia, y el Consejo Superior de los Tribunales Administrativos y Fiscales (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) hace lo mismo para los jueces de estos tribunales. Tras cada inspección, los jueces se clasifican por mérito, utilizando las categorías muy buenas, buenas, con distinción, bueno, suficiente y deficiente. Si un juez está clasificado en la categoría de «pobres», será suspendido de sus funciones y se iniciará una investigación para evaluar su idoneidad para el puesto.

El Consejo Superior del Poder Judicial y el Consejo Superior de los Tribunales Administrativos y Tributarios son responsables de nombrar, asignar, trasladar, promover y adoptar medidas disciplinarias contra los jueces de los tribunales judiciales y los tribunales administrativos y fiscales.

Para garantizar la independencia e imparcialidad de los jueces, la Constitución establece que: los jueces en ejercicio no podrán desempeñar otras funciones, públicas o privadas, con excepción de la enseñanza no remunerada o de la investigación científica en el ámbito del Derecho. los jueces solo pueden ser trasladados, suspendidos, jubilados o cesados en los casos previstos por la ley; solo podrán ser considerados responsables de sus decisiones cuando la ley prevea excepciones.

Puede encontrarse más información en El enlace abre una nueva ventanahttps://www.csm.org.pt/ y El enlace abre una nueva ventanahttps://www.cstaf.pt/.

Fiscales

Los fiscales del Ministerio Fiscal son responsables de representar al Estado, llevar a cabo acciones judiciales y defender el Estado de Derecho democrático y los intereses determinados por la ley. Los fiscales tienen su propio estatuto y autonomía conforme a lo dispuesto en la ley.

El acceso a la profesión de fiscal se realiza mediante concurso público, consistente en pruebas de conocimientos, una evaluación de CV y una prueba de selección psicológica, todas ellas realizadas en el Centro de Estudios Judiciales (Centro de Estudos Judiciários).

Los candidatos admitidos son nombrados becarios (auditores de justiça). Tras completar con éxito la formación teórica y práctica en el Centro de Estudios Judiciales, son nombrados fiscales adjuntos en prácticas.

La carrera de un fiscal consta de cinco niveles, enumerados por orden jerárquico:

  • Fiscal General (Procurador-Geral da República);
  • Viceministro General (Viceministro Procurador-Geral da República);
  • Fiscal General Adjunto (Procurador-Geral Adjunto);
  • Fiscal;
  • Fiscal de la República Adjunta.

La Fiscalía General (Procuradoria-Geral da República) es el órgano supremo del Ministerio Fiscal y está presidido por el Fiscal General. Asimismo, está integrado por el Consejo Superior del Ministerio Público, el Consejo Consultivo, los Asesores Jurídicos oficiales y los servicios de apoyo.

El Alto Consejo del Ministerio Fiscal es responsable del nombramiento, asignación, traslado y promoción de los fiscales y de la adopción de medidas disciplinarias contra ellos.

Se encontrará más información en El enlace abre una nueva ventanahttp://www.ministeriopublico.pt/.

Abogados

Los abogados son profesionales del Derecho que, una vez inscritos en el Colegio de Abogados, ofrecen representación legal y asesoramiento jurídico, consistentes en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas a petición de un tercero.

La inscripción en el Colegio de Abogados (Ordem dos Advogados) está obligada a ejercer la abogacía en Portugal.

Para acceder a la profesión, es necesario:

  • Estar en posesión de un título portugués de Derecho o de un título universitario de Derecho de fuera de Portugal, si se considera que dicho título es equivalente a un título o ha sido reconocido como del mismo nivel;
  • Completar un período de prácticas de 18 meses de duración, que consta de dos fases de formación: la fase de formación inicial, de una duración de 6 meses, y la fase de formación complementaria, de una duración de 12 meses;
  • Superar el examen de bar escrito y oral.

Los ciudadanos extranjeros que hayan obtenido su título en Portugal podrán inscribirse en el Colegio de Abogados portugués del mismo modo que los ciudadanos portugueses, siempre que su país de nacionalidad conceda idénticos derechos a los ciudadanos portugueses.

Los abogados de otros Estados miembros de la UE que deseen establecerse de forma permanente para ejercer en Portugal con el título profesional de su país de origen deberán inscribirse en el Colegio de Abogados. En tales casos, solo podrán ofrecer representación legal ante los tribunales bajo la dirección de un abogado inscrito en el Colegio de Abogados. Si desean ejercer como abogados con los mismos derechos y obligaciones que los abogados portugueses, deberán inscribirse en el Colegio de Abogados y realizar un examen oral y escrito en portugués.

El Colegio de Abogados es la asociación pública representativa de profesionales que, de conformidad con su estatuto, ejercen la abogacía. Garantiza el acceso a la ley, regula la profesión y adopta medidas disciplinarias contra los abogados y los abogados en prácticas (el único organismo que lo hace), protege el papel social, la dignidad y el prestigio de la profesión y promueve el acceso al conocimiento y la aplicación de la ley.

Se encontrará más información en El enlace abre una nueva ventanahttps://portal.oa.pt/.

Asesores jurídicos

En el ordenamiento jurídico portugués no hay distinción entre abogados y asesores jurídicos.

Notarios

Los agentes jurídicos son profesionales independientes que ofrecen a sus clientes asesoramiento jurídico y representación legal ante los tribunales, dentro de los límites impuestos por su legislación legal y procesal, y pueden representar a las partes ante los tribunales cuando no sea obligatoria la representación legal por abogado (advogado).

Los agentes jurídicos también pueden ofrecer a los ciudadanos y a las empresas representación legal fuera de los tribunales, por ejemplo, ante la administración tributaria, las oficinas de notaría, las oficinas de registro y los organismos de la administración pública.

Para acceder a la profesión, es necesario:

  • Estar en posesión de un título de Derecho reconocido oficialmente y no estar inscrito en el Colegio de Abogados, ni estar en posesión de un título reconocido oficialmente en estudios de abogado; los nacionales extranjeros de otro Estado miembro de la UE deberán poseer las cualificaciones académicas y profesionales legalmente exigidas para ejercer la profesión en sus respectivos Estados de origen;
  • Completar un período de prácticas de entre 12 y 18 meses;
  • Obtener las referencias adecuadas durante el período de prácticas, facilitadas por el formador y los centros de prácticas, y superar un examen nacional establecido de conformidad con las normas pertinentes.

La inscripción de profesionales de otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo en el Colegio de Abogados se rige por la Ley 9/2009, de 4 de marzo, en su versión actual.

El Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Ejecución (OSAE) es la asociación pública que representa a estos profesionales del Derecho. Es responsable, entre otras cosas, de ejercer competencias disciplinarias sobre sus miembros y de emitir dictámenes sobre proyectos legislativos relativos a sus competencias.

Puede encontrarse más información en El enlace abre una nueva ventanahttp://www.osae.pt/.

Agentes encargados de la ejecución

Los agentes encargados de hacer cumplir la ley son profesionales a los que se conceden competencias a nivel nacional para llevar a cabo actividades de ejecución civil. Son profesionales independientes e imparciales y no representan a ninguna de las partes, sino que son responsables de llevar a cabo todas las formalidades de ejecución, incluidas la incautación, la notificación de documentos, las notificaciones y la venta de los bienes incautados. En algunos casos, sus funciones pueden ser desempeñadas por un funcionario del tribunal.

Los agentes de ejecución son nombrados por la parte ejecutante o por el tribunal.

Los agentes encargados de la aplicación de la ley deberán poseer un título en estudios de agente jurídico o en Derecho, y deberán:

  • Tiene la nacionalidad portuguesa;
  • No estarán sujetas a ninguna de las restricciones establecidas en los Estatutos del Colegio de Agentes Jurídicos y Agentes de Ejecución o del Colegio de Abogados;
  • No se han incluido en la lista pública oficial de deudores en los últimos diez años;
  • Haber completado con éxito el período de prácticas de agente de ejecución;
  • Presenciar el examen de asistentes jurídicos tras haber trabajado durante más de tres años como agente de ejecución y recibir un dictamen favorable de la Comisión de Asistentes Jurídicos (Comisión para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, CAAJ);
  • Inscribirse en la asociación profesional pertinente en los tres años siguientes a la conclusión satisfactoria de su período de prácticas;
  • Disponga de las estructuras y medios mínimos de tratamiento de datos definidos por un reglamento aprobado por la junta general.

El Colegio de Agentes Jurídicos y Agentes de Ejecución y el Colegio Especializado de Agentes de Ejecución (Colégio de Especialidade dos Agentes de Ejecución) son los organismos responsables de la regulación de la profesión.

La CAAJ, que es independiente del Colegio de Agentes Jurídicos y Agentes de Ejecución, es el órgano responsable de supervisar y aplicar medidas disciplinarias sobre los agentes de ejecución.

Puede obtenerse más información en los siguientes sitios webEl enlace abre una nueva ventana: http://www.osae.pt/ y El enlace abre una nueva ventanahttps://caaj.justica.gov.pt/.

Notarios

Los notarios son profesionales especializados autorizados para ejercer funciones en determinados contextos jurídicos y desempeñan un papel importante en el comercio, tanto a nivel nacional como internacional.

Los notarios están facultados para:

  • Redactar contratos privados y asesorar a las partes intervinientes, estando obligados a tratar equitativamente a todas ellas. Al redactar documentos oficiales, son responsables de su legalidad, como también lo son del asesoramiento prestado al respecto. Deben informar a las partes de las implicaciones y consecuencias de las obligaciones asumidas;
  • Llevar a cabo transacciones jurídicas acordadas en su presencia. Dichas escrituras podrán inscribirse en los registros oficiales o ejecutarse cuando alguna de las partes incumpla sus obligaciones, sin necesidad de intervención judicial previa;
  • Actuar como mediadores, de manera imparcial y respetando plenamente la ley, para que las partes puedan llegar a un acuerdo mutuamente aceptable;
  • Redactar los documentos y los términos de los procedimientos de inventario, salvo en aquellos asuntos que no deban resolverse en el procedimiento de inventario, debido a la naturaleza o complejidad jurídica o fáctica del asunto; estos asuntos deben ser resueltos por el juez del tribunal de comarca competente para el notario en el que se haya presentado el procedimiento (Ley n.º 23/2013, de 5 de marzo de 2013, por la que se aprueba el marco jurídico de los procedimientos de inventario, otorgó a los notarios esta facultad, creando así un sistema de competencias compartidas).

La reforma de la profesión notarial y la consiguiente privatización del sector hacen que los notarios tengan un doble papel: son funcionarios públicos y también profesionales liberales, pero ya no son funcionarios públicos.

Como funcionarios públicos, los notarios están bajo los auspicios del Ministerio de Justicia, que tiene competencias reguladoras, y también tienen la facultad de adoptar medidas disciplinarias contra los notarios. Habida cuenta de la nueva profesión liberal de notario, la Cámara de Notarios viene regulando, desde 2006, en colaboración con el Ministerio de Justicia, el cumplimiento de los principios éticos que deben seguir los profesionales que intervienen en ella y el ejercicio de los intereses públicos subyacentes, sin perjuicio de las facultades de intervención que, habida cuenta de la naturaleza de la profesión, están previstas por ley ante el Ministerio de Justicia.

Más información disponible en: El enlace abre una nueva ventanaWww.notarios.pt/OrdemNotarios/pt.

Conservadores

Los registradores son funcionarios públicos encargados de registrar y divulgar actos jurídicos y hechos relativos a bienes inmuebles, bienes muebles que deben estar registrados, actividad empresarial y acontecimientos en la vida de las personas. Su función consiste fundamentalmente en realizar controles jurídicos en relación con lo anterior y los documentos conexos y garantizar que los derechos contenidos en los documentos acreditativos de los hechos que deben registrarse estén correctamente definidos y se ajusten a la orden de inscripción legalmente estipulada; también son responsables de la publicidad de esta información y pueden decidir si inscriben o no el acto jurídico o hecho en el registro.

Dependiendo de los ámbitos temáticos de sus funciones, los registradores pueden ser:

  • Registradores del Registro Civil (conservadores do registo civil), cuyas funciones consisten en definir y dar publicidad a hechos y actos jurídicos relativos a la vida de las personas físicas. Su competencia incluye el registro de actos como el nacimiento, el matrimonio, la defunción, la adopción y la declaración y establecimiento de la maternidad/paternidad, la organización de procedimientos como los relacionados con el divorcio y la separación por consentimiento mutuo, y la expedición de certificados y copias de documentos registrados.
  • Registradores del Registro de la Propiedad ( conservadores do registo predial), que dan publicidad al estatuto jurídico de la propiedad con el fin de garantizar la seguridad jurídica de las transacciones inmobiliarias.
  • Registradores del Registro de Vehículos, cuyas funciones se refieren a la publicidad de los derechos sobre bienes muebles que deben estar registrados (vehículos de motor, buques y aeronaves) y que dan publicidad al estatuto jurídico de los vehículos de motor y remolques con el fin de garantizar la seguridad jurídica de las transacciones.
  • Los registradores del Registro Mercantil (conservadores do registo comercial), que dan publicidad al estatuto jurídico de los empresarios individuales, las sociedades mercantiles, las sociedades civiles con forma mercantil, los establecimientos individuales de responsabilidad limitada y otras entidades que deban inscribirse en el Registro Mercantil con el fin de garantizar la seguridad jurídica de las transacciones.

Se trata de requisitos para acceder a la profesión en Derecho por una universidad portuguesa o título académico equivalente, así como para realizar pruebas de aptitud, un curso de extensión universitaria que desarrolle las cuestiones jurídicas/registradas pertinentes para el ejercicio de la profesión, de una duración de 6 meses, y un período de prácticas de 1 año, seguido de pruebas públicas. Todas las etapas de este proceso están sujetas a evaluación y pueden dar lugar a la exclusión del solicitante en caso de falta de recuperación. La fase final es un concurso público organizado por el Instituto dos Registos e do Notariado.

El Instituto de Registros y Notarios es responsable de dirigir, coordinar, apoyar, evaluar y supervisar la actividad de las oficinas de registro.

Puede obtenerse más información en El enlace abre una nueva ventanahttps://irn.justica.gov.pt/.

Funcionarios judiciales

Los agentes judiciales constituyen un grupo de miembros del personal del órgano jurisdiccional que trabajan en apoyo del procedimiento ante los tribunales o las fiscalías. Sin embargo, el concepto de funcionario de justicia sigue incluyendo al personal informático, administrativo, técnico y profesional.

El acceso a la carrera de un funcionario judicial comienza con las funciones de acceso a nivel de auxiliar auxiliar (escrivão auxiliar) del servicio judicial y auxiliar jurídico (técnico de justiça auxiliar) en los servicios de la fiscalía. El acceso está abierto a las personas que hayan completado un curso de formación profesional y que hayan sido aprobadas mediante un procedimiento de admisión.

El personal de los funcionarios de justicia se rige por el Estatuto de los Funcionarios establecido en la versión actual del Decreto-ley n.º 343/1999, de 26 de agosto de 2007, y el ejercicio de sus funciones desempeña un papel importante en la cooperación jurídica internacional, en particular en la aplicación de los reglamentos y directivas europeos.

La Dirección General de Administración de Justicia (Direção-Geral da Administração da Justiça) es el órgano del Ministerio de Justicia encargado de la selección, gestión y administración de los funcionarios de justicia.

El Conselho dos Oficiais de Justiça es el órgano encargado de evaluar los méritos profesionales de los funcionarios judiciales y de ejercer la autoridad disciplinaria sobre ellos.

Para más información, véase la información disponible en El enlace abre una nueva ventanahttps://dgaj.justica.gov.pt/.

Mediadores

En el artículo 2, letra b), de la Ley 29/2013, de 19 de abril de 2013, el mediador se define como «(...) un tercero imparcial e independiente, sin poder para imponer una vía de actuación a las partes que reciben la mediación, que les ayuda a alcanzar un acuerdo definitivo sobre la materia controvertida». Esta Ley también prevé la condición de intermediario para el ejercicio de su actividad en Portugal y la inclusión de dicho intermediario en las listas de cada uno de los sistemas públicos de mediación, que se lleva a cabo mediante un procedimiento selectivo, cuya regulación fue aprobada mediante la Orden n.º 282/2010, de 25 de mayo.

La actividad de un mediador es de gran importancia, ya que ayuda a las partes a construir el acuerdo contribuye al mantenimiento y, en algunos casos, al restablecimiento de la paz social. En Portugal hay mediadores especializados que se ocupan de asuntos familiares, laborales y penales. No hay organizaciones no gubernamentales activas en la mediación, pero existen asociaciones privadas que prestan servicios de mediación y formación a mediadores.

No existe un código deontológico nacional para los mediadores, Sin embargo, la citada Ley de Mediación contiene un capítulo sobre los derechos y deberes del mediador, que también debe actuar de conformidad con los principios establecidos en el Código de Conducta Europeo para los Mediadores, que forma parte integrante de su formación.

El comportamiento de los mediadores es supervisado por un sistema público de mediación en tres partes: asuntos civiles, laborales y penales. Cada parte del sistema público de mediación es gestionada por una autoridad pública, que se identifica en los estatutos de la autoridad.

En Portugal, los mediadores no reciben formación de un organismo público, sino que son formados por entidades privadas certificadas por la Dirección General de Política de Justicia (Direção Geral da Política de Justiça, DGPJ) de conformidad con la Orden de Ejecución n.º 345/2013, de 27 de noviembre de 2013, con especial atención al cumplimiento del marco de calidad.

La DGPJ, a través de su Oficina de Solución Alternativa de Litigios (GRAL), gestiona el sistema de mediación pública. Aunque no facilita información sobre cómo encontrar un mediador, sí mantiene listas de mediadores, y los mediadores pueden unirse a estas listas participando en el procedimiento de selección establecido en las normas aprobadas por la Orden de Ejecución n.º 282/2010, de 25 de mayo de 2010.

Para más información, véase: El enlace abre una nueva ventanahttp://www.dgpj.mj.pt/.

Administradores judiciales ( Administradores Judiciais)

El administrador judicial será responsable de la supervisión y orientación de los actos que formen parte del proceso especial de revitalización, así como de la gestión o liquidación de la masa concursal en el procedimiento de insolvencia, y será responsable de llevar a cabo todos los actos que le confieran la ley y la ley. Se nombrará un administrador judicial temporal, un administrador concursal o un fiduciario en función de las tareas que vayan a desempeñar durante el procedimiento.

La función del administrador judicial está recogida en la Ley n.º 22/2013, de 26 de febrero de 2013.

El administrador judicial deberá:

  1. Poseer un título universitario pertinente y una experiencia profesional adecuada;
  2. Seguir un período de prácticas promovido de 6 meses;
  3. Superar la prueba de acceso destinada específicamente a evaluar los conocimientos adquiridos durante el período de prácticas;
  4. No encontrarse en una situación incompatible con sus obligaciones profesionales;
  5. Ser adecuados para la profesión.

La Comisión para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça (CAAJ) es responsable del procedimiento de admisión de los administradores judiciales y supervisa su trabajo.

Más información El enlace abre una nueva ventanaen https://caaj.justica.gov.pt/.

Agente Oficial da Propriedade Industrial (Agente Oficial da Propriedade Industrial)

Un responsable de la propiedad industrial es un técnico en propiedad industrial, al que las empresas y los particulares pueden utilizar para defender mejor sus derechos e intereses en este ámbito.

Los funcionarios de la propiedad industrial son aquellos que están reconocidos por el Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P., para realizar actos de propiedad industrial por cuenta y en interés de sus clientes y componentes, sin poder notarial.

El acceso a esta actividad en Portugal está regulado por el Decreto-ley n.º 15/95, de 24 de enero de 2009 (en su versión modificada), y por la Orden n.º 1200/2010, de 29 de noviembre, modificada por la Orden n.º 239/2013, de 25 de julio.

Para más información, véase: El enlace abre una nueva ventanahttps://inpi.justica.gov.pt/.

Organizaciones que prestan servicios jurídicos gratuitos ( pro bono)

El Ministerio de Justicia, en colaboración con el Colegio de Abogados y las autoridades locales, garantiza la existencia, en todo el territorio portugués, de las Oficinas de Asesoramiento Jurídico (Gabinetes de Consulta Jurídica), en las que los ciudadanos pueden recibir asesoramiento jurídico gratuito de profesionales del Derecho. La lista de estas oficinas, junto con los datos de contacto pertinentes, está disponible en línea (entre otras ubicaciones) en el sitio web de la Dirección General de Política de Justicia (El enlace abre una nueva ventana página de inicio).


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Última actualización: 15/09/2020